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Comunicado emitido ante la publicación del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra

(http://frentedepueblosindigenas.org/acciones/firma-por-marichuy-en-xochciautla-domingo-4-de-febrero-1000-hrs/)

29 de enero de 2018, San Francisco Xochicuautla, Lerma, Edo de México.

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Sexta Nacional e Internacional
A los Medios de Comunicación Alternativos, Autónomos o como se llamen
A los Centros de Derechos Humanos
Al pueblo de México y del mundo

Les mandamos un saludo y un abrazo desde la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla. Como ustedes saben en Xochicuautla se han vivido injusticias, encarcelamientos, despojo y agresiones por parte del mal gobierno, hemos sentido dolor y rabia, todo esto es por un mega proyecto de muerte denominado autopista Toluca-Naucalpan; que pretende realizar la empresa AUTOVAN S.A de C.V., en contubernio con el gobierno es sus tres niveles. Han causado daño a nuestra madre tierra con la incursión de maquinaria pesada, daños irreversibles a los defensores de derechos humanos y a quienes hemos estado entre rejas injustamente. Es por eso que por este medio les expresamos nuestro sentir y lo que está sucediendo.

El día 24 de enero del presente año a las 6:58 pm se emitió una convocatoria en la página del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. En el cual se menciona lo siguiente:

“…queremos contarles cuál ha sido hasta este momento, el proceso de resistencia en nuestra comunidad para que allá, en otros lados, no les digan otra cosa que no es.”

La situación en la comunidad tomó un rumbo diferente desde el 11 de abril de 2016, cuando la maquinaria de la empresa AUTOVAN derribó la casa de Armando García Salazar, en ese momento algunos compas entraron en conflicto social, porque no consultaron a la población, ni informaron que ellos iniciarían las mesas de diálogo con el gobierno, la empresa AUTOVAN y SAASCAEM; estas mesas se llevaron a cabo durante varios meses y junto con ellos participó la organización SERAPAZ (Servicios y Asesorías para la Paz) que desde un principio llegó a nuestra comunidad para iniciar la negociación; a la cual denunciamos por sus actos, así mismo denunciamos a Miguel Ángel Zenón Romero (desconocemos su procedencia) quien se hizo pasar como integrante de la comunidad en las mesas técnicas e intervino en la toma de decisiones, cuando él no tiene voz ni voto ya que nuestra comunidad está regida por usos y costumbres.

Además, hacerles saber que la propuesta alternativa (#XOCHIPROPONE publicada en conferencia de prensa el 18 de Mayo de 2017), nunca fue consultada con la población, solo un pequeño grupo de personas decidió sobre esta propuesta, nosotras y nosotros no queremos una autopista ni queremos una alternativa. Nuestra lucha es por la vida, por el agua, por el bosque, por el divino rostro y no vamos a permitir que se negocien nuestras tierras.

Hasta ahora nos atrevemos a expresar nuestro pensamiento, porque ya no podemos callar, están haciendo daños a la tierra que los vio nacer, están proponiendo un futuro que no nos beneficia.

Por todos los actos antes mencionados tampoco se han dado asambleas internas, por lo que se decidió no poner a ningún concejal que nos representará; sin antes tener claro el rumbo que tomaría la lucha; nos enteramos de que había personas de la comunidad como parte del CIG (Concejo Indígena de Gobierno), desconocemos totalmente a las personas que estén dentro de él y se los hacemos saber para que ustedes consideren nuestros comentarios y sean ustedes quienes juzguen los actos.

A finales de noviembre y principios de diciembre de 2017 este grupo de personas comenzaron a visitar (por las noches, sin que nadie los viera), a los compañeros que firman los amparos para que se desistieran (argumentan que los amparos ya no tenían validez), los intimidaron y los hostigaron, les dijeron que si no lo hacían serían encarcelados, engañaron a las personas; a los propietarios que son directamente afectados les pidieron el documento de su tierra y su copia de credencial de elector, con el fin de llegar a un acuerdo con la empresa AUTOVAN y el gobierno.

 “Nuestra convocatoria es también para que vengan y sean parte de la toma de protesta del Consejo Supremo Indígena en su reestructuración.”

Nosotras y nosotros denunciamos, ya que esa decisión fue sólo de algunas personas de la comunidad; exponiendo lo siguiente:

• La elección de delegados, consejo de participación ciudadana (COPACI), jefes de sección, comandantes (comanches), representantes de bienes comunales y Consejo Supremo Indígena se realiza mediante una asamblea de usos y costumbres, donde todo el pueblo decide quienes serán nuestras autoridades tradicionales, estas asambleas se realizan en el lugar de usos y costumbres, por lo tanto, la reestructuración del consejo supremo indígena que ellos mencionan no es válida para la comunidad.

“…el Estado viola constantemente nuestros derechos y hace las leyes a modo para justificar despojos, asesinatos, desapariciones, persecuciones y encarcelamientos en todo el país.”

Lo mismo que el estado hace con el pueblo de México es lo que nos están haciendo los compas de la comunidad, están amenazándonos, porque nosotras y nosotros no vamos a ceder a lo que este grupo de personas quiere. Hacemos un llamado a todas y todos, ya que, si algo nos llega a suceder, sabemos quiénes están detrás de todo esto.

Se preguntarán porqué hasta ahora hacemos estas declaraciones

Porque confiamos en ellos, para nosotras y nosotros la palabra es lo más sagrado y creíamos que estábamos en el mismo horizonte. Porque nuestra lucha no depende de jerarquías, de engaños o de traición, sino de verdades, principios y dignidad.

Sin embargo, aquí estamos y sepan que en Xochicuautla aún resistimos, no nos vendemos, no nos rendimos y no claudicamos.

Y como lo dijo nuestro hermano Eduardo Galeano “si me caí es porque estaba caminando, y caminar vale la pena aunque te caigas”

No a la Autopista Toluca-Naucalpan
No a al proyecto alternativo
No a la negociación

Atentamente
Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla en Resistencia

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Pronunciamiento sobre la agresión en Cacahuatepec, Guerrero

Foto: Agencia EFE

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

Desde estas tierras de los pueblos originarios del norte de México, les enviamos nuestro apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión por parte de la policía del estado de Guerrero, apoyada por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México; condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios.

Los militares y los policías, que se quieren hacer gobierno por encima de los pueblos de todo México y que son de nuestros pueblos, dicen que fue un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios. Nosotros decimos que el compañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos del CECOP defienden su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.

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Acapulco, Guerrero a 08 de enero de 2018.- Ayer por la madrugada, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron emboscados por personas desconocidas. Los hechos tuvieron lugar cuando los policías comunitarios pasaban por la Comisaría Municipal de La Concepción como parte de los rondines de seguridad para resguardar un baile que se celebró en el pueblo con motivo de una fiesta local. Esta acción violenta dejó un saldo de dos policías comunitarios asesinados y seis miembros del grupo agresor. Alrededor de las diez de la mañana, el gobierno del estado de Guerrero montó un operativo de más de 100 elementos de fuerzas de seguridad conformado por policías ministeriales y estatales, así como por el ejército para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras diligencias. En el marco de este operativo, las fuerzas de seguridad se desplegaron en comunidades circunvecinas con el fin de catear las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sin ninguna orden legal expedida por autoridad competente.

Al momento de que un helicóptero sobrevolaba el lugar de los hechos, un policía del estado accionó su arma, desencadenando un tiroteo que ocasionó la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios. En ese instante se aglomeraron todas las fuerzas policiales con el fin de detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del CECOP, así como a más de 30 policías comunitarios. Alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la policía ministerial trasladaron a Marco Antonio Suástegui fuera de la Fiscalía con sede en Acapulco sin que hasta el momento sus familiares tengan conocimiento de su paradero.

Las autoridades del estado han negado cualquier información sobre la situación jurídica de Marco Antonio Suástegui Muñoz. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero realiza las investigaciones y diligencias en total opacidad manteniendo a los detenidos incomunicados y sin que se garantice un debido proceso.

El gran temor de sus familiares es que puedan ser trasladados a penales de máxima seguridad fuera de la entidad, donde su estado de incomunicación aumentaría el riesgo de que sean víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada o ejecución extrajudicial.

Por estos hechos expresamos nuestra gran preocupación por que las autoridades ministeriales violen de manera flagrante sus derechos a la vida, a la seguridad personal e integridad física, a la personalidad jurídica, al acceso a la justicia y a un juicio justo y los principios del debido proceso. Se han cometido 30 detenciones arbitrarias y la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios; se ha hecho uso letal de la fuerza como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad; se han realizado cateos sin una orden de autoridad competente por parte de las diferentes corporaciones policiales en los domicilios de los miembros del CECOP; y se ha incomunicado a los detenidos y se les ha negado una defensa adecuada al impedir que sus abogados puedan entrevistarse con ellos.

Por todo lo anterior solicitamos enviar comunicaciones a las siguientes autoridades, de modo que se garantice el debido proceso y se proporcione información tanto a sus familiares como a sus abogados sobre el paradero y la situación jurídica de las personas detenidas. En particular, debido al trabajo de Marco Antonio Suástegui Muñoz como defensor comunitario y a la criminalización y ataques de que ha sido objeto anteriormente, solicitamos hacer énfasis en que se garantice en todo momento su integridad física y psicológica. Además, hacemos un llamado para replicar esta acción urgente y realizar pronunciamientos públicos sobre su situación y la de todas las personas detenidas.

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Texto, audio y fotos: Daliri Oropeza para Radio Zapatista.

Valle de Tehuacán, Puebla.- “Nosotros no estorbamos.” Daizy se refiere a las personas indígenas; ella es de la comunidad de Zotitlán, Puebla, defensora de los recursos naturales en la Sierra Negra. Varias mujeres indígenas, vendedoras ambulantes, se acercaron al mitin en el zócalo de Tehuacán, también varios trabajadores, vendedores de algodones, boleros y personas adultas mayores. El costado de la plaza principal está lleno. Hay familias completas que se acercan a escuchar con sus hijos e hijas.

La visita de María de Jesús Patricio a Tehuacán llama la atención desde el principio, pues distintos movimientos sociales en defensa del territorio, los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil realizaron una marcha desde la Casa de Justicia hasta el Zócalo. Exigen en voz alta y sonora un freno a la minera Autlán y a los megaproyectos en la región de la Sierra Negra, y también un alto a la discriminación. Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno, escucha desde la parte delantera de la manifestación. Camina firme y serena, observa y se extraña de lo que mira al caminar.

Las palabras de Concepción Hernández, defensora de derechos humanos de la región, abren el mitin que recibe a la vocera elegida en consenso por el CNI y el EZLN: “Desde el Concejo (Indígena de Gobierno) estamos interesadas en apoyar la lucha de las mujeres indígenas en la ciudad, tanto de las vendedoras ambulantes como de las curanderas que traen sus hierbas medicinales y tampoco las dejan vender. Que han sido contaminados sus campos por las aguas con químicos del lavado de la mezclilla en la maquila”. Conchita, como le conocen de cariño, es clara: las mujeres sostienen la economía popular de la región. Alimentan a bajo costo a quienes no pueden pagar 300 pesos por comer en un restorán. Asegura que las mujeres guardan en ellas la sabiduría ancestral, “que nos han arrebatado”. Recordó que desde que Tehuacán recibió al EZLN en el 2006, los trabajadores de la maquilla son indígenas, aunque no se acepten como tal. Y por eso su lucha contra la esclavitud, además de buscar la articulación de las mujeres a través de la participación en el CNI.

La plaza está cada vez más llena. Una señora adulta mayor pregunta el porqué del mitin. En voz alta, a un costado comienza a denunciar a la presidenta municipal Ernestina Fernández Méndez de no dejar abrir oportunidades de trabajo para las mujeres indígenas, ni para las adultas mayores, que persiguen a las que venden en las plazas y en esta gran queja, se mira a sí misma, y asegura no tener trabajo. Se acerca más al templete improvisado con un camión.

“Ella llevará nuestra voz a los lugares a donde no podemos llegar por falta de dinero”. Daizy se refiere a Marichuy en su encargo de vocera de los pueblos indígenas. “Venimos de la Sierra Negra, de esos lugares más alejados, donde hay lodo, donde a veces no hay ni para comer, pero estamos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra lengua, pero sobre todo, muy orgullosos de estar en resistencia, porque estamos defendiendo nuestra tierra en contra de la hidroeléctrica”. El Proyecto Hidroléctrico Coyolapa-Atzala es de Minera Autlán, ese no incluye el territorio concesionado a la minería.

Deshumanización. El padre Tacho insistió en que ese es el principal problema de lo que pasa en México. Recordó que María de Jesús Patricio inició su participación política desde el levantamiento zapatista. Hizo hincapié en que los partidos políticos no entienden la propuesta de las comunidades indígenas de mandar obedeciendo a través de un concejo: “Los partidos surgen después de la Revolución, el movimiento indígena nació 7 mil años antes de Jesucristo”. Entonces no comprenden el porqué de la lucha, ni de la organización, y por eso los tropiezos que ha tenido Marichuy evidencian el racismo con el que está construido el gobierno de México. Recalca diferencias para la mejor comprensión: “Resistencia no quiere decir aguantarnos, que nos sigan jodiendo; resistencia quiere decir que estamos aportando para que este mundo cambie. El proyecto, el pensamiento indígena sigue adelante, humaniza y nos sensibiliza a todos, nos hace sentir hermanos y hermanas. Esa es la alegría que sentimos en este día”, añade en referencia a la visita de la vocera indígena.

“Quiero invitarles a todas, a todos, a quienes nos escuchan a lo lejos, que pasan, que miran, que nos malmiran: nosotros no estorbamos, al contrario, somos parte de este país y vamos a seguir formando parte de este país aunque el gobierno nos quiera eliminar. No nos van a eliminar, los pueblos indígenas vamos a existir”,  Daizy se refiere no sólo a las personas que están en la plaza y que pasan dispersas pero atentas, no sólo a quienes ya se acercaron pero tal vez no entienden del todo el sentido, sino a las personas que tienen esa actitud en todo el país.

María de Jesús Patricio contrapuso a ese despojo una idea, una propuesta: nuestro camino es el de la alegría, la organización, la autonomía y nuestra libre determinación. “El CIG es el llamado para gobernarnos en nuestros territorios. Decidir todos juntos el destino de nuestros pueblos y territorios.”

Escucha los audios:

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Audios, imágenes y video: Colectivo Altepee; Texto y edición: Radio Zapatista

En la comunidad de Los Mangos, municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, pueblos popolucas, nahuas y mestizos se reunieron con el Concejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy este pasado viernes 10 de noviembre de 2017.

Aquí, como en otros lugares por donde ha pasado el CIG, los pueblos denunciaron la muerte y el despojo que sufren las comunidades a manos del “sistema capitalista, patriarcal y racista, administrado por el narcoestado, la mafia empresarial y sus súbditos cómplices”.

“Denunciamos la violencia, la inseguridad, los asesinatos, los femicidios, como el caso de una joven nahua embarazada y una niña popoluca asesinada. Denunciamos las desapariciones forzadas, las extorsiones, los abigeatos, los robos, los jóvenes enganchados por el narco y toda la impunidad.” Denunciaron también los megaproyectos como la extracción de hidrocarburos, la minería tóxica y los parques eólicos, así como todas las dependencias de gobierno, sobre todo el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, “que están a servicio de las empresas para facilitar el despojo territorial”. Igualmente, denunciaron el hostigamiento contra el movimiento de resistencia a las altas tarifas de la luz. Finalmente, denunciaron el machismo, el maltrato a las mujeres, que son “explotadas, desvaloradas, violentadas, asesinadas, discriminads, silenciadas y controladas”, así como la deplorable situación de la salud.

Pero en las palabras de los pueblos quedó también evidente la capacidad organizativa en el sur de Veracruz. Por ejemplo, explicaron que tienen más de 60 actas de asambleas ejidales y comunitarias donde declaran que no permitirán la entrada de empresas y megaproyectos. Hablaron también del movimiento de resistencia a las altas tarifas de la luz, la decisión de no permitir la instalación de medidores digitales, la capacitación de técnicos de alta tensión en muchas comunidades y la compra de sus propios transformadores con las aportaciones económicas de los pueblos. También compartieron la resistencia contra el pago de prediales en el municipio de Hueyapan.

Pero sobre todo compartieron la invitación a todos, en barrios y comunidades, a “vigilarnos y protegernos de manera autónoma, sin el control del Estado”, a unirse a las diferentes resistencias en la región y a organizarse por la autonomía en todas sus formas. Y dieron su mensaje a las y los concejales del CIG:

Le pedimos a nuestros concejales, donde quiera que vayan en el país, que ésta sea la tarea que les encomendamos: No queremos que llamen al voto, que prometan nada, que regalen nada más que su escucha y su palabra; que inviten a los pueblos indígenas y no indígenas, mujeres, hombres y jóvenes, a resistirse, a rebelarse y a iniciar la contrucción de otro mundo”.

“¿Alguien sabe a dónde va un desaparecido? ¿Alguien sabe adónde se llevan a los desaparecidos, dónde se buscan, dónde encuentran?”, preguntó Belén González, madre y voz de su hijo Jacob Vicente Jiménez González, desaparecido el 25 de septiembre de 2015 por elementos de la policía estatal en Coatzacoalcos, y coordinadora del colectivo Madres en Búsqueda. “Nos hemos convertido en policías, en forenses, buscando a nuestros hijos (…) y a pesar de que llevamos todo, de que hacemos las investigaciones, ellos obstaculizan nuestro trabajo, nos criminalizan. (…) Vivimos día a día con terror y seguimos buscando a nuestros hijos”. Y añadió: “Estoy aquí porque vemos en ustedes concejales y en usted Marichuy una esperanza a nuestro dolor y a nuestra hambre y sed de justicia”.

Por su parte, Marichuy habló del origen y el sentido de la propuesta del CIG, explicando, como en otros lugares, que surgió a partir de la constatación de que la situación en todo el país empeora dramáticamente y que ninguna acción dirigida a los de arriba logra cambiar nada. Por eso se conformó el CIG y se decidió participar en este proceso, para utilizarlo como plataforma para denunciar lo que sucede en las comunidades y para invitar a la organización. “Tenemos que pensar más allá del 2018: cómo nos vamos a organizar, y no sólo en México sino en el mundo. Porque el gran capitalismo, que sólo destruye tierras y territorios, no sólo está aquí, sino en todo el mundo, y nosotros los dueños de las tierras les estorbamos.

Escucha los audios aquí:

Palabras de los pueblos nahuas, popolucas y mestizos del sur de Veracruz: (Descarga aquí)  

Belén González, madre de Jacob Vicente Jiménez González, desaparecido en 2015 por elementos de la policía estatal: (Descarga aquí)  

Concejala Maribel: (Descarga aquí)  

Marichuy: (Descarga aquí)  

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Por Avispa Midia – Renata Bessi y Santiago Navarro F.
(Fuente: SubVersiones)

Naomi Klein, en su libro La doctrina del shock, sostiene que las políticas económicas del Premio Nobel Milton Friedman y de la Escuela de Economía de Chicago, han alcanzado importancia en países con modelos de libre mercado no porque fuesen populares, sino a través de impactos en la psicología social a partir de desastres o contingencias, provocando que, ante la conmoción y confusión, se puedan hacer reformas impopulares.

Ha pasado poco más de un mes desde que sucedió el terremoto más fuerte de los últimos 100 años en México, 8.2 grados en la escala Richter, el 7 de septiembre; el paisaje en el Istmo de Tehuantepec, la región más afectada, aún es de devastación. La ciudad de Juchitán de Zaragoza se asemeja a una ciudad fantasma. Por donde mires hay escombros o edificios dañados. Los cuerpos policiacos y militares aun deambulan por las calles fuertemente armados.

La tierra aun no ha dejado de temblar. Extraños sonidos emanan de las profundidades del mar en las costas de Oaxaca. Es posible sentir temblores de hora en hora. El sistema nacional de servicio sismológico nacional de México calcula ya más de 6 mil réplicas, además de un segundo terremoto de 7.2 grados Richter que sucedió el 19 de septiembre y devastó diversas localidades de la Ciudad de México, donde se han contabilizado —hasta el 4 de octubre— 369 muertes.

Datos oficiales del Gobierno de Oaxaca precisan que el sismo afectó a 120 mil personas en 41 municipios, así como 60 mil 600 viviendas de las cuales 20 mil 664 tuvieron daño total y 39 mil 956 daño parcial. Su infraestructura, redes de agua potable y de drenaje están dañadas. La economía local está golpeada. En las calles la basura se amontona. La preocupación es por una posible crisis sanitaria.

El municipio de Ixtaltepec, una de las regiones más afectadas, se asemeja a una zona de guerra. La maquinaria del gobierno o de las empresas eólicas que dominan la región va demoliendo sin discriminación alguna todo lo declarado como pérdida total, por lo menos 80% de las viviendas. Parte de los vecinos ha rescatado lo que ha podido y ha decidido abandonar la comunidad. La incertidumbre ha tomado por asalto el sueño y la tranquilidad de las personas que resisten para no abandonar su hogar, su comunidad y su historia. «Yo no me voy a ir de aquí, porque este es mi hogar, aquí están mis raíces, aquí es mi pueblo», dice Joaquín Sánchez, de Ixtaltepec.

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MUJERES Y PUEBLOS EN RESISTENCIA CONTRA LA OFENSIVA DEL CAPITALISMO GLOBAL

Las voces de las mujeres zoques son expuestas en su lucha contra los proyectos extractivos en el norte de Chiapas, México.

Éste es el testimonio de Dominga Meza, defensora del territorio zoque de Ixtacomitán, Mayo, 2017:

Éste es el testimonio de Filiberta Domínguez Gómez originaria de Chapultenango. Mayo, 2017:

Éste es el testimonio de Silvia Juárez Juárez, defensora del territorio zoque de Tecpatán, Mayo, 2017:

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