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En Guatemala, defensor criminalizado por empresa de palma aceitera es asesinado
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
En portada: Comunidades maya Q’eqchi’ denuncian escasez de agua derivado por la actividad de Industrias Chiquibul y la expansión de sus monocultivos de palma aceitera. Foto: Joel Pérez / Prensa Comunitaria
La noche del pasado 17 de octubre, Francisco Pop Ico, defensor 40 años y originario de la comunidad maya Q’eqchi’ de Santa Elena, departamento del Petén, fue asesinado con arma de fuego mientras conducía su motocicleta en la frontera entre México y Guatemala.
Resalta que el homicidio ocurrió un día antes de que el defensor se presentara a una audiencia judicial, relacionada a la acusación presentada por la empresa Industrias Chiquibul, quien le señalaba, junto a otros cuatro ex trabajadores de la palmera, por delitos de usurpación y amenazas en el contexto de su organización para defender derechos laborales.
Para el 9 de octubre, comunitarios de Santa Elena presentaron una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por las múltiples y continuas violaciones a los derechos humanos ocasionadas por Industria Chiquibul. Destaca que, ese mismo día, se preveía una reunión de diálogo entre una delegación de la Secretaria Privada de la Presidencia junto con el gerente de relaciones comunitarias de Industria Chiquibul.

Fue en 2012 cuando Industrias Chiquibul compró terrenos en la comunidad Q’eqchi’ de Santa Elena, acorralando a la población paulatinamente con monocultivos de palma aceitera, que fueron acompañados por la instalación de instalaciones militares y presencia de policía y seguridad privada.
Tras un paro de labores organizado por trabajadores de Chiquibul en 2019, para noviembre del 2020 fueron criminalizados cuatro indígenas maya acusados de plagio, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. Hasta la actualidad, el proceso penal continúa, mientras a la par, habitantes de Santa Elena denuncian persecución y vigilancia de las fuerzas de seguridad quienes incluso emplean vuelos nocturnos con drones.
Condena
En este contexto, el Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och, organización social que aglutina más de 20 comunidades indígenas y rurales sobre todo de las tierras bajas del norte de Guatemala, condenaron el asesinato de Pop Ico y exigieron justicia a través de un comunicado.
La organización, cuyo significado es “Madre Tierra” en maya Q’eqchi’ articula las luchas para detener la expansión de los monocultivos, conservar sus recursos hídricos y garantizar la justicia para las comunidades afectadas por la contaminación y la explotación de sus tierras.
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Desde febrero de este año, la articulación indígena, junto a organizaciones internacionales exigieron a las autoridades guatemaltecas que tomaran medidas urgentes ante el incremento de los acosos y violaciones de los derechos humanos contra la comunidad de Santa Elena por parte de Industrias Chiquibul.
Esto, debido a que durante la última década la empresa de palma aceitera mantiene un patrón de violencia que acumula violaciones como la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina (en Chisec, Alta Verapaz); la contaminación del río San Román (también en Alta Verapaz), así como la criminalización por medio de órdenes de captura y detenciones orquestadas por la empresa, violaciones laborales y deforestación en comunidades del Petén.
Organizaciones nacionales, como la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) e internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenaron el asesinato de Pop Ico y se sumaron a las exigencias por justicia.
“Este caso ilustra la peligrosa realidad que enfrentan las y los defensores del territorio en Guatemala, quienes son frecuentemente criminalizados y perseguidos judicialmente por proteger sus tierras y derechos”, enfatizó la Oacnudh mediante sus redes sociales.
México en medio de la disputa de cerebros y mano de obra para semiconductores
Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
En medio de un escenario donde los Estados Unidos (EEUU) buscan romper su dependencia con China en el mercado de los semiconductores, México es el epicentro de la relocalización de esta industria, por ser un competidor en mano de obra barata, y porque las universidades están abriendo las puertas para formar personas calificadas en el ramo debido a la cercanía con Texas y California. Es así que el pasado mes de junio se llevó acabo el tercer Foro de Colaboración para Semiconductores México-Estados Unidos, realizado en el estado fronterizo de Chihuahua.
El capitulo 3 de estos eventos ha sido desarrollado como acuerdo por los gobiernos de México y EEUU. El primer foro se realizó en Guadalajara y el segundo en Tijuana, contando con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) de México. También, hubo la participación activa de la embajada estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, A.C. (FUMEC), una organización binacional creada en 1993 en el marco del Tratado de Libre Comercio, autorizada por ambos gobiernos para facilitar el movimiento de fondos e implementar programas binacionales científicos, de salud pública y tecnología.
En este Capitulo 3, Jene Thomas, director de USAID, puntualizó que “México se encuentra en un momento clave para capitalizar las oportunidades en el sector de semiconductores y aprovechar el potencial del nearshoring”.
Es así que la embajada estadounidense declaró que en este foro se ha lanzado el Plan Maestro para el Desarrollo de la Industria de Semiconductores 2024-2030, que tiene por objetivo duplicar las exportaciones y empleos. “La colaboración entre el gobierno de EE.UU. y México es clave para relocalizar operaciones de diseño, ensamble, empaque y validación en el país. Con la creciente competencia global, se requiere un impulso decisivo para asegurar que México se consolide como un jugador principal en la industria de semiconductores”, puntualizaron los voceros estadounidenses.

También se contó con la participación del secretario de Economía e Innovación de Baja California, Kurt Honold Morales, quien agregó que en su estado se están creando las condiciones para esta industria, ya que cuentan con “una posición privilegiada a nivel internacional, por lo que hemos orientado las acciones de gobierno hacia la creación de programas de formación de talento y fortalecimiento de la infraestructura para la competitividad”.
El secretario detalló que para incursionar en el sector de semiconductores ya se tiene un acercamiento estrecho con empresas como Skyworks, Qualcomm e Infineon, líderes en el ramo, quienes buscan invertir en la cadena de valor y talento especializado, con iniciativas como el “Programa de Formación de Semiconductores, el Centro de Excelencia, la certificación en alta tecnología y el seminario colaborativo con la Universidad Japonesa de Tsukuba para docentes e investigadores y otros programas de colaboración con universidades de Arizona y California”.
La estadounidense Skyworks Solutions, Inc. ya lleva al menos 52 años en Mexicali, mientras que Infineon Technologies AG, fabricante de chips con sede en Múnich, ex filial del grupo tecnológico Siemens, lleva más de 50 años en Tijuana. Mientras que, en 2023, se anunció que la estadounidense Qualcomm se establecería en Rosarito.
Por ello, la delegación de Baja California en el foro enfatizó que la colaboración se está dando entre el gobierno, la academia y el sector empresarial, que el secretario define como “triple hélice”. Entre los asistentes se encontraron representantes de universidades locales y centros de investigación, como la Universidad Autónoma de Baja California y el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, destacando el compromiso regional para contribuir al plan nacional de semiconductores.
La relocalización
En el 118 congreso de “Cuestiones de ciencia y tecnología”, documentado por el parlamento estadounidense, se mostró una preocupación con el avance de China en el sector de los semiconductores con tácticas que han denominado como “asimétricas”, enfocadas principalmente en la investigación. Puntualmente, resaltaron que el país asiático está incentivando a algunos de sus ciudadanos a participar “en la investigación estadounidense para adquirir capacidades en áreas específicas que apoyen los objetivos de China”, entre ellos, de los semiconductores.
Además de ello, la preocupación también se inclinó por los incentivos del gigante asiático hacia expertos extranjeros en ciencia y tecnología para que trabajen en China. “Las agencias estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley y de contrainteligencia han destacado el uso que hace China de la transferencia de tecnología forzada o incentivada, las subvenciones industriales, los requisitos para la concesión de licencias y la creación de empresas conjuntas”, remarca el documento del Congreso de los Estados Unidos, publicado en octubre pasado.
Los semiconductores y la Ley CHIPS
Los semiconductores (también conocidos como circuitos integrados, chips microelectrónicos o chips informáticos) son dispositivos diminutos que se encuentran en nuestros teléfonos, en los automóviles, en la inteligencia artificial y en la mayoría de los aparatos eléctricos que usamos diariamente. EEUU solo representa el 13% de la capacidad productiva global, mientras que Taiwán abarca una producción del 35%, China produce el 23% y el resto es manufacturado por Corea del Sur y Japón.
Según el Congreso estadounidense, ellos fueron pioneros en el desarrollo de semiconductores durante las décadas de 1960 y 1970, liderando su fabricación. Pero, también destacan que esta industria fue trasladada a la región de Asia Oriental, por los bajos costos que implica sus construcciones, además del acceso a minerales considerados críticos por su escasez como el silicio o germanio, con los cuales se construyen estos microchips.
Hoy, los Estados Unidos, debido a su dependencia de esta mercancía, ha escalado a nivel de “seguridad nacional” la disposición de estos microchips, sobre todo, para asegurar la garantía de un suministro adecuado, buscando evitar “posible interrupción de la fabricación y el transporte marítimo en Asia Oriental debido a conflictos comerciales, peligros naturales o conflictos armados”, reza el documento presentado en octubre por el Servicio de Investigación del Congreso de los EEUU.
Como respuesta a esta preocupación, el Congreso promulgó en 2021 la Ley P.L. 116-283, con la cual autorizó un programa de incentivos para construir y equipar fábricas de semiconductores en Estados Unidos. En julio de 2022, aprobó la Ley CHIPS y de Ciencia (P.L. 117-167), que el presidente Biden firmó en agosto de 2022, a través del cual se asignó 39 mil millones de dólares al Fondo CHIPS para América para la fabricación de microchips y para el sector de la investigación en diversas universidades.
En mayo del 2023 se anuncio en el Capitulo 1 de este foro que México ya había establecido un acuerdo con la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés) para acelerar la producción de semiconductores en la franja fronteriza entre ambos países, siguiendo la Ley CHIPS para América. Lo que contempla formar mano de obra calificada a través de distintas universidades en conjunto con socios de la industria.
Es así que se firma el primer memorando de entendimiento con Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en EEUU. “El acuerdo con la ASU allanará el camino para que una alianza de universidades de Estados Unidos y México, además de fabricantes de microelectrónica, se centren en la formación de trabajadores y la creación de capacidad de producción en los estados fronterizos del noroeste. Este cambio reducirá la dependencia estadounidense de la fabricación asiática”, se anunció en su momento en el portal de la universidad ASU, donde se llevó acabo este evento.