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Avispa Midia

(Español) Honduras | Asesinato de campesino en El Aguán; suman siete defensores violentados en 2023

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Santos Hipólito Rivas concede una entrevista durante una protesta a 19 años del asesinato del defensor del ambiente, Carlos Escaleras Mejía, quien se opuso a la instalación de una fábrica extractora de aceite de palma que contaminaría los afluentes de la región.

El pasado domingo (12) fue asesinado Santos Hipólito Rivas, miembro fundador de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez de la comunidad de Panamá, en el departamento de Colón, costa atlántica de Honduras.

Rivas destacó por su labor en la reivindicación de los derechos de familias campesinas, quienes demandan la devolución de sus tierras para fines de Reforma Agraria. Esto, en un contexto de acaparamiento territorial en la región del Aguán, el valle mas productivo de Honduras. La situación empeoró a partir de 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola, alineada al Banco Mundial, cuyos efectos beneficiaron a terratenientes agroindustriales.

“Desde que el Banco Mundial concedió esos préstamos a los terratenientes nosotros hemos vivido en la pobreza. Los países que están comprando aceite (de palma) y biodiesel están comprando sangre y muerte de los que han caído por defender sus tierras”, sostuvo Rivas en entrevista con Avispa Midia durante una protesta en la ciudad de Trujillo a finales de 2016.

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Tras el reciente asesinato, la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) señalaron que, pese a que Rivas era parte del Mecanismo de Protección de Honduras desde 2019, “el Estado ha sido incapaz de proteger a los y las defensoras de la tierra y el agua”.

Dichas organizaciones denuncian que días previos a su asesinato, Santos Hipólito Rivas expresó durante una reunión que tenía amenazas y que había acudido al Mecanismo de Protección para interponer la denuncia. A pesar de ello, el dirigente campesino fue asesinado, junto a su hijo de 15 años, Javier Rivas, mientras conducía una motocicleta en la comunidad de Ilanga, Trujillo.

Con estas agresiones, suman siete defensores asesinados en Honduras a inicios de este año. Fueron asesinados Alí Domínguez y Jairo Bonilla, defensores del agua y del río Guapinol; el defensor garífuna Ricardo Arnaúl Montero, de la comunidad de Triunfo de la Cruz; el presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé y su suegro, Andy Martínez, ocurrido la noche del miércoles 18 de enero. Horas antes del mismo día, se registró un tiroteo en la Cooperativa Remolino, la cual fue invadida en diciembre por un grupo armado irregular que tomó posesión de forma violenta de más de la mitad de las tierras adjudicadas a la cooperativa, informaron la Plataforma Agraria y COPA.

Destaca que los homicidios han sido cometidos tras la ampliación temporal y territorial de un estado de excepción en la región, lo que se traduce en un desarme general, y donde solo son los elementos de seguridad quienes pueden ir armados.

Recuperaciones

La Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez aglutina 25 familias, cuyos integrantes mantienen un proceso de recuperación de 1,200 hectáreas de tierras que la empresa DINANT, propiedad de la familia Facussé, mantiene cultivadas con palma aceitera.

La custodia de las tierras emprendida por los campesinos se mantiene en un vaivén, entre las acciones de recuperación empleadas por las familias y los operativos para desalojarlos realizados por la corporación DINANT.

En 2012, después del asesinato de Gregorio Chávez a manos de guardias privados de DINANT, las familias comenzaron las recuperaciones en las tierras de la finca Panamá. Como respuesta, la empresa coordinó un desalojo efectuado con apoyo de militares hondureños, durante el cual Santos recordaba que habían sido utilizadas 300 bombas lacrimógenas contra los campesinos.

18 octubre 2016. Tocoa, Colón. Campesinxs del Valle del Aguán realizan protesta por el 19° aniversario del asesinato del activista ambiental Carlos Escalera por órdenes del terrateniente Miguel Facussé. El mismo día de la movilización fueron asesinados el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán junto con un acompañante.

De acuerdo a un reportaje de ContraCorriente, los intentos de recuperación emprendidos por los campesinos se repitieron entre 2014 y 2017, así como la respuesta violenta, no solo por parte de la empresa y sus aliados militares, sino también de parte de criminales.

“Ya no hay palabras para describir la barbarie que ocurre de manera permanente en El Aguán”, es la frase con que el Bufete de Derechos Humanos “Estudios para la Dignidad” condena el doble homicidio más reciente.

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Para la organización, que acompaña el proceso legal para la reivindicación del derecho a la tierra de los campesinos del Aguán, “su muerte, junto a la de su hijo, mantiene el mismo patrón de los últimos 10 asesinatos en la zona y que reiteramos se ordenan desde empresas agroindustriales como DINANT, que en este gobierno también mantiene el privilegio de su impunidad”.

En un pronunciamiento público, el Bufete demanda detener la violencia en El Aguán contra los líderes campesinos frente a la persecución y violación de derechos humanos que cometen los agroindustriales, “las bandas de matones que están a sus órdenes y por las fuerzas de seguridad, policiales y militares, que están en la zona para protección de estas élites de poder, nunca, nunca para garantizar la vida de los y las campesinas”.

Por su parte, la Plataforma Agraria del Aguán y COPA aseveran que Rivas denunció en distintos espacios que era víctima de amenazas, persecución y vigilancia por miembros del grupo armado liderado por un personaje conocido como ´Piturro´ quien opera a lo interno de la finca Paso Aguan, desde hace varios años, situación que es de conocimiento de las autoridades de la región.

Las organizaciones sostienen que, ante esa situación, el 25 de junio del 2019, la comunidad de Panamá presentó una denuncia ante el Fiscal General de República, Óscar Chinchilla, contra dicho grupo armado, cuya formación paramilitar busca sembrar el terror entre la población y los integrantes de la Empresa campesina Gregorio Chávez.

No obstante, tras esta denuncia, en julio de 2021 fue asesinado Juan Moncada, miembro de la Empresa, pese a que también tenía medidas de protección del Mecanismo de Protección.

“Nos preocupa que criminales involucrados en asesinatos entre los años 2010 y 2013 han regresado a la zona y se han integrado al grupo armado que lidera alias ‘Piturro’”, denunciaron la Plataforma Agraria y COPA ante los recientes homicidios.

Acuerdo incumplido

El Bufete Estudios para la Dignidad resalta que, aunado al desinterés de las autoridades para intervenir en la violencia estructural en El Aguán, el crimen contra los campesinos de Panamá se enmarca en una campaña mediática de desprestigio emprendida por los agroindustriales contra las recuperaciones de tierra, pues “insisten en su pretensión de hacer creer que la lucha por la tierra en esta zona está en manos de ‘delincuentes, revoltosos y usurpadores’”.

Xiomara Castro, presidenta de Honduras

La organización de derechos humanos recordó que, en febrero del 2022, el gobierno de Xiomara Castro firmó un convenio con el movimiento campesino de El Aguán, “un acuerdo que generó desde la Plataforma Agraria una propuesta de solución para la violencia en la zona, misma que pareciera que duerme el sueño de los justos en su escritorio”.

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Las acciones violentas continúan, pese a que el gobierno se comprometió a establecer mecanismos de diálogo que impulsarían la protección y la defensa de los derechos humanos a través de una comisión tripartita lo cual, denuncian, no ha sucedido.

Pasado un año, el equipo legal reclama que, pese al acuerdo, también está pendiente la instalación de una instancia encargada de la investigación de las muertes y violaciones de derechos humanos ocurridas en El Aguán.

“Es momento de acciones concretas, reales y duraderas para El Aguán. Le exigimos justicia integral para los miles de familias campesinas en El Aguán y justicia particular para las víctimas de los más de 200 asesinatos de campesinos de la última década”, enfatiza el Bufete en pronunciamiento por el asesinato de Rivas y su hijo.

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(Español) Mecanismo para el esclarecimiento de la guerra sucia en México convoca a víctimas para recabar testimonios

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Fuente: Avispa Midia

Por Angel Huerta

En portada: Conferencia de prensa de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico

Carlos Alfonso Pérez Ricart, David de Jesús Fernández Dávalos y Eugenia Allier Montaño, tres de los cuatro integrantes pertenecientes a la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), lanzaron el pasado 7 de febrero una convocatoria a la comunidad de posibles víctimas de la guerra sucia, llevada a cabo en México entre 1950 y 1990, para que puedan dar sus testimonios de manera profesional y privada al mecanismo.

La guerra sucia es nombrada así como una lucha contrainsurgente llevada a cabo por el Estado mexicano y su gobierno contra la población, principalmente guerrilleros, populares, campesinos y disidencias sexo genéricas.

El MEH es un órgano independiente al estado mexicano y extiende la invitación a compartir su testimonio a toda persona que haya sido víctima de violaciones graves a los derechos humanos en el periodo comprendido entre 1965 y 1990, que se encuentre en México o fuera del país, y haya sido violentada por su militancia o por haber sido asociada a alguna de las distintas organizaciones político-militares que operaron en el país.

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Las personas decidirán en última instancia el uso que se le dará a la información que proporcionen, por ejemplo, si sus declaraciones entran o no al informe final que entregará en MEH, si quieren o no que a partir de su información se desarrollen procesos judiciales o sean parte de los procesos de reparación.

“El objetivo último es que ninguna parte fundamental de la comunidad de víctimas de este país que haya sufrido violencia entre los periodos de 1965 o 1990 se quede sin hablar, se quede sin dar su testimonio”, señaló Carlos Alfonso Pérez Ricart, en conferencia de prensa. “El mecanismo de esclarecimiento histórico de la comisión de la verdad es probablemente la última posibilidad de esclarecer graves violaciones a los derechos humanos”.

Luis Echeverría Álvarez, político priísta quien fungió como presidente de la República (1970-1976) y secretario de Gobernación (1963-1969) durante los peores años de la llamada Guerra Sucia en México. Bajo su mandato fueron desaparecidas alrededor de 1 mil 200 personas.

En esta convocatoria no solo hay víctimas en el contexto del combate a los grupos político militares, sino una serie de víctimas que han sido tradicionalmente olvidadas, poblaciones que fueron agredidas en lo que se calificó como “combate a narcotráfico y en el combate a la delincuencia común” o por su militancia en organizaciones urbanas populares.

El MEH desplegará investigadores e investigadoras en regiones donde sea necesario. El equipo del mecanismo tiene 49 personas investigadoras, y se ha propuesto recoger alrededor de 3000 testimonios. “Hemos recogido ya alrededor de 200 testimonios en este momento solo en el marco de la puesta a la prueba de nuestros instrumentos metodológicos”, explicó Fernández, en conferencia de prensa.

Para recibir testimonios, el MEH ha habilitado un correo electrónico donde las personas interesadas pueden escribir a inve.testimonial.meh@gmail.com.

Si vives o estás en la Ciudad de México, puedes acercarte a la Dirección General de Estrategias de Atención a Derechos Humanos, ubicada en Circular de Morelia 8, Roma Norte, Cuauhtémoc. C.P. 06700, Ciudad de México.  Teléfono 221 138 7948 / 22 27 73 53 20

En 2024 entregarán el informe final

Fernández explicó que por mandato presidencial “tenemos hasta el 30 de septiembre del año 2024, fecha en la se entregará el informe al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) y al pueblo de México”. El mecanismo tiene un año trabajando en realizar un censo de archivos y afinar 17 instrumentos metodológicos que van a poner en práctica durante el año 2023. “Es el año de ir a recoger los testimonios y a investigar los archivos locales”, sostiene el comisionado.

Además, Fernández expuso que la audiencia pública será hacia mediados de marzo para la región centro del país. “Iremos a Sinaloa, Chihuahua, Guadalajara, Jalisco y la región occidente del país. También estaremos visitando Oaxaca y Chiapas con la idea de recoger el máximo testimonio”.

El mecanismo revisará diversos archivos

El objetivo del mecanismo es llenar de evidencias el informe a partir de dos formas principales. La primera tiene que ver con la parte de investigación archivística. El MEH ha comenzado desde hace más de un año un trabajo de exploración sistemática de archivos civiles, policiales y militares a lo largo de todo el país y en decenas de archivos y otros repositorios públicos y privados.

Protesta del comité Eureka, integrado por familiares de desaparecidos en México.

Por ejemplo, agrega Fernández, “llevamos siete meses trabajando en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, también trabajamos en archivos policiales y el libro los archivos civiles, incluyendo por supuesto el Archivo General de la Nación en donde están los documentos de la Dirección Federal de Seguridad y otras corporaciones”.

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La segunda es con la población “objetivo” que es amplia, en general víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, pero también familiares y personas vinculadas a las víctimas, personas que atestiguaron sobre violaciones a los derechos humanos, personas que en el ejercicio de sus labores o funciones supieron o atestiguan hechos violatorios a los derechos humanos. Esto incluye perpetradores o gente que haya trabajado en la policía o en el ejército y que pueda dar pistas sobre violaciones a los derechos humanos.

Así funciona el mecanismo para el esclarecimiento

En entrevista para Avispa Midia la comisionada Eugenia Allier Montaño explicó que lo que diferencia a esta comisión de otras es que se compone de cinco mecanismos. El mecanismo de esclarecimiento histórico está compuesto por cuatro personas independientes cuyo objetivo central es hacer un informe histórico sobre las graves violaciones. “Pero además de eso, es escuchar a las víctimas y poder pensar qué va después, porque ninguna comisión de este tipo cierra la temática (…), simplemente la abre.”

Después está el mecanismo de impulso a la justicia, compuesto por tres abogados, también independientes: Ángela Buitrago Ruíz, Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus. Este mecanismo implementará una estrategia para hacer avanzar los casos, largamente estancados, en los procesos jurídicos. Impulsará la creación de una Fiscalía Especializada y realizará un diagnóstico de los casos abiertos.

Conferencia de prensa de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico

Luego está el Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, a cargo de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, en un departamento específico en torno a la guerra sucia. El objetivo es realizar la búsqueda de personas desaparecidas a través de un equipo especializado en las desapariciones perpetradas por la contrainsurgencia, sin importar en qué punto del país se les desapareció.

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El Programa Especial de Reparación Integral y Compensación a cargo de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, constará de reparación tanto simbólica como económica. La CEAV está generando un aspecto especial en torno también de la guerra sucia.

La CEAV diseñará la metodología para la compensación y reparación de daños individual y colectiva, así como realizará un análisis de derecho comparado y buenas prácticas de comisiones de verdad en el mundo para fortalecer el modelo específico de reparación.

Después está el Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición, coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración e integrado por el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas; el director del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Enrique Ruiz Abreu; el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Felipe Ávila Espinosa; la directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Gabriela Pulido Llano; el director de Educal, Fritz Glockner; y la representante de la organización Memoria Abierta de Argentina, Verónica Torres.

El Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición es responsable de las iniciativas de ley referentes al tema de Memoria.

Una comisión con características especiales a otras

De acuerdo a Allier, cada país o cada comisión trabaja de distintas maneras. Una ventaja de la MEH, por ejemplo, es que posee acceso al campo militar. “Eso es algo que no ha ocurrido en ningún país, ninguna comisión de la verdad tuvo acceso a los lugares donde hubo detención y más aún estamos accediendo a los archivos de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), algo que tampoco nunca, hasta donde yo conozco, había ocurrido”, señala Allier.

Además, sostiene, habrá un centro de memoria. Un lugar en donde van a estar los archivos, los testimonios, “se está creando esta iniciativa para hacer sitios de memoria que son fundamentales”.

“El objetivo mínimo que espero es que la población llegue a enterarse de lo que existió y de lo que pasó, que en México los mexicanos y las mexicanas sepan que hubo un periodo que llamamos guerra sucia en donde la población fue violentada y fue reprimida”, concluye Allier.

Renuncia de la comisionada Aleida García Aguirre

Pese a que la comisión es un órgano independiente, no han faltado las críticas, incluso internas. Una de ellas se desencadenó en septiembre del año pasado. La historiadora Aleida García Aguirre presentó su renuncia como integrante del MEH ante la “subordinación de facto” de la sociedad civil ante el gobierno federal.

“Me ha sido doloroso concluir éticamente que es imposible continuar trabajando en el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico”, sostuvo García Aguirre en la misiva divulgada en redes sociales del Museo Casa de la Memoria Indómita.

“Fue imperativo marcar un alto, manifestar desacuerdo con la estructura que sostiene a la comisión y la subordinación de facto a la que se somete en presupuesto, burocracia y decisiones al ala de la sociedad civil frente a la institucional”, escribió la historiadora y actual profesora de la Universidad Pedagógica Nacional del estado de Chihuahua y miembro de la Asociación Mexicana de Historia Oral y de la Red Nacional de Investigadores del Tiempo Presente.

Señaló que fue el 10 de diciembre en Chihuahua “que aparecieron los primeros indicios de que las personas de sociedad civil (en aquel entonces, solo el mecanismo para el esclarecimiento histórica) no serían escuchadas para el desarrollo efectivo de los trabajos, si no sería la secretaria ejecutiva quien impondría la agenda política de la comisión”.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) 27 años de los Acuerdos de San Andrés, luchas por la vida y la paz desde los pueblos

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

16 de febrero del 2023

Boletín No. 03

 

27 años de los Acuerdos de San Andrés, luchas por la vida y la paz desde los pueblos

  • Saludamos las iniciativas por la vida, y la defensa del territorio, horizontes de esperanza, y espíritu vigente de los acuerdos.

 

Desde el Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) sostenemos que a 27 años de su firma, Los Acuerdos de San Andrés Sakach’en de los Pobres son un instrumento de lucha, que contiene la memoria y el espíritu de los pueblos que dialogan para pactar caminos de Justicia y Paz; al mismo tiempo les trasciende la inspiración de los movimientos y organizaciones de abajo que empujan con su digna lucha los derechos colectivos de los pueblos originarios, alternativas de vida ante un sistema capitalista y patriarcal.

Actualmente diversas experiencias antagónicas al Estado mexicano construyen una vida digna, desde la autonomía y llevan a cabo una Declaración por la Vida[1], en defensa de la Madre Tierra, sus territorios, en un contexto adverso de remilitarización, desarrollo de megaproyectos e infraestructura y amenazas por parte del Estado mexicano, la delincuencia organizada y empresas transnacionales que ambicionan los bienes comunes donde habitan los pueblos a quienes les son negados y arrebatados sus derechos, como a una consulta libre, informada y con pertinencia cultural que les tome en cuenta respecto a los impactos a su tierra, territorio y proyectos de vida.

Frente a esto, la respuesta son procesos de rearticulación desde los pueblos y comunidades; ejemplo es la convocatoria lanzada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) para la asamblea nacional “frente a la creciente violencia del narcoestado y la imposición de megaproyectos” a realizarse el 4 y 5 de marzo en Tehuacán, Puebla; además del encuentro internacional El Sur Resiste 2023, compuesta por una Caravana de documentación y denuncia que arranca el 25 de abril, recorriendo la Costa de Chiapas, el Istmo de Tehuantepec, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, y cerrando con un encuentro en el Cideci / Caracol Jacinto Canek, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Es el espíritu de estas luchas e iniciativas que mantienen vigentes Los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres, como eje articulador de reivindicaciones de derechos que nacen desde la dignidad y las luchas de los pueblos originarios. Son horizontes de esperanza e impulso de acciones hacia una ofensiva desde abajo por la vida, la paz y vida digna.

 

[1] EZLN. Primera parte: Una Declaración… por la Vida. Disponible en: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/01/primera-parte-una-declaracion-por-la-vida/

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) A un mes de la desaparición de los defensores Ricardo y Antonio, nos sumamos a las exigencias de presentación con vida

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

15 de febrero del 2023

Boletín No. 02

A un mes de la desaparición del Abogado Ricardo Lagunes y el defensor comunitario Antonio Díaz, nos sumamos a las exigencias de presentación con vida

  • Exigimos al Estado mexicano una investigación eficaz y acciones profundas para la búsqueda y localización de las personas defensoras del territorio.

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, exigimos al estado mexicano investigación y acciones eficaces para la búsqueda y localización del abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz, personas defensoras de los derechos humanos, quienes desde el pasado 15 de enero desaparecieron mientras regresaban de una asamblea comunitaria en el municipio de Aquila, en el estado de Michoacán. Responsabilizamos a las autoridades tanto estatales y federales de la crisis de derechos humanos generada a partir del contexto criminal y de violencia generalizada.

La investigación debe de abordar las posibles rutas para dar con sus paraderos; urge se tome en cuenta las condiciones de la región, donde se presenta un control territorial, político y social por parte de la Minera Ternium y demás grupos de poder que ha dejado profundas divisiones en las comunidades vinculadas a su estrategia de despojo.

Las condiciones actuales en donde más de 100 000 personas han desaparecido en medio de una violencia generalizada provocada por la triada Delincuencia Organizada, Empresas y Políticos, orilla a que nuestro ejercicio de la defensa de la vida se profundice, lo que aumenta también las agresiones en nuestra contra, un fenómeno constante y sistemático, basado en amenazas, desapariciones, asesinatos, intimidación y campañas de desprestigio para intentar silenciar las voces de justicia.

Las desapariciones relacionadas con personas defensoras es un panorama critico en el país, mismo; organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas han manifestado la urgencia de que el Estado mexicano actúe con altos estándares internacionales relacionado a las circunstancia, así como la implementación urgente de las acciones establecidas por el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas.

A pesar de la denuncia de los hechos y exigencia de la aparición con vida desde diversas acciones en los ámbitos nacional e internacional, las autoridades estatales y federales están siendo omisas, evidencian su incapacidad de atender una demanda clara sobre un territorio especifico, lo que nos mueve a impulsar alianzas y fortalecer la organización para hacer frente a la violencia, despojo y división comunitaria que nos imponen desde arriba.

       
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Avispa Midia

(Español) Pueblo maya protesta contra reapertura de megagranja de cerdos

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Manifestación de la comunidad maya de Sitilpech contra la operación de una megagranja de cerdos. Foto: Katia Rejón / Memorias de Nómada

Habitantes de la comunidad de Sitilpech, Yucatán, se congregaron la mañana de este viernes (10) para protestar pacíficamente ante la reanudación de operaciones de la megagranja de cerdos Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de la población maya.

Durante entrevista con este medio, Rosario, habitante de Sitilpech, aseguró que, pese a que se realizaron estudios que evidenciaron la contaminación en las fuentes de agua producto de las operaciones industriales de la mega granja porcícola, incluso reconocidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desde el pasado sábado (4) y tras nueve meses de permanecer inactiva, las y los pobladores han sido testigos de la reanudación de operaciones de la empresa.

Esto ocurre después de que el magistrado Wynter García, del Tribunal Colegiado de Circuito en materia Penal y Administrativo, desechara una demanda de amparo promovida por el colectivo La Esperanza de Sitilpech, con lo cual dio luz verde a la reanudación de operaciones de la empresa porcícola.

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“El juez Wynter García negó que el pueblo tiene derechos. Él abogó por la granja y que la granja tiene la razón, sin haber consultado al pueblo, sin haber dado asamblea. Él pisoteo nuestros derechos, porque él como magistrado debió ver qué era mejor para el pueblo y no es contaminar el agua. Ninguna autoridad nos ha apoyado, ninguna, ya se cansó el pueblo”, compartió Laura durante entrevista telefónica.

Al grito de “¡Fuera granja!”, un aproximado de 180 mujeres y hombres de todas las edades se movilizaron para impedir el acceso de camiones de la empresa Kekén, los cuales transportan cerdos para suministrar a las instalaciones de la megagranja ubicada en el municipio yucateco de Izamal.

La respuesta gubernamental consistió en el envío de elementos policiacos, municipales y estatales, quienes intimidaron a los manifestantes. Los elementos de seguridad, acusan los presentes, acudieron para “escoltar” a los camiones de cerdo.

“Realmente no quieren colaborar con el pueblo”, expreso indignada Martha, habitante de Sitilpech. “Estamos luchando contra gente que tiene mucho dinero. Vinieron seis patrullas, no a cuidar al pueblo, sino a cuidar a los cerdos. Agarraron otra ruta y entraron con los camiones, nos engañaron”, resalta indignada ante la actitud de los elementos de seguridad y las mentiras que utilizaron para poder ingresar a los cerdos a la fábrica.

Amparo, desechado

La demanda de amparo desechada por el juez García fue presentada para revocar los permisos de operación de la mega granja Kancabchén II. De acuerdo al colectivo Kanan Derechos Humanos, organización que acompaña la estrategia jurídica de las y los habitantes de Sitilpech, dicha megagranja cría más de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus instalaciones, con lo cual también se prevé un incremento en la contaminación y abuso del agua por parte de dicha industria.

Foto: Kanan Derechos Humanos

El recurso jurídico estaba dirigido contra diversas autoridades de los tres niveles de gobierno contra la operación inconstitucional de la empresa porcícola, quien nunca consultó a la población indígena sobre su anuencia al proyecto.

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Apenas el jueves 2 de febrero, habitantes de Sitilpech difundieron una réplica pública dirigida al medio “Diario de Yucatán” debido a que, acusan, se tergiversó la noticia sobre la demanda desechada, “para señalar que la empresa ganó el juicio de referencia y, con ello, poner en duda el proceso de defensa del colectivo La Esperanza de Sitilpech”.

Las y los habitantes de Sitilpech señalan que, pese a que el amparo fue desechado, eso no significa que el tribunal le haya dado la razón a la empresa, “simplemente nunca se analizaron las exigencias por meros formalismos.Los formalismos impidieron el derecho de acceso a la justicia del pueblo de Sitilpech que en los últimos meses había vivido en paz debido al cierre de la empresa por más de 9 meses”, sostienen en el documento.

“Dentro (de la fábrica) está el representante de la granja, se presentó como notario público, y él, junto con el capataz nos quieren intimidar”, acusa otra manifestante quien aseguró que, por acuerdo del pueblo, el bloqueo a la megagranja será permanente.

Hasta el cierre de esta edición, las y los manifestantes se encontraban en el lugar, bloqueando los accesos de los camiones que transportan a los animales a las instalaciones de procesamiento industrial. Al mismo tiempo, denuncian que los hostigamientos contra su manifestación pacífica son constantes.

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Avispa Midia

(Español) La militarización tensa la protesta social en los Andes

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Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

En portada: A un mes de la masacre de Juliaca, región de Puno, movilizaciones exigen justicia por el asesinato de 19 manifestantes. Foto: Juan Zapata / Wayka

El régimen cívico-militar de Dina Boluarte encargó a la Policía y el Ejército el “control del orden interno” en las regiones del Perú donde fueron asesinadas decenas de víctimas en dos meses bajo dictadura. La tensión entre militares y manifestantes es alarmante en la frontera de la región Puno y Bolivia.

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El jueves (9), a un mes de la masacre de Juliaca (región Puno), en la que fueron victimadas 19 personas, se registraron 23 heridos, tres con impactos de bala -uno es un menor de 11 años-, en un nuevo intento de tomar el aeropuerto de la ciudad, tras una concentración masiva en memoria de los mártires.

En Apurímac, una persona fue victimada y al menos 80 fueron detenidas irregularmente, denunció la Asociación Pro Derechos Humanos. Mientras que en el Centro de Lima se desplegaron más de 10 mil policías, en una delirante exhibición de fuerzas de un Gobierno de facto policializado.

El estado de emergencia advierte a la movilización popular la disposición a la violencia estatal en las zonas más vulneradas por la represión. En Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua y Madre de Dios, departamentos del sur andino y amazónico, la militarización se extenderá por dos meses, hasta la primera semana de abril. Para Puno se especifica que las acciones “se encuentran a cargo de las Fuerzas Armadas” y se decretó inmovilización social obligatoria entre las 8 pm y las 4 am, hasta el 16 de febrero.

La ampliación del mando de las fuerzas estatales en el Altiplano tiene el objetivo de liberar las vías bloqueadas. El principal paso fronterizo peruano-boliviano, en el distrito binacional de Desaguadero, se encuentra bloqueado por cientos de camiones. En estos momentos hay fricciones entre militares y protestantes indígenas en diversos puntos de la zona.

El despliegue del Ejército genera desconfianza en la población quechua y aimara, que alerta a la comunidad internacional la posibilidad de otras matanzas y violaciones a los derechos humanos.

En este contexto, el historiador y excanciller Héctor Béjar recordó que para las Fuerzas Armadas “esta gente no merece vivir, están de más, son nuestra carga, esa actitud permanece hoy”. Desde el racismo de las instituciones militares, “los aimaras siguen siendo vistos como raza inferior, bárbara. (…) Ahora que se han movido las comunidades de una manera sorprendente, están asombrados y buscan explicaciones tontas, como que son terroristas, los bolivianos los están financiando (…)”.

En la zona fronteriza, los tramos de carreteras despejados en las madrugadas por los uniformados son nuevamente interceptados. “Dejaremos que los chicos (los soldados) hagan ejercicio, al rato volveremos a bloquear, a ver quién se cansa, ellos o toda la nación aimara”, señaló una autoridad comunitaria a Diario Sin Frontera de Puno.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta la fecha el estallido en el Perú deja 48 civiles (incluyendo a la última víctima en Apurímac) asesinados por la represión y un policía fallecido, además de 11 muertes por accidentes y hechos vinculados a las manifestaciones.

La lucha se extiende al norte

Con un paro nacional, este jueves (9) la población movilizada respondió a los 60 días de represalias y criminalización por parte del Estado.  Las organizaciones campesinas, estudiantiles y obreras encabezaron las protestas masivas de las últimas semanas, reafirmando las demandas de elecciones presidenciales este año, la instalación de una Asamblea Contituyente, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso.

La movilización popular se fortalecerá en los próximos días, cuando la Macro Región Norte encabece un paro entre el 17 y 20 de febrero. Al igual que en el sur, los departamentos de Cajamarca, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Amazonas y San Martín se sumarán a las medidas de fuerza.

La propuesta de adelantar las elecciones antes de 2024, incluyendo un referéndum sobre el cambio de Constitución, los dos principales reclamos de las protestas, fue rechazada por tercera vez en el Congreso el jueves 2 de febrero. A menos de 24 horas del cierre de la presente legislatura, a cumplirse este viernes (10), el Parlamento discutía la posibilidad de volver a pasar el proyecto por votación.

La responsabilidad del Congreso en la crisis se refleja en un 7% de aprobación ciudadana. El 76% desaprueba a Boluarte, de acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En Lima, reacia antes de las movilizaciones, ahora el 57% está a favor de la Asamblea Constituyente.

Por su parte, el régimen acelera el financiamiento de la represión. Esta semana el Ministerio de Defensa recibió una partida de 233 millones de soles para afrontar el conflicto en Lima. La alianza compuesta por la ultraderecha, militares y poderes económicos mantiene sus falsas acusaciones contra la protesta social, aumenta las detenciones de dirigentes y se estrena en la persecución de “apología al terrorismo” en redes sociales. Para este peligroso fin, el Ministerio del Interior habilitó canales de recepción de denuncias ciudadanas.

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En la provincia de San Román (Puno), la Policía agredió a periodistas locales y de medios internacionales. Los ataques a la prensa se multiplican en todo el país.

La escalada de la violencia del conflicto es visible en la sociedad peruana en forma de agresiones contra manifestantes por parte de seguidores de la ultraderecha y civiles armados, organizados y financiados por intermedio de las fuerzas del orden. En Cusco, retuvieron y torturaron a un joven; en Junín fueron captadas bandas de civiles disparando armas de fuego a huelguistas; en Lima, un grupo neofascista violentó un acto cultural por las víctimas y vándalos azuzados por policías atacaron a protestantes cerca del aeropuerto de la capital.   El régimen dictatorial del Ejecutivo de Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, el Congreso y las instituciones armadas, entramado por la oligarquía empresarial, solo se sostiene por la represión y la intimidación, con imágenes como las de los batallones policiales en Lima que resuenan a los gobiernos totalitarios más violentos del pasado y el presente. Frente al terror, las movilizaciones diarias en todo el país enuncian y reafirman que el miedo se perdió.

radio
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

(Español) Doble agresión contra nuestra Organización; nos citan a una audiencia fallida en Pichucalco y al mismo tiempo nos agreden en Bach’en, Chenalhó

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

 

  Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

8 de febrero de 2023

 

 

 

 

 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios libres y Alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

 

A 30 años de testimonio de lucha no violenta y de trabajar por la paz y la justicia para nuestro pueblo, para México y el Mundo, el mal gobierno de México a través de su sistema de justicia corrupta y podrida SE BURLAN DEL CASO DEL ASESINATO DE NUESTRO COMPAÑERO Y HERMANO SIMÓN PEDRO PÉREZ LÓPEZ citándonos a una audiencia en la ciudad de Pichucalco que nuevamente fue cancelada; al mismo tiempo, AUTORIDADES COMUNITARIAS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN CHENALHÓ, GOLPEAN Y HUMILLAN A COMPAÑERAS de la comunidad Bach’en, integrantes de nuestra Organización Las Abejas de Acteal que se habían reunido para evitar ser desmantelados sus servicios de luz eléctrica por parte del agente rural municipal y su gente.

 

 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, junto con sus aliados del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PRIISTAS Y LOS RICOS Y PODEROSOS SE HAN UNIDO PARA DESTRUIR NUESTRA RESISTENCIA CIVIL Y PACÍFICA, nuestra lucha por la justicia verdadera por el asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro; EL GOBIERNO DE LA LLAMADA “CUARTA TRANSFORMACIÓN”, HA HECHO SUYA LA ESTRATEGIA CONTRAINSURGENTE DE DESGASTE Y DE LA POLÍTICA DEL OLVIDO, aquella que diseñó el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León para encubrir su crimen de Estado cometido en la Masacre de Acteal y de otros crímenes cometidos contra otros pueblos de México.

 

 

 

EL CASO DE SIMÓN PEDRO

 

La estrategia contrainsurgente y de desgaste hacia nuestra lucha y caminar se evidenció cuando el juez del Juzgado de Control de Pichucalco, Chiapas nos había citado el 7 de febrero para la audiencia de DESAHOGO DE PRUEBAS en el caso del asesinato de nuestro hermano Simón Pedro. Pero, vergozosamente el juez nos dio la noticia que no habían trasladado al autor material del asesinato de nuestro hermano Simón Pedro al juzgado de Pichucalco, Chiapas.

 

Ante esta burla y humillación de parte del sistema judicial de Chiapas, nos preguntamos, ¿ACASO LOS ASESINOS SON LOS QUE DECIDEN SI ASISTIR O NO A UNA AUDIENCIA? ¿DE QUIÉN ES ESA RESPONSABILIDAD? 

 

NO SE TRATA SÓLO DE UN ERROR, NO SE TRATA SÓLO DE UN PEQUEÑO INCONVENIENTE. ESTE TIPO DE SITUACIONES TIENEN DE TRASFONDO DESGASTARNOS. SABEN QUE NUESTROS RECURSOS ECONÓMICOS SON LIMITADOS Y NO NOS PODEMOS DAR EL LUJO DE ASISTIR A MILES DE AUDIENCIAS FALLIDAS, APUESTAN A DESGASTARNOS PSICOLÓGICA Y EMOCIONALMENTE. APUESTAN A QUE LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES QUE NOS ACOMPAÑAN PIERDAN LA CONFIANZA Y YA NO ASISTAN A ESTAS AUDIENCIAS, APUESTAN A QUE NOS QUEDEMOS SOLAS Y SOLOS, AL DESGASTE DE NUESTRO TEJIDO SOCIAL. ¿POR QUÉ? ¿POR CUÁNTO TIEMPO MÁS? 

 

La suspención de la audiencia del caso de nuestro hermano Simón Pedro, no está aislado con los hechos de agresión y violencia que sufrieron en este mismo día a nuestros compañeros de la comunidad Bach’en.

 

El Caso de desmantelamientos de sercivio de agua y luz eléctrica de Las Abejas de Bach’en.

 

Mientras nos encontrábamos en frente del juzgado de Control de Pichucalco, Chiapas, fueron insultados, agredidos y golpeados mujeres y hombres de la comunidad Bach’en miembros de Las Abejas de Acteal, por la gente partidista de dicha comunidad.

 

Los Sres. Antonio Jiménez Arias agente rural municipal, Cristóbal Pérez Pérez presidente de Comité de Educación, Miguel Hernández Vázquez patronato de luz eléctrica, junto con 60 hombres aproximadamente, el día 7 de febrero alrededor de las 11 y media de la mañana, llegaron al poste de luz de donde tiene tomado el suministro de energía nuestro compañero Miguel Pérez Pérez con el objetivo de cortarle dicho servicio al igual que nuestro compañero José Vázquez Pérez.

 

Su molestia fue que el pasado 4 de febrero nuestros compañeros en mención junto con el resto de las familias también miembros de Las Abejas de Acteal, decidieron reconectar dichos servicios después de 6 meses de haberles sido desmantelados los servicios por estas mismas autoridades comunitarias, por el hecho de que nuestro compañero Miguel Pérez Pérez no aceptó un cargo de comité de educación ya que existe un acta de acuerdo elaborada en el año de 2014 que regula formas y tiempos en cuanto a cargos y para mantener la armonía en dicha comunidad. Por esta razón nuestro compañero Miguel se amparó con dicho documento, sin embargo las autoridades y la asamblea argumentaron que ese documento ya no tenía validez; ya que en una asamblea celebrada en el año de 2020 decidieron modificar las cláusulas del citado acta de acuerdo, cambiando totalmente el sentido y contenido con el del 2014, además a nuestros compañeros de Las Abejas ya no fueron tomados en cuenta su palabra como en el año de 2014.

 

Entonces cuando nuestras compañeras y compañeros de la Organización Las Abejas se enteraron de que las autoridades de Bach’en y su gente venían a cortarles los servicios de luz eléctrica a nuestro compañero Miguel y José, se organizaron rápidamente para evitar ser cortados dichos servicios. Las mujeres y hombres rodearon el poste de luz, y en ese momento se acerca en modo agresivo el sr. Antonio Jiménez Arias agente rural municipal, mientras una compañera de Las Abejas le pidió a este autoridad que no cortaran los cables de luz y que mejor se platicara de manera respetuosa a lo que el agente mencionado respondió “la gente ya no se puede calmar, además tú eres mujer, no tienes derecho a hablar aquí”. Un señor de nombre José Méndez de la comunidad Ch’ixilton quien fue contratado por el patronato de luz eléctrica de Bach’en para cortar el servició de luz eléctrica de nuestros compañeros Miguel y José, fue quien empezó la agresión quitándole a fuerzas el celular de nuestro compañero Miguel, pero con el apoyo de las compañeras pudo recuperar dicho dispositivo de comunicación. Enseguida, el hijo del agente de nombre Ismael Jiménez Pérez, golpeó a una compañera de 37 años de edad. Y otra compañera cuando estaba resistiendo y evitando que subieran al poste fue empujada y golpeada cayéndose al suelo y un hombre de nombre Pedro Gutiérrez Pérez se le fue encima, rompiéndole el sueter, aunque otra compañera intentó levantarla, pero otro hombre se le acercó y le dobló el dedo pulgar de la mano izquierda.  A nuestro compañero Miguel Pérez Pérez lo estuvieron jaloneando en varias ocasiones pero no soltaba el poste de donde estaba agarrado, quedó con moretones de su brazo derecho. Fueron varias mujeres golpeadas, insultadas y humilladas.

 

El suministro de energía eléctrica de nuestro compañero Miguel a pesar de la agresión que sufrieron, sí pudieron defenderlo. Pero no fue así el del compañero José, le cortaron la luz eléctrica y se llevaron su cable de bajante.

 

¿Por qué estamos siendo agredidos, burlados y despreciados por las autoridades judiciales en el caso de nuestro hermanos Simón Pedro?

 

Señor Andrés Manuel López Obrador:

¿Por qué su gobierno, su gobernador en Chiapas, sus jueces, su sistema judicial, su sistema penitenciario en Chiapas, su presidente municipal de Chenalhó y sus agentes rurales municipales, nos agreden, nos desprecian y nos humillan?

 

¿Por qué permite tanta mentira y desprecio en el caso de nuestro compañero y hermano Simón Pedro? Por que somos “indígenas”, porque somos pobres? Dónde quedó su palabra en tiempos de su campaña de que son “primero los pobres”?

¿Es una represalia de su gobierno contra nuestra lucha y organización que no acepta soluciones amistosas y que no negocia la justicia y su dignidad?

 

Queremos dejar claro que aunque nos agredan, aunque nos maten, aunque nos masacren; No tenemos miedo, sobreviviremos, retoñaremos y resucitaremos siempre.

 

Aunque el mal gobierno nos ponga obstáculos, seguiremos adelante, hasta que se haga justicia por el asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro; no permitiremos que quede en impunidad, lucharemos con todas nuestras fuerzas como lo venimos haciendo con el caso de la Masacre de Acteal. No dejaremos solo a la familia del compañero Simón Pedro, estaremos apoyándoles siempre. ESTAREMOS AQUÍ EL 3 DE MARZO, AUNQUE NOS HAYAN DEJADO PLANTADOS; ESTA VEZ EL MAL GOBIERNO NO PODRÁ ENGAÑARNOS CON SU SISTEMA DE JUSTICIA CORRUPTO.

 

Así mismo los cortes de luz eléctrica hacia nuestros compañeros y compañeras, le exigimos rotundamente al presidente municipal de Chenalhó que hable con su gente de la comunidad Bach’en, para que inmediatamente restablezcan el servicio de luz eléctrica de nuestro compañero José Vázquez Pérez.

 

LA AGRESIÓN HACIA LAS COMPAÑERAS DE AYER, AHORA SE ENCUENTRAN MAL Y CON DOLOR EN TODO SU CUERPO, PORQUE FUE HORRIBLE LO QUE HICIERON LOS PARTIDISTAS CONTRA ELLAS, lo que hicieron el agente rural municipal junto con el patronato de luz y su gente, fue muy grave, por lo que este hecho humillante no permitiremos que quede impune.

 

Hermanas y hermanos, quienes conocen nuestra lucha, quienes saben el motivo de por qué el mal gobierno federal, estatal y local nos quieren ver destruidos; les pedimos difundan esta nuestra palabra, ayúdenos a denunciar estas dos arbitrariedas vergonzosas hacia nuestra Organización; tanto del caso de nuestro hermano Simón Pedro, como la agresión de ayer hacias nuestras compañeras de Bach’en.

 

Les pedimos estén pendientes, no nos dejen solas y solos, porque lo que nos están haciendo los malos gobernantes y los partidistas en las comunidades no es un juego, porque así empezó en el año de 1997, haciendo parecer que son conflictos intercomunitarios, cuando en realidad es parte de una estrategia de guerra para destruir nuestra lucha y nuestro pueblo organizado.

 

Ante todo lo anterior, EXIGIMOS:

 

¡Al gobierno de López Obrador no permita más dilación en el caso de Simón Pedro!

¡Justicia verdadera para Simón Pedro!

¡Castigo a todo los responsables tanto material como intelectuales en el caso DE Simón Pedro!

¡No más cortes de luz eléctrica ni agua en la comunidad Bach’en¡

¡Respeto a las mujeres Abejas de la comunidad Bach’en!

¡Garantía a la integridad física y psicológica de nuestras compañeras y compañeros de la comunidad Bach’en!

¡Alto a las represalias hacia nuestra Organización Las Abejas de Acteal!

 

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

 

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

 

Por la Mesa Directiva:

 

 

Javier Flores Zepeda                         Eliseo López Arias

Presidente                                     Secretario

 

 

Luis Miguel Gómez Pérez                    Alonso Ruiz López

Tesorero                                   Sub secretario

 

radio
Avispa Midia

Minería, razón del genocidio Yanomami en la Amazonía brasileña

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Autoridades ambientales han puesto en marcha una operación en la selva amazónica para expulsar a miles de mineros ilegales de oro a los que se acusa de provocar una crisis humanitaria entre el pueblo yanomami.

La minería para extraer oro en el norte de la Amazonía brasileña está destruyendo la tierra del pueblo Yanomami. Así lo han expresado integrantes de dicho pueblo indígena, quienes resaltan las consecuencias fatales contra sus comunidades: violencia y daños a la salud, así como contaminación de ríos y muerte de fauna.

Ante la gravedad de la situación, Davi Kopenawa Yanomami, chamán y líder del pueblo Yanomami, apunta como principal responsable al ex presidente Jair Bolsonaro, quien huyó a los EEUU al finalizar su mandato el 31 de diciembre del 2022.

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“Quien mató a mis parientes, a mis hermanos, a mi familia, fue el [ex] presidente Jair Bolsonaro. En los cuatro años que apoyó a los mineros trajo enfermedades, coronavirus, paludismo, gripe, disentería, verminosis y otras enfermedades. Fue él quien mató. Mató y se fue”, sostuvo Kopenawa durante una entrevista para Amazônia Real.

Minería en el río Uraricoera, territorio indígena yanomami

De acuerdo a la organización Cultural Survival, debido al avance de la minería ilegal en sus tierras, familias Yanomami se han visto forzadas a desplazarse miles de kilómetros de sus territorios para resguardar su vida.

Debido a esto, Davi Kopenawa es uno de los representantes Yanomami que actualmente se encuentran recorriendo los EEUU para denunciar la situación de emergencia de su pueblo. Ante funcionarios de instituciones como la ONU, Kopenawa exige la detención de Bolsonaro.

Genocidio

En el año 1992, el gobierno federal demarcó el territorio Yanomami al certificar una extensión de 9.4 millones de hectáreas entre los estados de Amazonas y Roraima, cerca de la frontera con Venezuela, el territorio indígena más grande de Brasil. Esto sucedió años después de una larga campaña internacional donde Kopenawa se involucró para defender su territorio y expulsar a los cerca de 40, 000 mineros que invadieron las tierras Yanomami.

No obstante, a pesar del reconocimiento oficial del territorio indígena, un año después un grupo de mineros entró a la comunidad de Haximú y asesinó a 16 indígenas yanomamis, entre ellos a un bebé, por lo cual cinco personas fueron juzgadas por genocidio.

Sobrevivientes de la masacre de 1993

En los tiempos recientes, como registra Amazônia Real, durante el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, las acciones a nivel federal y estatal promovieron la extracción de oro y estaño en tierras indígenas Yanomami. Así, se calcula que entre 20,000 y 30,000 mineros han invadido el territorio, que cuenta con una población de 30,400 indígenas y 386 comunidades.

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Sumado a la minería también ingresó el crimen organizado por medio de actividades como el lavado de dinero procedente de la venta de oro extraído de los territorios Yanomami. Ante esta situación Kopenawa, quien funge como presidente de la Asociación Yanomami Hutukara, califica la minería depredadora en su tierra de “oro de sangre Yanomami”.

Para Darío Kopenawa, vicepresidente de la Asociación, ésta es una situación de emergencia que vienen denunciando desde 2019, cuando comenzó el incremento de muertes entre los indígenas. “Hutukara lleva casi cuatro años haciendo campaña por Fora Garimpo, Fora Covid (Fuera minería ilegal, Fuera Covid). Llamamos la atención del Estado brasileño y, principalmente, de la sociedad brasileña, llamamos la atención del mundo entero. El gobierno pasado [de Bolsonaro] ni siquiera nos atendió en Brasilia. Así que esta es una situación que se está produciendo y que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo”.

Crisis sanitaria

Acorde a Darío, el gobierno de Bolsonaro lideró una estrategia para debilitar la salud del pueblo Yanomami. Desmanteló la red pública de salud en la región, al mismo tiempo que permitía el ingreso de personas no indígenas quienes contagiaron con enfermedades a la población indígena.

Apenas el pasado 23 de enero, el Ministerio Público Federal también apuntó como responsable por esta situación al gobierno. “La grave situación sanitaria y de seguridad alimentaria que sufren los pueblos Yanomami es consecuencia de la omisión del Estado brasileño a la hora de garantizar la protección de sus tierras”.

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Ante la inacción del Estado, distintas organizaciones han emprendido campañas para recoger alimentos que son enviados a las comunidades más afectadas por la desnutrición extrema y las condiciones de violencia.

Además, la vulnerabilidad de algunas poblaciones Yanomami aumenta al considerar que permanecen sin contacto, es decir, no mantienen relaciones con foráneos, ni siquiera con otras comunidades Yanomami. “Los pueblos indígenas no contactados son los más vulnerables del planeta y los invasores podrían aniquilarlos”, alerta Cultural Survival en un llamado de emergencia.

Desde este lunes (6), autoridades ambientales han puesto en marcha una operación en la selva amazónica para expulsar a miles de mineros ilegales de oro a los que se acusa de provocar una crisis humanitaria entre el pueblo yanomami.

“El avance de la minería, alentado por el último gobierno, resultó en una crisis humanitaria en la tierra indígena”, dice un comunicado del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama). “La policía federal investiga el crimen de genocidio contra los yanomami”, sostiene el documento difundido en el contexto del operativo.

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Emite el CED Acción Urgente por la Desaparición Forzada del Indígena Maya Tseltal, Fredy Gómez Sántiz

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06 de febrero de 2023

 

Pronunciamiento Conjunto 

Emite el CED Acción Urgente por la Desaparición Forzada del Indígena Maya Tseltal, Fredy Gómez Sántiz

El 01 de febrero de 2023, el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante CED o el Comité), requirió al Estado mexicano la Acción Urgente 1569/2023 por la desaparición forzada del indígena maya tseltal Fredy Gómez Sántiz, por los hechos acontecidos el 16 de diciembre de 2021 en la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo en el estado de Chiapas. La medida urge buscar y localizar a Fredy Gómez Sántiz y proteger su vida e integridad personal, en particular el Comité requirió al Estado:

I. Búsqueda del Sr. Fredy Gómez Sántiz e investigación de su alegada desaparición forzada.

Establecer, de inmediato, una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva del Sr. Gómez Sántiz y para la investigación exhaustiva e imparcial de su alegada desaparición forzada, que tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto en el cual ocurrió su alegada desaparición forzada.

II. Identificación de las personas perpetradoras de la alegada desaparición forzada del Sr. Fredy Gómez Sántiz.

Proporcionar información sobre las medidas adoptadas para identificar a las personas perpetradoras de la alegada desaparición forzada del Sr. Gómez Sántiz.

III. Participación de los y las familiares del Sr. Fredy Gómez Sántiz.

Tomar todas las medidas que sean necesarias para implementar mecanismos oficiales y claros a través de los cuales se informe periódicamente a los familiares, allegados y representantes del Sr. Gómez Sántiz sobre el estado de la búsqueda y la investigación de su alegada desaparición forzada.

Proporcionar información sobre el involucramiento de los familiares del Sr. Gómez Sántiz en la investigación y sobre la incorporación de los datos presentados por los familiares a las autoridades competentes, incluyendo la identidad de los posibles autores materiales, en las diferentes hipótesis de investigación.

Permitir la plena participación de los y las familiares del Sr. Gómez Sántiz en los procesos de búsqueda e investigación de su alegada desaparición forzada, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados de la investigación en curso.

Así también el Comité le recordó al Estado mexicano la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se reconoce el carácter vinculante de las recomendaciones adoptadas por el Comité en el contexto del procedimiento de acciones urgentes en virtud del artículo 30 de la Convención y mediante la cual exhorta a las autoridades responsables a acatar, en todos sus términos, las acciones urgentes emitidas por este Comité, pues “su carácter vinculante para el Estado mexicano es indudable”.

Y finalmente requirió al Estado mexicano le envíe información sobre las medidas adoptadas con relación a cada una de sus preocupaciones y recomendaciones antes del día 3 de marzo de 2023.

Ante lo anterior, la familia de Fredy Gómez Sántiz y sus representantes reconocemos la disposición del Comité de velar por los derechos humanos de personas indígenas desaparecidas, así mismo exigimos al Estado mexicano acate la Acción urgente y muestre voluntad para dar con el paradero con vida del Fredy Goḿez Santiz, así como de los cientos de de personas desaparecidas en Chiapas.

 

Equipo Jurídico Solidario.

Melel Xojobal A.C.

Pastoral Social, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

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Avispa Midia

(Español) AMLO decreta expropiación de tierras en el Istmo para construcción de parques industriales

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Fuente: Avispa Midia

El pasado jueves 2 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos decretos que consolidan la expropiación de 412 hectáreas de tierras comunales en Ciudad Ixtepec y de 502 en Santa María Mixtequilla, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para la construcción de dos parques industriales o polos de desarrollo para el bienestar (Podebis) que harán parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Ambas áreas fueron compradas por el gobierno federal a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).

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De acuerdo con el decreto, el cual establece la expropiación de las tierras en Ciudad Ixtepec, el gobierno mexicano pagó 111 millones 447 mil pesos a los comuneros y posesionarios.

En el decreto que expropia las tierras en Santa María Mixtequilla, se menciona que el gobierno federal aportó un anticipo de 40 millones de pesos de un total de 130 millones de pesos que deberá cubrir en su totalidad el CIIT.

El gobierno ha anunciado que serán 10 parques construidos a lo largo del corredor. Tres de ellos se prevén en el Istmo de Tehuantepec. De esta manera, aún falta el decreto expropiatorio de alrededor de 300 hectáreas de tierras de El Pitayal, en la comunidad de Puente Madera, del municipio de San Blas Atempa.

Por su parte, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera se ha movilizado y ha logrado detener la venta de las tierras. Comuneros presentaron una demanda de nulidad contra la asamblea comunal de 14 de marzo de 2021, donde se autorizó la venta de las tierras para la instalación de un parque industrial. Alegan que hubo registro de firmas de personas fallecidas.

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En declaraciones a medios de comunicación, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ha puntualizado que, de los 10 parques industriales, se buscará que entre tres y cuatro sean para empresas que produzcan energías renovables.

A finales de febrero, adelantó Buenrostro, se presentará un programa para “generar un modelo de negocio” sobre los 10 parques industriales. “Queremos hacerlo tipo subasta para ver qué se coloca ahí”, comentó la funcionaria.

Salomón Jara Cruz, gobernador del estado de Oaxaca, ha anunciado en los medios que, para el próximo abril, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal lanzará la convocatoria para la licitación de los parques industriales a empresas nacionales e internacionales.

BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que dispone entre 1,800 y 2,800 millones de dólares en los próximos tres años para financiar proyectos de mudanza de empresas hacia México en medio del proceso de reconfiguración de las cadenas globales de valor y dijo que habría prioridad a los proyectos que decidan mudarse al CIIT.