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(Español) Honduras | Asesinato de campesino en El Aguán; suman siete defensores violentados en 2023
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: Santos Hipólito Rivas concede una entrevista durante una protesta a 19 años del asesinato del defensor del ambiente, Carlos Escaleras Mejía, quien se opuso a la instalación de una fábrica extractora de aceite de palma que contaminaría los afluentes de la región.
El pasado domingo (12) fue asesinado Santos Hipólito Rivas, miembro fundador de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez de la comunidad de Panamá, en el departamento de Colón, costa atlántica de Honduras.
Rivas destacó por su labor en la reivindicación de los derechos de familias campesinas, quienes demandan la devolución de sus tierras para fines de Reforma Agraria. Esto, en un contexto de acaparamiento territorial en la región del Aguán, el valle mas productivo de Honduras. La situación empeoró a partir de 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola, alineada al Banco Mundial, cuyos efectos beneficiaron a terratenientes agroindustriales.
“Desde que el Banco Mundial concedió esos préstamos a los terratenientes nosotros hemos vivido en la pobreza. Los países que están comprando aceite (de palma) y biodiesel están comprando sangre y muerte de los que han caído por defender sus tierras”, sostuvo Rivas en entrevista con Avispa Midia durante una protesta en la ciudad de Trujillo a finales de 2016.
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Tras el reciente asesinato, la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) señalaron que, pese a que Rivas era parte del Mecanismo de Protección de Honduras desde 2019, “el Estado ha sido incapaz de proteger a los y las defensoras de la tierra y el agua”.
Dichas organizaciones denuncian que días previos a su asesinato, Santos Hipólito Rivas expresó durante una reunión que tenía amenazas y que había acudido al Mecanismo de Protección para interponer la denuncia. A pesar de ello, el dirigente campesino fue asesinado, junto a su hijo de 15 años, Javier Rivas, mientras conducía una motocicleta en la comunidad de Ilanga, Trujillo.
Con estas agresiones, suman siete defensores asesinados en Honduras a inicios de este año. Fueron asesinados Alí Domínguez y Jairo Bonilla, defensores del agua y del río Guapinol; el defensor garífuna Ricardo Arnaúl Montero, de la comunidad de Triunfo de la Cruz; el presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé y su suegro, Andy Martínez, ocurrido la noche del miércoles 18 de enero. Horas antes del mismo día, se registró un tiroteo en la Cooperativa Remolino, la cual fue invadida en diciembre por un grupo armado irregular que tomó posesión de forma violenta de más de la mitad de las tierras adjudicadas a la cooperativa, informaron la Plataforma Agraria y COPA.
Destaca que los homicidios han sido cometidos tras la ampliación temporal y territorial de un estado de excepción en la región, lo que se traduce en un desarme general, y donde solo son los elementos de seguridad quienes pueden ir armados.
Recuperaciones
La Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez aglutina 25 familias, cuyos integrantes mantienen un proceso de recuperación de 1,200 hectáreas de tierras que la empresa DINANT, propiedad de la familia Facussé, mantiene cultivadas con palma aceitera.
La custodia de las tierras emprendida por los campesinos se mantiene en un vaivén, entre las acciones de recuperación empleadas por las familias y los operativos para desalojarlos realizados por la corporación DINANT.
En 2012, después del asesinato de Gregorio Chávez a manos de guardias privados de DINANT, las familias comenzaron las recuperaciones en las tierras de la finca Panamá. Como respuesta, la empresa coordinó un desalojo efectuado con apoyo de militares hondureños, durante el cual Santos recordaba que habían sido utilizadas 300 bombas lacrimógenas contra los campesinos.
De acuerdo a un reportaje de ContraCorriente, los intentos de recuperación emprendidos por los campesinos se repitieron entre 2014 y 2017, así como la respuesta violenta, no solo por parte de la empresa y sus aliados militares, sino también de parte de criminales.
“Ya no hay palabras para describir la barbarie que ocurre de manera permanente en El Aguán”, es la frase con que el Bufete de Derechos Humanos “Estudios para la Dignidad” condena el doble homicidio más reciente.
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Para la organización, que acompaña el proceso legal para la reivindicación del derecho a la tierra de los campesinos del Aguán, “su muerte, junto a la de su hijo, mantiene el mismo patrón de los últimos 10 asesinatos en la zona y que reiteramos se ordenan desde empresas agroindustriales como DINANT, que en este gobierno también mantiene el privilegio de su impunidad”.
En un pronunciamiento público, el Bufete demanda detener la violencia en El Aguán contra los líderes campesinos frente a la persecución y violación de derechos humanos que cometen los agroindustriales, “las bandas de matones que están a sus órdenes y por las fuerzas de seguridad, policiales y militares, que están en la zona para protección de estas élites de poder, nunca, nunca para garantizar la vida de los y las campesinas”.
Por su parte, la Plataforma Agraria del Aguán y COPA aseveran que Rivas denunció en distintos espacios que era víctima de amenazas, persecución y vigilancia por miembros del grupo armado liderado por un personaje conocido como ´Piturro´ quien opera a lo interno de la finca Paso Aguan, desde hace varios años, situación que es de conocimiento de las autoridades de la región.
Las organizaciones sostienen que, ante esa situación, el 25 de junio del 2019, la comunidad de Panamá presentó una denuncia ante el Fiscal General de República, Óscar Chinchilla, contra dicho grupo armado, cuya formación paramilitar busca sembrar el terror entre la población y los integrantes de la Empresa campesina Gregorio Chávez.
No obstante, tras esta denuncia, en julio de 2021 fue asesinado Juan Moncada, miembro de la Empresa, pese a que también tenía medidas de protección del Mecanismo de Protección.
“Nos preocupa que criminales involucrados en asesinatos entre los años 2010 y 2013 han regresado a la zona y se han integrado al grupo armado que lidera alias ‘Piturro’”, denunciaron la Plataforma Agraria y COPA ante los recientes homicidios.
Acuerdo incumplido
El Bufete Estudios para la Dignidad resalta que, aunado al desinterés de las autoridades para intervenir en la violencia estructural en El Aguán, el crimen contra los campesinos de Panamá se enmarca en una campaña mediática de desprestigio emprendida por los agroindustriales contra las recuperaciones de tierra, pues “insisten en su pretensión de hacer creer que la lucha por la tierra en esta zona está en manos de ‘delincuentes, revoltosos y usurpadores’”.
La organización de derechos humanos recordó que, en febrero del 2022, el gobierno de Xiomara Castro firmó un convenio con el movimiento campesino de El Aguán, “un acuerdo que generó desde la Plataforma Agraria una propuesta de solución para la violencia en la zona, misma que pareciera que duerme el sueño de los justos en su escritorio”.
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Las acciones violentas continúan, pese a que el gobierno se comprometió a establecer mecanismos de diálogo que impulsarían la protección y la defensa de los derechos humanos a través de una comisión tripartita lo cual, denuncian, no ha sucedido.
Pasado un año, el equipo legal reclama que, pese al acuerdo, también está pendiente la instalación de una instancia encargada de la investigación de las muertes y violaciones de derechos humanos ocurridas en El Aguán.
“Es momento de acciones concretas, reales y duraderas para El Aguán. Le exigimos justicia integral para los miles de familias campesinas en El Aguán y justicia particular para las víctimas de los más de 200 asesinatos de campesinos de la última década”, enfatiza el Bufete en pronunciamiento por el asesinato de Rivas y su hijo.
(Español) Mecanismo para el esclarecimiento de la guerra sucia en México convoca a víctimas para recabar testimonios
Fuente: Avispa Midia
Por Angel Huerta
En portada: Conferencia de prensa de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico
Carlos Alfonso Pérez Ricart, David de Jesús Fernández Dávalos y Eugenia Allier Montaño, tres de los cuatro integrantes pertenecientes a la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), lanzaron el pasado 7 de febrero una convocatoria a la comunidad de posibles víctimas de la guerra sucia, llevada a cabo en México entre 1950 y 1990, para que puedan dar sus testimonios de manera profesional y privada al mecanismo.
La guerra sucia es nombrada así como una lucha contrainsurgente llevada a cabo por el Estado mexicano y su gobierno contra la población, principalmente guerrilleros, populares, campesinos y disidencias sexo genéricas.
El MEH es un órgano independiente al estado mexicano y extiende la invitación a compartir su testimonio a toda persona que haya sido víctima de violaciones graves a los derechos humanos en el periodo comprendido entre 1965 y 1990, que se encuentre en México o fuera del país, y haya sido violentada por su militancia o por haber sido asociada a alguna de las distintas organizaciones político-militares que operaron en el país.
Las personas decidirán en última instancia el uso que se le dará a la información que proporcionen, por ejemplo, si sus declaraciones entran o no al informe final que entregará en MEH, si quieren o no que a partir de su información se desarrollen procesos judiciales o sean parte de los procesos de reparación.
“El objetivo último es que ninguna parte fundamental de la comunidad de víctimas de este país que haya sufrido violencia entre los periodos de 1965 o 1990 se quede sin hablar, se quede sin dar su testimonio”, señaló Carlos Alfonso Pérez Ricart, en conferencia de prensa. “El mecanismo de esclarecimiento histórico de la comisión de la verdad es probablemente la última posibilidad de esclarecer graves violaciones a los derechos humanos”.
En esta convocatoria no solo hay víctimas en el contexto del combate a los grupos político militares, sino una serie de víctimas que han sido tradicionalmente olvidadas, poblaciones que fueron agredidas en lo que se calificó como “combate a narcotráfico y en el combate a la delincuencia común” o por su militancia en organizaciones urbanas populares.
El MEH desplegará investigadores e investigadoras en regiones donde sea necesario. El equipo del mecanismo tiene 49 personas investigadoras, y se ha propuesto recoger alrededor de 3000 testimonios. “Hemos recogido ya alrededor de 200 testimonios en este momento solo en el marco de la puesta a la prueba de nuestros instrumentos metodológicos”, explicó Fernández, en conferencia de prensa.
Para recibir testimonios, el MEH ha habilitado un correo electrónico donde las personas interesadas pueden escribir a inve.testimonial.meh@gmail.com.
Si vives o estás en la Ciudad de México, puedes acercarte a la Dirección General de Estrategias de Atención a Derechos Humanos, ubicada en Circular de Morelia 8, Roma Norte, Cuauhtémoc. C.P. 06700, Ciudad de México. Teléfono 221 138 7948 / 22 27 73 53 20
En 2024 entregarán el informe final
Fernández explicó que por mandato presidencial “tenemos hasta el 30 de septiembre del año 2024, fecha en la se entregará el informe al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) y al pueblo de México”. El mecanismo tiene un año trabajando en realizar un censo de archivos y afinar 17 instrumentos metodológicos que van a poner en práctica durante el año 2023. “Es el año de ir a recoger los testimonios y a investigar los archivos locales”, sostiene el comisionado.
Además, Fernández expuso que la audiencia pública será hacia mediados de marzo para la región centro del país. “Iremos a Sinaloa, Chihuahua, Guadalajara, Jalisco y la región occidente del país. También estaremos visitando Oaxaca y Chiapas con la idea de recoger el máximo testimonio”.
El mecanismo revisará diversos archivos
El objetivo del mecanismo es llenar de evidencias el informe a partir de dos formas principales. La primera tiene que ver con la parte de investigación archivística. El MEH ha comenzado desde hace más de un año un trabajo de exploración sistemática de archivos civiles, policiales y militares a lo largo de todo el país y en decenas de archivos y otros repositorios públicos y privados.
Por ejemplo, agrega Fernández, “llevamos siete meses trabajando en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, también trabajamos en archivos policiales y el libro los archivos civiles, incluyendo por supuesto el Archivo General de la Nación en donde están los documentos de la Dirección Federal de Seguridad y otras corporaciones”.
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La segunda es con la población “objetivo” que es amplia, en general víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, pero también familiares y personas vinculadas a las víctimas, personas que atestiguaron sobre violaciones a los derechos humanos, personas que en el ejercicio de sus labores o funciones supieron o atestiguan hechos violatorios a los derechos humanos. Esto incluye perpetradores o gente que haya trabajado en la policía o en el ejército y que pueda dar pistas sobre violaciones a los derechos humanos.
Así funciona el mecanismo para el esclarecimiento
En entrevista para Avispa Midia la comisionada Eugenia Allier Montaño explicó que lo que diferencia a esta comisión de otras es que se compone de cinco mecanismos. El mecanismo de esclarecimiento histórico está compuesto por cuatro personas independientes cuyo objetivo central es hacer un informe histórico sobre las graves violaciones. “Pero además de eso, es escuchar a las víctimas y poder pensar qué va después, porque ninguna comisión de este tipo cierra la temática (…), simplemente la abre.”
Después está el mecanismo de impulso a la justicia, compuesto por tres abogados, también independientes: Ángela Buitrago Ruíz, Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus. Este mecanismo implementará una estrategia para hacer avanzar los casos, largamente estancados, en los procesos jurídicos. Impulsará la creación de una Fiscalía Especializada y realizará un diagnóstico de los casos abiertos.
Luego está el Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, a cargo de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, en un departamento específico en torno a la guerra sucia. El objetivo es realizar la búsqueda de personas desaparecidas a través de un equipo especializado en las desapariciones perpetradas por la contrainsurgencia, sin importar en qué punto del país se les desapareció.
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El Programa Especial de Reparación Integral y Compensación a cargo de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, constará de reparación tanto simbólica como económica. La CEAV está generando un aspecto especial en torno también de la guerra sucia.
La CEAV diseñará la metodología para la compensación y reparación de daños individual y colectiva, así como realizará un análisis de derecho comparado y buenas prácticas de comisiones de verdad en el mundo para fortalecer el modelo específico de reparación.
Después está el Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición, coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración e integrado por el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas; el director del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Enrique Ruiz Abreu; el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Felipe Ávila Espinosa; la directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Gabriela Pulido Llano; el director de Educal, Fritz Glockner; y la representante de la organización Memoria Abierta de Argentina, Verónica Torres.
El Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición es responsable de las iniciativas de ley referentes al tema de Memoria.
Una comisión con características especiales a otras
De acuerdo a Allier, cada país o cada comisión trabaja de distintas maneras. Una ventaja de la MEH, por ejemplo, es que posee acceso al campo militar. “Eso es algo que no ha ocurrido en ningún país, ninguna comisión de la verdad tuvo acceso a los lugares donde hubo detención y más aún estamos accediendo a los archivos de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), algo que tampoco nunca, hasta donde yo conozco, había ocurrido”, señala Allier.
Además, sostiene, habrá un centro de memoria. Un lugar en donde van a estar los archivos, los testimonios, “se está creando esta iniciativa para hacer sitios de memoria que son fundamentales”.
“El objetivo mínimo que espero es que la población llegue a enterarse de lo que existió y de lo que pasó, que en México los mexicanos y las mexicanas sepan que hubo un periodo que llamamos guerra sucia en donde la población fue violentada y fue reprimida”, concluye Allier.
Renuncia de la comisionada Aleida García Aguirre
Pese a que la comisión es un órgano independiente, no han faltado las críticas, incluso internas. Una de ellas se desencadenó en septiembre del año pasado. La historiadora Aleida García Aguirre presentó su renuncia como integrante del MEH ante la “subordinación de facto” de la sociedad civil ante el gobierno federal.
“Me ha sido doloroso concluir éticamente que es imposible continuar trabajando en el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico”, sostuvo García Aguirre en la misiva divulgada en redes sociales del Museo Casa de la Memoria Indómita.
“Fue imperativo marcar un alto, manifestar desacuerdo con la estructura que sostiene a la comisión y la subordinación de facto a la que se somete en presupuesto, burocracia y decisiones al ala de la sociedad civil frente a la institucional”, escribió la historiadora y actual profesora de la Universidad Pedagógica Nacional del estado de Chihuahua y miembro de la Asociación Mexicana de Historia Oral y de la Red Nacional de Investigadores del Tiempo Presente.
Señaló que fue el 10 de diciembre en Chihuahua “que aparecieron los primeros indicios de que las personas de sociedad civil (en aquel entonces, solo el mecanismo para el esclarecimiento histórica) no serían escuchadas para el desarrollo efectivo de los trabajos, si no sería la secretaria ejecutiva quien impondría la agenda política de la comisión”.