justicia
(Español) Comunicado de la comunidad de Buena Vista en exigencia de atención de sus demandas
LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MEXICO
Los pueblos amuzgo, Ñu savii, Me´phaa, Nahua, Ñomdaá Afromexicano y Mestizo, como personas campesinas e indígenas, somos quienes nos encontramos bloqueando la las carretera de puente de Marquelia Pinotepa, hasta que se presente las autoridades competentes y den solución a nuestras justas y legales demandas, como es el actuar de todos los gobiernos hemos sido olvidados por el gobierno actual de Guerrero, siguen queriéndonos tratar como si no existiéramos, vulneran nuestros derechos humanos, permitiendo así toda clase de abusos por parte de los grupos de la delincuencia organizada, sufriendo asesinatos, desaparición forzada, tortura, desplazamiento, cobros de piso y así podríamos enunciar muchos más.
Para demostrar que existimos y resistimos, hemos decidido permanecer en este bloqueo, para que no se le olvide quienes somos, para que haga el trabajo del cargo que ocupan y atienden nuestras demandas, ya hemos agotado otras vías sufriendo burlas y desprecio por parte de las autoridades, es por eso que escalamos a usted nuestras exigencias sabiendo que tiene la capacidad de resolver y esperando tenga la voluntad para ello, nosotros los que estamos en este bloqueo somos autoridades agrarias de diferentes regiones, no somos delincuentes, exigimos como derecho inalienable se nos de acceso a la justicia, educación, salud, servicios básicos para una vida digna, NO tendríamos la necesidad de encontrarnos en este momento realizando este tipo de manifestaciones si fueran atendidas nuestra demandas.
Es por esta razón que hacemos de su conocimiento presidente de México, que la Gobernadora de Guerrero Evelyn Cecia Salgado Pineda y su administración
miente cuando dice que Guerrero va caminando hacia adelante, es totalmente falso.
Exigimos que usted como autoridad federal ordene que sean atendidas nuestras denuncias y demandas de los pueblos y se esclarezca el asesinato del
dirigente indígena y luchador social BRUNO PLACIDO VALERIO y su acompañante ABAD RUIZ GARCIA, quienes fueron asesinados en la secretaria de Salud en Chilpancingo.
¡EXIGIMOS SE RESPETEN NUESTROS DERECHOS HUMANOS!
¡EXIGIMOS UNA VIDA DIGNA!
¡EXIGIMOS ACCESO A LA JUSTICIA!
EXIGIMOS LA PRENCIENCIAS
DE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE SEA CAPAZ DE RESOLVER!
¡VIVA LUCIO CABAÑAS!
¡VIVA GENARO VAZQUEZ!
¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA!
¡VIVA EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL!
¡EXIGIMOS JUSTICIA PARA BRUNO PLACIDO VALERIO Y ABAD
RUIZ GARCIA!
ATENTAMENTE
Comunidad de Buena vista, municipio San Luis Acatlán, Guerrero, México y pueblos originarios de Guerrero.
(Español) Se registran 768 agresiones contra defensoras de derechos de las mujeres en Mesoamérica
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
En 2022 se cometieron al menos 768 agresiones contra 131 defensoras y 41 organizaciones que defienden el derecho de las mujeres en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Tres de estas defensoras fueron asesinadas: Grisell Pérez Rivera y Jasibhe Natalie Díaz Morales en México, y Nesly Consuegra Monterroso en Guatemala. Los datos son del registro mesoamericano de agresiones contra defensoras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), organización que articula a casi 3 mil defensoras y 300 organizaciones en Mesoamérica.
La mayoría de estas agresiones, 500, tuvieron carácter colectivo, frente a las 154 que estuvieron dirigidas contra defensoras a nivel personal y 112 contra organizaciones o grupos. Alrededor de 56% de las agresiones se dieron en el espacio público, principalmente en la calle. Una de cada diez se perpetró a través de medios virtuales o electrónicos como redes sociales, teléfonos, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería de texto.
Los Estados aparecen como los principales agresores de las defensoras, siendo identificados como responsables en más de la mitad de las agresiones (56,1%) a través de fuerzas de seguridad y autoridades públicas de diferentes niveles. Por otro lado, uno de cada cinco perpetradores (20%) es desconocido, ya sea porque no se identifica a la persona que realiza la agresión directa presencial o porque se trata de un usuario virtual desconocido.
Las defensoras y sus organizaciones son quienes acompañan a las víctimas de la violencia machista, quienes denuncian ante las autoridades y la opinión pública, quienes llevan a cabo campañas de prevención y proporcionan albergue y protección para las mujeres y sus hijos, hijas e hijes, entre muchas otras acciones.
Para la IM-Defensoras, reconocer la importancia de su trabajo, así como garantizar que puedan manifestarse en las calles y ejercer su labor sin limitaciones y de manera segura, es urgente y vital en un contexto como el mesoamericano, donde la violencia contra las mujeres está generalizada y normalizada y donde existe una de las tasas de feminicidios y de impunidad más altas del planeta.
En los países
En México, la IM-Defensoras documentó un total de 519 agresiones contra 91 defensoras y 5 organizaciones. La mayor parte de las agresiones se dieron en acciones colectivas como las manifestaciones feministas. Adicionalmente se registraron 23 casos de abuso sexual durante acciones colectivas. La Policía aparece como la principal responsable de las agresiones en este país, 38%.
En Nicaragua, se documentaron 155 agresiones contra 17 defensoras y 35 organizaciones. Más de la mitad de estas agresiones fueron perpetradas por autoridades públicas, 58%. Sólo en 2022, las autoridades de este país cancelaron la identidad jurídica de 30 organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las mujeres y niñas.
En Honduras, sedocumentó 70 agresiones contra 15 defensoras. Casi la mitad de las agresiones, 47%, fueron perpetradas por una persona denunciada previamente por la defensora, o el/la abogada o personas que respalda a dicha persona.
En El Salvador, las agresiones documentadas, 14, fueron en su mayoría de carácter colectivo y dirigida a organizaciones. Los usuarios virtuales desconocidos fueron los principales agresores, seguidos de instituciones del Estado.