justicia
(Español) Miembros de la Marina levantan a 5 comuneros y entregan al crimen organizado
Foto e información “Subversiones Agencia Autónoma de comunicación”
Compañeros de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula nos informan que en la madrugada de este 5 de febrero, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, fueron levantados en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila, por miembros de la Marina, quienes posteriormente los entregaron al crimen organizado.
Señalan que les están pidiendo 21 armas a cambio de dejar libres a los secuestrados y que se abandone el filtro que los comunitarios mantienen en el punto referido sobre la carretera costera. Los criminales amenazaron con ejecutar a los comunitarios de no obtener una respuesta afirmativa a sus exigencias.
La comunidad de Ostula acaba de decidir en asamblea, bloquear la carretera federal 200 con apoyo de otras comunidades de la región Costa – Sierra de Michoacán como acción urgente para llamar la atención de las autoridades correspondientes y exigir la liberación de los policías comunitarios.
Resulta alarmante que nuevamente se observe una colusión entre los cuerpos castrenses del Estado (en este caso la Marina) y el crimen organizado, para hostigar y amenazar gravemente a las comunidades en resistencia.
(Español) Sobrevivientes de tortura de Atenco denuncian revictimización por parte del Estado
México Distrito Federal, 29 de Noviembre del 2016
A los medios de comunicación
A los medios de comunicación independientes
A las organizaciones sociales
A la gente honesta y de abajo
Al pueblo de México
El 24 de noviembre del 2015 en este mismo lugar, Centro de Comunicación Social, dimos a conocer la conformación de este Comité de Sobrevivientes a la Tortura del Caso Atenco como una necesidad de hacer pública la farsa de justicia y fraude a la ley que el estado mexicano pretendía llevar a cabo para salir al paso de la denuncia que han interpuesto 11 compañeras nuestras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra del estado mexicano por los delitos de tortura sexual y cuyo informe de fondo estaba por resolverse.
Denunciamos que los mismos ministerios públicos, que fueron la parte acusadora en contra nuestra hace 9 años, hoy se hacen aparecer como la representación social de las ofendidas en los delitos de tortura y encubrimiento y que ante la imposibilidad de una solución amistosa con las denunciantes, el estado mexicano ha optado por seguir utilizando al poder judicial para reprimir, revictimizar y hacer un fraude a la ley, procesando a 12 policías, 21 médicos legistas y 1 ministerio público, por el delito de tortura y encubrimiento en las causas legales 55/13 y 166/14 del Juzgado Primero Penal de Toluca Estado de México, llamándonos a comparecer con amenazas de órdenes de presentación y multas, en calidad de testigos al conjunto de compañeros que fuimos víctimas de la criminalización y tortura en procesos irregulares a los que fuimos sometidos en el 2006.