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Avispa Midia

(Español) Chiapas: Presos inician huelga de hambre ante negligencia estatal durante pandemia de Covid-19

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En el contexto de la pandemia causada por el Covid-19, dos organizaciones de presos en Chiapas anunciaron el inicio de una huelga de hambre para denunciar la falta de atención médica en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No.5, ubicado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Ante las condiciones de vulnerabilidad y el deterioro de la salud de la población carcelaria, aunado a la inacción de los funcionarios estatales, presos integrantes de La Voz de Indígenas en Resistencia y la La Voz Verdadera del Amate anunciaron que realizarán una huelga de hambre a partir del 21 de mayo y hasta el próximo 5 de junio.

EN CONTEXTO, CHIAPAS: PRESOS ANUNCIAN HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA PARA EXIGIR SU LIBERTAD

Alertas, desde hace semanas

En los primeros días de mayo y mediante diversas cartas difundidas por organizaciones civiles, los presos organizados han compartido su situación, debido al nulo avance en la revisión de los casos y en la exigencia de libertad debido a irregularidades y violaciones en el proceso que los mantiene recluidos.

Las condiciones de hacinamiento también han empeorado debido a que a nivel estatal se han suspendido las visitas a la población recluida para limitar el contagio. No obstante, dicha acción ha impactado negativamente a los reclusos puesto que era mediante la visita de familiares y personas solidarias como ellos obtenían desde alimentos, medicamentos y artículos de higiene o dinero para adquirir dentro del penal los objetos de primera necesidad.

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De acuerdo con datos del INEGI, la población carcelaria carece de objetos y alimentos de primera necesidad, por lo cual las visitas son esenciales para proveer de dichos artículos a la población recluida en México.

“No podemos solventar nuestras cosas sobre las necesidades básicas por lo mismo que las vistas no tienen acceso y este centro penitenciario no nos proporciona lo que es jabón de baño, pasta dental, papel higiénico”, denuncian los presos organizados de Chiapas frente a una situación que no es exclusiva de dicho estado al sur de México, pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del año de 2016, casi el 60 por ciento de las personas recluidas en centros penitenciarios del país deben conseguir artículos de higiene personal por su cuenta, ya que no son suministrados por las cárceles.

Pese a la restricción de visitas, en una comunicación publicado el 10 de mayo pasado, los reclusos enfatizaron el riesgo de contagio que padecen debido a la falta de protocolos por parte de los custodios, quienes son relevados cada dos días y no cuentan con medidas ni equipo sanitario cuando interactuan con la población carcelaria.

“El centro carece de medicamentos que precisamos para cualquier emergencia lo único que dan aquí es puro paracetamol”, señalaron también los presos organizados quienes el 14 de mayo cumplieron un año presentes en un plantón en exigencia de su libertad. “El gobierno de Chiapas ha hecho caso omiso de nuestras demandas por que somos victimas de tortura que ejerce la fiscalía del estado de Chiapas. Para el gobierno quiere vernos morir aquí. Nuestro lugar es deplorable, pero seguiremos hasta conseguir nuestras libertades, pese a lo que pese”, enfatizaron en su comunicado.

Acciones frente a la pandemia

Los presos organizados justificaron la realización de la huelga de hambre debido a la falta de seguimiento a la salud de internos que muestran síntomas relacionados al Covid-19, “ni tan siquiera suministrando medicamentos para los síntomas”.

Sumado a ello, los reclusos también señalaron su preocupación debido a la negación de los funcionarios del centro penitenciario sobre posibles contagios presentados entre su personal e incluso sobre la muerte no confirmada de un oficial.

Durante 2019, organizaciones solidarias y familiares de los presos realizaron eventos públicos para sumar esfuerzos para la liberación de los presos en lucha.

Desde el pasado 4 de mayo, los presos organizados denunciaron que un recluso diabético presentó síntomas relacionados al Covid-19 y tras haber interactuado con otros presos fue aislado sin recibir atención médica.

De acuerdo a los presos, este caso demuestra la necesidad de otorgarle arraigo domiciliario a personas contagiadas con el coronavirus para evitar poner en riesgo la salud de la totalidad de la población carcelaria, ya que de acuerdo a las denuncias “la población interna están sufriendo de calenturas, dolores musculares, diarrea, lo que no sabemos si es el Virus de Covid 19 o calenturas normales. No hay como sacar la prueba de Covid 19 y tampoco hay medicamentos para l@s internos e internas”,comparten las organizaciones, quienes enfatizaron los graves riesgos en su salud pues entre ellos se presentan casos de hipertensión, infecciones varias y diabétes, entre otros padecimientos que pueden aumentar la mortalidad del coronavirus.

PARA SABER MÁS, CHIAPAS: SALUD DE PRESOS TSOTSILES EN PELIGRO TRAS 110 DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE

En México existen más de 200 mil personas recluidas y de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a nivel nacional el 46 por ciento de la población carcelaria comparte celda con más de cinco personas.

Desde el 15 de marzo del año 2019, los presos organizados han exigido su libertad incondicional debido a las múltiples irregularidades en el proceso de detención y juicio. En ese contexto, realizaron una huelga de hambre que se extendió por 135 días durante los cuales solo consumieron agua y miel, lo cual ha mermado su salud y los expone aún más en caso de contagiarse de Covid-19.

Hasta el 18 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 120 casos positivos de Covid-19 en centros penitenciarios, además de 74 casos sospechosos, 28 personas recuperadas y 21 fallecimientos

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CNI-CIG

(Español) Escucha TEJIENDO VOCES transmisión colectiva del Congreso Nacional Indigena

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Escucha TEJIENDO VOCES transmisión colectiva del Congreso Nacional Indigena
con el tema:

Megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria

Miércoles 20 de Mayo de 2020 desde las 5 pm.

#ElEncierroNoMeCalla
#NuncaMasUnMexicoSinNosotros

Escuchalo y difunde desde la pagina del CNI
www.congresonacionalindigena.org

por el facebook: fb.com/Congresonacionalindigenamexico

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Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, y Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

(Español) SOLICITAN A LA COMISIÓN INTERAMERICANA PROTECCIÓN FRENTE AL “TREN MAYA”

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Península de Yucatán, al 17 de mayo de 2020

BOLETÍN DE PRENSA

SOLICITAN A LA COMISIÓN INTERAMERICANA PROTECCIÓN FRENTE AL “TREN MAYA”

• Organizaciones indígenas y civiles solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para evitar daños irreparables al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, elemento indispensable de los territorios del pueblo maya y principal fuente de abasto de agua de la población y de las comunidades mayas.
• La construcción del megaproyecto denominado “Tren Maya” pone en peligro al territorio del pueblo maya y al acceso al agua en condiciones óptimas de las comunidades mayas y poblaciones en la Península de Yucatán.
• En aplicación del principio precautorio en materia medioambiental solicitaron que el Estado Mexicano se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto “Tren Maya” por los daños graves e irreparables que este pudiera ocasionar al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán.

Debido a los daños que ocasionaría el megaproyecto “Tren Maya”, el pasado 16 de mayo, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger el acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, también llamado sistema de cenotes, del cual depende el derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas de
la península.

La solicitud fue presentada debido a que el inicio de la construcción del megaproyecto “Tren Maya” amenaza con recrudecer la ya vulnerable situación ambiental del sistema de cenotes, puesto que desde el pasado el Estado Mexicano ha permitido, tolerado y participado en su deterioro siendo un promovente importante del desarrollo de megaproyectos turísticos, inmobiliarios y agroindustriales que utilizan y contaminan sus aguas.

Las organizaciones expusieron que las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno han sido omisas en asegurar una infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de los residuos sólidos. Además de haber otorgado concesiones para carga y descarga de agua que son operadas sin control, ni medidas de prevención ni mitigación, poniendo en peligro el patrimonio histórico, identitario y cultural de los pueblos mayas, así como su salud y sus vidas.

Estos daños a los derechos del pueblo maya se agravarían con el desarrollo del megaproyecto “Tren Maya”, el cual aumentaría considerablemente el proceso de deterioro de los territorios indígenas y del sistema de cenotes, ya que incluye la construcción de nuevas ciudades, nuevas zonas hoteleras, parques agroindustriales y distintas estaciones; y que proyecta un aumento del arribo de 3 a 4 millones de turistas a la región por año.

 

Subrayaron que el megaproyecto “Tren Maya” se prepara en un contexto regional de conflictos socioambientales vigentes, caracterizados por el despojo de los bienes comunes de los territorios indígenas y campesinos de la Península de Yucatán, y prevén que la construcción e implementación de este megaproyecto agudizaría y aumentaría estos conflictos debido a que supone el desarrollo de nuevos megaproyectos en distintos sectores económicos (turismo, agroindustria, energía, transporte, etc.) con impactos negativos, y en muchas ocasiones irreparables, sobre el medio ambiente y el sistema de cenotes.

En su solicitud, las organizaciones manifestaron que el Estado mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de su obligación internacional de realizar los estudios de impacto ambiental y social de manera previa, transparente y pública; aún así, tal y como ha reconocido el Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el pasado 30 de abril se dio inicio a la construcción del megaproyecto. Expresaron que el arranque del megaproyecto se da en ausencia de información científica que permita identificar plenamente las posibles afectaciones al ambiente, y a las comunidades indígenas y campesinas; incluso, mencionaron se ha hecho pública la intención irresponsable de exentar al megaproyecto del cumplimiento de esta obligación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la obligación que tienen los estados de realizar estudios de impacto ambiental y social frente a proyectos que pongan en riesgo la subsistencia de los pueblos y comunidades indígenas, incluidos los riesgos ambientales. También ha dicho que existe esta obligación frente a proyectos que impliquen un daño significativo al medio ambiente. La Corte ha reconocido reiteradamente que, para todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción en territorios tradicionales de comunidades indígenas o tribales, el Estado debe cumplir con distintas salvaguardas, entre ellas el realizar un estudio previo de impacto ambiental y social.

Para que la presente y futuras generaciones de la población de la Península de Yucatán puedan ejercer todos los derechos que el sistema de cenotes les permite gozar, como el agua y un medio ambiente sano, las organizaciones solicitaron a la CIDH ordenar al Estado Mexicano: que aplicando el principio precautorio en materia medioambiental, se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto denominado “Tren Maya”; que garantice la información necesaria y completa, basada en evidencia científica, a las comunidades mayas acerca de los impactos ambientales y sociales que tendría el megaproyecto denominado “Tren Maya” en el sistema de cenotes de la Península de Yucatán y; que adopte medidas de prevención y mitigación para salvaguardar el sistema de cenotes de la Península de Yucatán frente a las amenazas y riesgos presentes.

Es indispensable que la CIDH otorgue las medidas cautelares solicitadas, dado que el megaproyecto “Tren Maya” continua sin ajustarse a los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos, permitiendo así la pérdida del patrimonio natural y biológico del pueblo maya, y violando de manera irreparable su derecho al territorio y el derecho humano a acceder al agua limpia y salubre. Las medidas cautelares también contribuirían al despliegue efectivo de la aplicación del principio precautorio, consolidando la protección medioambiental que requiere la región. “Sin los cenotes no hay posibilidad de tener territorio maya, ni tampoco acceso al agua. Si se contamina el agua de los cenotes también se ve afectada la vegetación, así como la fauna que necesita de sus aguas para la vida. Así, la destrucción y la contaminación sistemática a los cenotes en la Península de Yucatán es una amenaza para nuestra vida como pueblo indígena maya.

Para defender la existencia misma de nuestros territorios necesitamos defender el sistema de cenotes de la Península de Yucatán del cual se sostienen”, concluyen.

Las organizaciones peticionarias esperan que la CIDH ordene las medidas cautelares para que el Estado Mexicano se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto “Tren Maya”, que estaría poniendo en riesgo el futuro ambiental de la región de la Península de Yucatán y de las comunidades mayas por los daños irreparables ocasionados al territorio, al sistema de cenotes y a los derechos al agua y al medio ambiente sano, y a todos los demás derechos que se desprenden de este último.

Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, y
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

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regeneracion radio

(Español) Anular festejos: nada nuevo para las madres mexicanas

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10 mayo, 2020 Sandra Suaste

 

Fotografías: Archivo. 10 de mayo de 2019.

Uno de los miedos en estos días, es perder a un familiar. Para algunas mujeres, ese sentimiento ha sido una constante durante años: las madres de personas desaparecidas y asesinadas. Ellas ya no festejan, pues incluso en 10 de mayo, viven el horror y la incertidumbre.

61 mil 637 desaparecidos en México, según las cifras de la Secretaría de Gobernación. Un día que comúnmente estaría lleno de flores, pasteles y fiesta, se pinta de indignación.

Cada año, las mamás hacen manifestaciones para exigir justicia o aparición con vida. “Lo triste es que cada año las planchas de los principales monumentos o plazas, se llenan de más personas”, comentó una mujer en la manifestación de 2019, en la Ciudad de México. Frente al Ángel de la Independencia.

Este 2020, las manifestaciones son pocas, debido al riesgo sanitario. Pero ellas persisten y no dejan de salir a las calles. En algunos estados al menos 10 madres se posaron afuera de las oficinas de gobierno. Jalisco fue uno de estos lugares: “No nos da miedo morir, estamos muertas en vida desde que no están nuestros hijos. Sin hijo, no hay festejo”.

Para ellas es común ya no festejar el Día de las madres. Así como este 2020, muchas madres no festejarán por el miedo a perder a un ser querido. Preferirán quedarse en casa, así como las buscadoras, prefieren manifestarse nuevamente.

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CNI-CIG

(Español) CNI EXIGE LA CANCELACIÓN DE CONCESIONES MINERAS EN TERRITORIO DEL PUEBLO NAHUA DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA Y EN TODO MÉXICO

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A los pueblos de México y del Mundo,
A los medios de comunicación.

La Coordinación del Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno, así como diversas organizaciones integrantes del Congreso Nacional Indígena saludamos a nuestras hermanas y hermanos del pueblo nahua de la Sierra Norte de Puebla y a su digna lucha por anular las concesiones mineras que el mal gobierno capitalista, de antes y de hoy, entregó a los dueños del dinero apoyado en una Ley Minera que nació de la traición a los Acuerdos de San Andrés y de la violación a nuestros derechos fundamentales, sin importarle que se destruya el medio ambiente, que se devasten culturas y que se agote la esperanza de la vida; esa que los pueblos hablamos cuando emprendemos juicios o alzamos la voz de todas las formas que tenemos a nuestro alcance.

De frente a las condiciones adversas que vivimos como humanidad y ante la proliferación de la enfermedad llamada capitalismo que hoy se expresa en la pandemia del Covid-19 y que amenaza la vida en el planeta, profundizando su presencia en todos los rincones; asumimos y asumiremos ineludiblemente cuidar, defender y sanar a nuestra madre tierra. En ese sentido es que hacemos propias las exigencias del pueblo nahua de los municipios de Cuetzalan del Progreso, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac, Puebla, de que sean anuladas todas las concesiones mineras que amenazan la vida de la región, haciendo extensivas estas exigencias a las concesiones que existen en todo el territorio nacional.

Asimismo reconocemos y respaldamos la lucha de los Consejos Maseual Altepetajpianij y Tiyat Tlali, así como del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan y de las organizaciones que los apoyan, exigiendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de la Ley Minera, recordando que las leyes impuestas por los malos gobiernos no respetan los derechos colectivos que tenemos los pueblos originarios, pues, lo único que sí respetan es la ganancia ensangrentada de las grandes empresas.

Llamamos a los colectivos y organizaciones honestas y a los pueblos del mundo a estar atentos de las resoluciones y acciones que el corrompido poder judicial y el mal gobierno lleguen a adoptar, así como de la palabra de nuestras compañeras y compañeros del pueblo nahua de la Sierra Norte de Puebla para actuar con solidaridad.

Atentamente
Mayo de 2020
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros

Coordinación del Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno

Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”

Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta, Veracruz

Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on, Quintana Roo

Resistencia Civil de Candelaria, Campeche

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca

Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura, Estado de México

Movimiento Agrario Indígena Zapatista

Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

Red Unidos por los Derechos Humanos, A. C., Veracruz

Unión de Pueblos y Comunidades Purepechas, Ciudad de México y Michoacaán

Consejo Supremo Indígena de Michoacán

Servicios para una Educación Alternativa, A. C.

Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Campeche

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Oaxaca

Casa de Salud de la Comunidad Indígena de Tuxpan, Jalisco.

Comuna Purépecha

Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui, Pueblo de Vicam

https://wp.me/p8qHTQ-1y1

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CNI-CIG

COMUNICADO URGENTE ATAQUE ARMADO Y BARBARIE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE HUAZANTLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, OAXACA.

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COMUNICADO URGENTE
ATAQUE ARMADO Y BARBARIE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE HUAZANTLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR

A la opinión pública
A los medios de comunicación
A los organismos de defensa de los derechos humanos
Al Presidente de México
Al Gobernador del Estado de Oaxaca

San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, 03 de mayo de 2020.

Ante la actual situación generalizada que mantiene agobiada a muchas comunidades indígenas de México, en el municipio indígena Ikoots, San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, donde el actual Presidente Municipal, C. Bernardino Ponce Hinojosa, desde que tomó posesión del cargo no ha hecho nada más que amedrentar a la población con gente armada y encapuchados que asola el municipio, además de darse el lujo de no despachar en el palacio municipal, sino mantiene sus oficinas y el cabildo en la pequeña comunidad de La Reforma, de donde ordena las vejaciones a nuestros paisanos.
Tal es el caso que en la noche del día 2 de mayo de 2020, el C. Bernardino Ponce Hinojosa, asesorado por el porro Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, ordenó a atacar con armas de alto calibre a los ciudadanos de la Agencia Municipal de Huazantlán del Río, que mantenían un retén en la única entrada al municipio de San Mateo del Mar, para controlar el ingreso de gente externa a la comunidad y al municipio por motivos del estado de emergencia causado por el COVID-19.

Hasta el momento se sabe que el grupo armado encabezado por C. Bernardino Ponce Hinojosa y el porro Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, han hecho varios disparos, han quemado la casa del José Luis Chávez, Agente Municipal de Huazantlán del Rio, asimismo, han prendido fuego a las oficinas de la Agencia Municipal de la misma comunidad. Hay varios heridos por impacto de arma de fuego y dos vehículos quemados en la entrada a la comunidad de Huazantlán del Río, además de amedrentar con disparos en otras comunidades del municipio.

La Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, desde inicios del 2020 ha tenido conocimiento de la situación complicada que vive el municipio porque como autoridades comunitarias de las distintas agencias municipales de San Mateo del Mar, hemos acudido a las oficinas de la SEGEGO para solicitar su intervención y como siempre ha hecho caso omiso de las demandas de las comunidades indígenas.
Por estos hechos de barbarie y lo que pudiera pasar en lo posterior, responsabilizamos directamente al C. C. Bernardino Ponce Hinojosa, Presidente Municipal de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca y al cabildo, asimismo responsabilizamos por su omisión al C. Héctor Anuar Mafud, Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca.

Atentamente
Autoridades comunitarias del municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca.
Barrio Nuevo; Barrio Espinal; Barrio Deportivo; Agencia de Policía San Pablo; Comunidad El Pacífico; Agencia de Policía Costa Rica; Agencia Municipal Colonia Juárez; Agencia de Policía Colonia Cuauhtémoc; Agencia de Huazantlán del Río; Comunidad San Martín y Comunidad Villahermosa

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Radio Pozol

(Español) Iniciar el Tren Maya, aprovechando la pandemia es «deshumanizar a las personas así como a los pueblos y comunidades indígenas»

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COMUNICADO

PODER JUDICIAL FEDERAL IMPIDE DEFENSA DE COMUNIDADES URBANAS E INDÍGENAS FRENTE AL TREN MAYA

28 de abril de 2020

Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación con sede en Campeche y Yucatán, respectivamente, han impedido el derecho al acceso a la justicia de personas y comunidades que se ven amenazadas por distintas acciones y omisiones de autoridades en el marco de la construcción del proyecto denominado “Tren Maya”. Denunciamos que en dos ocasiones distintas se ha visto obstaculizado el acceso a la justicia en casos urgentes, lo cual advierte que la administración de la Justicia Federal no está siendo eficaz en el marco de las medidas de distanciamiento social por la pandemia de SARS CoV2 (COVID-19).

En el primer caso, el viernes 17 de abril el Colectivo Tres Colonias de Campeche, conformado por vecinas y vecinos de las colonias Camino Real, La Ermita y Santa Lucía en la capital campechana acudieron a los Juzgados de Distrito con sede en Campeche a presentar un amparo en contra del proceso para desalojarlos por habitar al margen de las vías que serían utilizadas para el proyecto del Tren Maya. Las autoridades encargadas del proyecto, en conjunto con ONU-Hábitat, han realizado censos y entrevistas durante la pandemia como primera fase del proceso de desalojo y reubicación. Además, los colonos argumentaban la falta de información sobre a dónde serían reubicados y la falta de garantías de que no terminarán en una situación de calle.

Frente a esta solicitud, el personal del Juzgado Primero de Distrito de Campeche se negó a recibir la demanda de amparo, argumentando de manera oral que no era un “asunto de urgencia”, a pesar de no haber ni siquiera leído la demanda. Es decir, los quejosos no recibieron ni siquiera un acuerdo que sustentara la decisión. Frente a esta situación, el día 24 de abril se presentó un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito señalando la ilegalidad de la acción del Juzgado Primero.

En el segundo caso, ocurrido en Yucatán, integrantes de la Asamblea Maya Muuch Ximbal presentaron una demanda de amparo presentaron una demanda en contra del acuerdo de fecha 06 de abril del presente año emitido por el Gobierno Federal, mediante el cual se estableció la continuación de los trabajos del Tren Maya a pesar de la emergencia sanitaria derivada del Covid.

Los firmantes, representantes de varias comunidades mayas del estado de Yucatán, señalaron que era urgente admitir el amparo y ordenar la suspensión de los trabajos del tren durante el período de cuarentena por el riesgo de contagio que tendrían las comunidades afectadas. Al principio, el personal de guardia se negó a recibirles la demanda, argumentando de manera oral y sin leerla que “no era urgente”.

Si bien la demanda, después de mucho insistir, fue finalmente recibida por el Juzgado Cuarto de Distrito del estado de Yucatán bajo el expediente 513/2020, la Juez Cuarto determinó posponer la admisión y resolución del amparo una vez “pasada la emergencia sanitaria” por no considerarlo un caso de urgencia. Es decir, a pesar de que lo que se impugnó fue un acto en el contexto de la pandemia, el Juzgado, en una actitud incongruente, pospuso su análisis una vez terminado el período de cuarentena, con lo cual no sólo negó el acceso a la justicia a dichas comunidades sino que las dejó a merced de una acción que podría implicar un incremento de casos de Covid en las comunidades afectadas por el tren maya.

Tanto en el caso de Campeche como en el de Yucatán se demandaron hechos que se encuentran ocurriendo actualmente y que tienen relación con la pandemia, pero que además son urgentes dadas las consecuencias que tienen y podrían tener para quienes reclaman. Decidir que las personas afectadas deben esperar al término de la contingencia para acceder a los Tribunales es igual a cancelarles ese derecho de acceso a la justicia que tienen constitucionalmente. Para cuando llegue ese momento los actos frente a los cuales buscan defenderse ya estarán consumados y serán de imposible reparación.

Independientemente de lo que ocurra con ambos casos tras la presentación de los respectivos recursos judiciales, resulta preocupante la actitud de los órganos juzgadores del Poder Judicial Federal frente a estos hechos, pues resulta evidente que el Gobierno Federal se está aprovechando de la pandemia y de la situación de contingencia y riesgo sanitario para avanzar en la implementación del proyecto del Tren Maya, poniendo en riesgo derechos elementales de la población como la vivienda, la salud e incluso la vida.

La pandemia no es excusa para que se suspendan los contrapesos constitucionales como lo es el Poder Judicial. Sobre todo porque en una democracia incluso durante una crisis de salubridad como esta es necesario que las autoridades se apeguen a la Constitución de la nación. Lo mismo ocurre frente a megaproyectos del Poder Ejecutivo que afecten los derechos de las personas. El Poder Judicial no puede ser ni omiso, ni condescendiente, sino garante de que lo que dice nuestra Carta Magna se cumpla. Descuidar ese papel implicaría estarle dando a las autoridades de los otros poderes un aval para hacer lo que deseen y, en el caso concreto del Tren Maya, podría interpretarse como una sumisión a un proyecto impulsado desde el ejecutivo.

Frente a esta situación, y si bien es cierto que todas las instituciones deben tomar medidas en el contexto de la pandemia del covid, recordamos que el derecho de acceso a la justicia es uno de los pilares básicos del estado democrático de derecho, mismo que debe garantizarse aún en los contextos más adversos. En consecuencia, el Poder Judicial de la Federación debe seguir reforzando las medidas para no dejar en la indefensión a aquellas personas que por su condición extrema de vulnerabilidad corren en riesgo de ver violados sus derechos más elementales.

Al Gobierno Federal, por su parte, le reiteramos la exigencia de suspender las obras de construcción del “Tren Maya” así como el proceso de desalojo y reubicación de personas. Realizar este tipo de actividades aprovechando la pandemia es deshumanizar a las personas afectadas, así como a los pueblos y comunidades indígenas por el simple hecho de no ser condescendientes con las decisiones que se han tomado sobre este megaproyecto.

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Ximbal”

Colectivo Tres Colonias de Campeche

Indignación- Promoción y defensa de los derechos humanos

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

https://asambleamaya.wixsite.com/muuchxiinbal/single-post/2020/04/28/COMUNICADO-PODER-JUDICIAL-FEDERAL-IMPIDE-DEFENSA-DE-COMUNIDADES-URBANAS-E-IND%C3%8

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

(Español) Comunicado del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata a las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero

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Guerrero México, 25 de Abril del 2020.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México y del mundo
A la sexta nacional e internacional
A las redes de resistencia y rebeldía
A las redes de apoyo al CIG
A los medios de comunicación honestos, libres y autónomos

Para nosotros, los pueblos originarios que integramos el Concejo Indígenas y Popular de
Guerrero-Emiliano Zapata sentimos dolor, rabia y coraje ante la injusticia de los tres niveles
de gobierno por dejar impune la investigación para dar con paradero de los 43 hermanos
estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos por narcoestado, con mucho amor les decimos que no están solos y que su lucha son nuestras, levantamos la voz para exigir la presentación con vida, además que sean esclarecidos está barbarie y pedimos que sean castigados los culpables relacionado con tales acontecimientos catastroficos.

Nosotros los pueblos originarios hemos visto cómo han transcurrido los años desde aquella trágica noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero y nada han hechos las
autoridades sobre el caso, después de seis años de exigencia, lo único que han hecho es rondar la responsabilidad entre ellos y sin resolver los asuntos de las desapariciones, nos preocupa porque no han sido el único caso que no han resuelto, sino son cuantiosos casos de las desapariciones forzadas, así como las ejecuciones extrajudiciales a todos los luchadores sociales de la organización que sea.

Pese a ello, hasta la fecha no existen avances significativos en las investigaciones por parte de
las autoridades encargada, ni resultados específicos que den con el paradero de los hermanos
normalistas, ni el esclarecimiento de los hechos que identifique de manera eficaz y contundente a los autores materiales e intelectuales, lo que sin duda, coloca al Estado en una red de protección a los cómplices del crimen de lesa humanidad.

Hoy nos reivindicamos como pueblos originarios a seguir resistiendo juntamente con
ustedes, además de las mujeres violentadas, desaparecidas y asesinadas, y las demás convertida en mercancía, de la juventud criminalizada, del trabajo explotado, de la rebeldía perseguida por defender la naturaleza y la humanidad.

A los padres y las madres de los hermanos desaparecidos les decimos que no lo hemos olvidados y mantenemos en nuestra memoria la larga lucha que han mantenido durante todos
estos largo tiempo, seguiremos manteniendo nuestra articulación abrazandonos su dolor y angustia frente a este poder podrido que obedece a su patrón llamado capitalismo y que hoy nos hemos dado cuenta que ellos siempre han conducido la muerte a nuestros pueblos.

Por eso al igual que a ustedes exigimos justicia a los 43, hermanos estudiantes desaparecidos, y que asuman sus responsabilidades como jefe de Estado para reparar los daños a nuestros queridos que por algunas razones, no lo han quitados, bien lo sabemos nosotros los de abajos que lo desaparecieron por luchar por una vida digna.

Por eso, los 43, son las luces y la fuerza para seguir luchando por un mundo mejor, donde cada uno de nosotros nos toca la tarea de hacer y construir el proyecto autonómico de acuerdo a nuestro tiempo y nuestro espacio de donde habitamos y los muchos otros y otras que luchan y se organizan desde ahí a donde nosotros les llamamos los de bajo”.
Por eso, a este largo caminar hemos dicho y seguiremos manifestando que a través de la
mentira, la simulación y la impunidad, el mal gobierno suma los atropellos e injusticias contra quienes se han solidarizado y manifestado los apoyo a la lucha de los familiares y compañeros de los 43, para quien se indigna y protesta contra la injusticia, son golpeado a través de la represión y cárcel o persecución. entendemos que hay linchamiento mediático y un infinidad de opiniones falsas acusaciones
injusta, desprecio ideológico, guerra psicológico, obstáculo estatales y oido sordo de autoridades para atender los demandas a nuestros hermanos normalistas desaparecidos, pero
como pueblos originarios hijos de los pueblos mesoamericanos les venimos a decirles que caminaremos juntos a los espíritu de nuestros ancestros quienes nos cuidarán en todos los andares y fortalecer ese espíritu que nos heredaron desde la visión y vida comunitaria donde debe prevalecer desde el nosotros y después el yo.

Las huellas de nuestros desaparecidos, desaparecidas, nos han dejado cicatrices que la única
alternativas para el cambio más humano e íntegro y fraternidad está en nosotros desde cómo
vivimos, nos organizamos, mirándonos nuestros bosques, nuestra montaña sagrada y como
nosotros nos entendemos con ella, que para nosotros es un todos y nada es ajeno. Es este
conocimiento que lo de ayá arriba no entienden y nunca entenderán, porque primero está lo material y lo económico y despues la importancia y el valor de vida humana y naturaleza. Sabemos perfectamente que en este país hay peligrosas artimaña y red de cúpula y se hacen llamar Estado Mexicano, para ellos estorbamos los que luchamos y sembramos rebeldía los que vemos y sentimos la violencia día a día, los que sufrimos los ataques múltiples de todos tipos y que son provenida desde arriba, los que sabemos que en este país pasa algo malo y
cuando la ley se debe defender al más desprotegido, no lo hace, si no persigue con un fin, que es desmantelar a orillarnos, por ser pueblos originarios, utilizan todas los medios para lograr su objetivos a eso los llamamos nosotros una guerra y es contra todos. Una guerra que solamente nosotros los de abajo lo vivimos y lo sentimos en carne propia y se sufre en toda sus totalidades y esfera.

Hoy el Estado capitalista usa el terrorismo para fabricar dolor y miedo es su manera de gobernar, y así lo han demostrados durante varias décadas, a través de esta maña es como la gente de arriba obtiene ganancia, sin pensar lo que acontece los nosotros de abajo.

Pero también de abajo es la lucha por la verdad y la justicia por una emancipación que requiere nuestro país, aquí en esta siembra es la que temen los de arriba y se diferencia entre lo bueno y malo, aquí les decimos papás y mamás de los 43 hermanos normalista que abrazamos su dolor “por eso hoy les decimos a México y el mundo”.

Justicia y castigo a los culpables

Vivos se los llevaron, Vivos los queremos.
¡Vivan los 43!
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos.
Nunca Más Un México sin Nosotros sin nosotras.

radio
Frayba Comunicación

(Español) Ta jk’anot kutik li’ ta jnatike. Te queremos aquí en esta casa nuestra.

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K’ucha’al, kucha’al, k’ucha’al-un Tot, k’ucha’al-un Me’! Porqué, porqué, porqué Tot, porqué Me’! Reclama una anciana a sus deidades ancestrales, mientras solloza y ve los pies de su hijo que no volverá a caminar las tierras que le vieron nacer. Luego proclama “Ta jk’anot kutik li’ ta jnatike” que traducido literalmente al castellano sería: “Te queremos aquí en esta casa nuestra”.

 

En estos tiempos, en estos días y momentos que dicen que hay que estar en casa para resguardarse. En estos días en que los medianos y pequeños líderes orquestan el mensaje de “Quédate en casa” y establecer sana distancia entre las personas. Entendemos y comprendemos que es compromiso tanto del gobierno, la sociedad y organizaciones civiles de velar por los derechos humanos en esta contingencia.

 

Como Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ocupados en seguir acompañando a los Pueblos Originarios en su caminar y búsqueda de de Justicia Digna, lanzamos la compaña: “LES QUEREMOS EN CASA” que estará vigente por lo menos un mes, del 15 de abril al 15 de mayo de 2020, con distintas acciones hasta que las mujeres, de todas las edades, hombres y personas de otras identidades de género, vuelvan a sus casas. Que puedan estar tranquilas protegiendo su vida que está en grave peligro. Como nos han reportado a diario las autoridades del municipio de Aldama, los disparos de armas de fuego por parte de habitantes de las comunidades del municipio de Chenalhó que colindan con los parajes de Aldama, no han cesado.

 

Al parecer, las personas que nacen y habitan las comunidades del municipio de Aldama que colindan con la localidad Santa Marta y otras que pertenecen al municipio de Chenalhó, Chiapas, pareciera que nacen definidas o predestinadas a vivir constantemente en el miedo y la zozobra tanto por parte del Estado como del contexto de violencia que padecen desde los años 70’s. La esperanza que tienen de que algún día el conflicto agrario que existe entre los municipios de Chenalhó y Aldama tenga fin, se pierde en el horizonte de sus miradas. Las autoridades agrarias de antaño no asumieron y menos ahora, su responsabilidad de que hicieron mal su trabajo por hacer los trazos de colindancia entre un municipio y otro en el escritorio.

 

El conflicto agrario perpetrado por el Estado mexicano hace casi medio siglo rebasó el ámbito jurídico. Las acciones del Estado como la colocación de elementos de seguridad que luego salieron huyendo de la zona por los constantes disparos hasta ”El Banderazo de la Paz”, efectuado los días 22 y 23 de junio de 2019, por parte de los tres niveles de gobierno no han surtido efecto. Este “acto político” pondría fin al conflicto agrario que dio inicio a principios de la década de 1970 entre los dos municipios. Con “El Banderazo de la Paz” comenzaría un proceso de pacificación y reconciliación entre los habitantes de estos dos municipios que en historia, lengua, cultura y tradiciones religiosas se hermanaron por décadas pero que esos lazos y sentimientos de hermandad, al parecer se han roto.

 

La esperanza de la gente de las comunidades de Aldama yace en las manos de algunas personas ancianas responsables de cuidar la vida. Pero, mientras dicen sus plegarias, delante de sus ojos se apaga el fuego de las velas arrebatadas por alguna munición proveniente de comunidades de Chenalhó. El corazón tiembla, ya no sólo de las balas que cotidianamente les disparan, ahora, ese temor es alimentado por la contingencia. Cuidar la salud en casa, no ha sido ni será posible, pues tienen que salir huyendo de sus casas para resguardarse en otros lugares que no cumplen las condiciones de cuidado máximo ante la contingencia de COVID-19.

 

LES QUEREMOS EN CASA solicita tu mirada para que con tus ojos y con tu corazón abracemos a mujeres ancianas, mujeres jóvenes y niñas; que podamos acompañar a hombres ancianos, hombres jóvenes y niños a que puedan estar en su casa y a unirnos en su reclamo. Que podamos decir junto con ellas y ellos “Te queremos aquí en esta casa nuestra”.

 

Juan López Intzín,

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

 

Jobel, a 15 de abril del 2020.

radio
Frayba Comunicación

(Español) Persiste violencia hacia las mujeres en Chiapas

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    •  Condenamos los feminicidios y las desapariciones, especialmente de niñas y adolescentes.

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas recibió en su oficina de Atención Inmediata 18 casos de violencia contra las mujeres1, durante los meses de enero, febrero y hasta el 15 de marzo de 2020. El 61 % son hacia mujeres de Pueblos Originarios Tsotsil y Tseltal, dos de ellas en riesgo directo a su vida. De estos testimonios se caracterizaron patrones de violencia feminicida2 que son permitidos y reproducidos de manera cotidiana ante la ineficacia de las acciones del gobierno en Chiapas para cesarlos3.

 

Según los registros, del total de denuncias recibidas por Frayba y teniendo en cuenta que, en varios casos, la violencia es ejercida en dos o más ámbitos simultáneamente: ocho sucedieron en el ámbito familiar, seis en el laboral, cuatro en el institucional y seis en la comunidad. Involucrando en la omisión a autoridades de distintos niveles, incluidas las instancias encargadas de procurar justicia a las mujeres.

 

De acuerdo al tipo de violencia que las víctimas relatan en la denuncia: 3 son violencia psicológica, 7 violencia física, 7 violencia patrimonial, especialmente, el no cumplimiento de la pensión alimentaria tras una separación, 4 violencia económica; además se registran dos casos de violencia feminicida con agresiones físicas constantes, amenazas, hostigamiento e, incluso, con tentativas de feminicidio y un caso de transfeminicidio.

 

El Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, publicó que durante el primer trimestre del año se perpetraron al menos 18 feminicidios4. El periodo más crítico fue el mes de enero con 11 feminicidios, 6 de ellos en la primera quincena, de los cuales tres fueron niñas y adolescentes. El Observatorio Feminista reconoce que, ante la ausencia de datos oficiales con credibilidad, su información es “una mínima muestra de la gran y grave problemática que refleja el Estado”.5

 

Por parte del Gobierno en Chiapas, una estrategia constante ha sido negar la dimensión de la emergencia por feminicidio en la entidad y no implementar los protocolos de investigación de acuerdo a estándares internacionales resultando la disminución mediática de las estadísticas de feminicidio. Por ejemplo, Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado6, en el mes de enero reconoció sólo 4 feminicidios y 2 homicidios de mujeres; dejando fuera de sus estadísticas al menos 7 feminicidios y doce muertes violentas de mujeres.

 

El Frayba condenamos de manera especial el aumento de las desapariciones y feminicidios de niñas y mujeres adolescentes en la entidad chiapaneca. La más reciente historia es la de Elizabeth, de 17 años. Según información publicada por el Observatorio Feminista, la adolescente estaba desaparecida desde el 31 de marzo y fue encontrada el día 02 de abril, en una terracería en el ejido San Pedro Ytniotix, en el municipio de Las Margaritas, hacia la frontera con Guatemala.

 

Del monitoreo en medios y en las plataformas de organizaciones sociales se visibiliza que no existe en la entidad un registro único de las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes y por el acompañamiento en casos observamos que las instancias de gobierno no cumplen con los protocolos de búsqueda inmediata. A la fecha, al menos 51 desaparecidas no han sido encontradas, entre ellas una niña de 4 años, de un registro de 69 en el primer trimestre del año. El 49% son adolescentes entre 14 y 18 años7.

 

Por lo anterior, instamos al Estado mexicano a cumplir con las Observaciones Finales sobre el Noveno Informe Periódico de México, emitidas el 25 de julio de 2018, por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Entre las cuales se encuentra: “Adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas profundas de esos actos”.8

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

13 de abril de 2020

Boletín No. 07

 

1 De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, denominada, Convención de Belém Do Pará (1994), se entenderá por violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

2 La Ley Estatal de Chiapas, en el Capítulo VIII De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, artículo 59, determina que: “Para los efectos de esta Ley, se considera violencia feminicida, a la forma extrema de Violencia de Género contra las Mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en cualquier ámbito, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en el homicidio de mujeres.”

3 Según el artículo 23 y 24 de la Ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, es responsabilidad del Estado mexicano, así como del Poder Ejecutivo correspondiente, implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia necesarias para proteger a las mujeres de acciones violentas y feminicidas.

4 El Código Penal del Estado de Chiapas, según la última reforma llevada a cabo el 24/01/2018, el artículo 164 Bis. establece que: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, y se sancionará con prisión de cuarenta a sesenta años y de quinientos a mil días multa.” El Observatorio Feminista se apega al Modelo del Protocolo Latinoamericano para la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres considerando que: Toda muerte violenta deberá ser investigada como feminicidio hasta que se descarte.

5 Primer mes de 2020, suman 18 muertes violentas de mujeres en Chiapas: ObsFeministaCh. 06 de febrero de 2020. Disponible en: https://vocesfeministas.mx/primer-mes-de-2020-suman-18-muertes-violentas-de-mujeres-en-chiapas-obsfeministach/ Suman 47 muertes violentas de mujeres en los primeros tres meses del 2020: ObsFeministaCh. 06 de abril de 2020. Disponible en: https://vocesfeministas.mx/suman-47-muertes-violentas-de-mujeres-en-los-primeros-tres-meses-del-2020-obsfeministach/

6 Los cuatro feminicidios en Chiapas ligados a desintegración familiar o violencia de pareja: Fiscal. 16 de enero de 2010. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/16-01-2020/3713075

7 Según los datos publicados por Protocolo Amber y Protocolo Alba y publicaciones de la página ¿Has visto a…?

8 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Observaciones Finales sobre el Noveno Informe Periódico de México. 25 de julio de 2018. Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMEX%2fCO%2f9&Lang=en

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