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(Español) Crimen ambiental en Talcahuano: Empresa destruyó playas en península de Tumbes
Las playas conocidas popularmente como Los Lirios y El Ensueño ubicadas en la Península de Tumbes fueron detonadas con explosivos y destruidas por la empresa de extracción de áridos Santa Fe Ltda. La acción eliminó toda la flora y fauna del sector, así como la arena blanca de las playas, en donde al día de hoy sólo hay desechos rocosos. Documentos oficiales del SEA, fotografías tomadas en terreno por RESUMEN y el testimonio de vecinos y vecinas del sector afectado confirmarían la responsabilidad de la empresa en la destrucción de los ecosistemas.
Las organizaciones socioambientales de la comuna de Talcahuano Tumbes Sustentable, Coordinadora Chorera y Asamblea Ambiental de Talcahuano hicieron llegar a RESUMEN fotografías, documentos oficiales y los testimonios de vecinos y vecinas del sector los cuales aseguran que se ha perpetrado un crimen ambiental que ha pasado desapercibido por las autoridades locales y medios de comunicación.
Una pobladora nacida y criada en Caleta Tumbes, trabajadora, mariscadora y recolectora de Algas explicó que «El lugar era mágico. Eran dos playas maravillosas, yo recuerdo cuando era niña íbamos a las castañas, habían unos castaños gigantes. Después con el tiempo salía a caminar, a andar en bote, íbamos a mariscar con las chiquillas, con otras señoras de más edad, íbamos a las ciruelas, recuerdo».
La entrevistada explicó que incluso han sido amenazados con armas de fuego cuando han intentado acercarse al terreno donde antes existían las playas, por lo que prefirió mantener en reserva su identidad.
Además explicó que «siempre íbamos a ahí, había harta luga, harta alga, harto marisco, caracoles, lapas, chapes, locos, de todo lo que tú quieras buscar en el mar, lo encontrabas ahí en esas piedras, en esas playas que habían ahí. También había una vertiente que llegaba al mar. Y eso todo está intervenido ahora, no existe».
La historia comenzó en 2006 cuando fue aprobado el proyecto «Extracción de áridos Fundo Lo Alfaro» en la península de Tumbes. Algunos años después comenzaron las faenas del proyecto presentado por la empresa Maquinarias Solar y Cía Ltda., representada por el Sr. Cristian Solar Price. Lo que nadie se esperaba es que con el transcurso de los años harían estallar con explosivos las playas y cerros circundantes, eliminando una zona recreativa y de sustento económico para muchas familias.
Según la Declaración de Impacto Ambiental que presentó la empresa de áridos «El proyecto consiste en la explotación de una cantera de rocas intrusivas, del tipo granodioritas y microdioritas, con el objeto de producir material pétreo o áridos para ser utilizados en obras de infraestructura y construcción. Tal actividad incluye el montaje de una Planta Chancadora, con los servicios asociados».
El documento afirma que «La operación del proyecto se efectuará de acuerdo a las siguientes actividades: perforación, tronadura, selección, chancado y acopios». Agregando que «La perforación permite introducir en la masa rocosa los explosivos, los que se disponen de acuerdo a un plan previamente trazado por personal experto».
Un vecino de Tumbes muy conocedor del territorio ya que se desempeña como pescador artesanal, explicó que «Toda la vida fuimos para allá, antiguamente salía harta alga ahí, harto marisco y cuando se empezó a hacer eso… una contaminación de tierra que hubo mató todo eso y como tú te diste cuenta se perdió el terreno de playa igual»
Además agregó «Como se vio ahora, tú te das cuenta, cuántos árboles se echan abajo, cuánta contaminación, cuánto marisco muerto, cuántas algas muertas. Ahora ya no va gente, antes iba gente a trabajar para allá».
En 2017 el proyecto cambió de empresa titular por la Sociedad Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda, que tiene como representante legal a Francisco Javier Cordero Sepúlveda, como expresan documentos del SEIA.
Imagen de Parque Tumbes que busca conservar parte del ecosistema ubicado en la Península afectada por el proyecto de extracción de Áridos
Cabe destacar que en los documentos del SEIA se establece una vida útil del proyecto de 10 años, sin embargo, ya han pasado 14 desde su aprobación, lo que genera incertidumbres respecto a posibles irregularidades en este sentido.
RESUMEN intentó comunicarse con la empresa Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda pero no dieron declaraciones con respecto a la destrucción de estas playas.
Además debe recordarse que en las inmediaciones se encuentra el Parque Tumbes un lugar que pretende conservar parte del ecosistema de la península que ha sido fuertemente intervenido por instalaciones de la Armada y la plantación masiva de monocultivo forestal.
Las zonas costeras en todo el mundo sufren impactos directos e indirectos de la acción humana, los cuales incluyen la contaminación del agua con desechos industriales o urbanos, contaminación con plástico y basura de todo tipo, procesos de cambio de uso de suelo y erosión. Esto además de la mala gestión territorial, que incluye la privatización de terrenos junto a la costa. Y todo en un contexto general de aumento del nivel del mar derivado del cambio climático.
La destrucción de esta playa es un nuevo golpe para la comuna de Talcahuano, históricamente afectada por la gran cantidad de actividades industriales contaminantes provenientes de siderúrgicas, petroquímicas, pesqueras y metalmecánicas, entre otras.
(Español) México y las probabilidades de morir por ser ambientalista
Por Ñaní Pinto y Javier Ruiz
Fidel Heras Cruz era un campesino y ambientalista que se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la presa hidroeléctrica de usos múltiples denominada “Paso de la Reina”, proyectada en el estado de Oaxaca, al sur de México. Un proyecto que ha retomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde febrero del año 2020. Este campesino fue asesinado, el pasado 21 de enero, alrededor de las 6 de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, del municipio de Jamiltepec, en el mismo estado.
En un comunicado, las autoridades ejidales de Paso de la Reyna, comunidad ubicada en Jamiltepec, y el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), del cual era miembro, denunciaron que Heras Cruz había sido amenazado en días anteriores. “El agente municipal Filogonio Martínez Merino fue alertado por la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo en el paraje El Zanate, por lo que dio parte a la policía y pidió le acompañaran. Le escoltaron hasta llegar al poblado”, de acuerdo con el documento.
Además, en el comunicado señalaron conflictos vividos en la comunidad. Desde 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Marquez, ha insistido en ingresar al Río Verde para extraer material pétreo. Ante esta acción, la comunidad inicialmente se opuso, sin embargo, se vio obligada a suscribir un convenio de explotación.
Debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones los pobladores se negaron a que continuara con la explotación del río. “La crisis más grave ocurrió en agosto de 2020 cuando la familia Iglesias y Rivas Marquez presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río”, sostuvieron los ejidatarios en el documento.
El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Heras Cruz rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado. En dicha sede, de acuerdo con el comunicado, se acordó invertir los recursos de la extracción. “Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias y Rivas Marquez a la comunidad. También se mencionó que era importante que el comisariado cobrara el adeudo”, señalaron los pobladores en dicho comunicado.
Diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en México han expresado su indignación por el asesinato. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) condenó el asesinato y exigió “una investigación a fondo y el castigo para los autores materiales e intelectuales del crimen”.
Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca también se pronunció y condenó el asesinato. Luego que el organismo tuviera conocimiento del hecho que privó de la vida al defensor del Río Verde, inició el expediente DDHPO/CA/022/(09)/OAX/2021. El órgano pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dictar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, para garantizar su integridad.
La hidroeléctrica
A pesar de que el mandatario de México, López Obrador, sostuvo el 20 de enero de 2020 en su conferencia matutina, que “no se construirán nuevas presas” y que “no se realizaría la presa Paso de la Reina en Oaxaca”, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció la fase siguiente de este proyecto. Es así que esta instancia de gobierno aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad regional, para la generación de energía renovable PH Río Verde, promovida por la empresa privada ENERSI S.A. de C.V.
Tras el activismo de Heras Cruz y otros ambientalistas en el proceso de defensa del Río Verde, se ganó un amparo contra el mencionado proyecto, en el cual se determinó salvaguardar 300 cuencas de aguas mexicanas, entre ellas, Paso de la Reina.
México y la probabilidad de morir por ser ambientalista
De acuerdo con datos de la Semarnat, en México existen más de 500 conflictos socioambientales, los cuáles presuponen “una confrontación entre los intereses sociales y los intereses económicos”, según esta instancia de gobierno.
La probabilidad de morir asesinado por oponerse a los intereses económicos, en México, continúa con el gobierno de López Obrador, ya que en su agenda se vienen acelerando complejos que se detuvieron por la resistencia de los pueblo ejercida contra los gobiernos que le precedieron. El inicio de su gobierno, en 2019, quedó marcado por el asesinato del campesino y ambientalista de 36 años, Samir Flores. Este indígena náhuatl se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la central termoeléctrica y un gasoducto en ese estado. Ambos complejos formaban parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).
En lo que va del gobierno de López Obrador, por lo menos 20 ambientalistas han sido asesinados en México, incluso en el primer año de la pandemia del Covid-19. Hasta el 24 de septiembre se habían registrado once ambientalistas asesinados: tres en Michoacán, tres en Oaxaca, uno en guerrero. Los demás en Veracruz, San Luis Potosí y Baja California.
La situación de los pueblos en resistencia en México se puede agudizar aún más, ya que el periodo de gobierno de López Obrador casi llega a la mitad y la amplia agenda de proyectos se van acelerando conforme pasa el tiempo. Sus inversiones más ambiciosas se han enfocado hacia el sureste de México con el denominado Tren Maya y el Corredor Interoceánico, una región con una amplia presencia de pueblos originarios de este país.