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La Zarzamora

(Español) 12 de Octubre 2021: Piñera decreta Estado de Excepción Constitucional en Wall Mapu, Territorio Mapuche

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Por: La Zarzamora

Este martes 12 de Octubre, como una muestra más de la continuidad del colonialismo, el “gobierno” autocrático de Piñera, impuso nuevamente un Estado de Excepción Constitucional, específicamente en el territorio mapuche (Wall Mapu) bajo la excusa del combate al “narcoterrorismo”, esto en el contexto de un potente aumento de lof en recuperación territorial. Coincidencia o no, este nuevo ataque racista se perpetra cuando se cumplen 529 años de la invasión europea a Abya Yala, iniciándose ahí la colonización y explotación del territorio y sus pueblos ancestrales.

Durante la semana, camioneros de diferentes empresas realizaron pequeños cortes de camino, en las rutas de la llamada Macro Zona (antes zona roja), acompañados del ya “tradicional” asado y el también ya conocido cuidado de Carabineros de $hile; así al menos se podía observar en la ruta hacia Coronel que se vió interrumpida intermitentemente, mientras los “manifestantes” se “distraían socialmente” a orilla de camino. Esto sumado al sensacionalismo acostumbrado de medios como Radio Bío Bío, provocó una alarma colectiva que terminó con filas interminables de autos en las bencineras de lugares como Cañete y alrededores.

Así comenzó la justificación mediática para la nueva entrada represiva a Wall Mapu, contra las graves “alteraciones al orden público” en las cuales no caben las alteraciones que realizan grupos paramilitares, ni camioneros, ni empresarios. Las “alteraciones”, en realidad corresponden al aumento de los procesos de recuperación territorial de las comunidades empobrecidas por la industria forestal y el latifundio colonialista.

Los territorios amenazados con este nuevo Estado de Excepción constitucional comprenden: las provincias de Arauco, Malleco y Cautin, territorios que han potenciado sus procesos de recuperación y control territorial, generando la reacción del empresariado del rubro forestal y de transporte, sectores representados en la oligarquía gubernamental, que no dudó en fortalecerles y ocuparles como motor para justificar esta nueva arremetida represiva.

Esta imposición racista y colonialista se hará efectiva por 15 días, y podría aumentarse por 15 días más si el congreso chileno lo respalda. Así mismo, el nefasto presidente autoimpuesto de $hile, instaló jefes de defensa tanto en la región de la araucanía como en la del Bío Bío, quienes tienen la facultad de utilizar las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, significando esto una verdadera amenaza para la vida de las comunidades, la niñez mapuche (ya fuertemente violentada por el aparato represivo) y para el territorio.

Si $hile incurre en la agudización de la violencia racista, nuevamente el estado fascista estaría ignorando su suscripción a diferentes acuerdos internacionales como lo son el Convenio 169 de la OIT (que resguarda los derechos humanos, laborales y justicia social de “los pueblos indígenas y tribales”) y eventualmente la Convencion de los derechos del niño y la niña, como lo hemos presenciado en cada incursión violenta del estado en territorio mapuche.

Hacemos hincapié en la defensa de la niñez mapuche, recordando y repudiando los COBARDES e INTOLERABLES HECHOS ocurridos el día 7 de enero de este año ejecutados por las fuerzas represivas de $hile, en los cuales fueron vulneradas física y psicológicamente niñas y niños mapuche, por ratis y pacos del estado, en donde impactaron fuertemente las imágenes de la violencia ejercida hacia la pequeña hija de Camilo Catrillanca y un audio que dejaba crudas evidencias de torturas sicológicas y físicas hacia niñas mapuche.

A 529 años del inicio de la invasión a Abya Yala, los pueblos ancestrales continúan resistiendo y luchando contra el colonialismo.-

No más militarización del wall Mapu.

¡¡Niñez mapuche libre!!

¡¡Fuera forestales y proyectos extractivistas del territorio!!

* No separamos opinión de información. Nuestras noticias contienen un posicionamiento político editorial. No insista.

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Congreso Nacional Indígena | Concejo Indígena de Gobierno

(Español) PRONUNCIAMIENTO DEL CNI-CIG A 25 AÑOS DE RESISTENCIA Y REBELDÍA

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A los pueblos del Mundo,

A los medios de comunicación. 

 

Hoy, a 25 años de que decidimos caminar en la lucha, la resistencia y la rebeldía, con el acompañamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), somos el Congreso Nacional Indígena y nos dirigimos a los pueblos del mundo para decirles nuestra palabra:

El 12 de octubre de 1996, contando con la descomunal presencia de la Comandanta Ramona, del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN, a raíz de lo cual empezaría a resquebrajarse el cerco impuesto en contra de éste; y con la participación de más de 3 mil delegados de todo México, por primera vez los pueblos originarios pudimos reunirnos y conocernos para soñar un espacio organizativo propio, el Congreso Nacional Indígena (CNI), bajo los 7 principios del “Mandar Obedeciendo” que propulsara un país diferente, en el cual pudiéramos ser plenamente reconocidos en nuestros derechos y culturas.

Como antecedente de este histórico evento realizamos dos foros nacionales previos y acompañamos la Marcha del Color de la Tierra protagonizada por el EZLN, en el año 2001, con el fin de presionar al Estado mexicano para el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés “Sobre Derechos y Cultura Indígena”. A esta Marcha siguieron la traición de los Acuerdos de San Andrés por todos los partidos políticos y los poderes del Estado; el olvido de nuestra lucha por parte de quienes la habían convertido en moda pasajera, la desorganización de una parte del movimiento indígena, la continuidad del CNI a través de su región Centro-Pacífico (hace 20 años); la decisión de hacer nuestra la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, asumiendo la lucha anticapitalista, de abajo y a la izquierda, lo que nos valió un mayor aislamiento de la clase política autonombrada de izquierda, de ong´s y de “personalidades” que antes habían proclamado ser nuestros amigos y nuestros aliados.

En estos 25 años aprendimos que es la lucha por la vida nuestra palabra colectiva y que como desde hace más de 500 años, los despojos de nuestras tierras, cultura y formas de vida nos duelen, nos llevan a organizarnos y a luchar. Hoy, el despojo y la explotación capitalistas hechos guerra, son para llevar a cabo grandes y peligrosos megaproyectos que siembran la muerte en todas las geografías indígenas de México, y con el imperio de la violencia buscan garantizar las ganancias de las bandas criminales y de la red económica y política que los sostiene; que es la misma que no cesa en su afán de ver exterminados a nuestros pueblos. Esa guerra que vivimos en las comunidades de México, que nos ha llenado de luto y de rabia, la hacen los políticos, las empresas y bandas delincuenciales, que juntos, son el gobierno de México y sirven a un sistema mundial que es el capitalismo.

En su nombre, los gobiernos de antes y de ahora han cometido graves crímenes para reprimir a nuestros pueblos, cuando en colectivo hemos decidido nuestro destino; y no olvidamos la guerra sucia con sus miles de ejecutados, torturados y desaparecidos, la masacre de Acteal en Chiapas, la matanza de Aguas Blancas, los asesinatos de Betty Cariño, del maestro zapatista Galeano, del niño Hidelberto Reyes en la comunidad de Santa María Ostula y de nuestro hermano Samir Flores Soberanes; o la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; no olvidamos a nuestros hermanos desaparecidos como Sergio Rivera Hernández de la organización MAIZ; ni a nuestr@s compañer@s pres@s por luchar y perseguidos por pensar y ser cabales en defender lo que es sagrado, como Fidencio Aldama de la Tribu Yaqui y Fredy García Ramírez del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, en Oaxaca.

Nosotras, nosotros, somos ell@s y desde nuestras asambleas comunitarias y gobiernos autónomos, no pararemos de construir la justicia, de exigir el castigo a los culpables de esos crímenes y de no dar un solo paso atrás en la lucha por la vida, que fuera también la causa de tod@s l@s que hoy nos faltan.

A 25 años de esta lucha de resistencia y rebeldía, decimos claro: queremos nuestros territorios libres de megaproyectos de muerte. No queremos el tren Maya que convierta todo el sur sureste de nuestro país en un eslabón del capital trasnacional, en las vías y sus alrededores, la extracción, contaminación, destrucción, despojo y privatización en toda la región. No queremos el corredor transístmico que convierta en una fábrica de energía eólica, maquilas y explotación de minerales zonas enteras desde el océano pacífico hasta el Golfo de México, ni queremos el Proyecto Integral Morelos que atenta contra el territorio de comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos en los pueblos del volcán Popocatépetl y que reprime con la muerte a quienes cuestionan o se oponen, como al compañero Samir Flores Soberanes.

Así, en el año 2018, reconociéndonos los unos a los otros en las diferencias geográficas y culturales, constituimos, con concejales mujeres y hombres de los pueblos indígenas integrados al CNI, el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), que se hizo nuestra voz de cara a la Nación y al Mundo, voz con la que habló y habla nuestra Vocera Marichuy. En aquel año, junto con el EZLN, le hablamos al país y en respuesta recibimos la participación del pueblo de México en la recolección de firmas para figurar en las boletas electorales durante el recorrido del CIG por todo el país. Entonces, nos dimos cuenta de que la lucha por la vida y la urgencia por reconstruir sobre lo destruido por el capitalismo, se habla en todas las lenguas y en todos los sectores sociales de este México. Cada quién a su modo, a sus tiempos y sus formas.

Y este año, en la Gira Por la Vida, junto con la delegación del EZLN, vemos a la Europa rebelde, de abajo y a la izquierda; y escuchamos su palabra que es también la lucha por la vida. Con su resistencia y rebeldía, y con la nuestra, nos entendemos porque soñamos un mismo mundo, en el que quepamos todas y todos.

Hoy, a 25 años de distancia, CONVOCAMOS a tod@s aquell@s que en lo colectivo o en lo individual son parte del CNI, o han acompañado, así sea como observadores, su paso en este cuarto de siglo, a una REFLEXIÓN COLECTIVA PROFUNDA que, a través de reuniones, foros, conferencias y actividades de toda índole que se realicen a partir de este 12 de octubre y hasta el 12 de octubre del año 2022, culminando con una gran Asamblea, busque respuesta a la pregunta “¿Qué sigue?”.

Con tod@s buscamos tener un solo oído y escuchar lo que la resistencia y la rebeldía en el mundo tienen que decirnos para conocernos y organizarnos desde la geografía de abajo, desde donde las cosas que definen el futuro, donde comienzan a sanar la tierra y nuestros pueblos tras el desastre mundial, realmente están sucediendo.

Atentamente

A 25 años resistencia y rebeldía

Por la reconstrucción integral de nuestros pueblos

Nunca más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena

Concejo Indígena de Gobierno

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La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

(Español) A 99 días del cobarde asesinato de Simón Pedro, denunciamos negligencia y nula voluntad de la Fiscalía General del Estado de Chiapas

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

 

11 de octubre de 2021.

 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

Estamos a 99 días del cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, denunciamos la negligencia y nula voluntad de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para investigar y hacer justicia conforme a derecho de dicho crimen.

Da pena ajena cuando el abogado del asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, que exigió la exhumación del mismo para la autopsia de ley, porque asegura que la consecuencia de la muerte de Simón Pedro fue por una enfermedad que él padecía y no por los dos disparos de arma de fuego que recibió en la cabeza. Además, no cree que nuestro compañero y hermano haya sido defensor de la vida y de la Madre Tierra y también por ello solicitó pruebas.

Ante tal circunstancia, la familia de Simón Pedro y la Organización Las Abejas de Acteal, tomamos la decisión de aportar las pruebas necesarias y así mismo accedimos a la exhumación a pesar de ir en contra de nuestra cultura, ya que si no se cumplían con dichos requisitos el sistema de justicia en Chiapas dejaría en libertad al asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro y eso nunca lo permitiremos.

Nuestros abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., encargados de llevar el caso de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, junto con la familia de Simón, desde el 13 de agosto presentamos la solicitud para la exhumación y autopsia de Simón Pedro y con lo cual no se ha realizado. Y tampoco se han recabado las otras pruebas que existen para el esclarecimiento de los hechos, ni tampoco se ha seguido la línea de investigación respecto que el asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, fue por su trabajo en la promoción y defensa de la vida y de la Madre Tierra. Según la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas su pretexto de que no han avanzado en el caso de Simón Pedro, es que su equipo de trabajo se enfermó de Covid, cosa que no lo creemos, porque tenemos experiencia que sus usos y costumbres son las mentiras.

Que entienda la Fiscalía de Justicia del Estado Chiapas, que no es un favor lo que le estamos pidiendo, sino que le exigimos que cumpla con su obligación. Y que no tome ese mismo camino el que tomaron los administradores de justicia ante el Caso Acteal al propiciar la dilación de justicia para las víctimas y familiares de la Masacre de Acteal y así los abogados de los paramilitares tuvieron la oportunidad de encontrar maneras para liberar a los asesinos de niñas y niños y de mujeres embarazadas masacradas en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Ante evidente agravio al derecho de justicia expedita, pronta e imparcial del caso del asesinato cobarde de Simón Pedro, les pedimos a todas las personas de buena voluntad a que exijamos a la Fiscalía y a los tres niveles de gobierno que hagan su trabajo y que no sigan empeñados a encubrir a los asesinos, mientras Chiapas se desangra por la violencia que está aconteciendo día a día.

Y Si la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas no nos entrega resultados positivos y a tiempo, no descansaremos en actuar hasta que el crimen de Simón Pedro, sea juzgada y no simulada.

Por ahora es todo.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

 Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                 Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                 Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez                             Pedro Pérez Pérez

Tesorero                                                 sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

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Avispa Midia

(Español) Piden justicia para Fanny Guadalupe

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Por Rafael E. Lozano

Un grupo de mujeres jóvenes se manifestó en la explanada del Templo de Santo Domingo, en la capital de Oaxaca, para exigir justicia para Fanny Guadalupe, de 16 años de edad. “Desde nuestra digna rabia nos unimos al llamado de exigencia de justicia por el feminicidio de Fanny Guadalupe, mujer indígena ayuuk”, gritaron desde las escaleras de la explanada, “así como un alto a la ola de violencia feminicida que azota nuestro estado”.

La muerte de Fanny es investigada bajo protocolo de feminicidio por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desde el 29 de septiembre de este año, luego de que activistas exigieron se investigara como feminicidio y no como suicidio.

Los hechos sucedieron el 26 de septiembre de 2021, en la comunidad de El Porvenir, perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón, en la zona Mixe de Oaxaca. Sin embargo, denuncian que casi un mes antes Fanny Guadalupe López Nolasco había denunciado ante la FGEO violencia de género, amenazas y abuso por parte de un agente municipal de su localidad.

Las mujeres reunidas en la explanada explicaron que poco antes de su muerte, “tras la denuncia presentada, Fanny Guadalupe sufrió hostigamiento y acoso para que se desistiera del proceso legal que había iniciado, temiendo por su integridad y su vida”. Algo similar está sufriendo ahora su familia por denunciar su muerte: “desde la muerte de Fanny se han acrecentado los actos de hostilidad contra su familia”, denuncian las jóvenes.

También se manifestaron por el reciente “hallazgo de una mujer de 27 años y una menor de un año en un camino de terracería entre Nazareno, Etla y Alemán, Zautla, con lo que se registran 558 feminicidios en lo que va del actual sexenio del gobernador Alejando Murat Hinojosa”.

Desde el 1ro de diciembre de 2016, día en que Alejandro Murat tomó protesta como gobernador de Oaxaca, la Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca ha documentado 3,030 agresiones contra mujeres en el estado, de las cuales 558 son feminicidios.

Al final, las manifestantes conmemoraron a Angélica Flores Villa, María del Sol Cruz Jarquín, Fanny Guadalupe López Nolasco y “todas aquellas que nos han arrebatado” con una ofrenda de velas y consignas hechas con gis de colores en el suelo. “Hoy las nombramos y exigimos justicia”, concluyeron.

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Prensa Comunitaria

(Español) #ElEstor Bloqueos ProMinera y campañas de desprestigio contra autoridades maya Q’eqchi’, pescadores y periodistas

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Por Concepción Mucú Cuz

Desde que las comunidades organizadas decidieron declararse en resistencia pacífica, no se han hecho esperar los ataques en redes sociales, También se montaron dos bloqueos, uno que hace cobros ilegales a vehículos, ubicado cerca de la Finca El Recreo en la salida a Río Dulce. El otro se encuentra después de la Colonia Minera, éste en apoyo a la empresa. Se observa en el lugar que colgaron mantas señalando a Abelino Chub dirigente indígena maya Q’eqchi’ y al profesor Enrique Quinich, como responsables del “bloqueo”.

Abelino Chub, en la actualidad forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Chub además estuvo preso injustamente durante más de dos años, desde el 2017 hasta que un tribunal resolvió su libertad y quedó demostrado que le habían denunciado sin pruebas, la empresa Inversiones Cobra S. A. Y CXI S. A.

En sus redes sociales Abelino escribió “Cualquier atentado contra mi persona, el responsable será la Minería CGN-PRONICO y ministerio de Energía y Minas. No es posible que hermanos como los que aperecen en estas fotografías se prestan para beneficiar a la empresa.

Hago responsable a la institucionalidad del Estado y a la empresa cualquier hecho contra mi persona, mi familia, a las personas quiénes resisten en defensa de la vida y el territorio.”

La campaña de ataques y difamación en redes sociales anónimas y páginas de Facebook, contra Abelino Chub, dirigentes de la Gremial de Pescadores y el periodista Carlos Ernesto Choc.

Estas páginas y personas, son conocidas por hacer propaganda y publicidad a favor de la municipalidad y las empresas.

Resistencia pacífica

Desde la madrugada del 4 de octubre, se encuentran en un plantón permanente en la entrada a la cabecera del municipio. Esto impide el ingreso de los camiones de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway. El resto de vehículos particulares y paso peatonal, circula con toda normalidad.

Pese a esto agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) esta mañana se acercaron al lugar de la resistencia, para preguntar si dejarían pasar a los camiones de la empresa minera u otros camiones, la gente respondió

“Aquí no pasan todos los camiones de la empresa minera, sólo hay paso para los que no tienen que ver nada con la empresa”.

“Allá dejan pasar y no hay problema” indicó unos de los agentes al referirse a los dos grupos que se organizaron para cerrar el paso y cobrar a cada vehículo que pasa.

“Duele e indigna nuestra exclusión del Estado rasista, opresor y dictador” se lee en unos de los carteles que las autoridades indígenas, han colocado donde realizan la manifestación.

“Ahora somos nosotros los que no le permitimos al Estado que nos excluya” expresó una autoridad comunitaria quien no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.

Bloqueos a favor de la empresa

Desde el 6 de octubre, en apoyo a la minera con carteles y pancartas, un grupo de personas está ubicado cerca de la colonia de la compañía de níquel CGN-Pronico, en la ruta a Panzós.

El otro bloqueo se ubica cerca de la finca el Recreo. Estas dos acciones perjudican la manifestación pacífica, de las autoridades del Consejo Ancestral y la Gremial de Pescadores. Ésta tiene como objetivo rechazar las acciones del Ministerio de Energía y Minas en la preconsulta por el proyecto minero Fénix, que ha dejado fuera a los representantes de las comunidades que fueron nombrados en asamblea.

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Avispa Midia

(Español) Oaxaca: Se manifiestan contra la minería canadiense

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Por Rafael E. Lozano

A tres años de que la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines ubicada en San José del Progreso, Oaxaca, derramara desechos tóxicos de su presa de jales en el río Coyote, clausuraron el 8 de octubre el evento denominado “Encuentros Indígenas Canadá – México”, impulsado por la Embajada de Canadá en México. Colectivas, pueblos y comunidades indígenas se manifestaron en el Jardín el Pañuelito, del Centro Histórico de la capital de Oaxaca, para expresar su rechazo ante el supuesto hermanamiento entre ambas naciones.

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Así lo expresaron manifestantes y habitantes de comunidades afectadas por la minería canadiense en Oaxaca que acudieron a la convocatoria que circuló días antes. En el documento se puede leer que “la titular de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos (SEPIA) mencionó que en esta celebración no se tocará el tema de la minería. (…) Las comunidades y colectivas afectadas por proyectos mineros y con concesiones adjudicadas a empresas canadienses, consideramos de vital importancia posicionar el tema de la minería en la discusión pública”.

Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de dicho país.

En lo que respecta al estado de Oaxaca, existe un total de 47 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales 33 son de empresas canadienses y tres más de asociación Canadá-Australia.

Uno de los representantes de la comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez, quien reservó su nombre por seguridad, expresó durante la manifestación que Capulálpam lleva más de 15 años en una lucha constante para proteger su territorio “en contra de la contaminación y en contra del saqueo y en contra del riesgo inminente de que se pierda más flora fauna y los bebederos de agua”.

En febrero de 2015 dicha comunidad indígena interpuso una Demanda de Amparo en contra de las concesiones mineras otorgadas sin su consentimiento, dentro de territorio comunal, a la canadiense Continuum Resources LTD, a la Compañía Minera la Natividad y anexas y a otros particulares, entre 2002 y 2005.

Sin embargo, la actividad minera continuó a pesar de que en octubre de 2019 el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Oaxaca les concedió el amparo y ordenó cancelar las concesiones mineras.

El comisariado de bienes comunales de Capulálpam de Méndez denunció desde entonces que la Compañía Minera Natividad y anexas continua con el saqueo de oro y plata en tierras comunales, aún sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental y luego de ser denunciado el derrumbe de tres presas de jales con desechos contaminantes al Río Capulálpam, la contaminación con plomo y arsénico de fuentes de agua, la desaparición de trece acuíferos debido a las obras mineras, y otras afectaciones.

“No tenemos acceso a la justicia”, expresó el representante de Capulálpam de Méndez, “a seis años de distancia [de iniciar el Amparo] no tenemos nada claro. Después de obtener un fallo a favor por un juez, la compañía minera y la misma Secretaría de Economía impugnan esta resolución y nos encontramos en esa fase de impugnación. Mientras tanto, la compañía minera sigue trabajando tranquilamente”.

También participaron habitantes de Magdalena Ocotlán, quienes conmemoraron tres años desde el derrame de desechos tóxicos que contaminó el Río Coyote que cruza su comunidad, en el que se identificaron metales como hierro, aluminio y plomo por arriba de lo que permiten las normas nacionales para uso pecuario y riego agrícola.

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“No podemos hablar de que Oaxaca está congratulada con el Estado de Canadá y realizar este encuentro de hermandad”, explica una persona de Magdalena Ocotlán cuyo nombre se reserva para proteger su identidad, “porque existe saqueo, existe destrucción y los gobiernos tratan de disimular todo aquello que nos perjudica haciendo ese encuentro”.

Asimismo expresa que “desde que la empresa canadiense Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, se establece en los Valles Centrales de Oaxaca, ha causado un sinnúmero de problemas: ha causado desestabilidad en los pueblos, ha causado muerte, ha causado despojo, por eso estamos aquí denunciando todas estas arbitrariedades”.

Las y los manifestantes también leyeron un comunicado alusivo a las actuales resistencias indígenas en Canadá en contra del gasoducto “Coastal GasLink”, y recordaron el reciente hallazgo de más de mil cuerpos de niñas y niños indígenas en fosas clandestinas ubicadas en las inmediaciones de antiguos internados para menores.

Finalmente invitaron a aquellas personas, artistas y organizaciones que participaron en los “Encuentros Indígenas Canadá – Oaxaca 2021” a reconsiderar su participación y reflexionar sobre los intereses a los que responde dicha iniciativa.

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FrayBa

(Español) Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos

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Comunicado

Familiares y sobrevivientes de tortura en Chiapas, nos encontramos para unirnos, hacer familia, abrazo y voz colectiva. Hemos compartido nuestra lucha y esperanza para logar la justicia, la libertad y la reparación integral de todos los daños que el Estado nos ha causado.

Les informamos que hemos decidido crear la organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”, hemos reflexionado y pensando en torno a la tortura y nuestros casos, por eso hemos decidido organizarnos para ser escuchadas y escuchados, atendidas y atendidos y acabar con la tortura, la corrupción, la humillación de las personas inocentes que están en las cárceles.

Nuestra demanda al Estado mexicano es que exigimos para nuestros presos, justicia con verdad, libertad con dignidad, agilidad y eficiencia en los tramites.

Asimismo, hacemos una invitación a otros familiares que tienen nuestros mismos problemas para sumarse a nuestra lucha contra la tortura.

A la sociedad en general le invitamos a conocer la situación de quienes hemos sufrido las injusticias de la tortura y el encarcelamiento injusto. Que no nos estigmaticen más.

Exigimos también investigación y castigo a todos los responsables de la tortura.

Atentamente,

Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”
San Cristóbal de Las Casas,
La Concordia,
Pichucalco,
Jiquipilas,
Palenque,
Playas de Catazajá,
Teopisca,
Villaflores,
Chillón,
Cintalapa,
Venustiano Carranza.

San Cristóbal de Las Casa Chiapas, México
A 8 de octubre de 2021

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Avispa Midia

(Español) Yaquis: entre el perdón del gobierno y la presión por gasoducto

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Por Santiago Navarro F

En portada: Trecho del Gasoducto Sonora que pasa por la comunidad de Loma de Bácum. Foto: Santiago Navarro F.

El pasado 29 de septiembre se publicó oficialmente un decreto donde el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, restituyó 2 mil 900 hectáreas del territorio de la Tribu Yaqui, en Sonora. Reconoció el derecho a este pueblo originario de utilizar el 50% del agua del río Yaqui para uso agrícola en el territorio de los ocho pueblos que conforman la Tribu. El resto del agua es para productores a gran escala y las zonas urbanas más destacadas de la región, incluyendo la capital de esta entidad, Hermosillo.

La noticia fue emitida en una ceremonia pública en el municipio de Vicam, donde el mandatario pidió perdón por los agravios cometidos por los gobiernos que le antecedieron hacia los ocho pueblos originarios que componen la Tribu Yaqui: Loma de Bácum, Huirivis, Rahum, Potam, Vícam, Tórim y Corit o Loma de Guamúchil.

A escasos metros del evento se encontraba la autoridad tradicional de Loma de Bácum que, al igual que la gente de su comunidad, conocida como la Tropa Yoeme (niños, mujeres, hombres y ancianos), no se le permitió el acceso al evento.

La autoridad que representó a la comunidad de Loma Bácum en este evento, y en las negociaciones previas, no ha sido elegida de forma tradicional por esta comunidad y tampoco ha tenido el consentimiento de la Tropa Yohemia.

Acto del gobierno federal para la firma del Plan de Justicia para la Nación Yaqui

“Nosotros desconocemos a esta autoridad porque son los que atacaron (en 2016) con armas de fuego a la autoridad legítima y toda la comunidad para intentar imponer el cruce de un gasoducto por nuestra comunidad”, señaló Carmen García, de Bácum y esposa de Fidencio Aldama, integrante de la Guardia Tradicional que reconoce la comunidad de Bácum.

Fidencio fue detenido el mismo año en que el grupo armado irrumpió en la comunidad. Fue condenado a 15 años y seis meses de prisión por cargos falsos relacionados con la muerte de una persona. Hoy, personajes que conformaron este grupo de choque fueron los que se han sentado con el resto de los pueblos para recibir la noticia del decreto por parte del gobierno.

Carmen dice para Avispa Midia, “todo empezó porque querían imponer a una autoridad que aceptara el gasoducto”, el colmo dice, “es que llegaron armados y disparando. Mi esposo era parte de la Guardia Tradicional y, junto a los demás miembros, pues intentaron proteger a la comunidad. Entonces inculpan injustamente a mi esposo. A pesar de que presentamos pruebas que muestran todo lo contrario a lo que han montado, como el tipo de armas que usan legalmente nuestra guardia y el arma con la que se perpetró el asesinato. A la detención de mi esposo se suma la desaparición de diez integrantes de nuestra comunidad, esto sucedió desde el mes de marzo. Lo que pretenden es debilitar a nuestra comunidad para dar paso al gasoducto y proyectos mineros en la región”, arremete Carmen.

El gasoducto al que se refiere Carmen es un proyecto que inició en 2012 para la construcción y operación del sistema de transporte de Gas Natural denominado Gasoducto Sonora. Este complejo es propiedad de le empresa estadounidense Sempra Energy y es operada por su filial en México, IEnova. Un complejo dividido en dos segmentos que en total suman 830.56 kilómetros: Segmento I, denominado Gasoducto Sásabe – Guaymas (GSG); Segmento II, denominado Gasoducto Guaymas – El Oro (GGO), fracción que atraviesa el territorio indígena Yaqui.

La abogada Yaqui, Anabela Carlón, de Loma de Bácum, sostiene que el escenario de violencia vivido en esta región está vinculado al intento de implementar una serie de proyectos en sus territorios. “Los desaparecidos eran personas que se habían opuesto a la explotación minera, a la construcción del Acueducto Independencia, que suministra agua a la capital de Hermosillo, y al Gasoducto Sonora que fue proyectado para pasar a 300 metros de la comunidad”.

“Dos días después de que fueron desaparecidos nuestros hermanos, nos tenían que informar sobre las medidas para la reubicación de este gasoducto porque nosotros mantenemos nuestra postura de no dejar que cruce por Loma de Bácum. Después de las desapariciones no supimos más y hoy nos traen este decreto que, a pesar de decirnos que nos beneficia, no conocemos con profundidad lo que realmente implica”, puntualiza la abogada, ya que el gobierno federal legitima la autoridad indígena que está a favor de los proyectos.

Presión para concluir el gasoducto

Se supone que esta corporación brindaría al gobierno de México el servicio de transporte y venta de gas extraído en Estados Unidos mediante el método conocido como Fracking, desde el año 2014. Aunque nunca concluyeron esta infraestructura, por tanto, no han brindado nada de gas.

Sin embargo, el documento Estados Financieros Consolidados y Auditados de Sempra Energy de 2021 anuncia a sus inversionistas que su filial IEnova recibió pagos apegados a la cláusula “de fuerza mayor”. Es decir, de acuerdo con el contrato firmado, el gobierno mexicano tiene la obligación de pagar a la empresa, aunque dicha empresa no brinde el servicio. IEnova acusa el pueblo de Bácum de ser el culpable, ya que no permite que el gasoducto pase por su territorio. Estos pagos fueron desde 2017 hasta 2019.

El gobierno de Obrador renegoció con IEnova los contratos firmados antes de su administración por considerarlos “ventajosos y leoninos”. Resolvieron que los pagos por “fuerza mayor” se suspenderían y los pagos por los servicios se reanudarían cuando se repare la sección dañada del segmento Guaymas-el Oro, que se encuentra en Loma de Bácum.

El informe de Sempra Energy alertaba que “si el ducto no se repara antes del 14 de marzo de 2021 y las partes no acuerdan una nueva fecha de inicio del servicio, IEnova se reserva el derecho de rescindir el contrato y tratar de recuperar sus costos razonables y documentados y sus ganancias perdidas”.

Además, advierte, “si IEnova no puede hacer tales reparaciones (que no han comenzado) y reanudar las operaciones en el segmento Guaymas-el Oro del ducto Sonora o si IEnova rescinde el contrato y no puede obtener recuperación, puede haber un impacto adverso importante en los resultados de operaciones y flujos de caja de Sempra Energy y en nuestra capacidad para recuperar el valor en libros de nuestra inversión”.

Sempra-IEnova pagó a militares y sicarios para imponer gasoducto en territorio Yaqui

El gobierno de Obrador está haciendo hasta lo imposible para activar el funcionamiento del Gasoducto Sonora, de lo contrario, tendrá que ajustarse a las acciones de la empresa. Hasta el momento no hay una declaración oficial del gobierno mexicano sobre las posibles acciones de la transnacional estadounidense.

Hasta 2018, junto al Gasoducto Sonora, 17 ductos más, de diversas empresas, como Carso y Transcanada, cobraron sus servicios sin brindarlos, como se detalla en la investigación “Los Ventajosos Beneficios de Sempra Energy en México” realizado por Avispa Midia. El saldo fue de 16 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe financiero del año 2018 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cuando el gobierno de López Obrador asumió el poder, se sumaron 672 millones de dólares más por “pagos de fuerza a mayor” a estos proyectos que no estaban funcionando.

“Es por eso que nos llama la atención de que no hayan dejado pasar a nuestra autoridad tradicional, que obviamente, junto a la mayoría de la comunidad, nos oponemos a este proyecto. Por el riesgo que implica y porque no nos trae ningún beneficio”, dice Carmen.

La abogada dice, “si hay otros pueblos por donde quiere reubicar el gasoducto, pues que lo hagan. Aquí no hemos aceptado ningún dinero o proyecto, porque no lo queremos. Ahora queremos que aparezcan a nuestros hermanos y que liberen a Fidencio Aldama que esta injustamente en prisión”.

En el evento dónde fue presentado el Decreto, desplegaron una serie de pancartas. Resaltaba la mirada de rabia de las mujeres que, apenas dos días antes, les informaron oficialmente que habían encontrado los restos de sus familiares desaparecidos. “Ellos son cinco de diez hermanos que desaparecieron desde el 14 de junio”, dijo la abogada Yaqui quien se ha sumado a la búsqueda de los desaparecidos.

Por otra parte, este 27 de octubre, se cumplen cinco años desde que el preso político, Fidencio Aldama, se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de ciudad Obregón, Sonora. Diversos activistas y colectivos que trabajan contra las políticas carcelarias y la industria penitenciaria, que también forman parte de una campaña por la liberación de Fidencio, preparan acciones para seguir exigiendo su liberación inmediata.

radio
FrayBa

(Español) Frente a las secuelas por tortura Carlos Antonio López Robles denuncia la falta de atención médica adecuada en prisión

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  • En el marco del Encuentro compartir la esperanza de familiares y sobrevivientes de actos de tortura.

Sr. Presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos

Por medio de esta humilde carta me dirijo a usted para hacer de su conosimiento y suplicar su valiosa intervención en las diversas irregularidades que existen en mi persona por mi detención el día 29 de octubre del año 2019 por el delito de intento de homicidio simple. En donde fueron violadas todas mis derechos constitucionales y humanos ya que penetraron a mi casa con violencia y armados esposandonos a mi Sra. esposa y a mi para luego vendarnos los ojos y el cuerpo completamente ya en las instalaciones de la Fiscalía de Alto Impacto ubicado en la Cuidad capital del estado de Chiapas Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

Donde fuimos torturados con mi esposa de nombre Julia Hernández Hernández quien fue detenida y torturada con golpes y afixia con una franela en el rostro y agua probocando muchos daños graves en nuestro cuerpo de los cuales tenemos secuelas graves que dañan nuestra vida diaria en ambos. Cave mencionar que por los golpes y patadas que resivi en mi estomago estallaron mis intestinos por lo que tuve una operación para poder reparar el daño con una erida de 20 centímetros en mi abdomen de la cual nadie se iso responsable de los gastos y de nuestra hospitalisación de ambos ni de los gastos médicos, y medicamentos los cuales aun tenemos que estar tomando para el tratamiento de los dolores que aun sufrimos por los severos daños físicos, y mentales que nos mantienen con traumas sicológicos por la impotencia de esta situación jurídica. Que hasta este momento me tiene privado de mi libertad en el centro penitenciario no. 14 El Amate sin tener avance en mi enjuiciamiento por el delito de intento de homicidio simple con la causa penal no. 443/2019.

Cave mencionar que el juez de control jiró un oficio solicitando a la Fiscalía de la tortura en el estado de chiapas mismo que hasta este momento no he recibido ninguna entrevista por parte de esta Fiscalía y el área médica de este Centro se niega a darme las atenciones necesarias ni los seguimientos y valoraciones, los estudios y análisis clínicos y médicos que con mucho sacrificio emos pagado con nuestros propios recursos, ya que somo una familia de muy bajo recursos y me dirijo a usted para suplicarle y abogar su venebolencia y preste atención a mi queja, con esta carta y me pueda usted faboreser asiendo una efectiva recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Social, con la finalidad que se me sea asignado un defensor de mi oficio que me pueda defender de todas estas injusticias que estoy sufriendo y mi privación de mi libertad. Ya que por la pobreza de mi familia no contamos con los recursos necesarios para poder contratar un abogado particular que pueda llevar mi defensa confiable y conforme a derecho.

Al mismo tiempo le suplico un recomendación a la Fiscalía Contra la tortura para que se lleve acavo una investigación a fondo por la injusticia cometida en mi contra, con delitos inventados y consginaciones echos de manera corrupta e ilegal para privarme de mi livertad. Por lo que le suplico su valiosa intervención a fin de que sean jiradas las instrucciones que sean necesarias a las arreas que les corresponda a fin que se canalisen los estudios de mi exp. no. 443/2019 con la finalidad de obtener mi libertad de esta situación lo más pronto posible ya que soy inosente de este delito que se me imputa por parte de la Fiscalía de Alto Impacto. Y también le suplico gire una recomendación a la comición antitortura internacional de estambul, para el análisis de mi situación de tortura, toda ves que también mi esposa Sra. Julia Hernández Hernández quien aunque esta puesta en livertad tambien fue torturada, sin compasión como si fuera un delincuente muy peligroso por parte de la Fiscalía de Alto Impacto.

Sin nada más que desir por el momento me despido de usted. Quedando muy agradesido y en la espera de una respuesta pronta y faborable.

Respetuosamente.

Interno: Carlos Antonio López Robles
carlos Antonio lopez Robles

c.c.p. Lic. Andres Manuel López Obrador, Presidente de la república mexicana
c.c.p. A los medios de comunicación
c.c.p. la prueba de estambul
c.c.p. Fiscalía General de la tortura del Edo de Chiapas
c.c.p. Lic. Rutilio Escandón Cadenas Gobernador del estado de Chiapas
c.c.p. Al archivo del minutario

Cintalapa de Figueroa Chiapas
Centro de Reinserción Social No. 14 El Amate

Encuentras la denuncia escrita de Carlos Antonio aquí

radio
Avispa Midia

(Español) La desaparición de Claudia Uruchurtu: un iceberg que emerge en Oaxaca

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Por Rafael E. Lozano

Una versión de este texto fue publicado en Corriente Alterna

En portada: Claudia Uruchurtu, activista de Nochixtlán, es víctima de desaparición forzada desde el 26 de marzo de 2021. Foto cortesía de la familia Uruchurtu.

“¿Es un huesito de pollo o de mano?”, pregunta una de las mujeres que busca a sus familiares desaparecidos en el basurero de residuos orgánicos en los Valles Centrales de Oaxaca.

–¿A ver? –responde su compañera, y suelta la pala con que cava.

Ambas analizan el hueso detenidamente, lo comparan con su propia mano.

–No –concluye la segunda– es de pollo. Déjalo allá para que las demás lo vean.

Es 13 de agosto de 2021. Ocho mujeres y dos hombres, integrantes de la asociación civil Sabuesos Guerreras, participan en las primeras jornadas de búsqueda de la recién creada Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Oaxaca.

Van vestidas para aguantar el sol, con gorras y botas. También llevan cubrebocas y alcohol para evitar un posible contagio de covid-19. Llegaron de madrugada en tres camionetas cargadas con picos, palas y varillas que ellas mismas consiguieron.

En este tercer día de la jornada de búsqueda se les notificó que no contarían con la custodia de la Guardia Nacional, que las había escoltado por barrancas y ríos durante las dos jornadas previas. Tampoco acudirá la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. La expedición queda, hoy, completamente en manos de los y las rastreadoras:madres, hermanas, esposas e hijas que se han visto orilladas a buscar por cuenta propia a los seres que aman.

“¿A quién buscan esta ocasión?”, les preguntó la prensa unos días antes, cuando anunciaron la jornada.

“A todos”, respondieron ellas, inmediatamente.

Jornada de búsqueda y aprendizaje de técnicas para rastrear fosas clandestinas, realizada por familiares de personas desaparecidas en el estado de Oaxaca, el 13 de agosto de 2021. Foto: Rafael E. Lozano / UIP.

Claudia Uruchurtu

El caso más reciente de desaparición forzada por motivos políticos en Oaxaca es el de Claudia Uruchurtu Cruz, una mujer de 48 años de edad. Antes de ser desaparecida en Nochixtlán, su lugar de residencia en la región mixteca del estado, documentó y denunció la corrupción en el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta.

La noche del 26 de marzo de 2021 Claudia participaba en una manifestación en la plaza central de Asunción Nochixtlán. Al terminar, hombres desconocidos la forzaron a subir a una camioneta roja. Desde entonces está desaparecida.

Elizabeth Uruchurtu Cruz explica que su hermana Claudia había documentado el desvío y malversación de fondos del gobierno municipal, durante la administración de Lizbeth Huerta, quien en 2021 hacía campaña para reelegirse en el cargo.

Claudia había regresado a Oaxaca luego de visitar a sus hermanas en el Reino Unido en 2018. Volvió con el propósito de votar por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales.

“Le dijimos: ‘Quédate, ya va a empezar el verano’ –recuerda Elizabeth–. Nos dijo que no, que ella se tenía que regresar porque López Obrador estaba de candidato y tenía que ir a votar, porque una vez que llegara López Obrador las cosas iban a cambiar”.

Antes de ser víctima de desaparición forzada, Claudia Uruchurtu documentó irregularidades en el manejo de recursos públicos en el municipio de Nochixtlán, durante la administración de la alcaldesa Lizbeth Huerta, del partido Morena. Foto: Cortesía de la familia Uruchurtu.

Ese mismo día, primero de julio de 2018, Lizbeth Victoria Huerta fue electa presidenta municipal de Asunción Nochixtlán a través de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES). Era la primera vez que una mujer ocupaba la presidencia municipal y la primera vez que Nochixtlán era gobernado por un partido diferente al PRI.

Pero poco cambió. Cuenta Elizabeth: “Cuando empieza la nueva administración y Claudia se da cuenta de que, en lugar de que estén invirtiendo el dinero en mejorar el pueblo se lo están gastando en pendejadas, ahí empieza la denuncia…”

Claudia detectó que, con la llegada de Victoria Huerta al gobierno municipal, sus familiares estrenaron motocicletas, otros recibieron cargos públicos y la misma alcaldesa adquirió un reloj valuado en más de 160 mil pesos, entre otros lujos.

Claudia acudió a los tres niveles de gobierno para denunciar los hechos: presentó quejas ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Nochixtlán, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, al Congreso del Estado de Oaxaca, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación federal y la Fiscalía General de la República, entre otras instancias. Nadie le respondió satisfactoriamente.

“Claudia nunca caracterizó su trabajo como activismo porque, en su pensar, toda la gente debería de estar luchando por sus derechos. Ella, simplemente, lo veía como su deber, como algo que cada uno debería estar haciendo para mejorar las condiciones en las que vives”, cuenta su hermana.

“Yo creo que, ahí, lo que pasó es que empezaron a ponerle presión al municipio por la cuestión de las auditorías. Llegó un momento dado en que las autoridades municipales decidieron que Claudia era muy incómoda”.

Las labores de búsqueda realizadas por la Guardia Nacional tras la privación de la libertad y desaparición forzada de Claudia Uruchurtu se realizaron al azar, sin responder a una investigación científica, denunció su hermana Elizabeth. Foto: Cortesía de la familia Uruchurtu.

La alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta fue detenida el 7 de mayo de 2021, junto con dos de sus colaboradores cercanos, acusados de  la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. Otras dos personas fueron detenidas el 22 de julio del mismo año. Todas están en espera de sentencia. La audiencia de defensa está prevista para el próximo miércoles 13 de octubre.

Elizabeth advierte que esto es inédito, en comparación con la impunidad que prevalece en el resto de los casos de desaparición en Oaxaca. Respecto del caso se han pronunciado la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Amnistía Internacional y parlamentarios del Reino Unido.

“Hemos tenido un acceso a las autoridades que no toda la gente tiene. Es, realmente, lamentable que tenga que ser así”.

Pese a todo, Claudia Uruchurtu sigue desaparecida.

El tamaño de la impunidad

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1964 han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas 3,629 personas en Oaxaca. El 90% de los registros corresponden a los últimos 10 años, durante los gobiernos de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) y Alejandro Murat Hinojosa (que empezó en 2016 y termina en 2022).

El mismo registro indica que 362 personas aún permanecen en calidad de desaparecidas o no localizadas. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en que la cifra real es mayor. La Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca, por ejemplo, ha documentado la desaparición de 1,415 mujeres sólo en lo que va del gobierno de Alejando Murat.

Por otra parte, en las últimas dos décadas (entre el 2000 y el 30 de julio de 2021) sólo 35% de las personas que fueron reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas, cuentan con una investigación abierta en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, según informó la propia institución.

Al mismo tiempo, el Poder Judicial del Estado informó que en los últimos 21 años únicamente ha iniciado 34 juicios por desaparición, pero no ha emitido una sola sentencia condenatoria.

Aprender a rastrear

Sabuesos Guerreras AC es una de las diversas organizaciones que buscan personas desaparecidas en México. La fundó en Sinaloa María Isabel Cruz Bernal, madre de Yosimar García Cruz, desaparecido en Culiacán el 26 de enero de 2017.

En 2020 la organización llegó a Oaxaca. Seis de sus integrantes viajaron al estado del sureste para capacitar a otras madres buscadoras.

“Llevamos, hasta la fecha –con cuatro años y seis meses desde su creación–, más de 180 cuerpos localizados. Tenemos más de 18 mil fragmentos calcinados y seguimos encontrando”, explica María Isabel.

Con el apoyo de las madres de Sinaloa, las buscadoras oaxaqueñas crearon Extensión Oaxaca. Marta Pablo Cruz es su representante. Ella busca a su hijo Jassiel Vladimir Florean Pablo, desaparecido el 21 de mayo de 2019 en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

A María Isabel y a Marta las une haber nacido en Oaxaca y la convicción de buscar a sus hijos desaparecidos. Como ellas, sus demás compañeras buscan a familiares, cargan con ellas sus fotos y los nombran todo el tiempo: Félix Arturo Ayala Tamayo, José Manuel Macías Mendoza, Ángela Sánchez Cruz, Miguel Enrique Cárdenas Echavarría, Luis Alberto Hernández López.

La alianza entre las familias sinaloenses y oaxaqueñas se comenzó a cocinar a principios de 2020, durante un taller en el que compartieron experiencias de búsqueda, y se formalizó en septiembre del mismo año, cuando nombraron a Marta coordinadora general en Oaxaca.

Marta cuenta que las Sabuesos Guerreras de Sinaloa les enseñaron a enfrentar a servidores públicos, a solicitar las carpetas de investigación de su hijos –que no les habían entregado–, a exigir avances y a presentar quejas en las comisiones estatal y nacional de derechos humanos.

Con apoyo de familias de buscadoras de Sinaloa, las madres y padres de personas desaparecidas en Oaxaca aprenden técnicas de rastreo, identificación de fosas y anatomía humana. Foto: Rafael E. Lozano / UIP.

Se acompañan a las fiscalías cuando es posible y se esperan hasta que salgan, aunque llegue la noche. “Esas muestras de cariño, esas muestras de apoyo… Tengo más con esta gente que no es mi familia… Son hermanas del mismo dolor que estamos pasando porque hay esposas, hay madres, hay hermanas que buscan”, dice Marta.

Apenas llegan a la entrada del basurero de residuos orgánicos, las rastreadoras de Sinaloa descargan picos, palas, cernidores, varillas, radios y silbatos. También traen un dron para exploración aérea.

Reconocen el terreno y se dividen: un grupo irá al área de restos animales, llena de huesos; y otro grupo se irá más al fondo, a las pilas hediondas de basura orgánica, que desprenden vapor por la putrefacción.

Enseñan a las oaxaqueñas a identificar posibles fosas: zonas en las que la vegetación cambia o se hunde un poco, debido a las excavaciones. Les muestran cómo limpiar el área, cómo excavar, cómo usar y oler la varilla con la que punzan la tierra para diferenciar los olores del subsuelo e identificar el singular tufo de la descomposición humana.

Les comparten, con rabia y cariño, los conocimientos y la experiencia que han acumulado luego de tantos años de buscar “tesoros”, como llaman a sus seres queridos.

–¿No se entristecen cuando, después de una búsqueda, no encuentran nada? –les pregunta uno de los hombres oaxaqueños que está aprendiendo a oler la tierra para rastrear fosas, sorprendido de que las sinaloenses no suelten la herramienta ni en sus momentos de descanso.

–Nos entristecemos cuando encontramos algo –responde una de ellas, sin detenerse.

Lo que no hace el Estado

A raíz de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, las autoridades federales realizaron diligencias de búsqueda, para las cuales solicitaron la colaboración de la Fiscalía estatal y de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca.

El personal enviado para apoyar en un primer momento, recuerda Elizabeth, hermana de Claudia, fueron las secretarias administrativas del gobierno estatal. “Entonces, ahí, vienen todas las secretarias de la oficina a hacer labor de campo”.

Es desesperante, lamenta Elizabeth, que la búsqueda no se apoye en una la investigación judicial y científica, sino en acciones improvisadas: “Nos ha parecido muy triste el desperdicio de recursos. Si no hay líneas de búsqueda que salgan de la investigación, ¿a qué chingados vienen (a buscar)? Es como si pusieran un dedo al aire y dijeran ‘ahí vamos a buscar’, y entonces ahí viene la Guardia Nacional, y ahí vienen los dos binomios caninos que hay en el Estado, y ahí viene todo mundo”. Se trata, en suma, de una búsqueda a ciegas.

Esos recursos, en cambio, faltan ahí donde las búsquedas no cuentan con el interés de las autoridades, como es el caso de la jornada que realizan las Sabuesos Guerreras en el basurero orgánico.

Abrir paso a la esperanza

Al terminar el día las Sabuesas Guerreras han rastrillado la zona entera.

De los 3,629 reportes de personas desaparecidas y no localizadas registrados en Oaxaca desde 1964, el 90% ocurrieron en la última década, en los gobiernos de Gabino Cué y Alejandro Murat. Foto: Rafael E. Lozano / UIP.

“Parece que no logramos nada, pero hicimos un chingo”, dice una de ellas durante una reunión final en la entrada del basurero. Han pasado horas extenuantes de trabajo bajo el sol para abrir la tierra y darle paso a la esperanza con cada golpe de pala. En medio de la basura y la podredumbre reaccionan visiblemente nerviosas ante cada camioneta que se acerca y pasa de largo. No olvidan que buscar desaparecidos es una labor peligrosa, que es un trabajo que no les corresponde. Años y años de negligencia y desprecio gubernamental les ha dejado una convicción: “Si no los buscamos nosotras –dicen–, nadie lo va a hacer”.