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Avispa Midia

(Español) Honduras | Asesinato de campesino en El Aguán; suman siete defensores violentados en 2023

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Santos Hipólito Rivas concede una entrevista durante una protesta a 19 años del asesinato del defensor del ambiente, Carlos Escaleras Mejía, quien se opuso a la instalación de una fábrica extractora de aceite de palma que contaminaría los afluentes de la región.

El pasado domingo (12) fue asesinado Santos Hipólito Rivas, miembro fundador de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez de la comunidad de Panamá, en el departamento de Colón, costa atlántica de Honduras.

Rivas destacó por su labor en la reivindicación de los derechos de familias campesinas, quienes demandan la devolución de sus tierras para fines de Reforma Agraria. Esto, en un contexto de acaparamiento territorial en la región del Aguán, el valle mas productivo de Honduras. La situación empeoró a partir de 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola, alineada al Banco Mundial, cuyos efectos beneficiaron a terratenientes agroindustriales.

“Desde que el Banco Mundial concedió esos préstamos a los terratenientes nosotros hemos vivido en la pobreza. Los países que están comprando aceite (de palma) y biodiesel están comprando sangre y muerte de los que han caído por defender sus tierras”, sostuvo Rivas en entrevista con Avispa Midia durante una protesta en la ciudad de Trujillo a finales de 2016.

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Tras el reciente asesinato, la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) señalaron que, pese a que Rivas era parte del Mecanismo de Protección de Honduras desde 2019, “el Estado ha sido incapaz de proteger a los y las defensoras de la tierra y el agua”.

Dichas organizaciones denuncian que días previos a su asesinato, Santos Hipólito Rivas expresó durante una reunión que tenía amenazas y que había acudido al Mecanismo de Protección para interponer la denuncia. A pesar de ello, el dirigente campesino fue asesinado, junto a su hijo de 15 años, Javier Rivas, mientras conducía una motocicleta en la comunidad de Ilanga, Trujillo.

Con estas agresiones, suman siete defensores asesinados en Honduras a inicios de este año. Fueron asesinados Alí Domínguez y Jairo Bonilla, defensores del agua y del río Guapinol; el defensor garífuna Ricardo Arnaúl Montero, de la comunidad de Triunfo de la Cruz; el presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé y su suegro, Andy Martínez, ocurrido la noche del miércoles 18 de enero. Horas antes del mismo día, se registró un tiroteo en la Cooperativa Remolino, la cual fue invadida en diciembre por un grupo armado irregular que tomó posesión de forma violenta de más de la mitad de las tierras adjudicadas a la cooperativa, informaron la Plataforma Agraria y COPA.

Destaca que los homicidios han sido cometidos tras la ampliación temporal y territorial de un estado de excepción en la región, lo que se traduce en un desarme general, y donde solo son los elementos de seguridad quienes pueden ir armados.

Recuperaciones

La Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez aglutina 25 familias, cuyos integrantes mantienen un proceso de recuperación de 1,200 hectáreas de tierras que la empresa DINANT, propiedad de la familia Facussé, mantiene cultivadas con palma aceitera.

La custodia de las tierras emprendida por los campesinos se mantiene en un vaivén, entre las acciones de recuperación empleadas por las familias y los operativos para desalojarlos realizados por la corporación DINANT.

En 2012, después del asesinato de Gregorio Chávez a manos de guardias privados de DINANT, las familias comenzaron las recuperaciones en las tierras de la finca Panamá. Como respuesta, la empresa coordinó un desalojo efectuado con apoyo de militares hondureños, durante el cual Santos recordaba que habían sido utilizadas 300 bombas lacrimógenas contra los campesinos.

18 octubre 2016. Tocoa, Colón. Campesinxs del Valle del Aguán realizan protesta por el 19° aniversario del asesinato del activista ambiental Carlos Escalera por órdenes del terrateniente Miguel Facussé. El mismo día de la movilización fueron asesinados el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán junto con un acompañante.

De acuerdo a un reportaje de ContraCorriente, los intentos de recuperación emprendidos por los campesinos se repitieron entre 2014 y 2017, así como la respuesta violenta, no solo por parte de la empresa y sus aliados militares, sino también de parte de criminales.

“Ya no hay palabras para describir la barbarie que ocurre de manera permanente en El Aguán”, es la frase con que el Bufete de Derechos Humanos “Estudios para la Dignidad” condena el doble homicidio más reciente.

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Para la organización, que acompaña el proceso legal para la reivindicación del derecho a la tierra de los campesinos del Aguán, “su muerte, junto a la de su hijo, mantiene el mismo patrón de los últimos 10 asesinatos en la zona y que reiteramos se ordenan desde empresas agroindustriales como DINANT, que en este gobierno también mantiene el privilegio de su impunidad”.

En un pronunciamiento público, el Bufete demanda detener la violencia en El Aguán contra los líderes campesinos frente a la persecución y violación de derechos humanos que cometen los agroindustriales, “las bandas de matones que están a sus órdenes y por las fuerzas de seguridad, policiales y militares, que están en la zona para protección de estas élites de poder, nunca, nunca para garantizar la vida de los y las campesinas”.

Por su parte, la Plataforma Agraria del Aguán y COPA aseveran que Rivas denunció en distintos espacios que era víctima de amenazas, persecución y vigilancia por miembros del grupo armado liderado por un personaje conocido como ´Piturro´ quien opera a lo interno de la finca Paso Aguan, desde hace varios años, situación que es de conocimiento de las autoridades de la región.

Las organizaciones sostienen que, ante esa situación, el 25 de junio del 2019, la comunidad de Panamá presentó una denuncia ante el Fiscal General de República, Óscar Chinchilla, contra dicho grupo armado, cuya formación paramilitar busca sembrar el terror entre la población y los integrantes de la Empresa campesina Gregorio Chávez.

No obstante, tras esta denuncia, en julio de 2021 fue asesinado Juan Moncada, miembro de la Empresa, pese a que también tenía medidas de protección del Mecanismo de Protección.

“Nos preocupa que criminales involucrados en asesinatos entre los años 2010 y 2013 han regresado a la zona y se han integrado al grupo armado que lidera alias ‘Piturro’”, denunciaron la Plataforma Agraria y COPA ante los recientes homicidios.

Acuerdo incumplido

El Bufete Estudios para la Dignidad resalta que, aunado al desinterés de las autoridades para intervenir en la violencia estructural en El Aguán, el crimen contra los campesinos de Panamá se enmarca en una campaña mediática de desprestigio emprendida por los agroindustriales contra las recuperaciones de tierra, pues “insisten en su pretensión de hacer creer que la lucha por la tierra en esta zona está en manos de ‘delincuentes, revoltosos y usurpadores’”.

Xiomara Castro, presidenta de Honduras

La organización de derechos humanos recordó que, en febrero del 2022, el gobierno de Xiomara Castro firmó un convenio con el movimiento campesino de El Aguán, “un acuerdo que generó desde la Plataforma Agraria una propuesta de solución para la violencia en la zona, misma que pareciera que duerme el sueño de los justos en su escritorio”.

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Las acciones violentas continúan, pese a que el gobierno se comprometió a establecer mecanismos de diálogo que impulsarían la protección y la defensa de los derechos humanos a través de una comisión tripartita lo cual, denuncian, no ha sucedido.

Pasado un año, el equipo legal reclama que, pese al acuerdo, también está pendiente la instalación de una instancia encargada de la investigación de las muertes y violaciones de derechos humanos ocurridas en El Aguán.

“Es momento de acciones concretas, reales y duraderas para El Aguán. Le exigimos justicia integral para los miles de familias campesinas en El Aguán y justicia particular para las víctimas de los más de 200 asesinatos de campesinos de la última década”, enfatiza el Bufete en pronunciamiento por el asesinato de Rivas y su hijo.

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Avispa Midia

(Español) Honduras: Asesinato de defensores contra minera despierta condena mundial

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El pasado 7 de enero, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) dio a conocer el asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, integrantes de la resistencia de Guapinol, comunidad en el norte de Honduras que ha destacado por su lucha contra la minería a cielo abierto en dicha región.

Según el Comité, las puertas a la extracción minera en el área de conservación fueron abiertas por el propio Congreso de Honduras, al reducir la zona núcleo del parque, lo cual permitió el arribo de la empresa Inversiones Los Pinares quien opera desde el año de 2014 para la extracción de óxido de hierro.

Para el año 2015 y tras las evidencias de contaminación en las fuentes de agua, habitantes de la región se coordinaron para la defensa de su territorio mediante la creación del CMDBCPT. Fue así que, en 2018, se movilizaron contra las concesiones mineras y mediante un campamento bloquearon la calle de acceso a la concesión minera.

El 27 de octubre de 2018, tras casi tres meses de movilización, el campamento fue desalojado violentamente. Desde entonces no ha cesado la persecución, criminalización, hostigamiento y amenazas contra los defensores del agua. Destaca el proceso judicial contra 32 personas, de las cuales ocho de ellas permanecieron encarceladas por casi dos años y medio.

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Aly Domínguez fue una de las personas encarceladas, junto a doce defensores más, por acusaciones de Inversiones Los Pinares. Ahora, en el caso de su homicidio, la Policía Nacional de Honduras alega que el móvil fue un robo, descartando su labor en la defensa del territorio.

“Cuando se trata de personas que han sido criminalizadas y que han sido personas que son parte de una comunidad que defiende los ríos, debe haber una presunción de que cualquier acto en contra de ellos, en este caso su asesinato, tiene que ver con la defensa de los territorios y de la comunidad y de los ríos, por tanto, las investigaciones deberían ir por ahí”, compartió a medios locales el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera.

El homicidio de los dos defensores ocurrió al mismo tiempo que se encuentra vigente un Estado de excepción, decretado bajo el argumento de combatir a las pandillas. De esta manera, Tocoa, junto a los municipios vecinos de Trujillo, Sonaguera y Bonito Oriental, conforma una región con derechos suspendidos y cuya ampliación por 45 días más fue aprobada un día antes del asesinato de los defensores de Guapinol.

Ya desde diciembre del 2022, el Comité denunció que individuos armados, vinculados a la minera, vigilaron a sus miembros de Guapinol mediante seguimientos a bordo de vehículos sin matrículas. También denunciaron haber recibido amenazas de muerte.

Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), a pesar de las múltiples denuncias públicas, las autoridades, incluida la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, no reforzaron ni ampliaron las medidas de protección para las personas defensoras de Guapinol y sus familias, ni tampoco llevaron a cabo una investigación en torno a las amenazasrecibidas.

El Observatorio recuerda que no es la primera vez que este tipo de campaña, seguida de amenazas de muerte contra los defensores del río Guapinol, desemboca en asesinatos: Arnold Joaquín Morazán Erazo fue asesinado en octubre de 2020, y Roberto Antonio Argueda Tejada, en agosto de 2019. Ambos asesinatos se mantienen en la impunidad.

Amenazas, en aumento

Desde agosto del 2022, el CMDBCPT denunció una escalada en la campaña de desprestigio contra sus miembros, la cual incluía vigilancia, acoso y amenazas contra la vida de quienes se oponen a la minería en el área de conservación.

La violencia contra el CMDBCPT se intensificó después que sus miembros acompañaron una gira interinstitucional, junto a funcionarios gubernamentales, a cuatro proyectos extractivos del Grupo Emco Holding en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Aún cuando la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) encabezó estas visitas, la institución aún no ha publicado la información recabada durante la visita.

Frente al incremento en las agresiones y amenazas de muerte, en diciembre pasado el Comité exhortó a la presidenta de Guatemala, Xiomara Castro, para garantizar la integridad física de sus miembros, así como a cumplir su promesa para cancelar las concesiones de minería a cielo abierto.

Ahora, ante la denuncia del doble asesinato, el CMDBCPT remarcó que “la comunidad de Guapinol en los últimos años ha sido brutalmente golpeada por la criminalización mediática, la judicialización y el encarcelamiento, hasta llegar al asesinato como lo evidencia el hecho criminal que ha segado la vida de Aly y Jairo”.

Mediante comunicado, el Comité responsabilizó de las agresiones a la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecoteckla cual, señala, opera ilegalmente en la zona. Además, enfatizó que “hay personas defensoras de este colectivo señaladas como posibles objetivos de exterminio. Las estructuras del crimen organizado siguen vigentes en el territorio, no pierden su naturaleza criminal y es posible que una investigación seria, responsable y objetiva arroje como resultado los vínculos entre estructuras del crimen organizado, empresas extractivas y funcionarios públicos participando en ese frente criminal contra las personas y movimientos que luchan por la vida”.

En su posicionamiento, el CMDBCPT asegura que grupos empresariales están acostumbrados a imponerse por la fuerza. “La agroindustria, la minería e hidroenergía han demostrado su perversidad criminal para apagar la lucha social por los derechos humanos utilizando diversos medios, tanto económicos, armados, mediáticos”.

Promesa incumplida

Entre las promesas del gobierno de Xiomara Castro destaca su postura de frenar la minería a cielo abierto en Honduras. En concordancia, durante febrero de 2022, la Secretaría de Recursos Naturales declaró al país centroamericano como territorio libre de minería. No obstante, la medida no tuvo ningún efecto legal pues se redujo a la difusión de un comunicado.

“Las autoridades actuales, al igual que las autoridades del régimen anterior, no quieren o no tienen la voluntad o la valentía de cancelar, suspender, esos derechos mineros a una empresa tan poderosa perteneciente a la dupla Pérez-Facussé”, sostuvo Joaquín Mejía Rivera al referirse al matrimonio entre Lenir Pérez y Ana Facussé, hija del terrateniente dueño de Corporación Dinant, reconocido por imponer el cultivo de palma aceitera mediante violencia y despojo contra comunidades campesinas del valle del Aguán.

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Por su parte, Pérez es el presidente del Grupo Emco Holding, conglomerado de empresas con inversiones en la construcción, el sector aeroportuario y la siderurgia. Él es el dueño de las concesiones mineras ubicadas en el interior del Parque Nacional Carlos Escalera, las cuales reconoció haber negociado con diputados del Partido Nacional para la reducción de la zona núcleo del área de conservación.

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Además, a través de su empresa Alutech S.A. posee grandes inversiones en otros países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador, donde donó un millón de dólares para la campaña presidencial de Nayib Bukele en 2019.

Ahora, una investigación del medio ContraCorriente señala que Pérez, además de beneficiarse con sus relaciones con el expresidente Juan Orlando Hernández, mantiene un acceso privilegiado al gobierno de Xiomara Castro mediante el trabajo legal de Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero, titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Según el medio hondureño, Blanco ha trabajado continuamente para las empresas de Lenir Pérez y, por ejemplo, fue la notaría que se encargó de la constitución de al menos cinco empresas que forman parte del Grupo Emco Holding.

“La Secretaría de Gobernación, que dirige Vaquero, tiene la misión de rectorar lo concerniente al gobierno departamental y municipal, convirtiéndose en el enlace directo entre gobernadores, alcaldes y la presidenta. Además, debe procurar el acceso a la justicia, la vinculación del poder ejecutivo con organizaciones de sociedad civil, y entre sus funciones también tiene la promoción del acceso y la aplicación oportuna e imparcial de la justicia”, escribe el periodista Fernando Silva.

Para el abogado Mejía, quien reconoce que el Ejecutivo tiene la facultad, a través del Ministerio de Ambiente, para suspender las licencias de Inversiones Los Pinares, resulta sorprendente que aún no se cancelen la extracción minera. “Hasta el momento no entendemos por qué no se ha cancelado, no se ha suspendido el derecho minero, a pesar de los daños al medio ambiente y a pesar del peligro para la vida y la integridad de las personas”, señaló el investigador de ERIC-SJ.

Exigen investigación independiente

Mientras tanto, el Comité, junto a organizaciones sociales, denuncia que la fiscal Karen Edith Martínez Guardado, quien participó en la criminalización de los ocho defensores de Guapinol, será la responsable de la investigación en el doble asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla.

Ante ello, la Coalición contra la Impunidad alertó la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Público y de la Policía Nacional de Tocoa para investigar el crimen, “pues son las mismas autoridades que han reprimido, hostigado, amenazado, atentado y criminalizado a la comunidad de Guapinol”, por lo cual se suma a la exigencia de constituir una unidad especial de investigación independiente y con la participación de la comunidad afectada.

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Joaquín Mejía enfatizó que Jairo Bonilla y Aly Domínguez formaban parte de un espacio colectivo que fue criminalizado por el Ministerio Público de Tocoa. “Esa misma fiscal es la que ha sido nombrada como encargada de investigar el asesinato de dos personas con las que ella tiene o ha tenido una relación obviamente terrible, en el sentido que el Ministerio Público de Tocoa ha utilizado pruebas ilegales falsas para poder criminalizar al Comité de Guapinol. Obviamente esto nos indica que no puede ser imparcial ni puede ser independiente”, señaló el abogado y experto en derechos humanos.

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Avispa Midia

(Español) Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora general del #COPINH comparte sobre las acciones legales que ha interpuesto contra el banco de desarrollo holandés #FMO

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Fuente: Avispa Midia

Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora general del COPINH, comparte sobre las acciones legales contra el banco de desarrollo holandés FMO por su apoyo financiero a la empresa DESA, a pesar de las reiteradas advertencias de violación de derechos humanos en la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

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Avispa Midia

(Español) En Honduras, canadiense Minosa dinamita cerro de cementerio maya Chortí

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

Este domingo (27), la empresa canadiense Minerales de Occidente S.A. de C.V. (Minosa), subsidiaria de la minera Aura Minerals, empezó a dinamitar el cerro llamado El Cementerio donde estaba el camposanto de la comunidad maya Chortí de Azacualpa, departamento Copán, en Honduras. Las explosiones continúan el día de hoy (28), denuncia el Bufete Estudios para Dignidad, que asesora jurídicamente a la comunidad en su lucha contra la minera.

“Adiós cementerio de Azacualpa, teníamos una esperanza en el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, pero hoy se desvanece como el polvo en el aire. Nos invade un mar de tristeza, en un país donde pesa más el dinero que la vida del pueblo que resiste”, publicó en sus redes sociales Azacualpa Resiste.

En los últimos meses la minera Minosa no detuvo sus trabajos en el cerro, a pesar de existir resoluciones judiciales que obligan a parar sus operaciones. La minera destruyó el camposanto de la comunidad y su entorno porque posee planes de explorar oro y plata en el cerro. Otros cerros en la región fueron destruidos por la empresa en su proceso de explotación. Tres comunidades ya fueron desplazadas.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la Justicia ordenó, en noviembre de 2020, que la empresa parara las exhumaciones. Sin embargo, Minosa continuó con la destrucción. En febrero de 2022, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán detuvo de forma provisional las exhumaciones. De nuevo, la empresa no hizo caso a la decisión judicial.

De acuerdo con denuncia de Bufete, el día 26 de marzo, en la madrugada, con apoyo de la policía nacional de la zona, subió maquinaria a la superficie del cerro del cementerio para continuar con las acciones de destrucción de este, realizando perforaciones para dinamitarlo.

En esta ocasión, en la zona del cementerio, se encontraba un grupo de trabajadores de la empresa y otras personas, contratadas y pagadas por la empresa Minosa para detener violentamente y agredir a las personas que se oponen a la destrucción del cerro El Cementerio.

Hoy las amenazas continúan. Un equipo del Bufete Estudios para Dignidad, del Comité de Afectados por Minosa y del Movimiento Amplio de Honduras buscó llegar al cerro en su labor de defensoría de derechos humanos, pero fueron alertados que serían atacados por personas vinculadas a Minosa. Un funcionario de la empresa amenazó directamente a uno de los abogados del Bufete, Víctor Fernández: “Víctor, no eres bienvenido”.

Funcionario de Minosa amanaza abogado el Bufete Estudios para dignidad

En un comunicado, las organizaciones sostienen que la destrucción del cerro “lo permitió un nuevo gobierno sin claridad, sin fuerza y con la cobardía de anunciar grandes decisiones y recular a la primera reacción de los mineros opresores”, refriéndose al hecho de que la presidenta de la República que recién asumió su cargo, Xiomara Castro de Zelaya, hizo la promesa de acabar con la minería a cielo abierto en Honduras.

Recientemente misiones de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) visitaron el cementerio y confirmaron las violaciones a derechos, el hostigamiento y discriminación contra quienes defienden derechos y denuncian a la empresa minera.

En un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos reconoció que la “conflictividad social regresó a la zona al continuar con la destrucción del cementerio de la localidad por parte de la minera, generando hostigamiento y discriminación en contra de las y los defensores de derechos humanos que protegen la tierra y sus bienes naturales”.

En sus redes sociales el Alto Comisionado expresó que “lamenta la conflictividad social generada el día de hoy [27] con la entrada de maquinaria pesada en el cerro del cementerio de Azacualpa, a pesar de existir resoluciones judiciales que ordenan detener exhumaciones en el cementerio, procurando su integridad”.

La Oficina hace un llamado a acatar las sentencias de la Sala de lo Constitucional y de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán que ordenaron el cese de exhumaciones e insta a las autoridades a garantizar la seguridad y protección de las personas.

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Avispa Midia

(Español) Asesino de Berta Cáceres busca beneficiarse con la Ley de Amnistía

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Por Ñaní Pinto | Avispa Midia

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció que el principal implicado en el asesinato de Berta Cáceres, David Castillo, busca beneficiarse con la Ley de Amnistía para cerrar caso en su contra por corrupción en el fraude del río Gualcarque.

Castillo es acusado de corrupción en el licenciamiento del proyecto Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, por los delitos de fraude y uso de documentos falsos.

Castillo, ex gerente de la empresa Desarrollos Energéticos (Desa), y responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que Cáceres se oponía, ya había sido declarado culpable, en junio del año pasado, como coautor en el asesinato de la defensora de los derechos humanos hondureña, en 2016.

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Avispa Midia

(Español) En Honduras, cementerio Maya Chortí es tragado por la minera Aura Minerals

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Por Renata Bessi | Avispa Midia
Portada: Aldo Santiago

La comunidad maya Chortí de Azacualpa, en el departamento de Copán, noroeste de Honduras, está asentada sobre un cerro que compone una enorme franja de oro, explotada por la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa), filial de la minera canadiense Aura Minerals.

Minosa inició sus actividades de explotación en la parte baja del cerro donde está Azacualpa. “Al pie del cerro, todos los días hacen explotación de dinamita. Suena increíble”, cuenta para Avispa Midia Yesica Rodríguez, integrante de la comunidad.

Las excavaciones a cielo abierto van avanzando día a día hacia la cima del cerro, destruyendo todo lo que encuentran. En estos momentos el objetivo de la minera es el cementerio tradicional de la comunidad, donde se encuentran alrededor de 338 millones de onzas de oro, según informe del Centro de Estudios para la Democracia.

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Avispa Midia

(Español) Honduras se declara libre de minería a cielo abierto

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Por Ñaní Pïnto | Avispa Midia

El gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro declaró, lunes (28), todo el territorio de Honduras libre de minería a cielo abierto.

Se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista y se “procederá a la revisión, suspensión y cancelación de las licencias ambientales, permisos y concesiones”, expresó en un comunicado el gobierno a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.

Se cancelan los permisos, según el comunicado, “por ser lesivos en contra el Estado de Honduras, atentan contra los recursos naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como derecho humano”,

El gobierno dispuso, además, que las áreas naturales de alto valor ecológico serán intervenidas de “forma inmediata”, para asegurar “su conservación y beneficios comunes para el pueblo”.

La Ley General de Minería de 2013 señala que las áreas protegidas son zonas de exclusión de derechos mineros; sin embargo, hay 42 concesiones aprobadas y solicitadas en esos espacios.

En Honduras hay al menos 217 concesiones aprobadas para explotación minera, que abarcan un área de 131.515 hectáreas, según el Foro Social de la Deuda Externa.

En Centroamérica, El Salvador fue el primer país en prohibir la minería metálica en 2018, mientras que Costa Rica ya había prohibido la minería a cielo abierto en 2010.

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Red Mesoamericana de Radios Comunitarias

(Español) [Audios] Transmision conjunta desde los territorios en Honduras ante COVID-19

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Las radios de la Red Mesoamericana se han dado a la tarea de mostrar la realidad desde los territorios, para dimensionar la situación mas allá de la información oficial , con una manera y un tratamiento diferente que revalora las voces y os testimonios desde la perspectiva de las comunidades indigenas y campesinas del país. La transmisión especial ” Como enfrentamos al COVID desde los territorios” fue toda una jornada de transmisión y organización viva que puede escucharse nuevamente en estos audios por segmentos.

Podran escuchar la manera en la que se estan organizando en Sambo Creek Atlantida las y los compañeros de OFRANEH. Como se reflexiona la pandemia con una perspectiva de genero desde la capital del país con la Red de Defensoras de los Derechos Humanos de Honduras. Tendrán una visión de los que sucede en el sur del país en la península de Zacate Grande donde el trabajo de ADEPZA es vital para la población. Directamente desde El Bajo Aguan, las y los compañeros de COPA nos narran como se viven allá los conflictos persistentes de criminalizaciones aun en esta contingencia. Podrán escuchar testimonios desde el territorio Lenca en el centro sur del país.

La información transmitida a través de la labor incansable de las radios comunitarias, es real, testimonial , de primera mano y reflexionada de sed la perspectiva de los de abajo, reiteradamente en estas transmisiones se hace también un análisis critico de la situación nacional a partir de las acciones del gobierno actual, que acumula amplias desconfianzas de la población por múltiples hechos de corrupción.

Escuche los audios del programa:

Inicio de la transmisión especial. Reporte de OFRANEH desde Sambo Creek Atlantida: (Descarga aquí)  

Transmisión de la Red de Defensoras de DH de Honduras desde Tegucigalpa: (Descarga aquí)  

Transmisión desde la península de Zacate Grande Con ADEPZA: (Descarga aquí)  

Transmisión de la Voz de COPA desde El Bajo Aguan: (Descarga aquí)  

La transmisor del COPINH desde la Esperanza Intibucá Honduras: (Descarga aquí)  

 

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Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras

(Español) Movimientos sociales de Honduras condenan asesinato de joven activista

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La Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) expresamos profundo dolor y repudio por el asesinato del joven Luis Fernando Ayala de 16 años, quien participó en acciones por la defensa de la tierra, así como en protestas post electotares en el nor occidente del país.

El cadaver de Luis Ayala fue encontrado hoy en la mañana en la aldea Concepción Sur en el departamento de Santa Barbara, sin manos y con otros signos de tortura. Según integrantes de su organización Luis Ayala fue visto por última vez con vida el día anterior.

Ayala y su familia han sido miembros activos del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) en el municipio de Gualala, donde hace más de tres años se lucha contra la concesión minera para la extracción de yeso otorgada por un período indefinido y que amenaza con desaparecer la comunidad de Arenales en ese municipio.

Es importante recalcar que desde el proceso de elecciones fraudulentas realizado en Honduras en noviembre del año pasado, se han registrado más de 40 asesinatos a hombre y mujeres que se han opuesto al continuismo y proyectos extractivos.

Como articulación nacional, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras nos solidarizamos con el MAS, organización que integra este espacio, condenamos enérgicamente el asesinado de Luis Ayala y exigimos una investigación exhaustiva y castigo a los responsables de este brutal crimen.

Demandamos la desmilitazicación inmediata del país, alto a la persecusión y asesinato a lideres y liderezas que se oponen a los proyectos del capital transnacional.

Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras
20 de Febrero de 2018

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Noticias de Abajo ML

Not

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Noticias de Abajo ML es un noticiero mensual producido por los medios libres. Suscríbete al podcast aquí: Suscríbete con itunes RSS Feed

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INTERNACIONALES

HONDURAS. La represión militar sobre el pueblo antifascista durante el primer día de huelga general. Kaos en la Red

TURQUÍA: La aviación turca bombardea Afrin, una ciudad kurda en el norte de Siria, matando e hiriendo a varios civiles. Rojava Madrid

EEUU: A un año de la entrada de Trump a la presidencia, marchan mujeres contra Trump y su racista política migratoria como hace un año. Más voces

PALESTINA: 19 de Enero, Día del Pueblo de Gaza que recuerda la agresión israelí de 2009 que mató a 1400 palestinos, la mayoría civiles. Más voces

ARGENTINA: Las mujeres se manifiestan contra Trump, Macri y las políticas misóginas de los gobiernos del mundo: la Women´s March en Argentina. Anred

NACIONALES

MICHOACÁN: Comunicado del Concejo Indígena de Gobierno sobre el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia. KeHuelga

MICHOACÁN: Atentado a la caravana del CIG. KeHuelga

CDMX: Cansadas de simulaciones y omisiones madres de desaparecidos cumplen 5 días en huelga de hambre. Somos el medio

MICHOACÁN: Represion en Michoacan contra bloqueos popuares en todo el estado.

MÉXICO: Jornada de Solidaridad por los 43.