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El gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.

Este NotiFrayba está dedicado a las más de 73 mil personas desaparecidas e México.

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Casas abandonadas y otras semihabitadas, unas más vestidas como trincheras, porque las balas con armas de alto calibre llegan no sólo a los patios sino también a las paredes e incluso han cruzado el umbral de las puertas. Ahí quedaron ya casi sin paredes ni techo algunas y en la soledad sus enseres, en medio de las montañas de Los Altos de Chiapas que guardan la tranquilidad para otras épocas.

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Exigimos garantías de seguridad para las integrantes de Consorcio Oaxaca y la periodista Soledad Jarquín Edgar.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) nos solidarizamos con las integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Consorcio) quienes el día 15 de junio de 2020, recibieron amenazas de muerte en la puerta de su oficina, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.¹ La organización feminista es un referente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres desde hace 17 años.

Consorcio denunció que la amenaza de muerte forma parte de las intimidaciones hacia su trabajo en exigencia de justicia por el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, joven fotoperiodista asesinada el 2 de junio 2018, en Juchitán de Zaragoza; y frente a la solicitud de protección para la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol.

Responsabilizamos al gobierno de Alejandro Murat por estos hechos que ponen en riesgo la vida, la seguridad e integridad de las defensoras en la entidad oaxaqueña. Reiteramos al Estado mexicano su obligación para garantizar la protección de la población en general y las defensoras en particular en los contextos de violencia, donde son las autoridades estatales quienes vulneran derechos humanos.

En nuestro país las mujeres que acompañan procesos de justicia y verdad afrontan criminalización, hostigamiento, judicialización, estigmatización y riesgo para su vida. Situación que se complejiza en esta emergencia sanitaria de la pandemia, ya que desde el 20 de marzo de 2020 han asesinado a 12 personas que defendían derechos en México, entre ellas 3 mujeres: Paulina Gómez Palacio, defensora del Wirikuta, quien fue desaparecida el 19 de marzo, en Zacatecas y se encontró su cuerpo el día 21 de marzo, en San Luis Potosí; la periodista María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo en Papantla, Veracruz; y Karla Valentina Camarena, defensora de los derechos trans, asesinada el día 30 de marzo en Guanajuato.

Además, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos registró las siguientes agresiones durante las últimas dos semanas: desaparición de la defensora tseltal Angelina Santís, el 13 de junio en Ocosingo, Chiapas; clausura de su vivienda e intimidación a la defensora del territorio Claudia Zenteno, el 11 de junio en Xochimilco, Ciudad de México; detención arbitraria de la defensora Kenia Hernández, el 06 de junio, en el estado de México; detención arbitraria de la abogada Claudia Hernández Herrera y las defensoras Roxana Hernández y Yésica Guzmán Pardo, el 05 de junio en San Luis Potosí; difamación a la periodista Anaís Palacio Pérez, durante la primera semana de junio, en Veracruz. Y desde el 08 de junio, la abogada laboral Susana Prieto Terrazas se encuentra en privación arbitraria de su libertad en Tamaulipas.

El escalamiento de la represión vulnera el derecho a defender derechos humanos y son las mujeres defensoras quienes se encuentran en mayor peligro, en respuesta para detener su valioso aporte en distintas formas de resistencia. La crisis de derechos humanos en el país profundiza las desigualdades de género enfocando como objetivo de las violencias a quienes transgreden el silencio.

La Organización de las Naciones Unidas insta a los Estados a procurar la: “Debida diligencia para garantizar la protección de los derechos humanos de las defensoras que son amenazadas y a fortalecer la responsabilidad de las instituciones del Estado a cargo de salvaguardar el trabajo de las defensoras”.² Por lo cual, el Frayba exhortamos al Estado mexicano: a cesar las agresiones a defensoras y a garantizar su vida, libertad, integridad y seguridad personal para el pleno respeto y ejercicio de sus labores.

De manera específica exigimos detener las amenazas en contra de las defensoras de derechos humanos integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca así como de Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín víctima de feminicidio, garantizando de manera urgente la protección efectiva a su vida, integridad y seguridad personal.

Frente a la incapacidad e impunidad del Gobierno del estado de Oaxaca para la investigación de tales hechos, solicitamos a la Fiscalía General de la República la atracción del presente caso debido a su alto interés y trascendencia. La investigación debe ser efectiva encaminada al esclarecimiento de las amenazas, identificando a los responsables para que sean castigados, además de implementar todas las medidas que garanticen la no repetición.

”Hasta que la Justicia Llegue”

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• Autoridades penitenciarias y de salud incumplen medidas dictadas por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas.

   

La Secretaria de Salud y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, incumplen orden, con fecha 20 de mayo de 2020, dictada por Mario Fernando Gallegos León, Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales (Juez Federal), en el Estado de Chiapas, México, paraimplementar medidas eficaces que garanticen la vida e integridad física de personas privadas de su libertad en la entidad; específicamente en el Centro de Readaptación Social para Sentenciados No. 05 (CERSS No. 5), en San Cristóbal de Las Casas y en el CERSS No. 10, en Comitán de Domínguez.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), cuenta con información sobre la situación de riesgo a la salud en la que se encuentran los presos de identidad Maya Tsotsil: Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo¹, así como Osman Alberto Espinales Rodríguez, Pedro Trinidad Cano Sánchez, Alexander Hernández Roblero, Alexander Hernández Zalazar y Bacner Maldonado García internos en el CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas y Marcelino Ruiz Gómez recluso en el CERSS No. 10 de Comitán de Domínguez, quienes continúan sin recibir atención adecuada a su salud frente a la amenaza de contagio por COVID-19².

El 20 de mayo de 2020, el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha presentó un amparo para reclamar la omisión en la atención a la salud de los presos antes mencionados bajo custodia del Estado. En esa misma fecha,el Juez Federal otorgó la suspensión de plano, para que las autoridades responsables comprueben de qué manera están llevando a cabo las medidas y acciones sanitarias de contención, para evitar el contagio en las prisiones, garantizar la vida e integridad física, así como vigilar y garantizar el cumplimiento del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación para la mitigación y control de riesgos a la salud frente al COVID-19³. Las autoridades debieron proporcionar inmediatamente la atención médica especializada necesaria, incluyendo estudios, valoraciones y medicamentos que resulten pertinentes para poder preservar la salud de los presos, sin que hasta el momento se haga efectivo.

El día 05 de junio de 2020, ante el incumplimiento de las autoridades de salud y penitenciarias, el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha interpuso, ante el mismo Juzgado Federal un incidente por defecto en el incumplimiento de la suspensión de plano. Por lo que el Juez Federal debe requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de las medidas otorgadas.

La Organización de las Naciones Unidas señala en las Directrices Esenciales para Incorporar la Perspectiva de Derechos Humanos en la Atención a la Pandemia por COVID-19, que las personas de Pueblos Originarios privadas de la libertad son las más vulnerables, por ello, son merecedoras de una especial atención, traducida en el deber amplio y directo de protección respecto de su salud por parte de las autoridades “a nadie se le debe negar la atención médica por un estigma o porque pertenecen a un grupo que podría estar marginado”⁴. También recomienda que las autoridades debieran examinar la manera de poner en libertad a las personas especialmente vulnerables al COVID-19, entre otras a las personas presas de edad avanzada y las enfermas, así como a las detenidas menos peligrosas.

El Frayba ha realizado diversas intervenciones en los ambitos estatal y federal para informar la situación de violaciones a derechos humanos y al debido proceso de Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez, sin embargo se mantiene la falta de justicia. Por lo anterior reiteramos a Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador de Chiapas; a Juan Óscar Trinidad Palacios, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; a Juan José Zepeda Bermúdez, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a Rafael León González, Vocero de la Mesa de Reconciliación del Gobierno del Estado, la adecuada atención a la salud de los presos señalados y su inmediata libertad.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

10 de junio de 2020

Boletín No. 12

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6 May, 2020  en Acciones Urgentes por Incidencia

• Urgimos la implementación de un Plan de Emergencia Alimentaria hacia pueblos originarios.

   

• Urgente la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, para atender a los desplazamientos internos en Chiapas.

   

• Es apremiante que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, atienda la situación de manera integral, de acuerdos a los Principios Rectores y a las Directrices de la ONU relacionadas al COVID-19.

   

El Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C. (FISANIM), “el Fideo” y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), han recibido información directa por parte de habitantes tsotsiles del municipio de Aldama, Chalchihuitán y de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) de Chenalhó, Chiapas, México, respecto al riesgo de una emergencia alimentaria que de prolongarse puede derivar en una hambruna y con ello la vida de las familias que viven el desplazamiento forzado ocasionada por la violencia generalizada cometida por grupos civiles armados de corte paramilitar en la región y por la falta de atención básica e integral de los gobiernos federal y estatal.

En la documentación realizada por FISANIM y Frayba constatamos la situación de marginación y pobreza en la que viven las desplazadas y desplazados, aunado a la falta de medidas sanitarias en el marco de la pandemia del COVID-19, la región Altos está marcada como una de las zonas marginalizadas en el estado de Chiapas.

3304 personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado, las cuales pertenecen a Las Abejas de Acteal, Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama. Estas personas se encuentran en condiciones de hacinamiento: en casas prestadas, rentadas y en situaciones críticas que cuando se activa la violencia armada se resguardan en las montañas. Varias de las familias tienen sus casas quemadas, destruidas y/o baleadas, sin acceso a sus trabajaderos para el cultivo de sus tierras y sin poder sembrar y cosechar su maíz, frijol, frutas y verduras. Hasta el día de hoy, no tienen la posibilidad de salir a algún lugar para trabajar, no pueden cosechar su café, siendo una de las fuentes de ingreso económico para completar el sustento durante el año. En los tres casos prevalece la omisión del Estado mexicano y la falta de cumplimiento de los principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En las actuales situaciones de desplazamiento forzado existe un grave riesgo para la vida y salud de las personas desplazadas debido a la falta constante de alimentos, atención médica y al daño emocional por el miedo permanente y desesperación a ser agredidos, las niñas/os, mujeres y las ancianas/os son las víctimas con mayor vulnerabilidad. Es importante señalar que el interés superior de la niñez, es protegido y salvaguardado por en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona lo siguiente: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá́ con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá́ guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. El Estado mexicano no ha garantizado la seguridad personal, alimentaria y la salud psicológica.

Las autoridades de procuración de justicia no han realizado las diligencias para desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar que actúan con toda complacencia de los gobiernos en el municipio de Chenalhó. El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas solamente ha hecho acciones para administrar el conflicto, constituyéndose en un gobierno omiso y cómplice del entorno de violencia criminal.

Ante la falta de seguridad para regresar a sus casas y trabajaderos, por el riesgo constante para la vida, se prevé una situación de emergencia a la salud y desnutrición entre las mujeres y niñas/os, que son los más vulnerables en el contexto del COVID-19.

La ONU ha manifestado su preocupación por la situación de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia. El Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó su preocupación por el devastador impacto que la pandemia del COVID-19 está teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud. ¹

La soberanía alimentaria ha sido descrita como un derecho, y más específicamente como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. ² Ha sido ampliamente reconocida en contextos nacionales y cada vez más forma parte de los debates en el escenario mundial, incluido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ³ El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha indicado que los Estados partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer “deberían garantizar la efectividad del derecho a la alimentación y la nutrición de las mujeres rurales en el marco de la soberanía alimentaria y velar por que tengan autoridad para gestionar y controlar sus recursos naturales”. ⁴

Ante esta situación grave, exigimos a los gobiernos federal y estatal una actuación con debida diligencia para implementar urgentemente las siguientes medidas cautelares:

1. La alimentación es un derecho constitucional reiteradamente violado en la población indígena y gravemente en la desplazada. Este incumplimiento produce daños graves a la salud de toda la población y en especial a la infancia, es urgente la implementación de un plan de emergencia alimentaria.

2. La actuación eficiente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, en el marco de la Ley Para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

3. La intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja para la contribución en la ayuda humanitaria en los territorios donde el desplazamiento forzado se ha prolongado.

4. Atender de manera puntual y efectiva las Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19 el cual recoge lo expresado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Procedimientos Especiales, Órganos de Tratado y otros mecanismos y redes de la ONU respecto a los elementos de derechos humanos que se deben tomar en cuenta en la atención a la crisis por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.5

5. Se desactive la violencia en estos territorios provocado por grupos civiles armados de corte paramilitar que deviene de décadas de impunidad, siendo que hoy en día estamos en los escenarios previos de lo que fue la Masacre de Acteal.

A la sociedad civil nacional e internacional le solicitamos se solidaricen con acciones para combatir la emergencia alimentaria y la desnutrición en este territorio específico que sufre violencia sistemática en el marco del desplazamiento forzado, aportando con su donación al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México. Al banco Scotiabank. Cuenta: 00107853564 Clave interbancaria: 044180001078535644.

Solicitamos también a todos quienes nos indignamos por esta situación impulsar los llamamientos a:

2. Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
   Residencia Oficial de los Pinos. Casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec,
   C.P. 11850 Ciudad de México.
   Fax: (+52) 55 5093 4901
   Correo: amlo@presidencia.gob.mex
   Twitter: @lopezobrador_

2. Lic. Olga Sánchez Cordero. Secretaria de Gobernación de México
   Bucareli 99, 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc
   C.P. 06600 Ciudad de México.
   Fax: (+52) 55 5093 34 14;
   Correo: secretario@segob.gob.mx
   Twitter: @M_OlgaSCordero

4. Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
   Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso. Col. Tlacopac San Ángel.
   Delegación Álvaro Obregón. C.P. 01040; Ciudad de México.
   Fax: (+52) 0155 36 68 07 67
   Correo: correo@cndh.org.mx /Twitter: @CNDH

2.  Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
   Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
   Colonia Centro, C.P. 29009. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
   Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056; Extensión 21120. 21122;
   Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
   Twitter: @JuntoscnRutilio

2. Lic. Ismael Brito Mazariegos. Secretario General de Gobierno en Chiapas
   Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
   Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003
   Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

2. Lic. Luis Manuel García Moreno. Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del estado de Chiapas.
   Carr. Emiliano Zapata Km. 1.9 , Terán C.P. 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
   Teléfono: (961) 61 551 78, 615 47 12
   Correo: luismanuelgarciam@gmail.com

2. Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
   Avenida 1 Sur Oriente S/N, Edificio Plaza, 3er y 4to piso, Barrio San Roque C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
   Conmutador: (961) 602 89 80; 961-60289-81 Ext. 206; Lada sin costo 01800-55-282-42
   Fax: (961) 60 2 57 84
   Correo: presidencia@cedh-chiapas.org
   Teléfono: 01 (967) 67 465 94 Fax: 01 (967) 67 465 94

3.  Alertamos posible hambruna a indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado

   Lee la petición

2. Forum for Food Sovereignty, Declaration of Nyéléni (2007), available

3 UN Human Rights Council, Revised Draft United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, UN Doc. A/HRC/ WG.15/5/2 (2018).

4CEDAW, General Recommendation No. 34, supra note 30, at para. 64. See also Jean Ziegler, Report of the Special Rapporteur on the Right to Food on Food Security and Food Sovereignty, UN Doc. E/ CN.4/2004/10 (2004) [hereinafter “Ziegler 2004”]; UN Human Rights Council, Debates on the Declaration on the Rights of Peasants, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012); Magdalena Sepúlveda Carmona, Final Draft of the Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012), at para. 75

5 Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

A 26 de mayo de 2020.

3. Acción urgente No. 8

    

    

    

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) manifiesta su preocupación por hechos de amenazas de muerte y vigilancia al Padre Marcelo Pérez Pérez (Padre Marcelo), párroco en el municipio de Simojovel de Allende, en Chiapas, México. Hostigamientos que también ponen en riesgo la seguridad de su equipo pastoral y de la población en general.

El 29 de marzo de 2020, aproximadamente a las 7:00 horas, un hombre vestido de civil tomó fotografías a las y los colaboradores de la Parroquia de Simojovel, quienes se encontraban en actividades a la entrada de la iglesia de San Antonio de Padua. Los hechos se registraron desde una ventana de un hotel cercano. La persona que realizó este acto lo hizo de manera evidente para que fuera vista y se notara su presencia.

El 02 de abril de 2020, un colaborador cercano al Padre Marcelo recibió una llamada telefónica para advertirle que tuviera cuidado porque andaban pidiendo los datos de las personas que trabajan en la parroquia.

El 05 de abril de 2020, el Padre Marcelo recibió información que un hombre en Simojovel dijo: “En todo se mete el padre, hay que darle un plomazo…”, este tipo de amenazas se han hecho visibles de manera reiterada incluso en redes sociales.

El día 6 de abril, aproximadamente a las 12:30 horas, el Padre Marcelo recibió una llamada telefónica de quien se identificó como: “Coronel“ para ofrecerle seguridad a él y a la feligresía de su parroquia: ¿Le interesa la vida de la paz y la tranquilidad de sus fieles seguidores sus feligreses o no le interesa padre?…Ahora yo le digo muy bien, quiero hacerle saber Padre, que de este llamado el cual usted y yo mantenemos, de este llamado depende la vida, la paz y la tranquilidad de cada uno de los suyos […] este llamado no es una broma, […] de usted depende que no se desate una masacre entre sus feligreses […], podemos darle una solución pacífica y usted ya ha sido avisado”.

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K’ucha’al, kucha’al, k’ucha’al-un Tot, k’ucha’al-un Me’! Porqué, porqué, porqué Tot, porqué Me’! Reclama una anciana a sus deidades ancestrales, mientras solloza y ve los pies de su hijo que no volverá a caminar las tierras que le vieron nacer. Luego proclama “Ta jk’anot kutik li’ ta jnatike” que traducido literalmente al castellano sería: “Te queremos aquí en esta casa nuestra”.

En estos tiempos, en estos días y momentos que dicen que hay que estar en casa para resguardarse. En estos días en que los medianos y pequeños líderes orquestan el mensaje de “Quédate en casa” y establecer sana distancia entre las personas. Entendemos y comprendemos que es compromiso tanto del gobierno, la sociedad y organizaciones civiles de velar por los derechos humanos en esta contingencia.

Como Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ocupados en seguir acompañando a los Pueblos Originarios en su caminar y búsqueda de de Justicia Digna, lanzamos la compaña: “LES QUEREMOS EN CASA” que estará vigente por lo menos un mes, del 15 de abril al 15 de mayo de 2020, con distintas acciones hasta que las mujeres, de todas las edades, hombres y personas de otras identidades de género, vuelvan a sus casas. Que puedan estar tranquilas protegiendo su vida que está en grave peligro. Como nos han reportado a diario las autoridades del municipio de Aldama, los disparos de armas de fuego por parte de habitantes de las comunidades del municipio de Chenalhó que colindan con los parajes de Aldama, no han cesado.

Al parecer, las personas que nacen y habitan las comunidades del municipio de Aldama que colindan con la localidad Santa Marta y otras que pertenecen al municipio de Chenalhó, Chiapas, pareciera que nacen definidas o predestinadas a vivir constantemente en el miedo y la zozobra tanto por parte del Estado como del contexto de violencia que padecen desde los años 70’s. La esperanza que tienen de que algún día el conflicto agrario que existe entre los municipios de Chenalhó y Aldama tenga fin, se pierde en el horizonte de sus miradas. Las autoridades agrarias de antaño no asumieron y menos ahora, su responsabilidad de que hicieron mal su trabajo por hacer los trazos de colindancia entre un municipio y otro en el escritorio.

El conflicto agrario perpetrado por el Estado mexicano hace casi medio siglo rebasó el ámbito jurídico. Las acciones del Estado como la colocación de elementos de seguridad que luego salieron huyendo de la zona por los constantes disparos hasta ”El Banderazo de la Paz”, efectuado los días 22 y 23 de junio de 2019, por parte de los tres niveles de gobierno no han surtido efecto. Este “acto político” pondría fin al conflicto agrario que dio inicio a principios de la década de 1970 entre los dos municipios. Con “El Banderazo de la Paz” comenzaría un proceso de pacificación y reconciliación entre los habitantes de estos dos municipios que en historia, lengua, cultura y tradiciones religiosas se hermanaron por décadas pero que esos lazos y sentimientos de hermandad, al parecer se han roto.

La esperanza de la gente de las comunidades de Aldama yace en las manos de algunas personas ancianas responsables de cuidar la vida. Pero, mientras dicen sus plegarias, delante de sus ojos se apaga el fuego de las velas arrebatadas por alguna munición proveniente de comunidades de Chenalhó. El corazón tiembla, ya no sólo de las balas que cotidianamente les disparan, ahora, ese temor es alimentado por la contingencia. Cuidar la salud en casa, no ha sido ni será posible, pues tienen que salir huyendo de sus casas para resguardarse en otros lugares que no cumplen las condiciones de cuidado máximo ante la contingencia de COVID-19.

LES QUEREMOS EN CASA solicita tu mirada para que con tus ojos y con tu corazón abracemos a mujeres ancianas, mujeres jóvenes y niñas; que podamos acompañar a hombres ancianos, hombres jóvenes y niños a que puedan estar en su casa y a unirnos en su reclamo. Que podamos decir junto con ellas y ellos “Te queremos aquí en esta casa nuestra”.

Juan López Intzín,

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Jobel, a 15 de abril del 2020.

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Audio de la conferencia de prensa: (Descarga aquí)  

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 16 de marzo. Pueblos originarios del sureste mexicano impugnaron mediante un amparo judicial al autodenominado “Tren Maya”, ya que dicho proyecto de reordenamiento territorial no cuenta con los estudios de impacto ambiental por lo que el juzgado primero de distrito de la ciudad de Campeche, otorgó la suspensión definitiva del proyecto, informaron este lunes en conferencia de prensa pueblos tsotsiles, steltales, choles y mayas peninsulares, desde el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, en la ciudad de San Cristóbal.

“El amparo número 12/2020 en dicho juzgado, se presentó contra actos de las siguientes autoridades: presidente de la república, director del fondo nacional de fomento al turismo, secretaría de gobernación y director del instituto nacional de pueblos indígenas”, informaron pueblos originarios de más de 15 municipios de Chiapas, que recolectaron más de 24000 firmas en apoyo a sus compañer@s de la península, ya que se violentó la libre autodeterminación de los pueblos originarios, denunciaron en la rueda de prensa.

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A la opinión pública.
A las Redes de apoyo al C.I.G
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A los medios de comunicación masivos y alternativos.
A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad.
A los defensores de Derechos Humanos y ONG’s.
A las organizaciones independientes.
A la Sociedad Civil de México y del mundo.

Presos en lucha de las organizaciones: La Voz de Indígenas en Resistencia y La Voz Verdadera del Amate, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del E.Z.L.N. recluidos en el Cereso número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Compañer@s, a l@s Defensor@s de Derechos Humanos, a los medios de comunicación, a l@s periodistas y organizaciones independientes. Reciban saludos cordiales de parte de Abraham López Montejo, Germán López Montejo y Adrián Gómez Jiménez integrantes de dichas organizaciones ya mencionadas.

Después de dar este saludo, pasamos a dar nuestras palabras:

A través de este comunicado, sacamos nuestra palabra desde nuestra trinchera de lucha, presos indígenas Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo y Abraham López Montejo, hoy 5 de febrero nos declaramos en huelga de hambre durante un periodo de tres días, y culminaremos el día viernes a las 18:00 horas. Es con la finalidad de exigirle al Gobernador de Chiapas, de nombre Rutilio Escandón Cadenas sobre la revisión de nuestros casos que se encuentran a través de la Mesa de Reconciliación y el Juzgado Mixto de Bochil, que se le está dando seguimiento a los casos de Abraham y Germán López Montejo, pero hasta la fecha no hemos recibido una respuesta favorable. Al contrario, hemos recibido puras amenazas y represalias de parte del Director de este centro de nombre: José Javier Sánchez Ríos. También de la Jueza de Ejecución de Sentencia de nombre: M. Guadalupe Flores Rocha y del Defensor Público del Juzgado de Ejecución de Sentencia de nombre: Luis Carlos Gordillo Arguello.

Primeramente como presos indígenas y luchadores en contra de las injusticias que se viven, y vivimos, en este centro por parte del Director de nombre: José Javier Sánchez Ríos, nos ha estado intimidándonos de diferentes maneras.

El día 13 de enero nos cambió nuestra corriente eléctrica que lo teníamos conectado en el área de Trabajo Social y nos lo conectó en una fuente de corriente que tiene más potencia, pero antes de eso llamó a un electricista que es conocido por el nombre de Lencho. Lencho le dijo al Director que nuestro cable no aguantaría y que correríamos peligro. El Director hizo caso omiso a las palabras del electricista, más bien le dijo: “ No sé cómo le vas a hacer, pero tienes que conectarlos ahí”. Y quedó conectado, pero esa noche se sobrecalentó nuestro cable y provocó un corto circuito que se quemó parte de nuestra lona, una parte de esponja y no pasó a mas fue gracias a unas virutas que están húmedas y que utilizamos como colchón, este Director nos quiere ver muertos.

También enfatizamos que un día martes, 21 de enero, el Director mandó a sus elementos a revisar nuestros dormitorios en donde mantenemos el plantón pacífico sin pedir permiso que van a entrar en nuestro dormitorio, sino que entraron sin nuestro consentimiento. Al terminar la revisión dejaron todas nuestras cosas tiradas, nuestros papeles y documentos pisoteados. Entramos a reacomodar nuestras cosas y nos percatamos que había desaparecido un billete de cien pesos que lo teníamos junto con unas monedas de a cinco pesos. Este Director lo hace para intimidarnos psicológicamente diciendo, entre comillas: “yo puedo hacer lo que quiero”.

La verdad en dónde estamos en plantón pacífico no poseemos drogas, bebidas embriagantes, celulares o armas blancas. Sino que se llevaron nuestras herramientas de trabajo, un espejo y el billete de cien pesos. Al día siguiente le fuimos a pedir nuestras cosas al Director, también le mencionamos nuestra corriente eléctrica que cada mañana sus elementos bajan la pastilla que nosotros compramos, junto con los cables. Porque cada mañana apagan las lámparas del Cereso.

Pero la pastilla es de nosotros, está marcada con el nombre de Adrián Gómez Jiménez, según el comandante Alejandro que la marcó con el nombre de Adrián. Por eso llegamos a la conclusión de que lo hacen a propósito. Pero el Director nos amenazó en vez de apoyarnos, nos dijo que ya no nos proporcionarían más la corriente. Él dijo que esa misma tarde se reunirían con sus superiores, por eso nos amenazó de movernos de nuestro campamento, según él es orden que recibirá de sus superiores, por eso hasta la fecha sigue latente esa amenaza porque ha llegado a nuestros oídos que le solicitará al Subsecretario José Miguel Alarcón García, a un grupo de elementos federales que se denomina “Grupo Lobos” que tienen su función de hacer operativos, y hacer revisiones de penal, en penal. Estos son muy crueles y maltratan a los internos, y según el director nos reubicará a la fuerza valiéndose de estos “Grupo Lobos”.

Por otro lado el pasado 25 de enero de 2020, siendo las 11:30 de la mañana se presentaron los funcionarios públicos en nuestro espacio de lucha en donde nos encontramos en plantón desde el año pasado, un día 14 de mayo. Se presentó la Lic. M. Guadalupe Flores Rocha, Jueza de Ejecuciones de sentencia, el Lic. Luis Carlos Gordillo Arguello, Defensor Público estatal del Juzgado de Ejecución de Sentencia. El Lic. Luis Carlos Costa, Subdirector de la Defensoría Zona Altos; Ángela Méndez de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Defensor Público de este Cereso #5 de nombre Andrés Diaz Hernández.

La Jueza tomó la palabra y me preguntó mi nombre, y por supuesto le dije mi nombre: Adrián Gómez Jiménez. Después me preguntó mi delito: Al decirle lo que se me imputa, ella me dijo que dicho delito que se me acusa de secuestro que no alcanzo ningún beneficio y pasó a preguntar de que se le acusa a Germán y Abraham.

Al terminar con ellos pasó a decirme que puedo alcanzar beneficio por lo que me detuvieron en el año 2004, pero me puso condiciones que tengo que reubicarme donde están los demás internos y estudiar; pero si no me reubico y sigo estando en plantón indefinido no obtendré mi beneficio. Claramente se ve que esto es una amenaza para nosotros.

En resumen, primero dijo que no hay beneficio para el dicho delito que yo tengo. Segundo: Que si hay beneficio, pero tengo que abandonar mi espacio de lucha y plantón sobre mi libertad. Tercero: ella dice que si no abandono mi manifestación política no obtendré mi libertad.

La jueza M. Guadalupe Flores Rocha solo está jugando con nuestros sentimientos, hago hincapié que el Director me dijo que asistiera a la escuela, según para obtener mi libertad, aunque tengo terminados los estudios de primaria y secundaria. Asisto los días lunes, miércoles y viernes. Y los tres realizamos trabajos de manualidades, por eso he llegado a la conclusión que solo andan jugando, amenazándonos psicológicamente junto con el Director de nombre: José Javier Sánchez Ríos.

Por eso denunciamos estas anomalías que nos andan haciendo y que nos dejen de amenazar psicológicamente.

En el Art. 6º del “Código” de la Constitución Política, está plasmada en el derecho a la libertad de expresión, y más aún por las irregularidades de nuestros expedientes y anomalías que se nos prefabricaron por la Fiscalía del Estado de Chiapas. Estas son las constantes amenazas que se vive y vivimos los presos.

Por eso nos tiramos en la huelga de hambre por un periodo de tres días que culminaremos el día viernes 7 de febrero, y nuestras exigencias son:

1.- Exigimos que nuestros casos sean revisados a través de la Mesa de Reconciliación y del Juzgado Mixto del Distrito de Bochil porque no ha habido una respuesta concreta y a pesar de que nuestros expedientes hay muchas irregularidades y anomalías y no hay señalamiento por eso exigimos nuestras libertades.

2.- Exigimos respeto por nuestro espacio de lucha hasta obtener nuestras libertades, porque hay razón de peso por lo que estamos en plantón indefinido y esa razón de peso esta plasmada en nuestros expedientes de las irregularidades.

3.-Exigimos no más represalias y amenazas psicológicas de parte del Director de este centro de nombre: José Javier Sánchez Ríos y de la jueza M. Guadalupe Flores Rocha.
¡Ya basta de tantas amenazas!

4.- Exigimos medicamentos en el área médica y atención médica, no sólo para nosotros sino, para toda la población interna. También le exigimos al contador Giovani Ramos Morales materiales para la odontóloga como: Amalgamas, guantes, cubre bocas e Hidróxido de Calcio por el motivo de que la mayoría de los internos queremos la limpieza de dientes.

Por último hacemos la invitación a las organizaciones independientes tanto estatal, nacional e internacional y a los Defensores de los Derechos Humanos a seguir exigiendo las verdaderas justicias y libertad a presos políticos y presos de conciencia.

¡Nunca más los presos humillados, ignorados y pisoteados sus derechos!

Uniendo nuestras voces y fuerzas de los pueblos mexicanos triunfarán las verdaderas justicias.

Desde el Cereso número 5 mandamos saludos combativos a luchadores sociales de abajo y a la izquierda de México y en todo el mundo.

RESPETUOSAMENTE

Germán López Montejo y Abraham López Montejo integrantes de la Organización La Voz Verdadera del Amate.

Adrián Gómez Montejo, integrante de la Organización La Voz de indígenas en Resistencia

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CERSS No 10
Comitán, Chiapas, México

Comunicado de presos indígenas en lucha
Organización Vineketik en Resistencia
Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN
Recluidos en el CERSS 10 de Comitán de Domínguez, Chiapas, México

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las Redes de Apoyo al CIG
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Nacional e Internacional
A los medios de comunicación masivos nacional e internacional
A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad
A los defensores de derechos humanos y a las ONGs
A las organizaciones independientes
A la Sociedad Civil
Al Pueblo Creyente
Al pueblo de México y del mundo

Hermanxs, compañerxs Desde nuestro lugar de lucha y resistencia reciban un afectuoso saludos combativos. Hoy 5 de febrero de 2020 tomamos la decisión de manifestarnos en un ayuno comenzando el día de hoy y que será durante tres días ya que el gobierno del estado de Chiapas no ha hecho caso a nuestras demandas desde el pasado 15 de marzo del 2019 nos manifestamos en una huelga de hambre para exigir justicia y libertad ya que los que pertenece permanecemos recluidos somos indígenas tzotziles víctimas de torturas y violaciones a los derechos humanos ya que el señor gobernador Rutilio Escandón cadenas junto con su secretario Ismael Brito Mazariegos al parecer son muy olvidadizo o sea que se hacen los olvidados o de plano no les interesa a nosotros los indígenas oprimidos ya que no han cumplido el acuerdo ya que se ha llevado a cabo con nuestros familiares en la gobernación para obtener nuestras libertades llevamos ya muchos años cumple purgando sentencias de delitos prefabricados a base de torturas de parte de la fiscalía y los elementos de ministerio público que hasta el día de hoy sufrimos las secuelas físicas y psicológicas porque el encierro y la injusticia destruye familias y destruye sueños prácticamente lo destruye todo.
Es por eso que sacamos nuestra palabra exigiendo justicia y libertad y no nos cansaremos de exigir luchando porque ya estamos cansados de soportar las injusticias de los malos gobernantes opresores que reprimen a los pueblos indígenas es por eso que seguiremos resistiendo desde el encierro con la firme determinación y la fe de que la justicia prevalecerá.
ya que el estado de Chiapas es una de las entidades con mayor número de presos indígenas y sabemos que ser indígena es un delito grave. Agradecemos las unidades de todos los presos de todas las personas organizaciones medios de comunicación colectivos y derechos humanos no gubernamentales de buen corazón que se indignan ante la injusticia que nunca nos han dejado solo y que siempre nos han acompañado en nuestra lucha y resistencia.

Atentamente
Organización Vineketik en Resistencia
Marcelino Ruiz Gómez
Valdemar Gómez Hernández

Audio: https://m.soundcloud.com/chiapas-denuncia-p-blica/presos-reiniciaran-huelga-de-hambre-en-chiapas

Video de conferencia de prensa:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=493698384679288&id=368073686557643