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Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)

(Español) El Estado mexicano debe garantizar la vida y seguridad del pueblo maya tsotsil en Aldama, Chiapas #AltoAlFuego

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Desde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana, exigimos el cese inmediato de las agresiones armadas contra el pueblo maya tsotsil del municipio de Aldama, Chiapas, así como un alto al contexto de violencia e impunidad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (Frayba) ha denunciado las constantes agresiones armadas que mantienen a 3,499 personas en desplazamiento forzado y en las que han resultado 29 personas heridas y 6 asesinadas, en al menos 997 agresiones armadas documentadas entre marzo de 2018 al 19 de noviembre de 2020.

La situación de desplazamiento forzado y agresión armada es alarmante, puesto que las personas son atacadas cuando se dirigen a sus labores cotidianas, se ven obligadas a abandonar sus hogares ya sea de manera intermitente o permanente. Los caminos se han vuelto peligrosos y se dificulta el acceso a la zona para las y los periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas que llevan ayuda humanitaria y víveres a las familias desplazadas, en el marco de una crisis alimentaria profunda. Es importante resaltar que los impactos de esta crisis son de tal gravedad que pueden equipararse a los efectos psíquicos, físicos y comunitarios generados por la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes, debido a la angustia y desesperación provocadas por la impunidad y la continuidad de las violaciones de derechos humanos.

Desde la Red TDT nos sumamos a las denuncias del Frayba, quienes, a lo largo de este año han lanzado 12 acciones urgentes por la situación de crisis que se vive en Aldama, en las que señalan las omisiones de los tres niveles del Estado mexicano para garantizar los derechos a la vida, la seguridad e integridad física y psicológica de las familias del municipio, lo que en la práctica ha permitido la continuación de las agresiones armadas y la escalada de la violencia en la región. La inacción del Estado vulnera además otros derechos fundamentales de la población, como el derecho a la dignidad, a la verdad, a la justicia, el derecho a la libre circulación, a la convivencia, a la paz, así como sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (acceso al agua, derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo, derecho a un ambiente sano) así como derechos de poblaciones específicas, como los derechos de la infancia o el derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia, entre otros.

Consideramos que es indignante el contexto de impunidad, violencia armada y desplazamiento forzado que se vive en la región de los Altos de Chiapas, pues es un síntoma claro de la discriminación estructural e institucional que aún hoy se ejerce en el país contra las comunidades indígenas. Es realmente preocupante que mientras el conflicto sigue desatendido, los grupos armados de corte paramilitar continúan operando en total impunidad.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para que:

  • Se tomen acciones efectivas para el cese inmediato de los ataques armados en la región de los Altos de Chiapas.
  • Se investigue de manera pronta, adecuada e imparcial la autoría material e intelectual de los ataques armados, deteniendo y sancionando a los responsables.
  • Se sancione, desarme y desarticule a los grupos de corte paramilitar de Chenalhó, responsables de las agresiones violentas que han provocado desplazamientos forzados en la región de los Altos de Chiapas según han documentado diversas fuentes, entre ellas el Frayba.
  • Las diferentes instancias y niveles de gobierno asuman sus responsabilidades y garanticen de manera inmediata e integral los derechos humanos de las comunidades y familias tsotsiles agredidas y desplazadas del municipio de Aldama, asegurando de manera especial su derecho a la vida, seguridad, integridad física y psicológica, con un enfoque de género y intergeneracional.
  • Se comience un verdadero proceso de desactivación de la violencia, para lo cual serán necesarias medidas de reparación integral.
  • Se atienda la recomendación 71/2019 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
  • Se establezca una mesa de diálogo urgente entre representantes de la Segob, la FGR, la CNDH y organizaciones de la sociedad civil que brindan acompañamiento a las comunidades tsotsiles de Aldama para generar una ruta de trabajo y seguimiento que atienda la grave y sistemática violación a Derechos Humanos en la región Altos de Chiapas.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)

Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, A.C., (ACADERH) (Pachuca, Hgo.), Agenda LGBT (CDMX), Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) (Chihuahua, Chih.), ALUNA, Acompañamiento Psicosocial (CDMX), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL) (CDMX), Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jalisco), Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (ADDC MIGUEL HIDALGO) (La Misión, Hgo.), Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. Fundación de Promoción Social de la Siera Tarahumara (BOWERASA), (Chihuahua, Chih.), Casa del Migrante de Saltillo (CMS) (Saltillo, Coah.), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (CDD) (CDMX), Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. (CENTRO FRAY JULIAN) (Tlaxcala, Tlax.), Centro de Apoyo al Trabajad@r, A.C. (CAT) (CDMX), Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas A.C. (CECADDHI) (Chihuahua, Chih.), Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCh) (San Cristobal de las Casas, Chis.), Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (CDH FRAY VITORIA) (CDMX), Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (CDH DON SERGIO) (Jiutepec, Mor.), Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. (CDH FRAYBA) (San Cristobal de las Casas, Chis), Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A.C. (CDH JUAN GERARDI) (Torreón, Coah.), Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (CENTRO PRODH) (CDMX), Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan A.C. (TLACHINOLLAN) (Tlapa de Comonfort, Gro.), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) (Chihuahua, Chih.), Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño (CDH BETY CARIÑO) (Tatahuicapan de Juárez, Ver.), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.(CDH DIGNA OCHOA) (Tonalá, Chis.), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C. (CDH FRAY MATIAS) (Tapachula, Chis), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C. (CDH PASO DEL NORTE) (Ciudad Juárez, Chih.), Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, A.C. (TOALTEPEYOLO) (Orizaba, Ver.), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (CDH VICTORIA DIEZ) (León, Gto.), Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Atizapan de Zaragoza, Edo. Méx.), Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A.C. (CDI FLOR Y CANTO) (Oaxaca, Oax.), Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC) (Chilón, Chis), Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. (CAM) (CDMX), Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.(CEPAD) (Guadalajara, Jal.), Centro de los Derechos del Migrante, INC (CDM) (CDMX), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) (Guadalajara, Jal.), Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. (CDDH FJL) (Saltillo, Coah.), Centro Juvenil Generando Dignidad A.C. (CJGD) (Comalcalco, Tab.), Centro Kalli Luz Marina (CDHM KALLI LUZ MARINA) (Rafael Delgado, Ver.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) (CDMX), Centro Mujeres A.C. (CENTRO MUJERES) (La Paz, B.C.S), Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A.C. (CENTRO MORELOS) (Chilapa de Álvarez, Gro.), Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolome Carrasco Briseño”, A.C. (BARCADH) (Oaxaca, Oax.), Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO (CUJD) (Gualajara, Jal.), CIC Propuesta Cívica A.C. (CDMX), Ciencia Social Alternativa A.C. (KOOKAY) (Mérida, Yuc.), Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.) Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) (Acapulco, Gro.-CDMX), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristobal de las Casas, Chis.) Comision Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDHN) (Mexicali, B.C.), Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán (CDHLVT) (Tehuacán, Pue.), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.), Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A.C. (CRDHMG) (San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.), Comité Cerezo México (CDMX), Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (CCS MONSEÑOR ROMERO) (CDMX), Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xinich (CDLI XINICH) (Palenque, Chis.), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.), Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C. (CDH FRAY PEDRO) (Ocosingo, Chis.), Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A.C. (CDH SIERRA NORTE HUAYA) (Huayacocotla, Ver.), Comité de Derechos Humanos Ajusco (CDH AJUSCO) (CDMX), Comité de Derechos Humanos de Colima, No Gubernamental, A.C. (CDH Colima) (Colima, Col.), Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C.(CODEHUCO) (Comalcalco, Tab.), Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab.), Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo A.C. (CODHOMHAC) (Dolores Hidalgo, Gto.), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” (CDMX), Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo., A.C. (COSEMA) (Tulancingo, Hgo.), Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC) (Chihuahua, Chih.), El Caracol, A.C. (CDMX), Estancia del Migrante González y Martínez A. C.(EMGM) (Tequisquiapan, Qro.), Frente Cívico Sinaloense (FCS) (Culiacán, Sin.), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) (CDMX), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (INDIGNACIÓN) (Mérida, Yuc.), Instituto de DDHH Ignacio Ellacuría S.J. (IDH IGNACIO ELLACURÍA) (San Andrés Cholula, Pue.), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.), Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (CDMX), La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (Tenosique, Tab.), Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales CIARENA, A.C. (CIARENA) (Oaxaca, Oax.), Promoción y Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (PRODDESCAC) (Edo. Mex.), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (PRODESC) (CDMX), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (CDMX), Red Solidaria de Derechos Humanos A.C. (Morelia, Mich.), Respuesta Alternativa A.C. (San Luis Potosí), Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.), Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.), Uno de Siete Migrando A.C.  (Chihuahua, Chih.), Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes (San Cristobal de las Casas, Chis.)

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Avispa Midia

(Español) En Chiapas, agresión paramilitar contra ayuda humanitaria para desplazados

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Por Sare Fabres

El pasado miércoles 18 de noviembre, personas armadas agredieron a un grupo de ayuda humanitaria que se encontraba en la comunidad de Tabak, en el municipio de Aldama. De acuerdo a testimonios, los agresores eran civiles armados provenientes de Santa Martha, municipio de Chenalhó, en la región de los Altos de Chiapas.

Tabak es una de las poblaciones que conforman el municipio de Aldama y una de las más agredidas en una serie de sucesos violentos en el contexto de una disputa territorial por 60 hectáreas en la colindancia común al municipio vecino de Chenalhó.

En contexto ⇒ Continúa ataques paramilitares en comunidades de Chiapas

De acuerdo con un reporte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados del municipio de Aldama, la última agresión ocurrió después del mediodía del pasado miércoles. En el ataque resultó herida por bala de alto calibre la religiosa María Isabel Hernández Rea, agente pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Impacto de bala contra automóvil utilizado por el grupo de ayuda humanitaria.

Las personas agredidas formaban parte de una comitiva de voluntarios, integrada por Cáritas de la Diócesis de San Cristóbal y el Fideicomiso para la Salud de la Niñez Indígena de México (Fisanim). Dicho grupo tenía como objetivo llevar víveres para las familias desplazadas desde hace meses debido a la violencia paramilitar en la región.

La denuncia enfatiza que “los ataques son todos los días sin excepción desde hace semanas” y son perpetrados por grupos en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Recientemente, la Comisión también informo que durante la semana del 8 al 13 de noviembre de 2020, se intensificaron los ataques armados en contra de las comunidades tzotziles de Aldama, en el contexto del inicio de la temporada de cosecha de café, en medio de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y las afectaciones por las lluvias en el sureste mexicano.

La Comisión reportó ataques a las comunidades de Xuxch’en, Koko’, Tabak y San Pedro Cotsilnam, en Aldama. Los disparos provienen de los puntos conocidos como: El chino, Tocoy, Slumka, Telesecundaria, Tojtik, El Volcán, Tulantik, El Rancho, Alcantarilla y T’elemax, en Chenalhó.

Sólo entre julio y agosto de este año 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) reportó 54 ataques con armas de alto calibre en contra de diversas poblaciones de Aldama. Antes de las últimas agresiones y desde marzo de 2018, se contabilizaban más de 300 ataques contra las comunidades de Aldama.

Los integrantes de las familias desplazadas enfatizaron que los disparos mas recientes contra la comunidad de Tabak ocurrieron mientras elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal se encontraban patrullando el área.

Leer también ⇒ En Chiapas, desplazamiento forzado con la complicidad de autoridades locales

A través de un comunicado el Pueblo Creyente de las siete zonas pastorales de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas,Chiapas de mandó que“Ya basta de solapar estas acciones violentas. Exigimos a los tres niveles de Gobierno que se esclarezcan los hechos y se castiguen a los responsables, intelectuales y materiales de este ataque, que se garantice la seguridad de la población vulnerable en las comunidades en el Estado de Chiapas, el desarme de estos grupos armados”.

Dos personas resultaron heridas por impacto de arma de fuego en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama. Septiembre 2020. Foto de Frayba

La misma mañana del miércoles se reportaron balaceras en el poblado de Cotzilnam, Aldama y tras el ataque al grupo de ayuda humanitaria, también se registraron disparos contra la población de Xuxch’en.

Por su parte, la actriz Ofelia Medina, quien encabeza Fideo, enfatizó la gravedad de la emergencia humanitaria debido a los desplazamientos por la violencia paramilitar y ahora por las afectaciones climáticas provocadas por las lluvias torrenciales que han azotado al sureste mexicano y Centroamérica.

“Esta es una acción criminal, no habíamos podido acercarnos a llevarles tan necesitado alimento, la gente está en una situación de emergencia alimentaria porque los balazos son diarios sobre esta comunidad y todas las de Aldama. Ahora nos armamos de valor y dijeron las compañeras que iban. Se organizó el viaje, se entregó el alimento y fueron balaceados. Creo que debemos unir fuerzas e indignaciones para que esta situación se detenga ya.”

“Cabe señalar que los gobiernos estatal de Rutilio Escandón Cadenas y el federal de Andrés Manuel López Obrador han sido omisos ante los constantes llamamientos para cesar las agresiones armadas a comunidades del pueblo maya tzotzil de Aldama, las cuales sobreviven al asedio que incrementa la crisis de derechos humanos, especialmente la alimentaria y de salud”, manifestó el Frayba frente a la impunidad con la cual se mantienen operando los grupos paramilitares de la región.

Al cierre de la edición de esta nota continúan los reportes de ataques armados contra las comunidades de Yeton y Ch’ivit Aldama.

 

Foto de portada: Luis Aguilar / Frayba

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(Español) Agresión armada a brigada de ayuda humanitaria en Tabak, Aldama

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  • Grupo civil armado de corte paramilitar hiere de bala de alto calibre a la religiosa María Isabel Hernández Rea.

     

Esta mañana, una brigada de ayuda humanitaria de Cáritas San Cristóbal de Las Casas1 y del Fideicomiso por la Salud de Niños Indígenas de México,2 (FISANIM) que entregaba alimentos a familias desplazadas forzadas, en la comunidad de Tabak, Aldama, Chiapas, México, fue atacada por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente del Sector Santa Martha, Chenalhó. De mencionada agresión, con armas de alto calibre, fue herida en la pierna derecha la religiosa María Isabel Hernández Rea, a las 12:39 hrs., aproximadamente.

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba), recibió información urgente y grave, por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama: «de ataques armados a la comunidad de Tabak, desde las 8:34 hrs, del día de hoy, 18 de noviembre de 2020, procedentes de los puntos de Tojtik, Telesecundaria y Telemax, en Chenalhó.«

 

De acuerdo a testimonio de Fisanim:

 

«Esta es una acción criminal, no habíamos podido acercarnos a llevarles tan necesitado alimento, la gente está en una situación de emergencia alimentaria porque los balazos son diarios en esta comunidad y en todos los de Aldama. Debemos unir fuerzas e indignaciones para que esta situación se detenga ya.»

 

Escuchar testimonio completo en voz de Ofelia Medina, directora de FISANIM:

 

María Isabel, tiene 52 años de edad, pertenece a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Reina del Santo Rosario y colabora en la Parroquia de San Andrés Larráinzar, integrante de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Su trabajo pastoral con las comunidades de Pueblos Originarios se ha caracterizado por su labor social y profética, construyendo puentes de diálogo y de paz, pero también denunciando las injusticias que viven las familias tsotsiles desplazadas forzadas de Aldama.

 

Cabe señalar que los gobiernos estatal de Rutilio Escandón Cadenas y el federal de Andrés Manuel López Obrador han sido omisos ante los constantes llamamientos para cesar las agresiones armadas a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama,3 las cuales sobreviven al asedio que incrementa la crisis de derechos humanos, especialmente la alimentaria y de salud.

 

El Frayba condena este ataque y responsabiliza de estos hechos al Estado mexicano por no garantizar la seguridad e integridad de las y los agentes de pastoral, de las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas que ingresan, documentan, visibilizan la violencia y acompañan a las comunidades en desplazamiento forzado.

 

Exigimos al Estado mexicano desarmar y desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas y que ponen en riesgo la vida de quienes proporcionan ayuda humanitaria a la población.

 

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la siguiente acción urgente:

Agresión armada a brigada de ayuda humanitaria en Tabak, Aldama.

LEE LA PETICIÓN

 
 

215 firmas

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*-*

 

Asociación civil fundada en junio de 1994 por iniciativa del obispo Don Samuel Ruiz García, como respuesta a la emergencia que imperaba en Chiapas, por el estallido del conflicto armado. http://www.caritasancristobal.org/

 

2 Fisanim trabaja desde 1990 por el derecho a la salud y alimentación en comunidades de pueblos indígenas en desplazamiento forzado en México. https://www.fisanim.org/

 

3 Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. El Estado mexicano persistente omisión en proteger la vida en Los Altos de Chiapas. Acción urgente No. 14. 11 de octubre de 2020.   y Se intensifican los ataques armados a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama. Acción urgente No. 17. 13 de noviembre de 2020.

 

Foto: Impactos de bala a La Tomata, navio de ayuda humanitaria, de Fisanim.

 

 

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(Español) La verdad es un acto de justicia y el Estado debe reconocerla

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Desde hace catorce años de la Masacre de Viejo Velasco seguimos exigiendo justicia. Al llegar este día, los familiares seguimos viviendo la verdad frente a la impunidad que prevalece en el caso. Seguimos escuchando el sonido de la agresión; nuestras hermanas y hermanos choles refugiándose en las montañas para salvar sus vidas; aún el rocío de la noche nos acompaña buscando a nuestros hermanos adultos mayores, Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, que aún continúan desaparecidos, luego de que ese mismo día, el grupo civil armado se los llevó.

Recordamos a nuestra compañera María Núñez González que fue ejecutada al interior de su vivienda, junto con la criatura que llevaba en su vientre, mientras protegía a su hermana menor discapacitada, Petrona Núñez González, que fue secuestrada y torturada por el grupo civil armado y que días más tarde logró escapar, pero a consecuencia de la afectación psicológica que vivió, falleció en el 2010.

La constante agresión hacia los pueblos indígenas no para. Ese día -13 de noviembre de 2006- 40 personas armadas, provenientes de los poblados de Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada Comunidad Lacandona), acompañadas por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación, con siete elementos a su mando, y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social, atacaron a nuestras hermanos y hermanas en su pequeña comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas.

No olvidamos. Es el Estado mexicano que se empeña en despojarnos a los Pueblos Indígenas de nuestros territorios. La sangre derramada en Viejo Velasco no se quedará en el olvido. Hoy, a catorce años, nuestro corazón se fortalece, nuestra tristeza se transforma en indignación, lucha y resistencia para la verdad. Nuestro grito de ¡Justicia! se escuchará en todos los rincones del mundo. No olvidamos que el único delito de nuestros hermanos y hermanas masacrados y desaparecidos, fue el de defender su tierra y su territorio, para tener el sustento de sus familias.

Nuestra voz y lucha ha tenido un paso más; queremos informar públicamente que, el pasado 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su Informe de admisibilidad No. 264/20, de la Petición 1594-10 del Caso Pedro Núñez Pérez y Otros, México, en donde señalamos claramente, la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, privación arbitraria de la libertad y emisión de órdenes de aprehensión irregulares, que tuvieron lugar durante la agresión violenta en a nuestra comunidad Viejo Velasco, en un operativo de tipo paramilitar, con participación de agentes estatales.

Cabe señalar que esta masacre se dio en el contexto de una intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales, de más de 45 comunidades indígenas, asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia sobre la cual, la Asamblea y pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo, enfrentada a una agresiva política de despeje territorial, despojo social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano, ejercida sobre dichos poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, de nuestro país.

Por eso estamos aquí y aquí seguiremos exigiendo justicia, hoy, desde la comunidad de San Martín Chamizal, donde fuimos recibidos con nuestras familias y sepultamos a nuestros compañeros.

 

EL GRITO DE LA SANGRE DERRAMADA IMPUNEMENTE EN LA SELVA LACANDONA, VIEJO VELASCO, TIENE SED DE JUSTICIA.

Reiteramos una vez más nuestra exigencia al Estado mexicano, de justicia para nuestras 36 hermanas y hermanos en desplazamiento forzado, así como por la ejecución extrajudicial de Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González, Vicente Pérez Díaz, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, el secuestro y tortura de Petrona Núñez González y la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros de la Organización Social CDLI-XINICH, a quienes el Estado mexicano se empeña en hacerlos responsable de asesinar a sus propios compañeros.

QUEREMOS JUSTICIA, QUEREMOS VERDAD

CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y OPERADORES POLÍTICOS

Clamor de sangre derramada en la tierra de Viejo Velasco, Selva Lacandona

 

MADRE TIERRA CUÁNTA INJUSTICIA,

COBIJA MI ESPÍRITU CON LA SOMBRA DE LA SELVA.

 

Atentamente

Familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes de la Masacre de Viejo Velasco

Coordinadora de la Organización Social XINICH

UCISECH, TSOBLEJ YU UN WOCOLTIC

Organizaciones acompañantes:

Comité de Defensa de las Libertades Indígenas- CDLI-XINICH

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.-Frayba

Maderas del Pueblo del Sureste – MPS

Salud y Desarrollo Comunitario A.C. – Sadec

Casa de la Mujer Ixim Antsetic A.C.

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.- CDMCH

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas

Colectivo IngeniumMex (Xalapa, Ver.)

Ik Balam Agencia de Noticias Ambientales

Carta Mesoamericana

Pacto de Grupos Ecologistas

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal).

13 de noviembre de 2020.

Ejido Chamizal, municipio de Palenque, Selva Lacandona, Chiapas, México.

Pronunciamiento conjunto

 

 

radio
FrayBa

(Español) Defensores comunitarios de Chilón seguirán su proceso penal en libertad

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  • Alto a la represión y criminalización a Pueblos Originarios que defienden su territorio.

     

El día 1 de noviembre de 2020, a las 11:00 horas, el Juez de Control con residencia en Cintalapa, Chiapas, México, determinó en audiencia de revisión y modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, que José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis) y César Hernández Feliciano (César),1 defensores comunitarios del Pueblo Maya Tseltal de Chilón, continuarán su proceso penal presentándose de manera periódica ante el Juzgado de Control de Ocosingo, así como la prohibición de salir sin autorización del país y del ámbito territorial fijado. Son acusados del delito de motín, por oponerse a la instalación de una base o cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Es así que deberán de presentarse a firmar cada 15 días.

 

José Luis y César son presos políticos en un contexto de criminalización a Pueblos Originarios que rechazan la instalación de bases de la Guardia Nacional en sus comunidades. Como ejidatarios de San Jerónimo Bachajón apoyan las reivindicaciones del ejido San Sebastian Bachajón: «Exigimos al gobierno federal, estatal y municipal que se instalen medidas eficaces para dar marcha atrás a la instalación de esta base militar en el municipio de Chilón, Chiapas, así como el respeto a los derechos y cultura de los pueblos originarios2

 

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) asumió la defensa jurídica de José Luis y César, quienes permanecieron 17 días en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 14 “El Amate”, en el municipio de Cintalapa. El Frayba documentó violaciones a derechos humanos como: Privación Arbitraria de la Libertad, Tratos Crueles Inhumanos y/o Degradantes, así como irregularidades en el debido proceso, entre ellas: obstrucción a la defensa, incomunicación y traslado injustificado.3

 

Además el uso de la prisión preventiva constituye una vulneración al derecho a la libertad personal y una pena anticipada violentando también el derecho a la presunción de inocencia, que se usa para castigar la disidencia social.

 

La protesta es una acción legítima como derecho de la población socialmente invisible y excluida, para hacer valer sus exigencias y está implícitamente vinculada con la libertad de expresión, asociación y de participación en los asuntos de interés público.

 

Organizaciones internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos4 y Front Line Defenders5 hicieron llamamientos al Estado mexicano por la libertad de César y José Luis. Y expresaron que: «el uso de delitos fabricados se ha convertido en una estrategia efectiva para intimidar a quienes trabajan por y para los derechos humanos en México».

 

El Frayba reitera al Estado mexicano el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reconocer el papel fundamental que realizan las personas defensoras de derechos humanos, en especial los Pueblos Originarios que defienden sus territorios así como garantizar su protección y seguridad en el contexto de pandemia por COVID 19.

 

Exigimos absolver de manera inmediata del delito de motín a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano ya que evidentemente se trata de usar esta figura para criminalizar la protesta social. Se garantice la vida, libertad, seguridad e integridad de hombres y mujeres del Pueblo Maya Tseltal de Chilón que ejercen su derecho a la defensa del territorio, la libre autodeterminación y a la protesta. Nos sumamos a la exigencia de suspender la construcción del la base de la Guardia Nacional en el territorio del Pueblo Maya Tseltal, en el ejido de San Sebastían, en Chilón.

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las casas. Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública vulneran derechos del Pueblo Maya Tseltal de Chilón. Acción urgente. No. 15. 15 de octubre de 2020.

 

3 Ver video: Protestar no es un delito.

 

4 Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos. Ataques contra personas defensoras de la tierra y el territorio del Pueblo Maya Tseltal de Chilón y hostigamiento contra integrantes del Frayba. Llamamiento. 21 de octubre de 2020.

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

04 de noviembre de 2020

Boletín No. 18

Defensores comunitarios de Chilón seguirán su proceso penal en libertad.

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FrayBa

(Español) Riesgo para la vida en comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en el municipio de Aldama

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28 personas heridas y 6 muertas por armas de fuego durante ataques a comunidades de Aldama en dos años y medio.

El día de hoy, 30 de septiembre de 2020, Artemio Pérez Pérez, de 26 años de edad, originario de la comunidad de Tabak, Aldama, Chiapas, México, fue herido de bala, durante un ataque armado procedente del punto llamado T’elemax, en Santa Martha, Chenalhó. Su estado es de gravedad y fue trasladado al Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas.

Con Artemio Pérez Pérez son 28 personas heridas, además de 6 muertas, durante agresiones con armas de alto calibre a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, desde marzo de 2018. En este mes de septiembre se registraron seis personas heridas de bala.1

Desde el día 29 de septiembre de 2020, a las 18:09 horas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, documentó agresiones armadas a la comunidad de Tabak. Los ataques persisten hasta el día de hoy. De acuerdo a reportes de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama:

Sigue muy fuerte los disparos de altos calibres en contra de la comunidad de Tabac Aldama, los disparos provienen en el punto de T’elemax Santa Martha Chenalhó, siendo las 10:00 horas».

Reiteramos al Estado mexicano su obligación de proteger la vida, seguridad e integridad de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores y hombres en situación de riesgo en los límites de los municipios de Aldama-Chenalhó. Urgimos:

  • A la Secretaría de Salud: Se brinde y garantice el acceso a una atención médica oportuna, pronta, inmediata e integral a Artemio Pérez Pérez, ante posibles daños que afecten su estado de salud.
  • A la Fiscalía General del Estado: iniciar las investigaciones en contra de quienes resulten responsables de los hechos delictuosos y sancionar a los autores materiales e intelectuales.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la acción urgente que encontrarán en la página www.frayba.org.mx y/o hagan llamamientos al Estado mexicano exigiendo:

  • Garantice de manera inmediata los derechos a la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias del Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama.
  • Aplique los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de las Naciones Unidad para proporcionar atención humanitaria a las familias en desplazamiento forzado de 13 comunidades en Aldama.
  • Investigue de manera pronta y adecuada, así como sancione, desarme y desarticule a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas.

Riesgo para la vida en comunidades Maya Tsotsiles en el municipio de Aldama.

 1 Juan Pérez Gutiérrez de 27 años y Mario Pérez Gutiérrez de 22 años, originarios de la comunidad de Cotsilnam, heridos de bala, el 04 de septiembre de 2020; Andrés Ruiz Santis, de 61 años de edad, originario de la comunidad de Sepelton, fue herido de bala, en el camino de Tabak. el 12 de septiembre de 2020; Raymundo Pérez Sántiz de 16 años y Armando Pérez Sántiz de 31 años, heridos de bala, en Tabak, el 13 de septiembre de 2020.

San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México

30 de septiembre de 2020

Acción Urgente No. 13

Descargar: Riesgo para la vida en comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en el municipio de Aldama.

radio
NotiFrayba

(Español) NotiFrayba: Hasta encontrarles

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El gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.

Este NotiFrayba está dedicado a las más de 73 mil personas desaparecidas e México.

radio
Frayba

(Español) Magdalena, tierra de desplazadas (Fotorreportaje)

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Casas abandonadas y otras semihabitadas, unas más vestidas como trincheras, porque las balas con armas de alto calibre llegan no sólo a los patios sino también a las paredes e incluso han cruzado el umbral de las puertas. Ahí quedaron ya casi sin paredes ni techo algunas y en la soledad sus enseres, en medio de las montañas de Los Altos de Chiapas que guardan la tranquilidad para otras épocas.

(Continuar leyendo…)

radio
Frayba Comunicación

(Español) Cesar amenazas a defensoras de derechos humanos en México

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Exigimos garantías de seguridad para las integrantes de Consorcio Oaxaca y la periodista Soledad Jarquín Edgar.

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) nos solidarizamos con las integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Consorcio) quienes el día 15 de junio de 2020, recibieron amenazas de muerte en la puerta de su oficina, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.1 La organización feminista es un referente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres desde hace 17 años.

 

Consorcio denunció que la amenaza de muerte forma parte de las intimidaciones hacia su trabajo en exigencia de justicia por el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, joven fotoperiodista asesinada el 2 de junio 2018, en Juchitán de Zaragoza; y frente a la solicitud de protección para la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol.

 

Responsabilizamos al gobierno de Alejandro Murat por estos hechos que ponen en riesgo la vida, la seguridad e integridad de las defensoras en la entidad oaxaqueña. Reiteramos al Estado mexicano su obligación para garantizar la protección de la población en general y las defensoras en particular en los contextos de violencia, donde son las autoridades estatales quienes vulneran derechos humanos.

 

En nuestro país las mujeres que acompañan procesos de justicia y verdad afrontan criminalización, hostigamiento, judicialización, estigmatización y riesgo para su vida. Situación que se complejiza en esta emergencia sanitaria de la pandemia, ya que desde el 20 de marzo de 2020 han asesinado a 12 personas que defendían derechos en México, entre ellas 3 mujeres: Paulina Gómez Palacio, defensora del Wirikuta, quien fue desaparecida el 19 de marzo, en Zacatecas y se encontró su cuerpo el día 21 de marzo, en San Luis Potosí; la periodista María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo en Papantla, Veracruz; y Karla Valentina Camarena, defensora de los derechos trans, asesinada el día 30 de marzo en Guanajuato.

 

Además, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos registró las siguientes agresiones durante las últimas dos semanas: desaparición de la defensora tseltal Angelina Santís, el 13 de junio en Ocosingo, Chiapas; clausura de su vivienda e intimidación a la defensora del territorio Claudia Zenteno, el 11 de junio en Xochimilco, Ciudad de México; detención arbitraria de la defensora Kenia Hernández, el 06 de junio, en el estado de México; detención arbitraria de la abogada Claudia Hernández Herrera y las defensoras Roxana Hernández y Yésica Guzmán Pardo, el 05 de junio en San Luis Potosí; difamación a la periodista Anaís Palacio Pérez, durante la primera semana de junio, en Veracruz. Y desde el 08 de junio, la abogada laboral Susana Prieto Terrazas se encuentra en privación arbitraria de su libertad en Tamaulipas.

 

El escalamiento de la represión vulnera el derecho a defender derechos humanos y son las mujeres defensoras quienes se encuentran en mayor peligro, en respuesta para detener su valioso aporte en distintas formas de resistencia. La crisis de derechos humanos en el país profundiza las desigualdades de género enfocando como objetivo de las violencias a quienes transgreden el silencio.

 

La Organización de las Naciones Unidas insta a los Estados a procurar la: “Debida diligencia para garantizar la protección de los derechos humanos de las defensoras que son amenazadas y a fortalecer la responsabilidad de las instituciones del Estado a cargo de salvaguardar el trabajo de las defensoras”.2 Por lo cual, el Frayba exhortamos al Estado mexicano: a cesar las agresiones a defensoras y a garantizar su vida, libertad, integridad y seguridad personal para el pleno respeto y ejercicio de sus labores.

 

De manera específica exigimos detener las amenazas en contra de las defensoras de derechos humanos integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca así como de Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín víctima de feminicidio, garantizando de manera urgente la protección efectiva a su vida, integridad y seguridad personal.

 

Frente a la incapacidad e impunidad del Gobierno del estado de Oaxaca para la investigación de tales hechos, solicitamos a la Fiscalía General de la República la atracción del presente caso debido a su alto interés y trascendencia. La investigación debe ser efectiva encaminada al esclarecimiento de las amenazas, identificando a los responsables para que sean castigados, además de implementar todas las medidas que garanticen la no repetición.

 

”Hasta que la Justicia Llegue”

-.-

 

1 Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Comunicado de prensa 04. 15 de junio de 2020.

 

2 ONU. Las defensoras de derechos humanos deben ser protegidas. 29 de noviembre de 2018.

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

18 de junio 2020

Boletín No. 13

Cesar amenazas a defensoras de derechos humanos en México

radio
frayba

(Español) Riesgo para la vida de personas privadas de su libertad ante Covid 19

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  • Autoridades penitenciarias y de salud incumplen medidas dictadas por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas.

     

La Secretaria de Salud y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, incumplen orden, con fecha 20 de mayo de 2020, dictada por Mario Fernando Gallegos León, Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales (Juez Federal), en el Estado de Chiapas, México, paraimplementar medidas eficaces que garanticen la vida e integridad física de personas privadas de su libertad en la entidad; específicamente en el Centro de Readaptación Social para Sentenciados No. 05 (CERSS No. 5), en San Cristóbal de Las Casas y en el CERSS No. 10, en Comitán de Domínguez.

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), cuenta con información sobre la situación de riesgo a la salud en la que se encuentran los presos de identidad Maya Tsotsil: Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo1, así como Osman Alberto Espinales Rodríguez, Pedro Trinidad Cano Sánchez, Alexander Hernández Roblero, Alexander Hernández Zalazar y Bacner Maldonado García internos en el CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas y Marcelino Ruiz Gómez recluso en el CERSS No. 10 de Comitán de Domínguez, quienes continúan sin recibir atención adecuada a su salud frente a la amenaza de contagio por COVID-192.

 

El 20 de mayo de 2020, el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha presentó un amparo para reclamar la omisión en la atención a la salud de los presos antes mencionados bajo custodia del Estado. En esa misma fecha,el Juez Federal otorgó la suspensión de plano, para que las autoridades responsables comprueben de qué manera están llevando a cabo las medidas y acciones sanitarias de contención, para evitar el contagio en las prisiones, garantizar la vida e integridad física, así como vigilar y garantizar el cumplimiento del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación para la mitigación y control de riesgos a la salud frente al COVID-193. Las autoridades debieron proporcionar inmediatamente la atención médica especializada necesaria, incluyendo estudios, valoraciones y medicamentos que resulten pertinentes para poder preservar la salud de los presos, sin que hasta el momento se haga efectivo.

 

El día 05 de junio de 2020, ante el incumplimiento de las autoridades de salud y penitenciarias, el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha interpuso, ante el mismo Juzgado Federal un incidente por defecto en el incumplimiento de la suspensión de plano. Por lo que el Juez Federal debe requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de las medidas otorgadas.

 

La Organización de las Naciones Unidas señala en las Directrices Esenciales para Incorporar la Perspectiva de Derechos Humanos en la Atención a la Pandemia por COVID-19, que las personas de Pueblos Originarios privadas de la libertad son las más vulnerables, por ello, son merecedoras de una especial atención, traducida en el deber amplio y directo de protección respecto de su salud por parte de las autoridades “a nadie se le debe negar la atención médica por un estigma o porque pertenecen a un grupo que podría estar marginado”4. También recomienda que las autoridades debieran examinar la manera de poner en libertad a las personas especialmente vulnerables al COVID-19, entre otras a las personas presas de edad avanzada y las enfermas, así como a las detenidas menos peligrosas.

 

El Frayba ha realizado diversas intervenciones en los ambitos estatal y federal para informar la situación de violaciones a derechos humanos y al debido proceso de Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez, sin embargo se mantiene la falta de justicia. Por lo anterior reiteramos a Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador de Chiapas; a Juan Óscar Trinidad Palacios, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; a Juan José Zepeda Bermúdez, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a Rafael León González, Vocero de la Mesa de Reconciliación del Gobierno del Estado, la adecuada atención a la salud de los presos señalados y su inmediata libertad.

 

 

1 Antecedentes: Adrián Gómez Jiménez se encuentra privado de la libertad, de manera injusta, desde hace 16 años con 4 meses, estás en sentenciado a 20 años de prisión, sin ningún señalamiento en su contra y estuvo en proceso durante 15 años. Germán López Montejo y Abraham López Montejo llevan 9 años con 4 meses en prisión injusta, sin ningún señalamiento en su contra, el año pasado fueron sentenciados a 75 años de prisión. Marcelino Ruiz Gómez lleva 14 años preso injustamente, pagando por un delito que no cometió y está sentenciado a 25 años de prisión. Los cuatro son víctimas sobrevivientes de Tortura.

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

10 de junio de 2020

Boletín No. 12

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