Foto de portada por David Toro / Prensa Comunitaria

Por Ñaní Pinto

Los desalojos ilegales en Guatemala, así como los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos aumentaron en el contexto de la pandemia por la Covid-19, según testimonios y registros elaborados por la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).

En el país centroamericano, y bajo el pretexto de frenar los contagios del virus, fueron implementadas medidas de contención como los toques de queda. Desde el 16 de marzo, este contexto fue aprovechado tanto por el gobierno, como el sector privado, para realizar desalojos ilegales, principalmente en la región norte de Guatemala, en los departamentos de Alta Verapaz y Petén.

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Aunado a ello, de enero a septiembre del presente año, se han registrado 844 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. “Es la cifra más alta que hemos registrado, entre ellas hay 14 asesinatos”, detalló Jorge Santos director de Udefegua durante el evento “Desalojos Extrajudiciales y Violaciones a Derechos Humanos en Guatemala”.

Santos detalló algunos casos violentos sucedidos en plena pandemia.

Por ejemplo, lo sucedido con las comunidades Washington y Dos Fuentes, de Purulhá, Baja Verapaz, las cuales fueron desalojadas violentamente por un grupo de personas armadas. “Tenemos registrado que durante estos desalojos se intentó asesinar a dos jóvenes de 15 y 17 años”, subrayó el integrante de Udefegua.

En diversas ocasiones, la comunidad indígena poqomchi’ de Dos Fuentes ha denunciado ataques armados. A su vez, otras organizaciones como el Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA) han señalado el incremento de la violencia a partir de la crisis sanitaria declarada en marzo en Guatemala.

“Este contexto es aprovechado por grupos que quieren generar violencia y asesinatos, el Estado de Guatemala no está brindando seguridad ni apoyo, está solapando y contribuyendo a la impunidad de grupos criminales”, destacó Leocadio Juracán, dirigente del CCDA.

En el caso de la comunidad de Washington, ésta fue desalojada el 31 de marzo por un grupo armado a quienes se ha identificado como miembros de un equipo de seguridad de la familia Thomae. De origen alemán y dedicada a la siembra de café, los Thomae también son propietarios de la hidroeléctrica Juminá S.A., la cual opera en otro sector de la finca donde se ubica Dos Fuentes.

Palma de aceite, un factor más para los desalojos

Otro caso sucedido en el contexto de la pandemia es el del intento de desalojo de 200 familias en Tierra Blanca, municipio de Sayaxché, Petén.

El 13 de abril, a las 7:30am, 45 miembros de un comando de seguridad privada vinculada con Industria Chiquibul, S.A., empresa dedicada a la cosecha y extracción de aceite de palma, se presentaron en la comunidad sin previo aviso y sin una orden judicial que autorizara el desalojo.

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Tras ingresar a la comunidad, el comando disparó armas de fuego para intimidar a las familias y echarles de sus hogares. Aunque en esta ocasión la comunidad logró defenderse y resistir ante las fuerzas de seguridad privada, Izáis Tiul Pop, un miembro de la comunidad de 30 años, resultó gravemente herido durante el intento de desalojo fallido.

Ocho miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron testigos de lo ocurrido y no hicieron nada para evitarlo. “La falta de acción protectora por parte la Policía Nacional Civil es aún más preocupante a la luz de la pandemia de Covid-19 (…) Desde hace varios años, las empresas de aceite de palma que operan en la región se han apropiado de tierras de comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad utilizando medidas turbias, coactivas y, a veces, hasta ilegales” señala Lara Domínguez, integrante de Minority Rights Group.

Desalojos “en apego a la ley”

Entre los días 9 y 10 de diciembre, miembros de la PNC quemaron las viviendas de 200 familias q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, cuenta el abogado Juan Carlos Peláez para Prensa Comunitaria.

De acuerdo a los testimonios de los campesinos, durante el desalojo la policía quemó las viviendas, robó animales, ropa, instrumentos de labranza, arrancaron las siembras y detuvieron a tres personas, miembros de las comunidades indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas, acusados de usurpación a la propiedad privada.

Cabe destacar que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de la Libertad, Petén, a través del funcionario Diego Gonzáles, aseguró que el desalojo se realizó apegado a los protocolos, pese a que varias de las personas afectadas con el desalojo aseguraran todo lo contrario.

De acuerdo a la nota del abogado Peláez, en la notificación del Organismo Judicial (OJ) para la PDH, la finca el Zapotal, donde se realizó el desalojo, es propiedad de la empresa inversiones SOLUNIN sociedad anónima. Según el portal de Guatecompras, la empresa tiene como actividad económica el asesoramiento empresarial en materia de gestión y su represente legal es Luís Arturo Ramírez Melgar.

Ramírez Melgar también es el representante legal de la Hidroeléctrica El Brote, S.A. que tiene operaciones activas en el municipio de Chicacao, Suchitepéquez.

Para el abogado Peláez, “no se respetó el debido proceso, la comunidad nunca se enteró del desalojo ni quien emitió la orden, el papel presentado no tiene sello ni firma. Las órdenes tienen que ir suscritas para tener un medio de defensa posterior, la inmediación de una juez que ha sido delegada para un acto judicial no es suficiente”.

El abogado también enfatizó que el desalojo violento se realizó a pesar de la situación de crisis tanto sanitaria por la Covid-19 y las inundaciones de las tormentas tropicales Eta y Iota, las cuales afectaron a más de un centenar de familias en la misma región de Tierra Blanca.

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal labran la paz en la exigencia de justicia y verdad.

Un pueblo sin memoria es un pueblo ciego.

Un enjambre de balas apagó las velas que titilaban con su llama que evocaba la paz. Eso ocurrió la mañana del 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, México. Las manos asesinas hicieron correr ríos de sangre que sirvieron para saciar una sed de odio y el exterminio preparado desde las esferas oscuras del poder del Estado mexicano. Ese día el sol eclipsó. Las fuerzas del mal apagaron la luz de la vida de 45 personas y 4 no nacidas, estas se convirtieron en luciérnagas que se esparcen y resplandecen a quien se asoma, son luciérnagas de la conciencia que siembran lucha y resistencia.

A quienes les arrebataron la vida, hoy las recordamos, las hacemos presente. Enarbolamos su voz que clama memoria, justicia y verdad. Ese clamor se suma a la voz de jTatik Samuel Ruiz García quien fue convertido por los pueblos, quien abrazó y abraza el dolor y la esperanza de las excluidas y de los excluidos por este sistema capitalista de muerte. A 10 años de su pascua, jTatik camina junto a nosotras y nosotros, con su andar pasional entre las veredas comunales sembrando la esperanza para cosechar la vida, en un nuevo amanecer que anhelamos como humanidad. jTatik sigue enseñando con sus huellas en este territorio, la lucha por la justicia, la defensa radical de los derechos humanos. Nos guía con su antorcha, fuego que nos cobija de vida, de amor y lucha.

Recordamos que la Masacre de Acteal, es un efecto directo de la política genocida elaborada por el Estado e implementada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares en Chiapas, tal y como se señala en el Plan de Campaña Chiapas 94’. Los sucesos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, son una herida que se mantiene abierta para las víctimas, sobrevivientes, sus familias y para todas las personas que nos indignamos y persistimos en su lucha que es nuestra.

Ha llegado el momento de que el Estado mexicano actual, reconozca públicamente la existencia del Plan de Campaña Chiapas 94’ y el impacto de los crímenes de lesa humanidad en la vida comunitaria de la población de las zonas Altos, Norte y Selva de Chiapas, en el marco de guerra de contrainsurgencia iniciada para aniquilar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a quienes se organizan desde la autonomía. El actual gobierno, tiene la oportunidad histórica y no quedarse en el reconocimiento de disculpa pública, mediática y frívola. Hoy tiene la oportunidad de estar a la altura de la exigencia de derechos que los pueblos han impulsado por décadas, de llevar a cabo acciones contundentes que conlleven a la investigación y sanción tanto de los propios funcionarios del Estado mexicano (autores intelectuales) así como de los paramilitares (autores materiales) que masacraron a las 18 mujeres adultas cuatro de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y 15 años de edad, 26 lesionados y 326 personas desplazadas que presenciaron la Masacre.

A pesar de la persistente guerra integral de desgaste; del año de la pandemia que sigue causando estragos en la humanidad; de la muerte de algunas personas sobrevivientes de la Masacre; la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes siguen labrando la paz y dando a conocer la verdad de lo que pasó ese día, como lo hacen el 22 de cada mes, impulsan La Otra Justicia donde no habita el olvido.

Desde el Frayba reconocemos este arduo caminar de Las Abejas de Acteal quienes nacieron en 1992 y continúan exigiendo justicia verdadera. Ellas y ellos han elegido impulsar desde su acción ética y política el seguimiento del Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictamine la responsabilidad del Estado mexicano en la Masacre de Acteal, para que señale de manera directa su política de contrainsurgencia, la formación de los paramilitares, entre otros hechos de terror, que dieron como consecuencia las ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Hechos que hoy en día han reactivado los sucesores del paramilitarismo en los Altos de Chiapas, especialmente en Chenalhó, creando un escenario similar al que se vivió en 1997.

Para que las Masacres como la de Acteal no permanezcan en el contínuum de injusticias que existen en nuestro país, es necesario que se derrumbe el monumento Estatal de la impunidad y se deje de trivializar las violaciones graves a los derechos humanos. Es por lo que, abrazamos las dignas luchas y resistencias como el de Las Abejas de Acteal que nos dan camino y vida, ya que su acción radical va erigiendo La Otra Justicia, desde el no Olvido que alimenta la Memoria de lucha de larga duración de los pueblos, la Verdad como hálito de grande dignidad para arraigar el Lekil Chapanel (La raíz de la justicia).

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

22 de diciembre de 2020

Boletín No. 20

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Descarga: La Masacre de Acteal continuidad en la impunidad. 

 Escucha NotiFrayba: Masacres Nunca Más

Romper la violencia con amor y con lucha por la justicia: Carta de Serapaz a Las Abejas de Acteal.

Aquí te compartimos una galería de la conmemoración del XXIII aniversario de la Masacre de Acteal.

Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

                                                                                                     19 de diciembre del 2020

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos.

Queremos invitarles a la conmemoración del XXIII aniversario de nuestros hermanos mártires de Acteal y los XXVIII años de nuestro caminar en la construcción de nuestra autonomía, que se llevará a cabo los días 21- 22 de diciembre del presente año, en la sede de nuestra organización, Tierra sagrada de los mártires de Acteal.

 Esperamos a que nos puedan acompañar en estos días y así poder también exigir juntos el informe de fondo de la CIDH en el caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal).

 En caso de que no puedan asistir en esos días, pueden apoyarnos con ver nuestro programa en vivo, http://espora.org:8000/acteal.mp3

  https://www.facebook.com/Las-Abejas-de-Acteal-170569689632465

Foto de portada: Familias desplazadas de Aldama por Índice político.

Por Sare Frabes

“Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”, denuncia un comunicado difundido por una misión civil de observación en Chiapas.

Realizada durante cuatro días, dicha misión estuvo integrada por 14 organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

La misión visitó comunidades en las regiones norte, altos y costa de Chiapas en donde recabaron testimonios de personas que han vivido desplazamiento forzado, el despojo de sus tierras y un contexto generalizado de violencia que va de las amenazas hasta la tortura.

Las comunidades visitadas por la misión de observación fueron Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá. En todas documentaron situaciones de conflicto y violencia contra defensores y poblaciones.

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Por ello, destacaron “las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria, quienes realizan su labor en un ambiente de violencia generalizada”.

Sin acceso a la justicia

Mediante conferencia de prensa, lxs integrantes de la misión también resaltaron los impactos psicosociales en las comunidades en Zona Altos, Norte y Costa de Chiapas,, así como el efecto diferenciado en las mujeres y las infancias de poblaciones en desplazamiento forzado, quienes viven en situaciones con terror, miedo y preocupación, lo cual les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

“Alarmantes de la situación de insuficiencia alimentaria, inexistentes servicios de salud y medicamentos que se suman a la situación de desplazamiento forzado que amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas”, los cuales “agravan la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que agreden a las comunidades, implica un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos”, expusieron como resultado de la documentación en las distintas regiones de Chiapas.

En su denuncia, las organizaciones enfatizaron también “la falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aun cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados”.

A la exigencia de justicia, la misión de observación también se sumó al llamado “para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia a las agresiones sistemáticas de las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata”.

Hostigamiento a defensores

Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, destacó que en las tres zonas visitadas por la misión se confirmó la existencia de grupos armados quienes están actuando con facilidades en los territorios para obtener control, poder despojar, invadir y continuar realizando hechos criminales.

“Vemos una fuerte resistencia de defensa del territorio por las comunidades que han procurado tener un espacio de cultivo para proveer alimentos, tranquilidad y armonía, generando una tensión mayor de las comunidades. Por otro lado, todo este contexto propicio agresiones, amenazas, desplazamiento, asesinatos, hasta la fecha el estado se mantiene omiso”, enfatizó el director de la CDH.

Hernández compartió también que en la costa de Chiapas donde realiza su labor, el CDH Digna Ochoa acompaña un proceso de colonia urbana “donde existe una deficiencia de garantía de derechos por parte de las autoridades, donde no hay garantía de los servicios básicos como agua, drenaje, alumbrado, seguridad y vivienda”.

A dicha situación se suma la violencia ejercida por “un grupo que actúa bajo la primicia del gobierno en la región, por lo que, evidenciaron que existe una falta de voluntad para poder atender las situaciones de violaciones a derechos humanos que pone en riesgo a las comunidades y también a quienes acompañan los procesos de defensa de los derechos humanos”, compartió Hernández quien durante las últimas semanas denunció el haber recibido amenazas de muerte debido a su labor.

Agresiones contra tierras recuperadas

Por su parte, Diana Itzu Gutiérrez del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas informó que, en la zona norte del estado del Caracol de Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, desde 2019 ocurren agresiones violentas contra 155 hectáreas de tierras recuperadas por comunidades base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quienes están sufriendo una invasión de 40 personas que se articulan con la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes han cercado el territorio.

“Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos”, video de difusión caravana solidaria por Red Ajmaq.

“Estamos viendo que estos grupos fuertemente armados no solo en el Municipio Oficial de Huitiupán en San Gregorio y en el Municipio Oficial de Ocosingo y Chilón donde el despojo y desplazamiento es parte de esta guerra integral de desgaste”, mencionó Gutiérrez sobre las agresiones contra familias base de apoyo del EZLN quienes por la violencia actual se ven impedidos de cultivar sus alimentos.

Paramilitares

En la región de los Altos, la misión de observación constató una crisis de desplazamiento forzado, situación que viven las y los 1,236 desplazados de Chalchihuitán, así como las comunidades del municipio de Aldama en específico San Pedro Cotsilnam, donde representantes de los 115 comuneros, víctimas, heridos y viudas dieron sus testimonios, constataron de nuevo el abandono del estado ante estas graves violaciones a derechos humanos.

El director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pedro Faro, mencionó que tienen el conocimiento de 3,499 personas en situación de desplazamiento debido a las agresiones armadas por parte de grupos de corte paramilitar que mantienen en asedio a la población de las 13 comunidades de Aldama.

El director del Frayba sostuvo que el grupo de corte paramilitar tiene vínculos con funcionarios del municipio de Chenalhó, así como complicidad con los tres niveles del gobierno pues los ataques no cesan a pesar de todos los acuerdos del gobierno y pactos hechos desde las cúpulas del poder.

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“Ayer recibimos un reporte más de estos ataques en Aldama y eso nos preocupa mucho, lo que tenemos registrado es que hay 21 heridos y seis muertos, evidenciamos que no hay una atención integral a la situación de los desplazamientos, hombres, mujeres, niños y niñas están viviendo en una alta vulnerabilidad”, denunció Faro durante la conferencia de prensa el pasado 10 de diciembre. El director del Frayba añadió que “lo mismo encontraron con Las Abejas de Acteal, en específico los desplazados de la comunidad de Los Chorros, los hechos fueron perpetrados por autoridades de la colonia Miguel Utrilla de Barrio Río Jordán ubicado en el municipio de Chenalhó”, donde aún hoy dichos grupos armados actúan de manera deliberante y agresiva hacia la sociedad civil Las Abejas de Acteal no permitiéndoles su proceso de construcción de autonomía.

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Inglés Estadounidense. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Until March 14, 2020, Cristóbal Sántiz Jiménez worked as a guard at a vocational training centre in San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. That day, he was heading back home when he was arrested by members of the Chiapas Prosecutor’s Office Specialised Police on charges of “aggravated homicide”. Since then, he has been kept under preventive detention for a crime he did not commit.

As the spokesperson of the Permanent Commission of the 115 community members and displaced persons of Aldama, where he comes from, Cristóbal has been publicly denouncing the armed attacks, robbery, destruction of crops, and house arson perpetrated against the Aldama population by a paramilitary group from the municipality of Chenalhó. The root cause of this violence: a conflict between the Aldama and Chenalhó municipalities over 60 hectares of land that dates back to the 1970s and that Mexican and Chiapas authorities have been incapable to adequately address.

Two years before his detention, Cristóbal had already been accused of and subsequently absolved for the crime of “aggravated homicide”. This is not a coincidence. It is rather a prolongation of the harassment perpetrated against him by both State actors and the Chenalhó paramilitary group in retaliation for his work defending the rights of the displaced communities of the municipality of Aldama.

In August 2020, Cristóbal wrote a letter from the detention centre CERSS “El Amate”, in which he analysed the nature of the dreams of his own displaced Tsotsil Mayan communities from Aldama. According to Cristóbal, all their nightmares were echoing the violence they have been subjected to for more than four years.

Today in the Chiapas Highlands this violence continues. None of the three non-aggression pacts signed by the municipalities of Aldama and Chenalhó since June 2019 have resulted in the end of the armed attacks and violence against the Maya Tsotsil communities in this region.

There are currently more than 3,000 people forcibly displaced in the municipality of Aldama, who are mired in a food crisis due to the impossibility to cultivate their lands. They are permanently under attack. In the meanwhile, Cristóbal remains unjustly detained because he has never been scared to defend their rights.

Join our call to release Cristóbal Sántiz Jiménez!

Ta’louk xa ti matanal milel-ulesele.
– Basta ya de asesinatos a personas inocentes con fines de exterminio.

Después de la Masacre de Acteal, en el municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997; en Chiapas, México, se han cometido otras dos masacres a Pueblos Originarios: La de Viejo Velasco, el 13 de noviembre de 2006 y la de Chincultik, el 03 de octubre de 2008.

Actualmente existe el riesgo de una nueva Masacre, en la región Altos. Grupos civiles armados de corte. paramilitar procedentes de Chenalhó, atacan con armas de fuego a comunidades de Aldama y Chalchihuitán, con la omisión y protección del gobierno de Chiapas.

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida y evitar otras Masacres en México.

Escuchemos a Las Abejas de Acteal en el NotiFrayba.

• • • 14 organizaciones integrantes de la Red TDT así como 3 organizaciones internacionales visitaron comunidades de las regiones Altos, Norte y Costa para documentar violaciones a DDHH.

   

• • • La impunidad y falta de acceso a la justicia generan un clima de riesgo para el CDH Digna Ochoa y el CDH Fray Bartolomé de las Casas.

   

• • La falta de voluntad política agudiza la crisis de derechos humanos que viven las comunidades chiapanecas.

Entre los días 7 y 10 del presente mes de diciembre, una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana— y acompañadas por tres organizaciones internacionales[1] visitamos comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas con el objetivo de documentar diferentes problemáticas de derechos humanos. Durante esos días, pudimos atestiguar situaciones críticas de vulneración de derechos fundamentales en las tres regiones, con una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades.

La Misión Civil de Observación (MCO) tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.

Las organizaciones de la Red TDT que participamos en esta Misión Civil de Observación queremos expresar nuestra preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que hemos podido documentar en las tres regiones, especialmente queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.

Igualmente alarmantes resultan la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades– que sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas. Dichas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada.

Además, las organizaciones de la Red TDT denunciamos la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones a derechos humanos. Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades. A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.

También hacemos un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata.

Finalmente, queremos señalar que la Misión Civil de Observación se reunió con autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas. Hoy, 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
(Conformada por 86 organizaciones  en 23 estados de la República mexicana)

Con el acompañamiento de Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).

Descargar PDF: Misión Civil de Observación a Chiapas denuncia una situación sistemática y estructural de violaciones a derechos humanos.

• Del 7 al 10 de diciembre, organizaciones de derechos humanos realizarán una Misión Civil de Observación a Chiapas para documentar graves violaciones a derechos humanos.
• La Misión Civil de Observación a Chiapas recorrerá varias comunidades en el estado de Chiapas.
• En la MCO participarán 16 organizaciones nacionales e internacionales y la Secretaría Ejecutiva de la Red TDT.

En este momento en el Estado de Chiapas, está teniendo lugar una situación de graves violaciones a derechos humanos y agresiones contra muchas personas y organizaciones que trabajan  en la defensa de los derechos humanos y por la paz.

Por un lado, vemos con preocupación el incremento de situaciones que criminalizan, hostigan y amenazan a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que queda ejemplificado en las difamaciones públicas sufridas por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que han ido escalando hasta llegar, reciententemente, a una pega de carteles en el Palacio Municipal de Tonalá donde se desacredita su labor como personas defensoras.

Por otro lado, vemos con preocupación la continuidad de las agresiones armadas contra el pueblo maya tsotsil en el municipio de Aldama. Dichas agresiones, han resultado en lesiones para  habitantes de la comunidad, así como para  integrantes de una caravana humanitaria organizada para brindar apoyo a la comunidad. Además, como señala el CDH Fray Bartolomé de las Casas: A pesar de que el viernes 27 de noviembre de 2020, nuevamente se firmó el Acuerdo Definitivo entre Aldama y Chenalhó, los ataques de armas de fuego continúan […]. El mismo día de la firma, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, reportó agresiones, las cuales se intensificaron este fin de semana.

Esta grave crisis de desplazamiento forzado que se ha vivido por años y en la que la ayuda humanitaria externa es esencial, se ha agravado debido a la pandemia de COVID-19 y la dificultad de acceder a recursos básicos de salud y educación.

La sistematicidad de las violaciones a derechos humanos, así como el riesgo en el que se encuentran personas defensoras nos mantiene en  alerta, observantes de que las diversas autoridades generen las condiciones para garantizar la integridad y vida de las poblaciones indígenas desplazadas, así como de las personas defensoras de derechos humanos.

Por ello, las organizaciones Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. (CDH Frayba), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. (CDH Digna Ochoa), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C. (CDH Fray Matías), Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C., Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xi’nich, Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI), Centro Kalli Luz Marina A. C., Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI), Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC), en representación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) (Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), y acompañados por el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Colectivo de Observación y Monitoreo del Sureste realizaremos esta Misión Civil de Observación a Chiapas (MCO) del 7 al 10 de diciembre.

Esta MCO hará un recorrido por comunidades de Chiapas ubicadas en los municipios de Chilón, Chalchihuitán, Aldama y Tonalá para documentar violaciones a derechos humanos, así como para  visibilizar la situación de desplazamiento forzado y la criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos que se viven en el estado. Con la información documentada buscaremos, como organizaciones, reunirnos con autoridades del orden municipal, estatal y federal para promover que se garantice la protección y respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la MCO a Chiapas dará una conferencia de prensa virtual el 10 de diciembre —a través de las redes sociales de la Red TDT y de las organizaciones participantes—. En ella se expondrán los resultados de la MCO y se adelantarán las actividades para el seguimiento de las mismas.

Para más información o gestión de entrevistas:
Eber Huitzil – Comunicación, Secretaría Ejecutiva de la Red TDT
55 1796 6731, comunicacion@redtdt.org.mx

Diversas organizaciones civiles y activistas exigen al gobierno mexicano solucionar el desplazamiento y los ataques en contra de los indígenas chiapanecos que han sido despojados de sus bienes por un conflicto de tierras entre los municipios de Chenalhó y Aldama.

Este conflicto ha derivado también en un ataque, registrado el 18 de noviembre, a una caravana de ayuda humanitaria en el estado de Chiapas, en el cual, una de sus integrantes fue herida de bala, quien ya recibió atención médica.

Los firmantes reclaman la falta de respuesta del Gobierno en el conflicto y urgen una solución ante las agresiones armadas en las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.

Las personas piden: Recuperar el Estado de derecho en la región, aplicar la ley y hacer justicia a la población, lo que significa el retorno de todas las personas desplazadas, la recuperación de su capacidad de sostenibilidad económica, alimentaria y de vida digna.

Insisten en que la atención integral a los desplazados y afectados por este conflicto, sea responsabilidad de instancias federales en vista del incumplimiento de las instancias en el estado y que ésta sea en apego a los protocolos nacionales e internacionales.

Destacan que el cese de las agresiones; la detención de las bandas armadas criminales y de quienes las patrocinan por intereses económicos y políticos; la persecución de ilícitos y la revisión de todos los casos de personas detenidas injustamente.

Recuerdan que México es signatario de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y debe tener como prioridad, satisfacer las necesidadesde los pueblos originarios.

Por lo tanto, exigen que se respeten las acciones que realizan las organizaciones de la sociedad en favor de las comunidades, sobre todo de ayuda humanitaria en la región, el libre tránsito y el respeto a la integridad de todos los habitantes de dichos municipios.

La misiva fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador;  a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra; y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.