
desplazamiento forzado
Emergencia por pandemia es utilizada en Guatemala para realizar desalojos ilegales
Foto de portada por David Toro / Prensa Comunitaria
Los desalojos ilegales en Guatemala, así como los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos aumentaron en el contexto de la pandemia por la Covid-19, según testimonios y registros elaborados por la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
En el país centroamericano, y bajo el pretexto de frenar los contagios del virus, fueron implementadas medidas de contención como los toques de queda. Desde el 16 de marzo, este contexto fue aprovechado tanto por el gobierno, como el sector privado, para realizar desalojos ilegales, principalmente en la región norte de Guatemala, en los departamentos de Alta Verapaz y Petén.
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Aunado a ello, de enero a septiembre del presente año, se han registrado 844 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. “Es la cifra más alta que hemos registrado, entre ellas hay 14 asesinatos”, detalló Jorge Santos director de Udefegua durante el evento “Desalojos Extrajudiciales y Violaciones a Derechos Humanos en Guatemala”.
Santos detalló algunos casos violentos sucedidos en plena pandemia.
Por ejemplo, lo sucedido con las comunidades Washington y Dos Fuentes, de Purulhá, Baja Verapaz, las cuales fueron desalojadas violentamente por un grupo de personas armadas. “Tenemos registrado que durante estos desalojos se intentó asesinar a dos jóvenes de 15 y 17 años”, subrayó el integrante de Udefegua.

En diversas ocasiones, la comunidad indígena poqomchi’ de Dos Fuentes ha denunciado ataques armados. A su vez, otras organizaciones como el Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA) han señalado el incremento de la violencia a partir de la crisis sanitaria declarada en marzo en Guatemala.
“Este contexto es aprovechado por grupos que quieren generar violencia y asesinatos, el Estado de Guatemala no está brindando seguridad ni apoyo, está solapando y contribuyendo a la impunidad de grupos criminales”, destacó Leocadio Juracán, dirigente del CCDA.
En el caso de la comunidad de Washington, ésta fue desalojada el 31 de marzo por un grupo armado a quienes se ha identificado como miembros de un equipo de seguridad de la familia Thomae. De origen alemán y dedicada a la siembra de café, los Thomae también son propietarios de la hidroeléctrica Juminá S.A., la cual opera en otro sector de la finca donde se ubica Dos Fuentes.
Palma de aceite, un factor más para los desalojos
Otro caso sucedido en el contexto de la pandemia es el del intento de desalojo de 200 familias en Tierra Blanca, municipio de Sayaxché, Petén.
El 13 de abril, a las 7:30am, 45 miembros de un comando de seguridad privada vinculada con Industria Chiquibul, S.A., empresa dedicada a la cosecha y extracción de aceite de palma, se presentaron en la comunidad sin previo aviso y sin una orden judicial que autorizara el desalojo.
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Tras ingresar a la comunidad, el comando disparó armas de fuego para intimidar a las familias y echarles de sus hogares. Aunque en esta ocasión la comunidad logró defenderse y resistir ante las fuerzas de seguridad privada, Izáis Tiul Pop, un miembro de la comunidad de 30 años, resultó gravemente herido durante el intento de desalojo fallido.
Ocho miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron testigos de lo ocurrido y no hicieron nada para evitarlo. “La falta de acción protectora por parte la Policía Nacional Civil es aún más preocupante a la luz de la pandemia de Covid-19 (…) Desde hace varios años, las empresas de aceite de palma que operan en la región se han apropiado de tierras de comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad utilizando medidas turbias, coactivas y, a veces, hasta ilegales” señala Lara Domínguez, integrante de Minority Rights Group.
Desalojos “en apego a la ley”
Entre los días 9 y 10 de diciembre, miembros de la PNC quemaron las viviendas de 200 familias q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, cuenta el abogado Juan Carlos Peláez para Prensa Comunitaria.
De acuerdo a los testimonios de los campesinos, durante el desalojo la policía quemó las viviendas, robó animales, ropa, instrumentos de labranza, arrancaron las siembras y detuvieron a tres personas, miembros de las comunidades indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas, acusados de usurpación a la propiedad privada.
Cabe destacar que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de la Libertad, Petén, a través del funcionario Diego Gonzáles, aseguró que el desalojo se realizó apegado a los protocolos, pese a que varias de las personas afectadas con el desalojo aseguraran todo lo contrario.
De acuerdo a la nota del abogado Peláez, en la notificación del Organismo Judicial (OJ) para la PDH, la finca el Zapotal, donde se realizó el desalojo, es propiedad de la empresa inversiones SOLUNIN sociedad anónima. Según el portal de Guatecompras, la empresa tiene como actividad económica el asesoramiento empresarial en materia de gestión y su represente legal es Luís Arturo Ramírez Melgar.
Ramírez Melgar también es el representante legal de la Hidroeléctrica El Brote, S.A. que tiene operaciones activas en el municipio de Chicacao, Suchitepéquez.
Para el abogado Peláez, “no se respetó el debido proceso, la comunidad nunca se enteró del desalojo ni quien emitió la orden, el papel presentado no tiene sello ni firma. Las órdenes tienen que ir suscritas para tener un medio de defensa posterior, la inmediación de una juez que ha sido delegada para un acto judicial no es suficiente”.

El abogado también enfatizó que el desalojo violento se realizó a pesar de la situación de crisis tanto sanitaria por la Covid-19 y las inundaciones de las tormentas tropicales Eta y Iota, las cuales afectaron a más de un centenar de familias en la misma región de Tierra Blanca.
La Masacre de Acteal continuidad en la impunidad
La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal labran la paz en la exigencia de justicia y verdad.
Un pueblo sin memoria es un pueblo ciego.
Un enjambre de balas apagó las velas que titilaban con su llama que evocaba la paz. Eso ocurrió la mañana del 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, México. Las manos asesinas hicieron correr ríos de sangre que sirvieron para saciar una sed de odio y el exterminio preparado desde las esferas oscuras del poder del Estado mexicano. Ese día el sol eclipsó. Las fuerzas del mal apagaron la luz de la vida de 45 personas y 4 no nacidas, estas se convirtieron en luciérnagas que se esparcen y resplandecen a quien se asoma, son luciérnagas de la conciencia que siembran lucha y resistencia.
A quienes les arrebataron la vida, hoy las recordamos, las hacemos presente. Enarbolamos su voz que clama memoria, justicia y verdad. Ese clamor se suma a la voz de jTatik Samuel Ruiz García quien fue convertido por los pueblos, quien abrazó y abraza el dolor y la esperanza de las excluidas y de los excluidos por este sistema capitalista de muerte. A 10 años de su pascua, jTatik camina junto a nosotras y nosotros, con su andar pasional entre las veredas comunales sembrando la esperanza para cosechar la vida, en un nuevo amanecer que anhelamos como humanidad. jTatik sigue enseñando con sus huellas en este territorio, la lucha por la justicia, la defensa radical de los derechos humanos. Nos guía con su antorcha, fuego que nos cobija de vida, de amor y lucha.
Recordamos que la Masacre de Acteal, es un efecto directo de la política genocida elaborada por el Estado e implementada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares en Chiapas, tal y como se señala en el Plan de Campaña Chiapas 94’. Los sucesos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, son una herida que se mantiene abierta para las víctimas, sobrevivientes, sus familias y para todas las personas que nos indignamos y persistimos en su lucha que es nuestra.
Ha llegado el momento de que el Estado mexicano actual, reconozca públicamente la existencia del Plan de Campaña Chiapas 94’ y el impacto de los crímenes de lesa humanidad en la vida comunitaria de la población de las zonas Altos, Norte y Selva de Chiapas, en el marco de guerra de contrainsurgencia iniciada para aniquilar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a quienes se organizan desde la autonomía. El actual gobierno, tiene la oportunidad histórica y no quedarse en el reconocimiento de disculpa pública, mediática y frívola. Hoy tiene la oportunidad de estar a la altura de la exigencia de derechos que los pueblos han impulsado por décadas, de llevar a cabo acciones contundentes que conlleven a la investigación y sanción tanto de los propios funcionarios del Estado mexicano (autores intelectuales) así como de los paramilitares (autores materiales) que masacraron a las 18 mujeres adultas cuatro de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y 15 años de edad, 26 lesionados y 326 personas desplazadas que presenciaron la Masacre.
A pesar de la persistente guerra integral de desgaste; del año de la pandemia que sigue causando estragos en la humanidad; de la muerte de algunas personas sobrevivientes de la Masacre; la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes siguen labrando la paz y dando a conocer la verdad de lo que pasó ese día, como lo hacen el 22 de cada mes, impulsan La Otra Justicia donde no habita el olvido.
Desde el Frayba reconocemos este arduo caminar de Las Abejas de Acteal quienes nacieron en 1992 y continúan exigiendo justicia verdadera. Ellas y ellos han elegido impulsar desde su acción ética y política el seguimiento del Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictamine la responsabilidad del Estado mexicano en la Masacre de Acteal, para que señale de manera directa su política de contrainsurgencia, la formación de los paramilitares, entre otros hechos de terror, que dieron como consecuencia las ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Hechos que hoy en día han reactivado los sucesores del paramilitarismo en los Altos de Chiapas, especialmente en Chenalhó, creando un escenario similar al que se vivió en 1997.
Para que las Masacres como la de Acteal no permanezcan en el contínuum de injusticias que existen en nuestro país, es necesario que se derrumbe el monumento Estatal de la impunidad y se deje de trivializar las violaciones graves a los derechos humanos. Es por lo que, abrazamos las dignas luchas y resistencias como el de Las Abejas de Acteal que nos dan camino y vida, ya que su acción radical va erigiendo La Otra Justicia, desde el no Olvido que alimenta la Memoria de lucha de larga duración de los pueblos, la Verdad como hálito de grande dignidad para arraigar el Lekil Chapanel (La raíz de la justicia).
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
22 de diciembre de 2020
Boletín No. 20
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Romper la violencia con amor y con lucha por la justicia: Carta de Serapaz a Las Abejas de Acteal.
Aquí te compartimos una galería de la conmemoración del XXIII aniversario de la Masacre de Acteal.