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Desplazamiento forzado

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CDH Fray Bartolome de las Casas

(Español) La CIDH solicita al Estado mexicano disposición para efectuar una visita in situ a fin de conocer la situación de las Medidas Cautelares implementada en los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó

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La CIDH solicita al Estado mexicano disposición para efectuar una visita in situ a fin de conocer la situación de las Medidas Cautelares implementada en los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó

• Se mantiene los factores de riesgo que ponen en peligro la seguridad y la vida de los habitantes de 22 comunidades indígenas de Chiapas.

El 15 de diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su disposición para realizar una visita a México, específicamente a los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, con la finalidad de verificar la situación de las personas beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas mediante la Resolución 15/2018 del 24 de febrero de 2018 (MC-882-17) y Resolución 35/2021 del 23 de abril de 2021 (MC-284-18).

Desde hace 3 años, 9 meses y 20 días la CIDH solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares para garantizar la vida e integridad personal de los habitantes de 9 comunidades colindantes del municipio de Chalchihuitán y una de Chenalhó. En la misma zona y desde 236 días, la CIDH nuevamente otorgó medidas cautelares a los habitantes de 12 comunidades del municipio de Aldama colindantes con la comunidad Santa Martha del municipio de Chenalhó, frente a las constantes agresiones de un grupo armado de corte paramilitar.

La CIDH ha evidenciado que a la fecha las investigaciones ministeriales no cuentan con elementos que permitan indicar que se ha logrado el desarme y desarticulación de las personas pertenecientes a los grupos armados que operaran en las zonas afectadas, pese a las acciones implementadas como el programa de canje de armas y las actividades de inteligencia, lo que permite que persista los ciclos de violencia incluyendo disparos y agresiones de armas de fuego que atenta contra la vida de las personas. La CIDH lamentó las muertes ocasionadas como resultado de los actos de violencia en las comunidades de estos municipios.

Frente a los factores de riesgo que permanecen en las zonas, la CIDH ha decidido mantener las medidas cautelares a favor de 22 comunidades indígenas de Chiapas, requiriendo al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de seguridad para proteger la vida y la integridad personal de los habitantes.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y los beneficiarios de estas medias cautelares, solicitamos al Estado mexicano su disposición para que la CIDH efectúe la visita in situ a las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
23 de diciembre de 2021
Boletín No. 16

Descarga el boletín aquí: La CIDH solicita al Estado mexicano visita in situ a los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó

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Taller Ahuehuete

What’s happening in Chiapas? A three minute summary

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Avispa Midia

(Español) Los intentos de invisibilizar la guerra en Chiapas

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Por Ñani Pinto

n el año 2020, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declara alerta roja por la situación de violencia vivida en los territorios autónomos. Es cuando empiezan a intensificarse los ataques paramilitares. Desde entonces el territorio liberado ha vivido un ambiente de constante agresión. Invasiones de tierras recuperadas, la quema de plantaciones, escuelas, casas y comedores, asaltos a las tiendas y cooperativas zapatistas, robo de cosecha, secuestros, constantes balaceras, hostigamientos, torturas, cercamiento de tierras y fuentes de agua.

La Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la vida y la Humanidad, caracol 10, denunció dos últimos hostigamientos el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, cuando hombres armados y con tractores entraron en su territorio, en un intento de tomar el potrero colectivo de la comunidad Nuevo San Gregorio.

“El racismo ha estado, la guerra contra los pueblos en Chiapas es una realidad, continuada desde 1994, pero ahora profundizada”, alerta el profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gilberto López y Rivas.

El EZLN en sus últimos comunicados y las organizaciones que son base de apoyo de la lucha zapatista han alertado y denunciado que Chiapas vive al borde una guerra civil. “Es evidente que estamos en un escenario muy similar al que precedió la masacre de Acteal”, puntualiza el investigador López y Rivas, que se refiere a la incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en Los Altos de Chiapas, en 1997, donde fueron asesinados 45 indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, como parte de una estrategia del gobierno para desarticular la base social de Acteal.

Además de la acción paramilitar, el propio gobierno federal ha intensificado el proceso de militarización en Chiapas, en un contexto de ocupación del territorio por megaproyectos. “Son aproximadamente 15 mil elementos del ejército en Chiapas y se está construyendo 12 nuevos cuarteles de la Guardia Nacional, además del arribo de los seis cárteles del narcotráfico aquí en Chiapas durante el año de pandemia. Todo eso en un contexto donde se busca imponer el Tren Maya, donde se despoja la tierra comunitaria y ejidal a partir del programa Sembrando Vida”, describe Diana Itzu, de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq.

Caracol de la realidad, territorio rebelde zapatistas, dic. 2013. Foto por Santiago Navarro F.

A pesar de las frecuentes alertas y denuncias, el escritor y activista Raúl Zibechi observa que “sectores importantes de la sociedad niegan que hay un conflicto destructivo en Chiapas, incluyendo sectores de los movimientos, de las izquierdas, de las personas comprometidas con las luchas”, enfatiza.

La contrainsurgencia cuenta “con el apoyo del Estado  (…) y la neutralidad, o aplauso incluso, de sectores importantes, eso es lo que vemos en estos momentos en México”, evalúa Zibechi.

¿Por qué se dibujó este escenario?, ¿por qué se niega que hay una guerra en Chiapas?, lanza la pregunta el escritor y la contesta presentando tres razones principales.

La primera, argumenta, es que no es una guerra tradicional, en donde hay dos lados claramente visibles en el escenario. “Es una guerra capilar. Es una guerra en la cual no se apila los muertos, aunque sí haya muertos. Es una guerra de desgaste que no busca destruir de un solo golpe, busca desmoralizar la población, busca desorganizarla y destruir su base material de sobrevivencia. Es una guerra que busca atacar el corazón ético de los pueblos. Todo eso pasa aparentemente como elementos aislados. Por eso es una guerra tan difícil de ver”.

El segundo elemento que dificulta visibilizar la guerra es el ‘progresismo’ del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Zibechi identifica una semejanza entre los países donde ha habido gobiernos considerados progresistas, es decir, logran llevar adelante proyectos de desarrollo antiguos, bajo un discurso progresista. En Brasil, por ejemplo, los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff lograron llevar a cabo megaproyectos que los militares, en su dictadura (1964-1985), no lograron.

En México, “si es la cuarta transformación la que encabeza la ofensiva narcoparamilitar en los territorios, porque es la que encabeza, genera mucho menos resistencia. Yo digo que para llevar adelante una guerra de exterminio, las grandes obras de infraestructura y el modelo extractivo,  lo ideal son los gobiernos progresistas. Por eso están”, analiza.

Además, explica, los gobiernos progresistas se arropan de las políticas sociales. “El capitalismo ha entendido que para llevar adelante las peores facetas de su política es mejor el progresismo, que no es nada progresista, es la política reaccionaria de siempre pero revestida de un discurso de ayuda a los pobres, incluso de soberanía nacional”.

El tercer elemento, propuesto por el escritor para comprender la invisibilización de la guerra vivida en Chiapas, es el propio EZLN, “porque es la fuerza político, militar, revolucionaria completamente distinta del resto de la izquierda, no quiere tomar el poder, no quieren usurpar la representación de los pueblos, los pueblos se están organizando por sí mismos, no hace la política y el discurso que resuena en las izquierdas de América Latina”.

La política de transformar el mundo a través de las autonomías, según Zibechi, es una política que la izquierda no termina de aceptar. “Acepta transformar el mundo a través del Estado, porque el Estado es el altar mayor en el imaginario político de las izquierdas. Todo que no sea el Estado se mira con desconfianza. El Estado y los tipos de organización estado-céntricas, como los partidos y sindicatos”.

La cultura política hegemónica en las izquierdas y en los movimientos populares, sostiene él, sigue siendo una cultura colonial y patriarcal. “Estamos todos atravesados por esta cultura, pero hay algunos que luchan por revertirla o modificarla o por desobedecerla”.

Para poder visibilizar la importancia del proceso zapatista, según Zibechi, hay que mirar a los pueblos. “Hay que ver la maravilla que están construyendo y lo que están resistiendo. Porque no es lo mismo resistir en un lugar donde las cosas más o menos están organizadas, donde hay una retaguarda, que resistir como hacen las comunidades de Aldama o de Moisés y Gandhi.”

Itzu, Zibechi y López y Rivas expusieron sus vivencias y análisis sobre la guerra en Chiapas en el Conversatorio virtual: Las Autonomías Zapatistas frente a la guerra, Chiapas, México, organizado por Grupo de Trabajo CLACSO Pueblos Indígenas, Autonomías y Derechos Colectivos.

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Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Pronunciamiento ante las agresiones contra la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio

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A las mujeres que luchan en todo el mundo
A los Pueblos del Mundo
A las Juntas de Buen Gobierno
Al EZLN
A las familias zapatistas
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencias y Rebeldías

 

Valle de Jobel, Chiapas 02 de diciembre del 2021

Desde la Red de Resistencia y Rebeldía AJMAQ abrazamos y hacemos eco de las palabras de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo amanecer en resistencia y rebeldía por la vida y la humanidad” del Caracol 10 para extender la denuncia contra el grupo de los 40 invasores que insisten con actos criminales de invasión, destrucción, despojo y agresiones contra las familias zapatistas, la tierra recuperada de 1994 y la Madre Tierra en la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio.

El 29 de noviembre 2021 los señores Nicolás Pérez y Pedro Hernández Gómez del ejido San Gregorio Las Casas, y a Javier Gómez Pérez de la Ranchería Duraznal accedieron al potrero colectivo de 9 hectáreas para privar de agua a 22 animales, afectar el pozo de agua que alimenta el colectivo de peces e invadir con un tractor los trabajaderos autónomos.

Esta Guerra Integral de Desgaste contra las Bases de Apoyo Zapatistas está enfocada en invadir la tierra recuperada y en destruir las formas colectivas para el autosustento material/alimentario que vienen construyendo y sosteniendo desde hace años las familias zapatistas. Siendo la forma en la que ejercen el derecho a las autonomías y que paralelamente ha sido el modo en que se cuida el apego y sostenimiento de la vida y de la Madre Tierra.

Recordamos que hace apenas 10 días sucedió el ataque armado y la quema de la Secundaria Autónoma de la comunidad zapatista Moisés y Gandhi, perteneciente a la misma JBG y Caracol, sólo que estos actos criminales se ejecutaron por parte de los paramilitares de la ORCAO de la comunidad San Antonio Las Flores.

Exigimos cesen de inmediato las agresiones contra la comunidad autónoma de Nuevo San Gregorio y de Moisés y Gandhi,
Basta de la guerra contrainsurgencia contra las comunidades zapatistas iniciadas con el PRI, continuadas con el PAN e implementadas ahora con Morena.

Respeto a las Autonomías que construye el EZLN en su territorio rebelde.

 

¡¡¡Abajo y a la Izquierda está el Corazón!!!
¡¡¡No están solas, solos!!!

Red de Resistencia y Rebeldía
Ajmaq

 

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La Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal

(Español) Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones de México y del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

27 de noviembre de 2021.

                                                  

 

A las y los que luchan por la vida, el Territorio y la Madre Tierra

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

Desde esta Tierra Sagrada saludamos a todas aquellas organizaciones que luchan por la vida y el Territorio, defendiendo a la Madre tierra, que generosamente nos da lo necesario para sobrevivir cada día, en contra de los intereses de los poderosos que sólo quieren extraer sus riquezas y usarla para generar más y más ganancias, aunque la dejen estéril y destruida, condenando a muerte a todos los vivientes del planeta.

Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones, Movimientos y Colectivos de México y otros países del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día– y que aún es muy pequeña- desde hace casi 29 años, como Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ayudando a cuidar y proteger nuestro territorio. Nuestros esfuerzos se han tejido en una red muy grande, un movimiento por la defensa de la vida, que hoy trae a muchos compañeros y compañeras hasta nuestra sede para celebrar con nosotros la entrega de este premio a la defensa ambiental, que se hace cada año para nunca olvidar a nuestro hermano Mariano Abarca, quien fue perseguido, encarcelado y asesinado por la empresa minera canadiense BlackFire hace exactamente 12 años, por participar en la lucha y resistencia colectiva y organizada de su pueblo contra las afectaciones a su vida y a sus tierras, por la extracción de un mineral que se llama Barita, en Chicomuselo, Chiapas. Nuestra propia historia nos ha llevado a un camino muy parecido al suyo y hoy les decimos que no nos vamos a cansar de seguir su ejemplo.

Desde diciembre de 1992, nuestra organización se fundó en el proceso de lucha del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas por sacar de la cárcel a 5 catequistas tsotsiles de nuestro municipio que fueron culpados de asesinato a base de mentiras, para espantar y desanimar a quienes, como ellos, se atrevían a hablar abiertamente de las injusticias que cometía el gobierno en nuestras comunidades mayas tsotsiles. Tras lograr su liberación con Peregrinaciones, plantones, ayuno y oración, esta experiencia donde vimos que unidos tuvimos más fuerza y contamos con el apoyo de otras organizaciones solidarias para liberar a nuestros compañeros, los participantes decidimos conformarnos como Organización de la Sociedad Civil, identificarnos como “Las Abejas” y nombrar representantes en cada una de nuestras comunidades, de modo que pudiéramos informarnos y defendernos juntos de los problemas que vivimos, como la amenaza a los pueblos campesinos que ya se veía venir con la reforma al Artículo 27 que emprendió Carlos Salinas y el inicio de la parcelación y posibilidad de venta de las tierras colectivas. Es así como en 1993, nos organizamos para resguardar el territorio frente a la amenaza de la exploración para extracción de petróleo en nuestras tierras y cerros. El gobierno estaba enviando comisiones de exploración a nuestros terrenos comunales, sin tomarnos en cuenta ni pedirnos permiso. Hermanos de los municipios de Pantelhó, Chalchihuitán y Chenalhó nos organizamos para hacer marcha-peregrinación, orar e ir a rezar con nuestros ancianos a los cerros sagrados para pedirle a sus protectores que ayudaran a cerrarle el paso al gobierno, para que nos dejaran en paz. Fue así como pudimos parar esa invasión, ya que, al ver los resultados de los estudios, los ingenieros encontraron agua en vez de petróleo.

Ese año también supimos que el gobierno preparaba un Tratado de Libre Comercio con otros países para ponerse de acuerdo con ellos y facilitarles venir por nuestras riquezas (oro, petróleo, grava, etc.), lo que quiere decir, despojarnos de nuestras tierras y contaminarlas. Fue en 1994 que escuchamos que se juntaron los zapatistas para taparles el camino y que se levantaron el 1º de enero de ese año. En el proceso de guerra que siguió, nosotros dejamos claro que somos civiles sin armas, y demandamos que hubiera diálogo para tomar acuerdos y parar la guerra, con diferentes acciones dentro y fuera de nuestras comunidades, lo que no le gustó a los priístas y cardenistas de nuestro municipio. El no colaborar con la guerra contrainsurgente del gobierno contra el EZLN y actuar organizadamente en el camino de la lucha no violenta, nos costó ser perseguidos, tener que vivir desplazados de nuestras comunidades por varios años y ver cómo paramilitares de los partidos políticos mencionados, asesinaron con tanta crueldad a nuestras 45 hermanas, hermanos y otros 4 hermanitos más pequeños que ultrajaron aún antes de nacer, el 22 de diciembre de 1997, asesorados, financiados y encubiertos por altos funcionarios de los tres niveles de gobierno y el Ejército mexicano.

Desde entonces, Las Abejas nos hemos fortalecido con la sangre de nuestros Mártires y la solidaridad de muchos hermanos que se han identificado con nuestro dolor y nos hemos animado mutuamente. Tal es el caso de nuestros hermanos tseltales y ch’oles de “Xinich” en Palenque, con los que juntos organizamos una Peregrinación a pie hacia la Basílica de Guadalupe en 2001 para pedirle a la Jme’tik -la Vírgen, que es nuestra madre- y al Estado Mexicano, que respetaran los Acuerdos firmados en San Andrés con el EZLN, para dar lugar en la Constitución Mexicana al derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, y con ello, el respeto a nuestra vida y Territorios. Por los caminos de esta lucha no violenta, también hemos podido ir a solidarizarnos de distintas maneras con varios hermanos y hermanas que se resisten a abandonar su tierra, sus casas y su modo de vivir, amenazados por los intereses capitalistas, como los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el estado de Jalisco, que siguen en lucha contra la Presa El Zapotillo; o los compañeros del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero, donde precisamente acudió representando a Las Abejas de Acteal nuestro hermano Simón Pedro, ex-presidente de la Mesa Directiva de nuestra organización, quien fue cobardemente asesinado el pasado 5 de julio por no cansarse de trabajar por la defensa de los derechos humanos, y seguir siempre preocupado por buscar caminos no violentos para apoyar a los pueblos que defienden su tierra contra la violencia del crimen organizado, las minas, las presas y los grandes mega-proyectos.

Queremos aprovechar para decirle a la Fiscalía Indígena y a la Fiscalía General de la República que hoy hay miles de ojos mirando cómo están procesando el caso de nuestro hermano Simón Pedro, y que, como hemos demostrado por casi 24 años sin rendirnos en la exigencia de la justicia en el Caso de la Masacre de Acteal, jamás dejaremos de demandar que se encuentre y castigue a los verdaderos autores materiales e intelectuales de su asesinato. Hoy también invitamos a todas las organizaciones solidarias a que nos acompañen y apoyen en este camino, sobre todo para poder cumplir nuestra promesa de nunca abandonar a la familia de Simón Pedro, nuestro hermano.

Hermanas y hermanos, aunque nos siguen asesinando, nos siguen persiguiendo, nos han querido silenciar y nos han querido exterminar, nosotros seguimos y seguiremos aquí, guardando la memoria y luchando de manera no violenta, con la palabra y la verdad como única arma. También queremos decirle hoy a la familia de nuestro hermano Mariano Abarca que su memoria y su lucha siguen vivas a través de nuestras voces, a través de nuestras denuncias y de nuestra resistencia. Y que sepan que seguiremos apoyando la lucha por que en su caso puedan tener el consuelo de la justicia.

¡Mariano Vive! ¡Simón Vive! ¡Vivan las Abejas de Acteal!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

 

Atentamente

La Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                         Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                       Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez                                         Pedro Pérez Pérez

Tesorero                                                           sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

 

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Radio Zapatista

(Español) Violencia armada, impunidad e intereses económicos: desplazados de Esquipulas Guayabal

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Ciudad de México, 27 de noviembre de 2021. El pasado domingo 21 de noviembre, la totalidad de las familias zoques del ejido Esquipulas Guayabal en las faldas del volcán Chichonal, municipio de Chapultenango, Chiapas, fueron violentamente desplazadas con lujo de violencia por un grupo de hombres encapuchados con vestimenta militar, chalecos antibalas y armas de alto calibre, en un operativo evidentemente planeado con anterioridad, según información recibida por este medio de comunicación.

Las mujeres, hombres, niños y ancianos desplazados se encuentran hasta ahora en un albergue en la cabecera municipal de Chapultenango, mientras los agresores continúan en la colonia, donde se posesionaron de casas, tierras, bienes y animales. Los ejidatarios desplazados denuncian la inacción del gobierno, que de promesa en promesa les va dando largas sin que haya ninguna intención evidente de solucionar el problema.

El contexto en el que se da la agresión revela una compleja trama de intereses petroleros, geotérmicos, turísticos y mineros, involucrando el capital internacional y el Estado mexicano, que desde hace años viene confrontando y despojando a los pueblos zoques, que habitan esas tierras desde hace 3 mil 500 años.

El desplazamiento forzado

Escucha cómo vivieron algunxs ejidatarios el desalojo, a partir de testimonios en audio recibidos por este medio (6 min):
(Descarga aquí)  

Ese domingo a las 10 am, un grupo de entre 25 y 30 hombres fuertemente armados, acompañados por pobladores tsotsiles originarios de Rincón Chamula que desde 2009 habitan en el ejido Esquipulas Guayabal, incursionaron en las casas de los pobladores zoques y los forzaron a huir con golpes, amenazas y balazos. Una casa fue quemada y varios animales fueron asesinados o heridos.

La mayoría de quienes se encontraban en sus casas eran mujeres y niños, pues muchos hombres estaban en el campo o en Chapultenango, a donde suelen ir los domingos de compras o a resolver otros asuntos.

Un adolescente cuenta:

Yo estaba trabajando en el campo. Como a las 10 am, escuché disparos. Regresamos a la casa y veo a mi mamá que está llorando. Me dice: creo que mataron gente porque hubo muchos disparos, golpearon a don Chevio, que es quien representa a la colonia. Están quemando casas y me dijeron que salga de una vez o me van a matar. En ese mismo instante salimos y veo un grupo armado. Estaban quemando la casa de don Chevio. Había un grupo de diez con armas, todos encapuchados. Ya para entrar a la línea del volcán había otro grupo. Todos estaban encapuchados con unas armas largas. Había un niño y estaba muy triste porque pensó que iba a quedar ahí muerto.

Y otro adolescente:

Me encontré a don Eusebio y me dijo: Ya nos corrieron de la comunidad y a tu mamá ya le pegaron, puro culatazo de arma. Entonces me fui, iba yo a caballo y vi varias personas encapuchadas con armas. Me vieron y corrieron a taparme, me bajaron del caballo y me quitaron todo, me pegaron, me dijeron que aquí no vales, aquí la ley no vale, ahora esta es nuestra tierra, aquí nadie nos saca.

“Lo más triste para mí fue que mataron a mi perrito”, dice un niño pequeño, “y me preocupaba mucho mi papá que le fueran a dar un balazo”.

Una mujer cuenta:

Estaba cocinando cuando escuché un troneteo como de triques. Eran balazos, pero demasiado. Cerré mi puerta con candado porque pensé que iban a pasar nada más. Pero se metieron en el solar y querían que abriéramos la puerta. Me dicen: “Abre la puerta o le echamos gasolina a la casa”. Pero por el miedo no encontraba yo la llave. Hasta que la encontró mi hija y ya abrimos. Se metieron y nos dijeron: “Sálganse rápido sin sacar nada”. Nos salimos y son balazo que están tirando, tiran por los pies, tiran por la cabeza. Aquí me pasó un tantito. Nos fueron siguiendo con la pistola, mi hija adelante y yo atrás porque ella está embarazada y corría peligro.

Es mucha la desesperación de los desplazados, que salieron sólo con la ropa del cuerpo. “Ahí se quedó todo”, dicen. Documentos, herramientas, todos los bienes. Algunos incluso salieron descalzos. Y se preocupan por los animales, pues de eso viven. ¿Qué vamos a comer?, se preguntan. ¿De qué vamos a vivir?

Contexto

Como en muchos casos actuales en el estado de Chiapas, la violencia deviene de un conflicto agrario exacerbado por el incompetente o malicioso manejo por parte del Estado, con el trasfondo de intereses del capital nacional e internacional y la participación de grupos armados de corte paramilitar o de la delincuencia organizada. Así, el caso de Esquipulas Guayabal es paradigmático para entender la violencia que en los últimos años se ha desatado a lo largo y ancho del estado de Chiapas.

A seguir, presentamos un breve resumen del conflicto agrario.

El ejido Esquipulas Guayabal se formó a mediados de la década de 1930, y para 1960 contaba con 2 mil 400 hectáreas. En 1982, la erupción del volcán Chichonal causó la muerte de 2 mil zoques y el desplazamiento de 12 mil familias, reacomodadas en 22 nuevos asentamientos en diversas partes de Chiapas, Jalisco y Veracruz. El ejido Esquipulas Guayabal se dividió en cuatro grupos que se asentaron en Ixtacomitán, Rayón, el barrio de Guayabal en Chapultenango y el valle de Uxpanga en Veracruz.

Con el tiempo, campesinos de Chapultenango comenzaron a ocupar las tierras que habían quedado abandonadas, aunque los ejidatarios desplazados por el volcán mantenían los títulos ejidales. Fue entre 2002 y 2003 que la Procuraduría Agraria inició la certificación de las tierras ejidales en el PROCEDE, con lo que se pretendía privar de sus derechos a los 130 ejidatarios y reconocer a los nuevos campesinos como titulares de la tierra. Ese fue el inicio del conflicto.

Para evitar el despojo, 29 ejidatarios de Rayón regresaron a las tierras con sus familias, encontrándolas ocupadas por campesinos de Chapultenango. Los campesinos de Rayón interpusieron un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) exigiendo la cancelación del PROCEDE sobre las 2 mil 400 hectáreas, pero el TUA ignoró la demanda y, en noviembre de 2005, se certificaron las tierras a favor de los campesinos de Chapultenango.

Este hecho condujo a confrontaciones físicas en 2006 y 2009. Ese año, campesinos de Rayón alentaron el ingreso de tsotsiles de Rincón Chamula como aliados para recuperar las tierras. Un año después, interpusieron un juicio agrario exigiendo la cancelación del PROCEDE y apuntando a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional de ser los causantes del conflicto. Por su parte, los de Chapultenango interpusieron juicio solicitando la regularización de las tierras a su favor. En 2012, el TUA declaró nulos los trabajos del PROCEDE.

En 2016, un grupo de personas de Rayón, al parecer en alianza con personas de Chapultenango y los tsotsiles asentados en Esquipulas Guayabal, convocaron asamblea para reconocer a 11 avecindados y nuevos ejidatarios, y en 2019 eligieron nuevas autoridades, sin el debido conocimiento de los ejidatarios de Esquipulas Guayabal ni su participación en las asambleas. Todo esto, aparentemente, con la intención de despojar a los ejidatarios de la tierra.

En agosto de ese año, los ejidatarios interpusieron un juicio para invalidar ambas asambleas. El pasado 6 de octubre de 2021, el TUA declaró nulas ambas asambleas. Seis semanas después, al parecer ante la frustración de sus pretensiones legales a la tierra, el grupo armado atacó la colonia y desalojó a la totalidad de las familias zoques.

Intereses de fondo

Como en muchos otros conflictos en el estado de Chiapas, las disputas agrarias son utilizadas y exacerbadas por el Estado para favorecer intereses económicos y el control territorial. En el caso del territorio zoque alrededor del volcán Chichonal, son varios los intereses de alto perfil que entran en juego.

Desde 2015, la Comisión Federal de Electricidad declaró zona de interés geotérmico a 15 mil hectáreas, con la intención de construir una planta geotérmica en el volcán Chichonal, que continúa activo. Aunque según algunos estudios el nivel del agua del volcán es insuficiente para la construcción de una planta geotérmica, el proyecto continúa vigente.

En 2017, se pretendía reactivar un pozo petrolero como parte de la ronda petrolera 2.2. Dicha ronda contemplaba la extracción de 239 millones de barriles de petróleo de 10 municipios en 84 mil 500 hectáreas, entre ellos, Chapultenango. El Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio logró frenar la licitación internacional en junio de 2017. Sin embargo, con la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, que se encuentra a pocos quilómetros en línea recta del volcán Chichonal, es de suponer que se reactiva el interés en los yacimientos petroleros en la región zoque.

Al mismo tiempo, hay un fuerte interés turístico nacional e internacional en el área alrededor del volcán Chichonal. Desde 2012, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ha promovido la creación de un geoparque. La avanzada de dicho proyecto fue la creación en 2016 del Centro Ecoturístico Comunitario Mujer de Fuego en las faldas del volcán Chichonal, que ha provocado fricciones con los campesinos de Esquipulas Guayabal.

Existen, además, fuertes intereses mineros sobre 70 mil hectáreas del territorio zoque. En conferencia de prensa en San Cristóbal de Las Casas, los afectados denunciaron que en 2017 entró una empresa al ejido Esquipulas Guayabal con la intención de negociar con los invasores para adquirir la tierra. También denunciaron que presuntos empleados de una compañía minera se presentaron en los hogares de varios activistas con la intención de obtener información sobre la resistencia contra la minería. El pasado mes de junio de 2021, el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra alertó que los días 11 y 12 de ese mes, agentes de la minera Gold Corporation recorrieron ejidos de los municipios de Chapultenango e Ixtacomitán con la intención de promover la entrada de la minería en dichos territorios.

Por otro lado, empleados de empresas de la agroindustria han entrado a las tierras alrededor del volcán a ofrecer palma aceitera.

A todo lo anterior se le suma el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario Oficial de la Federación un día después del ataque a Esquipulas Guayabal, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas a infraestructura a cargo del Gobierno de México, acto que provocó el repudio de organizaciones sociales, pueblos indígenas e incluso instancias del gobierno federal.

Autores materiales e intelectuales

Los autores materiales de la agresión fueron los pobladores tsotsiles asentados en el ejido desde 2009, junto el grupo armado, compuesto por 25 a 30 personas presumiblemente provenientes de Rincón Chamula.

Según los testimonios de los desplazados, los pobladores tsotsiles se han ido apoderando de las tierras desde hace algunos años, al grado que hoy tienen más tierra que los propios ejidatarios. Al mismo tiempo, en los últimos años han agredido con cada vez más violencia y frecuencia a los ejidatarios. En los testimonios que recibió este medio, son varias las personas que denuncian haber sido golpeadas en diversas ocasiones, y cuyas demandas ante el Estado fueron desconsideradas. Hace cuatro años, el grupo tsotsil agredió con palos y machetes a los ejidatarios con completa impunidad.

Sin embargo, como autores intelectuales los desplazados acusan al profesor Alejandro M. y al señor Elías L., ambos de Chapultenango. Al profesor Alejandro M. se le vio circulando por la colonia en un vehículo hasta muy tarde la noche del sábado. Hoy se sabe que esa tarde el grupo armado llegó a las tierras del volcán como turistas y allá pasaron la noche, ingresando al ejido a las 10 am del domingo.

Por otro lado, los desplazados identifican también al ex comisariado Moisés Domínguez Bautista, de Rayón, cuya elección como comisariado y su pertenencia como ejidatario fueron anuladas el pasado 6 de octubre por la sentencia del Tribunal Unitario Agrario n. 476/2019. Según los testimonios, el señor Moisés Domínguez no vive en el ejido y su único interés es la venta de las tierras.

Inacción/complicidad gubernamental

Todo lo anterior contribuye para explicar la inacción de los tres niveles de gobierno. Ante el ataque armado con armas de uso exclusivo del ejército, agresiones físicas y psicológicas, desplazamiento forzado de 35 familias, destrucción y robo de propiedad, el gobierno se ha mantenido omiso. Hasta el momento, ninguna acción para restituir las tierras a sus legítimos dueños y castigar a los culpables ha sido efectuada, y las familias afectadas han sido tratadas con indiferencia y desprecio.

De las muchas personas que acudieron a la fiscalía en Pichucalco el domingo, sólo a una le tomaron la declaración. El lunes, desde las 8 am a las 6 pm, sólo tomaron dos declaraciones, mismas que quedaron suspendidas al día siguiente.

El día de la agresión se presentaron en el albergue funcionarios del gobierno estatal de Rutilio Escandón, dejando claro que la intención del gobierno era entablar una mesa de diálogo, sin desarmar al grupo agresor ni garantizar el retorno de los desplazados a sus tierras. El arribo a Chapultenango de la Guardia Nacional, que los desplazados supusieron ser con la intención de garantizar la paz y desarmar a los agresores, fue, en palabras del comandante, solamente para acompañar a la policía sectorial y estatal, los cuales a su vez llegaron para proteger a las autoridades.

Por otro lado, diversas reuniones fueron anunciadas a las que el gobierno nunca llegó. Y el Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció “actos de hostigamientos hacia la población albergada de Esquipulas Guayabal por parte de funcionarios regionales del INPI, quienes bajo amenazas impiden a las familias hablar de manera libre o externar sus preocupaciones a los medios de comunicación e impiden fotografiar las condiciones del albergue”.

El presidente municipal de Chapultenango, Rubelio Mondragón, se ausentó desde el sábado, el día anterior de la agresión. Mientras tanto, el ayuntamiento ha publicitado supuestas acciones de apoyo a la comunidad, aunque los primeros días el único apoyo recibido por los desplazados fue organizado por la Iglesia, organizaciones sociales y la sociedad civil. La presidenta del DIF solicitó personalmente a uno de los organizadores del acopio que le cedieran alimentos para hacerles de comer a los desplazados, y más tarde publicaron una nota con fotos, supuestamente ofreciendo despensa y comida. Se publicaron también fotos del presidente municipal Rubelio Mondragón en Tuxtla Gutiérrez recibiendo ayuda para los desplazados, misma que sólo llegó en la noche del miércoles tras mucha presión por parte de activistas solidarios.

El jueves 25 de noviembre, la Secretaría General de Gobierno de Chiapas publicó en su página de facebook que funcionarios de esa entidad visitaron el ejido para “entablar diálogo con las partes”. Ante dicho anuncio, el mismo Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció:

A casi 5 días del ataque armado (…) denunciamos que:

  • El ataque ocurre en un contexto de creciente violencia armada contra pueblos y comunidades indígenas de Chiapas donde existen intereses petroleros, geotérmicos, geoparque y mineros, como en el caso del volcán Chichonal.
  • El ataque fue un acto coordinado de corte paramilitar, y no un desplazamiento “involuntario”.
  • El Gobierno de Chiapas (…) pretende “administrar el conflicto” mediante la simulación de diálogo y la reconciliación (…), pese a que el grupo atacante permanece armado.

El caso de Esquipulas Guayabal es uno más de los muchos en territorio chiapaneco, donde las disputas territoriales resultantes no sólo de conflictos agrarios, sino sobre todo de intereses energéticos, turísticos, extractivos y del crimen organizado, conducen a la violencia extrema por parte de grupos armados de corte paramilitar que asolan las comunidades, resultando en desplazamiento forzado y terror, como en los casos de Pantelhó, Aldama y muchos más, así como la formación de grupos de autodefensas ante la inacción, complicidad o participación implícita de diversas instancias de gobierno.

 

radio
Radio Pozol

(Español) Violencia paramilitar ahora contra indígenas Zoques en Chiapas, denuncian desde el norte del estado

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Chiapas, México. 23 de noviembre. “No te vayan a hallar, porque te van a salir matando, me dijeron. Me metí en el montazal. Pasé en el puro filo de la montaña, lo bueno que libré mi vida… ¿Por qué lo hicieron eso? ¡Nunca lo había visto eso!”, comenta un niño de 12 años que junto con mujeres, niños, ancianos y hombres zoques, fueron desalojados con golpes y balazos el pasado domingo 21, por la mañana, de su comunidad, el ejido Esquipulas Guayabal del municipio de Chapultenango, por parte de un grupo de corte paramilitar, señalaron.

Hasta este martes 23, las 40 personas desalojadas violentamente de sus tierras en las faldas del volcán Chichonal, permanecen en la cabecera municipal sin que alguna autoridad de cualquiera de los tres niveles defina cuando podrán volver a sus tierras y recuperar sus casas, ganado, gallinas y cosechas.

“Salimos sin zapatos, sin ropa, sin documentos, sin dinero, perdimos todo, ahora no tenemos de qué vivir”, expresan los ejidatarios que describen a los atacantes con vestimenta militar y armas R-15 y cuerno de Chivo, provenientes del municipio vecino, Rincón Chamula, los cuales “poco a poco se han ido asentando en la zona y apoderándose de vastas hectáreas de terreno”, denuncian las familias agredidas.

Otras de las personas a la que los ejidatarios responsabilizan del clima de violencia en la zona son: el profr. Alejandro Morales, el sr. Elías López y el ex comisariado Moisés Domínguez Bautista, a los cuales señalan de querer lucrar con las tierras ejidales. “La tierra no se vende, es patrimonio de los abuelos”, aseguran las y los indígenas zoques del norte de Chiapas.

“Queremos Justicia. Queremos que el gobierno nos tome en cuenta, que no nos tenga en esta situación”, exigen las familias afectadas, quienes denuncian que durante el desalojo sufrieron de golpes, patadas, tirones de cabello, garrotazos, culatazos y disparos a un lado de los pies y la cabeza mientras huían. “Nosotros ganamos la sentencia”, explican los ejidatarios de Guayabal, en referencia a la sentencia del tribunal agrario del pasado día seis de octubre, en el que las autoridades reconocen como únicos dueños a los ejidatarios zoques agredidos, lo que habría provocado el descontento de los atacantes, explican.

“Los viejitos tenían más idea. Nosotros no queremos perder El Costumbre, queremos heredarlo a nuestros hijos” aseguran los ejidatarios ahora despojados de sus tierras. “El Procede (ahora Fanar) afecta al ejido, el certificado de parcela significa que puedes vender la tierra”, exponen los indígenas zoques quienes años atrás denunciaron el registro ilegal de sus tierras en el entonces Procede, logrando la eliminación de dicho registro y que sus tierras estuvieran disponibles al “mejor postor”.

Las y los ejidatarios repudian enérgicamente la agresión en su contra y aseguran que harán lo necesario para dar con los responsables materiales e intelectuales de la violencia hacia sus familias.

En la región norte del estado, desde el 2017 diversas comunidades han denunciado lo que ellos llaman “la llegada de los proyectos de muerte”, en referencia a proyectos extractivos en el territorio zoque, como son: 12 pozos petroleros en 84,500 hectáreas; 11 concesiones mineras en 70 mil hectáreas; 1 proyecto geotérmico sobre 15 hectáreas en Francisco León, Chapultenango y Ostoacán; así como una represa en San Antonio Poyamó, Ocotepec, lo que despierta suspicacias en las comunidades del porqué de la urgencia del gobierno para que los ejidos puedan vender sus tierras.

Colectivos y organizaciones sociales nacionales e internacionales han condenado el ataque a los ejidatarios zoques de Guayabal, como es el caso del colectivo italiano Nodo Solidale, quienes señalan que “el Gobierno Federal mexicano, siguiendo los pasos del manual militar de la OTAN sobre guerras asimétricas, alimenta la fragmentación (y despojo) del territorio sin exponerse como actor militar activo, está omitiendo e ignorando las posibilidades de solución pacífica en los diferentes conflictos e impulsando la conformación de grupos civiles armados confrontados”, como en el caso de conflictos en las comunidades de Aldama, Venustiano Carranza, entre otras.

Antes del término de la presente edición los ejidatarios de denunciaron “actos de hostigamientos hacia la población albergada de Esquipulas Guayabal, por parte de funcionarios regionales del INPI”, quienes bajo amenazas impiden a las familias hablar de manera libre o externar sus preocupaciones a los medios de comunicación, denuncian los ejidatarios.

Información relacionada:

https://www.facebook.com/502679913100310/posts/4940480485986875/

radio
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba)

(Español) Pronunciamiento conjunto: Quince años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco

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Conmemoración de los 15 años de la Masacre en las oficinas de la Coordina Xi’nich, Palenque Chiapas. Foto: CDH Frayba

Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2021

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
Quince años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco

  • Estado mexicano responsable por acción y omisión de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado
  • La fuerza de nuestro corazón y nuestra conciencia seguirá caminando en la búsqueda y exigencia de justicia verdadera, no nos vamos a cansar.

El día de hoy, reunidos en las oficinas de la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas, quienes conformamos el Comité de Defensa de la Libertad Indígena CDLI-XI’NICH’, Tsoblej yu’un Wokoltik y UCISECH ubicado en el municipio de Palenque, Chiapas, México, damos a conocer nuestra palabra como pueblos mayas Tseltal, Ch’ol y Zoque, así también organizaciones que acompañamos de manera presencial y desde el corazón exigiendo Verdad y Justicia.

Hoy se cumplen 15 años de impunidad en la Masacre de Viejo Velasco. Hasta hoy, continúan desaparecidos los ancianos Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López que tenían el cargo de principales de nuestra iglesia comunitaria. Por lo que preguntamos: ¿dónde están? ¿a dónde se los llevaron? ¿qué les han hecho?, además 36 personas de la comunidad aún se encuentran en desplazamiento forzado, sin garantías mínimas para su retorno, sin ninguna atención por parte del Estado mexicano.

Frente a la impunidad, el Estado mexicano continúa cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas que defendemos nuestros territorios. No olvidamos que el 13 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 6:00 horas, alrededor de 40 civiles armados más 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas ingresaron violentamente a la comunidad de Viejo Velasco, acompañados de funcionarios de otras dependencias del estado de Chiapas y de la federación responsables de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado. En su  momento el terror invadió nuestra comunidad, pero hemos logrado mantener nuestra lucha y organización.

La responsabilidad de funcionarios públicos no se ha investigado, entre ellos se encuentran Vicente Fox expresidente de México, Pablo Salazar ex gobernador de Chiapas y Mariano Herrán Salvatti ex procurador de justicia (fallecido en 2017) que hasta hoy se encuentran gozando de una completa impunidad. El 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso y aprobó el Informe de Admisibilidad No. 264/20.

En este acto conmemorativo hacemos presente a:

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radio
Prensa Comunitaria

(Español) El Estor: las dos caras del estado de sitio

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Por Paolina Albani y Francisco Simón Francisco

La presencia del Ejército y de la policía solo ha devuelto la calma a los mineros. Los camiones de la mina rusa, cargados de carbón, ferroníquel y otros materiales, transitan por las calles del municipio con libertad y son custodiados por la misma policía que acosa a los comunitarios y que, días antes, les lanzó bombas lacrimógenas y allanó sus casas con vehículos blindados. Para los defensores del territorio no hay paz, únicamente miedo y ese parece ser uno de los objetivos del Gobierno.

El 24 de octubre, el Gobierno de Alejandro Giammattei impuso sin muchos miramientos un estado de sitio en El Estor, Izabal, un municipio caribeño de habla Q’eqchi’ al nororiente del país, con la promesa de “devolver el orden y la paz” a la comunidad, luego de que los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi´ realizaron una manifestación pacífica que duró 20 días para defender a las montañas y al Lago de Izabal de las consecuencias de la minería a manos de CGN-Pronico. Exigían su derecho a ser incluidos en el proceso preparatorio para la consulta libre, previa e informada, ordenada por la Corte de Constitucionalidad.

***

El 6 de noviembre, periodistas de varios medios de comunicación arribaron al municipio para documentar la vida de El Estor bajo el estado de sitio como parte de la caravana “Caravana a El Estor”, en la que también viajaban artistas y activistas, quienes hicieron actividades lúdicas. Han pasado dos semanas desde que las fuerzas armadas y la policía se instalaron en el lugar. Dos retenes instalados en la entrada a El Estor son algunos de los puestos de control encontrados en el camino a las comunidades. No hay un desborde de presencia policial como lo hubo previamente, pero las patrullas mantienen la vigilancia.

Al entrar al municipio, en las calles hay calma, sobre todo para los camiones de la mina, conocidos como “góndolas” y custodiados por patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) en su salida con destino al Puerto Santo Tomás de Castilla. En un período de dos horas, 22 de ellos salieron del municipio y fue fácil detectarlos por los ruidos y el temblor que generaban a su paso.

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radio
Avispa Midia

(Español) Chiapas al borde de la guerra Civil

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Por Vanessa Garcìa Navarro

Foto portada: Santiago Navarro F.

Hace un par de meses (19 de septiembre) el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lanzó un comunicado en el cual divulgaba sobre el secuestro de dos zapatistas – Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, autoridades Autónomas de la Junta del Buen Gobierno de Patria Nueva -, orquestado por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Por ocho días ambos hombres fueron privados de su libertad hasta que, gracias a la presión de párrocos de San Cristóbal y Oxchuc, la movilización de organizaciones de derechos humanos y la difusión nacional e internacional sobre el agravio, fueron liberados. Este fue un hecho que comenzó a extinguir la paciencia y que evidenció la brutalidad vivida al Sur del país.

Las noticias sobre ataques paramilitares, atentados y secuestros en contra de los miembros y familias del EZLN en Chiapas se vuelven cada día más constantes y violentas. Aunque para algunos podrían parecer eventos aislados y recientes, en realidad existe una historia de criminalidad que se gesta desde hace décadas y los acontecimientos se tejen entre sí. Como se revela en el comunicado del EZLN, la ORCAO está en coalición con el gobierno, que alienta a la violencia y muerte en un estado que poco a poco es devorado por la paramilitarización, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.

Días después de publicarse el comunicado, se llevó a cabo un conversatorio transmitido en “La Comuna” – un programa de difusión política, de acompañamiento en la defensa del territorio-, organizado por la Red Universitaria Anticapitalista, en el cual participaron los miembros de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, Diana Itzu y Rigoberto Albores, y el columnista de la “Jornada”, Luis Hernández Navarro, para ahondar en la temática.

El antecedente

Ocosingo, municipio chiapaneco ubicado en la frontera ente México y Guatemala, es un territorio de interés para el gobierno, pues es una de las zonas en donde se planea asentar el Tren Maya, además de ser un área en la que se ha implementado el proyecto del gobierno federal “sembrando vida”. Dentro de Ocosingo se localizan tanto Nuevo San Gregorio, sede del caracol zapatista 10, como en Moisés Gandhi, hogares de familias del EZLN que se dedican a la agricultura, tejido en telares, carpintería y alfarería para subsistir. Los habitantes de estas localidades se consideran a sí mismos guardianes del territorio, no dueños, y por ende aprovechan los recursos para subsistir en lugar de lucrar.

Los pobladores de Ocosingo se enfrentan constantemente a las intimidaciones y ataques armados de la ORCAO. Aunque en un principio la relación entre las comunidades del EZLN y la ORCAO fue relativamente pacífica, con el pasar de los años la ORCAO comenzó a adquirir matices paramilitares y a acosar a los cohabitantes de la región.

Las tácticas

La táctica de la ORCAO consiste básicamente en destruir las bases económicas de las familias zapatistas, quemando sus cultivos, allanando sus cooperativas y destruyendo sus plantas medicinales, aunque eso no es todo. Según los testimonios de los participantes del conversatorio, las familias zapatistas están secuestradas en sus propios hogares, constantemente amedrentados por ráfagas de balas que les impiden salir de sus hogares a buscar alimento, agua, acudir a las escuelas o a las clínicas. Dolorosamente, el escenario en las casa es igual o aun más fatídico, dado que las paredes de los hogares no rivalizan con la potencia de los disparos. “Los niños duermen con las botas de hule puestas”, en caso de que se inicia un tiroteo, pero ¿a dónde ir? No parecen existir lugares seguros para ellos.

Pese a que la ORCAO es perpetrador de violencia psico-socio-emocional y física hacia poblaciones enteras, sin importar si niños salen heridos, ellos han adoptado una postura en la cual se victimizan, calumniando y difamando a las familias del EZLN.

Las constantes

El patrón observado por los invitados de “La Comuna” es que cada vez que el EZLN realiza anuncios de acciones de peso político sucede algún ataque en contra de la comunidad chiapaneca del EZLN. Un ejemplo de ello es que Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, activistas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, fueron secuestrados el 12 de abril, apenas unos días antes de que zarpara en Europa el escuadrón 421, contingente marítimo de la gira zapatista por la vida en Europa.

Otro ejemplo es que los secuestros de Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez se suscitaron a la brevedad de la partida de “la extemporánea”, segundo contingente de la gira por la vida.

Como remarca Hernández Navarro, “no son hechos aislados, son parte de una matriz, el modelo regional de dominio está reventando por todos lados y tiene que ser enfrentado como una situación de conjunto y no como hechos aislados”.

Apenas el 14 de octubre sucedió otro terrible ataque por parte de la ORCAO. Individuos fuertemente armados que a menos de 30 metros de los hogares de las familias zapatistas se dispusieron a abrir fuego. Ninguno de los tres niveles de gobierno se muestra interesado en actuar. El trabajo colectivo ha sido el pilar en el cual se sustenta la fortaleza de la comunidad, reforzado por el interés internacional que ha alzado la voz al ver tremenda injusticia e indiferencia.

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