Desplazamiento forzado
(Español) Frayba: La militarización no resuelve la crisis humanitaria por desplazamiento forzado
- A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.
La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)
En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)
Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.
Crisis humanitaria en Guerrero toca las puertas del Zócalo de la capital.
Durante la noche del pasado 17 de febrero arribaron a las puertas del Palacio Nacional en la CDMX aproximadamente 400 personas desplazadas del estado de Guerrero, entre estas, se calculan unos 40 niños menores de 8 años. Las familias desplazadas montaron un campamento con la intención de solicitar audiencia con Andrés Manuel López Obrador; después de 13 días de intentar ser escuchados, el viernes 1 de marzo un representante del Gobierno Federal acudió al campamento para escuchar las demandas, mismas que se reducen a una sola, poder vivir dignamente en su comunidad.
De acuerdo con los testimonios de los desplazados; el 11 de noviembre del 2018 a la 1 de la tarde, aproximadamente 3000 hombres fuertemente armados vestidos de comunitarios arribaron a 9 comunidades. A punta de pistola tomaron el territorio y despojaron a los pobladores de todo, desde una gallina, hasta su propia casa.
Desde el 11 de noviembre del 2018, las familias desplazas se refugiaron en la cabecera municipal de Chichihualco Guerrero, lugar en donde solicitaron apoyo y solución al conflicto. Después de 3 meses de esperar y de no recibir ayuda alguna del gobernador de estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, los desplazados decidieron marchar hacia la CDMX.
Según explica uno de los desplazados, el problema de la violencia y ahora el desplazamiento de las comunidades en Guerrero tiene más de tres años. En un inicio se decía que el aumento de la violencia era por:
“… el control del territorio, trasiego de drogas y el control del campesino para ocuparlos como sembradores, pero desgraciadamente no es así… es un problema fuerte, es un problema nacional…por que vienen de intereses fuertes, por que son zonas mineras extranjeras quienes han estado ocupando a la delincuencia organizada para poder desplazar gente, para poder quedarse con propiedades y seguir extendiéndose”.