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En portada:Como parte de las protestas por la desaparición de los defensores, familiares y amigos se concentraron fuera de la Procuraduría Agraria el 27 de enero de 2023. Foto: Oliver Méndez/ObturadorMX
El pasado lunes (15) se cumplió un año de la desaparición forzada del abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, y del profesor y líder de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Antonio Díaz Valencia. Ambos sostenían la defensa legal de la población nahua, ubicada en la región Sierra Costa de Michoacán, para garantizar la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium.
Lagunes y Díaz fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban entre los límites de Michoacán y Colima, después de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde aquel momento no se tiene información de su paradero y sus familiares continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.
Familiares de los defensores desaparecidos realizaron una manifestación en la Glorieta de las y los desaparecidos, en la Ciudad de México, el 22 de enero de 2023. Fotografía: Ulises Martínez/ObturadorMX
El crimen ocurrió a pesar de que, meses atrás, Díaz y Lagunes habían alertado a las autoridades, tanto estatales como federales, sobre una serie de amenazas contra ellos y otras personas de la comunidad indígena. Desde hacía tiempo, los pobladores nahuas señalaban a la minera, que extrae uno de los principales yacimientos de hierro en México, como un factor de división y fragmentación social al interior de la comunidad.
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Ante la impunidad que impera en nuestro país para muchísimas familias, padres y madres buscadoras, hermanas y hermanos, esposas y esposos, hijos y amigos, que con el dolor esperan tener información del paradero de sus familiares, en medio del desierto de falta de verdad y justicia.
Convocan a la semana de acción global por Ricardo y Antonio.
Del domingo 14 al 21 de enero del 2024.
El 15 de enero del año pasado, el Compañero Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos, con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario de su pueblo de Aquila, municipio Nahua de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada en los límites entre Colima y Michoacán, en Cerro de Ortega, por su trabajo de defensa del medio ambiente y territorio frente al desarrollo minero. A un año de este lamentable hecho, las familias, la comunidad defensora de derechos humanos y sus amigas y amigos continuamos esperando una respuesta por parte del Estado mexicano.
En estos tiempos, bajo la amenaza de las fuerzas de la codicia y las ganancias, las cuales nivelan las montañas, desarraigan las selvas y los bosques, apresan los ríos y envenenan las aguas, creando desiertos de desesperación frente a las familias buscadoras de la verdad y justicia.
Súmanse para exigir
¡Medidas de emergencia para encontrarlos! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No más impunidad!
A todos aquell@s que se esfuerzan por construir otro mundo mejor, uno de libertad, justicia, democracia y dignidad, les hacemos un llamado para que junt@s unamos nuestras fuerzas organizando acciones desde su localidad y con sus diferentes formas de lucha (como manifestaciones, marchas, repartición de volantes, foros públicos, teatro, concentraciones informativas, cartas y cualquier otra actividad).
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Pronunciamiento de familiares de personas desaparecidas y de colectivos de todo el país ante el informe presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 14 de diciembre de 2023
– Rechazamos el informe del presidente Obrador sobre la supuesta actualización de las cifras de personas desaparecidas porque sin transparencia desaparecen a las personas desaparecidas
– Exigimos que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades y las comisiones de búsqueda nacional y locales busquen a los más de 110 mil mujeres y hombres, jóvenes, niñas, niños y adolescentes entre ellos, desaparecidos en nuestro país
– Andrés Manuel López Obrador, busca nuestros desaparecidos y los los vuelvas a desaparecer
1. En el informe presentado el pasado 14 de diciembre en la conferencia mañanera del presidente López Obrador sobre el supuesto Censo realizado por el gobierno federal a través de los Servidores de la Nación, violentando los supuestos establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, se miente acerca de que las personas desaparecidas registradas se reducen a 12 377.
2. La falta de transparencia en las cifras de personas desaparecidas presentadas, violando los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, representa la ausencia de máxima protección, se criminaliza a las víctimas, se discrimina y se hace una victimización secundaria al descalificar la lucha de las familias con juicios de valor infundados.
3. Rechazamos dicho informe porque desaparece a los desaparecidos:
NO aceptamos que reduzcan a 12,377 las personas que dicen se ha confirmado su desaparición.
NO aceptamos su dicho de que no tienen datos suficientes para identificar a 26,090.
NO aceptamos que de 36,022 personas digan que no tiene indicios para buscarlas.
4. El presidente Obrador y sus subordinados desconocen la obligación legal que tienen como Estado mexicano y gobierno para investigar, a través de las fiscalías general y de las entidades, todos los datos suficientes y todos los indicios, para buscar, identificar y encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos y desconoce las atribuciones legales de las Comisión Nacional de Búsqueda y las de las entidades para realizar dicha tarea. O acaso cree que las familias y colectivos de personas desaparecidas son las que tienen que seguir supliendo las obligaciones de investigar para conseguir datos suficientes y para conseguir los indicios para entregáselas a las autoridades.
5. Denunciamos la falta de responsabilidad y sensibilidad de los servidores públicos que supuestamente depuraron el registro, así como la falacia de las cifras que presentan como resultado. Porque además es una incongruencia que diganque son 12, 377 personas desaparecidas confirmadas mientras en los Servicios Médicos Forenses y las fosas comunes de todo el país, su gobierno reportó que hay al menos 56 mil personas fallecidas sin identificar lo que significa que están desaparecidas.
6. Rechazamos cualquier intento de elaborar lineamientos ajenos a nuestros derechos y de reformar la Ley en materia de desaparición de personas para desaparecer a las comisiones de búsqueda de las entidades federativas, aunque hemos cuestionado su eficacia y resultados, somos claros que se ha sumado la falta de investigación, de búsqueda y diligencias básicas que se evidenció con la faliida información mínima sobre las personas desaparecidas que le corresponden a las fiscalías general y locales y la terrible realidad de que no son autónomas, y en la mayoría de ellas están los perpetradores de las privaciones ilegales de la libertad o los cómplices de quienes desde los grupos criminales han desaparecido a nuestros seres queridos. No lo aceptaremos.
7. Exigimos que se cumpla con nuestros derechos adquiridos, como son las medidas de ayuda por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, además de las necesidades de sobrevivencia diaria, son recursos para las diligencias esenciales de búsqueda de nuestros desaparecidos, para las atenciones médicas. La Comisionada de CEAV, no sólo no convoca al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, sino que instruye y alienta al personal para que se nos maltrate y no respondan ni atiendan los servicios que están obligados por ley para la dignidad de las víctimas. Su propuesta de reglas o lineamientos afectan nuestros derechos y violentan el principio de progresividad, así como el principio pro-persona y demandamos participación conjunta como familiares y colectivos en la construcción de propuestas legales, normativas o lineamientos que nos afectan.
8. Exigimos al gobierno federal que, en lugar de desaparecer a nuestros desaparecidos, con carácter urgente se elabore, conforme lo establece la legislación en materia de desaparición y nuestra participación directa, un plan y un proyecto para la búsqueda de todas las más de 110 mil 964 personas desaparecidas, así como la identificación de las más de 56 mil personas sin identificar, como lo dicen las leyes y protocolos nacionales e internacionales para atender la crisis de desapariciones que hay en su gobierno.
9. Exigimos al presidente, una disculpa pública por sus lamentables declaraciones y descalificaciones de nuestra lucha, pues si nos vemos obligados a movilizarnos y presentar recursos legales como los amparos, es porque él ha incumplido todas sus promesas de apoyo para buscar, localizar, identificar a quienes se localice sin vida y detener la violencia como condición para erradicar la diaria privación ilegal de la libertad.
10. Son tanta las violaciones a nuestros derechos como familiares y a la dignidad de nuestros seres queridos desaparecidos que se han cometido que expresamos nuestra firme indignación por sus acciones y le exigimos que busque a las casi 111 mil personas desaparecidas y no las vuelva a desaparecer.
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NUNCA MÁS DESAPARICIÓN FORZADA EN CONTRA DE OPOSITORES POLÍTICOS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
AL GOBIERNO DE MICHOACÁN
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Comunidades indígenas a 29 de noviembre de 2023.
K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de #Michoacán, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, asamblea general autoridades indígenas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, manifestamos colectivamente lo siguiente:
El pasado lunes 27 de noviembre, fue denunciado penalmente el presidente municipal de #Erogarícuaro Juan Calderón Castillejo por el delito de amenazas en contra de Pavel Ulíánov Guzmán, portavoz del CSIM, a quien amenazó con desaparecer si continuaba impulsando las autonomías y no cesaba de realizar declaraciones públicas que perjudicaran políticamente a este edil municipal. Previamente, en el mes de junio del presente año, ya había sido amenazado también con el delito de desaparición forzada por impulsar la consulta para que la comunidad de San Francisco Uricho decidiera si deseaba autogobernarse.
En este sentido, reiteramos que Juan Calderón Castillejo ha estado siempre en contra de los procesos de autonomía de los pueblos originarios, baste recordar que presentó 18 recursos jurídicos en contra del autogobierno de la comunidad de Jarácuaro, e impidió por 2 ocasiones la consulta libre, previa e informada en la comunidad de San Francisco Uricho, de igual forma, por esta misma causa, amenazó de muerte, a través de sus operadores políticos y públicamente, a las consejeras del Instituto Electoral de Michoacán #IEM, siendo declarado persona no grata y traidor de los pueblos y comunidades originarias.
Hoy, alzamos la voz para hacer directamente responsable de la integridad física del compañero vocero Pavel Ulíánov Guzmán, así como de todos los integrantes del #CSIM a Juan Calderón Castillejo, transgresor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que busca reelegirse como presidente municipal, sin embargo, pasará a la historia como el peor edil que ha tenido el municipio de #Erogarícuaro.
Recordamos que en la década de los 70`s del siglo pasado, la familia Guzmán Cruz, de la que forma parte nuestro vocero Pavel Guzmán, fue víctima de desaparición forzada de 5 de sus integrantes por la entonces Dirección Federal de Seguridad #DFS, actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de derechos Humanos #CIDH, por lo que hacemos un llamado categórico y enérgico al Gobierno de la República y al Gobierno de Michoacán para que establezcan garantías de no repetición. Nunca más desaparición forzada en contra de opositores políticos y luchadores sociales.
Finalmente, nos declaramos en estado de alerta máxima y convocamos respetuosamente a todas las comunidades integrantes del #CSIM así como a los movimientos sociales en general, a la movilización inmediata como respuesta a los casos de desaparición forzada.
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Higinio fue citado en la presidencia municipal de Cuautitlán García Barragán. Entró pero ya no salió. Un día después hallaron su cuerpo. Dos años antes fue asesinado su compañero José Isaac Santos, en circunstancias parecidas. En una década se acumulan decenas de casos de violencia vinculados al crimen organizado y la megaminería
Texto: Lydiette Carrión
Foto: Cortesía
GUADALAJARA.- Este 25 de noviembre, el defensor de derechos humanos, Higinio Trinidad de la Cruz, fue hallado sin vida, tras 24 horas de ser probable víctima de desaparición forzada. Higinio era un opositor activo a la minería ilegal y a la megaminería (ésta última impulsada por empresas trasnacionales) en la sierra de Manantlán, entre los límites de Jalisco y Colima. Además de promovía la democratización del ejido y la reivindicación de los pueblos indígenas.
Era beneficiario del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del gobierno de la República, además de ser Consejero de la Comisión Estatal Indígena del Estado de Jalisco.
El pasado 24 de noviembre, Higinio fue citado en la presidencia municipal de Cuautitlán, por la mañana. A las 11 de la mañana Higinio entró efectivamente a la presidencia municipal pero no volvió a salir, según fuentes cercanas. Por la noche se dio aviso a diversas organizaciones de derechos humanos para emitir una alerta temprana. Pero al día siguiente, el 25 de noviembre a las 13:36, personas de la comunidad hallaron su cuerpo.
La noticia la dio a conocer la organización d e defensa de los Derechos Humanos Tsikini, quienes dan seguimiento al caso.
No fue la primera vez que Higinio Cruz era víctima de desaparición forzada. En mayo de 2022, encapuchados vestidos de uniforme privaron de su libertad a él y a otro compañero, Javier Elías Flores. Esto, poco después de que su amigo y compañero Isaac Santos Chávez fuera probable víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, en abril de 2022.
Esta reportera entrevistó a Higinio en febrero de 2023, en el contexto de un reportaje amplio sobre la violencia en la sierra de Manantlán, y en específico la falta de investigación respecto a la probable ejecución extrajudicial de su amigo y colaborador Isaac Santos Chávez. Sin embargo, en aquel momento se determinó guardar la identidad de los entrevistados.
En ese entonces, José Santos Isaac contendía para ser comisariado ejidal del ejido de Ayotitlán, en Jalisco. Había cuestionado públicamente los procedimientos de la Minera Peña Colorada, trasnacional que renta varias hectáreas al ejido de Ayotitlán.
En la entrevista referida, Higinio Cruz confirmó que la desaparición forzada y tortura de la que fue víctima en mayo de 2022 tuvo la finalidad de intimidarlos tras la muerte de su compañero Isaac. Querían que dejaran de exigir la democratización del ejido, y de cuestionar los acuerdos con la minera. Los agresores interrogaron y amenazaron a Higinio y a Elías durante horas. Al final, los retenidos fueron liberados gracias a la enorme presión internacional que ejercieron organizaciones de derechos humanos internacionales.
También, Higinio dio detalles sobre cómo se llevaron a Isaac en abril de 2022, cuando éste contendía por un cargo en la presidencia municipal. Explicó que la noche del 3 de abril de 2022, entre 8 y 10 hombres que dijeron ser “del gobierno” llegaron a la casa de Santos en Telcruz, municipio de Ayotitlán. Golpearon a su esposa y a un niño, por lo que Santos salió de su escondite (ya temía que fueran por él) y se fue con ellos. Los captores todavía dijeron con cinismo: “Al rato se lo regresamos”. Unos días después fue hallado sin vida en el fondo de una barranca, en su camioneta, con huellas de tortura.
Finalmente, Higinio narró parte de sus demandas de aquel entonces:
–Solicitamos medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La nacional, la estatal no, hemos pedido su ayuda y no hace nada.
–¿Qué más exigen?
–Que el homicidio de Santos, hasta ahora no lo han investigado. Lo tratan como cualquier homicidio, cuando él estaba peleando las hectáreas [a la minera a cielo abierto Peña Colorada]. Y aparte de las hectáreas, estaba peleando una indemnización multimillonaria.
–¿Sobre la elección?
–Que nos otorguen medidas cautelares a los candidatos de la nueva mesa directiva. Evidentemente quienes vayan a ser no van a poder venir a vivir aquí. Lo segundo que buscamos es acudir a la CNDH, porque la estatal, desde los últimos años, desde que llegó Barrón, no hace nada. Solamente sirven para hacer minutas.
“¿Puede creer que la comisión estatal pretendía hacer un acuerdo conciliatorio? ¿Cómo vamos a negociar con el CJNG o con el dueño [de la minera Peña Colorada] que tiene sus oficinas en Palermo–Italia?
“Finalmente, que se aperture la causa penal del homicidio de Santos y que lo atraiga la FGR en aras de que se pueda establecer la ley en esta región. Pensamos que sí participaron elementos de la fiscalía del estado o la policía municipal. Lo debe atraer la FGR. Queremos entablar un juicio contra esta empresa minera y presionar al senado.”
En aquella misma entrevista, ya fuera de grabadora, Higinio expresó su cansancio por buscar traer legalidad a la sierra de Manantlán, y específicamente al municipio de Ayotitlán.
Celedonio
Isaac no fue el primer compañero de lucha que le mataron a Higinio en la sierra de Manantlán. En 2012, Higinio trabajaba con Celedonio Monroy Prudencio, activista, interesado en mejorar las condiciones de vida de la población. Junto con Higinio y otros más, impulsaban una organización para llevar ayuda agrícola a los pobladores indígenas, educación, servicios. La noche en la que se llevaron a Celedonio, varios hombres armados, “vestidos de gobierno, como militares”, llegaron en dos camionetas al domicilio de aquél, en Loma Colorada, Cuautitlán. Golpearon a su esposa, y destrozaron la vivienda; luego acusaron al activista de “tener armas” y se lo llevaron. No se le ha vuelto a ver desde entonces.
Celedonio tenía 37 años cuando fue víctima de desaparición forzada. Con esfuerzos de sus familiares logró estudiar la licenciatura de Administración Pública, en Colima. Era un joven muy destacado y comprometido con su pueblo, al que quiso regresar para ayudar.
Celedonio e Higinio tenían una organización llamada Pro México Nueva Ruralidad A.C, mediante la cual buscaban bajar recursos federales a su comunidad. Sin embargo, esto había ocasionado pugnas con caciques locales afiliados al PRI.
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Comunicado conjunto:
Ricardo Lagunes y Antonio Díaz: a 10 meses de su desaparición continúan sin ser localizados
Ciudad de México a 15 de noviembre de 2023
Se cumplen diez meses de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario en el municipio nahua, de Aquila, Michoacán. Si bien, desde entonces, se ha detenido a dos personas vinculadas a sus desapariciones, hasta el momento ni la investigación penal ni las acciones realizadas por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), han logrado dar con su paradero.
Además, preocupa a las familias de Ricardo y Antonio los recientes movimientos al interior de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), lo cual, podría implicar una dilación en las acciones de búsqueda y la falta de continuidad a los compromisos adoptados, razón por la cual es fundamental que, Félix Arturo Medina Padilla, nuevo titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, así como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la brevedad, retomen el contacto con las familias para dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mesas de trabajo celebradas el 25 de mayo y octubre del año en curso.
Lamentamos profundamente la falta de coordinación que prevaleció por más de nueve meses entre las distintas autoridades del Estado Mexicano, situación que ha entorpecido y retrazado la búsqueda y localización de Ricardo y Antonio. Si bien, a la fecha, se ha dado una escueta coordinación entre la CNB y la FGR, hacemos un llamado a que las acciones de investigación y búsqueda continúen articulando de manera permanente y continua. En este sentido, señalamos que, después de casi diez meses, la CNB presentó su análisis de contexto y su plan de búsqueda, de lo observado, resulta fundamental para las familias que la CNB establezca en su Plan de Búsqueda un cronograma que señale de manera clara y específica fechas y/o periodos de tiempo estimados en los que se estarán llevando a cabo las acciones de búsqueda propuestas en el documento.
Igualmente, hacemos un llamado para que la Fiscalía General de la República (FGR) retome las recomendaciones que emitió la CNB en su análisis de contexto para fortalecer la investigación penal con el fin de lograr indicios claros del lugar en el que se pueden encontrar Ricardo y Antonio. Reiteramos la necesidad de que se investigue el actuar de servidores públicos de la Fiscalía del Estado de Colima, los cuales, pudieron haber obstruido información fundamental para localizar a Antonio y Ricardo durante los primeros días.
Ante todas estas dificultades y los pocos resultados, la semana pasada las y los familiares participaron en una audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington DC, en la que participó una representación del estado mexicano, así como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en México. En ella las familias propusieron la creación de un Mecanismo Internacional para la Recuperación Humanitaria de Antonio y Ricardo (MIRHAR), con el fin de contar con el apoyo de especialistas imparciales y tecnología avanzada que contribuyan con su búsqueda y pronta recuperación. Con la convicción que esto traiga beneficios a muchas más personas que afrontan la pesadilla de la desaparición de sus seres amados en México.
Finalmente, hacemos un llamado urgente para que las autoridades responsables continúen con las labores de investigación y búsqueda a pesar del evidente inicio del periodo electoral, sería muy lamentable que las autoridades prioricen las acciones electorales sobre la vida y seguridad de Ricardo y Antonio y sobre las obligaciones que tiene de proteger y garantizar sus derechos humanos.
Por lo anterior, a 10 meses de la desaparición, las familias reiteran lo siguiente:
La prioridad de las familias es recuperarlos inmediatamente. Por lo que se solicita que el gobierno mexicano impulse el Mecanismo Internacional para la Recuperación Humanitaria de Antonio y Ricardo (MIRHAR).
Se señale fecha de reunión urgente con Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, así como con Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) a efectos de informar el proceso que han seguido el caso y establecer acuerdos de coordinación para la búsqueda efectiva y localización de Ricardo y Antonio.
Que la CNB actualice y establezca en su Plan de Búsqueda un cronograma que señale de manera clara y específica lugares, fechas y/o periodos de tiempo estimados en los que se estarán llevando a cabo las acciones de búsqueda con presunción de vida propuestas en el documento.
Reiteramos la importancia que tiene el trabajo conjunto entre las diferentes autoridades involucradas tanto en las estrategias de búsqueda como en los procesos de investigación.
Que la FGR fortalezca el proceso de investigación y retome las recomendaciones emitidas por la CNB en su informe de contexto y en el plan de búsqueda.
Se investigue y en su caso, se sancione a todos los responsables involucrados en los hechos, incluidas las autoridades de la Fiscalía de Colima que han obstaculizado la investigación.
Hasta Encontrarlos
Presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia
Firman
Familia Lagunes Gasca
Familia Díaz Valencia
Asesoría y Defensa Legal del Sureste
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
Presente.org (EE.UU.)
Rita Marcela Robles Benitez, abogada defensora de derechos humanos
Sin presencia de principales responsables del caso, padres y madres de Ayotzinapa denuncian ante la CIDH obstaculización de la justicia
Washington DC, 9 de noviembre de 2023.- Frente a la ausencia de autoridades de alto nivel responsables en el esclarecimiento de los hechos del caso de desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de las y los estudiantes presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la actualización de los últimos eventos del caso y presentaron solicitudes puntuales, esto durante la audiencia convocada por la CIDH como parte del seguimiento de la medida cautelar 409-14.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio Bautista, y Mario González padre de César Manuel González Hernández, acompañados por representantes de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), enfatizaron que a más de 9 años de los hechos aún no han alcanzado verdad ni justicia, ni se conoce el paradero de los estudiantes; por el contrario, se mantiene la obstaculización por parte del Ejército para entregar información relevante para el esclarecimiento de lo ocurrido, no hay claridad en las líneas de investigación y han recibido evasivas de las autoridades. Lo anterior se vio reflejado en la falta de comparecencia en la audiencia de autoridades relevantes en el asunto, como el actual Subsecretario de Derechos Humanos y Presidente de la COVAJ y el actual titular de la Fiscalía Especial para el caso.
“Veo que el Estado no toma en serio el caso Ayotzinapa. El nuevo Fiscal, el nuevo Subsecretario no están presentes. Como padres y madres no nos rendiremos, por el amor de nuestros hijos nos mantenemos de pie”, expresó Cristina Bautista.
Mario González añadió: “Ahora vemos toda la descalificación hacia nosotros, la falta de respeto de no venir los principales [autoridades] para poder hablar con ellos. Un ejemplo de ello es la salida del GIEI, que buscaron tener acceso a una serie de documentos de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, que podrían contribuir a saber qué pasó con nuestros hijos. Esos documentos tienen muchísima información, son reportes militares, son transcripciones de llamadas entre perpetradores, son pistas. Y no entendemos por qué el Ejército no quiere entregar esa información”.
Junto con sus representantes, los padres presentaron cuatro peticiones puntuales ante las y los comisionados de la CIDH:
1. Dado que se ha informado que el Presidente de la República supervisará directamente las investigaciones, se solicitó que continúe haciendo uso de todos los mecanismos extraordinarios de supervisión de la medida cautelar sobre el caso, incluyendo el acompañamiento a las familias a cada una de las reuniones que se convoquen desde Presidencia.
2. Se concrete un mecanismo técnico de revisión adicional de los archivos castrenses por parte de la CIDH, requiriendo al Estado que informe por escrito si acepta esta propuesta.
3. Que en cuanto se elija a la próxima Comisionada o Comisionado Relator para México se lleve a cabo una visita al país y en particular a la Normal Rural de Ayotzinapa, para que pueda conocer de primera mano el estatus del caso y encontrarse con las familias.
4. Que la CIDH continúe la supervisión de las medidas cautelares en el caso, sin dejar de estar alerta de posibles acciones legales que se puedan iniciar en contra de las víctimas, representantes y funcionarios públicos que han trabajado por esclarecer el caso en los últimos años.
Frente a estas peticiones, la representación del Estado mexicano se limitó a leer una comunicación enviada por el fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra, en donde se dedicó a denostar el trabajo del anterior titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), así como de la propia CIDH, y no de presentar las líneas actuales de la investigación. La comunicación, además, contuvo afirmaciones preocupantes como la minimización de los efectos perniciosos de la tortura frente a los procesos penales, que derivaron en la libertad de posibles responsables.
Los padres y madres y organizaciones acompañantes lamentaron esta respuesta ya que se da un mensaje de irrespeto a las familias y de una clara intención de eludir la supervisión internacional sobre este caso, como en otros de desaparición en México.
Asimismo, sobre el desmantelamiento de varios mecanismos establecidos para esclarecer los hechos y responsables en el caso —lo que incluye la salida de GIEI del país por falta de condiciones, la posible criminalización del ex fiscal especializado y la incertidumbre sobre el futuro de la COVAJ—, se señalaron dos razones por esos retrocesos institucionales que efectivamente han devuelto el caso al 2018: la politización de las investigación y el empoderamiento del Ejército.
Las y los comisionados señalaron la ausencia de autoridades claves, lo cual limitó la posibilidad de hacer preguntas concretas sobre dónde está hoy el caso Ayotzinapa, en las responsabilidad de preparación, no sólo de líneas de investigación, sino de acciones dirigidas para completar esas líneas, cómo se ha llevado a cabo las investigaciones de los altos mandos, el proceso de órdenes de aprehensión, el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva de figuras importantes, entre otros temas.
“Los familiares de personas desaparecidas también son víctimas y llevan 9 años. Y 9 años de sufrimiento y de espera. Yo tengo que decir con mucha franqueza: una justicia que tarda no es justicia. Es una verdad que se demora, por más que hay explicaciones y valoro que den explicaciones, pero me atrevo a decir que si le preguntan a los solicitantes ‘¿qué están esperando?’, es ‘dónde están sus hijos'”, dijo la comisionada Julissa Mantilla. Al tiempo que la Comisionada Esmeralda Troitiño lamentó estar por concluir su mandato sobre México sin que el caso haya sido esclarecido.
Ante los señalamientos de los padres y madres, las organizaciones acompañantes, y ante los cuestionamientos de la Comisión Interamericana, el Estado se comprometió a dar posteriormente respuestas puntuales; mientras que las y los comisionados se comprometieron a dar seguimiento, como lo han hecho durante estos 9 años, desde que sucedieron los hechos.
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Esta es la cuarta entrega de Desaparecer en la frontera sur de México, un trabajo de Avispa Mídia que da cuenta de la violencia que viven las comunidades y ciudades de la frontera de Chiapas con Guatemala, que forman parte de las rutas de trasiego en pugna por dos cárteles del crimen organizado.
En la primera parte, investigadoras y organizaciones explican cómo el crimen organizado se instaló en la geografía chiapaneca, en territorios que hoy se disputan con violencia desmesurada contra la población. En la segunda y tercera parte, las víctimas de desaparición y las comunidades narran el horror que viven por esta guerra, minimizada por el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador.
Los testimonios ahora nos llevan a la historia de Cassandra Isabel Arias Torres que fue desaparecida por un grupo armado el 17 de diciembre de 2022 en el municipio de Berriozábal, ubicado en la zona Centro de Chiapas.
A partir de 2021, varios municipios de Chiapas comenzaron a percibir el incremento de la violencia e inseguridad, como ya fue reportado en esta serie. Además de las regiones limítrofes con Guatemala, en el centro de la entidad también incrementó la violencia.
El 17 de diciembre de 2022, Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años de edad, estaba muy emocionada por la boda de su madre, Isabel Torres, tanto que le regaló el vestido y le ayudó con los preparativos del festejo que iniciaba a las 14h en el salón Tierra Bonita, ubicado en la cabecera municipal de Berriozábal.
Durante la celebración, Cassandra se encontraba en una mesa al fondo del salón con otros familiares y su novio, mientras Isabel, su madre, atendía a los invitados junto a su ahora esposo. Cuando comenzó a oscurecer, pidieron al encargado del recinto encender las luces pero nunca respondió al llamado, entonces decidieron continuar la fiesta sólo con las lámparas de interior.
Alrededor de las 20h un grupo armado irrumpió en el lugar. Descendieron de tres camionetas blancas y dijeron ser de la Fiscalía General del Estado (FGE), portaban chalecos con las insignias oficiales, estaban encapuchados y vestidos de negro de pies a cabeza.
Al ingresar al salón de fiestas, dijeron: “¡Todos abajo!’, los invitados y yo nos metimos debajo de la mesa y escuché que mi hija (Cassandra) gritaba desesperada para saber dónde estaba su hijo”, relató Isabel.
Con agresividad, los encapuchados arrebataron los teléfonos móviles y carteras a varios de los asistentes. En un principio esposaron a diez personas para llevárselas, pero al final las dejaron en la entrada y sólo se llevaron a Cassandra, a su novio, a uno de sus tíos y al músico que amenizó el festejo.
En cuanto el grupo armado se retiró, Isabel y su esposo fueron tras ellos en otro vehículo pero no pudieron alcanzarlos. Otro de los familiares se dirigió a la comandancia municipal, pero los policías estaban “escondidos” y dijeron que no podían hacer nada, que no era de su competencia.
Casi dos horas más tarde y después de varias llamadas al 911, al lugar de los hechos llegaron algunos elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena y algunos municipales. Cuando algunos de los asistentes daban detalles de lo sucedido a las autoridades se escucharon disparos afuera del salón.
“Les dije que fueran a ver, qué tal que ahí tenían a mi hija y se quedaron viendo entre ellos (policías y militares), pero nadie se movió. Al terminar de dar la declaración le preguntaron a mi esposo si íbamos a meter la denuncia, respondimos que sí y el policía nos preguntó si estábamos seguros de que ‘podríamos’ contra esa gente”, dijo Isabel.
De acuerdo a la familia de Cassandra, los uniformados se limitaron a grabar en video las declaraciones que dieron y “nunca nos dijeron para qué”.
Al siguiente día (18 de diciembre), el músico y el tío de Cassandra fueron liberados al oriente de Tuxtla Gutiérrez, municipio a 23 kilómetros de distancia de Berriozábal. Los encapuchados les advirtieron no acudir a las autoridades de lo contrario Cassandra sería asesinada.
Cuando Isabel recibió el mensaje entró en pánico, por lo que decidió no acudir a la autoridad e iniciar una búsqueda por su cuenta. Entre las primeras acciones, difundió en redes sociales la imagen de Cassandra; pero los días pasaron y no hubo noticias del paradero.
Información oculta
El alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, abanderado por Morena, se encargó de negar ante medios de comunicación la desaparición forzada de Cassandra y minimizó el hecho al decir que sólo se trató de una riña.
Pero el 10 de enero de 2023, con mucho temor y desesperación, Isabel acudió por primera vez a la Fiscalía en Tuxtla Gutiérrez para hacer la denuncia. Le sorprendió que el Ministerio Público tenía conocimiento del caso de Cassandra mucho antes de la declaración.
Por meses, la única declaración que obró en la carpeta de investigación fue la de Isabel, pero después de varias protestas en las que exigió justicia, se integraron las declaraciones de su esposo, su padre y su hermano, quien fue privado de libertad junto con Cassandra.
De acuerdo con Isabel, falta el informe completo y actualizado de la geolocalización de los teléfonos móviles que se llevaron los encapuchados. Según datos de la FGE, algunos de los celulares siguen activos y han cambiado el chip en repetidas ocasiones.
A pesar de la evidencia, la Fiscalía se niega a realizar la búsqueda bajo el argumento de que las ubicaciones que se muestran son aproximadas. Ante esta incapacidad declarada por la propia Fiscalía, Isabel solicitó la renovación de la geolocalización y la intervención de expertos en tecnología.
“Cuando se actualice la geolocalización pediré que se haga la búsqueda en vida, porque tampoco quieren buscarla”. Isabel pidió, incluso, las imágenes del Centro de Atención y Vigilancia Permanente (CAVIP) que funciona con 47 cámaras colocadas en puntos estratégicos de la cabecera municipal, donde desaparecieron a Cassandra.
Para que la investigación avance también se pidió la declaración del secretario de Seguridad Pública municipal, Germán Alegría Santos y de cuatro policías municipales que acudieron al salón de fiestas con las fuerzas federales; pero tampoco hay respuesta.
Las madres que resisten
En marzo de este año, Isabel acudió a las afueras de la Séptima Región Militar en Tuxtla Gutiérrez para interceptar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que visitó la entidad e instruyó a la Fiscalía investigar el caso. Pero los días pasaron y la justicia tampoco llegó.
Dos meses después, Isabel tuvo conocimiento de las acciones de protesta del colectivo de Madres en Resistencia, integrado en su mayoría por familias de víctimas de feminicidio, quienes no dudaron en brindar acompañamiento a Isabel Torres cuando lo solicitó.
Para finales del mismo mes, las madres se plantaron por más de una semana a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir hablar directamente con el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, y el Fiscal General, Olaf Gómez Hernández.
El plantón fue levantado por un compromiso hecho por el propio mandatario estatal que ordenó revisar minuciosamente los casos, pero al final no se concretó ninguna acción. El nulo acceso a la justicia llevó a Isabel a encabezar otra campaña de búsqueda a pie, con marchas y mítines en la Fiscalía y Palacio de Gobierno.
De esas acciones logró dos búsquedas en campo por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, aunque para las Madres en Resistencia sólo sirvió para evidenciar las carencias e incapacidad de la autoridad que no tiene herramientas, planeación, comunicación y ni protocolos específicos de seguridad.
“La primera búsqueda fue en el mismo perímetro donde está un lugar llamado la Piedrona (en Berriozábal), la segunda fue en un terreno que está frente al primer perímetro. En la primera búsqueda no llegamos a ningún acuerdo, las autoridades trabajaron sin pedirnos opinión ni nos informaron cómo sería la búsqueda ni nada; llegan a echar relajo y a platicar”, explicó Isabel.
En la primera investigación en campo, un integrante de la propia Comisión de Búsqueda alertó sobre la presencia de una camioneta azul con cuatro hombres sospechosos a bordo. El vehículo pasó por la carretera, regresó y se detuvo frente a ellas, “únicamente descartaron que fueran personas de la Fiscalía pero no dieron seguimiento a pesar de que esa camioneta estaba vigilándonos”.
Hasta el último día
Con ayuda de las abogadas feministas de Colectiva Cereza, Isabel consiguió que desde principios de septiembre, la Fiscalía ofrezca una recompensa de 500 mil pesos por información anónima sobre el paradero de Cassandra Isabel Arias Torres.
El pasado 12 de octubre, Isabel y las Madres en Resistencia cerraron la avenida principal de la capital de Chiapas para protestar por la ausencia de Cassandra en su cumpleaños número 19, “es el primero que ella no está, con nosotros, con su hijo”, un pequeño de 4 años que desde hace 10 meses se pregunta por su mamá.
“Pido a las personas que se llevaron a mi hija que si está con vida que me la regresen y si no está con vida que me digan dónde está para tener un lugar para llorarle y llevarle flores, porque no tengo paz en mi corazón de no saber dónde está. La sigo esperando con los brazos abiertos. Hija te amo, te sigo buscando y hasta el último día de mi vida te buscaré”.
Por ahora el activismo de Isabel la lleva a realizar labores que le corresponde a la Fiscalía, pues cada vez son más las familias de víctimas de desaparición forzada que buscan su acompañamiento para exigir justicia.
Reclaman a las autoridades que actúen, investiguen, sancionen a servidores públicos implicados en las desapariciones o con vínculos con el crimen organizado. De acuerdo a Colectiva Cereza, al menos cinco casos de los cuales acompaña fueron levantados por elementos de la policía de investigación de la FGE y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), y las pruebas ya fueron entregadas a Rutilio Escandón Cadenas.
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A los pueblos de México y del mundo, A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, A los medios de comunicación.
Hoy 12 de octubre se cumplen 531 años del inicio de la invasión europea a nuestras tierras y territorios, fecha que marcaría el inicio de uno de los mayores genocidios en la historia de la humanidad y de la salvaje globalización capitalista que ha sido impuesta a todos los pueblos del mundo; pero también se cumplen 531 años del inicio de la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos en contra de esta interminable guerra de invasión y conquista capitalista patriarcal; y 27 años de haberse fundado el Congreso Nacional Indígena como el espacio de lucha y unidad de los pueblos originarios de México,
Actualmente el mundo vive en medio de grandes guerras como lo acreditan la masacre y el exterminio que en estos momentos lleva a cabo el ejército de ocupación israelí en contra del pueblo palestino en la franja de Gaza y en Cisjordania. De guerra en guerra y por medio de ellas el capitalismo global se reproduce cotidianamente.
México, a pesar de los disfraces y mentiras que brotan del gobierno de la Cuarta Transformación, no es la excepción y los cifras que describen la violencia y la guerra son elocuentes: más de 156 mil homicidios dolosos, más de 43 mil personas desaparecidas y no localizadas, más de 4 mil feminicidios, 75 periodistas y 104 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas, derechos humanos y medio ambiente asesinadas en este sexenio, casi la mitad de estos últimos participantes en el espacio que es el CNI.
México entero es un campo de guerra que se expresa en la militarización, el militarismo y el paramilitarismo exacerbados, la presencia de los cárteles criminales por doquier y la persecución, nunca antes vista, de migrantes mediante el uso de la guardia nacional y las fuerzas castrenses.
Particularmente la frontera de México con Guatemala en Chiapas, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa disputan sangrientamente el territorio, o regiones enteras de estados como Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Tamaulipas, viven un clima de aguda violencia bajo el control casi total de los cárteles criminales, mismo que se complementa con la ausencia de gobierno y la simbiosis entre instituciones públicas, funcionarios, mandos militares y grupos de la delincuencia organizada. Adicionalmente, en Chiapas existe un claro cerco de guerra en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los pueblos zapatistas, escenario en el que los grupos paramilitares operan con total impunidad desde hace tres décadas y últimamente han aumentado sus agresiones contra las comunidades zapatistas, destacando los más de 100 ataques, entre 2019 y 2023, que la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) ha llevado a cabo en contra de poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde.
