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Sierra-costa de Michoacán, 7 de febrero de 2017

A los pueblos de México y el mundo,
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los medios libres,
A los medios de comunicación nacionales e internacionales,

La Comunidad Indígena de Santa María Ostula se manifiesta enérgicamente en contra de la detención ilegal de 5 elementos de las policías comunitarias de San Pedro Naranjestil y Tizupan –ambos pertenecientes a la comunidad indígena de Pómaro– a manos de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) para ser entregados directamente a un grupo de criminales, el cual ha sido denunciado insistentemente con anterioridad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana del día 5 de febrero, hora en la cual algunas camionetas de la SEMAR llegaron al filtro de seguridad que la policía comunitaria mantenía en el punto conocido como Tizupan. A partir de los testimonios recopilados, es posible certificar que los marinos no detuvieron al azar a los comunitarios sino que éstos estaban plenamente identificados y eran el objetivo de esta acción.

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La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, hemos recibido información directamente de integrantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, estado de Michoacán, de que alrededor de las 3.30 am del día domingo 5 de febrero de 2017, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres: Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabian Meraz Martinez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreon Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila; quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.

Ante tales hechos, la Asamblea de comuneros de Santa María Ostula decidió iniciar un bloqueo en la carretera federal 200 pues actualmente siguen privados de la libertad y su vida corre un grave riesgo. Además se denuncia que hay una amenaza al respecto y presión para intercambiar a los compañeros secuestrados por armas de los grupos de policías comunitarios, municipales y autodefensas.

Recordamos que el 15 de noviembre del 2016, se alertó a las autoridades federales y estatales correspondientes de la situación de violencia generalizada hacia el Pueblo Nahua de la región, debido a una constante condición de vulnerabilidad y amenaza que mantiene en riesgo la vida e integridad personal de los habitantes.

Frente a señalamientos de esta naturaleza, de los que se advierte la probable comisión de una desaparición forzada con participación de las fuerzas armadas, hacemos un llamado enérgico al Estado mexicano para que garantice la seguridad, integridad personal y la vida de las cinco personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad por el crimen organizado, los cuales fueron entregados por la Marina Armada de México; haciendo uso de los medios más efectivos a su alcance para localizarlos.

¡Firma en línea!

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El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México entrega al Senado miles de firmas para exigir una Ley contra la Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares que contemple a las familias

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2016. El día de hoy, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México entregamos en el Senado de la República a las senadoras Angélica de la Peña, Cristina Díaz y al senador Fernando Yunes, más de 17 mil firmas de apoyo de la sociedad civil, de México, Centroamérica y otros países, que se recolectaron a lo largo de un mes, para exigir una Ley contra la desaparición forzada y desaparición por particulares en la que se contemple los ocho puntos fundamentales propuestos por las familias de víctimas.

A un mes de que el actual periodo legislativo finalice, a las familias nos preocupa que no se esté discutiendo la propuesta de Ley que permita garantizar los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias. La Ley en cuestión se debió concretar el 6 de enero de 2016, según la reforma Constitucional al Artículo 73 publicada el 10 de julio de 2015. Estamos preocupadas por el tiempo que transcurre sin tener una respuesta seria y congruente por parte del Estado mexicano.

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Susuclumil, Tila, Chiapas, México.

21 de octubre de 2016

Boletín de prensa No. 21

Sucuclumil conmemoración de la memoria

20 años de crímenes de lesa humanidad en la zona Norte de Chiapas

Desde abajo se empieza.

Ésta palabra es semilla, la sembramos y cuidamos

porque es memoria, esperanza, justicia

Para este Centro de Derechos Humanos los trabajos de la memoria histórica representan la acción continua, viva para el andar diario, para la creación de alternativas frente a la impunidad del Estado mexicano, cuyas palabras están manchadas de sangre, con todo y sus instituciones.

Es por ello que traemos a la memoria en esta Tierra Blanca, Susuclumil, lugar de memoria, en este sitio de conciencia en donde el Tribunal Permanente de los Pueblos¹ escuchó la palabra de hombres y mujeres, sobre los caídos, víctimas y sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado mexicano en el marco del Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas.

Aquí se comparten un mismo camino, la palabra, La Otra Justicia, manteniendo en su lucha la esperanza de verdad y justicia frente a la impunidad.

Recordando que con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, y en medio de las negociaciones para la búsqueda de una salida política al conflicto armado interno en Chiapas, la violencia en la región aumentó. El control militar era parte del intento de dominio de la situación por parte del Estado mexicano. Con la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94, el Estado mexicano a través del Ejército mexicano, creó paramilitares delegando en ellos el uso de la fuerza, tolerando, permitiendo y facilitando sus operaciones y mostrando una incapacidad para combatirlos.

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El joven Maximiliano Gordillo Martínez, originario de Socoltenango, Chiapas, fue desaparecido por agentes del Instituto Nacional de Migración y de la policía estatal de Tabasco, el 7 de mayo de 2016, en la caseta de Migración de Chablé, Tabasco. Hasta ahora, a tres meses y medio después de su desaparición, no se tiene noticias de su paradero.

Este lunes 22 de agosto, en conferencia de prensa, las organizaciones que acompañan a la familia de Maximiliano emitieron un pronunciamiento, que incluimos abajo. También hacen un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para exigir la inmediata presentación con vida de Maximiliano Gordillo y una investigación exhaustiva contra los responsables. Entre otras acciones, invitan a firmar y difundir la acción urgente en el portal Avaaz:

https://secure.avaaz.org/es/petition/Procuradora_Arely_Gomez_Gonzalez_titular_de_la_PGR_La_localizacion_y_presentacion_con_vida_de_Maximiliano_Gordillo/?auWAfcb

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2016.

La desaparición forzada práctica cotidiana en México
Violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de Migración

Chiapas y Tabasco, fronteras con las hermanas/os de Centroamérica, fronteras del horror, extensión del terror, donde el gobierno de México ejerce su rostro servil hacia los intereses de los poderosos que imponen desde siglos su acción colonial cargada de racismo, discriminación y exclusión; y cada vez más con mayor rigor contra las personas migrantes, en la mira de las más graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano.

Miles de personas, familias y pueblos transitan por los territorios del sur del país desde sus lugares de origen, huyendo de una violencia para encontrarse con otra, a veces más cruel: la política migratoria mexicana de los últimos tiempos. Políticas y prácticas de humillación, abuso, tortura, explotación y represión, cometidas por el gobierno mexicano para intentar contener el libre tránsito de personas bajo discursos de seguridad nacional, donde quien migra es concebido tácitamente como criminal, enemigo interno y riesgo a una paz que en verdad ni siquiera existe para nadie.

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El 7 de mayo de 2016, Maximiliano Gordillo Martínez, originario de la comunidad Tzinil, municipio de Socoltenango, Chiapas, se dirigía a Playa del Carmen en busca de trabajo. En el trayecto, entre las 9:30 y 10:30 pm, el transporte llegó a un puesto de revisión migratoria, probablemente en el estado de Tabasco. Agentes de migración bajaron a seis o siete personas que no llevaban credencial de elector, entre ellos a Maximiliano. Este último presentó acta de nacimiento y CURP, pero los agentes lo acusaron de presentar documentos falsos. Desde entonces, no se le volvió a ver.

Familiares y organiaciones de defensa a los derechos de los migrantes han agotado todas las vías para obtener información del Instituto Nacional de Migración (INM), que insiste que Maximiliano no se encuentra en el sistema nacional del INM y se ha rehusado a colaborar en su búsqueda.

A seguir, la denuncia y llamado de acción urgente de Voces Mesoamericanas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes.

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JORNADA DE LUCHA DEL COMITÉ DE PADRES DE LOS 43 NORMALISTAS DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA (15,16 y 17 de abril 2016)

En el marco de la jornada nacional de lucha por la verdad y la justicia y como respuesta a la embestida mediática y a el acoso del gobierno federal en contra del grupo de expertos de la Comision Interamericana de Derechos Humanos y los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa,, se organizó una Protesta frente a la secretaria de Gobernación.

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, burlaron el cerco que la PFP había establecido al rededor de dicha dependencia y se encadenaron a las rejas que la circundan.

Posteriormente se realizo una rueda de prensa y se inició un plantón de 43 horas cuyo propósito es exigir que se mantenga abierta la investigación y el que gobierno mexicano acepte la supervisión y escrutinio internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que determinó integrar un mecanismo especial de seguimiento a este caso.

Para el comité de familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa cada vez está más claro que el gobierno federal pretende ocultar la verdad sobre estos hechos y cerrar el caso manteniendo en la impunidad a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de Estado, pese a la existencia de nuevos elementos y pruebas que refutan la supuesta verdad histórica del gobierno.

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A dos meses de iniciar la segunda parte de su mandato, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa hizo un balance sobre los avances y los temas pendientes de esta segunda parte de su mandato.

El Grupo expresó su satisfacción por la forma en que está avanzando el trabajo con la nueva unidad que lleva el caso; misma que ya comenzó a generar nueva información a partir del seguimiento de las líneas de investigación propuestas por los expertos.

Asimismo, el GIEI dio a conocer nueva información científica que descarta que se haya presentado un fuego en el basurero de Cocula en la noche del 26 al 27 de septiembre de 20014 y solicitó agilizar los trámites legales para concluir la evaluación de la autopsia hecha a Julio César Mondragón.

En conferencia, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago y Carlos Beristain leyeron el siguiente informe:

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presenta en esta ocasión los avances y perspectivas de su trabajo en esta nueva fase, a partir de la extensión de su mandato para coadyuvar en la investigación, la búsqueda y la atención a las víctimas del caso Ayotzinapa.

1. Constitución del nuevo equipo de la PGR

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“Gobierno de Chiapas responsable en la Desaparición Forzada de Alonso López Luna y el desplazamiento forzado de su familia en la comunidad de Banavil”, Frayba.

Publicado por: loba roja diciembre 4, 2015 en Chiapas Deja un comentario

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 4 de diciembre 2015.

Boletín de prensa No. 32

Alonso López Luna, fue desaparecido forzadamente, en Banavil municipio de Tenejapa, Chiapas, por integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la misma comunidad, entre los que se encontraban autoridades comunitarias y posteriormente funcionarios municipales quienes protegieron a los perpetradores. Hecho grave relacionado es el desplazamiento forzado de 13 personas –actualmente 19, en su mayoría mujeres, niñas y niños- que el gobierno de Manuel Velasco Coello mantiene en continua violación a los derechos humanos.

A cuatro años de la desaparición forzada de Alonso y del desplazamiento forzado de su familia el gobierno de Chiapas no ha realizado una búsqueda y las investigaciones correspondientes de acuerdo a lo mínimos estándares de investigación judicial, por lo que impera la impunidad y la complicidad con los agresores como un reflejo del patrón que siguen los casos de Desaparición Forzada en Chiapas y México.

Particularmente la Fiscalía de Justicia Indígena de la Zona Altos a cargo de Cristóbal Hernández López ha obstruido las investigaciones de los hechos; no ha realizado una investigación exhaustiva ni eficaz que permita encontrar a Alonso; y no ha ordenado la ejecución de 10 órdenes de aprehensión en contra de los agresores manteniendo las condiciones de riesgo a la vida, la integridad y seguridad personal de la familia de Alonso desplazadas forzadas desde la misma fecha, quienes en su mayoría son niñas y niños a quienes se les ha vulnerado en su derecho a una vida digna, viviendo en pobreza extrema y con ruptura en su cultura indígena como pueblo tseltal al no poder retornar de manera definitiva a su comunidad; además el único responsable que había sido detenido, Alonso Guzmán López, (del grupo del PRI) fue liberado en octubre de 2013.

El Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada de Alonso por omisión y complicidad con los perpetradores, según testimonios de la familia habían presentado denuncias previas ante las autoridades correspondientes por amenazas de muerte, hostigamientos, despojo, agresiones físicas y negación del derecho a la educación, sin encontrar respuesta en una intervención adecuada por las instancias de gobierno, lo que permitió que los perpetradores se sintieran protegidos derivando en hechos violatorios a los derechos humanos.

Frayba recuerda al Estado mexicano que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas considera que: La desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de carácter inderogable, tal como están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos; […] que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad; y que prevenir, sancionar y suprimir la desaparición forzada de personas en el Hemisferio constituye un aporte decisivo para la protección de los derechos humanos y el estado de derecho.

1 Por lo anterior este Centro de Derechos Humanos reitera a los tres niveles de gobierno la exigencia de realizar una eficaz investigación, búsqueda y localización de Alonso López Luna, víctima de desaparición forzada; y que se tomen acciones inmediatas y eficaces para generar las condiciones de retorno definitivo con seguridad y garantías de no repetición de las familias desplazadas forzadas de Banavil. Frayba llama a la solidaridad nacional e internacional para apoyar a las familias desplazadas forzadas de Banavil

2 quienes forman parte de la Campaña Rostros del Despojo, invitamos a firmar la acción en:

http://www.rostrosdeldespojo.org/participate/petition/

3 y a participar enviando un mensaje al correo solidaridad@frayba.org.mx para la Jornada de Comunicación.

#NoAlDesplazamientoForzado, a realizarse el próximo 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, a partir de las 11:00 horas, a un costado de la Catedral, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Antecedente

Alonso, indígena tseltal, campesino, en ese entonces de 57 años, con trayectoria como defensor de derechos humanos de su comunidad, con un proyecto de organización que no aceptó programas de gobierno, fue agredido en su domicilio mientras se encontraba desayunado, por aproximadamente 50 personas armadas con palos y rifles calibre .22, quienes lo comenzaron a golpear mientras rodeaban su casa; posteriormente se lo llevaron herido, hasta la actualidad su familia mantiene la exigencia de encontrarlo, mientras sufren el desplazamiento forzado, ante la no respuesta del gobierno de Chiapas.

1 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html

2 Alonso López Luna, desaparecido forzado, hasta encontrarlo: Familias desplazadas forzadas de Banavil. 4 de diciembre de 2015. Disponible en: http://chiapasdenuncia.blogspot.mx/2015/12/alonso-lopez-luna-desaparecido-forzado.html

3 http://www.rostrosdeldespojo.org/casos/ba

Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.

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Escucha el audio: (Descarga aquí)  

4 de diciembre de 2015
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

A las Juntas del Buen Gobierno de E.Z.L.N
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Declaración de Selva Lacandona
A los Centros de Derechos Humanos Honestos e Independientes
Al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
A la Red contra la Represión
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A los Colectivos Internacionales
A los Medios Libres e independientes
Al Pueblo Creyente en Chiapas

Compañeras y compañeros de los pueblos Originarios de Chiapas y no indígenas de México y del mundo.

El día de hoy recordamos que hace cuatro años nuestro padre Alonso López Luna fue desaparecido forzadamente, hasta ahora no sabemos donde está, exigimos encontrarlo.

Nuestro padre Alonso fue desaparecido forzadamente por los priístas de nuestra comunidad de Banavil, Tenejapa el mismo día 4 de diciembre de 2011 fuimos desplazadas forzadamente cuatro familia que seguimos viviendo en condiciones inhumanas, aquí en San Cristóbal de las Casas.

Está bien claro que las autoridades durante estos años no han tenido voluntad de investigar ni encontrar a nuestro padre Alonso, porque los caciques priístas saben dónde tienen a Alonso, además el gobierno de Chiapas son los responsables de esta desaparición forzada porque desde antes de los hechos ya habíamos denunciado agresiones a nuestra familia ante la fiscalía especializada en justicia indígena y no hicieron nada. Por eso, las autoridades ministeriales y los tres niveles del gobierno federal, estatal y municipal, al no investigar los hace cómplices de los responsables materiales de la desaparición forzada de Alonso López Luna y el desplazamiento forzado que sufrimos.

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