Compartimos boletines de la conferencia de prensa Hacia el Encuentro Latinoamericano Con la Encíclica ”Laudato Si” defendemos los derechos a la tierra, el territorio y los bosques, que se realizó el día 03 de febrero de 2016 en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Naciones Unidas exige la libertad inmediata de Nestora Salgado
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU hoy emitió su decisión sobre el fondo del caso de Nestora Salgado, quien es representada por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle (EE. UU.). El Grupo de Trabajo, compuesto por cinco expertos independientes de derechos humanos, estudió el expediente y las pruebas ofrecidas por la Clínica, así como las respuestas del Estado de México. Sostuvo que la detención de la señora Salgado es ilegal y arbitraria, su proceso injusto, y exigió tanto su libertad inmediata como una “compensación apropiada” por las varias violaciones a sus derechos humanos.
Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México proteger la vida e integridad personal de la señora Salgado. Emitió medidas cautelares en respuesta a sus alarmantes condiciones de detención y el grave deterioro de su salud. Sin embargo, sigue detenida.
Ayer, 28 de enero de 2016, el Estado mexicano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2000 en la comunidad El Aguaje, municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde la explosión de una granada de fusil antipersonal de propiedad del Ejército Mexicano mató al niño Ángel Díaz Cruz e hirió de gravedad a Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández, en el contexto de las acciones de contrainsurgencia contra las comunidades zapatistas y el EZLN.
El acto es parte de los acuerdos firmados tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, entre otras cosas, obligan al Estado a reconocer públicamente su responsabilidad en el caso. Es la culminación de un largo proceso de 15 años, en el que las víctimas y sus familiares se enfrentaron a la impunidad y el atropello por parte del Ministerio Público Militar.
En el evento, José López Cruz, padre de los niños lesionados, relató los abusos sufridos por víctimas y familiares en su larga búsqueda por justicia. Asímismo, Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, relató los detalles del caso, aseguró que “la justicia en México llega tarde, parcial, mutilada, incompleta, un tanto maltrecha como es de por sí el actuar del Estado mexicano” y llamó atención a la ausencia en el evento del “personaje principal de esta historia, el perpetrador por antonomasia en Chiapas: el Ejército mexicano”.
Presentes en el evento estuvieron las víctimas Ricardo y José Leonardo López Hernández, su padre José López Cruz, Cristina Reina Cruz López (madre del niño fallecido Ángel Díaz Cruz) y Pedro Faro del Frayba. Por el gobierno de Chiapas, Manuel Velasco Coello, gobernador del estado, y Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de gobierno. Por el gobierno Federal, Roberto Campa Cifrián (Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) y Erasmo Lara Cabrera (Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores). Del Ejército Mexicano y la SEDENA… ni las luces.
A continuación, los audios del evento:
Juan Carlos Gómez Aranda – Secretario General de Gobierno de Chiapas: (Descarga aquí)
Pedro Faro Navarro – Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba): (Descarga aquí)
Caso El Aguaje
(Angel Díaz Cruz+, Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández)
Muerte
Anciana y triste muerte
Adulta y silenciosa muerte
Joven y llorosa muerte
Niña y estúpida muerte.
Buenos días a todas y todos, con el permiso de la señora Cristina Reyna Cruz López, del Señor José López Cruz y sus respectivas familias, tomo la palabra.
Hoy estamos aquí ante este recinto de la Facultad de Derecho, para escuchar el perdón público del Gobierno mexicano, ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los niños Ángel Díaz Cruz, Ricardo López Hernández, José Leonardo López Hernández, así como a todos sus familiares, debido a los hechos del 17 de septiembre del año 2000, en la comunidad El Aguaje del ejido La Albarrada, municipio de San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas, a causa de la explosión de una granada de fusil antipersonal[1] propiedad del Ejército mexicano. De la explosión resultó muerto el niño Ángel Díaz, con heridas graves Ricardo y José Leonardo. Hechos sucedidos en el contexto de la acción de contrainsurgencia que implementa el Estado mexicano en contra de los pueblos y comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así también en contra de los pueblos y comunidades que resisten las políticas de despojo territorial y exterminio.
También estamos aquí para recordar que el Estado mexicano ha mantenido en la impunidad por 15 años y 5 meses el Caso del Aguaje, lastimosamente no es el único donde están involucradas las Fuerzas Armadas de México; lastimosamente no es el único donde la impunidad marca el ritmo de vida de quienes exigen al Estado que cumpla con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos como es su deber internacional. Pues la muerte de Ángel Díaz, es de plena responsabilidad del Ejército mexicano, así como los daños a la integridad física y psicológica que de manera permanente quedaron marcados en los cuerpos de Ricardo y José Leonardo y las de sus familias, truncando sus proyectos de vida.
Mi nombre es José López Cruz y en representación de mi familia, mis hijos y especialmente de la señora Cristina Reyna Cruz López madre del niño Ángel Díaz Cruz fallecido, voy a expresar las siguientes palabras.
Ha pasado más 15 años en el que mis hijos resultaron gravemente lesionados y que desgraciadamente el niño Ángel Díaz Cruz falleció a consecuencia de la explosión de una granada de fusil antipersonal propiedad del ejército mexicano.
Esos pobres niños lo único que hacían era buscar hongos para comer, pero debido a la negligencia del personal del ejército al no advertir los riesgos que pudiera acontecer en el lugar de campo de prácticas de tiro, a casi 500 metros de nuestra comunidad, resultó esta gran tragedia.
Además mi familia y los habitantes de mi comunidad El Aguaje, estábamos ya obligados a convivir, con todo tipo de ruidos provocado por los explosivos, los morteros, las ametralladoras lo cual provocaba mucho miedo. Sin embargo, el lugar era utilizado por la comunidad para la recolección de hongos, caminos de paso, pastoreo y recolección de leña.
Las mujeres ya no podían realizar sus actividades cotidianas por el campo, debido a que continuamente sufrían el acoso del personal militar.
A partir de las graves lesiones de nuestros hijos, comenzó nuestro sufrimiento, al verlos graves, a la presión de que uno de ellos le iban amputar una pierna; a la falta de atención de las autoridades porque no recibimos a atención necesaria y fuimos nosotros como familias que cargamos con toda la responsabilidad del seguimiento de recuperación de nuestros hijos.
Además por la falta de acceso al seguimiento de las investigaciones, debido a que estas se llevó a cabo desde la jurisdicción militar, quienes nunca nos permitieron saber el seguimiento del proceso penal militar, además de que el Juzgado Militar se encuentra en la Ciudad de México, Distrito Federal y no tenemos los recursos para ir hasta allá.
Las autoridad nunca se dieron cuenta de que éramos personas civiles y que nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar, pues dejaron llevarse por el tipo de armamento que explotó, y nunca velar por nuestros derechos humanos.
Los días fueron largos, han sido largos, pues durante estos más de 15 años, hemos buscado la justicia. Hasta hoy no sabemos quienes son los verdaderos responsables de causar esa tragedia ni mucho menos cuales fueron sus castigos.
Los efectos psicológicos en nuestros hijos, en nuestras familias se mantienen, debido a la falta de justicia y la atención. Y ante el temor de que dentro de sus cuerpos exista todavía esquirlas.
Esperamos que estos acuerdos que hoy firmamos, sean cumplidos a la cavalidad.
Agradecemos infinitamente al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé por su acompañamiento, porque sin ellos nunca hubiéramos podido lograr esta nuestra lucha.
Señores y señoras, durante todos estos años, hemos vivido la incertidumbre de que algún otro niño le pase lo mismo, es por eso que exigimos que estos hechos nunca vuelvan a repetirse.
jTatik Samuel Ruiz García, su legado en defensa de los derechos humanos
En el quinto aniversario luctuoso del obispo Samuel Ruiz García, este 24 de enero de 2016, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, fundado por él en 1989, reafirma su compromiso por la defensa de los derechos humanos, acompañando procesos comunitarios a lado del pueblo indígena en Chiapas.
“Las y los defensores no podemos voltear la mirada a los signos de los tiempos que nos interpelan día a día. Somos conscientes que la justicia no vendrá de los poderosos, nosotras y nosotros tenemos el compromiso de construirla desde abajo, en lo cotidiano, en los pueblos, comunidades y procesos sociales que trabajan por la autonomía y la libre determinación. Hoy es un tiempo de lucha y de esperanza.”
El encuentro pastoral del pueblo chol en la región Selva de Chiapas se pronuncia en contra de violaciones a derechos humanos a migrantes, cometidas por agentes del gobierno mexicano: robos, agresiones físicas, violaciones a mujeres… “policías migratorios, Policías Estatales, Militares, Marinos, Policías de Tránsito y Policías Ministeriales, vinculados con los Polleros Traficantes y Tratantes de personas.”
Denuncian que la Policía Sectorial, que se encuentra en el campamento del Ejido Busil-há, Municipio de Ocosingo, detiene a migrantes cobrándoles el paso; y que el Instituto Nacional de Migración pone en peligro la vida de personas y separa familias.
Pronunciamiento por la jornada internacional de migrantes
Las Organizaciones y Colectivos abajo firmantes queremos denunciar la situación penitenciaria que actualmente vive Alejandro Díaz Sántiz tras su traslado al CEFERESO Villas Comaltitlán ubicado al sur del estado de Chiapas. Y es que Alejandro, al igual que el resto de la población recluida en ese penal, se encuentra en condiciones de aislamiento, lo que supone un régimen de comunicación muy limitado con el exterior, ceñido a una llamada de 5 minutos cada 15 días, y a una visita de 45minutos de duración cada 15 ó 20 días, según lo designe la dirección del penal. Estas visitas sólo pueden realizarlas familiares directos (consanguíneos) y cónyugue.
Además, sólo tienen derecho a 30 minutos de patio diarios, por lo que la salud se resiente a la larga por la falta de vitamina D. A todo esto hay que sumarle el hecho de que para la familia de Alejandro es bien costoso trasladarse hasta allá para la visita, no sólo económicamente, ya que se encuentran a más de 9 horas de distancia en carro particular.
A las y los defensores de derechos humanos
A la comunidad nacional e internacional
A los medios de comunicación
Por este medio informamos de los últimos acontecimientos que han vulnerado nuestra seguridad y de las personas migrantes tanto albergadas como las que están en tránsito por el Estado de Tabasco.
Violaciones sexuales a personas migrantes del sexo femenino y secuestro en la zona de Tenosique.
Desde finales de agosto y hasta la fecha hemos recibido en La 72 cerca de dos decenas de casos de violencia sexual en contra de mujeres así como un sin fin de víctimas de robo calificado, privación ilegal de la libertad y secuestro. La mayor parte de las víctimas han sido acompañadas por nuestro personal ante la PGR y la Fiscalía especializada en delitos contra migrantes del Estado de Tabasco.
Tanto a la Fiscalía como a la PGR hemos aportado las pruebas suficientes para que puedan generar los proceso necesarios e inmediatos para detener a los criminales que cometen dichos delitos, sin embargo, hasta el día de hoy no ha pasado nada, al contrario seguimos recibiendo víctimas de los mencionados delitos.
El 5 de noviembre de 2014 se le detuvo. A Luis Fernando lo golpearon 4 policías y se lo llevaron. Literalmente lo secuestraron por varias horas. Detenido junto con otro estudiante, se les imputó: Ataques a la Paz Pública, Daños a la propiedad privada y ataques a las vías de comunicación. Al día siguiente el otro estudiante es liberado por demostrar que estaba en otro sitio pero Luis Fer no tiene la suerte de poderlo demostrar.
Aunque la acusación directa, el chófer del metrobus incendiado, que señalaba a ambos cae en su propia contradicción e incluso posteriormente se retracta, no es suficiente para las corruptas instancias judiciales, ya que Luis sigue preso un año después. Cabe por tanto destacar que su detención fue ilegal ya que no hubo flagrancia (no se le detiene cometiendo el supuesto delito), ni señalamiento directo reafirmado por el citado testigo.
Actualmente, su situación jurídica esta obstaculizada debido a que deliberadamente no se avanza en la resolución del Tribunal colegiado de circuito de la revisión de amparo contra el auto de formal prisión.
