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(Español) Comunicado de las Comunidades Nahuas en Resistencia de la Sierra Negra Movimiento Indígena Agrario Zapatista. Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan

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Denunciamos públicamente que el pasado 28 de junio de este 2018, siendo las 7 horas de la tarde aproximadamente, cuando nuestros compañeros Sergio Rivera Hernández, Hugo Alba Cortes y Evaristo Torres regresaban de trabajar y transitaban entre las comunidades de Tepexilotla y Coyolapa en la zona baja de Zoquitlan, Sierra Negra de Puebla, fueron detenidos ilegalmente por un retén de aproximadamente veinte militantes y simpatizante del PRD. Al frente de estas personas se encontraban Zaire Montalvo Avendaño, quien está propuesto a regidor dentro de la planilla del candidato por el perredismo-panismo a la alcaldía de Zoquitlan y su hermano Caín, así como Victorino Tellez Carrillo, dirigente de UNORCA en Coyolapa y empleado de la Minera Autlan, empresa que quiere construir una presa hidroeléctrica en Coyolapa y Pozotitla en dicho municipio, proyecto al cual nos hemos opuesto desde hace dos años. Al marcarles el alto, dos personas a quienes no se puede identificar, quienes portaban pistolas de alto calibre, los bajaron de su automóvil. Fueron revisados, y en esos momentos le dieron un cachazo en la cabeza a Hugo Alba, activándose el arma y realizando una detonación. Debido a esta lesión con la cacha, el agredido empezó a sangrar. Al ver esto, con amenazas de muerte de parte de Victorio Tellez y Zaire Montalvo, tanto Sergio Rivera como Evaristo Torres recibieron la orden de los pistoleros quien a su vez obedecían a Victorino Tellez Carrillo y a los hermanos Montalvo Avendaño de que se fueran, reteniendo al lesionado a quien fueron a dejar a su casa en Tepexilotla hasta la una de la mañana del siguiente dia. Por su testimonio sabemos que bajo amenazas de parte de Froylán León Sánchez, quien es otro de los caciques perredistas de Coyolapa y primo hermano del alcalde de Zoquitlan fue obligado a recibir cinco mil pesos “por reparación del daño”. Estos pistoleros que pertenecen a las mafias del huachicol (gasolina robada de los ductos de Pemex), que están aliadas con los alcaldes de Zoquitlan (Fermín González León) y Tlacotepec de Díaz (Cirilo Trujillo Lezama) siguen intimidando a la población en las poblaciones de Tepexilotla y Coyolapa para presionar a la gente a votar por el PRD y amenazar a los opositores. Hemos puesto la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla para que se sancionen estos delitos conforme a derecho.

– Responsabilizamos de cualquier ataque o agresión que pueda suceder hacia los integrantes del movimiento de resistencia indígena contra el Proyecto Hidroeléctrico a la empresa Minera Autlan, quien es quien ha venido a dividir a nuestras comunidades y familias, ha corrompido a los alcaldes de la región y ha sembrado la discordia para confrontarnos en su intento de construir su represa afectando nuestros ríos de manera irreversible.

-Responsabilizamos también a Cirilo Trujillo Lezama, alcalde de Tlacotepec de Díaz y a Fermín González León por cualquier agresión en nuestra contra, ya que son los principales operadores de Minera Autlan en la Sierra Negra y porque al aliarse con las mafias del huachicol han traído este sucio negocio a nuestras montañas acrecentando el problema de inseguridad en la que vivimos por la presencia del pistoleros del crimen organizado que ya empiezan a operar a la luz del día portando armas cortas y largas de uso exclusivo de las fuerzas armadas oficiales.

– Responsabilizamos de cualquier atentado a nuestras vidas al jefe de los pistoleros de Fermín González León, alcalde de Zoquitlan, el señor Antonio Sandoval y a su primo hermano Froylán León Sánchez, así como a Victorino Tellez Carrillo y a los hermanos Zaire y Caín Montalvo Avendaño.

– Exigimos el castigo a los agresores de nuestros compañeros y que están plenamente identificados y señalados ante la Fiscalía General del Estado.

– Exigimos la presencia inmediata de las fuerzas públicas del Estado para evitar la presencia de pistoleros y sicarios del crimen organizado en la Sierra Negra.

-Exigimos el deslinde de UNORCA del delincuente Victorino Tellez Carrillo.

– Hacemos público que estos hechos y la alianza con el PAN, demuestran una vez más la descomposición del PRD, al grado de pasar de ser perseguidos por Carlos Salinas de Gortari a persecutores, pistoleros y paramilitares.

Les recordamos que hemos decidido como pueblos indígenas defender la madre tierra y nuestros territorios incluyendo ríos, árboles, subsuelo y montañas, porque son todo lo que tenemos y representan todo lo que hemos sido, somos y seremos.

Somos herederos de las luchas de la resistencia indígena que empezaron desde el 12 de octubre de 1492 hasta el día de hoy.

Estamos celebrando una cuenta de la vida como movimiento, 20 años, de lucha y resistencia y en ese camino continuaremos como resistencia campesina, indígena, obrera y popular en defensa de nuestros derechos y en resistencia contra los megaproyectos de muerte.

¡Los ríos no se venden, se cuidan y defienden!
¡Fuera Minera Autlan de Sierra Negra!
¡Por la autodeterminación de los pueblos indígenas!
¡No a los megaproyectos!

Sierra Negra. 30 de Junio de 2018.
Comunidades Nahuas en Resistencia de la Sierra Negra
Movimiento Indígena Agrario Zapatista.
Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan.

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CNI y CIG

(Español) CNI y CIG denuncian agresiones a la caravana del CIG

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Comunicado sobre las agresiones a la caravana del CIG

A los medios de comunicación,
A la sociedad civil nacional e internacional.

El día de hoy por la mañana la caravana del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera María de Jesús Patricio se encontró con la Comunidad Nahua de Santa María Ostula en territorio recuperado de las manos del crimen organizado, quien saqueaba las maderas preciosas y minerales dentro del territorio indígena. Durante el festivo y multitudinario encuentro nos dimos cuenta de que Ostula es una comunidad libre, segura, donde la policía comunitaria cuida al pueblo, creciendo la resistencia en contra del despojo capitalista.

Cuando la caravana se dirigía a Paracho, habiendo salido apenas de los límites del municipio de Tepalcatepec, ya fuera del territorio bajo resguardo de la Guardia Comunal de Ostula y los grupos de Autodefensa que se articulan con ella, el último vehículo de la caravana, donde se transportaban los periodistas independientes Daliri Oropeza, Aldabi Olvera, Cristian Rodríguez, mismos que han cubierto desde un inicio el recorrido del CIG y su vocera, fue interceptado y arrinconado por una camioneta HONDA CR-V gris, en la cual viajaban cinco sujetos que portaban armas de alto calibre. Estos hombres obligaron a los compañeros Aldabi Olvera y Cristian Rodríguez a descender, los amenazaron y los obligaron a entregar sus cámaras y teléfonos celulares únicamente.

Denunciamos que se realiza este cobarde ataque en un territorio controlado por el crimen organizado, en el contexto de una guerra capitalista generalizada en el estado de Michoacán y en varios estados del territorio nacional en complicidad con el mal gobierno. Sabemos que la intención del crimen organizado en contubernio con el gobierno es crear un clima de miedo y terror.

Ante estas agresiones hacemos responsables del ataque a los tres niveles de gobierno, al federal representado por Enrique Peña Nieto, al estatal representado por Silvano Aureoles Conejo, y al Municipal, así como las posibles agresiones que puedan sufrir las comunidades y pueblos del CNI, la Caravana del CIG, y periodistas que dan cobertura al caminar del CIG, debido a que durante el recorrido por las comunidades de los pueblos originarios nos hemos cimbrado al escuchar los dolores causados por el crimen organizado en contubernio con los malos gobiernos.

Reconocemos la labor que las y los periodistas independientes realizan, sobre todo quienes acompañan la caravana, ya que han sido fundamentales para visibilizar nuestro caminar y nuestros dolores. Sabemos bien que ejercer el periodismo en México es un trabajo de alto riesgo y que 40 periodistas han sido asesinados en nuestro país en el sexenio de Peña Nieto. Como Congreso Nacional Indígena nos indigna esta guerra contra la palabra, herramienta fundamental para la organización de los pueblos. Nos solidarizamos con los y las compañeras que realizan su oficio y defienden las libertades de expresión y prensa.

En esta construcción que busca el CIG, vamos juntos de la mano con las personas que extienden la palabra de los Pueblos indígenas en resistencia de manera honesta.

Comunidad Purépecha de Paracho, Michoacán, 21 de enero de 2018.
Nunca más un México sin nosotros
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

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Varias organizaciones

(Español) Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas (Chalchihuitán y Chenalhó)

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Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias

Como colectivo de organismos de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).

Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-

CONSIDERAMOS:

1° Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;

2° Que, a pesar que en sus cuatro resolutivos finales, la sentencia, ambiguamente pareciera pretender el mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias (Chenalhó y Chalchihuitán) en realidad favorece absolutamente a la primera, y con ello encubre y alienta, a los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, misma que, a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas (la mayoría de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos) no sólo de Chalchihuitán, sino –aunque en menor número- también de Chenalhó, provocando con ello, hasta el momento, la muerte de cerca de una decena de niños, niñas y ancianos. Manteniendo a la verdadera base comunitaria de ambos pueblos, en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento,

En este contexto las organizaciones abajo firmantes ratificamos las siguientes exigencias:

1. Estrategia de desarticulación, desarme y castigo a los grupos civiles armados.

a. Investigación y solución de denuncias previas y expedientes congelados

b. Detención y castigo a responsables

c. Auditorías a las presidencias municipales de Chenalhó, Chalchihuitán y Chamula, ante la presunción documentada de que desde ahí se desvían fondos para la compra de armas.

d. Confiscación de armas

e. Acciones judiciales efectivas

2. Reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno.

a. Utilización y aplicación de protocolos

b. Garantías de seguridad e integridad personal a las personas desplazadas

c. Instalación de campamentos específicos para desplazados

d. Ayuda humanitaria

e. Salud integral

f. Garantías de seguridad para el retorno y reintegración.

g. Reparación integral del daño

h. Aplicación ley de desplazamiento forzado del gobierno del estado de Chiapas

3. Libre tránsito.

a. Rehabilitación de vías de comunicación

b. Presencia permanente de organismos civiles, nacionales e internacionales para garantizar la seguridad, la movilidad y el abasto. (CNDH|, CICR, UNICEF, Alto Comisionado de las Naciones Uidas, ACNUR, A.I.)

4. Garantías de seguridad para la observación de derechos humanos nacional e internacional en el ámbito civil.

5. Atención del problema de fondo a través de un diálogo político desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos Bienes Comunales. Con observación de organizaciones de la sociedad civil. Por lo que exigimos que las instancias jurisdiccionales que en lo sucesivo conozcan y resuelvan sobre este caso, lo hagan con base y apego a los derechos colectivos (basados en la autonomía y libre determinación) que se consagran en los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado.

6. Solicitamos que la CNDH emita una recomendación, dado que no se cumplieron con las medidas cautelares hacia los gobiernos estatal y federal.

 

Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Colectiva CEREZA
Equipo de Atención Psicosocial Para la Situaciones de Violencia y Exclusión Social
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Comité Nacional Para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Casa de la Mujer Ixim Antsetik
Servicios y Asesoría Para la Paz
Salud y Desarrollo Comunitario A.C.
Fideicomiso Para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C.
Formación y Capacitación A.C.
Melel Xojobal A,C

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 15 de diciembre de 2017.
Pronunciamiento Conjunto

Foto: Brigada médica de Sadec, atención a población desplazadas en Chalchihuitán. Facebook Sadec A C Sdc

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(Español) “Nunca más presencia militar de USA, en territorios de México y Centroamérica”, exigen organizaciones sociales

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¡DECIMOS NO Y NUNCA MÁS A LA PRESENCIA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS
EN LOS TERRITORIOS DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA!

18 de mayo de 2017

Desde inicios del 2017 se viene concretando un nuevo pacto militar entre Estados Unidos (EUA), México y los países de Centroamérica para incrementar la presencia del Comando Sur de EUA en la frontera de Guatemala y México, lo que significaría que por primera vez en la historia reciente haya operaciones oficiales del ejército de los Estados Unidos. en territorio mexicano.

Hasta el momento hay muy poca información pública y oficial al respecto, sin embargo, la suma de algunos elementos nos permite concluir que se pretende una nueva ola en el histórico intervencionismo militar y económico de Estados Unidos en América Latina. Ante ello, como pueblos transfronterizos resistimos y nos oponemos rotundamente al despojo de nuestros territorios y nuestros cuerpos vía la ocupación militar, así mismo defendemos la vida, la dignidad y nuestra integridad.

Actualmente hay dos acontecimientos de mucha preocupación que nos exige movilizarnos: 1) Por un lado el mensaje con motivo de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, CENTSEC 2017, realizada el pasado 25 de abril, en la cual se anunció la instalación de una Fuerza de Tarea del Comando Sur de EUA en el Departamento fronterizo de Petén, en colaboración con los ejércitos de México y Guatemala, para operar a lo largo de la frontera. 2) Por otro lado, el anuncio de una próxima Conferencia de alto nivel sobre seguridad y economía para México y Centroamérica a realizarse del 14 al 16 de junio en Miami, Florida, donde una parte de la misma se llevará dentro de la base militar del Comando Sur de EUA, y en la cual se prevé la mutación del Plan Alianza para la Prosperidad para darle un enfoque primordialmente militarista y de reinversión de capitales privados en la región.

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El País

(Español) “En México es más peligroso investigar un asesinato que cometerlo”

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John Gibler (Texas, 1973) coge el teléfono en la Librería Libre de Santander, donde presenta su libro Fue el Estado (Pepitas de Calabaza, 2016), sobre la matanza de Iguala. Gibler vive en DF y trabaja en México: es, a todos los efectos, un periodista mexicano. En 2012 escribió Morir en México, un libro en el que escribe sobre los reporteros que se juegan la vida en el país. Uno de los protagonistas de ese libro, amigo suyo, murió asesinado el lunes en su ciudad, Culiacán.

Pregunta. ¿Cuándo vio por última vez a Javier Valdez?

Respuesta. En febrero grabé con él un programa de Al Jazeera. Conversamos mucho, pasamos dos días juntos. Estaba preocupado, pero él era un hombre tan generoso, tan chistoso, tan vivo. Llevaba el peso: cargaba el dolor de los años, de los muertos. Y quizá también sentía otro peso: el de estar fuera del Distrito Federal. En México el centro de atención siempre es el DF, y los reporteros que más se juegan son los que viven en los Estados. Él amaba Culiacán y nunca dijo nada de irse, pero sentía el dolor de ver cómo la maquinaria de violencia e impunidad se hacía con la sociedad. Quería retratar la muerte en vida, el miedo, el terror que provoca la violencia sin castigo.

P. El 90% de delitos contra periodistas y medios no se resuelve. Un periodista vive sabiendo que si le matan, al asesino no le va a ocurrir nada.

R. En México es infinitamente más peligroso investigar un asesinato que cometerlo. Publicar una nota sobre un asesinato que cometerlo. Hay más libertad de expresión para los asesinos que para los periodistas. Después de matar a Miroslava Breach [periodista asesinada delante de su casa en Chihuahua en marzo], su asesino siguió caminando por la calle tan tranquilo con un cartel debajo del brazo que era el supuesto narcomensaje.

P. Supuesto. (Continuar leyendo…)

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Radio Zapatista

(Español) Ostula: Liberan a policías comunitarios – denuncian impunidad y complicidad entre Estado y delincuencia organizada

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Foto: Enrique Castro (Proceso)

La comunidad indígena de Santa María Ostula informó que ayer, 8 de febrero de 2017, fueron liberados los policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, secuestrados el 5 de febrero por miembros de la Marina y entregados al crimen organizado. La liberación se dio como resultado de operativos y negociaciones entre el Estado y el crimen organizado, cuyo contenido la comunidad ignora. Al mismo tiempo, la comunidad de Ostula denuncia la complicidad entre el Estado, la delincuencia organizada y el capital, sobre todo en la forma de las empresas mineras que operan en la región. En el comunicado hacen también un recuento de las graves agresiones sufridas a manos del Estado y de la delincuencia organizada a lo largo de este último año, y ennumeran una serie de exigencias para acabar con la impunidad, desmilitarizar la región, desmantelar los grupos del crimen organizado, permitir la construcción de la autonomía y crear las condiciones para el retorno de la paz social.

A continuación, el comunicado completo.


COMUNICADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA, AQUILA, MICHOACAN: LIBERADOS LOS POLICÍAS COMUNITARIOS

8 DE FEBRERO DE 2017

A LA OPINIÓN PÚBLICA
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LOS MEDIOS LIBRES
A LOS MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

El día de hoy a temprana hora y tras operativos conjuntos y negociaciones fueron liberados los compañeros policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, municipio de Aquila, Michoacán: Abigail Farías Fernán, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia, quienes habían sido secuestrados y desaparecidos desde el pasado 5 de febrero de 2017 a manos de elementos de la Secretaría de Marina, quienes después los entregaron a los grupos delictivos encabezados por Jesús Cruz Virrueta (alias Chuy Playas), Fernando Cruz Mendoza (alias El Tena), José María Cruz (alias el Tunco), Federico González Medina (alias Lico) y Mario Álvarez López (alias El Chacal), así como los dos comunitarios que posteriormente fueron retenidos en el proceso de negociación.

Aclaramos que nuestra comunidad desconoce las condiciones y acuerdos a los que se haya llegado con los delincuentes para la liberación de nuestros compañeros y denunciamos que no han sido detenidos ninguno de los responsables materiales e intelectuales de este nuevo atentado, ni ha sido esclarecido el vínculo y la complicidad entre estos y los elementos de la Secretaría de Marina.

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Comunidad Indígena de Santa María Ostula

(Español) Comunicado de Santa María Ostula 7 de febrero de 2017

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Sierra-costa de Michoacán, 7 de febrero de 2017

A los pueblos de México y el mundo,
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los medios libres,
A los medios de comunicación nacionales e internacionales,

La Comunidad Indígena de Santa María Ostula se manifiesta enérgicamente en contra de la detención ilegal de 5 elementos de las policías comunitarias de San Pedro Naranjestil y Tizupan –ambos pertenecientes a la comunidad indígena de Pómaro– a manos de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) para ser entregados directamente a un grupo de criminales, el cual ha sido denunciado insistentemente con anterioridad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana del día 5 de febrero, hora en la cual algunas camionetas de la SEMAR llegaron al filtro de seguridad que la policía comunitaria mantenía en el punto conocido como Tizupan. A partir de los testimonios recopilados, es posible certificar que los marinos no detuvieron al azar a los comunitarios sino que éstos estaban plenamente identificados y eran el objetivo de esta acción.

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Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos

(Español) Acción Urgente | Desaparición Forzada de cinco integrantes del Pueblo Nahua de la región Costa Sierra, Michoacán, perpetrada por la Marina Armada de México y el Crimen Organizado

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Ostula

La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, hemos recibido información directamente de integrantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, estado de Michoacán, de que alrededor de las 3.30 am del día domingo 5 de febrero de 2017, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres: Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabian Meraz Martinez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreon Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila; quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.

Ante tales hechos, la Asamblea de comuneros de Santa María Ostula decidió iniciar un bloqueo en la carretera federal 200 pues actualmente siguen privados de la libertad y su vida corre un grave riesgo. Además se denuncia que hay una amenaza al respecto y presión para intercambiar a los compañeros secuestrados por armas de los grupos de policías comunitarios, municipales y autodefensas.

Recordamos que el 15 de noviembre del 2016, se alertó a las autoridades federales y estatales correspondientes de la situación de violencia generalizada hacia el Pueblo Nahua de la región, debido a una constante condición de vulnerabilidad y amenaza que mantiene en riesgo la vida e integridad personal de los habitantes.

Frente a señalamientos de esta naturaleza, de los que se advierte la probable comisión de una desaparición forzada con participación de las fuerzas armadas, hacemos un llamado enérgico al Estado mexicano para que garantice la seguridad, integridad personal y la vida de las cinco personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad por el crimen organizado, los cuales fueron entregados por la Marina Armada de México; haciendo uso de los medios más efectivos a su alcance para localizarlos.

¡Firma en línea!

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(Español) Miembros de la Marina levantan a 5 comuneros y entregan al crimen organizado

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Regina López . Agencia Subversionesphoto
Foto e información “Subversiones Agencia Autónoma de comunicación”

Compañeros de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula nos informan que en la madrugada de este 5 de febrero, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, fueron levantados en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila, por miembros de la Marina, quienes posteriormente los entregaron al crimen organizado.

Señalan que les están pidiendo 21 armas a cambio de dejar libres a los secuestrados y que se abandone el filtro que los comunitarios mantienen en el punto referido sobre la carretera costera. Los criminales amenazaron con ejecutar a los comunitarios de no obtener una respuesta afirmativa a sus exigencias.

La comunidad de Ostula acaba de decidir en asamblea, bloquear la carretera federal 200 con apoyo de otras comunidades de la región Costa – Sierra de Michoacán como acción urgente para llamar la atención de las autoridades correspondientes y exigir la liberación de los policías comunitarios.

Resulta alarmante que nuevamente se observe una colusión entre los cuerpos castrenses del Estado (en este caso la Marina) y el crimen organizado, para hostigar y amenazar gravemente a las comunidades en resistencia.

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Radio Pozol

(Español) Michoacán: Marina secuestra a 5 comuneros de Naranjestil y los entrega al crimen organizado

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México. Pozol. 5 de febrero. En horas de la madrugada de hoy fueron secuestrados 5 integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, Michoacán. Comuneros de Santa María Ostula informaron que dichas personas fueron levantadas en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila, por miembros de la Secretaría de Marina, quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.

A cambio de la libertad de los 5 miembros de la policía comunitaria, los secuestradores piden la cantidad de 21 armas, así como que se abandone el filtro que los comunitarios mantienen en el punto referido sobre la carretera costera, de lo contrario amenazaron con ejecutar a los comunitarios.

Por su parte, la comunidad de Santa María Ostula decidió en asamblea realizar el bloqueo de la carretera federal 200 con apoyo de otras comunidades de la región Costa-Sierra de Michoacán como medio para llamar la atención de las autoridades correspondientes y exigir la liberación sus compañeros.

Cabe recordar que la región de Santa María Ostula mantiene una lucha por sus territorios ancestrales que recuperó de manos del crimen organizado y de pequeños propietarios coludidos con cárteles de la droga y a pesar, también, de la complicidad que con los grupos delictivos y supuestos “propietarios” han mantenido los cuerpos de “seguridad” del Estado mexicano. Suman ya más de 30 comuneros asesinados y otros tantos desaparecidos por paramilitares, narcos y el ejército mexicano, el precio que la comunidad de Santa María Ostula ha pagado por la defensa de su territorio. Vale recordar que uno de los casos más recientes fue 2015 cuando el ejército mexicano asesinó a un niño de apenas 12 años mientras atacaba con armas de alto poder a comuneros indefensos.

Información: Solidaridad con Ostula
Foto: Desde las nubes