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• A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.

La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)

En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)

Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.

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Ver también acción urgente de Frayba: Cese de amenazas y hostigamientos a presos en huelga de hambre en Chiapas

San Cristóbal de las Casas
22 de marzo de 2019
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

COMUNICADO A 7 DÍAS DE LA HUELGA DE HAMBRE DE NUESTROS COMPAÑEROS

El pasado 15 de marzo, en diferentes penales del estado, 6 compañeros iniciaron una huelga de hambre indefinida en exigencia de su libertad inmediata. Como ya dijimos en nuestro pronunciamiento anterior, son las condiciones de extrema crueldad y la sinrazón de un sistema de justicia inhumano las que orillaron a nuestros compañeros a tomar una decisión extrema con el fin de visibilizar sus diferentes situaciones jurídicas y su injusto encierro.

Ya ha pasado una semana, y nuestros compañeros siguen firmes en la decisión de continuar con la huelga de hambre hasta conseguir su libertad. Y no sólo ellos, el lunes día 18, siete  compañeros más de la organización Solidarios de la Voz del Amate decidieron también sumarse a la acción por la exigencia de su libertad en la huelga de hambre indefinida.

Es decir, a día de hoy son 9 compañeros en huelga de hambre en el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas, 2 compañeros en el Cereso 10 de Comitán, y 2 compañeros en el Cereso 14 El Amate de Cintalapa. Y 7 compañeros más que están en lucha en diferentes penales y que su sitación de salud, o aislamiento no les permiten realizar un ayuno completo.

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Seis presos de tres distintos penales de Chiapas iniciaron este viernes, 15 de marzo, una huelga de hambre indefinida para exigir su libertad, con el apoyo de otros presos organizados de otros penales del estado. Los seis presos en huelga de hambre fueron detenidos arbitrariamente, torturados, acusados de delitos fabricados y forzados a firmar declaraciones autoinculpatorias bajo tortura. Han pasado muchos años de su vida tras las rejas por delitos que no cometieron. Ellos son, como tantos otros, víctimas del sistema de “justicia” mexicano, cuyo principal método de “investigación” es la tortura y la incriminación de personas inocentes.

En los siguientes audios, los presos comparten la dolorosa historia de su prisión:

La huelga de hambre se dio a conocer en una conferencia de prensa realizada en la Plaza de la Catedral en San Cristóbal de Las Casas, una hora después del inicio de la huelga, a las 11 de la mañana del viernes 15 de marzo de 2019.

Escucha los audios de la conferencia de prensa:

Lee el Comunicado de acción en solidaridad con la huelga de hambre de los Solidarios de la Voz del Amate

Lee el Comunicado del ex preso Alfredo Gómez López en solidaridad con la huelga de hambre

Lee el Pronunciamiento del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs:

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Informe de la Campaña contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas sobre la Declaratoria de Alerta de Género.

Las organizaciones que solicitamos y hemos dado seguimiento puntual a las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AGV) en Chiapas, exigimos este 8 de marzo (2019), el cese de su engañosa aplicación. Consideramos que las limitadas acciones emprendidas e informadas por el gobierno, a más de un año de su aplicación, lejos de detener la violencia, han resultado ser una simulación y una burla para las mujeres violentadas y asesinadas. Así mismo denunciamos que, las autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir el derecho que tenemos las mujeres a la seguridad de nuestras vidas, es decir a vivir una vida sin violencia, han generado impunidad y han mostrado indiferencia, negligencia, desconocimiento y hasta complicidad con los perpetradores.

La violencia de género tiene causas múltiples y complejas, todas ellas ligadas a las relaciones de dominación/subordinación sobre las mujeres que histórica y culturalmente se han naturalizado como parte del imaginario colectivo patriarcal, colonial y sexista que prevalece tanto en las ciudades como en las zonas rurales del país. Ese carácter estructural de la violencia, abonado con la pobreza extrema y la desestructuración de la vida campesina que la modernidad neoliberal impuso oficialmente en Chiapas desde de los 80s, ha propiciado la idea de que las mujeres somos objetos no sólo de explotación y uso sexual del poder masculino, sino que, violando todos nuestros derechos, nos han convertido en objetos desechables a través de múltiples formas de violencia feminicida y victimización, incluyendo los feminicidios, que van aumentando y formando modelos de agresión, como sucede en bares, cantinas y antros en donde se prostituye, emborracha, droga, viola tumultuariamente, asesina y después arrojan al descampado o a la vía pública los cuerpos de niñas indígenas, como ha sucedido en 4 de los últimos casos de los que tenemos documentados. Lo anterior es ejemplo de que las autoridades no toman su responsabilidad en la política pública de seguridad para las mujeres, impidiéndonos el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos.

Pretextando que la AVG no es un instrumento que se avoque a combatir el carácter estructural de la violencia, las acciones que se han realizado y que se reportan en el informe que el Gobierno del Estado de Chiapas presentó en la última sesión del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) en noviembre de 2018, son tan inocuas, superficiales e insuficientes que sólo han vulgarizado el concepto de género mostrando no sólo la incapacidad del gobierno para abordar el problema, sino también el carácter patriarcal obtuso de las instituciones y su funcionamiento. Estos hechos nos reafirman en nuestro posicionamiento de que no es sólo la presión al Estado lo que va a desaparecer la violencia de género hacia las mujeres, sino que somos los pueblos y especialmente las mujeres, quienes tenemos que luchar por nuestra autodeterminación personal y nuestra autonomía política, quienes podremos transformar el carácter patriarcal de la sociedad y hacer una lucha efectiva contra la violencia de este régimen neoliberal.

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• Mina Santa Fe en Solosuchiapa violenta derechos a comunidades y ejidos.

Los Pueblo zoque, tseltal y tsotsil en Chiapas, se organizan en la defensa de la Madre Tierra porque su territorio se encuentra bajo el asedio de megaproyectos impulsados por empresas privadas que violentan sus derechos colectivos, especialmente a la autodeterminación y la autonomía.

En un comunicado con fecha 22 de junio de 2017, leído al final de una gran peregrinación en Tuxtla Gutiérrez, el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra denunció:

Sobre nuestros territorios la amenaza es real por las 11 concesiones mineras otorgadas por el Gobierno con un total de 70 mil hectáreas, 1 ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoasén; 1 proyecto de Geotermia sobre el cráter del Volcán Chichonal sobre 15 mil hectáreas; 1 geo-parque en el mismo Volcán con 2,400 hectáreas; además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenago. En total más de 180 mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos se encuentran amenazadas por los proyectos extractivos1.

Un ejemplo de los proyectos extractivos es la minería que avanza sin procesos de consulta a las comunidades afectadas en los municipios de Solosuchiapa, Ixtacomitán, Pantepec, Rayón, Ixhuatán, Tapilula, Tapalapa, Copainalá, Coapilla y Chapultenango.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
14 de febrero de 2019

Urgimos atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán 

• Exigimos al Estado mexicano implementar medidas cautelares de la CIDH y cumplir las recomendaciones de la CNDH

Las organizaciones civiles abajo firmantes exigimos la debida implementación de la recomendación 87/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en favor de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado interno, 5 266 personas, de 9 comunidades tsotsiles del municipio de Chalchihuitán y una comunidad de Chenalhó, Chiapas, México.[1]

Urgimos que el Estado mexicano cumpla también con la medida cautelar No. 882/17, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 24 de febrero de 2018: “Para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de personas armadas”.[2]

Las víctimas de desplazamiento forzado en Chalchihuitán se encuentran en constante vulnerabilidad por privación de derechos básicos, especialmente en alimentación y salud, por omisión del Estado al no propiciar atención integral adecuada acorde con la pertenencia cultural. La recomendación de la CNDH manifiesta que la atención humanitaria otorgada fue “insuficiente, inoportuna e inadecuada”.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 14 de febrero de 2019

Chiapas en el epicentro de la violencia 

• Grave clima de violencia y conflictividad en Chiapas registra incremento de ataques y asesinatos a civiles en varias regiones de la entidad.

Las organizaciones civiles y de derechos humanos que integramos la Red por la Paz en Chiapas observamos que durante los últimos meses, en distintos municipios de Chiapas, se han registrado hechos de violencia y conflictividad que han dejado como saldo el asesinato, desaparición, secuestro, amenazas, agresiones y daños al patrimonio de distintas personas que por distintas causas han resultado afectadas.

Como colectivos hemos acompañado de cerca varios de estos procesos, por ello les compartimos a continuación algunos de los hechos más relevantes denunciados por la Sociedad Civil organizada, organismos civiles, periodistas y medios libres y que hemos documentado de cerca los graves acontecimientos que han segado la vida de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y, particularmente, de mujeres que han sido víctimas de la violencia feminicida.

Contexto de violencia:
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El 18 de julio de 2012, Diego López Méndez estaba trabajando cuando llegaron 4 judiciales vestidos de civil a su lugar de trabajo. Lo detuvieron y se lo llevaron en una camioneta blanca para ser torturado, acusándolo de un homicidio que no cometió. Ante el horror de la tortura, y pensando que lo matarían, finalmente se autoinculpó para salvar su vida. Eso fue hace seis años y medio. Desde entonces, ha estado preso.

Diego López es un indígena tseltal, padre de un niño de 6 años. La condición de madre, que está muy enferma, se ha agravado con el sufrimiento por la injusta prisión.

La única evidencia en su contra es su propia confesión, firmada bajo tortura. Quien lo inculpó también fue torturado para que lo hiciera.

Este martes, 12 de febrero, Diego comparecerá en audiencia de derecho frente al Juez Penal de San Cristóbal de Las Casas, César Rodríguez Robles, quien a partir de entonces tendrá 15 días para dictar su sentencia. Ese mismo día 12 de febrero, a las 5 p.m., se llevará a cabo una concentración en la plaza de la Catedral de esa ciudad, en solidaridad con Diego López Méndez. Invitamos a quienes estén en la ciudad a comparecer para exigir su libertad.

Video: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

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Amanecer en La Realidad, Chiapas, México. Selva Maya. Foto: Radio Zapatista.

Eugenia Gutiérrez, Colectivo RZ.
México, enero de 2019.

No es sólo porque esta democracia fallida no divisa rumbo. No es nada más porque su instrumentación y su funcionamiento estarían en manos de un equipo político ineficiente, sin ideas propias, sin voz, dedicado a cumplir los caprichos de un patriarca. Si nuestra oposición se fundamentara en eso estaríamos coincidiendo en argumentos con una franja social muy amplia que anhela liderazgos y patrones, siempre que éstos le garanticen tener la habilidad para atajar timones con firmeza, sin importar su sello neoliberal y capitalista o precisamente por eso. Para nuestra oposición a proyectos como el ferrocarril peninsular, el corredor transístmico y otras ambiciones de corte neoliberal existen otras razones. He aquí algunas.

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San José El Bascan, municipio de Salto de Agua, Chiapas, a 09 de enero de 2019.

Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los medios de comunicación libres e independientes

Las mujeres y hombres, del Pueblo Chol de la comunidad de San José El Bascan, municipio de Salto de Agua, Chiapas, integrantes de la organización Ikoltyañtyel Lak Lumal, pertenecientes al Congreso Nacional Indígena Región Salto de Agua, Zona Norte Chol señalamos lo siguiente.

En el año de 1994 a raíz del levantamiento armado de nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, recuperamos las tierras que se conocen como San José El Bascan, en el municipio de Salto de Agua, Chiapas. Desde esa fecha hasta la actualidad la hemos tenido en posesión, la hemos trabajado y cuidado.

En noviembre de 2018, el señor Artemio Álvaro Vázquez, según propietario de estas tierras, inició un proceso de contratar a un ingeniero para realizar la medición de nuestras tierras con la intención de lotificar los terrenos e intentar un proceso de venta. De acuerdo a información que tenemos es que en estas fechas van a entrar a medir y a iniciar el proceso de venta de lotes. Están amenazando con despojarnos de nuestras tierras en la que vivimos, trabajamos y de las cuales depende el sustento de nuestras familias.

Ante tales hechos:

Denunciamos la contratación del ingeniero, la amenaza de lotificar el terreno que atenta con nuestro derecho de posesión de la tierra que tenemos desde hace 25 años. De igual forma atenta contra nuestra integridad física, familiar y comunitaria al intentar confrontarnos con nuestros propios hermanos.

Denunciamos las amenazas de desalojo y despojo en contra de nuestra comunidad, pues provocaría el desplazamiento de nuestras tierras.

De igual forma, denunciamos las órdenes de aprehensión en nuestra contra.

Ante tales hechos responsabilizamos a los tres niveles del mal gobierno de cualquier situación que pueda pasar en contra de nuestra comunidad.

Reafirmamos la defensa de nuestras tierras de cualquier amenaza, sea de lotificación o de cualquier proyecto que ponga en riesgo nuestra vida comunitaria.

¡¡¡Nunca más un México sin Nosotros!!!
¡¡¡La Tierra es de quien la trabaja!!!

Representante de la comunidad
Delegado del CNI en la comunidad
Concejal del Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena
Región Salto de Agua, Zona Norte Chol, Chiapas.