Zapatista bases of support
(Español) El Presidente de la República miente y encubre la violencia en Chiapas
El Presidente de la República en su mañanera de hoy miente y encubre la violencia en Chiapas y es cómplice de las agresiones hacia las comunidades
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
23 de junio de 2024
- El gobierno federal cómplice de la violencia en el estado y las agresiones hacia los pueblos y comunidades.
Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifestamos nuestra preocupación y lamentamos la difamación en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas realizada el día de hoy en su conferencia mañanera por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que vulnera nuestro trabajo en medio de una profunda violencia que se ha agudizado en los últimos años en el estado, y que sigue creciendo, consolidándose como un elemento estructural en los territorios de los pueblos de los Altos, Costa, la grave violencia en la Frontera Sur, Norte y Selva del estado, lo que ha impactado en los pueblos, varias de ellas son de comunidades originarias e históricas que se organizan por la vía pacífica y de forma antagónica a la política del Estado mexicano en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados, grupo de la delincuencia organizada, sucesores del paramilitarismo que utilizan la violencia para el control social, político, económico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente.[1]
El negacionismo de esta violencia por parte de AMLO profundiza la impunidad impulsada desde actores municipales, estatales y federales que abonan al despojo, explotación y marginación social, además de agudizar la crisis de derechos humanos en la que nos encontramos, y particularmente promueve los ataques sistemáticos contra el proyecto político de autonomía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezados por grupos armados corporativistas, que han perpetrado desde el 2019 a la fecha, más 110 ataques armados contra las comunidades que pertenecen a la región zapatista de Moisés y Gandhi, que pertenece a la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, zona Patria Nueva, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, México.
Estos ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego, los cuales han sido denunciados por los pueblos zapatistas y documentados por el Frayba, además de realizar intervenciones ante las autoridades de los gobiernos estatal y Federal, a quienes hemos hecho llamados enérgicos para que respeten y garanticen la vida e integridad física y psicológica de los pueblos y comunidades que pertenecen a la Región de Moisés y Gandhi. Los gobiernos han sido omisos, a la par que el grupo armado actúa con total impunidad siguiendo con las agresiones ante el ominoso silencio de las instituciones del gobierno mexicano.
Hay que sumar que los integrantes de estos grupos armados corporativistas son parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo por el Partido Verde Ecologista de México, obtienen recursos de programas sociales como Sembrando Vida; cuya implementación en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones, confrontando entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir del control estatal y la reconfiguración territorial, con un manejo de la tierra, ajeno a las necesidades de los pueblos originarios.
Recordamos al gobierno mexicano que en Chiapas nos encontramos en medio de un conflicto político-militar irresuelto, y que tiene pendiente el respeto de las tierras y territorios de los pueblos, quienes siguen siendo invisibilizados, enmarcados tanto en los derechos consignados en los tratados y declaraciones internacionales, así como lo estipulado en los Acuerdos de San Andrés, por ello las causas que propiciaron el levantamiento del EZLN siguen siendo vigentes.
[1] Informe Frayba 2023. Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado: https://frayba.org.mx/sites/default/files/Informes/Informe-Frayba-2023/Informe-Frayba-2023_Chiapas-un-desastre.pdf
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(Español) Caso Antonio González Méndez vs. México: un crimen de Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2023
Boletín No. 14
- Exigimos que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad en el marco de la contrainsurgencia de los noventa.
El miércoles 21 de junio del presente año se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte del estado de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez (Antonio), espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.
Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde su desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales. El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol. Ante la falta de búsqueda y de investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto de terror y criminalidad.
El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH. La disculpa pública del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación. Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.
Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94”[1] incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, que fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.
Exigimos que el gobierno de México, reconozca la responsabilidad y responda a esta demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez, por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado. El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.
