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Agresiones armadas en Aldama

Hieren a Javier Hernández de la Torre, indígena tsotsil, habitante de Aldama

En las últimas 72 horas se han reportado 36 agresiones de armas de fuego hacia las comunidades de Chivit, Stzelejpotobtik, Yeton, Xuxchen, Tabac, Juxton, Coco y Cabecera del municipio de Aldama, Chiapas. Los reportes informan que todos los disparos provenían de diferentes puntos de la comunidad Sector Santa Martha, Chenalhó.

El día de hoy, 09 de enero de 2022, fue herido por arma de fuego el señor Javier Hernández de la Torre (el señor Javier), indígena tsotsil, habitante de Aldama, los hechos ocurrieron a aproximadamente las 8:00 horas, en la comunidad de Tabac, mientras él y su familia se dirigían a sus labores del campo. Su esposa e hijos resultaron ilesos del ataque. Los disparos provenían del punto conocido como Telemax, en Santa Martha, Chenalhó.

El señor Javier tiene una herida de bala a la altura de la oreja izquierda y debido al tipo de lesión se encuentra en el Hospital de Las Culturas en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Hasta este momento continúan los ataques con arma de fuego hacia las comunidades de Tabac, Juxton, Chivit, Xuxchen y Stzelejpotobtik del municipio Aldama y los habitantes temen por su vida, seguridad e integridad personal.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas manifiesta su preocupación por la escalada de violencia hacia las comunidades de Aldama, por ello exigimos de manera enérgica alto a la violencia.

Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano a cumplir con las acciones de prevención y protección hacia los habitantes del municipio de Aldama, tal y como se indican en las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque los factores de riesgo que ponen en peligro la vida no cesan. El pasado 15 de diciembre de 2021, CIDH manifestó su disposición para realizar una visita a México, específicamente a los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, con la finalidad de verificar la situación de las personas beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas mediante la Resolución 15/2018 del 24 de febrero de 2018 (MC-882-17) y Resolución 35/2021 del 23 de abril de 2021 (MC-284-18).

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional envíen sus expresiones de repudio por esta grave situación de violencia en Chiapas a:

– Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México.

Palacio Nacional-Plaza de la Constitución s/n. – 2° Piso. Col. Centro. Delegación Cuauhtémoc. Cd. de México CP: 06066. Fax. (+52) 55 5093-4800, 55 5093-5300 Exts. 4103/4882.800-080-1127 Atención Ciudadana. Correo: amlo@presidencia.gob.mx y gobmx@funcionpublica.gob.mx

Twitter: @lopezobrador_

– Lic. Adan Augusto López Hernández. Secretario de Gobernación de México.

Bucareli 99, Edificio Cobian. 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México. C.P.06600. Fax: (+52) 55 5093 34 14. Correo: secretario@segob.gob.mx

– Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.

Bucareli 99, Edificio Cobian. 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06600. Ciudad de México. Fax: (+52) 55 5128-0000 Ext. 33077Correo: ajencinas@segob.gob.mx y projasm@segob.gob.mx

Twiter: @A_Encinas_R

– Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso. Col. Tlacopac San Ángel.Delegación Álvaro Obregón. Ciudad de México. C.P. 01040. Fax: (+52) 0155 36 68 07 67. Correo: correo@cndh.org.mx

Twitter: @CNDH.

– Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P.29009. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Fax: +52 961 61 88088, + 52 961 6188056; Extensión 21120. 21122.Correo: secparticular@chiapas.gob.mx

Twitter: @RutilioEscandon

– Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno en Chiapas. Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: (961) 61 8 7460 Ext. 20003.Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

– Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.Avenida 1 Sur Oriente S/N, Edificio Plaza, 3er y 4to piso, Barrio San Roque C.P. 29000 TuxtlaGutiérrez,Chiapas. Conmutador: (961) 602 89 80; 961-60289-81 Ext. 206; Lada sin costo 01800-55-282-42Fax:(961) 60 2 57 84.Correo: presidencia@cedh-chiapas.org

Acción Urgente: Hieren en ataque armado a indígena tsotsil, habitante de Aldama
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A las Juntas de Buen Gobierno y Bases de Apoyo del E.Z.L.N.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al Concejo Indígena de Gobierno.
Al Congreso Nacional Indígena.
A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
A los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen.
A los medios de comunicación nacionales e internacionales.
A la opinión pública.
A la sociedad civil organizada.

La caravana de observación y solidaridad integrada por organizaciones, colectivos y personas a título individual, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, informamos que nuevamente saldremos con la labor de observación de derechos humanos y entrega de acopio a la comunidad de Nuevo San Gregorio  municipio autónomo de Lucio Cabañas,partiendo el día de hoy sábado 8 de enero.

Nos es importante mencionar que desde el año 2019 hasta el día de hoy, las familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de las comunidades de Nuevo San Gregorio y la región de Moisés Gandhi han estado bajo constantes agresiones que buscan impedirles seguir con la construcción de su autonomía.

Recordamos que la postura de la caravana de observación y solidaridad es y ha sido a favor de la paz, por esa razón exigimos el respeto al derecho a la autonomía y libre autodeterminación zapatista, a sus tierras recuperadas que forman parte de su territorio, así como el respeto y garantía a la integridad, seguridad y la vida de las Bases de Apoyo del E.Z.L.N.

Contamos con el acompañamiento presencial y a la distancia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), con el objetivo de realizar un trabajo integral y continuo.

Les pedimos que estén atentas y atentos de los sucesos que puedan ocurrir durante esta caravana de solidaridad y a difundir el contenido público de los hechos ocurridos durante y posterior a la caravana.

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Por Ñaní Pinto

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Por Ñaní Pinto

Fotos: Aldo Santiago

El pueblo Munduruku que vive en el curso medio y alto del río Tapajós, un largo y caudaloso río amazónico en Brasil, y los pueblos Kayapó y Kumaruara se reunieron entre los días 18 y 20 de diciembre de 2021, en asamblea general, para discutir la situación de la demarcación (reconocimiento legal) de sus territorios y los frenos puestos por el gobierno de Jair Bolsonaro, quien busca reactivar megaproyectos de hidrovías, ferrovías, puertos, minería y hidroeléctricas en la cuenca del Tapajós.

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Uno de estos proyectos es la hidroeléctrica São Luiz do Tapajós, que impacta directamente la Tierra Indígena Sawre Muybu, todavía en proceso de demarcación. El territorio del pueblo Munduruku está dividido administrativamente en distintas tierras indígenas, demarcadas por el Estado brasileño.

“En toda la cuenca del río existen marcas de nuestros ancestros y está llena de sitios importantes para nuestra existencia como pueblo. Sin embargo, el gobierno y las empresas no dejan de sorprendernos. Quieren destruir nuestro territorio y la vida del pueblo Munduruku”, sostienen los indígenas en una carta, resultado de la asamblea general.

Específicamente, la demarcación del territorio Sawre Muybu ya estaba a punto de seguir para su fase final, sin embargo, el presidente de la Fundación Nacional del Indio (Funai), Marcelo Augusto Xavier da Silva, quien mantiene vinculación histórica con latifundiarios, pidió una revisión echando para bajo el proceso. “Bolsonaro fue elegido con la promesa de que no demarcaría un centímetro de tierra indígena y lo está cumpliendo”, afirman en la carta.

Los indígenas denuncian que territorios que ya fueron homologados también están amenazados. El gobierno federal busca, por ejemplo, reducir parte de la Tierra Indígena Kayabi, localizada en el estado de Mato Grosso. Hubo una decisión judicial para suspender su registro en notaría pública. En esta región existen sitios sagrados localizados en el río Teles Pires  – como Karobixexe y Dekoka’a – que ya fueron destruidos por dos hidroeléctricas.

Te puede interesar → En Brasil, indígenas Munduruku ocupan museo para exigir devolución de urnas sagradas

Mientras la demarcación de la tierra indígena Sawre Ba’pim está desde hace diez años en el proceso inicial, los indígenas denuncian que los territorios demarcados Terras Munduruku y Sai Cinza continúan siendo invadidos por la extracción de minerales, que provocan la destrucción de los ríos y bosques, enfermedades y violencia.

Los indígenas, en su carta, sostienen que no van a esperar más, “ya hicimos la autodemarcación en las Tierras Indígenas Sawre Muybu y sabemos como accionar cuando el Estado no cumple su papel”.

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Te invitamos

a caminar la iniciativa Al Faro Zapatista. Homenaje, mismo que tiene como fin acuerpar la Gira por la Vida que zapatistas y miembrxs del CNI-CIG realizan en la Europa Insumisa, a la vez que sumarnos a la exigencia de

¡Alto a la guerra contra los territorios zapatistas, contra las mujeres, las cuerpas diversas, los pueblos y la humanidad!

 Te compartimos

Los primeros 10 libros de la Colección descarga libre en el sitio web:

http://alfarozapatista.jkopkutik.org/

No dejes de ver el videolanzamiento

https://youtu.be/0TzDtQjvMok

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

29 de diciembre de 2021

Hermanos y hermanas de México y del mundo. Como ya lo hemos venido denunciando, la violencia que vivimos en nuestras comunidades por parte de los grupos narco-paramilitares, no cesa. En esta ocasión, el grupo delincuencial “Los Ardillos”, incursionó el día 27 de diciembre en nuestras comunidades de Xochitempa, Nuevo Amanecer y Xolotepec. Este tipo de incursiones, han dejado en otras ocasiones muertos, heridos y daños graves en nuestras comunidades, por lo que dimos aviso a la Guardia Nacional, apelando al llamado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo al gobierno de Guerrero el pasado 11 de diciembre de 2021, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, así como al comandante de la Guardia Nacional, de “realizar acciones pertinentes para garantizar la vida, integridad personal, patrimonio y seguridad individual y colectiva” de las comunidades que integran al CIPOG-EZ.

Frente a nuestra llamado a la Guardia Nacional, llegó personal de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional), policía estatal y municipal de Chilapa, así como la fiscalía del estado, pero no para enfrentar al grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, ni para detener la incursión de este grupo delincuencial, sino para desarmar, golpear a cachazos y cachetadas a nuestra Policía Comunitaria, a compañeros y comandantes regionales en uno de los retenes que tenemos instalados en la comunidad de Xolotepec. Frente a la violencia de la SEDENA y demás corporaciones, la comunidad, hombres y mujeres, les exigieron que se detuvieran y que si no ayudarían, mejor que se fueran.

El día de ayer, 28 de diciembre, el secretario de gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, se comprometió, en asamblea con nosotros y nosotras, a llamar la atención a la SEDENA, para que se respete a la población, así como a continuar con el diálogo el próximo 7 de enero con los 3 niveles de gobierno en la comunidad de Alcozacán. Nosotras y nosotros, no nos negamos al diálogo, pues paz es lo que queremos, pero también sabemos que los malos gobiernos nos han burlado muchas veces, por lo que esta vez anunciamos que si ocurre nuevamente una acción semejante, detendremos al personal de la SEDENA, como pueblos originarios y comunidades organizadas que somos. Sepan que nuestros compañeros no portan armas por gusto, sino por orden de las comunidades, por la defensa de la vida ¿que no saben que la Policía Comunitaria es una construcción de las mismas comunidades para defendernos de la violencia porque el Estado no ha sido capaz de hacerlo? no queremos más violencia, ni de los grupos delincuenciales, ni del Estado, por lo que les exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, que desarticulen a los grupos delincuenciales, que respeten y dejen de hostigar al pueblo.

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Por Samantha Demby

El 24 de noviembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó la primera concesión comunitaria para el uso del agua subterránea en México a 16 comunidades zapotecas, organizadas bajo la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda). Durante 16 años, Copuda se ha organizado no sólo para recuperar sus acuíferos amenazados por la prolongada sequía en los Valles Centrales de Oaxaca, sino también para que el Estado respete su derecho de administrar su agua.

Un decreto presidencial de noviembre de 2021 levantó la veda impuesta en 1967, que prohibía el uso del agua del subsuelo de la que dependen las comunidades campesinas para cultivar las hortalizas que comercializan en toda la región.

El decreto establece la “Zona Reglamentada del Acuífero 2025 de Valles Centrales del Estado de Oaxaca” y reconoce, en su séptimo artículo, “su derecho a la libre determinación y autonomía, así como su derecho al territorio y en consecuencia a participar en la administración coordinada del acuífero”, con Conagua.

De igual manera, su octavo artículo sostiene que las comunidades indígenas ubicadas en el acuífero “tendrán derecho de contar con un título de concesión comunitaria y un reglamento comunitario”. Las comunidades ya están poniendo en práctica estos reglamentos comunitarios que establecen normas para la conservación y el uso del agua.

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Por Sare Frabes

En medio a una crisis económica y a la pandemia de Covid-19, se intensifican las políticas y los discursos que diseminan la urgencia de la implementación de una “recuperación verde”, cuyas políticas y programas proponen, al mismo tiempo, combatir el cambio climático y reactivar las economías globales.

Una muestra es la aprobación en junio de 2020 del “Pacto Verde” de la Unión Europea, el cual plantea la reducción de 55% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030 y alcanzar la “neutralidad climática” en 2050. Para ello, el pacto propone que las emisiones GEI puedan ser compensadas mediante recursos naturales: bosques, suelos, océanos y ecosistemas.

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Contrario a los discursos de gobiernos, empresas e instituciones financieras, una extensa investigación busca entender estas políticas y propuestas “verdes”, cuya promoción “se inserta en el contexto de nuevas formulaciones coloniales que, en nombre del clima y utilizando la métrica del carbono, han estado subyugando tierras, poblaciones y soberanías sobre los recursos naturales”.

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Por Amilcar Morales y Nelton Rivera

El 28 de diciembre, autoridades del Consejo del Pueblo Ancestral Maya Ch’orti’, de los municipios de Olopa y Quezaltepeque de Chiquimula, se reunieron con autoridades de la Coordinadora Tajurán El Gigante, de la Comunidad de El Pato. Establecieron alianzas para luchar contra los megaproyectos que amenazan a las comunidades.

“Buscamos fortalecer nuestras luchas, ya que el gobierno con toda la fuerza represora quiere imponer en nuestras comunidades la minería y que ya ha dejado destrucción del ambiente, daños en la salud, pobreza y conflictos en las comunidades” indicó Nery Díaz representante legal de la Coordinadora Tajuran El Gigante.

La actividad se desarrolló en el salón de la parroquia San Francisco de Asís de la ciudad de Chiquimula, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Guatemala.  El próximo 6 de enero del 2022, la comunidad Indígena de Quezaltepeque, tiene programada su asamblea para la elección del nuevo Consejo Indígena Ch’ortí’.

“Se contará con la participación de los demás representantes de las autoridades ancestrales de Olopa, se abordará como temas principales el problema minero que ya está fuerte en el municipio” puntualizó Díaz.

El problema provocado en los últimos quince años en Guatemala con la instalación de una serie de proyectos mineros industriales a cielo abierto, sigue profundizando la crisis medioambiental y de derechos colectivos de los pueblos indígenas, xinka, garífuna y mestizos.

A las empresas en complicidad de los distintos gobiernos de turno se les facilita el acceso a los territorios y supuestos derechos o licencias mineras sin mayores controles, en la mayoría de los casos sin contar con licencias mineras para operar. Chiquimula es uno de estos casos.

En Chiquimula actualmente están vigentes catorce proyectos mineros, empresas como Minerales Sierra Pacífico, subsidiaria de Radios Gold y Volcanic Gold Mine tienen presencia en 18 municipios del oriente del país, incluido Chiquimula, según la alerta publicada por  Nuevo Día y cuatro organizaciones más.

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Por Sare Frabes

La autoridad municipal de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, César Carrasco Vicente, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha solicitado a la Secretaría de Energía (Sener) que retome el proceso de consulta indígena para la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú de la empresa francesa de energía EDF (Electricité de France).

Durante toda la consulta, que fue suspendida debido a la pandemia de Covid-19, comuneros han denunciado que ha sido un proceso protocolar para la implementación del proyecto, sin llevar en consideración los impactos reales en el territorio zapoteca.

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En caso de que la Sener decida retomar el proceso de consulta contravendría, de acuerdo con el abogado agrario del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, dos suspensiones otorgadas por tribunales de Oaxaca que impiden a la eólica EDF realizar cualquier acción sobre los terrenos comunales de la comunidad, lo que incluye la retomada de la consulta.

La primera, otorgada desde el 05 de mayo de 2018, suspende la Manifestación de Impacto Ambiental. La segunda es la suspensión de plano, lograda el 6 de septiembre de 2021, que el tribunal colegiado de Oaxaca del décimo tercer circuito otorgó por unanimidad a la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y sus anexos, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa.
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