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Radio Zapatista

Ejido Tila denuncia dos asesinatos e intentos de desestabilizar la autonomía

tila

Desde diciembre pasado, cuando los ejidatarios de Tila expulsaron al ayuntamiento enclavado ilegalmente dentro de su territorio, el Ejido Tila ha ejercido su autonomía en todos los sentidos, bajo presión policiaca, paramilitar y militar. Este 6 de septiembre los ejidatarios denunciaron dos asesinatos por parte de pandilleros cobijados por el antiguo ayuntamiento, así como otras acciones para desestabilizar al ejido y su ejercicio de la autonomía.

Abajo, el comunicado completo del Ejido Tila.

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La Karakola

La Karakola: ¡SALVEMOS A LA KARAKOLA!

A los medios de información
A los medios libres
A los colectivos y colectivas autónomos
A los artistas y pensadores
A los colectivos culturales
A los espacios de autonomía y libertad
A las organizaciones sociales
A los maestros y maestras
A los familiares de los 43
A los organismos de derechos humanos
A las personas honestas y sencillas

¡Hola!

Nosotras y nosotros formamos parte del Espacio Social y Cultural La Karakola. Puedes encontrarnos paseando por internet en el Facebook La Karakola, en el twitter @karakolaglobal, canal de youtube TeleKARAKOLAglobal, en el blogspot http://karakolaglobal.blogspot.mx y en el mail karakolaglobal@riseup.net

También si paseas por la colonia Roma, Ciudad de México, Planeta Tierra, Vía Láctea, nos encontrarás en la forma de una pequeña cafetería, en un edificio antiguo, frente a la fuente de la Cibeles.

En nuestro espacio suceden muchas cosas mágicas e inesperadas, además de delicioso café de las comunidades indígenas del Caracol de Roberto Barrios, Chiapas, o deliciosas veguiburguesas y chapatas vive!, encontrarás una gran cantidad de propuestas musicales, de arte gráfico, danza, títeres, comercio justo, por la libertad de las presas y presos, etcétera.

Hoy a nuestro espacio se le arrebató una parte de su sencillo mobiliario, y funcionarios han estado visitando el edificio que nos alberga. Antes de ser agredidos a cualquier otro nivel hacemos este llamado.

Los principios que nos dieron origen son los siguientes:

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Radio Zapatista

La visión del Colectivo de Profes en la Sexta sobre la reforma educativa

Ciudad de México. 9 de agosto de 2016.
Colectivo Radio Zapatista. JR/megg.

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El día de ayer, 8 de agosto, se llevó a cabo en las instalaciones de UNIOS la mesa redonda organizada por el Colectivo de Profes en la Sexta para debatir acerca de la reforma educativa y el nuevo modelo curricular que impulsa la Secretaría de Educación Pública. Desde una visión muy otra, seis maestras y maestros con una larga trayectoria de lucha desde abajo y a la izquierda presentaron diversos análisis críticos de la que llamaron “una reforma laboral, administrativa” diseñada con objetivos mercantilistas, y que busca afectar no sólo a trabajadoras y trabajadores de la educación, sino a toda una generación de estudiantes. En la discusión, moderada por el profesor Enrique Ávila, las intervenciones desmenuzaron los intereses que sostienen esta propuesta del gobierno mexicano, sustentada en indicaciones giradas desde el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con miras a generar “mano de obra barata”.

(Escucha los audios abajo.)
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El Ejido Tila, la autonomía y autogobierno ejidal ch’ol bajo amenaza militar

tila

Colectivo Radio Zapatista, JäG

El Ejido ch’ol de Tila, en la Zona Norte de Chiapas, denunció la entrada de camionetas militares de la Marina. Sus autoridades, encargadas de coordinar los trabajos para el cuidado del poblado, emitieron la alerta; no esperaban la incursión de soldados. Su denuncia muestra la palabra enérgica frente a la tensión en que se encuentra el pueblo organizado, ya que a partir de haber expulsado al Ayuntamiento Municipal y declarado su autonomía y autogobierno ejidal, no han cesado las amenazas de operativos militares, paramilitares y policíacos.

El clima de hostilidades hacia la construcción autonómica del autogobierno ejidal se ha vuelto cotidiano durante estos ocho meses, como lo tienen registrado las autoridades ejidales. Esto ha mantenido al pueblo en tensión y alerta: de manera continua reciben los rumores de la entrada de la policía al pueblo, que ya lo ha intentando de manera fallida ante la movilización del pueblo, en una madrugada hace un par de meses. También les ha llegado la información de que el ejército prepara el operativo cercando el pueblo y aislando a sus comunidades. Y de la misma manera están advertidos de cómo los funcionarios del ayuntamiento están organizando grupos en diferentes comunidades para atacar al ejido, su oficio paramilitar.

En otras palabras, les amenazan con aplicar de manera directa la violencia gubernamental de la guerra en la que mantienen los territorios, y que en esta región tiene una larga historia de crueldad humana e impunidad, cuyo símbolo es la “Paz y Justicia” gubernamental, paramilitar. De este modo buscan desgastar al pueblo y su determinación de ejercer su autonomía ejidal, para imponer la presencia del Ayuntamiento Municipal. Sin embargo, el pueblo permanece firme en su determinación de defender su territorio y autoridad, su legítimo y legal autogobierno ejidal, fundado en su derecho a ejercer la autonomía ejidal.

La última amenaza fue recibida unos días previos a la presencia de la Marina. El medio que han utilizado los operadores y aliados gubernamentales dentro del poblado para difundir las amenazas, engaños, difamaciones contra el Ejido y el cuerpo de autoridades es el WhatsApp. Éste es el contenido de la amenaza que circularon:

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Agencia Subversiones

Chiapas: escalada de violencia contra comunidades adherentes a la Sexta

Por Aldo Santiago. Fotografías de Pandilla y amigxs. Audio por Koman Ilel. Video por Másde131.

El espacio de coordinación y lucha Semilla Digna de los Pueblos de Chiapas, reune algunas comunidades, familias y colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN. Conformado por la comunidad de San Francisco,  la familia organizada El Chivero (Teopisca), familias organizadas de San Isidro Ocotal, Candelaria el Alto, comunidad de Cruztón y San Isidro de los Laureles (Venustiano Carranza) y familia organizada de Alcanfores (San Cristóbal de las Casas), además del Grupo de Trabajo No estamos todxs, son a su vez miembros del Congreso Nacional Indígena. Ejemplos de organización y lucha en la recuperación de tierras contra terratenientes chiapanecos, las comunidades de Cruztón y San Isidro de los Laureles sufrieron una ola de represión durante los días recientes.

Nos disparaban a matar

El 20 de diciembre de 2015, miembros de la comunidad tsotsil de San Isidro de los Laureles tomaron posesión de un total de 165 hectáreas en el municipio de Venustiano Carranza. El territorio utilizado para el ganado y cultivo de caña acaparado por caciques que dominan el negocio del azúcar en la región, fue recuperado pues «Estas tierras las trabajaron nuestros abuelos, abuelas, padres que eran peones acasillados. Desde el año 1940 han trabajado con un sueldo mínimo, nunca les han dado prestaciones y aguinaldos. Por nuestras familias, porque ya no tenemos donde vivir o trabajar para el sustento de las familias como indígenas, recuperamos las tierras» mencionaron los también adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, tras recibir amenazas de desalojo en días posteriores.

Tras 83 días defendiendo el territorio, la mañana del 12 de mayo de 2016, alrededor de 35 camiones con policías y guardias blancas entraron a los predios para desalojar violentamente a la comunidad de San Isidro de los Laureles. Entre los responsables civiles de la agresión se encuentra Octavín Albores, pariente del ex gobernador Roberto Albores Guillén, quien con armas de alto calibre disparó a matar. «Nosotros pues retrocedimos porque ya era mucho, ya estabamos viendo que las balas nos pasaban cerca, ya sentiamos la muerte, los balazos ya casi nos llegaban a la cabeza pero gracias a dios nadie salió herido» relata un miembro de la comunidad tsotsil.

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Tlachinollan

Libres 6 autoridades comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso criminalizadas por defender el sistema de seguridad y justicia CRAC-PC

·       Otra grieta a las acusaciones falsas del gobierno contra la CRAC-PC que buscaba criminalizar al Sistema indígena.

·       Tres resoluciones de Jueces Federales reconocen a la CRAC-PC como sistema de Seguridad y Justicia.

·       Las actuaciones de la CRAC-PC se hicieron en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria reconocida por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.

·       Las autoridades que los mantuvieron en cautiverio violaron las reglas del debido proceso en perjuicio de las autoridades comunitarias y se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos. 

Ayutla de los Libres, Guerrero a 12 de mayo de 2016.-  El día de hoy salieron en libertad del Penal de Ayutla de los Libres, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo, autoridades comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso perteneciente a este Municipio de la Costa Chica, luego de haber sido injustamente privados de su libertad por casi tres años.

El Juez Mixto de Ayutla de los Libres y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa ordenaron su libertad por no existir elementos que acrediten el cuerpo de delito de secuestro del que habían sido injustamente acusados. El primero resolvió favorablemente un incidente de libertad por desvanecimiento de datos el día 22 de abril de 2016 y la segunda reclasificó el delito de secuestro a privación de la libertad personal en acatamiento a la resolución del amparo 133/2014, de fecha 10 de noviembre de 2015, mediante el cual el Juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido proceso en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC; que el juez local omitió hacer un análisis del derecho que tienen los pueblos indígenas para tener sus propias formas de organización social y política; así como que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia legítimo reconocido por la Constitución, las leyes de nuestro país.

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Argelaga

En Grecia, fábrica recuperada es ejemplo de alternativa autogestiva frente a la crisis

Video traducido y subtitulado al castellano por compañeros de CAS, sobre la experiencia de la fábrica recuperada de Vio Me en Salónica.

Dicha fabrica no solo supone un ejemplo para la recuperación y autogestión de otras fábricas en quiebra u ocupadas, sino que se ha convertido en un espacio de solidaridad en el que se ha creado un consultorio autogestionado de salud y sirve también de almacén para centralizar las ayudas a los refugiados.

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CNI | EZLN

CNI y EZLN se pronuncian contra represión en Xochicuautla y Ostula

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A LOS  PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS

Ante la cobarde traición a la comunidad indígena Ñatho de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México para imponer el proyecto carretero Toluca Naucalpan  y el atentado sufrido por policías comunitarios de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, como Congreso Nacional Indígena nos declaramos en alerta máxima y llamamos a los pueblos, organizaciones y personas solidarias a estar atentos y acudir al llamado realizado por la comunidad de Xochicuautla.  

Denunciamos que:

El lunes 11 de abril alrededor de las 9 de la mañana comenzaron a llegar más de 1000 policías estatales de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y las Fuerzas de Acción y Reacción (FAR), entrando por 3 lados de la comunidad, la colonia Buenavista, por la calle Cuauhtémoc para llegar al paraje “Lampeni” y en el paraje “Lapondishi” donde se encontraba el Campamento de la Paz y la Digna Resistencia y que fue destruido por los policías.

En el paraje “Lampeni” el compañero Armando García Salazar, tío de David Ruíz García, delegado del Congreso Nacional Indígena y asistente a la compartición entre el CNI y el EZLN de agosto de 2014 llevado a cabo en La Realidad zapatista, tenía su casa y el patrimonio de sus hijos. Dentro de la casa se reunieron alrededor de 25 personas para defender la propiedad, en su mayoría mujeres y con lujo de violencia las desalojaron, empujando y tirando a la compañera Isabel Hernández de 64 años quien forma parte del Concejo Supremo Indígena y que en ese momento tenía en brazos a una niña.

Acompañados de policías le fue entregado al compañero Armando un papel en donde le informaban que su casa estaba en propiedad federal y la tenían que destruir, también le mostraron el decreto expropiatorio sobre el cual se ganó un amparo.

Sin mediar más palabras y a empujones sacaron de la casa a quienes estaban dentro, sacando también las pertenencias que se encontraban en el primer piso, quedando dentro documentos, ropa y herramientas de trabajo.

Nuevamente el mal gobierno demuestra que las leyes que dice representar o el supuesto estado de derecho no son mas que herramientas de despojo que cumple siempre y cuando están estén en contra de los pueblos. El despojo y represión viola la suspensión otorgada en los amparos 1123/2015 y 771/2015 que fueron otorgados el 18 de febrero de 2016 y que el juzgado notificó a la mayoría de autoridades el 23 de febrero, incluida SAASCAEM, que es la institución a la que se le otorgó el territorio de Xochicuautla en el decreto expropiatorio.

En tanto que en la noche del pasado  domingo 10 fueron atacados compañeros miembros de la policía comunitaria de de Santa María Ostula, en las inmediaciones de la localidad de San Juan de Alima, Michoacán, cuando desde un automóvil en movimiento fue asesinado el comunero Francisco Grajeda y herido el comunero Abraham Girón, quien además es comisionado de la comunidad para el Congreso Nacional Indígena y participante en la compartición realizada en La Realidad Zapatista.

Denunciamos el intento del mal gobierno  por minimizar este crimen con el que pretenden propiciar el regreso de la violencia a la región de la sierra costa de Michoacán y poner nuevamente en manos de narcopolíticos, sus paramilitares, sicarios y empresas el territorio, recursos naturales, la dignidad y paz en la región.

Llamamos a los pueblos de México y el mundo a solidarizarse de manera urgente con las acciones en defensa de los derechos de San Francisco Xochicuautla, asistiendo físicamente a la comunidad, movilizándose donde cada quien se encuentre para denunciar y exigir el cese de las agresiones en contra de la comunidad, su territorio y comuneros.

Responsabilizamos a Eruviel Avila Villegas y su jefe Enrique Peña Nieto de la integridad de nuestros compañeros y quienes se solidarizan con la digna lucha.

POR LA REIVINDICACIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

A 12 DE ABRIL DE 2016

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

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CUSLAR-Cornell University

(English) Berta Cáceres killing was a sympton, not an isolated incident

Berta Cáceres’ killing was a symptom, not an isolated incident. In memory of Nelson García.

by Andrea Reyes Blanco and Tim Shenk
This article appeared first on teleSUR, here.

Berta Cáceres wasn’t the first and, unfortunately, she hasn’t been the last. The world-renowned Lenca leader assassinated last month in Honduras for her opposition to government-backed megaprojects is one of an increasing litany of fallen fighters for indigenous and environmental rights in Honduras and around the globe.

The pattern of murder and criminalization of those who would defend land and the rights of rural people has only gotten more clear. We argue that this pattern responds to the land grab phenomenon that has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008.

On March 15 another Honduran environmental and indigenous activist was murdered. Nelson García was an active member of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (Copinh). His murder took place “when he came home for lunch, after having spent the morning helping to move the belongings of evicted families from the Lenca indigenous community of Rio Chiquito,” said Copinh.

García was a colleague of the recently slain Cáceres, working with communities opposing the Agua Zarca hydroelectric dam project. The Agua Zarca dam project, which has recently begun to lose funding, would provide energy for the numerous extractive projects slated for Honduras in the coming decade. Since the 2009 coup d’etat against President Manuel Zelaya, 30 percent of Honduran territory has been allocated to mining concessions.

The eviction after which García was killed was one of many recent violent evictions carried out by Honduran military police in indigenous territories. Elevated levels of state violence and disregard for due process are business as usual nowadays in Honduras, according to civil society organizations.

In its February 21 report on the Situation of Human Rights in Honduras, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expressed concern about the high levels of violence and insecurity present in Honduran society, highlighting risks to indigenous people. The report pointed out that violence against indigenous people has emerged to a large degree from land grabs. The violence is exacerbated by a context of inequality and discrimination, in addition to the consequent barriers to access to justice. Official figures released in April 2013 by then Attorney General Luis Alberto Rubí indicate that 80 percent of killings in Honduras went unpunished due to a lack of capacity on the part of investigative bodies.

According to the IACHR report, the challenges that indigenous communities face are mainly related to: “(i) the high levels of insecurity and violence arising from the imposition of project and investment plans and natural resource mining concessions on their ancestral territories; (ii) forced evictions through the excessive use of force and (iii) the persecution and criminalization of indigenous leaders for reasons related to the defense of their ancestral territories.”

Moreover, the IACHR has clearly stated that many of the attacks carried out against indigenous leaders and advocates are specifically aimed at reducing their activities in defense and protection of their territories and natural resources, as well as the defense of the right to autonomy and cultural identity.

Harassment takes the form not only of targeted criminal attacks, as we have seen in the case of Berta Cáceres, Nelson García and many others, but a much broader net has been cast against environmental and indigenous leaders. Official state entities, enacting formal legal procedures, have used the judicial system to catch activists in false charges, resulting in months or years of preventive prison, bogus sentences, legal fees and often a permanent criminal record. In a context in which state violence intertwines itself with the violence of international economic power, corruption and unethical practices, hundreds of leaders have been prosecuted for crimes such as usurpation of land and damage to the environment.

What we see in Honduras is part of the global land grab phenomenon, a term that in the words of Phillip McMichael, professor of development sociology at Cornell University, “invokes a long history of violent enclosure of common lands to accommodate world capitalist expansion, but it sits uneasily with the ‘free market’ rhetoric of neoliberal ideology.” Land grabs are a symptom of a crisis of accumulation in the neoliberal globalization project, which has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008. This in turn is linked to an acceleration of a restructuring process of the food regime as a consequence of a large-scale relocation of agro-industry to the global south.

According to the 2011 Oxfam briefing paper, “Land and Power, the growing scandal surrounding the new wave of investment in land,” recent records of investment show a rapidly increasing pressure on land, resulting in dispossession, deception, violation of human rights and destruction of livelihoods. It is a war on indigenous peoples conducted in order to establish modern corporate capitalism.

Indeed, all around the world peasants and indigenous people are being displaced from their territories in order to develop large-scale agribusiness, such as massive palm oil and soy plantations, mining projects, hydroelectric dams and tourist resorts, among other investments. State-sanctioned violence and impunity create the conditions for investors to acquire land that would otherwise not be for sale. The result is a serious threat to the subsistence and socio-ecological resilience of millions of people across the world.

One of the most dramatic examples of this process is the case of the Honduran Palm Oil Company Grupo Dinant, which has an extended record of violence and human rights abuses associated with the killing of more than 100 peasants in Lower Aguan Valley. The Unified Peasants Movement of the Aguán Valley (MUCA) waged a long battle to defend their land rights, sustaining many losses. In addition, international human rights groups such as FoodFirst Information and Action Network (FIAN) brought pressure to bear, and in 2011 the Honduran government was forced to convene MUCA and the company to negotiate a deal. Paradoxically, according to the deal, the farmers have to buy back the disputed land at market prices (Oxfam 2011).

Land grabbing in Honduras has a long and lamentable history, and related violence has increased dramatically since the 2009 coup d’etat. Despite regular violent evictions by state security forces, indigenous and peasant groups continue to pursue their right to control their ancestral lands through land occupations.

Those who are incensed by the killing of Berta Cáceres must understand that her assassination was not an isolated event carried out by those who had a personal vendetta against her. Rather, Berta, her colleagues at Copinh and other indigenous organizations represent an obstacle for those who would further a vision of society that values profit over all else.

Andrea Reyes Blanco is a Humphrey Fellow at Cornell University, and Tim Shenk is Coordinator of the Cornell-based Committee on U.S.-Latin American Relations (CUSLAR).

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Agencia Subversiones

El Okupa Che: un espacio autónomo se defiende

Texto y fotografías: Carolina S. Romero

Hay un territorio liberado dentro del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se llama auditorio Che Guevara. Conocido hace medio siglo como el auditorio Justo Sierra, su nombre fue cambiado por los estudiantes en la huelga de 1968 y tres décadas después fue tomado en la huelga estudiantil de 1999-2000. Perdido brevemente luego de la invasión de 2,500 policías federales militarizados a la UNAM el 6 de febrero del 2000, el auditorio fue retomado unos meses después. Desde entonces, varios grupos se han encargado de mantener el espacio.

El auditorio, ahora nombrado OkupaChe, se define como un espacio autónomo de trabajo autogestivo, un espacio del pueblo que se conforma de varios colectivos e individuos.

Ahí puedes disfrutar de una deliciosa comida vegetariana, encontrar algo interesante para leer en la Fanzinoteca, escuchar las últimas noticias en Radio Desobediencia, ver una buena obra de teatro del Ollin Company, aprender de la medicina alternativa, participar en un debate sobre un tema de relevancia social, ayudar a pintar uno de los murales que adornan las paredes, cultivar hortalizas orgánicas, asistir a una asamblea, ir a un buen toquín o participar en talleres de software libre, danza, tambores, medios libres, diseño gráfico, teatro callejero, artesanías o idiomas, entre muchas otras opciones. Ahí se organizan actividades libertarias y anarquistas, igual que eventos en apoyo a las luchas de pueblos, el zapatismo, los presos y presas políticas, las luchas estudiantiles, y los proyectos autónomos.

Lo que NO encontrarás en el OkupaChe es capacitación para ser el ejecutivo de una gran empresa transnacional o un policía de investigación o inteligencia, o un senador, diputado, magistrado o jefe de un podrido partido político. Ahí se ofrece educación para vivir con dignidad en un mundo tambaleante, es decir, el  mundo actual.

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