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Avispa Midia

(Español) Colapso Humanitario en Gaza, menos del 25% de la ayuda llega a su destino

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En medio del colapso de una crisis humanitaria en Gaza, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) informa que menos del 25% de las misiones de ayuda programadas han recibido la aprobación de Israel, lo cual ha provocado la mayor hambruna mundial.

Los gazatíes representan ya el 80% de las personas que sufren hambruna a nivel mundial, según datos de OCHA. Los relatores especiales y grupos de trabajo advierten, “hemos dado la voz de alarma sobre el riesgo de genocidio”, ya que Israel no solo está llevando a cabo bombardeos indiscriminados, sino que también está imponiendo conscientemente altos índices de enfermedades, desnutrición prolongada, deshidratación y hambruna.

El bloqueo de la ayuda humanitaria ha dejado a miles de personas sin acceso a los alimentos básicos, medicamentos y suministros vitales, principalmente al norte de Gaza.

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Durante los días transcurridos en lo que va de enero, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), solo han permitido el acceso de siete de las 29 misiones de ayuda programadas. De acuerdo con la OCHA, en toda la región de Gaza sobreviven 15 panaderías y, de ellas, 6 se encuentran en el sur de Gaza y 9 en la zona central. Mientras que en el norte no hay ninguna.

Las restricciones de acceso a las misiones de ayuda humanitaria también han debilitado la funcionalidad de centros médicos, aumentando los riesgos para la salud. Hay 16 hospitales que siguen funcionando parcialmente en toda Gaza, nueve de ellos en el sur y siete en el norte.

“Algunas personas llevan días sin comer. Los niños no tienen ropa de invierno. No hay atención médica. […] El alcance de las necesidades es enorme”, explica Olga Cherevko, trabajadora de OCHA que se encuentra en Rafah en el sur de la Franja de Gaza.

El Ministerio de Salud de Gaza ha comunicado que la cantidad de fallecidos palestinos a causa del enfrentamiento entre Israel y Hamás ha sobrepasado las 25 mil personas. A pesar de los vehementes esfuerzos del gobierno israelí por debilitar a Hamás y liberar a más de 100 rehenes, la situación sigue siendo inédita en cuanto a víctimas mortales, devastación y desplazamientos en las décadas del conflicto.

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Tlachinollan

(Español) Protección e impunidad al ejército

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El pasado viernes por la noche la juez del juzgado segundo de procesos penales federales del Estado de México, convocó a una audiencia de revisión de medidas cautelares de 8 militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin dimensionar la gravedad del caso y lo que significa esta determinación para las madres y padres que exigen castigo a los responsables, la juez sin mayor preámbulo decidió cambiar la medida cautelar por una garantía de 50 mil pesos, con la obligación de presentarse a firmar cada ocho días, procediendo a recoger sus pasaportes para evitar que salgan del país. Como siempre sucede en estos casos cuando hay línea política de las autoridades superiores, se consumó el sabadazo al estilo del viejo régimen. Los militares abandonaron la prisión del campo militar número 1, donde se encontraban recluidos.

El curso de las investigaciones mostró que los militares tenían responsabilidad en un grado de omisión por la desaparición de los 43 estudiantes, además, mantenían vínculos con el grupo delictivo guerreros unidos que operó su desaparición en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 20114 en Iguala, Guerrero. Existen varias circunstancias que ponen en evidencia su involucramiento: el expediente que remitieron las autoridades de Chicago mediante una cooperación internacional. La revisión que hizo el GIEI y la CoVAJ que presidía Alejandro Encinas, donde se encontró información objetiva de que el Ejército supo en tiempo real lo que pasó con los estudiantes, desde su salida de la Normal Rural pasando por la agresión en Iguala y al momento de su desaparición.  Por lo tanto, es importante aclarar que los militares, contra los que se ejercitó acción penal, incurrieron en omisiones que favorecieron la desaparición de los 43 estudiantes.

Con estos elementos de prueba el entonces fiscal especial del caso Ayotzinapa Omar Gómez, ejercitó acción penal contra 20 militares, sin embargo, por presiones políticas del Ejército, el mismo presidente de la república y del fiscal general se cancelaron en el 2022, 16 órdenes de aprehensión. Se trató de una intervención política del presidente para que no se manchará la buena imagen que tanto cuida el ejército. Las madres y padres no cejaron en su lucha, además de exigir la entrega de los 800 folios que el ejército se ha negado a entregar, emplazó a la fiscalía y al presidente para que las mismas órdenes se reactivaran.

En junio de 2023 las órdenes de aprehensión retomaron su curso y fueron detenidos 8 militares acusados por delincuencia organizada, en razón de que tenían vínculos con guerreros unidos y por la desaparición de los 43, en grado de omisión. El 22 de junio se debatió acerca de la medida cautelar que se les debería imponer. La Juez Segunda de Procesos Penales Federales en el estado de México dijo que no estaba justificada la prisión preventiva, pero por ser un caso grave, era procedente la prisión preventiva oficiosa. El abogado de los militares interpuso un amparo contra esta decisión de la Juez. Por su parte, el Juez de amparo resolvió que debería revisarse la imposición de la prisión preventiva en razón de que existen nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen que la prisión preventiva ya no opera de oficio, sino que se debe justificar. Ante este ordenamiento la Juez de la causa citó audiencia a las partes. El ministerio público argumentó y defendió la necesidad de la prisión preventiva. Se logró que se otorgara, sin embargo, el defensor de los militares se inconformó y apeló la decisión mediante un recurso de revisión.  El primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito de la ciudad de México resolvió a favor de los militares, estableciendo que es improcedente la prisión preventiva oficiosa y que la Juez de la causa del Estado de México debería imponer una medida cautelar distinta de la prisión preventiva. Sin abrir debate, la juez decidió cambiar la medida cautelar por prisión preventiva, con el argumento de que no estaba justificada la prisión preventiva oficiosa.

La Juez tenía elementos suficientes para dictar prisión preventiva justificada. Se trata de un caso grave, el tipo de delito de desaparición forzada tiene una penalidad alta. Si en el proceso los militares saben que existe responsabilidad penal por su mala actuación, es muy probable que se den a la fuga, por lo grave del delito. Otro elemento para imponer la prisión preventiva es que los militares son servidores públicos que poseen información relacionada con el caso, y por lo mismo pueden influir en la destrucción o alteración de documentos y testigos, obstaculizando seriamente el proceso. Estos elementos son motivos suficientes para que la juez impusiera la prisión preventiva. Sucedió lo contrario, la balanza se inclinó del lado de los militares al otorgarle libertad a 8 acusados. No importó a la juez el daño inconmensurable que cusa a las 43 familias y a los estudiantes de la Normal. Es sumamente ofensivo para las víctimas que esta medida la hayan otorgado de manera expedita, como si se tratara de una urgencia para poner en libertad a los 8 militares.

Ante esta determinación contraria a los derechos de las víctimas, corroboramos que el caso Ayotzinapa va en franco retroceso. Hay un golpe de timón dado por el presidente de la república para encubrir a los militares e impedir que se procese a todos los que se les dictó orden de aprehensión. Por otra parte, la fiscalía especial del caso Ayotzinapa está casi desmantelada. Está un fiscal que carece de independencia, que está más al servicio del poder ejecutivo. No impulsa las líneas de investigación que son medulares en el caso, por ejemplo la extradición de Tomás Zerón que no se ha tocado. Las líneas de investigación que tienen que ver con el paradero de los 17 jóvenes detenidos, es un asunto marginal para el fiscal. De igual manera sucede con un imputado, Ulises Bernabé, que era director del centro de detención de barandilla en Iguala, que hoy está asilado en Estados Unidos. Tiene una orden vigente, cuenta con una ficha roja de la Interpool y hasta la fecha no ha sido localizado en Estados Unidos. No ha avanzado su proceso de extradición, cuando es un testigo clave que puede ayudar a esclarecer el caso. Vemos que no existe interés en el funcionario en que estas líneas de investigación avancen. Está más enfocado en atender los requerimientos del presidente y en poner zancadillas en lo que publicó el GIEI en sus 6 informes.

Lo mismo acontece con la Comisión para la verdad y el acceso a la justicia, cuyo presidente renunció en condiciones de mucha tensión y en medio de un debate, ante la negativa de los militares de poner a disposición la información relacionada con el caso. Presentó su renuncia el presidente de Covaj, Alejandro Encinas y fue nombrado un nuevo subsecretario, Arturo Medina, con un perfil que no tiene el conocimiento del caso, ni la confianza de las madres y padres. Tampoco posee la fuerza que se requiere para que avancen los trabajos de la comisión. Pasa lo mismo que con el fiscal especial, está al servicio del ejecutivo y está reproduciendo la lógica con la que aborda el caso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se presta para interferir en la organización de las madres y padres de los 43 para fragmentar su unidad. Opta por dialogar con un pequeño grupo de padres que tienen intereses contrarios al esclarecimiento de los hechos y al conocimiento de la verdad, y que están más al servicio de la familia Abarca. Hay un gran empeño en fracturar la organización de los padres y madres de familia. El subsecretario ha ofrecido revisar los archivos del ejército cuando no tiene claro qué expedientes tiene que indagar. Se requiere un conocimiento exhaustivo de las líneas de investigación. No puede hacerse una revisión generalizada sin ton ni son. Sin embargo, como esa es la instrucción presidencial, de ofrecer la apertura total de los archivos, cuyo objetivo es limpiar la imagen del ejército porque seguramente no se podrán encontrar documentos relacionados con los 43. Es una revisión condenada al fracaso porque no está estrechamente vinculada con las líneas de investigación. Al no encontrar nada se lavará la imagen del ejército. El plan es dividir a los padres de familia, confrontar a las organizaciones de derechos humanos que acompañamos y desviar la atención de los 800 folios que solicitan los papás. En medio de este maremágnum, se dio en la madrugada de este sábado 20 la liberación de 8 militares. Hace un mes también le otorgaron la libertad al general Hernández Nieto. Solo permanecen 5 militares acusados de delincuencia organizada: el coronel Rodríguez Pérez que era coronel del 27 batallón de infantería, siendo el de mayor grado. Se encuentran además Eduardo Mota, Fabián Alejandro Pirita y José Martínez Crespo. Los tres últimos también están procesados por la desaparición de los 43 estudiantes. Otro militar que continúa en prisión es Francisco Narváez, quien decidió llevar su defensa de manera separada. Lamentablemente estamos en el mismo escenario de septiembre de 2022, cuando cancelaron las 20 órdenes de aprehensión y renunció el fiscal especial Omar Gómez Trejo. Solo quedan en prisión los que previamente acordaron los mandos militares con el fiscal general. Los pactos de protección e impunidad al ejército siguen vigentes en la 4T.

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Avispa Midia

(Español) Liberan a militares vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto Clayton Conn

Autoridades de México dan giro sorprendente sobre el caso Ayotzinapa. Los ocho militares vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, establecida en el estado de Guerrero, al sur de México, enfrentarán su proceso penal en libertad tras la revocación de la medida de prisión preventiva por el delito de desaparición forzada.

La decisión fue tomada por la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien anuló la prisión preventiva impuesta a los ocho militares vinculados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, actualmente recluidos en la prisión del Campo Militar 1-A. La magistrada argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes.

César Omar González, abogado defensor de los militares, destacó que se espera que los acusados de complicidad sean liberados entre lunes y martes próximos. Adelantó que la decisión tomada por la letrada Ivette Duarte, con sede en Toluca, Estado de México, cumplió con una sentencia de amparo que concede la libertad condicional a los militares para continuar con su proceso, pagando una fianza de 50 mil pesos cada uno. Así mismo deberán entregar al juzgado su pasaporte y acudir a firmar el libro de procesados.

Estos militares son parte de un grupo de 16 contra los cuales se ordenó la aprehensión en junio de 2023 vinculados a desaparición forzada y delincuencia organizada. Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz son los militares involucrados.

La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) condenó el cambio de medida cautelar, destacando que las decisiones judiciales no ponderan el derecho de las víctimas. El presidente de la Covaj, Arturo Medina, enfatizó que la determinación no exonera a los militares, quienes continuarán sujetos al proceso.

El caso Ayotzinapa, recordado por la desaparición de 43 estudiantes en el año 2014, es un tema que sigue sin resolverse en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió a los padres y madres atender el caso. Por consecuencia ha generando desconfianza hacia el proceso judicial.

La falta de transparencia militar y las recientes liberaciones han provocado la indignación de los padres de los normalistas, quienes exigen verdad y justicia. La incertidumbre persiste mientras la comunidad espera respuestas y acciones concretas en este caso que ha conmovido a México y al mundo.

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The Kurdish Center for Studies | Rojava Azadi

Erdoğan’s Air Force Lays Waste to Rojava Amidst Global Silence

Source: The Kurdish Center for Studies – Dr. Hawzhin Azeez – 17 Jan 2024


A Kurdish woman mourns at the funeral of victims killed during the Turkish bombing and invasion of Serê Kaniyê in 2019. Many now worry the process will be repeated elsewhere in Rojava following the current bombardment.

Erdoğan’s regime in Turkey has continued its reign of terror on the Kurdish region of Rojava, which is governed by the DAANES (Democratic Autonomous Administration of North and East Syria). Ankara’s litany of weekly war crimes for the past several months involves ceaseless bombardments, airstrikes, and drone attacks across a wide range of civilian sites. To understand the reasoning behind their aerial terror, one only needs to look at the recent history and neo-Ottomanist foreign policy objectives of Turkey when it comes to the Kurdish areas of northern Syria.

For instance, the Turkish military has already annexed large swaths of the Kurdish territories in the region, including utilizing their jihadist mercenary allies to occupy Afrin in 2018 and Serê Kaniyê and Girê Spi in 2019. Both invasions ethnically cleansed the regions of Kurds by more than 80% resulting in close to a million people being internally displaced.

Back in October 2023, when the bombardments commenced at unprecedented levels, refugee camps of internally displaced people were also attacked, causing mass terror and uncertainty. But this also coincides with Turkey’s previous playbook, where they sow fear amongst Kurdish civilians in the hope that they will flee the region. Since October, Turkey has commenced a comprehensive round of repeated bombardments targeting essential infrastructure such as water, gas, and electricity stations. The objective is to displace civilians, cause a mass exodus, and create conditions that make life unbearable in the region.

In the past 72 hours, a number of villages and civilian locations, including barns and food depots, have been targeted by Turkish airstrikes. As a result, journalists, activists, and civilians across the region shared horrifying images of injured civilians, destroyed warehouses, and repeated attacks on non-military locations, including the illegal double-tap policy of re-striking a site that had been previously attacked as emergency crews scrambled to put out the fires and treat any wounded.

In the village of Karbatli, in the Darbasiyah district, the family home of a civilian named Khaled Heso was bombed, resulting in his children Rojan and Jan, along with his wife Ahlam being injured. Meanwhile, the Kurdish journalist Hoshang Hassan released exclusive footage of the Turkish bombardments against electric stations in Amuda. Showing that Turkey is most interested in striking the necessities of life: food, water, electricity, and shelter (homes).

The Rojava Information Center (RIC) released an exclusive video detailing the Turkish bombardments since October, highlighting the repeat targeting of civilians and their land, homes, and properties during the bombardments. During the Christmas period, another round of massive bombardments occurred, in which Turkish airstrikes hit a number of civilian infrastructures, including factories, medical centers, industrial warehouses, and more. In the most recent cascade of unprovoked strikes, 11 civilians were killed, with dozens more injured.

Turkey also specifically targeted crucial gas and electrical facilities around Suwaydiyah. This electrical station, according to the RIC produces 47% of the Jazire canton’s total electrical supply. More importantly, it is the only station providing electricity to emergency lines for essential medical services and the area’s only local gas bottling plant. Displaying the sinister nature of the strikes, Turkey wants the Kurdish population thirsty, hungry, cold, and in the dark, but without fuel to flee. Then, following the Turkish drone strikes, the ambulances and hospitals lack fuel to treat any of the wounded.

Farhad Shami, the media representative of the SDF released a press statement on behalf of the SDF General Command, in which he stated that: “Over the past two days, the Turkish occupation has targeted, using warplanes and UAV’s key energy and electricity facilities, as well as grain storage warehouses and silos and firefighting crews. These aggressions have extended to the homes of civilians, their farms, and the sources of their daily sustenance, impacting major roads and city outskirts and causing extensive destruction. Consequently, these attacks have disrupted the delivery of essential services, including power, electricity, water, and other necessities, affecting hundreds of thousands of people.”

Shami went on to state that:

“These direct attacks and barbaric terrorist aggression clearly and explicitly prove the hostility of the Turkish occupation state to all forms of life in the region, they constitute blatant and deliberate war crimes aimed at instilling fear, and inflicting suffering on their daily existence.”

Likewise, the media representative for the YPG, Siyamend Ali published a number of videos on his media page, which included images of the Turkish warplanes bombing journalists and media crews in the city of Kobanê, as well as recordings of Turkish drones targeting the French Lafarge Cement Company in the Chelabiya district east of Kobanê. The video shows a second “double tap” strike as firefighting crews attempt to douse the fires—a common tactic of Turkey at this point, which is against international law.

Meanwhile, another local journalist, Jamal Bali, stated that after a full day of bombardments by the Turkish state on service facilities across the region, “most of the region’s residents are now without water and electricity” during a harsh and cold winter.

For their part, the Kongra Star Women’s Movement released a report that highlighted the bombardments over the last 48 hours across the Amuda district. In Kobanê alone, wheat warehouses, orchards, fire crews, electricity transfer stations, and livestock barns have been targeted by ongoing strikes. Meanwhile, five electrical service stations were also bombed again around Kobanê.


A political cartoon by Dijwar Ibrahim, depicting the US and EU as an ostrich with its head buried in the sand as Erdoğan destroys Rojava.

Human rights advocates have weighed in on the ongoing Turkish bombardments as well. Nadine Maenza, an American advocate for international religious freedom and a former chair at USCIRF, has questioned why the US government allows Turkey to continue to engage in war crimes against the Kurds, when such attacks benefit Iran, Assad, and ISIS while, according to her, running counter to US goals for peace and stability in the region. Maenza went on to condemn the Turkish assault on Rojava and its explicit targeting of civilian infrastructure and she has called for the international community to stand firm against ongoing Turkish war crimes against the Kurds.

Additionally, scholars such as Gerald Walker, an expert in global diplomacy and international relations, have argued that Turkey’s “attacks seem to be part of a strategy to displace the local population, furthering a policy of Turkification and extending Turkish control over this Syrian territory.” However, as Walker points out, while Turkey is attempting to gain further Syrian territory, these territories are explicitly Kurdish-dominated areas of the country. Turkey’s Syria policy is driven solely by its exterminationst aspirations towards the Kurds. This is despite the fact that the PYD and the SDF have not fired a single bullet or rocket towards the Turkish border. Rather it seems the repeated military losses that Turkey’s allied jihadists in Syria suffered at the hands of the Kurds continue to prompt Ankara’s resentful and vengeful anti-Kurdish policies across the Kurdish regions in northern Syria and Iraq (Western and Southern Kurdistan, respectively).

Other activists called for the urgent implementation of a No-Fly Zone in the region or for the US-led coalition to provide the Kurds with air defense systems and the necessary technology to protect themselves against the ceaseless Turkish bombardments.

In light of the total absence of international outcry about Turkey’s unhindered and unrestrained violence towards Rojava, it appears unlikely that such war crimes will cease anytime soon. As the world reels from the war in Gaza and South Africa’s ICJ case is played out across TV screens, the same international media outraged by Israel’s bombing of Palestinians, remains silent and apathetic as Turkey bombs Kurds and attempts to raze Rojava to the ground.

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ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

(Español) CHIAPAS, MICHOACÁN Y TLAXCALA SON MÉXICO | Pronunciamiento de la Asamblea Nacional por el Agua y la vida sobre los ataques a defensores del territorio por parte del Narco–Estado

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LA AUTONOMÍA ES LA VIDA, LA SUMISIÓN ES LA MUERTE

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al CCRI-CG del EZLN
Gobierno Autónomo Local, GAL
Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, CGAZ
Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ
Al CNI-CIG y su vocera María de Jesús Patricio Martínez
A a la Sexta nacional e internacional
A los organismos de Derechos Humanos independientes
A la sociedad consciente, que resiste, lucha y se organiza.
A la caravana por la vida, el agua y en contra del despojo capitalista.
A quienes suscribieron la Declaración por la Vida
A las redes de resistencia y rebeldía nacional e internacional.
A los pueblos de México y el mundo
A la Europa insumisa digna y rebelde

Herman@s tod@s

El Estado Mexicano es omiso en su responsabilidad jurídica, respecto a la protección y seguridad, en materia de Derechos Humanos de l@s defensor@s del agua, la tierra, el territorio y la Madre Tierra, conforme a los Convenios Internacionales que ha suscrito.

La violencia estructural, sistemática y generalizada que se impone en todo el territorio nacional, se ampara en el “desarrollismo y la transformación de Cuarta”, que sólo justifican la militarización y su complicidad con el crimen organizado, quienes solo siembran muerte y destrucción en nuestras comunidades que se oponen al despojo no solo de la Madre Tierra sino de la vida.

Como ejemplo, baste señalar que el Estado Mexicano, no prevé y no protege, los derechos humanos y colectivos de quienes se atreven a oponerse a los megaproyectos de muerte, como se viene denunciando en diferentes comunidades indígenas que integran el Congreso Nacional Indígena y la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, el Estado Mexicano es quien violenta sistemáticamente:

La desaparición de los comuneros y defensores del territorio y bosques así como de los derechos de las comunidades indígenas en Santa Cruz Tanaco, Michoacán, José Israel Vargas Jerónimo y Oscar Vargas Campos de quiénes desde el 2 de enero del presente año no se sabe de su paradero.

La ejecución extrajudicial de Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano sin verdad, y mucho menos justicia, quienes realizaban la función de vigilancia y protección del territorio comunal ya que desde hace algunos años el llamado CJNG ha intentado invadir y controlar a la comunidad indígena Autónoma de Santa María Ostula.

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El Salto Diario

(Español) El artilugio del Estado palestino independiente

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Sentada por Palestina en la Estación Central del Berlin el 19 de diciembre de 2023. Montecruz Foto
Un Estado para los palestinos como el que pueda haber en cualquier parte supondría la sentencia de muerte para el ideario sionista clásico. La solución de los dos Estados pertenece al terreno del ilusionismo político.
Por Ignacio Gutiperrez de Terán Gómez-Benita

Arabista en la Universidad Autónoma de Madrid

 

A lo largo de estos cien días ya de atrocidades israelíes en Gaza, uno de los principales argumentos —peculiares, como casi todo en el decálogo de la política exterior estadounidense para Oriente Medio— gira en torno a la “solución del Estado Palestino”. Así, en mayúsculas, porque lo enarbolan como el bálsamo de Fierabrás que habrá de poner fin a la “problemática” cuestión palestina y consolidar la “Paz”, también con letra capital. El comienzo de un nuevo texto, grandioso, para Oriente Medio, a lo grande: Estado, Paz, Estabilidad, Bonanza Económica, Libre Comercio en la Región, Coexistencia Pacífica, etc. El problema está en que el recurso al “Estado palestino” no deja de ser una forma de desviar el foco del asunto que hoy debería recabar la máxima atención: la barbarie, la sinrazón, la destrucción desatadas por el régimen de Tel Aviv en Gaza y los esfuerzos desplegados por los sectores más extremistas del Gobierno, el ejército y la sociedad israelíes por lograr uno de sus mayores anhelos, a saber, la expulsión del mayor número posible de palestinos.

La meta es desterrarlos de Cisjordania, que es lo que verdaderamente interesa al proyecto colonizador sionista; pero si se quitan de en medio unos cuantos cientos de miles en Gaza también les vale. Por lo pronto, entre muertos, desaparecidos y familias, heridos o desplazados que han conseguido salir de la Franja, y que muy probablemente ya no volverán jamás, van camino de los 50.000.

El relato sobre el Estado palestino se ha convertido en la cuestión fundamental que Antony Blinken, Lloyd Austin —antes de su ingreso en el hospital—, John Kirby y una nutrida lista de representantes estadounidenses “dicen” abordar en sus interlocuciones con los líderes árabes. Intentan convencerlos de que para “el día después”, que nadie sabe cuándo será habida cuenta de la fiera y organizada resistencia de las milicias palestinas, tendremos una nueva conferencia de paz y avances políticos que ellos, los líderes árabes dispuestos a la paz con Israel, puedan presentar ante su opinión pública.

Algunos del Golfo, como los emiratíes o los bahreiníes, que ya tienen acuerdos de paz con Israel, o los saudíes, que estaban preparándolos antes de la gran explosión del 7 de octubre, desean, tanto o más que el régimen de Tel Aviv mismo, acabar con Hamás y todas las facciones islamistas hostiles al modelo político y económico —un islam neoliberal en lo económico, autoritario en lo político— que, sobre todo, representa Arabia Saudí.

El problema es que no lo pueden decir a las claras, aunque a determinados dirigentes emiratíes, muy locuaces, se les nota con gran facilidad. Los círculos políticos israelíes destacan de vez en cuando que las potencias del Golfo piden —exigen— que en ningún caso se ponga fin a la operación de castigo colectivo en la Franja sin asegurarse antes de que Hamás haya perdido por completo su capacidad operativa; el propio primer ministro y criminal de guerra inconfeso, Benjamín Netanyahu, decía a principios de diciembre que los saudíes y los emiratíes estaban dispuestos a costear la reconstrucción de Gaza.

Tanto Riad como Abu Dhabi se abstuvieron de confirmar el anuncio, pero, y esto lo sabe cualquiera que siga la política regional árabe, unos y otros están más cerca hoy de las tesis estadounidenses-israelíes que de la defensa de las reclamaciones legítimas palestinas. Pero han de cubrir el expediente; y aunque cada vez actúan con más descaro, el Estado palestino independiente les serviría para justificar la aceptación incondicional del plan estadounidense para Oriente Medio. Llama la atención, en cualquier caso, que estos planes los suelen hablar entre ellos, dirigentes estadounidenses, israelíes y árabes de la zona, sin que haya presencia notable de interlocutores palestinos, en especial de los gazatíes. Ya se lo intentarán dar mascado, sin permitir ningún tipo de rechazo.

El problema está en que el plan ya lo han vendido varias veces; en buena medida, nos hallamos en esta situación hoy, en el contexto de la ofensiva más brutal y despiadada contra la población palestina desde 1948, gracias al fracaso de los acuerdos de paz firmados desde el fin de la primera Intifada a principios de los 90. Fracasaron porque partían de la prioridad de proteger los intereses del Estado israelí por encima de cualquier otra consideración y reducir al máximo las concesiones a los palestinos.

Estos, debido a la inoperancia, venalidad y egocentrismo de sus representantes, como bien relata Edward Said en sus escritos, desesperados, sobre el desastre de negociaciones como las del Proceso de Oslo —léase, por ejemplo, Gaza y Jericó. Pax Americana—, no supieron, o no les importó, conceder el sistema autonómico adulterado que desembocó en la Autoridad Nacional Palestina y en un delirante sistema de territorios A, B y C en los que los palestinos se convertían en rehenes de su propia demarcación, sometidos a los imperativos de seguridad de las fuerzas ocupantes y las necesidades de las colonias, en continua expansión desde entonces a pesar de estos acuerdos de paz.

Pero los estadounidenses, la mayor parte de las elites políticas árabes, autoritarias y mendaces, y, por desgracia, la propia Autoridad Nacional Palestina en Ramala, cuyos dirigentes harían cualquier cosa por mantener su ficción de poder e importancia política, necesitan este tipo de discursos. No se puede destruir un territorio de 360 kilómetros cuadrados y condenar a cientos de miles de personas al hambre, el frío y la desposesión sin vender la idea de que “todo esto se va a arreglar” cuando termine la guerra.

Sin embargo, los dirigentes israelíes actuales no comulgan con ningún proyecto de Estado palestino y, para desesperación de sus valedores estadounidenses, lo pregonan sin ningún rubor. Al presidente Biden le habría gustado lidiar en esta crisis con una elite política sionista más presentable y sutil, como la que representaban facinerosos de apariencia impoluta como Ben Gurion o Golda Meier, por ejemplo; no obstante, se ha topado con elementos del jaez de Bezalel Smotrich o Ben-Gvir, ministros actuales en el gabinete de Netanyahu. Estos, representantes del sionismo religioso, refractarios a cualquier tipo de ideología secularizadora y partidarios del discurso bíblico más apocalíptico, consideran que la única forma de asegurar un futuro próspero para Eretz Yisra’el (La tierra de Israel) pasa por expulsar a los palestinos. Lógico: saben que el sionista es un proyecto ante todo colonizador, supremacista y expansionista.

Por ello, propuestas que den lugar a “aventuras” como la Autoridad Nacional Palestina o el supuesto autogobierno suponen una aberración, por mucho que, en esencia, estén en las antípodas de un verdadero Estado palestino. Pero el sionismo siempre ha sobrevivido en la hipérbole, en la exageración victimista de los supuestos peligros que supone dar casi nada a los habitantes originarios de Palestina. Bueno, eso de originarios es un decir: Smotrich, ministro de Finanzas, suele decir que los auténticos palestinos son él y los suyos. Los palestinos “otros” son unos impostores, advenedizos, nómadas beduinos —qué pesados se ponen los nazisionistas con eso de que los palestinos son árabes que, como todos los demás, pueden vivir en cualquier parte del desierto—. Lo curioso es que la familia de Smotrich, con ese apellido tan eslavo, procede al igual que una muy buena parte de la población judía de la Palestina ocupada, de territorios lejanos y extraños.

En definitiva, los estadounidenses y buena parte de los simpatizantes occidentales del sionismo internacional muestran signos de abatimiento. La opinión pública internacional está reaccionando, según pasan los días, con mayor irritación ante el horror de las matanzas de civiles gazatíes; las hordas ocupantes se ven zarandeadas por un hatajo de milicianos que salen de sus guaridas con bazookas y lanzagranadas en chanclas y pantalón de chándal y, para colmo, los sudafricanos lanzan una causa internacional por genocidio, término utilizado ya por numerosos sectores para referirse a esta carnicería.

Nunca antes la posición internacional del sionismo había sido tan delicada. Para cualquier persona con sentido común lo que está haciendo la jauría que gobierna Tel Aviv habría sido motivo suficiente, desde hace meses, para armar un embargo internacional y una ristra de sanciones determinantes. Pero Israel es otra cosa y, teniendo en cuenta lo que estamos viendo hoy por hoy, su situación, por cuestionada e inestable, resulta inédita.

Por ello, los estadounidenses y asociados están forzando conflictos bélicos como el iniciado en la segunda semana de enero contra los huzíes en Yemen; o tratan de amplificar el efecto de los ataques de milicias islamistas en Iraq y Siria hablando de una escalada bélica en ciernes. Hay que desviar la atención tanto de las atrocidades israelíes como de los fracasos de sus fuerzas de ocupación, y mantener a la gente ocupada con otras cosas. Como el Estado palestino. Ya en 2020, la Administración de Donald Trump aireó su propuesta particular al respecto, para incentivar, una vez más, los acuerdos de paz araboisraelíes. Naciones Unidas también invitó en sus reuniones de la Asamblea General a ir por esta línea.

Nadie, empero, sabe en qué consiste este Estado palestino porque, de nuevo, los presupuestos de la teoría política saltan por los aires cuando Israel está de por medio. Es decir, un Estado palestino debería tener fronteras delimitadas y seguras, soberanía plena dentro de las mismas, independencia económica, fuerzas armadas propias y, en definitiva, todos los elementos que confieren la identidad que cualquier persona sensata supondría en un estado “normal”. Pero los confusos enunciados de Washington y sus aliados occidentales y árabes no hablan de erradicar los asentamientos ni del reconocimiento del derecho al retorno de los millones de refugiados y desplazados palestinos ni de un ejército propio ni una economía basada en la explotación y administración de los recursos propios.

Un Estado para los palestinos como el que pueda haber en cualquier parte supondría la sentencia de muerte para el ideario sionista clásico. En opinión de sus partidarios menos radicales, lo máximo a lo que se puede llegar es a algo parecido a lo que tenemos hoy con la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, o el “caos controlado” en Gaza desde el bloqueo impuesto en 2007: una entidad que no controla absolutamente nada verdaderamente importante, sin fuerzas armadas ni aeropuertos ni capacidad para decidir quién sale o entra de su territorio, privada de jurisdicción sobre los asentamientos ni de control sobre las conexiones terrestres entre ellos.

Unos asentamientos que, por supuesto, se quedarían donde están. Por no poder, no pueden ni disponer del dinero recaudado por los impuestos pagados por los contribuyentes o incluso las ayudas procedentes del exterior. El régimen de Tel Aviv, como ha hecho recientemente, puede retener estas cantidades, siempre con el argumento incuestionable del derecho a la autodefensa, en este caso para evitar la financiación de grupos armados o cualquier actividad hostil a la ocupación.

He ahí la propuesta de eso que rimbombantemente llaman “de los dos Estados”. Una nueva añagaza con visos de mantener el conflicto enquistado durante tiempo indefinido. No es mala solución para las elites sionistas, acostumbradas a pescar en río revuelo y revertir crisis pasadas en su beneficio, como ocurrió con el día después de las dos intifadas (1987 y 2000). Entonces, la conmoción política y militar derivada de ambas revueltas populares se canalizó en procesos de negociación internacionales en los que la presión de Washington y aliados dieron lugar a tratados desastrosos para cualquier proyecto nacional palestino. Hoy se les está acabando el tiempo. Y muchos, incluso entre los aliados occidentales del régimen de Tel Aviv, se preguntan si mantener una estructura colonial tan anacrónica y, a la postre, inefectiva en Oriente Medio no está comenzando a resultar fastidiosa.

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Avispa Midia

(Español) Sin hallazgos, a un año de la desaparición forzada de defensores en Michoacán

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Como parte de las protestas por la desaparición de los defensores, familiares y amigos se concentraron fuera de la Procuraduría Agraria el 27 de enero de 2023. Foto: Oliver Méndez/ObturadorMX

El pasado lunes (15) se cumplió un año de la desaparición forzada del abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, y del profesor y líder de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Antonio Díaz Valencia. Ambos sostenían la defensa legal de la población nahua, ubicada en la región Sierra Costa de Michoacán, para garantizar la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium.

Lagunes y Díaz fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban entre los límites de Michoacán y Colima, después de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde aquel momento no se tiene información de su paradero y sus familiares continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.

Familiares de los defensores desaparecidos realizaron una manifestación en la Glorieta de las y los desaparecidos, en la Ciudad de México, el 22 de enero de 2023. Fotografía: Ulises Martínez/ObturadorMX

El crimen ocurrió a pesar de que, meses atrás, Díaz y Lagunes habían alertado a las autoridades, tanto estatales como federales, sobre una serie de amenazas contra ellos y otras personas de la comunidad indígena. Desde hacía tiempo, los pobladores nahuas señalaban a la minera, que extrae uno de los principales yacimientos de hierro en México, como un factor de división y fragmentación social al interior de la comunidad.

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Radio Zapatista

(Español) Ejido Tila: Ex autoridad ejidal y miembro del CNI asesinado por narcoparamilitares vinculados al Ayuntamiento

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En el ejido Tila, este viernes, 12 de enero, a las 7:15 pm, miembros de un grupo narcoparamilitar conocido como Autodefensas KARMA asesinaron a Carmen López Lugo, ex presidente del consejo de vigilancia (2018-2021) y miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Este asesinato es una violencia más en una larga lista de agravios cometidos por este grupo delincuencial, que según los ejidatarios tiene vínculos con el ayuntamiento, con el grupo paramilitar Paz y Justicia y con otros grupos del crimen organizado.

Dicho grupo es liderado por la regidora plurinaminal del ayuntamiento municipal, Adelaida Martínez Parcero, y su hermano José Rodrigo Martínez Parcero, en coordinación con el supuesto comisariado Eduardo Gutiérrez Martínez, impuesto ilegalmente con falsificación de firmas, incluyendo las de ejidatarios ya fallecidos, como han denunciado los ejdiatarios repetidas veces.

El ejido Tila tiene una larga historia de lucha por la tierra, en particular para recuperar 130 hectáreas, ilegalmente despojadas en la década de 1980, donde se encuentra el poblado de Tila y donde de manera inconstitucional se asentó el ayuntamiento municipal. Fue desde ese ayuntamiento que, en la década de 1990, se coordinaron las actividades paramilitares del violentísimo grupo Paz y Justicia, como parte de la estrategia de contrainsurgencia del Estado ante el levantamiento zapatista. Es esa una de las razones por las que los ejidatarios han luchado tanto por recuperar esas 130 hectáreas y expulsar al Ayuntamiento. En 2008, el juzgado primero le dio la razón a los ejidatarios y ordenó la restitución de las tierras. Sin embargo, el gobierno del estado recurrió a todo tipo de argucias para incumplir con la determinación.

Así, en diciembre de 2015, cansados de los atropellos a la justicia, los ejidatarios decidieron expulsar al ayuntamiento de sus tierras por su propia cuenta, iniciando así un proceso de autonomía en la práctica. Se estableció el autogobierno según los usos y costumbres, se adquirieron vehículos para la recolección de basura, se puso en práctica la justicia autónoma y demás áreas de la autonomía. Ese mismo mes, los ejdiatarios denunciaron la reactivación del grupo paramilitar Paz y Justicia por parte del presidente municipal Édgar Leopóldo Gómez Gutiérrez.

A pesar de que en septiembre de 2018 la Suprema Corte dictaminó la restitución de las tierras, el gobierno de Chiapas se ha rehusado a ejecutar la sentencia, recurriendo a una estrategia que combina imposición de autoridades ejidales espurias mediante falsificación de firmas, violencia directa por parte de grupos narcoparamilitares y una campaña de desinformación, de la mano del Comité Digna Ochoa, que culpa a las autoridades autónomas de la propia violencia cometida por dichos grupos, incluso acusándolos de pertenecer al EZLN. Es importante resaltar que dicho Comité Digna Ochoa ha sido vinculado tanto al grupo paramilitar Paz y Justicia como a los paramilitares de Santa Marta en Chenalhó, que durante años aterrorizaron a las comunidades de Aldama.

Desde hace ya varios años, el grupo delincuencial vinculado a los Martínez Parcero y al supuesto comisariado ejidal Eduardo Gutierrez Martínez ha realizado innumerbles agresiones, asesinatos, secuestros y destrucción de propiedad, como denunciado en un comunicado del pasado 23 de octubre de 2023, entre otros. En noviembre de ese año, el grupo Autodefensas KARMA atacó con armas de grueso calibre las casas del presidente del consejo de vigilancia y del ex comisariado ejidal, incendiando esta última, y posteriormente atacaron la casa ejidal. En el centro del poblado, muy al estilo del crimen organizado, colocaron una manta advirtiendo a los ejidatarios a abandonar el pueblo en un plazo de 12 horas.

Todas esas agresiones han sido denunciadas ante la Fiscalía del Estado y los tres niveles de gobierno, sin ningún resultado.

La violencia continúa. El día de ayer, mientras se realizaba la misa por el fallecimiento de Carmen López Lugo, tres personas fueron atacadas a tiros en una carnicería, falleciendo por lo menos una de ellas. Como siempre, en las redes sociales, se culpó a los ejidatarios autónomos, en consonancia con la campaña de desinformación.

La situación de violencia en el ejido Tila llega a niveles alarmantes en este inicio de año electoral, en el que los diferentes grupos del crimen organizado luchan por posicionarse en las diversas estructuras de gobierno. Mientras eso, los ejidatarios resisten con todo en contra. Cabe a la sociedad civil no caer en los juegos de desinformación y defender un proyecto de autonomía que ha sido ejemplo para toda la zona norte del estado de Chiapas, tan golpeada desde hace 30 años por la violencia paramilitar y, ahora, narcoparamilitar.

 

radio
Ejido Tila

DENUNCIA PÚBLICA ANTE LOS ASESINATOS EN EL EJIDO TILA

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Ejido Tila, Chiapas, Meìxico; a 13 de enero de 2024

Denuncia publica

A la opinioìn publica
A los derechos humanos nacional e internacional no gubernamental
A los pueblos originarios en defensa de la tierra el territorio y la vida
A los companÞeros y companÞeras que luchan por la tierra a nivel nacional e internacional

Al congreso nacional indiìgena
Al concejo indiìgena de gobierno
Al ejeìrcito zapatista de liberacioìn nacional

Denunciamos puìblicamente los diferentes asesinatos que ha suscitado dentro del ejido de tila como se ha venido denunciando puìblicamente quienes forman parte del llamado KARMA es un grupo delincuencial formado por Joseì Rodrigo Martiìnez Parcero y su hermana Doctora Adelaida cruz de Santis Martiìnez Parcero ambos trabajadores de la secretaria de salud, cabe mencionar que Adelaida Martìnez Parcero es plurinominal del ayuntamiento municipal estas dos personas son los que lideran este grupo criminal dentro de ellos existe un grupo que en varias ocasiones se ha denunciado Arturo Saìnchez Saìnchez, Francisco Arturo Saìnchez Martinez, Clara Esmeralda Gordillo Estrada, Juan Lopez Lopez, Alfredo Perez Lopez, Rosalino Martiìnez Santiago, Marco Antonio Martinez Sanchez, Vicente Gomez Lopez, Eugenio Ramìrez Jimenez, Vicente Jimenez Ramiìrez, Cecilia Vazquez Lopez, Ocario Gutierrez Hernandez, Hector Vazquez Lopez, Amalia Sanchez, Marcos Sanchez, David Pineiro, Adauto Lopez Lara, Bartola Jimenez coordinados con el supuesto comisariado legal Eduardo Gutìerrez Martìnez y el corrupto Miguel Vazquez Gutierrez y el intelectual Francisco Perez Lopez como se vio que este grupo corrupto cuando marcharon para una supuesta paz algunos en el anexo cantioc sacaron su cartulina pidiendo una supuesta paz cuando es el grupo de aliado que ha estado asesinando dentro del ejido de Tila.

Ante todos estos asesinatos que ha pasado en el ejido Tila, se han denunciado ante la fiscaliìa del estado y los tres niveles de gobierno se ha hecho del oido sordo y se ve claro que sigue el mismo narco estado y narco gobierno donde el gobierno federal diciendo en sus mañaneras que el estado de Chiapas solo es un grupo de autodefensa, pero cuando la realidad los asesinatos a manos de grupos criminales siguen cada a diìa; este 12 de enero aproximadamente a las 7: 15 de la noche fue abatido a tiros miembro del CNI Congreso Nacional Indìgena y ex consejo de vigilancia en el periodo 2018 a 2021 de nombre Carmen Lopez Lugo por arma de uso exclusivo del ejercito calibre 9mm. A mano de integrantes del grupo Karma, este grupo se ha visto promoviendo a unos supuestos precandidatos a la gubernatura del estado de Chiapas de apellido SASIL y EDUARDO RAMIREZ AGUILAR, para que se den cuenta que tipo de personas quieren gobernar el estado de Chiapas son liìderes de la delincuencia organizada

Asi mismo denunciamos al jardiìn de niños del estado Marìa Montessori a este grupo les ha estado dando el empleo cuando llega el programa escuela es nuestra como bien sabemos que los servidores de la nacioìn son aliados al partido MORENA que gobierna Lopez Obrador es la misma corrupcion que los otros anteriores porque no respeta la autonomia de los pueblos originarios como saben que el ejido Tila habia cancelado todo proyecto y programa del orden federal pero este gobierno se pasa por encimas de la leyes constitucionales como los siguen mencionando ambas mujeres de MORENA Y la ALIANZA que buscan el poder apoyados por la delincuencia organizada tal como esta pasando en el ejido Tila y en otro pueblos que se mantiene en resistencia por la defensa de la tierra el territorio y la vida estan siendo asesinados por defender el derecho a la autonomiìa y la libre determinacioìn que los tres niveles de gobierno no le conviene.

Por lo que todos los pueblos les informamos se mantengan al tanto de lo que puede seguir pasando en el ejido de Tila como ha venido suscitando asesinatos y secuestro de personas.

 

NUNCA MAìS UN MEXICO SIN NOSOTROS.

ATENTAMENTE EJIDO TILA.

radio
Noticias de Abajo

(Español) Noticias de Abajo ML – 11 enero 2023

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(Descarga aquí)  

ROMPIENDO FRONTERAS

  • PALESTINA: 3 MESES DEL HORROR GENOCIDA DE ISRAEL CONTRA LA OCUPADA PALESTINA. Con la complicidad de Israel, EUA e Inglaterra, más de 20 mil víctimas donde casi la mitad son infancias. Info en: Palestina Hoy y PalestinaMX
  • ARGENTINA: Defensa popular de la vida ante un nuevo Estado totalitario y pro capitalista. Se está convocando a un paro nacional a pesar de las amenazas oficiales.
    Info en: La Conquista del Pan y RNMA
  • ECUADOR: Crisis de violencia en Ecuador por la narcopolítica y la corrupción. Motines y crisis de derechos en cárceles. La respuesta del Estado es la Militarización del país y declaración de guerra interna. INfo de: Ecuador Today e Indymedia Argentina.

DESDE LA REGIÓN MEXICANA

  • CHIAPAS: ZAPATISMO: 30 AÑOS DE SER EJEMPLO DE LUCHA
    Los pueblos zapatistas del sureste mexicano realizaron una jornada de actividades para celebrar y celebrarse sus 30 años de caminar en su lucha por la libertad y la justicia. Con teatro, danza, poesía, murales, una parada de sus milicianas y milicianos muy al modo zapatista, mucho baile y con la consigna del «trabajo común» se festejaron y ratificaron sus principios que son ejemplo de vida. Info: Noticias de abajo
  • CHIAPAS: Acteal recuerda a sus mártires para refrendar su lucha por la paz y la justicia a 31 años de su nacimiento y a 26 de la masacre contrainsurgente. En el marco de la conmemoración se realiza Encuentro de Comunicación Comunitario.