[:es]Condenan terror criminal contra pueblos de la Costa-Sierra de Michoacán[:en]Ostula denounces criminal terror against the peoples of the Coast-Sierra of Michoacán[:]
CONDENAMOS EL TERROR CRIMINAL CONTRA LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES DE LA COSTA-SIERRA DE MICHOACÁN, EXIGIMOS PAZ Y JUSTICIA VERDADERAS, NO DE PURA PALABRA
A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO,
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES,
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.
Ante el atentado terrorista que el crimen organizado llevó a cabo al mediodía de este 6 de diciembre en la comandancia de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, la comunidad de Santa María Ostula condena rotundamente tan brutal crimen, mismo que tiene como propósito generar terror en la población y afectar el sistema de seguridad comunitaria que se han dado los pueblos de Coahuayana.
Hasta el momento se han confirmado 5 personas fallecidas y una veintena de personas heridas. Ninguna de ellas ni nadie merece ser víctima de grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, quien desde hace ya 5 años ha venido atacando a nuestras comunidades para intentar desplazar a las poblaciones, como ha ocurrido en tantas partes de este adolorido país, y apoderarse de nuestros territorios.
Queremos dejar claro que seguiremos unidos y organizados para garantizar completamente la seguridad de los habitantes de nuestras comunidades y de la población en general; así como para exigir que todos los niveles de gobierno se comprometan de manera efectiva en el combate a la delincuencia.
En estos momentos tan difíciles, extendemos nuestra solidaridad y apoyo total a la Policía Comunitaria de Coahuayana, encabezada por el comandante Héctor Navarrete.
Reconocemos el enorme trabajo y esfuerzo que desde 2013 lleva a cabo este cuerpo de seguridad comunitaria para acabar con la delincuencia y con estos grupos criminales que han asolado la Costa-Sierra desde hace más de una década.
También brindamos un abrazo fraterno y solidario a los habitantes de Coahuayana ante estos dolorosos acontecimientos.
Exigimos a los gobiernos estatal y federal trabajar realmente para desarticular al CJNG y a cualquier otra organización criminal, pues sus discursos puramente demagógicos, proclamando los derechos de los pueblos originarios, mientras los criminales nos masacran y asesinan con total impunidad, evidencian la falta de voluntad, cuando no la colusión, de las instituciones de gobierno con los carteles delincuenciales.
Recientemente el gobierno federal dio a conocer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con un presupuesto de más de 50 mil millones de pesos; pero, ni con este plan ni con los planes anteriores, se están construyendo la paz y la justicia.
Por el contrario, con el Plan Michoacán los cuerpos castrenses federales han copado los territorios de nuestros pueblos y, específicamente, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional han impedido intencionalmente el libre funcionamiento de nuestras policías comunitarias y guardias comunales, afectando gravemente nuestras capacidades de autodefensa, con saldos tan lamentables como el de este 6 de diciembre.
La solución no está en militarizar la región y el estado o el país, ni en la criminalización de nuestras policías comunitarias; la solución está en desarticular estas organizaciones criminales desde sus bases y en todas las geografías en las que operan, así como la pavorosa complicidad de instituciones y funcionarios corruptos con el crimen organizado; la solución está en el RESPETO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS A LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD QUE SURGEN DESDE NUESTROS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES, COMO ES EL CASO DE LAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y LAS GUARDIAS COMUNALES. La solución está en el respeto a la libre determinación y a los derechos de las comunidades; la solución está en construir proyectos de vida y no de muerte.
Consecuentemente con lo expuesto, EXIGIMOS A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DEL ESTADO DE MICHOACÁN:
1. EL CASTIGO A LOS RESPONSABLES MATERIALES E INTELECTUALES DEL ACTO TERRORISTA DEL PASADO 6 DE DICIEMBRE EN COAHUAYANA.
2. ACCIONES REALES Y DURADERAS PARA LA DESARTICULACION DEL CJNG Y DE TODOS LOS CARTELES CRIMINALES.
3. EL CESE DE LA COMPLICIDAD ENTRE CRIMINALES Y GOBIERNOS.
4. EL RESPETO EFECTIVO, NO ÚNICAMENTE EN DISCURSOS, DE LOS DERECHOS DE NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES.
5. EL PLENO OTORGAMIENTO DE GARANTIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y GUARDIAS COMUNALES.
¡Nunca más un México sin nosotrxs!
Comunidad nahua de Santa María Ostula
[:en]WE CONDEMN THE CRIMINAL TERROR AGAINST THE PEOPLES AND COMMUNITIES OF THE COAST–SIERRA OF MICHOACÁN; WE DEMAND TRUE PEACE AND JUSTICE, NOT EMPTY WORDS
TO THE PEOPLES OF MEXICO AND THE WORLD,
TO THE NATIONAL AND INTERNATIONAL MEDIA,
TO HUMAN RIGHTS DEFENSE ORGANIZATIONS.
In light of the terrorist attack carried out by organized crime at midday on December 6 against the headquarters of the Community Police of the municipality of Coahuayana, the community of Santa María Ostula firmly condemns this brutal crime, whose purpose is to generate terror among the population and to undermine the community security system established by the peoples of Coahuayana.
So far, 5 people have been confirmed dead and around twenty injured. None of them—nor anyone—deserves to be a victim of criminal groups such as the Jalisco New Generation Cartel, which for five years has been attacking our communities in an attempt to displace our populations, as has happened in so many parts of this suffering country, and to seize our territories.
We want to make clear that we will remain united and organized to fully guarantee the safety of the inhabitants of our communities and of the general population, as well as to demand that all levels of government effectively commit themselves to combating crime.
In these very difficult moments, we extend our solidarity and full support to the Community Police of Coahuayana, headed by Commander Héctor Navarrete.
We recognize the enormous work and effort that this community security body has carried out since 2013 to put an end to delinquency and to the criminal groups that have ravaged the Coast–Sierra for more than a decade.
We also offer a fraternal and supportive embrace to the inhabitants of Coahuayana in the face of these painful events.
We demand that the state and federal governments genuinely work to dismantle the CJNG and any other criminal organization, since their purely demagogic speeches—proclaiming the rights of Indigenous peoples while criminals massacre and murder us with total impunity—lay bare the lack of will, if not outright collusion, of government institutions with criminal cartels.
Recently, the federal government announced the Michoacán Plan for Peace and Justice, with a budget of more than 50 billion pesos; but neither with this plan nor with previous ones are peace and justice being built.
On the contrary, with the Michoacán Plan, the federal armed forces have occupied the territories of our peoples and, specifically, the Mexican Navy and the National Guard have intentionally impeded the free functioning of our community police forces and communal guards, seriously undermining our self-defense capacities, with consequences as tragic as those of this December 6.
The solution is not to militarize the region, the state, or the country, nor to criminalize our community police; the solution is to dismantle these criminal organizations from their foundations and in all the places where they operate, as well as the terrifying complicity of institutions and corrupt officials with organized crime. The solution lies in RESPECT BY GOVERNMENTS FOR THE SECURITY STRUCTURES THAT ARISE FROM OUR MUNICIPALITIES AND COMMUNITIES, SUCH AS COMMUNITY POLICE FORCES AND COMMUNAL GUARDS. The solution lies in respecting the self-determination and rights of communities; the solution lies in building projects of life, not of death.
In line with the above, WE DEMAND OF THE FEDERAL GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF MICHOACÁN:
- THE PUNISHMENT OF THE MATERIAL AND INTELLECTUAL PERPETRATORS OF THE TERRORIST ACT OF DECEMBER 6 IN COAHUAYANA.
- REAL AND LASTING ACTIONS FOR THE DISMANTLING OF THE CJNG AND ALL CRIMINAL CARTELS.
- AN END TO THE COMPLICITY BETWEEN CRIMINALS AND GOVERNMENTS.
- EFFECTIVE RESPECT—NOT ONLY IN SPEECHES—FOR THE RIGHTS OF OUR PEOPLES AND COMMUNITIES.
- THE FULL GRANTING OF GUARANTEES FOR THE FUNCTIONING OF OUR COMMUNITY POLICE AND COMMUNAL GUARDS.
Never again a Mexico without us!
Nahua community of Santa María Ostula
[:]30 Aniversario del Congreso Nacional Indígena
¿Qué es el Congreso Nacional Indígena?
El Congreso Nacional Indígena (CNI), nació en el mes de octubre del año de 1996 a raíz de dos foros convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional #EZLN que buscaba crear el espacio en donde todos los pueblos, comunidades, tribus y barrios indígenas del país nos podamos encontrar, mirar, escuchar. Juntando la palabra y el pensamiento de los indígenas que estuvimos ese año de 1996, el CNI se convirtió en la casa grande de todos los hombres y mujeres indígenas del país, en donde podemos encontrarnos, compartir nuestra palabra, la resistencia y la esperanza que construimos como pueblos, siempre buscando como propósitos centrales:
A) Que nuestros pueblos sean reconocidos en su existencia y en sus derechos dentro de la Nación
B) Ejerciendo plenamente su autonomía y
C) Reconstituyéndose de manera integral frente al permanente proceso de conquista que los ha destruido, mutilado, fragmentado y exterminado.
Los pueblos que conformamos el CNI nos regimos por los siete principios zapatistas y nuestro espacio máximo de decisión es la Asamblea General reunida en el Congreso, en donde todas y todos tenemos palabra para decidir colectivamente.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 80 comunidades p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanos formamos parte integral del CNI.
¡QUE VIVAN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN!
¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM



