Radio Zapatista

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El 24 de mayo de 2018 fue asesinado por la policía boliviana el estudiante Jhonatan Quispe Vila, de la Universidad Pública de El Alto UPEA, ubicada en la ciudad de El Alto en el Departamento de La Paz, en una movilización docente-estudiantil que exigía una modificación de la Ley 195 que otorgue una mayor asignación presupuestaria con la cual resolver verdadera y definitivamente la crisis financiera por la cual atraviesa la universidad. Este episodio nos acerca a la comprensión de las maneras en que el gobierno boliviano, en un contexto de grave declinación de legitimidad y de oposición cada vez más generalizada, viene confrontando las movilizaciones populares, pues no fueron solamente los estudiantes de esta universidad los que experimentaron las formas represivas del poder de un gobierno que, para la más cruel de la ironías, se autodenomina del pueblo, “de los movimientos sociales”.

Los estudiantes se miraban entre ellos y decían “nunca nos había pasado esto, ni con Goni”[1]. El velatorio del compañero muerto se realizó entre discursos adoloridos y cánticos guerreros –“a él le gustaba cantar el Achuhuete[2]” dice una de las estudiantes que lo vio morir-, y el llanto quiebra la voz de centenares de personas que acompañan las sencillas estrofas. Desde donde me encontraba no podía ver a la madre ni a los parientes, solo rostros cansados, ojos enrojecidos de llanto y voces que decían “está cansada”, “están furiosos, contra nosotros también por la declaración del ministro”, “claro, quién está preparado para que le digan que su hijo ha muerto”, “pero es una lucha justa y nosotros no hemos sido los que hemos disparado”, “murió como valiente”, “gobierno asesino” dice la gente en susurros. Para la Universidad Pública de El Alto (UPEA) este es el Mayo de Jhonatan Quispe Vila, estudiante de la Carrera de Comunicación Social, muerto por una acción de represión del gobierno boliviano que aún no está aclarada y cuyo arbitrario tratamiento ha generado indignación en la población boliviana.

Ubicada en Villa Esperanza de la ciudad de El Alto, la UPEA fue creada el año 2000 y el año 2003 consiguió su autonomía, todo ello tras largas jornadas de lucha de la población alteña, sobre todo de sus jóvenes habitantes. Esta universidad, a diferencia de otras, nace al empuje de la insurrección y movilización de una ciudad y no como una rancia escuela de elite. En 2015 ya se había establecido que la población estudiantil era mayoritariamente femenina[3], tendencia que hoy se mantiene. Las trayectorias de vida de sus estudiantes son predominantemente de migrantes, y aunque un gran porcentaje reside en El Alto, muchos mantienen contacto con sus comunidades de origen.

 Modus operandi del “gobierno de los movimientos sociales”

En 12 años consecutivos de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), ha quedado en evidencia algo del complejo modus operandi de la red de aparatos de inteligencia y represión del estado frente a las movilizaciones de los sectores que no son afines al partido de gobierno, que se ven forzados a plantear sus demandas en las calles por haber sido previamente ignorados, indignamente tratados e indebidamente atendidos por los “servidores” públicos. El estado boliviano emplea una lógica de guerra frente a las movilizaciones populares consistente en agotarlas, dividirlas, descalificarlas, amedrentarlas y reprimirlas. Utiliza varios tipos de estrategias y garrotes: laxas tratativas burocráticas con el sector demandante con planteamientos inamovibles y sin condiciones, llevando al sector a declararse en conflicto y a movilizarse en las calles; luego, una inflexible represión policial por un lado y, por el otro, una sistemática emisión de spots mediáticos destinados a desalentar el apoyo de otros sectores y del público en general y aislar al sector movilizado para que pierda fuerza y termine aceptando las migajas ofrecidas. Cuando hay un muerto de por medio la inteligencia gubernamental extrema sus recursos para eludir cualquier responsabilidad, poniéndolos en juego para urdir rápida y laboriosamente una estrategia de “esclarecimiento” que inculpe a los mismos movilizados, o que termine sin esclarecer nada.

Desde el año 2014 la UPEA protagonizó manifestaciones para exigir más presupuesto al gobierno del Movimiento Al Socialismo. Cada año ocurría casi lo mismo, después de semanas de movilización y de producir un escenario de fuerzas que le fuera favorable, el gobierno cedía un apoyo económico que paliaba temporalmente el problema y luego el próximo año volvían las marchas –por eso la comunidad upeista siente que la tratan como a “un limosnero”-. Este 2018 es diferente, se quiere una solución definitiva y se retoma la bandera de la modificación de una ley –la 195-, para subsanar el problema de manera permanente. La muerte de Jhonatan Quispe hace que los universitarios abran los ojos y adquieran una convicción: “si con un muerto no nos hacen caso ¿qué pasará luego?, no queremos más muertos. Es ahora o nunca”.

La convocatoria a mesas de negociación con el gobierno ha servido como otra maniobra de desgaste, que dilata tiempos y se enreda en tecnicismos pretendiendo agotar a los movilizados. Si alguien quiere saber qué tanto se ha descolonizado el estado boliviano con un indígena al mando, puede hacer el seguimiento del desarrollo de las mesas de negociación de la UPEA y saldrá impresionado por la mezcla de autoritarismo, paternalismo y desprecio con que los operadores del gobierno tratan a su contraparte –basta con ver cómo fue expulsado el comité de negociaciones de la UPEA que se declaró en huelga de hambre en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, habiendo sufrido el corte de electricidad y la prohibición de que reciban asistencia médica o vituallas-[4]. Simultáneamente el gobierno recurre a un ataque mediático dirigido a desacreditar a los sectores no oficialistas que lo interpelan con sus demandas: andanada de spots difamatorios, esbirros informáticos contratados para sembrar confusión en los movilizados[5] y programas de “opinión” en los medios de comunicación que oficial o solapadamente le son funcionales y muestran para lo que han sido hechos. También están los oscuros personajes de contrainteligencia que se dedican al matonaje y el amedrentamiento –amenazas telefónicas, acoso y golpizas- de quienes se destacan en las movilizaciones, así como dirigencias mercenarias que se declaran en estado de apronte y amenazan con enfrentar físicamente a los estudiantes rebeldes. El chantaje de inducir a guardar silencio para no ser afrentados por el soso maniqueísmo de ser incluidos en el eje del mal, llamado “la derecha”, “la oposición”, “el imperialismo”, ha pretendido inútilmente callar a la UPEA pues ya se ha hecho de sentido común no creerle a un gobierno cuyas acciones represivas desmienten lo que demagógicamente declara.

La UPEA también se ha visto en sus movilizaciones bajo el embate de consignas estigmatizadoras –“flojos”, “borrachos”, “chupeas”, “violentos”, “aprendan a vestirse”, “mediocres”, “los de la UPEA abstenerse”, “la peor universidad”, “indios”, “váyanse a El Alto”- porque disputa un campo en el que los indígenas y las mujeres son vistos como arribistas y advenedizos, usurpadores de espacios de estudio universitario y competidores ilegítimos. La llamada educación superior fue pensada y bautizada con ese nombre para guardiar los privilegios de casta, clase y género de las élites económicas y políticas –desde sus puestos de poder hasta la irradiación de sus imaginarios- papel que sigue cumpliendo actualmente, por eso las dudas que el gobierno pretende sembrar en la población no tienen que ver con un debate serio sobre los fundamentos, medios y fines de la educación, sino con los supuestos selectivos que la rodean, a ver si los upeístas damos la talla para osar pedir más recursos y para considerarnos dignos de pertenecer a ese mundo donde cultura es sinónimo de superioridad racial.

El Problema

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Ciudad de México, 29 de julio del 2018.- El día de ayer decenas de organizaciones sociales se concentraron frente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) luego de que el presidente Enrique Peña Nieto firmara algunos decretos que eliminan las vedas de 300 cuencas hidrológicas en el país que representan mas de la mitad del agua total en la nación aproximadamente un 55%, este cambio de nomenclatura significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua de estas cuencas, ahora se podrá “aprovechar” algunas zonas de reserva de aguas para los usos domésticos, publico, urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”

Durante varias horas varios ponentes expresaron su preocupación por dichos decretos y llamaron a resistir en las calles, escuelas y desde lo jurídico dichos decretos; la organización agua para todos agua para la vida invito a firmar para echar atras los decretos e impulsar una ley general de aguas que busca el respeto, la inclusión sobre todo de los pueblos originarios para el verdadero aprovechamiento y conservación de los mantos acuíferos, ríos y zonas lacustres para los ciudadanos y no para la industria. Al mismo tiempo en decenas de estados se concentraron en las representaciones de CONAGUA dichas organizaciones que exigieron echar abajo los decretos firmados.

Compartimos el análisis preliminar de Agua para todos agua para la vida:

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Deber ineludible del nuevo gobierno: esclarecer los hechos de Ayotzinapa.- Familiares de los 43

Ciudad de México, 28 de Junio del 2018.- A 45 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero; Familiares, estudiantes, organizaciones sociales y personas de buen corazón se reunieron en el Ángel de la Independencia para recordar y exigir como cada mes que se cumplan con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en particular las siguientes que resultan fundamentales para poder llegar a la verdad:

1.-Una investigación seria, pronta y legitima que incluya al ejercito mexicano, 2.- Detención inmediata de elementos de la policía federal y municipal de Huitzuco que participaron en la desaparición forzada de los compañeros llevándolos a dicho municipio la madrugada del 26 de septiembre, 3.- Presentación de resultados de los análisis de telefonía celular de 300 a 500 teléfonos que no han sido analizados y no se conoce los contenidos de esos teléfonos de la madrugada del 26 de septiembre y 4. -El trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil del crimen y acatar la creación de la comisión de la verdad.

Hacia una comisión de la verdad

En días pasados la Procuraduría General de la República se declaro incompetente para acatar la creación de una comisión de la verdad, pues “no comparte el criterio de los magistrados ya que, desde su perspectiva, la resolución emitida “desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.

Durante el mitin reconocieron el acierto de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas quien ordenó la creación de la Comisión que busca reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial ademas resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”. Ordenaron también reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

Debido a las “graves violaciones a los derechos humanos” a los coacusados, como: tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala). El tribunal destaco que la comisión “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Además podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Los magistrados basan su decisión en la necesidad de hacer valer “el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos”. (Animal Político, 2018)

Durante una tarde lluviosa el contingente encabezado en su mayoría por las madres de los normalistas desaparecidos avanzó como cada 26, en su mes 45 en un comunicado que se leyó frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocieron la labor de los jueces y ofrecieron el apoyo de las madres y padres de los 43, de igual manera reconocieron su valentía al apegarse a la constitución y a lo mas altos estándares internacionales de derechos humanos en un gobierno autoritario y al enfrentarse al aparato de estado con su resolución, informaron que la PGR ha tramitado amparos contra estas decisiones.

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Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas”

Tierra Sagrada de los mártires.

Acteal, Chenalhó. Chiapas. México.

27 de Junio del 2018

Al pueblo de México y del mundo

A la prensa Nacional e Internacional

A la opinión publica

Hermanos y hermanas

En tiempo electoral los gobiernos y candidatos aspirantes se olvidan de lo más fundamental, los “Derechos Humanos”. Sus discursos centran únicamente en sumar votos y los dirigen para ganar simpatía de los electoreros. Caber decir que la corrupción no es el único mal que aqueja nuestro país, también son graves problemas nacional la enorme desigualdad social, marginación, extrema pobreza, injusticias, violaciones de derechos humanos impunes e imperante en nuestro país, es lo que más hiere y sangra nuestro país, pero sobre todo es el reclamo constante de los pueblos indígenas de México.

Como mexicanos, preguntamos a los gobiernos y aspirantes ¿el respeto de los Derechos Humanos no es principio básico para ejercer la democracia en México?, ¿Dónde quedan las víctimas de violencias, los asesinatos y  las masacres cometidos por el estado mexicano?, ¿Los desaparecidos y los presos políticos?, ¿el derecho de los pueblos indígenas? y ¿los Acuerdos de San Andrés Sakamchen de los Pobres?. En México hay muchos mundos diferentes, nuestro país es multicultural y plurietnico, así con sus indiferencias ¿cómo piensan representar México ante el mundo negando la diversidad y los pueblos indígenas?. Está claro que, con este escenario que tenemos, indica que sea quien gane el 01 de julio, no habrá cambios y lo que es seguro, es que recrudecerá la violencia sistemática contra los pueblos indígenas y el despojo ambiental-cultural en todas sus manifestaciones.

Preocupados por los Derechos Humanos, más de cien sobrevivientes de la masacre de Acteal mismo que desde el 22 de Diciembre de 2017 se declararon en asamblea permanente, hoy solicitaron encarecidamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita lo más pronto un informe de fondo correspondiente el caso 12.790, Caso Acteal, México. Nosotros, somos testigos que en la comunidad de Acteal sigue sin asomarse la justicia y los sobrevivientes sufren cada día el efecto de la impunidad del crimen de lesa humanidad. Pues, estos más de veinte años de la masacre la vida no ha sido nada fácil para los sobrevivientes y familiares de las víctimas, muchos han fallecidos esperando Verdad y Justicia, y otros más se encuentran hoy en graves situaciones de salud. Tememos por los sobrevivientes que por falta de un justicia integral sufran posibles daños irreparables a su salud física y psicológica ya que sabemos en opinión de médicos que el caso de Zenaida Pérez Luna sobreviviente herido reconocido por la CIDH, quien perdiera el campo visual por causa de un impacto de bala que recibió en el día de los hechos del 22 de Diciembre de 1997, el daño causado a su salud ya es irreversible. Por ello, en colectivo le preguntamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿cuántos sobrevivientes más tienen que morir para encontrar justicia en el caso 12.790? recordamos que fue desde Octubre del 2015 que se realizó la audiencia de fondo del caso en Washington D.C., y consideramos que más de dos años es tiempo suficiente para que concluya el fondo del caso y  emita un pronunciamiento correspondiente.

Así mismo, como organización defensora de los Derechos Humanos nos sumamos al rechazo de la política migratoria “cero tolerancia” impulsado por el gobierno de Estados Unidos de América Donald Trump, por su característica consideramos que es inhumano el ejercicio de dicha política y carece de sentido común.  Desde ya decimos que se equivoca Donald Trump si piensa que con la separación de los niños de sus padres busca usar el llanto de los menores como moneda de cambio para construir su muro no le funcionará y será una estrategia fallida.

Por lo anterior exigimos:

Justicia por la masacre de Acteal, caso 12.790, caso Acteal. México.

Aunque nosotros no votamos este 01 Julio, pero respetamos a quienes sí lo hacen, por ello exigimos una elección respetuosa y libre de violencia.

ATENTAMENTE

Concejo de la Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas”

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El dia 24 de Junio en Café Zapata CDMX-MEX se llevo a cabo el Foro y Tianguis de Medios Libres en Memoria de Salvador Olmos, joven libertario y radialista que fue asesinado por el mal gobierno, en el marco de la lucha magisterial y popular en 2016 en Huajuapan, Oaxaca. El foro tuvo como objetivo recordar la trayectoria de nuestro compañero y abrazar la lucha y resistencia de los proyectos que ayudo a construir como la Radio Ñu Dee resultado del trabajo libertario en Ñu Savii la radio magisterial. Y tambien tuvo como objetivo darnos espacios de encuentro y díalogo fraterno entre las y los comunicadores de abajo.

Chava Vive.

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Por Rafael Camacho

Masaya, Nicaragua.

“Que ningún arma forjada por la mano del hombre te haga daño y que la fuerza del todo poderoso acompañe al pueblo en la lucha para derrotar al tirano”, rezaba una mujer menuda de unos 60 años mientras ponía su mano en la cabeza de aquellos quienes se acercaron a recibir la bendición que llegó a ofrecer a una de las barricadas que se extienden a lo largo y ancho de Masaya. “Yo no he estado con ustedes en las barricadas, pero sepan que he luchado desde mi trinchera, que es la fe, haciendo mi lucha para que las cosas cambien”.

Una vez terminada la fila que se había formado para recibir su gracia, la mujer se hincó frente a la barricada levantada con adoquines que cortaba una de las calles aledañas al parque central de Masaya y, tocándola suavemente, también la bendijo. Con una calma solemne se incorporó y lentamente se echó a andar repartiendo bendiciones a quien se cruzaba en su camino. El pequeño gesto había creado un ambiente sereno que velozmente fue interrumpido por el sonido de disparos provenientes de algún lugar no muy lejano ¡ra-ta-ta-ta-tá!, ¡ra-ta-ta-tá!

Los recién bendecidos, quizás influenciados por uno de los grandes éxitos de lo que fuera la nueva canción latinoamericana, tan presente en Nicaragua durante las décadas de los setentas y ochentas, recordaron al instante que no, no basta rezar y que hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Tomaron así sus morteros y una que otra arma casera que portaban. Mientras algunos asumían nuevamente una posición de alerta, otros preparaban bombas molotov en frascos de Gerber, “esta técnica se usa desde los tiempos de la revolución”, comentaba un hombre canoso que decía haber luchado contra la dictadura de Somoza.

Se hablaba también de lo asimétrico de esta lucha, de esos hijueputas que equipados con armas de alto poder están haciendo la guerra a una población desarmada, a los hijos y nietos de quienes lucharon para derrocar al dictador Anastacio Somoza sin saber que años más tarde, uno de los líderes de dicha revolución terminaría convertido en lo mismo contra lo que un día lucharon: un tirano despótico rodeado de una élite de sinvergüenzas saqueando un país.

La orquesta Orteguista ejecutaba al pie de la letra su sinfonía de muerte, avanzaba disparando y posicionando francotiradores en puntos altos y estratégicos de su camino. Los ¡ra-ta-ta-ta-tá! de sus ametralladoras, eran respondidos con estruendosos ¡pum-pum! de los morteros de quienes defendían las calles de la ciudad. Fue precisamente uno de esos francotiradores quien acabó con la vida de Marcelo Mayorga. Su cuerpo permaneció sin vida sobre la calle varios minutos ante los ojos de su madre y esposa, quienes, desesperadas, pedían a gritos ayuda para recogerlo, lo cual probó ser una misión imposible en esos momentos ya que cuando alguien se acercaba a intentarlo, era acechado por las balas de francotiradores, quienes por alguna siniestra razón, habían decidido o ejecutado la orden de que el cuerpo permanecería ahí, desangrándose a mitad de la calle, a la vista de todos, durante el tiempo que ellos quisieran. Marcelo, ya muerto, yacía sobre el concreto aún sosteniendo su arma en mano: una resortera de madera.

Con el paso de las horas la caravana del terror continuaba avanzando hacia su objetivo: la estación de policía de Masaya. Su misión: rescatar al comisionado Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional quien se encontraba atrincherado desde hacía más de dos semanas en las instalaciones de la comisaría. Luego de iniciadas las protestas en Masaya el pasado 19 de abril, Avellán fue el responsable de “contener” el levantamiento. La represión desatada por el comisionado y su grupo de policías antimotines dejó un saldo de 18 muertos entre el 19 de abril y el 18 de junio.

El comisionado y su grupo de sicarios no contaban con que, para defenderse de las balas, los pobladores de una ciudad que desde tiempos coloniales, ha sido cuna de la resistencia y semillero de luchadores, levantarían cientos de barricadas a lo largo y ancho de la ciudad y que dichas barricadas terminarían por cerrar todos los caminos aledaños a la comisaría impidiendo su salida y provocando que se tuvieran que atrincherar en el centro de una población que los sabía responsables de asesinar a sus padres, hermanos, hijos y amigos.

En las calles continuaba la batalla para impedir el rescate de Avellán y su banda de matones. En algún momento entre las 10 y 11 de la mañana, un grupo de antimotines se posicionó en el parque central y comenzó el intercambio de balas y morteros con quienes defendían la barricada misma que, horas antes, había sido bendecida. Mientras algunas balas silbaban, otras se estrellaban contra la barricada de adoquines, que resistía firme, quienes la defendían, buscaban el mejor lugar para disparar un mortero, una pequeña rendija desde donde apuntar el arma casera o un lugar para proteger el cuerpo, la cabeza. La intensidad del combate se mantenía desde hacía varias horas pero el sonido de las balas, más letales que los morteros, se imponía con mayor vigor.

Luego de casi una hora de combate en las inmediaciones del parque llegó la noticia: el comisionado había sido rescatado y se encontraba a salvo fuera de la comisaría. La frecuencia de las balas en ese sector disminuía, los policías y paramilitares habían logrado su objetivo pero, aún así, buscaban mantener su posición a base de constantes ráfagas y disparos de diversos calibres. Algunos heridos de barricadas aledañas eran cargados y llevados a los puestos médicos organizados de manera autónoma ó entregados a la Cruz Roja. Por alguna razón terrenal o divina, ningún herido pertenecía a la barricada bendecida.

En varias zonas de la ciudad el asedio parapolicial continuaba variando en proporción y al recorrer las calles era posible encontrarse con grupos grandes de combatientes que volvían de la batalla, cansados, enojados por la impotencia de enfrentar a un enemigo muy superior en cuanto a poder de fuego y equipamiento. Se escuchaban historias del combate, se contabilizaba a los heridos y se trataba de confirmar las bajas mientras se preparaba la estrategia a seguir durante las próximas horas.

En redes sociales circulaban fotos de Avellán y sus asesinos, en ellas aparecían sonrientes, orgullosos de haber sido rescatados en el contexto de una operación militar dirigida contra población civil desarmada.

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No hay vuelta atrás. Nunca antes había pasado algo así. Nunca antes se veían tantas mochilas con pañuelos verdes colgados. Nunca antes, en la mayoría de las sobremesas, se hablaba del aborto. Nunca antes se tomaban escuelas para exigir nuestros derechos sexuales y no reproductivos y el dictado de clases públicas de educación sexual integral. Nunca antes se tiñó de verde la Plaza de Mayo. Nunca antes se debatió por dos meses en diputados sobre un proyectos de ley de estas características. Nunca antes se vivió esta marea feminista con tal intensidad. No hay vuelta atrás. Ya ganamos!

Hoy miércoles 13 de junio se debate en el recinto de la Cámara de Diputados la ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Es la primera vez en la historia del país que esto sucede. Claramente no por la voluntad del gobierno, sino por la masividad de la lucha feminista y la fuerza que hemos cobrado a lo largo de años y años de lucha.

Fueron nueve los proyectos de ley que se presentaron. Sobre uno de ellos, perteneciente a la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito (que ya había realizado siete presentaciones anteriormente) se realizó ayer el dictamen favorable en comisiones (con algunas modificaciones sobre la propuesta original) y será el que debatirán los legisladores hoy, gracias al gran apoyo social y trascendencia que tuvo ese proyecto en particular.

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En caso de aprobarse la ley, el aborto será legal y gratuito para las mujeres y personas con capacidad de gestar hasta las 14 semanas. Después de ese tiempo, también se podrá interrumpir el embarazo por las siguientes causales: en caso de que la persona gestante haya vivido violencia sexual; si la vida o la salud de la persona está en peligro y cuando el embrión-feto tenga alguna enfermedad que haga su vida fuera del útero incompatible. Tanto las obras sociales como prepagas deberán garantizar el aborto de manera gratuita.

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Está en discusión a partir de qué edad una persona podría solicitar el aborto sin la compañía de un adulto. A raíz de esto, hay nueve colegios de la Ciudad de Buenos Aires tomados. Las estudiantes se pronuncian a favor del aborto y del derecho a decidir sobre sus cuerpos. Entre las declaraciones de las jóvenes se escucha: “Hay mucha presión para que los diputados voten en contra y es nuestro lugar hacer lo que nosotres podemos”.

“Necesitamos una ley de educación sexual científica y laica que no se amolde a cada colegio y se aplique por igual en todas las escuelas secundarias del país, porque en un colegio católico te dicen que el sexo es amor romántico y solo sirve para procrear: se desinforma mucho a la gente (…) Yo en lo personal no estoy a favor del aborto, pero sí a favor de la legalización, porque es algo que pasa y no lo puedo negar. Queremos la aplicación de la ESI”, expresaron las alumnas en conferencia de prensa a los medios.

La toma está pensada con actividades de formación: se harán jornadas de capacitación de Educación Sexual Integral y aborto y se encolumnarán en el día de la fecha hacia el Congreso. No hay vuelta atrás. Las pibas saben de qué hablan, argumentan cada una de sus acciones, nadie puede tutelarlas ni negarles acceso a servicios de salud. La doble moral de aquellos que argumentan que los y las jóvenes pueden ser apresadas desde los 12 años porque “tienen capacidad de decidir sobre sus actos” son los mismos que ahora nos dicen que las pibas no están capacitadas para decidir sobre sus cuerpas. Son los mismos que les dicen que están “adoctrinadas” por sus padres o mal educadas. Esos mismos que, el domingo pasado, marcharon con sus hijos e hijas, con globos y banderas, a favor de la clandestinidad. ¿Acaso podían decidir esos niños el estar ahí?¿alguien les preguntó? Las pibas, en cambio, lo tienen bien claro: es su lucha, es su ley, es su decisión. Nadie habla por ellas. Ellas tienen voz.

Córdoba verde pañuelo

Como en el resto del país, también en la ciudad de Córdoba se estarán realizando actividades para apoyar la legalización del aborto. Desde las 13 se realizará un pañuelazo en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

En el Museo de Antropología (Yrigoyen 174) la jornada de lucha y encuentro será larga:
14hs Transmisión en vivo de lo que ocurre en el Congreso
15hs Taller de murga
17hs Intervención de las Socorristas.
18hs Pañuelazo
20hs Bandas y artistas invitadas
22hs Guiso
00hs Homenaje a Maite Amaya, compañera feminista, militante de la FOB, por aniversario de su muerte
Toda la noche. Vigilia con antorchas hasta que el aborto sea ley!

Pase lo que pase en la votación, ya ganamos. Ganamos porque el aborto ya no es más un tabú. Ganamos que la culpa no sea lo primero que se siente al momento de abortar. Ganamos en la legitimidad del aborto. Ganamos con las jóvenes y también las abuelas que se animaron a contar historias y a colgarse pañuelos verdes. Definitivamente nada será igual después de tantos años de lucha y una gran batalla dada. Claramente ganamos. Nunca más ni puta por coger, ni madre por deber, ni presa por abortar, ni muerta por intentar.

Las personas con capacidad de gestar abortamos y lo seguiremos haciendo con o sin la veña legal. Y uno de los saldos que nos deja la ola verde es que somos muchas más personas conscientes y conocientes de lo que significa un aborto, abortar, elegir, decidir, planificar, cuidarnos y respetarnos. El aborto dejó de estar en las sombras y seguramente, aunque el Estado decida seguir no garantizando nuestros derechos, somos muchas las que tejidas en red nos acompañamos y gestionamos las formas para garantizar el derecho a decidir interrumpir una gestación.

Y como ahora somos más las que estamos dispuestas a poner el cuerpo, seguramente sean menos las mujeres que tengan que hacerlo en condiciones precarias poniendo en riesgo su vida. Si la ley no se aprueba, claramente el primer trago es amargo. Pero ya lo logramos.

* Por Redacción La tinta / Imágenes: Colectivo Manifiesto.

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Video: Carolina Corral
Fotografía y texto: María González

El pasado domingo 10 de junio organizaciones y colectivas feministas así como personas solidarias e indignadas realizaron una jornada de protesta en Tepoztlán, Morelos, debido a que el jueves 7 de junio apareció en su demarcación territorial el cuerpo calcinado de una mujer de 20 años, estudiante de odontología de una universidad privada ubicada en la salida norte de Cuernavaca, quien fue reportada como desaparecida un día antes a través de redes sociales.

El cuerpo de la joven –de quien su madre pidió no publicar el nombre– fue localizado en un paraje de San Juan Tlacotenco, localidad perteneciente al municipio de Tepoztlán. Éste es el tercer feminicidio en lo que va del 2018 en dicho municipio y el número 33 en el estado. Las manifestantes denunciaron que las instituciones públicas y el gobierno morelense han guardado silencio al respecto de la problemática y han sido omisos en cuanto a su responsabilidad de resolver la crisis de violencia que impera en el estado, la cual se ha incrementado en los últimos años a pesar de que, desde mediados de 2015, y bajo presión de la sociedad civil organizada, se activara la Alerta de Violencia de Género (AVG) para ocho municipios de la entidad.

Con una batucada, mantas, cartulinas con mensajes de conscientización e informativos, y una voz colectiva potente, las colectivas y un nutrido contingente marcharon desde la entrada del pueblo hacia el centro, rodearon la cuadra de la plaza principal para llegar a la plaza en donde leyeron dos pronunciamientos (aquí uno) sobre la indignante situación de violencia que se vive en el estado y las exigencias a los responsables de las instituciones que se supone hacen frente a los problemas de seguridad pública. También se cantó a coro una versión feminista de La llorona y se leyó un poema de denuncia y contestatario ante las violencias feminicidas de que somos objeto y testigxs.

Al haber sido en fin de semana, la movilización tomó por sorpresa a vecinxs y turistas que paseaban o comerciaban en la zona y mucha gente aplaudió y grabó con sus celulares la manifestación que expresaba por todo lo alto el gran dolor y la rabia ante la inacción y la impunidad que han sido las respuestas oficiales alrededor de este grave problema social durante los últimos años.

El Frente Feminista de Morelos reporta 135 desapariciones de mujeres en el estado sólo durante el 2018 y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) ha registrado entre los años 2000 y 2017 más de 850 feminicidios en la entidad. Tras casi tres años de haber entregado 15 recomendaciones para prevenir, atender, sancionar, documentar y erradicar la violencia de género, la Comisión acusa una nula rendición de cuentas, que la constante es la revictimización de las mujeres y sus familias, que hay ausencia de justicia, falta de preparación, corrupción, omisión y complicidad de funcionarios públicos, abogados y cuerpos policiacos.

Tras realizar las acciones enlistadas, la manifestación se trasladó a las afueras del Auditorio Ilhuicalli, donde se llavaba a cabo un debate entre candidatxs a la presidencia municipal de Tepoztlán. Mientras afuera continuaban las canciones, la poesía, las pegas de cartulinas, las denuncias y un performance participativo para evocar la presencia de las morelenses asesinadas y desaparecidas a través de los años; adentro, una comisión entregó los pronunciamientos y una carta de exigencia para que lxs candidatxs asumieran públicamente el compromiso de reducir los índices ominosos de las violencias contra las mujeres en sus diferentes formas.

Asimismo, las organizaciones feministas morelenses citaron hoy, jueves 14 de junio, a lxs candidatxs a la gubernatura del estado en la Plaza de Armas de Cuernavaca para que firmaran una carta compromiso con siete puntos para actuar por la vida y la seguridad de las mujeres morelenses. Entre estos puntos destacan el cumplimiento de las medidas emergentes –decretadas anteriormente– para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; que se cumpla lo estipulado en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; que se eleve el presupuesto y la capacitación a las dependencias que hacen frente a la problemática, incluyendo la instrucción a la fiscalía general del estado sobre la revisión e investigación de los expedientes de casos para que entregue avances concretos; así como la realización de mesas de trabajo bimestrales con las organizaciones de la sociedad civil (OSC’s) para dar seguimiento y entregar informes de los avances al respecto. Es decir, que la exigencia a las instituciones, tristemente, sigue siendo que simplemente hagan su trabajo, lo que se supone da razón de su existencia y que, sin embargo, no cumplen, aunque sí gasten el presupuesto público.

A final de cuentas las y los manifestantes se abrazaron y lloraron las pérdidas de más mujeres, unas con otras, reivindicaron la lucha por la verdad y la justicia, también por la alegría; pusieron en acción la memoria colectiva y llamaron a fortalecer los lazos comunitarios para el cuidado mutuo. Ante un estado omiso y feminicida, es imperativo el grito fuerte que sonorice y visibilice los horrores –si no como única acción, claramente una indispensable; y nunca más permitir que prevalezca el silencio. En alto y firme la exigencia y la presión por la justicia, no es una petición, no es un favor que se mendiga. Mientras no haya seguridad para las mujeres, niñxs, hombres y ancianxs en México, seguirán retumbando en las calles de los pueblos y ciudades las voces, los cantos, las memorias de quienes día a día son arrebatadxs por un sistema mortífero; sistema que hay que transformar o derrumbar –según la ideología– para la restitución de condiciones dignas para la vida.