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Avispa Midia

(Español) Laguna Larga: Cinco años en tierra de nadie

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

Hace cinco años personas campesinas, originarias de los pueblos indígenas Maya Q’eqchi, Chuj y población mestiza, fueron desplazadas de la comunidad Laguna Larga, en la Reserva Biosfera Maya, municipio de San Andrés, del Departamento de Petén, Guatemala, por mil 500 elementos de las fuerzas estatales, el Ejército y la Policía Nacional Civil del país.

Desde el 2 de junio de 2017 se asentaron en un campamento improvisado en la línea fronteriza entre México y Guatemala. “Para las mujeres y la niñez es muy duro estar aquí”, dijeron durante las actividades conmemorativas del desplazamiento forzado, en los días 1 y 2 de junio.

La justificación oficial para realizar el desalojo fue la “conservación” de la naturaleza en la Reserva de la Biósfera Maya, lo que resulta contradictorio ya que el Estado guatemalteco permite la operación de empresas extractivas en la misma región que pretende conservar.

Desde el año de 1985 opera la petrolera Perenco, empresa franco-británica que extrae hidrocarburos en la zona núcleo del Parque Nacional de Laguna del Tigre, zona que junto al Parque Nacional Sierra del Lacandón alberga más de 50 comunidades en riesgo permanente de sufrir un desalojo como el ocurrido contra Laguna Larga.

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En 2017, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para la comunidad que el Estado guatemalteco, presidido entonces por Jimmy Morales, no acató. A partir del 2018 les ofrecieron fincas ganaderas que los propios desplazados debían pagar en abonos.

La situación no es diferente con Alejandro Giammattei. Su gobierno también propuso fincas de tierras que no son fértiles para los campesinos desplazados. Los indígenas no aceptaron, consideran que no existe verdadera voluntad para solucionar el problema de la comunidad.

Este año, la CIDH actualizó las medidas cautelares 412-17, por la falta de efectividad del Estado guatemalteco para proteger la vida de las más 500 personas desplazadas forzadamente de la comunidad Laguna Larga.

Por estas recomendaciones, el gobierno de Guatemala envió 12 raciones mensuales de arroz, cereal, harina de maíz, aceite y avena para todas las familias como una sentencia para permanecer un año más sin respuestas ni reubicación.

Las muertes

“Así como hemos visto nacer a seres queridos también los vemos morir”, dijeron las voces de las mujeres que bordan memoria y resistencia en el acampamento.

Luis Emanuel Hermosilla Suchite de dos meses de edad falleció en el campamento. Su muerte se suma a otras 12 que se suscitaron durante estos cinco años en la tierra de nadie.

El 18 de mayo, el niño Luis Emanuel fue atendido por la brigada de salud de México que acude cada 15 días para identificar los padecimientos de los 500 pobladores que viven bajo techos de palma y nylon para protegerse de las constantes lluvias y de las altas temperaturas.

El pequeño presentó fiebre y los médicos le dieron medicamento para controlarla. “Pero no fue posible”, dijeron Alfonso y Darlyn, padres de Luis Manuel. Las autoridades de Laguna Larga pidieron permiso a la Policía Nacional Civil, a la Conanp y al Ejército para entrar al panteón a enterrar al bebé.

Marvin Pérez, vocero de la comunidad, ya casi no recuerda el número de muertos, incluso de abortos que sufren las mujeres por las condiciones insalubres y la alimentación basada sólo en arroz, frijoles, avena y harina.

“Todo es por falta de atención médica y nosotros hacemos responsables al Estado de Guatemala. Es incumplimiento en todos los sentidos: en alimentación, educación, salud. Mis hijos estudian en el suelo, es algo que desespera, que preocupa, pero estamos dispuestos a seguir en la lucha y resistir hasta que se haga justicia”.

La brigada médica de Guatemala llega dos o tres veces al año. La diarrea y las enfermedades en la piel son casi permanentes entre las niñas y niños. Actualmente se propaga la varicela, virus que temen se convierta en epidemia como el paludismo que padecieron en el 2021.

El caso de Laguna Larga representa una de las grandes injusticias que se perpetran en los límites de Guatemala con México, dijo Aldo Ledón Pereyra de la organización Voces Mesoamericanas que brinda acompañamiento a las familias.

Foto: Xolotl Salazar / Voces Mesoamericanas

Las brigadas de salud son insuficientes para la cantidad de personas en el campamento. Aunado a eso están las pésimas condiciones del camino que conecta el campamento al El Desengaño, municipio de Candelaria, Campeche, donde los guatemaltecos buscan asistencia.

En los constantes días lluviosos, tienen que salir caminando y varias personas enfermas han perdido la vida por no poder buscar atención médica al ser la única vía de comunicación.

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“Reconocemos que el caso de Laguna Larga no es aislado, se une a una estrategia más grande de violencia y de crisis, de violaciones a los derechos humanos, no solo en la región guatemalteca, también del lado mexicano sur-sureste donde cientos de miles de personas están siendo desplazadas con la justificación de megaproyectos”, agregó Ledón.

Crisis humanitaria

“Es posible afirmar que esta crisis se encuentra en su punto más álgido y puede desencadenar consecuencias aún más graves y lamentables”, coincidieron 12 organizaciones de México y Guatemala en un comunicado de prensa.

Las comunidades Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón se unieron a la protesta pacífica en el asentamiento de los desplazados. Realizaron pancartas y celebraron una asamblea, pues la situación para estas comunidades también se agudiza con los desalojos.

Ante este contexto, exigieron al Estado de Guatemala, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, resolver el problema de Laguna Larga. Asimismo, pidieron a la Comisión una visita in situ para verificar las condiciones del campamento, a la vez de solicitar Medidas Provisionales a la Corte IDH por la gravedad en la que se encuentra la vida de las familias y por las muertes que continúan ocurriendo.

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Avispa Midia

(Español) América Latina es la región del mundo más afectada por Covid-19

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Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

América Latina ha sido la región del mundo más afectada por el Covid-19. Fue la región con mayor mortalidad y con una recesión aguda. La conclusión es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022.

“No es sorprendente que la región más desigual del mundo ha sido una de las más afectadas por la pandemia”, señala el documento.

El análisis se centra en 17 países que representan la mayoría de la población de la región y la mayoría de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022.

Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la región vive sólo el 8.4% de la población mundial.

De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos económicos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. “Ellas son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos que han fallado”.

Además, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades.

“La desigualdad socioeconómica de la región, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva”, señala el informe.

Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos indígenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendió, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni información accesible y sensible a las diferencias étnicas dentro del país, ni la expulsión de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud.

“Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder”.

Aumenta pobreza

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(Cepal), el número estimado de personas en situación de pobreza en la región en 2021 siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019.

La Comisión estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estaría experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza.

El 20% más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el más pobre sólo 5%.

Ineficiencia

Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global.

“El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los números de contagios y víctimas fatales, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos económicos y sociales, sobre todo de grupos históricamente discriminados como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas”.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) En Chiapas se reprime a defensores comunitarios, no existe la presunción de inocencia

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
7 de junio de 2022

Boletín No. 20

En Chiapas se reprime a defensores comunitarios, no existe la presunción de inocencia

    • Injusta vinculación a proceso a defensores comunitarios de San Juan Cancuc en medio de una ausencia de imparcialidad en su juicio

    • Exigimos la libertad inmediata de los cinco detenidos.

Ayer 6 de junio del 2022, fueron injustamente vinculados a proceso cinco indígenas tseltales del pueblo creyente de la parroquia de San Juan Evangelista, San Juan Cancuc, quienes fueron sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el pasado 4 de junio dio a conocer a través de Boletín de Prensa No. 19 y la Acción Urgente No.7 [1], la criminalización y detención injusta de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más.[2] Esto como parte de una estrategia estatal para menoscabar la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio.

Como adelantamos, la situación jurídica de los ahora cinco detenidos se resolvería el día lunes 06 de junio a las 14:30 horas en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, y existía el riesgo de que continuara su detención en virtud de que el poder judicial de Chiapas había demostrado ser parte de este ejercicio de criminalización.

Dentro de la audiencia de vinculación a proceso, el Juez de control no fue imparcial ya que los vinculó a proceso aún cuando las pruebas aportadas por la Fiscalía no clarificaban siquiera la causa de la muerte de Antonio Aguilar Pérez; además de existir serias contradicciones y vacíos en los testimonios fabricados que buscaban culpabilizar a los cinco detenidos.

Pese a que defensores de este Centro de Derechos Humanos hicieron notar tales anomalías, el Juez penal convalidó y justificó más allá de sus atribuciones las deficiencias de la Fiscalía, lo que corrobora su contubernio.

Como Centro de Derechos Humanos exigimos una investigación real, efectiva, científica y que agote todas las líneas de investigación para clarificar la muerte de Antonio Aguilar Pérez. Que este lamentable suceso no sea aprovechado para criminalizar a defensores de derechos humanos y de la vida de cuya inocencia existen múltiples testigos. Así como que las autoridades no aprovechen este suceso para polarizar a la población.

De lo documentado por el Frayba, hemos registrado que existe una práctica sistemática por la que las fiscalías fabrican versiones de los hechos más allá de un agotamiento de las posibles líneas de investigación y fabrican una serie de pruebas a modo para forzar su teoría del caso. Desafortunadamente, esta mala práctica suele incluir la inculpación de personas inocentes. Patrón que a su vez es avalado por el Poder Judicial del Estado. Bajo este contexto se desarrollan los hechos aquí narrados.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional, al Pueblo Creyente, a estar pendientes de las acciones para lograr la libertad incondicional de los defensores comunitarios.

*-*

1 Frayba, Acción Urgente no. 7, https://frayba.org.mx/criminalizan-y-fabrican-delito-defensores-ddhh-en-san-juan-cancuc
2 Frayba, Boletín no. 19, https://frayba.org.mx/sistema-justicia-chiapas-criminaliza-defensa-ddhh

 

  Descarga el Boletín No. 20 en PDF

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Avispa Midia

Van a prisión indígenas opositores a la autopista que conectará con Tren Maya

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Organizaciones de derechos humanos acompañaron a familiares de los detenidos para realizar una manifestación en las afueras del CERSS No.5. Foto: Jeny Pascacio

“Estoy preocupada porque está encerrado mi marido y mi hijo Vicente está enfermo, qué tal si se muere. Pido que lo liberen de inmediato porque no es verdad lo que le culpan”, narró Lucia Santiz Aguilar, esposa de Martín Pérez Domínguez, detenido de manera arbitraria y acusado de homicidio calificado junto a Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista, de la parroquia de San Juan Cancuc, Chiapas.

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Lucía participó con otros familiares, defensores de los derechos humanos, sacerdotes y organizaciones acompañantes en una peregrinación que recorrió los alrededores del Centro de Reinserción para Sentenciados (CERSS) número 5, en San Cristóbal de las Casas, donde se encuentran los indígenas tseltales.

Foto: Jeny Pascacio

“Quiero justicia para mi esposo porque no es su culpa que haya muerto el borracho”, dijo a Avispa Midia, Josefa Cruz Pérez, esposa del defensor Manuel Santiz. “No es verdad lo que están diciendo las autoridades de San Juan Cancuc, solo es una trampa”.

Josefa y Manuel tienen 12 hijos, uno de ellos aún en brazos. “Estamos sufriendo porque no hay comida para los hijos; pido la libertad”. La madre de Manuel, Matalia Cruz Torres, se unió a la protesta pacífica para exigir a la Fiscalía dejar de criminalizar y hostigar a los indígenas por su labor en los derechos humanos, “esa es la palabra”.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Palabra de indígenas tseltales criminalizados de San Juan Cancuc

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Hoy 4 junio 2022
Cerss 05

Al público general
A los derechos humanos
A la Diócesis San Cristóbal.
Al gobierno estatal y federal.

Somos 5 indigenas tseltales de San Juan Cancuc Chiapas, actualmente estamos en cárcel de San Cristóbal detenidos injustamente por la policía y fiscalía de Chiapas nos acusa de un delito que no cometimos, la fiscalía no investiga bien solo quiere inventar culpable por eso exigimos nuestro libertad inmediata ya que nuestra familia está sufriendo, la comunidad sabes que nosotros decimos la verdad pedimos que no nos dejen solos.

Atentamente.

Manuel Santiz Cruz.
Agustín Pérez Domínguez.
Juan Velasco Aguilar.
Agustín Pérez Velasco.
Martin Pérez Domínguez.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Sistema de justicia en Chiapas criminaliza a Manuel Sántiz Cruz por la defensa de derechos humanos

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
4 de junio de 2022
Boletín No. 19

Contubernio entre el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de Chiapas criminaliza a Manuel Sántiz Cruz y siete defensores tseltales por su defensa de derechos humanos

• El sistema de justicia fabrica delitos para limitar el ejercicio de defensa de la vida, la tierra y el territorio.
• La procuración e impartición de justicia en Chiapas esta secuestrada por intereses políticos y privados, ajenos a la verdad y la justicia. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el contubernio que existe entre la Fiscalía General del Estado de Chiapas (Fiscalía Indígena) y el Poder Judicial del Estado (Juzgado de Control), para la criminalización del ejercicio de defensa de derechos humanos realizada por Manuel Sántiz Cruz, indígena tseltal (en adelante Manuel Sántiz) en el municipio de San Juan Cancuc, con el fin de desarticular la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio.

De acuerdo con lo documentado en la causa penal 78/2022, la Fiscalía Indígena solicitó orden de aprehensión contra Manuel Sántiz y otras siete personas por el delito de homicidio calificado el día 31 de mayo a las 15:41 y el Juez de Control, Carlos Lamberto Marquez Espinosa, les otorgó la orden esa misma fecha a las 15:40, un minuto antes de que existiera formalmente la solicitud ministerial. Esto corrobora la premeditación de la criminalización de las autoridades de justicia en el proceso de fabricación de delitos a las personas defensoras y la falta de imparcialidad del órgano de justicia, así como la colusión existente entre ambas instancias con el objetivo de convertir la maquinaria penal en un instrumento de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, en este caso particular en contra de Manuel Sántiz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martin Pérez Domínguez, más tres personas (por seguridad omitimos sus nombres) que tienen orden de aprehensión y constituye una acción orquestada bajo los mecanismos de violencia hacia los pueblos, que es la fabricación de delitos como método represivo de sistema judicial en Chiapas.

La detención contra Manuel Sántiz por el delito de homicidio, deriva de una privación arbitraria de la libertad en el municipio de San Juan Cancuc el pasado domingo 29 de mayo de 2022, junto con otras dos personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía indígena 24 horas después de su detención, el 30 de mayo de 2022, por elementos de la policía especializada quienes los acusaron falsamente de portación de mariguana, siendo trasladados al municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, lo que daría pie para tener tiempo de fabricar el delito de homicidio calificado que los llevaría a su reaprehensión.

La acusación por portación de droga fue desacredita por medio de tres testigos, quienes el 01 de junio de 2022, dos de ellos fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria por elementos de la policía especializada de la Fiscalía Indígena, también acusados dentro de la causa penal 78/2022, como forma de represión por haber testificado la verdad de los hechos, así como para intimidar a los pobladores que pudieran ser testigos de este montaje.

La situación jurídica de los ahora cinco detenidos se resolverá el lunes 06 de junio a las 14:30 horas en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, situación que se da en medio de una ausencia de imparcialidad en su juicio.

Desde del Frayba exigimos la libertad inmediata de las personas defensoras: Manuel Santíz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martin Pérez Domínguez, así también el desistimiento de la acción penal hacia tres personas que se encuentran resguardadas por su comunidad, lamentamos y denunciamos las practicas de manipulación del sistema de impartición y procuración de justicia y exigimos que se busque la verdad y la justicia, agotando todas las lineas de investigación, con honestidad, lealtad y objetividad. Externamos nuestra preocupación frente a la fabricación de delitos que criminaliza la defensa de los derechos humanos en medio de un contexto de creciente militarización e imposición de proyectos en las comunidades sin consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente.

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Al Faro Zapatista

(Español) Presentación de la iniciativa Al Faro Zapatista – UNAM 9 junio 2022

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En el marco del 9no Congreso de CLACSO
Presentación de la Colección, Homenaje, Iniciativa
Al Faro Zapatista

Aula 1, Facultad de Odontología, UNAM
Jueves 9 de junio de 2022
De 10:30 a 11:30 AM

Transmisión en vivo en
Fb: @LaComunaMex
Youtube: La Comuna

¡Nos faltes, te esperamos¡

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Avispa Midia

(Español) Sureste de México a la venta bajo promoción de la embajada de los EEUU

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: AMLO encabezó el acto “Desarrollo del Istmo de Tehuantepec” en compañía del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Abril, 2022

En los últimos seis meses se ha entablado una agenda de trabajos y reuniones entre los siete gobernadores del sur-sureste de México, instancias del gobierno federal, representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, además de empresas de estos países, con el objetivo de fomentar en la región “la conservación y el desarrollo sostenible” que serán potencializados “mediante inversión privada”, según ha informado el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, en sus redes sociales.

En el contexto de la quinta reunión, encabezada por Salazar, realizada en Ciudad de México a mediados de mayo, el diplomático anunció que “el gobierno de México tiene un plan, una agenda muy buena de seguridad para el Istmo [de Tehuantepec]”, lugar donde están planeados la construcción del Corredor Interoceánico y 10 parques industriales.
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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

(Español) El CIPOG-EZ en resistencia, frente al desprecio y silencio de los malos gobiernos

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las Organizaciones de Derechos Humanos

01 junio de 2022

Compañeros, compañeras, compañeroas, hermanos y hermanas de México y del mundo:
Los días pasan y nuestra rabia crece. Porque la violencia continúa en nuestras comunidades y al Estado Mexicano no le interesa. Los grupos narco-paramilitares, no cesan en el hostigamiento hacia quienes habitamos la Montaña Baja de Guerrero y los tres niveles de gobierno, guardan silencio frente a esta situación, lo que delata su complicidad, así como su interés en desaparecernos, pues no toleran que haya pueblos que rechacen sus migajas y busquen autodeterminarse.

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Aluna Acompañamiento Psicosocial, CDH Fray Bartolomé de Las Casas, CODIGO DH,

(Español) Pronunciamiento Conjunto. Nos unimos para fortalecer la lucha por la paz en Chiapas y México

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
2 de junio, 2022

Pronunciamiento conjunto
Nos unimos para fortalecer la lucha por la paz en Chiapas y México

Con el objetivo de sumar esfuerzos para fortalecer la lucha por la paz en Chiapas y México, este 1 y 2 de junio se realizó el Encuentro 2022: Construyendo en Colectivo Caminos hacia la Paz con Justicia. En este espacio de convergencia participamos el Servicio Civil para la Paz (Ziviler Friedensdienst) de Pan para el Mundo (Brot für die Welt) de Alemania y sus contrapartes: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Aluna Acompañamiento Psicosocial, la Universidad de la Tierra Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, CODIGO DH, así como Serapaz.

Uno de los elementos centrales de preocupación de las organizaciones firmantes es el grave panorama de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Chiapas, frente a un contexto complejo donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico, actúan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.

En este sentido, manifestamos nuestra solidaridad con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; destacamos su labor para la construcción de la paz en un escenario de constante asedio para las personas defensoras de derechos humanos.

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