Indispensable desmilitarización de seguridad pública en México: Amnistía Internacional
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: Claudia Sheinbaum, y Andrés Manuel López Obrador, realizaron un saludo a las Fuerzas Armadas de México, encabezado por el General Luis Crescencio, en el Colegio Militar de Tlalpan. Septiembre, 2024. Foto: Presidencia de México.
Ante lo que denomina una crisis de derechos humanos en México, exacerbada por la inseguridad y el alto nivel de violencia homicida, la organización Amnistía Internacional (AI) presentó durante este noviembre un informe en el que apunta como indispensable la desmilitarización de la seguridad pública, estrategia profundizada durante las últimas dos décadas.
La organización defensora de derechos humanos enfatiza que, derivado de la estrategia de militarización, son constantes las violaciones a derechos humanos cometidos por instituciones de seguridad y defensa.
Una muestra de ello es que durante el periodo de 2019 hasta agosto del 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 1,893 quejas contra la Guardia Nacional y 2,279 contra la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre los hechos reclamados se encuentran actos de tortura y privación de la vida, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad y defensa.
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Estas violaciones a los derechos humanos, argumenta AI, demuestran el fracaso de la estrategia de seguridad, pues no solo no reduce el crimen y violencia, sino que ha creado un ambiente propicio para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública.
Aunado a estos abusos, durante 2022, una filtración de información de las Fuerzas Armadas reveló actos de espionaje y seguimiento contra actividades de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, entre ellas contra Amnistía Internacional.
En este contexto, la organización de derechos humanos asevera que la decisión para emplear a las fuerzas militares en labores de seguridad pública les ha permitido actuar en una lógica de conflicto armado. “El utilizar toda la fuerza del Estado en un espíritu de combate a un enemigo para intentar reducir el crimen y la violencia, sin atender factores sociales y culturales que propician dichos actos, es una medida que tiene – al máximo – limitados impactos positivos momentáneos y al corto plazo, pero que puede contribuir desde el inicio a la comisión de violaciones a los derechos humanos”, acusa AI.
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