Noticias:
image/svg+xml image/svg+xml
radio
Avispa Midia

Ley para deforestar la Amazonía peruana es aprobada por la fuerza

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedia Prado

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue modificada por el Congreso, a finales de 2023, con el objetivo de formalizar la deforestación en la Amazonía peruana, pero la decisión se reconsideró y tenía que volver a discutirse en los próximos meses.

Sin embargo, el miércoles 10 de enero, en un procedimiento irregular, el titular del Parlamento, Alejandro Soto, ordenó la promulgación de la reforma que resta al Ministerio del Ambiente competencias en materia forestal y da carta libre para acelerar la tala masiva.

El Perú ocupa el tercer lugar, entre ocho naciones, en destrucción de bosques primarios amazónicos, detrás de Brasil y Bolivia. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en el país se deforestaron 144 mil 682 hectáreas en el año 2022.

Los cambios en la norma, en un principio aprobados el 14 de diciembre, suspenden la zonificación forestal, lo que favorece a las empresas extractivistas, principalmente de monocultivo de palma aceitera. El Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) registra que entre 2015 y 2021 el área cosechada de esta especie en la Amazonía del Perú aumentó en 120%: de 43.140 hectáreas a 94.902.

El trasfondo es eximir a los privados de cumplir las disposiciones para la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), así podrán hacerse formalmente de la propiedad de áreas comunitarias y públicas que fueron deforestadas.

Ahora el Midagri se encargará de aprobar los procesos de zonificación forestal, propuestos por un organismo técnico en base a expedientes elaborados por gobiernos regionales, mientras que el Ministerio del Ambiente (Minam) solo emitirá una opinión previa. Bastará con títulos de propiedad o constancias de posesión, que pueden ser emitidos por gobiernos regionales, para exonerarse de la clasificación de tierras forestales.

Asimismo, los bosques de producción permanente serán establecidos por el Midagri, ya no por el Minam.

Otro procedimiento eliminado es la autorización de cambio de uso de suelo en áreas privadas. De esta forma, en los predios agrícolas y ganaderos aledaños a áreas boscosas se normalizará la tala o quema de vegetación para el cambio de uso.

Expediente borrado

Las propuestas legislativas fueron presentadas por parlamentarios de ultraderecha y de izquierda (Perú Libre, que llevó a la presidencia a Pedro Castillo), respaldados por gremios empresariales que presionaron por la aprobación sin tomar en cuenta las observaciones al proyecto de dos parlamentarias, lo que demandaba la necesidad de nuevas discusiones antes de su aprobación.

Contra el reglamento del Congreso, el presidente de esta institución borró del expediente digital los pedidos de consideración presentados por las parlamentarias. A pesar de la irregularidad, la reforma fue enviada al Ejecutivo que, formalmente, está obligado a promulgarla.

En contrapartida, fueron presentadas demandas de inconstitucionalidad y, en el Congreso, parlamentarios presentaron un proyecto para derogar la reforma.

Mercado global y crimen organizado

Detrás de la nueva legislación, planteada desde 2022, está el interés de superar una regulación de la Unión Europea (UE) que prohíbe la exportación de café y cacao cultivados en tierras que hayan sido deforestadas después del año 2020.

En una carta enviada a la delegación de la UE en el Perú, decenas de organizaciones ambientalistas advierten que con la nueva normativa se multiplicarán el tráfico de terrenos y la minería ilegal. Hasta la publicación de esta nota, los representantes de la comunidad europea no respondieron.

El mayor peligro es que la deforestación favorece y encubre, sobre todo, al narcotráfico, responsable de gran parte de los asesinatos de líderes indígenas peruanos.

En la última década, 32 guardianes de los bosques fueron victimados por proteger sus territorios ancestrales de invasores y el tráfico de drogas.            De acuerdo a Global Witness, el Perú se encuentra entre los 10 países más peligrosos para activistas por el medio ambiente y los derechos humanos.

Bosques en emergencia

En respuesta, organizaciones indígenas declararon en emergencia los bosques comunales. “Se promueve la deforestación y facilita el otorgamiento de derechos sobre nuestros bosques a favor de terceros. Más grave aún, esta modificatoria promoverá el despojo de nuestros territorios integrales ancestrales e incrementará las amenazas a la vida de los defensores indígenas ambientales, así como la vida e integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual”, señala en un comunicado la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC).

Por su parte, el Instituto Kené de Estudios Forestales y Ambientales presentó una demanda de amparo ante un juzgado constitucional, alegando que la norma contradice la Constitución, que establece que la protección del medio ambiente incluye territorios que no pueden convertirse a uso agrícola. La superficie deforestada en el Perú por uso agrícola suma once millones de hectáreas, abarcando áreas naturales protegidas y reservas comunales indígenas, según los registros del Midagri.

Asedio desde distintos frentes

En las regiones del Perú que comparten la Amazonía se fortalecen las alianzas entre autoridades y organizaciones privadas que promueven la explotación de los bosques. Este sector niega la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), con la intención de obtener licencias de operaciones en reservas y áreas de amortiguamiento donde se encuentran las etnias, es un discurso de este sector. En 2023, el partido fujimorista intentó modificar la ley que protege a estas comunidades, y ante un primer rechazo, insistirán en ese sentido. Desde distintos frentes, las comunidades y tierras amazónicas son asediadas. “Ley antiforestal”, le llaman las organizaciones indígenas, nombrando su propósito de concretar los despojos legalmente.

radio
Avispa Midia

Liberan a militares vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto Clayton Conn

Autoridades de México dan giro sorprendente sobre el caso Ayotzinapa. Los ocho militares vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, establecida en el estado de Guerrero, al sur de México, enfrentarán su proceso penal en libertad tras la revocación de la medida de prisión preventiva por el delito de desaparición forzada.

La decisión fue tomada por la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien anuló la prisión preventiva impuesta a los ocho militares vinculados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, actualmente recluidos en la prisión del Campo Militar 1-A. La magistrada argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes.

César Omar González, abogado defensor de los militares, destacó que se espera que los acusados de complicidad sean liberados entre lunes y martes próximos. Adelantó que la decisión tomada por la letrada Ivette Duarte, con sede en Toluca, Estado de México, cumplió con una sentencia de amparo que concede la libertad condicional a los militares para continuar con su proceso, pagando una fianza de 50 mil pesos cada uno. Así mismo deberán entregar al juzgado su pasaporte y acudir a firmar el libro de procesados.

Estos militares son parte de un grupo de 16 contra los cuales se ordenó la aprehensión en junio de 2023 vinculados a desaparición forzada y delincuencia organizada. Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz son los militares involucrados.

La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) condenó el cambio de medida cautelar, destacando que las decisiones judiciales no ponderan el derecho de las víctimas. El presidente de la Covaj, Arturo Medina, enfatizó que la determinación no exonera a los militares, quienes continuarán sujetos al proceso.

El caso Ayotzinapa, recordado por la desaparición de 43 estudiantes en el año 2014, es un tema que sigue sin resolverse en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió a los padres y madres atender el caso. Por consecuencia ha generando desconfianza hacia el proceso judicial.

La falta de transparencia militar y las recientes liberaciones han provocado la indignación de los padres de los normalistas, quienes exigen verdad y justicia. La incertidumbre persiste mientras la comunidad espera respuestas y acciones concretas en este caso que ha conmovido a México y al mundo.

radio
The Kurdish Center for Studies | Rojava Azadi

La fuerza aérea de Erdogan arrasa Rojava ante el silencio global

Fuente: The Kurdish Center for Studies – Dra. Hawzhin Azeez – 17 enero 2024
Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid


Una mujer kurda llora en el funeral de las víctimas asesinadas durante el bombardeo y la invasión turca de Serê Kaniyê en 2019. A muchos ahora les preocupa que el proceso se repita en otras partes de Rojava tras el actual bombardeo.

El régimen de Erdoğan en Turquía ha continuado su reinado de terror en la región kurda de Rojava, gobernada por la DAANES (Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria). La letanía de crímenes de guerra semanales de Ankara durante los últimos meses incluye bombardeos, ataques aéreos y ataques con drones incesantes en una amplia gama de sitios civiles. Para comprender el razonamiento detrás de su terror aéreo, sólo hay que mirar la historia reciente y los objetivos de política exterior neo-otomanista de Turquía en lo que respecta a las zonas kurdas del norte de Siria.

Por ejemplo, el ejército turco ya se ha anexado grandes extensiones de territorios kurdos en la región, incluida la utilización de sus aliados mercenarios yihadistas para ocupar Afrin en 2018 y Serê Kaniyê y Girê Spi en 2019. Ambas invasiones limpiaron étnicamente las regiones de kurdos en más del 80%, lo que resulta en cerca de un millón de personas desplazadas internamente.

En octubre de 2023, cuando comenzaron los bombardeos a niveles sin precedentes, los campos de refugiados de desplazados internos también fueron atacados, provocando terror e incertidumbre masivos. Pero esto también coincide con el manual anterior de Turquía, que es sembrar miedo entre los civiles kurdos con la esperanza de que huyan de la región. Desde octubre, Turquía ha iniciado una ronda integral de bombardeos repetidos contra infraestructuras esenciales como estaciones de agua, gas y electricidad . El objetivo es desplazar a los civiles, provocar un éxodo masivo y crear condiciones que hagan la vida insoportable en la región.

En las últimas 72 horas, varias aldeas y localidades civiles, incluidos graneros y depósitos de alimentos, han sido blanco de ataques aéreos turcos. Como resultado, periodistas, activistas y civiles de toda la región compartieron imágenes horripilantes de civiles heridos, almacenes destruidos y repetidos ataques a lugares no militares, incluida la política ilegal de doble toque de volver a atacar un sitio que había sido atacado previamente mientras los equipos de emergencia se apresuraban a apagar los incendios y tratar a los heridos.

En la aldea de Karbatli, en el distrito de Darbasiyah, la casa familiar de un civil llamado Khaled Heso fue bombardeada, lo que provocó que sus hijos Rojan y Jan, así como su esposa Ahlam, resultaran heridos. Mientras tanto, el periodista kurdo Hoshang Hassan publicó imágenes exclusivas de los bombardeos turcos contra las centrales eléctricas de Amuda, demostrando que Turquía está más interesada en arrasar las condiciones de vida: alimentos, agua, electricidad y refugio (viviendas).

El Centro de Información de Rojava (RIC) publicó un vídeo exclusivo que detalla los bombardeos turcos desde octubre, destacando los repetidos ataques contra civiles y sus tierras, hogares y propiedades con los bombardeos. Durante el período navideño, se produjo otra ronda de bombardeos masivos, en los que los ataques aéreos turcos alcanzaron una serie de infraestructuras civiles, incluidas fábricas, centros médicos, almacenes y más. En la cascada más reciente de ataques no provocados, 11 civiles murieron y decenas más resultaron heridos.

(Continuar leyendo…)

radio
Avispa Midia

Juez ordena a militares la preservación de archivos sobre “Guerra Sucia”

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Militares detienen a jóvenes participantes del mitin realizado el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Durante la jornada se registró una masacre que involucró a elementos del ejército y paramilitares dejando un saldo de casi 400 muertos.

Este jueves (18), un juzgado en materia administrativa emitió una orden judicial a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que “se abstengan de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos” que posee entre sus archivos militares.

Los documentos al que el poder judicial hace referencia están relacionados con la investigación realizada por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el periodo conocido como “Guerra Sucia” entre los años 1965 a 1990.

La orden judicial acontece después que el MEH difundiera, en octubre del 2023, el reporte titulado “Las formas del silencio” mediante el cual registra las irregularidades cometidas por la Sedena para obstaculizar el acceso y consulta de los archivos militares.

Te puede interesar – Mecanismo para el esclarecimiento de la guerra sucia en México convoca a víctimas para recabar testimonios

El reporte asevera que, en un principio, el equipo de investigación del MEH accedió a los archivos militares, derivado de un decreto presidencial ordenado en octubre del 2021. No obstante, los obstáculos por parte de la Sedena comenzaron a entorpecer las investigaciones después que el MEH solicitó documentos relacionados con campañas de combate al contrabando de enervantes, así como a movimientos sociales, políticos y sobre el intercambio militar entre México y otros países durante la Guerra Fría.
(Continuar leyendo…)

radio
Avispa Midia

Protestas en São Paulo, Brasil por aumento del costo del transporte público

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

En portada: “La tarifa cero es una demanda urgente y posible. Tenemos más de 100 ciudades en Brasil que cuentan con tarifa cero”: MPL en São Paulo. Foto: Santiago Navarro F.

Este jueves (18), tras un fuerte operativo policiaco y con varias detenciones, el Movimento Passe Livre(MPL) logra realizar su segunda manifestación en la ciudad de São Paulo, Brasil, contra el aumento del costo del pasaje del tren y el metro en esta ciudad, una de las más grandes del mundo donde se trasladan casi 8 millones de personas al día, según la Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos (CPTM).

A pesar de que, en la primera manifestación realizada el pasado 10 de enero, detuvieron arbitrariamente a 13 manifestantes, este jueves se concentraron decenas de jóvenes sosteniendo que la represión no detendrá las protestas hasta lograr la tarifa cero.

(Continuar leyendo…)

radio
Avispa Midia

Confirman sobornos de Solway al gobierno del expresidente Giammattei

Fuente: Avispa Midia

Por Nelton Rivera/Prensa Comunitaria

Ex presidente Alejandro Giammattei y ex ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel Mata son sancionados por recibir sobornos de las empresas mineras rusas y beneficiarse de la corrupción en el Estado. Al mismo tiempo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos levantó las sanciones a las empresas rusas en Guatemala implicadas en esos sobornos.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió a primera hora del 17 de enero una nueva sanción económica a través de la Ley Global Magnitsky para uno de los ministros del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Se trata de Alberto Pimentel Mata quien estuvo al frente del Ministerio de Energía y Minas (MEM) durante el período 2020-2024.

A Pimentel, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le congeló todos sus activos en los Estados Unidos y con la sanción previa en la Lista Engel le fue retirada la visa y se mantiene la prohibición para ingresar a ese país.

El gobierno norteamericano confirma que la empresa transnacional ruso-suiza Solway Investment Group, propietaria de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel (Pronico) y la empresa rusa Telf Ag dueña de MayaNíquel realizaron sobornos directamente al ex ministro y a Giammattei.

Te puede interesar – Secretos mineros: Revelaciones del poder y crímenes de mina en El Estor

Este mismo miércoles (17) por la tarde fue publicada una nueva sanción, esta vez al ex presidente Alejandro Giammattei por su implicación en la corrupción dentro del Estado y por recibir sobornos. Se le retira la visa y a sus familiares, entre los que se encuentran los tres hijos: Ana Marcela Dinorah Giammattei Cáceres, Alejandro Eduardo Giammattei Cáceres, y Stefano Giammattei Cáceres.

(Continuar leyendo…)

radio
ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

CHIAPAS, MICHOACÁN Y TLAXCALA SON MÉXICO | Pronunciamiento de la Asamblea Nacional por el Agua y la vida sobre los ataques a defensores del territorio por parte del Narco–Estado

LA AUTONOMÍA ES LA VIDA, LA SUMISIÓN ES LA MUERTE

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al CCRI-CG del EZLN
Gobierno Autónomo Local, GAL
Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, CGAZ
Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ
Al CNI-CIG y su vocera María de Jesús Patricio Martínez
A a la Sexta nacional e internacional
A los organismos de Derechos Humanos independientes
A la sociedad consciente, que resiste, lucha y se organiza.
A la caravana por la vida, el agua y en contra del despojo capitalista.
A quienes suscribieron la Declaración por la Vida
A las redes de resistencia y rebeldía nacional e internacional.
A los pueblos de México y el mundo
A la Europa insumisa digna y rebelde

Herman@s tod@s

El Estado Mexicano es omiso en su responsabilidad jurídica, respecto a la protección y seguridad, en materia de Derechos Humanos de l@s defensor@s del agua, la tierra, el territorio y la Madre Tierra, conforme a los Convenios Internacionales que ha suscrito.

La violencia estructural, sistemática y generalizada que se impone en todo el territorio nacional, se ampara en el “desarrollismo y la transformación de Cuarta”, que sólo justifican la militarización y su complicidad con el crimen organizado, quienes solo siembran muerte y destrucción en nuestras comunidades que se oponen al despojo no solo de la Madre Tierra sino de la vida.

Como ejemplo, baste señalar que el Estado Mexicano, no prevé y no protege, los derechos humanos y colectivos de quienes se atreven a oponerse a los megaproyectos de muerte, como se viene denunciando en diferentes comunidades indígenas que integran el Congreso Nacional Indígena y la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, el Estado Mexicano es quien violenta sistemáticamente:

La desaparición de los comuneros y defensores del territorio y bosques así como de los derechos de las comunidades indígenas en Santa Cruz Tanaco, Michoacán, José Israel Vargas Jerónimo y Oscar Vargas Campos de quiénes desde el 2 de enero del presente año no se sabe de su paradero.

La ejecución extrajudicial de Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano sin verdad, y mucho menos justicia, quienes realizaban la función de vigilancia y protección del territorio comunal ya que desde hace algunos años el llamado CJNG ha intentado invadir y controlar a la comunidad indígena Autónoma de Santa María Ostula.

(Continuar leyendo…)

radio
El Salto Diario

El artilugio del Estado palestino independiente

Sentada por Palestina en la Estación Central del Berlin el 19 de diciembre de 2023. Montecruz Foto
Un Estado para los palestinos como el que pueda haber en cualquier parte supondría la sentencia de muerte para el ideario sionista clásico. La solución de los dos Estados pertenece al terreno del ilusionismo político.
Por Ignacio Gutiperrez de Terán Gómez-Benita

Arabista en la Universidad Autónoma de Madrid

 

A lo largo de estos cien días ya de atrocidades israelíes en Gaza, uno de los principales argumentos —peculiares, como casi todo en el decálogo de la política exterior estadounidense para Oriente Medio— gira en torno a la “solución del Estado Palestino”. Así, en mayúsculas, porque lo enarbolan como el bálsamo de Fierabrás que habrá de poner fin a la “problemática” cuestión palestina y consolidar la “Paz”, también con letra capital. El comienzo de un nuevo texto, grandioso, para Oriente Medio, a lo grande: Estado, Paz, Estabilidad, Bonanza Económica, Libre Comercio en la Región, Coexistencia Pacífica, etc. El problema está en que el recurso al “Estado palestino” no deja de ser una forma de desviar el foco del asunto que hoy debería recabar la máxima atención: la barbarie, la sinrazón, la destrucción desatadas por el régimen de Tel Aviv en Gaza y los esfuerzos desplegados por los sectores más extremistas del Gobierno, el ejército y la sociedad israelíes por lograr uno de sus mayores anhelos, a saber, la expulsión del mayor número posible de palestinos.

La meta es desterrarlos de Cisjordania, que es lo que verdaderamente interesa al proyecto colonizador sionista; pero si se quitan de en medio unos cuantos cientos de miles en Gaza también les vale. Por lo pronto, entre muertos, desaparecidos y familias, heridos o desplazados que han conseguido salir de la Franja, y que muy probablemente ya no volverán jamás, van camino de los 50.000.

El relato sobre el Estado palestino se ha convertido en la cuestión fundamental que Antony Blinken, Lloyd Austin —antes de su ingreso en el hospital—, John Kirby y una nutrida lista de representantes estadounidenses “dicen” abordar en sus interlocuciones con los líderes árabes. Intentan convencerlos de que para “el día después”, que nadie sabe cuándo será habida cuenta de la fiera y organizada resistencia de las milicias palestinas, tendremos una nueva conferencia de paz y avances políticos que ellos, los líderes árabes dispuestos a la paz con Israel, puedan presentar ante su opinión pública.

Algunos del Golfo, como los emiratíes o los bahreiníes, que ya tienen acuerdos de paz con Israel, o los saudíes, que estaban preparándolos antes de la gran explosión del 7 de octubre, desean, tanto o más que el régimen de Tel Aviv mismo, acabar con Hamás y todas las facciones islamistas hostiles al modelo político y económico —un islam neoliberal en lo económico, autoritario en lo político— que, sobre todo, representa Arabia Saudí.

El problema es que no lo pueden decir a las claras, aunque a determinados dirigentes emiratíes, muy locuaces, se les nota con gran facilidad. Los círculos políticos israelíes destacan de vez en cuando que las potencias del Golfo piden —exigen— que en ningún caso se ponga fin a la operación de castigo colectivo en la Franja sin asegurarse antes de que Hamás haya perdido por completo su capacidad operativa; el propio primer ministro y criminal de guerra inconfeso, Benjamín Netanyahu, decía a principios de diciembre que los saudíes y los emiratíes estaban dispuestos a costear la reconstrucción de Gaza.

Tanto Riad como Abu Dhabi se abstuvieron de confirmar el anuncio, pero, y esto lo sabe cualquiera que siga la política regional árabe, unos y otros están más cerca hoy de las tesis estadounidenses-israelíes que de la defensa de las reclamaciones legítimas palestinas. Pero han de cubrir el expediente; y aunque cada vez actúan con más descaro, el Estado palestino independiente les serviría para justificar la aceptación incondicional del plan estadounidense para Oriente Medio. Llama la atención, en cualquier caso, que estos planes los suelen hablar entre ellos, dirigentes estadounidenses, israelíes y árabes de la zona, sin que haya presencia notable de interlocutores palestinos, en especial de los gazatíes. Ya se lo intentarán dar mascado, sin permitir ningún tipo de rechazo.

El problema está en que el plan ya lo han vendido varias veces; en buena medida, nos hallamos en esta situación hoy, en el contexto de la ofensiva más brutal y despiadada contra la población palestina desde 1948, gracias al fracaso de los acuerdos de paz firmados desde el fin de la primera Intifada a principios de los 90. Fracasaron porque partían de la prioridad de proteger los intereses del Estado israelí por encima de cualquier otra consideración y reducir al máximo las concesiones a los palestinos.

Estos, debido a la inoperancia, venalidad y egocentrismo de sus representantes, como bien relata Edward Said en sus escritos, desesperados, sobre el desastre de negociaciones como las del Proceso de Oslo —léase, por ejemplo, Gaza y Jericó. Pax Americana—, no supieron, o no les importó, conceder el sistema autonómico adulterado que desembocó en la Autoridad Nacional Palestina y en un delirante sistema de territorios A, B y C en los que los palestinos se convertían en rehenes de su propia demarcación, sometidos a los imperativos de seguridad de las fuerzas ocupantes y las necesidades de las colonias, en continua expansión desde entonces a pesar de estos acuerdos de paz.

Pero los estadounidenses, la mayor parte de las elites políticas árabes, autoritarias y mendaces, y, por desgracia, la propia Autoridad Nacional Palestina en Ramala, cuyos dirigentes harían cualquier cosa por mantener su ficción de poder e importancia política, necesitan este tipo de discursos. No se puede destruir un territorio de 360 kilómetros cuadrados y condenar a cientos de miles de personas al hambre, el frío y la desposesión sin vender la idea de que “todo esto se va a arreglar” cuando termine la guerra.

Sin embargo, los dirigentes israelíes actuales no comulgan con ningún proyecto de Estado palestino y, para desesperación de sus valedores estadounidenses, lo pregonan sin ningún rubor. Al presidente Biden le habría gustado lidiar en esta crisis con una elite política sionista más presentable y sutil, como la que representaban facinerosos de apariencia impoluta como Ben Gurion o Golda Meier, por ejemplo; no obstante, se ha topado con elementos del jaez de Bezalel Smotrich o Ben-Gvir, ministros actuales en el gabinete de Netanyahu. Estos, representantes del sionismo religioso, refractarios a cualquier tipo de ideología secularizadora y partidarios del discurso bíblico más apocalíptico, consideran que la única forma de asegurar un futuro próspero para Eretz Yisra’el (La tierra de Israel) pasa por expulsar a los palestinos. Lógico: saben que el sionista es un proyecto ante todo colonizador, supremacista y expansionista.

Por ello, propuestas que den lugar a “aventuras” como la Autoridad Nacional Palestina o el supuesto autogobierno suponen una aberración, por mucho que, en esencia, estén en las antípodas de un verdadero Estado palestino. Pero el sionismo siempre ha sobrevivido en la hipérbole, en la exageración victimista de los supuestos peligros que supone dar casi nada a los habitantes originarios de Palestina. Bueno, eso de originarios es un decir: Smotrich, ministro de Finanzas, suele decir que los auténticos palestinos son él y los suyos. Los palestinos “otros” son unos impostores, advenedizos, nómadas beduinos —qué pesados se ponen los nazisionistas con eso de que los palestinos son árabes que, como todos los demás, pueden vivir en cualquier parte del desierto—. Lo curioso es que la familia de Smotrich, con ese apellido tan eslavo, procede al igual que una muy buena parte de la población judía de la Palestina ocupada, de territorios lejanos y extraños.

En definitiva, los estadounidenses y buena parte de los simpatizantes occidentales del sionismo internacional muestran signos de abatimiento. La opinión pública internacional está reaccionando, según pasan los días, con mayor irritación ante el horror de las matanzas de civiles gazatíes; las hordas ocupantes se ven zarandeadas por un hatajo de milicianos que salen de sus guaridas con bazookas y lanzagranadas en chanclas y pantalón de chándal y, para colmo, los sudafricanos lanzan una causa internacional por genocidio, término utilizado ya por numerosos sectores para referirse a esta carnicería.

Nunca antes la posición internacional del sionismo había sido tan delicada. Para cualquier persona con sentido común lo que está haciendo la jauría que gobierna Tel Aviv habría sido motivo suficiente, desde hace meses, para armar un embargo internacional y una ristra de sanciones determinantes. Pero Israel es otra cosa y, teniendo en cuenta lo que estamos viendo hoy por hoy, su situación, por cuestionada e inestable, resulta inédita.

Por ello, los estadounidenses y asociados están forzando conflictos bélicos como el iniciado en la segunda semana de enero contra los huzíes en Yemen; o tratan de amplificar el efecto de los ataques de milicias islamistas en Iraq y Siria hablando de una escalada bélica en ciernes. Hay que desviar la atención tanto de las atrocidades israelíes como de los fracasos de sus fuerzas de ocupación, y mantener a la gente ocupada con otras cosas. Como el Estado palestino. Ya en 2020, la Administración de Donald Trump aireó su propuesta particular al respecto, para incentivar, una vez más, los acuerdos de paz araboisraelíes. Naciones Unidas también invitó en sus reuniones de la Asamblea General a ir por esta línea.

Nadie, empero, sabe en qué consiste este Estado palestino porque, de nuevo, los presupuestos de la teoría política saltan por los aires cuando Israel está de por medio. Es decir, un Estado palestino debería tener fronteras delimitadas y seguras, soberanía plena dentro de las mismas, independencia económica, fuerzas armadas propias y, en definitiva, todos los elementos que confieren la identidad que cualquier persona sensata supondría en un estado “normal”. Pero los confusos enunciados de Washington y sus aliados occidentales y árabes no hablan de erradicar los asentamientos ni del reconocimiento del derecho al retorno de los millones de refugiados y desplazados palestinos ni de un ejército propio ni una economía basada en la explotación y administración de los recursos propios.

Un Estado para los palestinos como el que pueda haber en cualquier parte supondría la sentencia de muerte para el ideario sionista clásico. En opinión de sus partidarios menos radicales, lo máximo a lo que se puede llegar es a algo parecido a lo que tenemos hoy con la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, o el “caos controlado” en Gaza desde el bloqueo impuesto en 2007: una entidad que no controla absolutamente nada verdaderamente importante, sin fuerzas armadas ni aeropuertos ni capacidad para decidir quién sale o entra de su territorio, privada de jurisdicción sobre los asentamientos ni de control sobre las conexiones terrestres entre ellos.

Unos asentamientos que, por supuesto, se quedarían donde están. Por no poder, no pueden ni disponer del dinero recaudado por los impuestos pagados por los contribuyentes o incluso las ayudas procedentes del exterior. El régimen de Tel Aviv, como ha hecho recientemente, puede retener estas cantidades, siempre con el argumento incuestionable del derecho a la autodefensa, en este caso para evitar la financiación de grupos armados o cualquier actividad hostil a la ocupación.

He ahí la propuesta de eso que rimbombantemente llaman “de los dos Estados”. Una nueva añagaza con visos de mantener el conflicto enquistado durante tiempo indefinido. No es mala solución para las elites sionistas, acostumbradas a pescar en río revuelo y revertir crisis pasadas en su beneficio, como ocurrió con el día después de las dos intifadas (1987 y 2000). Entonces, la conmoción política y militar derivada de ambas revueltas populares se canalizó en procesos de negociación internacionales en los que la presión de Washington y aliados dieron lugar a tratados desastrosos para cualquier proyecto nacional palestino. Hoy se les está acabando el tiempo. Y muchos, incluso entre los aliados occidentales del régimen de Tel Aviv, se preguntan si mantener una estructura colonial tan anacrónica y, a la postre, inefectiva en Oriente Medio no está comenzando a resultar fastidiosa.

radio
RedTDT.org

A un año de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia

Posicionamiento a un año de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.

Ciudad de México, a 15 de enero de 2024

El domingo 15 de enero de 2023, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder social de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban en las inmediaciones de Cerro de Ortega, región que limita las entidades federativas de Michoacán y Colima, luego de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde entonces no se sabe nada más de ellos y sus seres queridos continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.

Previo a su desaparición, Ricardo y Antonio sostenían la defensa legal de la comunidad de Aquila, exigían que se garantizara la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, perteneciente a la empresa Ternium, la cual, ha sido señalada como un factor de división y fragmentación del tejido social al interior de la comunidad. Meses atrás, Antonio Díaz y Ricardo Lagunes alertaron a las autoridades estatales y federales acerca de una serie de amenazas recibidas en su contra, así como de otros integrantes de la comunidad, solicitando su intervención para mediar los conflictos y evitar la escalada de la violencia en la región, sin embargo, fueron ignoradas por las autoridades.

La reacción de mecanismos internacionales, la respuesta del Estado y la propuesta de expertos independientes

La noticia sobre la desaparición de Ricardo y Antonio provocó una reacción inmediata por parte de organismos internacionales. El Comité contra las Desapariciones Forzada de Naciones Unidas (CED) emitió las Acciones Urgentes exigiendo una búsqueda e investigación integral, estratégica y coordinada. De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en las que solicitó la búsqueda inmediata de Ricardo y Antonio. Además, los procedimientos especiales de Naciones Unidas emitieron un llamamiento urgente enviando comunicaciones no solo a México, sino además a la empresa Ternium, a los Estados de Luxemburgo y Argentina, remarcando el deber de debida diligencia que los estándares internacionales exigen en torno al desarrollo minero por empresas privadas.

Derivado de las medidas emitidas por el CED y la CIDH, se han convocado a numerosas reuniones con diversas autoridades, incluidas Mesas de Alto nivel en seguimiento a estas decisiones internacionales, celebradas en los meses de mayo y octubre, estando encabezadas por la Secretaría de Gobernación, con la presencia de distintas autoridades de investigación y búsqueda, y la mediación de la CIDH y Naciones Unidas. A pesar de contar con un plan de búsqueda integral con análisis de contexto tanto en la investigación como en la búsqueda, las familias continúan sin tener respuestas concretas respecto de los hallazgos forenses, por lo que  la obligación de buscar e investigar sigue pendiente de cumplimiento.

(Continuar leyendo…)

radio
Pozol Colectivo

Chiapas: Organizaciones internacionales SweFOR y SIPAZ, denuncian desaparición forzada, tortura, reclutamiento forzado, explotación sexual, extorsión y desplazamiento

Asunto: Situación de violencia en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala

Estimados Señores y Señoras,

Reciban un cordial saludo del Movimiento Sueco para la Reconciliación – SweFOR y del Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ).

SweFOR es una organización sueca de carácter ecuménico creada en el 1919 que lleva más de 20 años de presencia en el Estado de Chiapas. El objetivo de SweFOR en México es brindar acompañamiento integral a personas defensoras de derechos humanos con el fin de procurar garantía de protección a su trabajo.

SIPAZ, como organización internacional sin fines de lucro con presencia permanente en México desde 1995, trabaja para la disuasión y prevención de la violencia socio-política, la transformación positiva de los conflictos y el respeto de los derechos humanos en Chiapas y, de forma puntual, en Oaxaca y Guerrero.

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de violencia armada que se extiende en la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala desde el año 2021 y por  su impacto sobre la población civil y las personas defensoras de derechos humanos.

Desde el año 2021, el estado de Chiapas se encuentra asolado por una disputa entre grupos de la delincuencia organizada que se ha recrudecido de manera particularmente violenta en la región de la frontera con Guatemala, que comprende municipios de la Meseta Comiteca – Tojolabal y de la Sierra Mariscal. Según información reportada por organizaciones con acceso a la región afectada, esta confrontación está impactando fuertemente a la población civil, a través de actos de desaparición forzada, tortura, reclutamiento forzado, explotación sexual, extorsión y desplazamiento y otras estrategias de control de la población

Desde SweFOR, este panorama de violencia nos preocupa por el estado de indefensión en que se encuentra la población civil, pero también por la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Hemos recibido información procedente de la zona fronteriza de Chiapas  con Guatemala de casos de asesinato, tortura y desaparición de personas defensoras que ejercían actividades de defensa – denunciando la vulneración de los derechos de la población civil, o negándose a sostener uno o el otro contendiente -, y cuya perpetración parece tener propósitos ejemplarizantes. Ello ha llevado a diversas personas defensoras de derechos humanos a buscar refugio lejos de sus comunidades de origen y a suspender sus actividades de defensa de los derechos humanos.

Entre las personas defensoras que han sido objeto de violencia en la zona fronteriza se cuentan defensores comunitarios, servidores de la Iglesia Católica, autoridades comunitarias y funcionarios públicos.

Nos inquieta que, según las organizaciones presentes en la región,  este escenario se estaría desarrollando  ante la inacción de las autoridades, siendo la militarización de todo el estado la única respuesta, sin efecto consistente para frenar la violencia.

Cabe resaltar que Chiapas es uno de los estados más militarizados del país, contando en junio de 2022 con el despliegue de un total de 17 mil 160 elementos de la SEDENA y de la Guardia Nacional, según datos de la SEDENA.

El aumento exponencial de la violencia y las omisiones del Estado están resultando en el cierre completo del espacio de acción para la defensa de los derechos humanos, y nos preocupa que ante ello no se estén implementando mecanismos de protección.

Por la extrema alarma que debería suscitar la situación descrita, llamamos a las autoridades nacionales y a las instancias internacionales que actúen con celeridad para poner fin a la situación de violencia en la zona de la frontera entre Chiapas y Guatemala, y a la protección y garantía de los derechos de la población, incluyendo las personas defensoras de derechos humanos..

(Continuar leyendo…)

Página 5 de 448« Primera...34567...102030...Última »