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Prensa Comunitaria

Detrás del caso de Nanci Sinto podría haber una estrategia del MP para callar a voces opositoras

Créditos: Nanci Sinto, activista maya kaqchikel fue detenida señalada del daño al patrimonio cultural. Foto Regina Pérez
Tiempo de lectura: 7 minutos
La activista Kaqchikel Nanci Sinto se suma a la larga lista de personas, entre políticos y defensores de derechos humanos criminalizados por Consuelo Porras, que podría tener como objetivo callar liderazgos y voces disidentes.
Por Regina Pérez

Un día antes de que las mujeres salieran a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a exigir el cese de la violencia en su contra, el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, coordinó la detención de la activista maya Kaqchikel Nanci Paola Chiriz Sinto, señalándola de haber participado en las pintas al Congreso el 21 de noviembre de 2020, durante las manifestaciones en contra de la aprobación del Presupuesto 2021.

La captura de Sinto generó varias reacciones en las redes sociales, principalmente de solidaridad en las que varias personas criticaron el hecho de que se le detuviera cuando ella fue víctima del abuso policial que se vivió ese día y que hasta la fecha no se observan avances ni indicios de que el MP presente un caso contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos en contra de los manifestantes.

El delito bajo el cual la Fiscalía de Delitos contra la Vida coordinó la detención de Sinto y del pintor Juan Francisco Monroy fue el de depredación contra los bienes culturales. La jueza Lluvia Velásquez Soto los ligó a proceso y les otorgó arresto domiciliario, con la condición de pagar una fianza de Q5 mil.

El pintor Juan Francisco Monroy y la activista Nanci Sinto fueron ligados a proceso. Foto Regina Pérez

La audiencia que empezó a las 2:30 de la tarde culminó casi tres horas después. Fue una larga jornada en la que Sinto recibió varias muestras de solidaridad, tanto en la Torre de Tribunales como en las redes sociales. Al final del día y tras recibir la resolución de la jueza, una guardia del Sistema Penitenciario le quitó las esposas y fue puesta en libertad.

Visiblemente emocionada, Sinto abrazó a su hermano, quien la acompañó desde que llegó a la Torre de Tribunales. Afuera la esperaban varias personas para mostrarle su apoyo.

No obstante, aunque salió libre tendrá que enfrentar un proceso penal, que sigue su curso con la audiencia de etapa intermedia fijada para el 9 de febrero, donde el MP presentará los medios de investigación en contra de ella y de Monroy.

De acuerdo con declaraciones de Sinto, el allanamiento en su casa empezó alrededor de las 6 de la mañana. Ni la Policía Nacional Civil (PNC) ni el MP quisieron confirmar si ella estaba entre las personas detenidas por los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2020, pues la única información que circulaba era la de un medio afín al gobierno.

Alrededor de las 11 de la mañana, la activista fue llevada a la Torre de Tribunales. En la carceleta dijo a los medios de comunicación que no era ninguna delincuente y que los que deberían ser detenidos son quienes violentaron los derechos de los manifestantes durante el 21 de noviembre de 2020. Ese día las fuerzas policiales arrojaron gases lacrimógenos contra las personas que protestaban en la Plaza de la Constitución, reprimieron y golpearon a periodistas, activistas y manifestantes frente al Congreso.

“Quiero decir que no soy ninguna delincuente, no le hice nada al Estado ni a nadie, más bien el que daña la vida digna de esta población es el mismo Estado y hoy quienes tendrían que estar presos están libres, y ojalá así como nos han ido a buscar a quienes manifestamos de forma legítima, así busquen a aquellos veteranos que defendieron el privilegio de las élites, que quemaron el Congreso, vehículos, a ellos también”, afirmó la defensora de derechos humanos de manera contundente.

Ella se refería a los disturbios provocados por militares retirados que el pasado 19 de octubre causaron destrozos dentro del Congreso y quemaron varios vehículos.

La detención de Sinto y Monroy se suma a otros casos similares ocurridos en 2021, como la captura del exsuperintendente de la SAT, Francisco Solórzano Foppa, el exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Aníbal Argüello, el integrante de Centinelas, Misael Méndez, el manifestante Rudy López, acusado de depredación de bienes culturales, así como el acoso judicial contra periodistas comunitarios en El Estor y otros.

Rudy López, un manifestante mam fue detenido tras una manifestación el 12 de octubre señalado de dañar el patrimonio cultural. Foto Regina Pérez

Estrategia de silencio y mensaje de represión

El exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue detenido en mayo pasado bajo varios cargos que no pudieron ser probados por la Fiscalía de Delitos Electorales, opinó que el caso de Sinto muestra que hay un mensaje continuo de represión por parte del Ministerio Público.

También podría ser parte de una estrategia de persecución y uso del derecho penal desde el MP para perseguir voces críticas al gobierno. “Ya se había publicado anteriormente que la Fiscalía que llevaba el caso de Nanci no estaba investigando a los policías, a la cadena de mando dentro de dicha institución o dentro del Ministerio de Gobernación, sino que únicamente se estaba dedicando a investigar a los manifestantes”, señaló Foppa al preguntar si este se trataba de un caso donde se usa el derecho penal para callar a opositores.

Esta situación, a su criterio, es preocupante, porque hay dos personas que durante las manifestaciones de noviembre de 2020 perdieron un ojo y que se supone que la Fiscalía debería de estar investigando esos hechos. “Sin embargo, lo que estamos viendo es que se están usando todas esas pruebas para perseguir y montar casos como el de Nanci, sinceramente veo que son casos muy mal armados…solo de ver las imágenes no creo que haya delito, no se daña el patrimonio con pintarlo”, manifestó.

Sinto dijo a Prensa Comunitaria que vincula su captura a la estrategia de silencio que el Estado quiere implementar contra la ciudadanía y la población en general, “en el sentido de que no nos sigamos organizando y que no sigamos manifestando en relación a los actos de corrupción y de violencia contra los derechos humanos en El Estor y en otros territorios Q’eqchi’, la aprobación del Presupuesto y la persecución contra jueces y periodistas…”.

La activista señaló que la estrategia del Estado para reprimir es estructural e histórica, “lo que están generando es perseguir a todas y todos, no necesariamente tienen que ser activistas, creo que hay una forma de reprimir a quienes no coincidan con la forma del Estado de vulnerar nuestros derechos, también se criminaliza de distinta forma a los ciudadanos o líderes, no quiero minimizar lo que me está sucediendo, pero sí hay otras estrategias muy violentas como lo que vemos en El Estor con los desalojos, es otra forma de criminalizar”, dijo.

Por su parte Foppa destacó que ve una intención y un mensaje continuo, permanente y sistemático de parte del MP de represión hacia las distintas personas que deciden manifestarse contra el Estado “y esto viene orquestado desde el gobierno, en contubernio con las altas autoridades del Organismo Judicial”.

La activista maya Kaqchikel también cree que hay una estrategia más sutil “que no deja de ser criminalización y violenta, es el uso del derecho penal”, refirió.

Norma Sactic, directora la Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ), considera que detrás de la detención de la activista está que el gobierno actual ha iniciado una persecución en contra de liderazgos. “Sabemos que hay medidas de control a todos los que estamos denunciando o haciendo acciones en este caso a favor de las comunidades, de poder fortalecer sus procesos organizativos, es una de esas acciones de monitoreo”, indicó.

Sactic también resaltó la militancia política de Sinto, quien fue secretaria nacional de Juventud del partido político de oposición Winaq, aunque actualmente ya no forma parte de dicha agrupación.

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Objetivo es callar a la ciudadanía

Solórzano Foppa concordó con que este caso puede ser utilizado para infundir miedo en la población que manifiesta por sus derechos. “Ese es el objetivo fundamental y creo que lo que tenemos que tener claro y que no puede haber es retroceder, sabemos que no les queda más que tratar de utilizar el derecho penal para infundir miedo y temor en la población que ejerce su derecho legítimo de manifestación pero no podemos quedarnos callados”, indicó.

Sinto recibió muchas muestras de solidaridad tras su detención, gesto que agradeció. “Eso evidencia mi recorrido político, laboral, académico, también como sujeta política y defensora de derechos humanos, no soy una persona indiferente y ajena”, dijo.

Por otro lado, expresó su preocupación porque a otra persona que esté detenida por el mismo caso en que se le vincula a ella no tenga la misma presión social y con mayor facilidad se le puede dejar en soledad. “Hay que considerar que la represión va parejo, por supuesto quieren desarticularnos por ser líderes o defensores de derechos humanos, pero también hay personas individuales que se han organizado desde su indignación, entonces quieren callarlos”, afirmó.

Para Sactic, el mensaje de la Fiscalía a personas y colectivos es “aténganse a las consecuencias que esto puede pasar ante las diferentes manifestaciones, acciones públicas que se han hecho contra este gobierno, se ve claro que van a ir contra todos para poder callar las diferentes protestas que se vienen haciendo en las calles”.

Durante la audiencia de primera declaración, el fiscal Jorge de León indicó que otras personas están siendo investigadas por los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2020. Además, dijo que están solicitando autorización judicial para acceder a perfiles en redes sociales de estas personas. “Existe una resolución judicial a través de la cual se faculta al MP a requerir información privada de las cuentas de redes sociales de dichas personas y de otras que están siendo objeto de investigación y que el MP vaya individualizando dentro de la presente investigación”, señaló.

Lo afirmado por el fiscal coincide con la línea que Consuelo Porras, jefa del MP, expresó de manera pública en septiembre pasado al indicar que pedir la renuncia de funcionarios o empleados públicos puede constituir un ilícito penal, esto en medio de masivas manifestaciones ciudadanas en su contra y del presidente Alejandro Giammattei, para solicitarle su renuncia.

En un comunicado de prensa, el procurador de Derechos Humanos (PDH) expresó su preocupación por estas detenciones. En el caso de Chiriz Sinto fue una de las personas agredidas en la manifestación del 21 de noviembre como quedó documentado en videos, redes y fotos. La Procuraduría señaló que ella fue vigilada e intimidada en su trabajo y vivienda por un año.

A la fecha, las investigaciones de esta y otras denuncias por violaciones a los derechos humanos de manifestantes y periodista no presentan ningún avance en el MP, puntualizó Rodas en el comunicado.

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Avispa Midia

AMLO implementa un “régimen de excepción” para ejecutar megaproyectos

Por Sare Frabes

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y hasta instancias del gobierno federal se han manifestado en los últimos tres días en contra del acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas a infraestructura a cargo del Gobierno de México, como es el caso del Corredor Transístmico y el Tren Maya. La norma administrativa ya está en vigencia.

“El Acuerdo resulta problemático (…) ya que genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México”, sostienen en un comunicado diversas organizaciones sociales como el Artículo 19 México y Centroamérica,  Centro de Derechos Humanos – Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Ver también: Tren transístmico será una bestia que cruzará miles de toneladas cada 17 minutos

De acuerdo con estos organismos, es inconstitucional que, mediante una norma administrativa, “se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional”. Bajo este sello, el gobierno puede reservar indiscriminadamente las informaciones relacionadas con los proyectos.

La medida “genera una aplicación restrictiva del derecho de acceso a información y la máxima publicidad, pues posibilita que cualquier información pueda ser interpretada arbitrariamente como de seguridad nacional”, sostienen. Sin embargo, la restricción debería “llevarse a cabo sólo bajo un análisis casuístico de los contenidos de cada una de las obras para valorar si dicha clasificación procedería”.

En el acuerdo se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional de permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras en un plazo de cinco días de la solicitud. “Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, dice el acuerdo.

Dicha autorización tendrá una vigencia de 12 meses, tiempo para que se emita la autorización definitiva. Con ello, se eliminan las “obligaciones a las que el Estado Mexicano se ha comprometido y debe cumplir (…) tales como la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada con relación a dichos proyectos”, dicen.

Las organizaciones denuncian que, al establecer como de interés público estos proyectos – es decir, pasan a tener carácter preferente frente a cualquier otro uso del territorio -, el gobierno federal contraviene también el derecho a la tierra y territorio de pueblos indígenas y el derecho a la propiedad de los núcleos agrarios, “pues dicha propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado Mexicano se ha comprometido”.

Reacciones

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) anunció en el mismo día de la publicación del acuerdo que está preparando una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo.

El órgano sostuvo que “exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”.

Las organizaciones que firman el comunicado hacen un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión para que “activen los mecanismos legales que resulten procedentes contra el Acuerdo, para resguardar los preceptos constitucionales”.

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Camino Al Andar

Demanda el cese inmediato de las agresiones contra las comunidades zapatistas

 Ilustración: Dante Aguilera

El colectivo Llegó la hora de los Pueblos demanda el cese inmediato de las agresiones contra las comunidades zapatistas

En días recientes tuvimos conocimiento de nuevos ataques armados por parte del grupo paramilitar Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) en contra de la comunidad autónoma zapatista de Moisés y Gandhi, perteneciente al Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”. Tenemos información de que, además de disparar en varias ocasiones contra casas de integrantes de la comunidad, los paramilitares incendiaron las instalaciones de la Escuela Secundaria Autónoma Zapatista “Siguiendo el Caminar de los 2 Mártires”. Estos actos son violatorios de los derechos humanos de la niñez zapatista y contribuyen a situaciones de trauma que afectan su salud física y mental.

Este nuevo ataque contra comunidades zapatistas forma parte de las agresiones sistemáticas y recurrentes que ha perpetrado el grupo paramilitar ORCAO, embestidas en las que se han documentado delitos como ataques armados, secuestros, tortura y desplazamiento forzado, por mencionar sólo algunos. En noviembre de 2020, en el contexto de otro ataque similar, las propias autoridades zapatistas señalaron que el grupo paramilitar ORCAO desvió recursos oficiales destinados a la construcción de una escuela primaria para la compra de armas de alto calibre.
En el colectivo Llegó la hora de los Pueblos demandamos el cese inmediato de estas agresiones, así como la investigación de redes de corrupción e impunidad que permiten el financiamiento y operación de grupos paramilitares como la ORCAO.

A los pueblos de México y del mundo los llamamos a observar, denunciar y solidarizarse con los pueblos ante la grave situación que acontece en el estado de Chiapas. A las comunidades Bases de Apoyo Zapatistas y al EZLN les reiteramos todo nuestro aprecio, reconocimiento y solidaridad.

 Atentamente
 Llegó la hora de los Pueblos

Colectivo de Apoyo al CNI CIG – EZLN

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Avispa Midia

Estudio evidencia que ‘minería verde’ contamina lo mismo que la tradicional

Por Sare Frabes

La Agencia Internacional de Energía (AIE) calcula que para concretar la transición energética mundial hacia energías consideradas ‘limpias’, prevista en el Acuerdo de París de 2015, será necesario cuadruplicar la extracción de metales y minerales entre 2020 y 2040.

Litio, cobre, grafito, cobalto, níquel y tierras raras son los seis minerales claves para la fabricación de tecnologías eólicas, solar, redes eléctricas y vehículos eléctricos que requieren, por ejemplo, seis veces más metales y minerales que un coche convencional.

Los mecanismos para acelerar la extracción de estos minerales están siendo puestos en marcha especialmente por organismos supranacionales. El Banco Mundial, por ejemplo, lanzó un fondo para promover lo que ha denominado como “minería climáticamente inteligente”, de tal manera que busca “garantizar que los minerales necesarios para la transición a las energías limpias se produzcan y suministren de manera sostenible y responsable”, menciona la institución en un informe.

La inversión inicial prevista por el Banco Mundial es de 50 millones de dólares en un plazo de cinco años. Entre las iniciativas promovidas y financiadas por esta instancia está la prestación de “asistencias a los gobiernos para crear un sólido marco de políticas reglamentarias y de orden legal que promueva la minería climáticamente inteligente y que genere un entorno propicio para el capital privado”, sostiene el organismo.

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Pero, como sostienen empresas mineras, Estados y organismos de financiamiento, ¿los impactos sociales y ambientales de la minería climáticamente inteligente o minería verde, como también es llamada, son menores cuando son comparados a la minería que hasta ahora se realiza?

Un mapeo colaborativo realizado por comunidades afectadas en nueve países de las Américas -Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos y Canadá- y los equipos del Atlas de Justicia Ambiental y MiningWatch Canadá revela que no.

“(…) Estos proyectos no son distintos, en su tamaño, ni técnicas previstas de extracción y procesamiento de minerales -o sus modos de gestión y relacionamiento comunitaria- que las grandes minas ya existentes en el continente para la extracción de minerales ‘tradicionales’ como el oro, la plata o el mismo cobre, que ya han generado graves impactos socioambientales”, revela el estudio, en el cual fueron analizados 25 casos distintos.

Algunos de los proyectos de litio o grafito analizados en el estudio pretenden, por ejemplo, hacerse en depósitos de roca, con minería a cielo abierto. Un ejemplo de ello es la mina Sonora Lithium en México, la cual será a tajo abierto (129 hectáreas) que generará 131 millones de toneladas de residuos durante los 20 años de producción, así como 25 millones de toneladas de relaves húmedos.

Además, las políticas de la transición energética están expandiendo la frontera de extracción hacia ecosistemas frágiles y poco conocidos tales como salares y lagunas altoandinas y aumentando la presión extractiva en ecosistemas y áreas especialmente sensibles y biodiversas como la Amazonía, bosques húmedos, lagunas, valles y montañas. “Este proceso tiene lugar de forma atropellada, sin respeto a los derechos del ambiente y de las comunidades que habitan los territorios”, dice el estudio.

No importa lo ‘verde’ que se pinte el mineral extraído. “El hecho de extraer litio o grafito, en lugar de oro, plata o carbón, no vuelven esos proyectos más verdes o sustentables. Son proyectos que usan grandes cantidades de agua, materiales y energía y que generan grandes cantidades de residuos mineros. Existe mucha opacidad e incertidumbres sobre la gestión y tratamiento de los residuos mineros, especialmente en el largo plazo. Estos generalmente quedan enterrados como una ‘bomba de tiempo’ por siglos”.

Violencia

Los casos documentados evidencian las diferentes formas de violencia que se ejercen sobre las comunidades que se oponen al avance de la frontera extractiva en sus territorios.

“Desde la violencia sobre los cuerpos (contaminación del agua), impactos sociales (llegada masiva de trabajadores mineros, aumento de alcoholismo y prostitución, etc.), la falta de reconocimiento de las comunidades y sus cosmovisiones, amenazas, intimidación, hostigamiento, falsas acusaciones y denuncias sobre defensoras, así como enjuiciamientos y encarcelamientos con procedimientos legales opacos. Las comunidades también señalan procesos de cooptación, división comunitaria impulsadas desde los sectores promotores de la minería”.

Un patrón recurrente en los proyectos mineros documentados es la poca información que se ofrece a las comunidades, con omisiones en algunos casos, así como la falta de espacios de participación.

¿Dónde están los minerales?

El continente americano, especialmente la región latinoamericana, tiene una posición estratégica para la extracción y las reservas de estos minerales.

De acuerdo con el estudio, en el caso del litio, por ejemplo, Chile (22%), Argentina (7,5%) y Brasil (2,3%) concentran casi un tercio de la extracción global actual. Bolivia, Argentina y Chile poseen el 58% de las reservas estimadas de litio y si se suman las reservas de EEUU, Canadá, México y Perú, el continente americano concentra tres cuartas partes de las reservas mundiales de litio.

En el caso del cobre, el mineral con mayor demanda estimada, el 40% de la extracción mundial actual está repartida entre Chile y Perú. Si sumamos a estos dos países la extracción en los EEUU, en Canadá y en México, América concentra más de la mitad de la extracción mundial de cobre.

Esos países concentran también casi la mitad de las reservas, principalmente Chile y Perú. Destaca también la presencia de otros metales y minerales en el continente americano. Los EEUU extraen el 15% de las tierras raras en el mundo y Brasil concentra el 17% de sus reservas mundiales.

En el caso del grafito, Brasil extrae el 8,6% y posee el 21,6% de las reservas mundiales. Y para el níquel, Canadá extrae el 6% y Brasil posee el 17% de las reservas. En este sentido cabe destacar que este informe no ha documentado adecuadamente la alta conflictividad minera en Brasil, que sí puede observarse en el mapa interactivo que acompaña este reporte.

Acumulación por descarbonización

La propuesta de transición energética gubernamental y corporativa representa más bien, alerta el estudio, “una transición de mercado que está creando nuevos procesos especulativos, diversificando los nichos y movimientos de capitales en un nuevo proceso de ‘acumulación por descarbonización’”.

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Por otra parte, los pueblos son claros: “No existe justicia climática si es extractivista”.

Aquí puedes checar el mapa interactivo, resultado del trabajo de mapeo, que documenta algunos de los impactos sociales y ambientales de la minería de litio, cobre y grafito en los países estudiados.

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Radio Kurruf

[Video-Entrevista] Héctor Llaitul «Un pueblo oprimido tiene derecho a la violencia política para lograr su liberación nacional»

Recientemente Héctor LLaitul vocero de la Coordinadora Arauco Malleco ha entregado declaraciones respecto del pensamiento y accionar político de la CAM. De qué manera llegan a abrazar la lucha armada como mecanismo de autodefensa frente al extractivismo y la violencia policial. Legitimado por el genocidio y despojo histórico por parte del Estado de chile hacia el pueblo mapuche. Declara:

«Ciertamente nosotros como organización autonomista, que luchamos bajo una propuesta muy clara de la cual hemos dado cuenta en todos nuestros planteamientos, en nuestras declaraciones, en nuestros comunicados, asumimos el componente de la violencia política como absolutamente legítima toda vez que somos o nos sentimos un pueblo oprimido. En materias de territorialidad, en materia de autonomía, de soberanía. Por lo tanto, la violencia no la instalamos nosotros, está instalada desde el momento mismo que hay una ocupación a sangre y fuego, una ocupación político militar de parte de dos Estados en contra de nuestro pueblo.
Nosotros reivindicamos todo el contenido que nos han legado en sus aspectos valóricos, ideológicos, culturales para reconstruir. Y ahí está muy fuertemente esto de la plataforma que hablamos, del control territorial, para la recuperación de las comunidades, la reconstrucción de las Futalmapu y finalmente la reconstrucción del Wallmapu. Entonces cuando nosotros hacemos referencia a esta línea de resistencia, hablamos de sabotaje por la necesidad concreta, histórica y en el terreno, de hacer frente a las políticas destructivas y de acorralamiento de las comunidades que son llevadas adelante por el sistema de propiedad usurpado, principalmente de la industria forestal, entonces hacemos una reivindicación y una legitimización de las acciones de resistencia en ese plano, con el sabotaje.
Nosotros sustentamos por ejemplo el ámbito miliciano o militar de acción acotado a un plano netamente de reconstrucción de nuestro Pueblo, es decir bajo una propuesta eminentemente política, y esto se hace circunscrito a un radio de reivindicación territorial, de reivindicación ideológica y cultural de nuestro pueblo, y no tiene que transitar en otro ámbito que se supone que podría entenderse como la supremacía de lo militar por sobre lo político.»

Héctor Llaitul, vocero CAM, noviembre de 2021.

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Radio Pozol

Violencia paramilitar ahora contra indígenas Zoques en Chiapas, denuncian desde el norte del estado

Chiapas, México. 23 de noviembre. “No te vayan a hallar, porque te van a salir matando, me dijeron. Me metí en el montazal. Pasé en el puro filo de la montaña, lo bueno que libré mi vida… ¿Por qué lo hicieron eso? ¡Nunca lo había visto eso!”, comenta un niño de 12 años que junto con mujeres, niños, ancianos y hombres zoques, fueron desalojados con golpes y balazos el pasado domingo 21, por la mañana, de su comunidad, el ejido Esquipulas Guayabal del municipio de Chapultenango, por parte de un grupo de corte paramilitar, señalaron.

Hasta este martes 23, las 40 personas desalojadas violentamente de sus tierras en las faldas del volcán Chichonal, permanecen en la cabecera municipal sin que alguna autoridad de cualquiera de los tres niveles defina cuando podrán volver a sus tierras y recuperar sus casas, ganado, gallinas y cosechas.

“Salimos sin zapatos, sin ropa, sin documentos, sin dinero, perdimos todo, ahora no tenemos de qué vivir”, expresan los ejidatarios que describen a los atacantes con vestimenta militar y armas R-15 y cuerno de Chivo, provenientes del municipio vecino, Rincón Chamula, los cuales “poco a poco se han ido asentando en la zona y apoderándose de vastas hectáreas de terreno”, denuncian las familias agredidas.

Otras de las personas a la que los ejidatarios responsabilizan del clima de violencia en la zona son: el profr. Alejandro Morales, el sr. Elías López y el ex comisariado Moisés Domínguez Bautista, a los cuales señalan de querer lucrar con las tierras ejidales. “La tierra no se vende, es patrimonio de los abuelos”, aseguran las y los indígenas zoques del norte de Chiapas.

“Queremos Justicia. Queremos que el gobierno nos tome en cuenta, que no nos tenga en esta situación”, exigen las familias afectadas, quienes denuncian que durante el desalojo sufrieron de golpes, patadas, tirones de cabello, garrotazos, culatazos y disparos a un lado de los pies y la cabeza mientras huían. “Nosotros ganamos la sentencia”, explican los ejidatarios de Guayabal, en referencia a la sentencia del tribunal agrario del pasado día seis de octubre, en el que las autoridades reconocen como únicos dueños a los ejidatarios zoques agredidos, lo que habría provocado el descontento de los atacantes, explican.

“Los viejitos tenían más idea. Nosotros no queremos perder El Costumbre, queremos heredarlo a nuestros hijos” aseguran los ejidatarios ahora despojados de sus tierras. “El Procede (ahora Fanar) afecta al ejido, el certificado de parcela significa que puedes vender la tierra”, exponen los indígenas zoques quienes años atrás denunciaron el registro ilegal de sus tierras en el entonces Procede, logrando la eliminación de dicho registro y que sus tierras estuvieran disponibles al “mejor postor”.

Las y los ejidatarios repudian enérgicamente la agresión en su contra y aseguran que harán lo necesario para dar con los responsables materiales e intelectuales de la violencia hacia sus familias.

En la región norte del estado, desde el 2017 diversas comunidades han denunciado lo que ellos llaman “la llegada de los proyectos de muerte”, en referencia a proyectos extractivos en el territorio zoque, como son: 12 pozos petroleros en 84,500 hectáreas; 11 concesiones mineras en 70 mil hectáreas; 1 proyecto geotérmico sobre 15 hectáreas en Francisco León, Chapultenango y Ostoacán; así como una represa en San Antonio Poyamó, Ocotepec, lo que despierta suspicacias en las comunidades del porqué de la urgencia del gobierno para que los ejidos puedan vender sus tierras.

Colectivos y organizaciones sociales nacionales e internacionales han condenado el ataque a los ejidatarios zoques de Guayabal, como es el caso del colectivo italiano Nodo Solidale, quienes señalan que “el Gobierno Federal mexicano, siguiendo los pasos del manual militar de la OTAN sobre guerras asimétricas, alimenta la fragmentación (y despojo) del territorio sin exponerse como actor militar activo, está omitiendo e ignorando las posibilidades de solución pacífica en los diferentes conflictos e impulsando la conformación de grupos civiles armados confrontados”, como en el caso de conflictos en las comunidades de Aldama, Venustiano Carranza, entre otras.

Antes del término de la presente edición los ejidatarios de denunciaron “actos de hostigamientos hacia la población albergada de Esquipulas Guayabal, por parte de funcionarios regionales del INPI”, quienes bajo amenazas impiden a las familias hablar de manera libre o externar sus preocupaciones a los medios de comunicación, denuncian los ejidatarios.

Información relacionada:

https://www.facebook.com/502679913100310/posts/4940480485986875/

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Radio Kurruf

[Comunicado] Werken Carolina Marileo Saravia inicia huelga de hambre en cárcel de Angol

A través de este comunicado público nos dirigimos a los diferentes lof en resistencia del wallmapu, a los weichafes que estan en lucha directa que estan en contra de las grandes empresas forestales, latifundistas y distintas empresas capitalistas pu peñi pu lamgen compuche las organizaciones sociales y personal individuales que apoyan y simpatizan nuestra causa mapuche:

Kiñe: Nuestra lamgen Carolina Marileo Saravia werken y dirigente del Lof Boyen mapu de ercilla, actualmente en prisión preventiva en la cárcel de angol hace aproximadamente 3 meses en la sección femenina y bien reconocida en el sector de ercilla por ser una lamgen de lucha y firmeza en la recuperación del territorio, así también enfrentando distintos hechos de persecución que le a tocado llevar en el camino de la lucha, persecuciones por parte del estado de chile y de empresas forestales y del ministerio público.

Epu: En el centro penitenciario de angol a formalizados, en muchas ocasiones se ha establecido un diálogo para pedir mejores condiciones carcelarias tanto de forma verbal a través de escritos dirigido al alcaide Rafael Rojas Cidy al director regional en su monto, al Director Leonardo Barrientos y actual nuevo director regional de la Araucanía Diter villaroel, obteniendo nula respuesta de las peticiones hasta el momento que se expone a continuación.- Alimentación propia de acuerdo a las costumbres mapuche asi tambien su preparacion.- Módulo diferente al resto de la población por no conicidir con el tipo de pensamiento y forma de actuar asi como de acuerdo a las costumbres y tradiciones mapuche, en un lugar donde se pueda realizar ceremonia de forma tranquila.- Visita extendida de un horario de 10 a 16 horas 2 veces por semana, entendido de anguna forma la supuesta pandemia en la que siempre se excusa gendarmería pero que todo puede ser conversable para llegar a un acuerdo.- Visita de familiares amigos dentro de la sección femenina en el espacio umi donde se encuentra actualmente mientras se llega algún tipo de conversación satisfactoria de gendarmería.

Kula: Por todo lo expuesto anteriormente y debido a la incapacidad y falta de diálogo por parte de la institución de gendarmería nuestra lamgen a decidido realizar huelga de hambre liquida desde el dia de hoy 22 de noviembre del 2021, solicitando que se le resuelvan sus demandas ya mencionadas y en apoyo a los 6 huelguista del módulo solicitando similares condiciones carcelarias y en la que se encuentra otra miembro de la comunidad Boyen mapu, JuanToro Manquel.Esta huega de hambre liquida y de carácter indefinida o hasta que se de soluciones a sus demandas y toda situación que le ocurra a nuestra lamgen Carolina Marileo Y Juan Toro será responsabilidad Directa de Gendarmeria y del estado debido a las diferentes persecuciones que se realiza a nuestra gente.

Meli: A quienes conocen nuestra lamgen y peñi le pedimos apoyar y manifestarse en favor a su petitorio y dejando en libertad de acción a los peñi y lamgen en apoyo la movilización, cuidándose en tiempo de militarización que existe en diferentes territorios.

Fuera Forestales del Wallmapu y yanaconas.

Libertad a los presos políticos mapuche y de la revuelta social.

Marrichiweu!!»

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ViajeZapatista.eu

Denunciamos Las Agresiones A Las Bases De Apoyo Al Ezln Del Caracol 10 Moisés-gandhi, Perteneciente A La Junta De Buen Gobierno «Nuevo Amanecer En Resistencia Y Rebeldía Por La Vida Y La Humanidad», Caracol 10 Floreciendo La Semilla Rebelde

Denunciamos las agresiones a las Bases de Apoyo al EZLN del Caracol 10 Moisés-Gandhi, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno «Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad», Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, por parte de los paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).

El pasado 21 de Noviembre los paramilitares de la ORCAO de la comunidad San Antonio Las Flores, que a la vez están dentro de la Región Siete de Febrero, hicieron un recorrido para revisar las tuberías de agua a las 10 de la mañana. Durante ese recorrido comenzarona a disparar desde diferentes puntos hacia la comunidad de Moisés Gandhi.

Así estuvieron disparando de manera intermitente, varios disparos de alto calibre impactaron en tres casas de la comunidad poniendo en riesgo a las BAEZLN de la comunidad.

A las 4.30 de la tarde, un grupo de los paramilitares se acercó hasta la Escuela Secundaria Autónoma Zapatista “Siguiendo el Caminar de los  2 Mártires” de la comunidad y prendió fuego a tres aulas. Cabe recordar que esta escuela autónoma ya sufrió otro ataque armado por parte de la ORCAO el pasado 14 de octubre.

Este grupo paramilitar ha llevado a cabo acciones al amparo de las autoridades del municipio de Ocosingo en donde su principal líder es funcionario del municipio. Actúan cobijado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Entre los ataques que ha llevado a cabo la organización ORCAO y que se han denunciado públicamente, se envuentran los siguientes:

– El saqueo, robo y quema de la tienda el Arco Iris el 22 de agosto de 2020, ubicada en el crucero Cushuljá, municipio de Ocosingo.

– El día 8 de noviembre de 2020 la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva denunció “el secuestro y tortura de un compañero Base de Apoyo Zapatista de la comunidad de San Isidro, anexo de Moisés Gandhi, por parte de la organización paramilitar llamada ORCAO.”

– El día 11 de septiembre de 2021 el grupo paramilitar secuestró a dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno a José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, manteniéndolos en calidad de desaparecidos hasta el día 19 de septiembre.

Exigimos al gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador actúe de manera responsable y detenga las agresiones por parte de la Orcao.

Exigimos al Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, actué responsablemente y deje de desestabilizar al Estado de Chiapas.

Exigimos respeto al derecho a la autonomía de las comunidades Zapatistas y a su derecho de la libre determinación.

¡Los Zapatistas No están solos!

Desde Slumil K´Ajkemk´Op, 23 de noviembre de 2021

 Alemania

Café Libertad Kollektiv Hamburgo

Citizens Summons Bonn

Colectivo Gata-Gata

Colectivo Libertad, Austria

FiA - Frauen in Aktion Göttingen

Globale Film Festival Berlin Berlin

Interventionistische Linke

Maiz - Autonomes Zentrum von & für Migrantinnen

TOKATA-LPSG RheinMain/Germany - Asociación de Apoyo a Proyectos Sociales, Culturales, Ambientales y de Derechos Humanos de los Indígenas y Grupo de Apoyo al Preso Político Indígena Leonard Peltier

Ya Basta Rhein Main

Austria

Bund demokratischer frauen österreichs

Colectivo Acción Solidaria Viena

Friedensplattform Steiermark

Informationsgruppe Lateinamerika–IGLA, Wien

Guatemala Solidarität Österreich, Wien

Palästina Solidarität Steiermark

System Change, not Climate Change! Austria

Solidaritätskomitee MexikoSalzburg

Zapalotta-Netzwerk

Bélgica

Casa Nicaragua Liège

CETRI - Centro tricontinental

CVFE, Liège

Groupe CafeZ, Liège Liège

RAZB red de acogida de l@s Zapatistas en Bélgica

Catalunya	

Adhesiva, espai de trobada i acció Barcelona

Ass. Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai

Bruixes Salines de Súria

Debats a Súria

Pallasos en Rebeldia

Taula per Mèxic, Barcelona

Chipre

Colectivo Ramona (Chipre)

Escocia

Scotland Zapatista

Estado Español

Acción Poética Revolucionaria - Madrid

Alkarama. Movimiento de mujeres palestinas

Asamblea 8M Getafe

Asamblea 8M Latina

Asamblea de Vivienda Carabanchel

Asamblea Plaza de los Pueblos

Asamblea Gira por la vida de Burgos (Castilla)

Asociación Arte y Memoria - Madrid

Asociación Cultural Cofradía Marinera de Vallekas.

Asociación Entreiguales, València, País Valencià

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (Cuenca)

Asociación Teatro de la Tierra

Assemblea de Solidaritat amb Mèxic del País Valencià

Bienvenidxs Refugiadxs Alcalá de Henares

Caracol Gredos e Iglesuela

Caracol Extremadura

Casa de la dona de València, País Valencià

Cedsala, País Valencià

Centro de Documentación sobre Zapatismo -CEDOZ- Madrid

Centro Revolucionario de Arqueología Social (CRAS)

Centro Social Autogestionado La Enredadera de Tetuán

Centro Social La Villana de Vallekas

CGT MENORCA, Menorca

Colectivo Histéricos

Comisión Migración y Antirracismo 8M Madrid

Comité de Emergencia Antirracista

Comitè Acollida Zapatistes - Illes Balears i Pitiüses Illes Balears i Pitiüses

Confederación General del Trabajo (CGT) Madrid-Castilla la Mancha-Extremadura

Confederación General del Trabajo (CGT) SOV Corredor del Henares

Confederación General del Trabajo (CGT) Zona Sur, Madrid

Confederación General del Trabajo (CGT) Metal, Madrid

Confederación General del Trabajo (CGT) Sanidad, Madrid

Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Colmenar Viejo

Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Extremadura

Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Mérida

Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Sierra Norte

Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Comarcal Sur, Madrid

Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad (CAS) Madrid

Coordinadora Antifascista de Madrid

CSOA La Enredadera (barrio de Tetuán, Madrid)

Ecologistas en Acción

En Madrid Otra Italia

Escuela Popular de Prosperidad

Espacio Sociocultural Liberado Autogestionado EKO

Espacio Tangente. Centro Autogestionado de Creación Contemporánea de Burgos (Castilla)

Federación Estudiantil libertaria, Universidad Complutense de Madrid

Federación Estudiantil Libertaria, Universidad Autónoma de Madrid

Festival Memoria Democrática

Fridays for Future, Madrid

Fundación Anselmo Lorenzo (CNT)

Guerreros de Luz - Danzantes Mexicas

Instituto de Imaginación Radical (IRI)

Juventud Antifascista de Hortaleza

La Comuna, asociacion de presxs y represaliadxs por la dictadura

La Hedera

La Parcería

La Tasquiva, (Granada)

La Trueca

La Villana de Vallekas, Madrid

LesbianBanda, Valencia

Madrid Agroecológico

Marea Azul 15M

Mostoles feminista

Movimiento Marika de Madrid

Mujeres CGT - Madrid

Mujeres Libres de Extremadura

Mujeres Libres de Madrid

Mujeres Sembrando (Mérida)

Pallasos en rebeldía

Pallasos En Rebeldia, Galicia

Pallasos En Rebeldia, Madrid

Pensaré Cartoneras Valencia/Chiapas, País Valencia

Perifèries del Mon, País Valencià

Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II

Plataforma por Honduras

Pueblos vivos: Fraguas y Navalquejigo

Red de Hondureñas Migradas

Red Solidaria de Acogida

Redretro. Sistema de Transporte Onírico

Rojava Azadi Madrid

Samidoun España

Samirviveart

Taller Ahuehuete

Vallekanas Feministas Km9

Women Defend Rojava - Madrid

Y retiemble! Espacio de apoyo al Congreso Nacional Indígena desde Madrid

Euskal Herria

Bigite Elkartea - Asociación Vizcaína de Integradoras/es Sociales y Animadores/as Socioculturales Bizkaia

Bizilur Euskal Herria

ELA sindikatua

Ermuko komite internazionalistak

Gernikatik Mundura ONGD Euskal Herria-País Vasco

Lumaltik Herriak

Mundubat

Ongi etorri errefuxiauak

Podemos Ahal dugu - Podemos Euskadi

TxiapasEKIN Euskal Herria

Zapatisten Lagunak y GABILTZA

Finlandia

Colectivo Armadillo

Francia



Asociacion Americasol (Red escargot)

Collective París-Ayotzinapa

Collectif Causeries Populaires (Vendée, Francia)
Yala Colectiva (Nantes, Francia)

Colectivo del Segala Abajo a la Izquierda, la Salvetat-Peyralès, Aveyron, Francia

Groupe Zapatiste Gersois France Gers

Latir x Mexico

Tierra y Libertad para Arauco - Wallmapu

Union syndicale Solidaires

Zapateria Toulouse

Union Syndicale Solidaires

Grecia

Psy Initiative for a Multidimentional Movement in Mental Health

Acción Alternativa para la Calidad de Vida

Asamblea de recepción de l@s Zapatistas en la ciudad de Veria

Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista

Asociación Cultural Ambiental de la península de Mani - PERI.POL.O MANIS, Peloponeso

Chispa de Solidaridad con l@s Zapatistas

Clinica y farmacia solidaria social de ilio la Atica

Colectivo autoorganizado "Nosotr@s"

Colectivo Calendario Zapatista

Colectivo de comercio solidario "Lacandona"

Colectivo libertario Fiore Nero

Comunidad Cooperativa de Autosuficiencia "ApoKoinou"

Cooperativa de Comercio Solidario "Syn Allois"

Coordinación de la ciudad de Kalamata para el viaje de l@s zapatistas a Europa

Coordinación de Peloponeso por el viaje zapatista

Editorial de extranjer@s, Tesalónica

Emeis- A.S.Kalavriton

Equipo pedagógico Freinet "Skasiarheio" (Escuela atrasado)

Espiral de solidaridad-semilla de resistencia

Grupo de Salud Mental - Covid19: Solidaridad de Tesalónica

Iniciativa Libertaria "Ágria Neda"

Kukuva Empesa Social Cooperativa de Beneficio Colectivo y Social (Kalamata)

Las Ediciones de Colegas

Movimiento Antiautoritario de Tesalónica

Movimiento Antifascista de Kalamata

Odo, Colectivo Libertario

Steki Metanaston Atenas - Centro Social (Coordinación Tsamadou)

Trabajador@s cooperativ@s de minería industrial (Cooperative workers of industrial mining, SE VIOME) Salónica, Griego (Thessaloniki, Greece)

Italia

Associazione Jambo, commercio equo Fidenza

Asociación Ya basta! Êdî bese! Italia

CIAC ( centro immigrazione, asilo, cooperazione internazionale), Parma

Csa Intifada/Comunità in Resistenza Empoli

LAPAZ Italia (asamblea italiana de coordinación del Viaje por la Vida)

Portugal

Associação Cultural Circuloscópio Portugal

Coordenadora Nacional Gira Zapatista - Portugal

Diem25 Portugal

Fórum Indígena Lisboa

Jornal MAPA

Núcleo de Lisboa da Rede 8 de Março - Greve Feminista Internacional 8M Portugal



Reino Unido

Zapatista Solidarity Network

London Mexico Solidarity

Manchester Zapatista Collective

Suiza

Colectivo Zapatista de Lugano

Collettivo Antirazzista R-Esisitiamo

Direkte Solidarität mit Chiapas, Zürich

SOA il Molino

Otros

León Resiste, Guanajuato

Museum for the Displaced Lisboa, global

radio
Avispa Midia

Pueblos Unidos: Autoridad vinculada a empresas es responsable de detenciones violentas

Por Samantha Demby

En portada: Pese a la presencia de autoridades locales, personas agredieron físicamente a participantes de asamblea comunitaria convocada por el presidente municipal.

Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y las Guardianas del Río Metlapanapa, junto con decenas de organizaciones y colectivos, denunciaron la detención arbitraria y actos de violencia en contra de defensores comunitarios, en el contesto de la lucha por defender el agua de la extracción y contaminación por parte de empresas multinacionales en esta región volcánica del estado de Puebla.

En la mañana del domingo (21), la policía municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, detuvo a Alejandro Torres Chocolatl y Michel Torres, miembros de la Radio Comunitaria Zacatepec y de Pueblos Unidos. De acuerdo con el comunicado publicado por los Pueblos Unidos, la detención ocurrió cuando se salió de control la asamblea comunitaria convocada por el presidente municipal, el perredista José Cinto Bernal, con el fin de discutir la reapertura del registro Civil de Santa María Zacatepec.

Cabe recordar que la población cerró la alcaldía en febrero de 2020, para protestar en contra de la decisión de las autoridades comunitarias de permitir que las empresas vertieran residuos industriales tóxicos en el río Metlapanapa.

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Pueblos Unidos denuncia que el edil acudió a la reunión con un grupo de choque, compuesto por “un gran número de personas que desde el principio no permitieron el diálogo respetuoso, interrumpiendo a los participantes que expresaban una opinión diferente, e intentado rebatar el micrófono de los participantes”.

Hubo un enfrentamiento físico durante la asamblea que tuvo como saldo varias personas golpeadas y heridas, de acuerdo con el comunicado. Pueblos Unidos señala que el presidente municipal, quien acaba de tomar posesión el 15 de octubre con la promesa de “estar del lado del pueblo”, no intentó controlar la violencia, sino que continuó la asamblea y reabrió la presidencia auxiliar “por la fuerza”.

La asamblea fue resultado de un acuerdo tomado entre Cinto Bernal y las Guardianas del Río Metlapanapa –organización que también participa en el frente de comunidades Pueblos Unidos, que lucha contra la empresa embotelladora Bonafont–, después de que el recién electo presidente municipal intentó abrir la Alcaldía Auxiliar sin consultar a la población.

El edil fue acompañado por personal del Ministerio Público, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceas), aunque el asunto está fuera del ámbito de competencia de esta última, de acuerdo con la información recabada por Somos el Medio.

La Ceas, junto con las autoridades locales, apoyó a las empresas para que iniciaran la construcción de un sistema de drenaje que descargaría los desechos industriales en el río Metlapanapa, a pesar de que el proyecto carecía de permisos de la Conagua o la Semarnat, de acuerdo con funcionarios de las mismas dependencias. Las comunidades afectadas por el proyecto también denunciaron que el titular de la Comisión de Agua en ese momento, Alfredo Ávila Salazar, se desempeñó posteriormente como representante e ingeniero de la obra de drenaje.

Antes del mediodía, los defensores detenidos fueron liberados por las y los pobladores, quienes bloquearon el paso de la patrulla. Desde Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos, el comunicador liberado, Alejandro Chocolatl, se pronunció: “Como Radio Comunitaria Zacatepec, estabamos dando transmisión…de todo este evento, y también no nos libramos de ser golpeados, de ser perseguidos, de ser humillados. Porque a mi me tiraron, me golpearon, me dieron de patadas en las costillas, que esto lo voy a denunciar en la Fiscalía”.

Pueblos Unidos agregó en su comunicado: “Sabemos, que las razones del presidente municipal José Cinto Bernal, para abrir la Presidencia Municipal son más profundas que la reapertura de un registro civil: es la venta de las tierras a las empresas, es la contaminación de todos los ríos, es extinguir la resistencia comunitaria”. Y continua: “Desde la Casa de los Pueblos les decimos a los gobiernos corruptos y vendidos: no nos vendemos, no claudicamos y no nos rendimos. Nuestra defensa por lo más sagrado, el agua y la vida, continuará”.

 

radio
Avispa Midia

Chiapas: A un año de la devastación por Eta, familias zoques desplazadas continúan en el abandono

Por Sare Frabes

En portada: Derrumbe en la Esperanza tramo Rayón-Pantepec sepultó caminos que conectan con comunidades la Soledad, el Cacate y Zacatal. En el lugar fallecieron dos personas. Ante la inacción gubernamental, los habitantes se organizaron para remover los escombros. Foto: Centro de Lengua y Cultura Zoque

Los estragos tras el paso del huracán Eta entre octubre y noviembre del 2020, el cual afectó a millones de personas en el sur de México, Caribe y Centroamérica, aún se perciben en la situación de abandono que viven familias desplazadas de la región zoque, agravados por la indiferencia e inacción gubernamental.

Hace un año, las tormentas provocaron afectaciones en 54 municipios del estado, equivalente a 43% del territorio chiapaneco, así como la muerte de 20 personas. Específicamente, los impactos del huracán en la región zoque, al norte de Chiapas, se registraron en los municipios de Francisco León, Ixtacomitán, Tapilula, Rayón, Ixhuatán, Pantepec, Chapultenango, Tecpatán y Solosuchiapa.

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De acuerdo a un estudio realizado por Tlalli: Colectivo para la Evaluación y Prevención de Riesgos Geológicos y el Centro de Lengua y Cultura Zoque de Chiapas, el huracán Eta arrojó un saldo de 95 puntos colapsados, lo que impactó en una superficie de 150 hectáreas donde ocurrieron tres deslizamientos masivos, provocando tres muertes, así como la destrucción de viviendas habitadas por 60 familias de tres comunidades zoques.

Devastación

Pese a la gravedad de la situación, en la actualidad las comunidades zoques continúan vulnerables, sobre todo ante el periodo de lluvias, las cuales aumentan el riesgo de las poblaciones.

La humedad del suelo, las pendientes del mismo y la acelerada pérdida de la cubierta vegetal en unas 2 mil hectáreas de 20 municipios, principalmente por la ganadería, aumentan el riesgo. Foto: Protección civil

“Llovió casi 15 días, sin parar noche y día y es lo que nos vino afectar”, refieren testimonios de las y los afectados recopilados en un audio reportaje elaborado por la Red de Comunicadoras y Comunidadores Boca de Polen. Sobre la devastación acontecida un año atrás, enfatizan la indiferencia gubernamental, pues las personas de las comunidades realizaron labores de rescate, mientras las iglesias y organizaciones sociales dirigieron centros de acopio y albergues, así como el mapeo de las poblaciones afectadas.

Las familias zoques afectadas pertenecen a las comunidades de San Vicente y Santa Cruz en Tapilula, San Antonio el Canelar en Rayón, Carmen Tonapac en Chapultenango y Candelaria en Francisco León.

Hasta la actualidad, familias de la comunidad de Canelar se encuentran en el abandono, desatendidas por los tres niveles de gobierno. Tras a las fuertes tormentas de noviembre del año pasado, los terrenos de Canelar comenzaron a agrietarse y ante el riesgo de hundimientos, 22 familias se desplazaron para evitar quedar sepultadas. Después de salir con pocas pertenencias, las familias habitaron durante meses un ex albergue en la cabecera municipal de Rayón, donde denunciaron la precariedad del lugar.

“Nosotros teníamos nuestra escuela, teníamos cancha, teníamos un lugar donde se almacenaba el agua, tanque, teníamos nuestra capilla”, rememora Don Tomás sobre la experiencia en la comunidad que antes habitaban decenas de familias. “Allá estábamos felices, teníamos todo y aquí no estamos en nuestra casa, de mi parte yo estoy triste”, relata el testimonio de un niño zoque desplazado.

En el ejido Nuevo Esquipulas Guayabal, también en el municipio de Rayón, los caminos quedaron destruidos. Múltiples parcelas de cultivo presentaron deslizamientos y en consecuencia se perdieron cosechas de maíz, frijol y calabaza de un total de 232 campesinos.

Por otra pare, 36 familias zoques pertenecientes al poblado de Candelaria continúan refugiadas en el ejido San José Maspac, municipio de Francisco León, luego de la destrucción de sus casas y la pérdida de sus parcelas y ganado.

En el ejido Carmen Tonapac, municipio de Chapultenango, 17 familias construyeron sus casas improvisadas con sus propios recursos. Mientras, en el ejido San Antonio Acambak, seis viviendas presentan afectaciones. En dicho poblado, la escuela secundaria colapsó y la estructura del puente se encuentra con el riesgo de también colapsar.

Afectaciones en el ejido San Antonio Acambak. Foto: Centro de Lengua y Cultura Zoque

Debido a la omisión de los gobiernos local, estatal y federal las comunidades zoques se han organizado para visibilizar y denunciar la situación. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Canelar, las familias han solicitado una dotación de tres hectáreas de tierra para reconstruir su comunidad, pero su demanda no ha sido resuelta y mientras continúan viviendo en un terreno de una hectárea, el cual no cuenta con un plan de reconstrucción de viviendas ni de servicios básicos.

“La inacción de los tres niveles de gobierno evidencia una vez más el desprecio por parte de las autoridades hacia los pueblos indígenas del país”, señalan a través de una nota publicada por Radio Zapatista, mientras continúan denunciando la situación que a un año de la tormenta, aún sigue sin ser atendida.

Con información del Centro de Lengua y Cultura Zoque, Radio Zapatista y Boca de Polen

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