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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: David Hernández Salazar comparte el proceso de resistencia de su comunidad, Puente Madera, frente a la imposición de un parque industrial en el marco del megaproyecto del Corredor Interoceánico. Foto: El Sur Resiste

El indígena binnizá y agente comunitario de la comunidad Puente Madera, David Hernández Salazar, fue declarado culpable hoy, 30 de enero, en un proceso penal por ataque a las vías de comunicación y daños por incendio, tras 13 días de audiencia para el desahogo de pruebas y peritajes. La demanda fue impuesta por autoridades municipales de San Blas Atempa, en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec.

Salazar, quien también es integrante de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y del Congreso Nacional Indígena (CNI), ha representado a la comunidad indígena binnizá de Puente Madera en la reivindicación de su derecho al territorio que se ha visto vulnerado por la instalación en sus tierras comunes de un parque industrial en el ámbito del megaproyecto Corredor Interoceánico.

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El próximo 7 de febrero se retomará la audiencia que determinará la pena y sanciones, sin embargo, “continuaremos defendiendo y exigiendo la inocencia y libertad incondicional de David Hernández Salazar ante la fabricación de delitos y criminalización por su labor como defensor del territorio”, anunció la Asamblea Comunitaria de Puente Madera en un comunicado.

En julio de 2023, 23 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, en una Misión Civil de Observación, visitaron la comunidad binnizá y denunciaron actos de criminalización y difamación en contra de 17 defensoras y defensores de derechos humanos en Puente Madera. Las agresiones, argumentan, se deben a su labor de derechos frente la amenaza de imposición del Parque Industrial o Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) del Corredor Interoceánico en San Blas Atempa, incluyendo al defensor de derechos humanos, David Hernández Salazar.

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En un comunicado, organizaciones congregadas en el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas denunciaron que las acciones de judicialización en contra de Salazar se “dan como parte de la campaña de difamación, hostigamientos, persecución y amenazas por parte de los tres niveles de gobierno, instituciones estatales, la Sedena [Secretaría de Defensa Nacional], organizaciones partidistas, políticos y empresarios relacionados con la imposición” del parque industrial en tierras de uso común de San Blas Atempa.

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Durante este martes (30), se realizaron acciones de protesta ante instalaciones del poder judicial y de la fiscalía General del Estado de Oaxaca en las ciudades de Matías Romero y Huajuapan de León para demandar el cese a la criminalización en contra de los defensores del territorio de Puente Madera y de Santa María Mixtequilla, también impactada por la creación de un polo de desarrollo.