Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Por Renata Bessi | Avispa Midia

El Polo de Desarrollo para el Bienestar de San Blas Atempa tuvo la suspensión decretada por la justicia mientras se resuelve el amparo interpuesto contra el megaproyecto, por la comunidad indígena Binniza de Puente Madera, en el municipio de San Blas Atempa. El polo, que prevé la construcción de un parque industrial en tierras comunales, es uno de los 10 previstos a lo largo del Corredor Interoceánico.

La decisión implica que “no se podrá hacer la licitación del polo de desarrollo”, lo que sería el próximo paso en el proceso de construcción de la megaobra, explica el abogado que asesora a la comunidad, Juan Carlos Flores.

La administración del Corredor Interoceánico se manifestó, luego de la decisión judicial, garantizando que no va a hacer ningún tipo de acción.

La declaratoria de la construcción del polo fue anunciada formalmente el 12 de mayo de 2023. La Asamblea General Comunitaria de Puente Madera se reunió el día 18 de mayo, “para coordinarnos sobre lo que íbamos hacer ante tal anuncio del presidente de la República. La Asamblea acordó que teníamos que anteponer un amparo. Y lo hicimos”, cuenta David Hernández Salazar, agente comunitario de Puente Madera.

“Nosotros como comunidad indígena sabemos lo que representa uno de estos polos de desarrollo en nuestras tierras comunales. Tenemos que defenderlas”, señala, mientras “ellos se están valiendo de toda ilegalidad en contra de las comunidades indígenas para poner a fuerza el parque industrial”.

Antecedentes

La declaratoria del polo de desarrollo se fundamenta en una supuesta consulta indígena y obtención de libre consentimiento de las comunidades. El gobierno garantiza que llevó a cabo la consulta.

Sin embargo, la asamblea comunitaria de Puente Madera sostiene, con pruebas presentadas en los tribunales, que hubo fraude en la asamblea que, supuestamente, decidió por la construcción del polo de desarrollo.

El 14 de marzo de 2021, el entonces presidente municipal de San Blas Atempa, Antonino Morales Toledo, “con personas acarreadas y armadas, llevo a cabo una supuesta asamblea de comuneros”, sostiene en un comunicado la asamblea de Puente Madera.

Habitantes de la comunidad asistieron y cuestionaron el proyecto, por lo que fueron agredidos y expulsados de la asamblea.

La aprobación del polo se dio con la falsificación de firmas de más del 80% del padrón de comuneros, así como la firma de personas fallecidas, “pruebas físicas con las que contamos y con las que interpusimos un juicio de nulidad (159/2021) y que, al día de hoy, no ha resuelto nada”, sostiene en un comunicado la asamblea de Puente Madera.

Te puede interesar – Zapotecas proceden legalmente contra parque industrial en el Istmo

Ese mismo 14 de marzo, hubo manifestaciones en rechazo al parque industrial, “y nos convocamos a reconstituirnos como Asamblea General Comunitaria de Puente Madera, ante el abandono, agresiones y amenazas del estado Mexicano en sus 3 niveles de gobierno, decidimos decir basta de despojo”.

Órdenes de aprehensión

Hernández Salazar y otras 17 personas tienen orden de aprehensión “por delitos que les fabrican para privarlos de su libertad, de su voz”, dice el comunicado.

Te puede interesar – Detienen a indígena opositor a parque industrial del Corredor Interoceánico

Este mes de junio se resuelve la audiencia intermedia en el caso de la demanda penal contra el agente comunitario de Puente Madera, promovida por el municipio de San Blas Atempa, el Registro Nacional Agrario y particulares. Hernández Salazar es acusado de ataque a las vías de comunicación y daños a terceros.

Te puede interesar – Continúa intento de cercamiento de tierras de Puente Madera para parque industrial

También denuncian que el Ejército entró en Puente Madera en la última semana y estableció puestos de control enfrente a la escuela primaria de la comunidad. “Personas que salen de sus casas para ir a la tienda comprar cosas son revisadas. Eso es criminalización, es militarización”, señala Hernández Salazar.