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  • El riesgo de morir antes del primer año de vida es el doble entre las niñas y niños que habitan en los municipios y regiones indígenas de Chiapas debido a la falta de acceso a servicios de salud y las condiciones de marginación y pobreza en la que vive una importante parte de la población.[i]
  •  En los últimos 6 años, 45 niñas y adolescentes han sido víctimas de feminicidio en Chiapas.[ii] La implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, ha estado marcada por omisiones, dilaciones y actitudes machistas por parte de funcionarios públicos, por lo que las medidas aún están lejos de ser suficientes para prevenirlos.

San Cristóbal de las Casas de las Chiapas, a 1 de noviembre de 2017.- “El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las niñas y las adolescentes en Chiapas. Sin embargo, hoy siguen muriendo niñas y niños por causas que pudieron y debieron haberse evitado”, revelaron integrantes de la organización social Melel Xojobal, en el marco de la jornada informativa La #MuerteImpune, la cual tiene la finalidad de visibilizar las muertes de niñas, niños y adolescentes como resultado de la violencia, la discriminación y la desigualdad, y demandar justicia por estas víctimas.

Niñas, niños, y adolescentes sancristobalenses, junto con sus familias y personal de esta asociación civil, recorrieron las calles del centro de la ciudad en una “Caminata contra la Impunidad”, alzando la voz y acompañados del compás del tambor, para recordar a las niñas y niños que han fallecido por acción directa u omisión del Estado.

Al concluir la procesión -que incluía velas, flores tradicionales y ataúdes blancos- las y los integrantes de esta organización social que trabaja en el cumplimiento de los Derechos de la Infancia, invitaron a compartir ofrendas en el altar montado en la Plaza Catedral, para concientizar sobre estos casos y evitar que estas muertes pasen desapercibidas entre la sociedad chiapaneca.

Advirtieron cómo los altos índices de pobreza y marginación en Chiapas, resultantes de corrupción y omisiones históricas, comprometen gravemente el cumplimiento de los derechos a una vida sana y agravan uno de los índices de mortalidad infantil más altos del país. La tasa de defunciones por desnutrición es mucho más alta en Chiapas que en el resto del país; en el caso de la anemia, en estado es 4 veces más alta como causa de muerte que a nivel nacional, según declararon.

Señalaron cómo los saqueos y la malversación de recursos destinados a mejorar el frágil sistema de salud pública, tiene como consecuencia graves carencias, como el desabasto general de medicamentos, insumos y personal médico en hospitales y clínicas, situación por la que protestaron desde principios de año enfermeras y trabajadoras de la salud, con una valiente huelga de hambre. Según se informó, Chiapas tiene la tasa más alta de mortalidad por enfermedades respiratorias, prevenibles y curables, en la población de 0 a 4 años. [iii]

Asimismo, ante la crisis de feminicidios que se vive en la entidad, argumentaron que el gobierno, a nivel federal, estatal y municipal, tiene la obligación de dar cumplimiento a las medidas de seguridad establecidas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia las niñas y adolescentes, como se ha venido denunciando constantemente desde distintas redes de la sociedad civil organizada. Sin embargo, aunque en la entidad se ha implementado la Declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres, durante este año han ocurrido 6 feminicidios de niñas y adolescentes, ante la indiferencia, el machismo y la incapacidad mostrada por las autoridades encargadas de investigar adecuadamente y castigar a los culpables.

A este escenario, añadieron, se suma la recurrente situación de violencia que se vive en varios municipios de la entidad chiapaneca, como consecuencia de las omisiones del gobierno para atender oportunamente los conflictos sociales, que este año ocasionó la muerte de 3 adolescentes en Chenalhó por arma de fuego, y uno más en el municipio fronterizo de Marqués de Comillas.

Del mismo modo, denunciaron dos ejecuciones extrajudiciales en contra de adolescentes a manos de policías (los casos de Humberto Morales, en el Ejido el Carrizal, Ocosingo, así como de Luis Escobar, en la Colonia El Porvenir, Tapachula), y el crimen de odio por homofobia ocurrido este año en Villaflores, en contra de Rusbelay Pérez.

Al cierre de la jornada, demandaron transparencia en el proceso de investigación y protección especial a las familias de las víctimas a fin de garantizar el acceso a la justicia, y destacaron la obligación de las Procuradurías de Protección de niñas, niños y adolescentes a todos los niveles para prevenir, atender y evitar toda expresión de violencia en contra de la niñez y brindar apoyo a las familias a través de las instituciones vinculadas a infancia.

Asimismo, recalcaron que para garantizar condiciones para garantizar la supervivencia y desarrollo de la infancia en el estado es urgente la asignación de presupuestos para la adecuada operación de del Sistema de Protección Integral de las Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA) -tanto a nivel estatal como municipal.

 

[i] Los derechos de la infancia y la adolescencia en Chiapas, UNICEF, 2013

[ii] Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM), 2017

[iii] La Infancia Cuenta en México 2016, Red por los Derechos de la Infancia en México #REDIM, 2017

 

Fuente: Melel Xojobal