Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Familias desplazadas forzadamente se manifiestan para exigir atención de autoridades estatales.}

Habitantes de la comunidad nahua de El Coire, en la región Costa-Sierra de Michoacán, alertaron que desde hace tres semanas se registran ataques armados en su contra, así como en otras poblaciones indígenas del municipio de Aquila, Coahuayana y Chiniquila, dejando tras ello un saldo de tres asesinatos y 251 personas quienes han sido desplazadas forzadamente de sus hogares.

La comunidad, con casi 60 mil hectáreas de tierras comunales y vecina de la población nahua de Santa María Ostula – cuya población también ha denunciado ataques armados continuos por parte del crimen organizado –, señala que las mayores agresiones fueron cometidas entre el 13 y 19 de agosto.

Una alerta emitida por la articulación de organizaciones de derechos humanos RedTDT detalla que, del total de los desplazados, 125 de ellos son menores de 17 años. A su vez, especifica que los asesinados son Rafael Bautista Cruz, de la comunidad de Estopila; Eutimio Medina Herrera, de Chacalapa; mientras los comuneros desaparecidos son los hermanos Miguel, Antonio y Filiberto Orcino Oliveros, además de Teódulo Álvarez Rentería (menor de edad), y los hermanos Rodrigo y René Mares Doroteo e Israel Ángel Martínez (también menor de edad).

La misma Red registra decenas de personas torturadas, incluidos casos de violación sexual contra mujeres, así como robos y saqueos de viviendas y comercios.

Las organizaciones de derechos humanos aseveran que, desde hace meses, han solicitado la atención de las autoridades para detener múltiples ataques registrados contra habitantes de comunidades indígenas nahuas en Santa María Ostula y Coire, ambas localizadas en el municipio de Aquila; así como de El Camalote y El Amatique en el municipio de Coahuayana y de las poblaciones nahuas de Huizontla, Coahuayula y El Salitre de Estopila, ubicadas en el municipio de Chinicuila.

“Desde el mes de febrero la comunidad indígena de Santa María Ostula ha exigido a los gobiernos federal y del estado que establezcan una base de operaciones en la colindancia de los municipios de Aquila y Chinicuila, como una forma de detener los ataques por parte del grupo criminal”, sostiene la RedTDT.

Desplazados

Aunque inicialmente las autoridades del municipio de Aquila señalaron haber registrado a 211 personas desplazadas, tras un conteo en el Auditorio Comunal, donde se refugian las familias, se contabilizó un total de 251 personas desplazadas. Cabe mencionar que, acorde a la RedTDT, el número puede ser mucho mayor a los registros hasta ahora efectuados por los funcionarios locales.

Testimonios de los desplazados aseguran que abandonaron sus hogares desde los primeros días de septiembre debido al temor por los actos criminales acontecidos en El Coire, por lo que huyeron rumbo a Coahuayana, La Placita y hacia la cabecera de Aquila. Información recibida por la RedTDT sostiene que, así como El Coire, Chacalapa, Zilapa, El Diezmo y El Salitre son poblaciones que actualmente lucen despobladas.

Más preocupante para los defensores de derechos humanos es que, de acuerdo a su documentación, las agresiones criminales ocurrieron ante “la inacción del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, ya que el batallón del Ejército ubicado en la cabecera comunal de El Coire permaneció -en el poblado nahua- solamente por menos de dos horas el 13 de agosto”. Consultados por medios locales, habitantes aseguran que la población nahua ha carecido del apoyo tanto del Ejército, la Marina, Guardia Nacional y Civil.

Infiltraciones

Información recibida por la RedTDT contextualiza que fue desde hace mas de un año que un grupo criminal se infiltró en la comunidad de El Coire a través del autogobierno indígena formado en aquella población desde principios del año 2023.

Las organizaciones de derechos humanos acusan de “probable complicidad” al ex comisariado de bienes comunales, Celerino Álvarez Mauricio, “quien a pesar de haber concluido su gestión el pasado 15 de junio, no quiso convocar la asamblea de elección del nuevo comisariado”. 

Ante esta situación, detallan, la comunidad se vio envuelta en una ola de violencia que derivó en ejecuciones extrajudiciales por parte de integrantes de la guardia comunal. Entre ellas destacan el asesinato de Jesús Pantaleón Álvarez Rentería, acontecido el 27 de junio del 2023; así como del homicidio de Juan Orcino Reyes -previamente torturado- el 5 de julio del mismo año y el asesinato de Cipriano Medina Rentería el 29 de mayo del 2024.

Promesas

Apenas el pasado domingo (8), el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, se apersonó en el municipio de Aquila, desde donde anunció “todo el apoyo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al autogobierno de El Coire, para superar la situación de inseguridad” que se registra en la región. 

El funcionario estatal, acompañado de autoridades de los cuerpos de seguridad de Michoacán, así como del 85 Batallón de Infantería y representantes de la Secretaría de la Marina (Semar), aseguró que el gobierno atiende las denuncias de violencia y que, para ello, ya dieron inicio a recorridos con elementos del ejército en la región afectada por la inseguridad.

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Escucha el #NotiFrayba:

• Demandas históricas y actuales;
• Las luchas de los pueblos y comunidades por la vida, donde abordamos la #lucha y resistencia a 531 años de #despojo y genocidio de los pueblos originarios;
• Les contamos sobre el encuentro “Hasta la #justicia: juntando fuerzas contra la #tortura” que se realizó el pasado 13, 14 y 15 de octubre;
• Además del comunicado urgente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas por la agudización de la violencia en la región frontera.
• Exigimos la libertad inmediata de José Días, Base de Apoyo del #EZLN.

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Pronunciamiento del encuentro “Hasta la Justicia: Juntando Fuerzas Contra la Tortura”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 15 de octubre de 2023.

PRONUNCIAMIENTO

A la Opinión Pública
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos
A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos
A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

PRESENTE.

El día de hoy se dio por concluido el Encuentro “Hasta la Justicia: Juntando Fuerzas Contra la Tortura” 2023, en la que como Familias Unidas Contra la Tortura en Defensa de los Derechos Humanos, participamos junto con nuevas familias que esperamos sean parte de la lucha por la búsqueda de la justicia, reparación de daño, actos de no repetición y libertad a nuestros presos inocentes que el sistema de supuesta procuración y acceso a la justicia del Estado de Chiapas los mantiene encarcelados de manera arbitraría para aparentar una supuesta paz, tranquilidad y seguridad en el Estado, situación que el contexto, noticias y la realidad son falsas.

Los días 13, 14 y 15 de octubre, reflexionamos sobre la tortura, que una de las violaciones más atroces de los derechos humanos, y que sigue siendo un patrón generalizado en muchas partes de nuestro Estado, a pesar de las innumerables convenciones y tratados internacionales que la prohíben de manera categórica. Aún más alarmante es el hecho de que, en muchos casos, las autoridades estatales no solo pasan por alto este crimen, sino que también omiten investigar y perseguir a los perpetradores, siendo los agentes aprehensores, fiscalías y jueces.

En Chiapas no podemos acceder a una justicia pronta, expedita e imparcial, si tenemos a Juzgadoras y Juzgadores quienes solapan las malas actuaciones de las Fiscalías, sin considerar las vulneraciones a nuestros derechos humanos y sentenciando a inocentes, no podemos creer y confiar en un Estado de derecho en la que los Tribunales Judiciales están siendo marcados por la corrupción y mala impartición de justicia, ya que sentenciar a una persona inocente marca un número en el supuesto Chiapas seguro, siendo todo lo contrario.

Nuestra preocupación acerca del sistema judicial en Chiapas recae en la práctica, pareciera más fácil sentenciar a personas inocentes basándose en investigaciones sesgadas o deficientes que llevar a juicio y sentenciar a agentes de la policía o perpetradores de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta situación destaca una posible falta de imparcialidad y rendición de cuentas en el sistema judicial, lo que podría tener graves implicaciones para los derechos y la justicia de las personas involucradas en estos casos.

Esta preocupación también apunta a la necesidad de mejorar la efectividad y la transparencia en la investigación y el enjuiciamiento de casos relacionados con tortura y abusos policiales. Es esencial garantizar que las investigaciones sean exhaustivas, justas y oportunas, y que las personas responsables de abusos sean llevadas ante la justicia de manera adecuada.

La percepción de que es más fácil condenar a personas inocentes que llevar a la justicia a agentes de la policía o perpetradores de tortura subraya la importancia de fortalecer la independencia y la integridad del sistema judicial para garantizar que todos los casos se manejen de manera imparcial y justa, y que se respeten los derechos fundamentales de las personas en cuestión.

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Los hermanos Abraham y Germán López Montejo fueron liberados tras permanecer 11 años, 3 meses y 28 días privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad por un delito que no cometieron.

Los hermanos Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011. Después de su larga lucha para demostrar su inocencia y las graves violaciones a derechos humanos cometidos en su contra, el 16 de mayo de 2022, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal dictó libertad inmediata “por falta de elementos para procesar”, es decir, durante estos años existió insuficiencia de pruebas para demostrar la responsabilidad de los hermanos Abraham y Germán de apellidos López Montejo.

Exigimos al Estado mexicano el cumplimiento de manera integral de la Opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

Agradecemos el acompañamiento de todas las personas que han estado al lado de la lucha de Abraham y Germán, a los medios de comunicación y a los colectivos y redes de solidarias.

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(Descarga aquí)  

Rompiendo fronteras

PALESTINA: Emiratos arabes dan espalda a Palestina. Israel bambardea toda la semana Gaza. Armando Zoto de la Sexta con Palestina (Noticias de abajo).

BIELORUSIA: Más de una semana de revuelta y protestas contra el presidente Lukashenko por corrupción en las elecciones y autoritarismo. Campaña por la libertad de los presos anarquistas.

EUA ISLA TORTUGA: Los incendios en California, la represión supremacista a BLM y la lucha abolicionista. Por YisusWero (Noticias de abajo)

Chile: Jornada por la justicia para Macarena Valdes defensora del territorio asesinada y un Mensaje sobre la situacion de los presos politicos mapuche. Chilenos Movilizados en el Extranjero. Acompaña el rap de una niña mapuche.

MALDITO FACEBOOK: Facebook tira páginas de grupos libertarios: Radio Kurruf, Chrimethic, Its Going Down, Nos queremos vivas.

Desde el ombligo del monstruo

CHIAPAS: -Aldama y los desplazados de la 4T. Desinformemonos y La Jornada.

CHIAPAS: Ataques a comunidades zapatistas. Grupos de la ORCAO incendian almacenes de café. Regeneración y CoMAA, CNI.

CDMX: Un luchador en contra de la trata lleva 10 años en prision. David Alejandro Mondragón.

David, Aequus. Noticias de abajo

CDMX: Rodada por los Humedales de Xochimilco. Acoso y cerrazón de las autoridades. CRISTA-REPRESION

GUANAJUATO Y JALISCO: la policia tortura y secuestra a las manifestantes, periodistas y menores de edad en León Guanajuato. Información de la protesta feminista de Jalisco. La izquierda diario, Desinformemonos y Zonadocs.

By Amy Goodman & Denis Moynihan | Democracy Now!

All eyes are on the U.S. Senate this week for the impeachment trial of President Donald J. Trump, only the third presidential impeachment trial in U.S. history. But another important trial is happening at the same time, far from the eyes of the public, at the U.S. Naval Base at Guantanamo Bay, Cuba. Behind the razor-wire fencing of “Camp Justice,” five of the remaining 41 Guantanamo prisoners sit through more pretrial hearings, almost 20 years after the Sept. 11, 2001, attacks they are charged with perpetrating.

One witness this week is Dr. James E. Mitchell, a retired Air Force psychologist who, with his partner, psychologist John “Bruce” Jessen, developed and then implemented the CIA’s post-9/11 torture program. Mitchell and Jessen actively participated in torture sessions at CIA black sites. Both have long maintained that they were only contractors, taking orders from the CIA. Despite having no prior experience with interrogation, they were paid handsomely, receiving at least $81 million in taxpayer dollars from the U.S. government for their work on the torture program. Torture is a war crime, and those who torture should be prosecuted. But Mitchell is not the one on trial this week. Indeed, he defiantly said in court this week, “I’d get up today and do it again.” Mitchell was sitting in the courtroom, not far from his torture victims.

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• • Investigar y sancionar a responsables del delito de Tortura y otras violaciones a derechos humanos cometidas a Pueblos Originarios en Chiapas.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) documentó la situación jurídica de Juan de la Cruz Ruiz (Juan), perteneciente al pueblo indígena maya tsotsil, quien estuvo preso del 28 de febrero de 2007 al 09 de diciembre de 2019, acusado de un delito que no cometió. Su declaración fue obtenida bajo Tortura, no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura. El juicio fue seguido a pesar de carecer de pruebas directas que demostrarán su responsabilidad.

El Frayba expuso a las autoridades estatales el análisis jurídico que evidencia las violaciones al debido proceso y las garantías judiciales. Tanto en las declaraciones ministerial y preparatoria Juan detalló la situación de Tortura sin que las autoridades ministeriales y judicial iniciaran una investigación por este delito.

La detención de Juan y su proceso penal, se realizaron sin cumplir con las garantías del Artículo 8 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos, lo cual ha tenido graves consecuencias socioeconómicas para él y su familia, ha repercutido en sus ingresos, en la educación de sus hijos, la salud, la alimentación, entre otros. Además se vulneró el derecho de las personas indígenas a que se tomen en cuenta sus usos y costumbres al momento de integrar una averiguación previa o al ser juzgados, ser asistido por un traductor, por un defensor que conozca de su cultura y a que el agente del Ministerio Público o el Juez, tomen en consideración su pertenencia a un pueblo originario.

Como consecuencia de lo anterior, Juan fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado y 5 años por el delito de extorsión, sumando una cantidad de 30 años. De los cuales pasó casi 13 años en privación arbitraria de su libertad.

Es importante mencionar que la discrecionalidad de la administración de justicia tiene límites, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. En el caso de Juan hubo vulneración del principio pro persona, progresividad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos que todas y cada una de las autoridades están obligadas a respetar.

Además, desde el 11 de febrero de 2016, la Mesa de Reconciliación determinó la libertad de Juan por encontrar violaciones graves a sus derechos humanos, cuadernillo 387/MR/2012, firmada por Rutilio Escandón Cadenas en ese entonces como Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios ex presidente de la CEDH, entre otros funcionarios. La Subsecretaria de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad no cumplió con la recomendación y Juan tuvo que acudir al recurso del amparo para que las autoridades reconocieran sus decisión.

Juan obtuvo su libertad el pasado 9 de diciembre de 2019, mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación le otorgó el beneficio de sentencia suspendida.

Por lo anterior exigimos:

Investigar y llevar ante la justicia a los servidores o funcionarios públicos que por acción u omisión cometieron delitos como la Tortura en agravio de Juan de la Cruz Ruiz.

Obtener justa indemnización para Juan de la Cruz Ruiz y su familia tomando en cuenta el estándar internacional para la reparación de daños.

Que el Estado se pronuncie sin ambigüedades por la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, cesando esta cotidiana, estructural y sistemática violación a los derechos humanos, especialmente de integrantes de Pueblos Originarios.

Agradecemos a las personas, colectivos, organizaciones, comunidades y los medios comunicación su solidaridad con la lucha digna de Juan de la Cruz Ruiz, de su familia, de las La Voz de Indígena en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate, Viniketik en Resistencia y del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. Les seguimos convocando a impulsar la liberación de todas las personas que continúan privadas arbitrariamente de su libertad, hasta derribar los muros de la opresión.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 13 de diciembre de 2019
Boletín No. 22

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El 18 de julio de 2012, Diego López Méndez estaba trabajando cuando llegaron 4 judiciales vestidos de civil a su lugar de trabajo. Lo detuvieron y se lo llevaron en una camioneta blanca para ser torturado, acusándolo de un homicidio que no cometió. Ante el horror de la tortura, y pensando que lo matarían, finalmente se autoinculpó para salvar su vida. Eso fue hace seis años y medio. Desde entonces, ha estado preso.

Diego López es un indígena tseltal, padre de un niño de 6 años. La condición de madre, que está muy enferma, se ha agravado con el sufrimiento por la injusta prisión.

La única evidencia en su contra es su propia confesión, firmada bajo tortura. Quien lo inculpó también fue torturado para que lo hiciera.

Este martes, 12 de febrero, Diego comparecerá en audiencia de derecho frente al Juez Penal de San Cristóbal de Las Casas, César Rodríguez Robles, quien a partir de entonces tendrá 15 días para dictar su sentencia. Ese mismo día 12 de febrero, a las 5 p.m., se llevará a cabo una concentración en la plaza de la Catedral de esa ciudad, en solidaridad con Diego López Méndez. Invitamos a quienes estén en la ciudad a comparecer para exigir su libertad.

Video: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas