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Nuevo testimonio detalla golpizas, negligencia médica y huelga de hambre mientras Saif Abukeshek y Thiago Ávila permanecen bajo custodia sin cargos tras ser interceptados en aguas internacionales.

2 de mayo, 2026

Mar Mediterráneo / Askalan (Palestina Ocupada) — Mientras miles de palestinos siguen encarcelados sin cargos y sujetos a abusos sistemáticos, la Flotilla Global Sumud confirma que Saif Abukeshek y Thiago Ávila han sido transferidos a la prisión Shikma en Askalan, en el norte de Gaza, en Palestina ocupada, tras su secuestro ilegal en aguas europeas por parte de las fuerzas israelíes.

La prisión Shikma es conocida por su uso para detener a prisioneros palestinos bajo condiciones severas, siendo utilizada recientemente para encarcelar a civiles secuestrados de Gaza como parte de la campaña genocida de Israel contra el pueblo palestino.

Este desarrollo marca una escalada crítica, ahora agravada por informes confirmados de tortura bajo custodia. A pesar de intervenciones legales urgentes y apelaciones internacionales generalizadas, los países europeos ignoraron sus obligaciones legales y permitieron la transferencia de los dos civiles, colocándolos en riesgo inmediato.

Tras su transferencia forzada, ha emergido nuevo testimonio urgente a través de canales diplomáticos, generando alarma sobre el trato de los detenidos bajo custodia.

Según la embajada brasileña, Thiago Ávila reportó haber sido sometido a tortura, golpizas y maltrato. Durante una visita monitoreada, en la que fue separado por un cristal y no pudo comunicarse libremente, los funcionarios de la embajada observaron marcas visibles en su rostro. Reportó un dolor significativo, particularmente en su hombro.

A pesar de haber sido examinado por un médico, no se le proporcionó atención médica adecuada. La embajada insiste ahora en que se le brinde tratamiento inmediato y apropiado.

Thiago está en huelga de hambre desde su secuestro, bebiendo solo agua. No se le ha informado de ningún cargo en su contra, y la embajada misma no ha recibido ninguna aclaración sobre la base legal de su detención. Se espera que su defensa legal lo visite en breve.

En un acto adicional de solidaridad, Thiago comunicó que no saldrá de la detención a menos que Saif Abukeshek también sea liberado, insistiendo en que ambos deben salir juntos. Abukeshek también se encuentra actualmente en huelga de hambre.

Lo que se reporta en este caso refleja, en forma concentrada, las condiciones a las que los palestinos han sido sometidos durante años bajo el asedio, la ocupación y la detención.

Esta información se basa en testimonios previos de testigos oculares liberados, que indican que Saif Abukeshek fue sometido a tortura y abusos severos mientras estuvo detenido a bordo del buque militar antes de su transferencia, tratamiento consistente con los informes prolongados sobre el abuso de prisioneros palestinos bajo custodia israelí.

Saif Abukeshek, ciudadano español-sueco de origen palestino, y Thiago Ávila, ciudadano brasileño, fueron los únicos dos participantes no liberados tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales cerca de Creta. Su continua detención plantea serias preocupaciones sobre detención arbitraria, negación de debido proceso y violaciones de la prohibición absoluta de la tortura bajo el derecho internacional.

La Flotilla Global Sumud reitera que la transferencia forzada de civiles desde aguas internacionales y europeas a custodia, combinada con alegaciones creíbles de tortura y la ausencia de debido proceso, constituye una grave violación del derecho internacional y debe ser enfrentada con responsabilidad.

Hacemos un llamado urgente a los gobiernos, organizaciones de derechos humanos, instituciones legales, medios de comunicación y la sociedad civil en todo el mundo para exigir:

● Que los gobiernos de España, Suecia y Brasil tomen acción diplomática inmediata para asegurar la liberación de sus nacionales.
● Que las organizaciones internacionales y los cuerpos legales intervengan urgentemente para garantizar la seguridad y los derechos de los detenidos.
● Que los gobiernos y las instituciones públicas rechacen y desafíen acusaciones infundadas que pongan en peligro a los civiles detenidos.
● Que las autoridades pertinentes aseguren responsabilidad por las violaciones, incluida la tortura, la detención ilegal y la transferencia forzada.

Principios Generales y Declaración de Derechos Humanos

El trato a los detenidos en cualquier contexto debe regirse por los estándares legales internacionales vinculantes, incluyendo la prohibición absoluta de la tortura y la obligación de garantizar el debido proceso y un trato humano.

El tratamiento reportado de los detenidos bajo custodia israelí, combinado con una retórica creciente y acusaciones infundadas, genera preocupaciones urgentes y profundas para la comunidad internacional. Cualquier política o práctica que ponga en riesgo la vida de los prisioneros constituye un desafío directo a los principios fundamentales del derecho internacional, la dignidad humana y la justicia.

Saif y Thiago no son abstracciones, son seres humanos con derechos inviolables. Tienen derecho a protección, al debido proceso y a la preservación plena de sus vidas y dignidad. Son padres, hijos y pilares de comunidades que dependen de su regreso seguro. Su secuestro es una grave violación de las normas internacionales y exige acción urgente, intransigente y coordinada a nivel mundial.

Su secuestro requiere una acción internacional inmediata y decidida, no solo para asegurar su liberación, sino para confrontar el sistema más amplio de asedio, detención y deshumanización impuesto a los palestinos, particularmente en Gaza.

CONTACTO DE MEDIOS

Correo: media@globalsumudflotilla.org
Teléfono: +44 1414 620 950
Sitio web: globalsumudflotilla.org

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
December 3, 2025

Bulletin No. 10

Osmán Iván: victim of torture, arbitrary detention, and institutional racism

• 15 years of injustice—freedom cannot wait.

Osmán Iván Rubio Bonilla, a Honduran citizen unjustly accused in three case files by the Chiapas State Attorney General’s Office (FGE) and a survivor of torture, was acquitted of homicide on November 4, 2025, after 14 years and 6 months of tireless resistance. However, he remains deprived of his liberty at the State Center for Social Reintegration No. 7 (CERSS) in Tapachula. The Fray Bartolomé de Las Casas Human Rights Center (Frayba) and the World Organisation Against Torture (OMCT) call on the Judicial Branch of Chiapas to reverse the systematic violations of his human rights and order his immediate release.

Osmán Iván was detained on May 2, 2011, in Huixtla, Chiapas, during an operation carried out by the Municipal Police, the State Preventive Police (PEP), and the State Border Police (PEF), without an arrest warrant and under circumstances that constitute arbitrary detention and torture.

According to his testimony, during the arrest he was blindfolded, bound, beaten, asphyxiated with water, subjected to electric shocks, sensory deprivation, and physical and psychological abuse, until he was forced to incriminate himself in various crimes. These assaults were documented by the State Human Rights Commission (CEDH), which recorded injuries consistent with torture and issued Recommendation 013/2020-R in 2020, rejected by the FGE and the Secretariat of Security and Citizen Protection (SSyPC).

The three criminal proceedings against him stem from statements obtained under coercion:

1. Attempted Illegal Deprivation of Liberty and Organized Crime (criminal case 177/2023): has remained in the evidentiary stage for over 13 years, without the Criminal Court of the Tapachula Judicial District issuing a ruling.
2. Aggravated Homicide (criminal case 423/2023): a sentence was issued in 2023 based on ministerial confessions and testimonies that did not identify him; overturned in 2024 to investigate the reported torture. On November 4, 2025, he was finally acquitted.
3. Carrying a firearm without a license: a federal case in which he was acquitted in 2014.

Frayba’s documentation reveals systematic irregularities: fabrication of evidence, contradictions in police reports, manipulated expert examinations, and prosecutorial actions that ignored early reports of torture. The CEDH confirmed that the arrest did not occur at the location of the alleged kidnapping and that there was no direct identification by the complainant, ruling out the flagrancy invoked by authorities.

After nearly 15 years in prison, Osmán Iván faces a process marked by violations of due process, racism, lack of consular assistance, absence of effective investigation, and unjustified delays that keep him in prolonged pretrial detention, contrary to international standards. In the face of impunity sustained by the Mexican State, Frayba and OMCT filed a complaint in August 2024 before the UN Human Rights Committee, registered in April 2025 under number 4740/2025, still pending resolution.

Frayba and OMCT urgently call on state and federal authorities to ensure a thorough and impartial investigation into the reported torture. In addition, we demand guarantees for access to justice and reparation for the violations committed against Osmán Iván Rubio Bonilla, beginning with his unconditional release.

The case of Osmán Iván Rubio Bonilla is a symbol of institutional violence and racism that permeates the justice system in Mexico. His freedom is not a concession—it is a right taken from him through torture and arbitrariness. Every day he remains imprisoned prolongs injustice and impunity.

We demand his immediate and unconditional release. The dignity of Osmán Iván, and of all survivors of torture and arbitrary detention, cannot be kept waiting any longer.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Familias desplazadas forzadamente se manifiestan para exigir atención de autoridades estatales.}

Habitantes de la comunidad nahua de El Coire, en la región Costa-Sierra de Michoacán, alertaron que desde hace tres semanas se registran ataques armados en su contra, así como en otras poblaciones indígenas del municipio de Aquila, Coahuayana y Chiniquila, dejando tras ello un saldo de tres asesinatos y 251 personas quienes han sido desplazadas forzadamente de sus hogares.

La comunidad, con casi 60 mil hectáreas de tierras comunales y vecina de la población nahua de Santa María Ostula – cuya población también ha denunciado ataques armados continuos por parte del crimen organizado –, señala que las mayores agresiones fueron cometidas entre el 13 y 19 de agosto.

Una alerta emitida por la articulación de organizaciones de derechos humanos RedTDT detalla que, del total de los desplazados, 125 de ellos son menores de 17 años. A su vez, especifica que los asesinados son Rafael Bautista Cruz, de la comunidad de Estopila; Eutimio Medina Herrera, de Chacalapa; mientras los comuneros desaparecidos son los hermanos Miguel, Antonio y Filiberto Orcino Oliveros, además de Teódulo Álvarez Rentería (menor de edad), y los hermanos Rodrigo y René Mares Doroteo e Israel Ángel Martínez (también menor de edad).

La misma Red registra decenas de personas torturadas, incluidos casos de violación sexual contra mujeres, así como robos y saqueos de viviendas y comercios.

Las organizaciones de derechos humanos aseveran que, desde hace meses, han solicitado la atención de las autoridades para detener múltiples ataques registrados contra habitantes de comunidades indígenas nahuas en Santa María Ostula y Coire, ambas localizadas en el municipio de Aquila; así como de El Camalote y El Amatique en el municipio de Coahuayana y de las poblaciones nahuas de Huizontla, Coahuayula y El Salitre de Estopila, ubicadas en el municipio de Chinicuila.

“Desde el mes de febrero la comunidad indígena de Santa María Ostula ha exigido a los gobiernos federal y del estado que establezcan una base de operaciones en la colindancia de los municipios de Aquila y Chinicuila, como una forma de detener los ataques por parte del grupo criminal”, sostiene la RedTDT.

Desplazados

Aunque inicialmente las autoridades del municipio de Aquila señalaron haber registrado a 211 personas desplazadas, tras un conteo en el Auditorio Comunal, donde se refugian las familias, se contabilizó un total de 251 personas desplazadas. Cabe mencionar que, acorde a la RedTDT, el número puede ser mucho mayor a los registros hasta ahora efectuados por los funcionarios locales.

Testimonios de los desplazados aseguran que abandonaron sus hogares desde los primeros días de septiembre debido al temor por los actos criminales acontecidos en El Coire, por lo que huyeron rumbo a Coahuayana, La Placita y hacia la cabecera de Aquila. Información recibida por la RedTDT sostiene que, así como El Coire, Chacalapa, Zilapa, El Diezmo y El Salitre son poblaciones que actualmente lucen despobladas.

Más preocupante para los defensores de derechos humanos es que, de acuerdo a su documentación, las agresiones criminales ocurrieron ante “la inacción del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, ya que el batallón del Ejército ubicado en la cabecera comunal de El Coire permaneció -en el poblado nahua- solamente por menos de dos horas el 13 de agosto”. Consultados por medios locales, habitantes aseguran que la población nahua ha carecido del apoyo tanto del Ejército, la Marina, Guardia Nacional y Civil.

Infiltraciones

Información recibida por la RedTDT contextualiza que fue desde hace mas de un año que un grupo criminal se infiltró en la comunidad de El Coire a través del autogobierno indígena formado en aquella población desde principios del año 2023.

Las organizaciones de derechos humanos acusan de “probable complicidad” al ex comisariado de bienes comunales, Celerino Álvarez Mauricio, “quien a pesar de haber concluido su gestión el pasado 15 de junio, no quiso convocar la asamblea de elección del nuevo comisariado”. 

Ante esta situación, detallan, la comunidad se vio envuelta en una ola de violencia que derivó en ejecuciones extrajudiciales por parte de integrantes de la guardia comunal. Entre ellas destacan el asesinato de Jesús Pantaleón Álvarez Rentería, acontecido el 27 de junio del 2023; así como del homicidio de Juan Orcino Reyes -previamente torturado- el 5 de julio del mismo año y el asesinato de Cipriano Medina Rentería el 29 de mayo del 2024.

Promesas

Apenas el pasado domingo (8), el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, se apersonó en el municipio de Aquila, desde donde anunció “todo el apoyo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al autogobierno de El Coire, para superar la situación de inseguridad” que se registra en la región. 

El funcionario estatal, acompañado de autoridades de los cuerpos de seguridad de Michoacán, así como del 85 Batallón de Infantería y representantes de la Secretaría de la Marina (Semar), aseguró que el gobierno atiende las denuncias de violencia y que, para ello, ya dieron inicio a recorridos con elementos del ejército en la región afectada por la inseguridad.

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Escucha el #NotiFrayba:

• Demandas históricas y actuales;
• Las luchas de los pueblos y comunidades por la vida, donde abordamos la #lucha y resistencia a 531 años de #despojo y genocidio de los pueblos originarios;
• Les contamos sobre el encuentro “Hasta la #justicia: juntando fuerzas contra la #tortura” que se realizó el pasado 13, 14 y 15 de octubre;
• Además del comunicado urgente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas por la agudización de la violencia en la región frontera.
• Exigimos la libertad inmediata de José Días, Base de Apoyo del #EZLN.

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Pronunciamiento del encuentro “Hasta la Justicia: Juntando Fuerzas Contra la Tortura”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 15 de octubre de 2023.

PRONUNCIAMIENTO

A la Opinión Pública
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos
A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos
A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

PRESENTE.

El día de hoy se dio por concluido el Encuentro “Hasta la Justicia: Juntando Fuerzas Contra la Tortura” 2023, en la que como Familias Unidas Contra la Tortura en Defensa de los Derechos Humanos, participamos junto con nuevas familias que esperamos sean parte de la lucha por la búsqueda de la justicia, reparación de daño, actos de no repetición y libertad a nuestros presos inocentes que el sistema de supuesta procuración y acceso a la justicia del Estado de Chiapas los mantiene encarcelados de manera arbitraría para aparentar una supuesta paz, tranquilidad y seguridad en el Estado, situación que el contexto, noticias y la realidad son falsas.

Los días 13, 14 y 15 de octubre, reflexionamos sobre la tortura, que una de las violaciones más atroces de los derechos humanos, y que sigue siendo un patrón generalizado en muchas partes de nuestro Estado, a pesar de las innumerables convenciones y tratados internacionales que la prohíben de manera categórica. Aún más alarmante es el hecho de que, en muchos casos, las autoridades estatales no solo pasan por alto este crimen, sino que también omiten investigar y perseguir a los perpetradores, siendo los agentes aprehensores, fiscalías y jueces.

En Chiapas no podemos acceder a una justicia pronta, expedita e imparcial, si tenemos a Juzgadoras y Juzgadores quienes solapan las malas actuaciones de las Fiscalías, sin considerar las vulneraciones a nuestros derechos humanos y sentenciando a inocentes, no podemos creer y confiar en un Estado de derecho en la que los Tribunales Judiciales están siendo marcados por la corrupción y mala impartición de justicia, ya que sentenciar a una persona inocente marca un número en el supuesto Chiapas seguro, siendo todo lo contrario.

Nuestra preocupación acerca del sistema judicial en Chiapas recae en la práctica, pareciera más fácil sentenciar a personas inocentes basándose en investigaciones sesgadas o deficientes que llevar a juicio y sentenciar a agentes de la policía o perpetradores de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta situación destaca una posible falta de imparcialidad y rendición de cuentas en el sistema judicial, lo que podría tener graves implicaciones para los derechos y la justicia de las personas involucradas en estos casos.

Esta preocupación también apunta a la necesidad de mejorar la efectividad y la transparencia en la investigación y el enjuiciamiento de casos relacionados con tortura y abusos policiales. Es esencial garantizar que las investigaciones sean exhaustivas, justas y oportunas, y que las personas responsables de abusos sean llevadas ante la justicia de manera adecuada.

La percepción de que es más fácil condenar a personas inocentes que llevar a la justicia a agentes de la policía o perpetradores de tortura subraya la importancia de fortalecer la independencia y la integridad del sistema judicial para garantizar que todos los casos se manejen de manera imparcial y justa, y que se respeten los derechos fundamentales de las personas en cuestión.

(Continuar leyendo…)

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Los hermanos Abraham y Germán López Montejo fueron liberados tras permanecer 11 años, 3 meses y 28 días privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad por un delito que no cometieron.

Los hermanos Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011. Después de su larga lucha para demostrar su inocencia y las graves violaciones a derechos humanos cometidos en su contra, el 16 de mayo de 2022, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal dictó libertad inmediata “por falta de elementos para procesar”, es decir, durante estos años existió insuficiencia de pruebas para demostrar la responsabilidad de los hermanos Abraham y Germán de apellidos López Montejo.

Exigimos al Estado mexicano el cumplimiento de manera integral de la Opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

Agradecemos el acompañamiento de todas las personas que han estado al lado de la lucha de Abraham y Germán, a los medios de comunicación y a los colectivos y redes de solidarias.

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[podcast]https://archive.org/download/noticiasdeabajo-2020_08_25/noticiasdeabajo-2020_08_25.mp3[/podcast]

Rompiendo fronteras

PALESTINA: Emiratos arabes dan espalda a Palestina. Israel bambardea toda la semana Gaza. Armando Zoto de la Sexta con Palestina (Noticias de abajo).

BIELORUSIA: Más de una semana de revuelta y protestas contra el presidente Lukashenko por corrupción en las elecciones y autoritarismo. Campaña por la libertad de los presos anarquistas.

EUA ISLA TORTUGA: Los incendios en California, la represión supremacista a BLM y la lucha abolicionista. Por YisusWero (Noticias de abajo)

Chile: Jornada por la justicia para Macarena Valdes defensora del territorio asesinada y un Mensaje sobre la situacion de los presos politicos mapuche. Chilenos Movilizados en el Extranjero. Acompaña el rap de una niña mapuche.

MALDITO FACEBOOK: Facebook tira páginas de grupos libertarios: Radio Kurruf, Chrimethic, Its Going Down, Nos queremos vivas.

Desde el ombligo del monstruo

CHIAPAS: -Aldama y los desplazados de la 4T. Desinformemonos y La Jornada.

CHIAPAS: Ataques a comunidades zapatistas. Grupos de la ORCAO incendian almacenes de café. Regeneración y CoMAA, CNI.

CDMX: Un luchador en contra de la trata lleva 10 años en prision. David Alejandro Mondragón.

David, Aequus. Noticias de abajo

CDMX: Rodada por los Humedales de Xochimilco. Acoso y cerrazón de las autoridades. CRISTA-REPRESION

GUANAJUATO Y JALISCO: la policia tortura y secuestra a las manifestantes, periodistas y menores de edad en León Guanajuato. Información de la protesta feminista de Jalisco. La izquierda diario, Desinformemonos y Zonadocs.

By Amy Goodman & Denis Moynihan | Democracy Now!

All eyes are on the U.S. Senate this week for the impeachment trial of President Donald J. Trump, only the third presidential impeachment trial in U.S. history. But another important trial is happening at the same time, far from the eyes of the public, at the U.S. Naval Base at Guantanamo Bay, Cuba. Behind the razor-wire fencing of “Camp Justice,” five of the remaining 41 Guantanamo prisoners sit through more pretrial hearings, almost 20 years after the Sept. 11, 2001, attacks they are charged with perpetrating.

One witness this week is Dr. James E. Mitchell, a retired Air Force psychologist who, with his partner, psychologist John “Bruce” Jessen, developed and then implemented the CIA’s post-9/11 torture program. Mitchell and Jessen actively participated in torture sessions at CIA black sites. Both have long maintained that they were only contractors, taking orders from the CIA. Despite having no prior experience with interrogation, they were paid handsomely, receiving at least $81 million in taxpayer dollars from the U.S. government for their work on the torture program. Torture is a war crime, and those who torture should be prosecuted. But Mitchell is not the one on trial this week. Indeed, he defiantly said in court this week, “I’d get up today and do it again.” Mitchell was sitting in the courtroom, not far from his torture victims.

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