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Frayba

(Español) NotiFrayba: Demandas históricas y actuales de los pueblos que luchan

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Escucha el #NotiFrayba:

  • Demandas históricas y actuales;
  • Las luchas de los pueblos y comunidades por la vida, donde abordamos la #lucha y resistencia a 531 años de #despojo y genocidio de los pueblos originarios;
  • Les contamos sobre el encuentro “Hasta la #justicia: juntando fuerzas contra la #tortura” que se realizó el pasado 13, 14 y 15 de octubre;
  • Además del comunicado urgente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas por la agudización de la violencia en la región frontera.
  • Exigimos la libertad inmediata de José Días, Base de Apoyo del #EZLN.

 

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Frayba

(Español) Pronunciamiento del encuentro “Hasta la Justicia: Juntando Fuerzas Contra la Tortura”

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Pronunciamiento del encuentro “Hasta la Justicia: Juntando Fuerzas Contra la Tortura”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 15 de octubre de 2023.

PRONUNCIAMIENTO

A la Opinión Pública
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos
A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos
A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

PRESENTE.

El día de hoy se dio por concluido el Encuentro “Hasta la Justicia: Juntando Fuerzas Contra la Tortura” 2023, en la que como Familias Unidas Contra la Tortura en Defensa de los Derechos Humanos, participamos junto con nuevas familias que esperamos sean parte de la lucha por la búsqueda de la justicia, reparación de daño, actos de no repetición y libertad a nuestros presos inocentes que el sistema de supuesta procuración y acceso a la justicia del Estado de Chiapas los mantiene encarcelados de manera arbitraría para aparentar una supuesta paz, tranquilidad y seguridad en el Estado, situación que el contexto, noticias y la realidad son falsas.

Los días 13, 14 y 15 de octubre, reflexionamos sobre la tortura, que una de las violaciones más atroces de los derechos humanos, y que sigue siendo un patrón generalizado en muchas partes de nuestro Estado, a pesar de las innumerables convenciones y tratados internacionales que la prohíben de manera categórica. Aún más alarmante es el hecho de que, en muchos casos, las autoridades estatales no solo pasan por alto este crimen, sino que también omiten investigar y perseguir a los perpetradores, siendo los agentes aprehensores, fiscalías y jueces.

En Chiapas no podemos acceder a una justicia pronta, expedita e imparcial, si tenemos a Juzgadoras y Juzgadores quienes solapan las malas actuaciones de las Fiscalías, sin considerar las vulneraciones a nuestros derechos humanos y sentenciando a inocentes, no podemos creer y confiar en un Estado de derecho en la que los Tribunales Judiciales están siendo marcados por la corrupción y mala impartición de justicia, ya que sentenciar a una persona inocente marca un número en el supuesto Chiapas seguro, siendo todo lo contrario.

Nuestra preocupación acerca del sistema judicial en Chiapas recae en la práctica, pareciera más fácil sentenciar a personas inocentes basándose en investigaciones sesgadas o deficientes que llevar a juicio y sentenciar a agentes de la policía o perpetradores de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta situación destaca una posible falta de imparcialidad y rendición de cuentas en el sistema judicial, lo que podría tener graves implicaciones para los derechos y la justicia de las personas involucradas en estos casos.

Esta preocupación también apunta a la necesidad de mejorar la efectividad y la transparencia en la investigación y el enjuiciamiento de casos relacionados con tortura y abusos policiales. Es esencial garantizar que las investigaciones sean exhaustivas, justas y oportunas, y que las personas responsables de abusos sean llevadas ante la justicia de manera adecuada.

La percepción de que es más fácil condenar a personas inocentes que llevar a la justicia a agentes de la policía o perpetradores de tortura subraya la importancia de fortalecer la independencia y la integridad del sistema judicial para garantizar que todos los casos se manejen de manera imparcial y justa, y que se respeten los derechos fundamentales de las personas en cuestión.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Frayba denuncia ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fabricación de culpables contra defensores indígenas en Chiapas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

3 de agosto de 2023

Boletín No. 17

Denunciamos ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fábrica de culpables contra defensores indígenas de derechos humanos

  • Presentamos ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias los casos de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del EZLN y los 5 defensores del territorio de San Juan Cancuc.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que posicionamos dos casos que ejemplifican que en Chiapas existe un patrón de fabricación de culpables para criminalizar a defensores de derechos humanos de pueblos originarios.

El primero de ellos es el de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quien permanece Privado Arbitrariamente de la Libertad (PAL) desde diciembre de 2020. Manuel fue acusado falsamente de un delito que no cometió, sometido a actos de tortura, desaparecido de manera forzada, y después procesado penalmente.

De acuerdo con una investigación de la Junta de Buen Gobierno “El Pensamiento Rebelde de los Pueblos Originarios” en Nueva Jerusalén (JBG Nueva Jerusalén), la acusación en su contra fue un acto de criminalización a su adherencia zapatista. A más de dos años y medio de su detención es mantenido en reclusión de manera arbitraria bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es decir sin haber recibido una sentencia, aún cuando la Constitución mexicana establezca un límite de dos años.

El segundo caso presentado son las detenciones de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, cinco indígenas tseltales del municipio de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, que fueron sustraídos de su comunidad por elementos policiales acompañados de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, se inventó un informe de detención con hechos falsos acusándolos de una supuesta detención por portación de drogas en otro municipio. Los detenidos fueron después procesados y sentenciados por un homicidio que no cometieron. El objetivo de esta criminalización fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización.

La documentación del Frayba confirma el patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por el gobierno de Chiapas entre cuyas características se encuentra: participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indigena utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación como pueblos originarios, acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, participación de autoridades comunitarias, Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL), detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN), un Poder Judicial cómplice sin acción judicial en su conjunto son detenciones arbitrarias que buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio.

Para el Frayba, la criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia  intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios.

Llamamos la atención hacia el Estado mexicano a través de la denuncia presentada ante el Grupo de Trabajo de la ONU, con el objetivo de censen las patrones de criminalización y represión hacia los pueblos originarios, en específico hacia las personas vulneradas en sus derechos por estos mecanismos de violencia institucional, además de que se han resarcidos los derechos humanos bajo los ms altos estándares internacionales incluidos el de la libertad absoluta.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Tortura y detención arbitraria de parte de autoridades generan dilación procesal y sentencias a inocentes

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 10 de noviembre de 2022

A la Opinión Pública

A Organismos Internacionales de Derechos Humanos

A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos

A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

 

PRESENTE.

La Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos” seguimos elevando nuestra voz, para que más personas conozcan de las malas practicas de tortura y detención arbitraria realizadas por la Fiscalía General del Estado en contubernio con Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Chiapas, que han generado acciones de dilación procesal a nuestros familiares y pretenden sentenciarlos por delitos que no cometieron.

Nuestra postura es que en Chiapas la tortura sea erradicada y las víctimas sean reparadas de los daños que el estado mexicano les ha causado, que la Fiscalía Antitortura realice indagaciones eficientes y eficaces sobre los casos de víctimas de tortura y se castiguen a los agentes perpetradores.

En este contexto queremos exhortar al Poder Judicial del Estado de Chiapas y al Juez de control del distrito judicial de Cintalapa, Chiapas, que se dirija con apego a derecho y en todo momento se apliquen los estándares internacionales de derechos humanos, así como los principios pro personae e indubio pro reo que mayor favorezcan a las víctimas y en el marco de 3 años de impunidad siendo que el día 10 de noviembre de la presente anualidad nuestro compañero Carlos Antonio López Robles (Carlos Antonio) llevara a cabo Audiencia de Juicio Oral, el Juzgado del distrito de Cintalapa, Chiapas.

Queremos mencionar que nuestro compañero se encuentra arbitrariamente detenido desde el 29 de octubre del 2019 con número de expediente penal: 443/2019. Carlos Antonio manifestó ser víctima de tortura, por hechos ocurridos durante su detención sin orden judicial, seguido a ello durante las primeras audiencias autoridades no se condujeron bajo el debido proceso y de defensa adecuada.

El 29 de octubre de 2019 Carlos Antonio, fue detenido de manera ilegal y arbitraria en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, por agentes de la Fiscalía de Alto Impacto o FAT (actualmente Fiscalía de Asuntos Especiales o FAE) “vimos que aproximadamente cuarenta policías vestidos de civiles con la cara totalmente cubierta, tiraban el portón de la casa en la que nos encontrábamos, llegaron tirando todo y rompiendo todo, nos gritaban que ¿donde estaban las drogas? ¿donde estaban las armas? ¿donde estaba el dinero?”. Además, fue sometido a actos de tortura y a tratos cueles, inhumanos y/o degradantes “…no nos enseñaron ningún papel, ninguna orden de aprehensión, a mi me comenzaron a golpear, me vendaron los ojos y me obligaron a subir a una de sus camioneta, abordo de la camioneta me siguieron golpeando, me llevaron a la Fiscalía de Alto Impacto, esto lo se porque escuchaba a los fiscales hablar entre ellos y los sonidos de las maquinas de escribir, en esta Fiscalía fui torturado y obligado a firmar papeles y expedientes de los que hasta el día de hoy desconozco su contenido. Fui desnudado, colgado, electrocutado y golpeado a tal grado que tuvieron que llevarme al Hospital Hospital General “Gilberto Gómez Maza”, donde tuve que ser intervenido con una cirugía de emergencia…”

1El 2 de noviembre de 2019, Carlos Antonio llegó al CERSS No. 14 “EL AMATE” de Cintalapa, Chiapas, día en que se llevó a cabo la audiencia inicial sin que el pudiera comprender los delitos por los que se le acusaba y las manifestaciones del Ministerio Público, ya que no podía ni hablar ni caminar después de la Tortura de la que refiere haber sido víctima. En esta audiencia su abogada, defensora de oficio, no manifestó en ningún momento las violaciones cometidas en contra de los Derechos Humanos de Carlos Antonio, tampoco recabó ni presentó ningún tipo de prueba a fin de desvirtuar las acusaciones del Ministerio Público.

Sumando que sus familiares han recibido amenazas por parte de la Fiscalía, se les ha dicho que no vayan a visitar al Carlos Antonio, que no pueden ayudarle en nada y que no deben de denunciar lo sucedido o se tomara represalias en contra de la familia. Estos hechos corresponde a una clara violación a Derechos Humanos y Violación a las Garantías Judiciales según la Convención Americana de Derechos Humanos así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 20.B Fracciones II y III.- Imponen que “A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;””A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.”

  • Solicitamos la solidaridad Nacional e Internacional de Organismos de Derechos Humanos, Sociedad Civil y familiares víctimas de estas malas practicas para visibilizar la grave situación de justicia en el Estado de Chiapas y pronunciarse en contra de este sistema de criminalización a intereses del Estado mexicano.
  • Exigimos a los Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, que celebrara la Audiencia de Juicio Oral de Carlos Antonio López Robles la exclusión de pruebas que en su valoración humana y precisa fueron obtenidas con violaciones a derechos humanos y hayan sido obtenidos con vicios formales por parte de la Fiscalía de Alto Impacto en su momento, con el objetivo de procesar a nuestros familiares injustamente presos. Así como de resolver con su inmediata libertad.
  • Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al cese absoluto de la reiterada situación de terror judicial, manifestada en investigaciones con fines de criminalizar a personas inocentes y nuestros familiares.
  • Reclamamos investigaciones profundas y efectivas a perpetradores de violaciones a derechos humanos en el presente caso, puesto que tienen conocimiento de estos hechos garrafales.

 

ATENTAMENTE,

Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos” Chilón,

Cintalapa,

Jiquipilas,

La Concordia,

Palenque,

Pichucalco,

Playas de Catazajá,

San Cristóbal de Las Casas,

Teopisca,

Venustiano Carranza.

Villaflores.

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Frayba

(Español) Después de más de 11 años de prisión injusta, Abraham y Germán López obtienen la libertad

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Los hermanos Abraham y Germán López Montejo fueron liberados tras permanecer 11 años, 3 meses y 28 días privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad por un delito que no cometieron.

Los hermanos Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011. Después de su larga lucha para demostrar su inocencia y las graves violaciones a derechos humanos cometidos en su contra, el 16 de mayo de 2022, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal dictó libertad inmediata “por falta de elementos para procesar”, es decir, durante estos años existió insuficiencia de pruebas para demostrar la responsabilidad de los hermanos Abraham y Germán de apellidos López Montejo.

Exigimos al Estado mexicano el cumplimiento de manera integral de la Opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

Agradecemos el acompañamiento de todas las personas que han estado al lado de la lucha de Abraham y Germán, a los medios de comunicación y a los colectivos y redes de solidarias.

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Noticias de Abajo ML

(Español) Noticias de abajo 25 de agosto de 2020

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(Descarga aquí)  

 

 

Rompiendo fronteras

PALESTINA: Emiratos arabes dan espalda a Palestina. Israel bambardea toda la semana Gaza. Armando Zoto de la Sexta con Palestina (Noticias de abajo).

BIELORUSIA: Más de una semana de revuelta y protestas contra el presidente Lukashenko por corrupción en las elecciones y autoritarismo. Campaña por la libertad de los presos anarquistas.

EUA ISLA TORTUGA: Los incendios en California, la represión supremacista a BLM y la lucha abolicionista. Por YisusWero (Noticias de abajo)

Chile: Jornada por la justicia para Macarena Valdes defensora del territorio asesinada y un Mensaje sobre la situacion de los presos politicos mapuche. Chilenos Movilizados en el Extranjero. Acompaña el rap de una niña mapuche.

MALDITO FACEBOOK: Facebook tira páginas de grupos libertarios: Radio Kurruf, Chrimethic, Its Going Down, Nos queremos vivas.

Desde el ombligo del monstruo

CHIAPAS: -Aldama y los desplazados de la 4T. Desinformemonos y La Jornada.

CHIAPAS: Ataques a comunidades zapatistas. Grupos de la ORCAO incendian almacenes de café. Regeneración y CoMAA, CNI.

CDMX: Un luchador en contra de la trata lleva 10 años en prision. David Alejandro Mondragón.

David, Aequus. Noticias de abajo

CDMX: Rodada por los Humedales de Xochimilco. Acoso y cerrazón de las autoridades. CRISTA-REPRESION

GUANAJUATO Y JALISCO: la policia tortura y secuestra a las manifestantes, periodistas y menores de edad en León Guanajuato. Información de la protesta feminista de Jalisco. La izquierda diario, Desinformemonos y Zonadocs.

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Democracy Now!

The Tropic of Torture, from Guantanamo to Washington

By Amy Goodman & Denis Moynihan | Democracy Now!

All eyes are on the U.S. Senate this week for the impeachment trial of President Donald J. Trump, only the third presidential impeachment trial in U.S. history. But another important trial is happening at the same time, far from the eyes of the public, at the U.S. Naval Base at Guantanamo Bay, Cuba. Behind the razor-wire fencing of “Camp Justice,” five of the remaining 41 Guantanamo prisoners sit through more pretrial hearings, almost 20 years after the Sept. 11, 2001, attacks they are charged with perpetrating.

One witness this week is Dr. James E. Mitchell, a retired Air Force psychologist who, with his partner, psychologist John “Bruce” Jessen, developed and then implemented the CIA’s post-9/11 torture program. Mitchell and Jessen actively participated in torture sessions at CIA black sites. Both have long maintained that they were only contractors, taking orders from the CIA. Despite having no prior experience with interrogation, they were paid handsomely, receiving at least $81 million in taxpayer dollars from the U.S. government for their work on the torture program. Torture is a war crime, and those who torture should be prosecuted. But Mitchell is not the one on trial this week. Indeed, he defiantly said in court this week, “I’d get up today and do it again.” Mitchell was sitting in the courtroom, not far from his torture victims.

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Frayba

(Español) Juan de la Cruz Ruiz ¡Libre!

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    • Investigar y sancionar a responsables del delito de Tortura y otras violaciones a derechos humanos cometidas a Pueblos Originarios en Chiapas.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) documentó la situación jurídica de Juan de la Cruz Ruiz (Juan), perteneciente al pueblo indígena maya tsotsil, quien estuvo preso del 28 de febrero de 2007 al 09 de diciembre de 2019, acusado de un delito que no cometió. Su declaración fue obtenida bajo Tortura, no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura. El juicio fue seguido a pesar de carecer de pruebas directas que demostrarán su responsabilidad.

El Frayba expuso a las autoridades estatales el análisis jurídico que evidencia las violaciones al debido proceso y las garantías judiciales. Tanto en las declaraciones ministerial y preparatoria Juan detalló la situación de Tortura sin que las autoridades ministeriales y judicial iniciaran una investigación por este delito.

La detención de Juan y su proceso penal, se realizaron sin cumplir con las garantías del Artículo 8 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos, lo cual ha tenido graves consecuencias socioeconómicas para él y su familia, ha repercutido en sus ingresos, en la educación de sus hijos, la salud, la alimentación, entre otros. Además se vulneró el derecho de las personas indígenas a que se tomen en cuenta sus usos y costumbres al momento de integrar una averiguación previa o al ser juzgados, ser asistido por un traductor, por un defensor que conozca de su cultura y a que el agente del Ministerio Público o el Juez, tomen en consideración su pertenencia a un pueblo originario.

Como consecuencia de lo anterior, Juan fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado y 5 años por el delito de extorsión, sumando una cantidad de 30 años. De los cuales pasó casi 13 años en privación arbitraria de su libertad.

Es importante mencionar que la discrecionalidad de la administración de justicia tiene límites, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. En el caso de Juan hubo vulneración del principio pro persona, progresividad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos que todas y cada una de las autoridades están obligadas a respetar.

Además, desde el 11 de febrero de 2016, la Mesa de Reconciliación determinó la libertad de Juan por encontrar violaciones graves a sus derechos humanos, cuadernillo 387/MR/2012, firmada por Rutilio Escandón Cadenas en ese entonces como Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios ex presidente de la CEDH, entre otros funcionarios. La Subsecretaria de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad no cumplió con la recomendación y Juan tuvo que acudir al recurso del amparo para que las autoridades reconocieran sus decisión.

Juan obtuvo su libertad el pasado 9 de diciembre de 2019, mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación le otorgó el beneficio de sentencia suspendida.

Por lo anterior exigimos:

Investigar y llevar ante la justicia a los servidores o funcionarios públicos que por acción u omisión cometieron delitos como la Tortura en agravio de Juan de la Cruz Ruiz.

Obtener justa indemnización para Juan de la Cruz Ruiz y su familia tomando en cuenta el estándar internacional para la reparación de daños.

Que el Estado se pronuncie sin ambigüedades por la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, cesando esta cotidiana, estructural y sistemática violación a los derechos humanos, especialmente de integrantes de Pueblos Originarios.

Agradecemos a las personas, colectivos, organizaciones, comunidades y los medios comunicación su solidaridad con la lucha digna de Juan de la Cruz Ruiz, de su familia, de las La Voz de Indígena en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate, Viniketik en Resistencia y del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. Les seguimos convocando a impulsar la liberación de todas las personas que continúan privadas arbitrariamente de su libertad, hasta derribar los muros de la opresión.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 13 de diciembre de 2019
Boletín No. 22

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Frayba

(Español) Diego López Méndez, víctima de tortura, acusado de un homicidio que no cometió

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El 18 de julio de 2012, Diego López Méndez estaba trabajando cuando llegaron 4 judiciales vestidos de civil a su lugar de trabajo. Lo detuvieron y se lo llevaron en una camioneta blanca para ser torturado, acusándolo de un homicidio que no cometió. Ante el horror de la tortura, y pensando que lo matarían, finalmente se autoinculpó para salvar su vida. Eso fue hace seis años y medio. Desde entonces, ha estado preso.

Diego López es un indígena tseltal, padre de un niño de 6 años. La condición de madre, que está muy enferma, se ha agravado con el sufrimiento por la injusta prisión.

La única evidencia en su contra es su propia confesión, firmada bajo tortura. Quien lo inculpó también fue torturado para que lo hiciera.

Este martes, 12 de febrero, Diego comparecerá en audiencia de derecho frente al Juez Penal de San Cristóbal de Las Casas, César Rodríguez Robles, quien a partir de entonces tendrá 15 días para dictar su sentencia. Ese mismo día 12 de febrero, a las 5 p.m., se llevará a cabo una concentración en la plaza de la Catedral de esa ciudad, en solidaridad con Diego López Méndez. Invitamos a quienes estén en la ciudad a comparecer para exigir su libertad.

Video: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

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(Español) Perpetradores de la Tortura a Sergio Alberto González no han sido sancionados

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Sergio Alberto González Castro (Sergio Alberto) obtuvo su libertad después de 3 años de injusta prisión. Sergio Alberto es sobreviviente de Tortura, fue privado arbitrariamente de su libertad por Policías Municipales de La Concordia, el 05 de noviembre de 2015. Se encontraba en prisión en el Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados No. 08 de Villaflores, Chiapas.

Guillermo González Rodríguez, Juez Penal del Distrito Judicial de Villaflores, determinó el 04 de octubre de 2018, sentencia de libertad a Sergio Alberto por: “No haberse considerado penalmente responsable por el delito de abigeato agravado”. En el dictamen de la sentencia el Juez consideró que “los estudios médicos y psicológicos practicados a Sergio Alberto González Castro confirman ese hecho, siendo evidente que no deja lugar a dudas que el citado acusado fue torturado de una forma cruel e inhumana para obligarlo a firmar la declaración ministerial”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) y su defensa presentaron diversas pruebas que demuestran que Sergio Alberto fue torturado y que la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público de La Concordia se basa en confesiones obtenidas bajo Tortura así como otras pruebas ilícitas.

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