Teatro TRANSMISIÓN EN VIVO Semillero, 21 de agosto de 2026, 18:00 horas: CIDECI. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Esmeralda Aragón Jorge Vargas Hernán del Riego Eduardo Bernal Grupo de música “Xaolin Wolf” (cumbia japonesa) Comisión Sexta
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Teatro Semillero, 20 de agosto de 2026, 18:00 horas CIDECI. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Luis de Tavira Marina de Tavira David Gaitan Diego del Río Ofelia Medina Comisión Sexta
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Teatro 20 de agosto 2026, 17:00 horas Obra de teatro “El Común y el día después” (versión multilingüe) CIDECI. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
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Cine 19 de agosto 2026 CIDECI. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Semillero:
Dolores Heredia Natalia Beristain Diego del Río Alberto Domínguez Ramos (Kinoki) Salvador Pintor Rodríguez Comisión Sexta
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Danza. 18 de agosto 2026 CIDECI. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Semillero:
Hugo Molina – Foramen Danza. Susana Ponce – Sentires colectivos en movimiento. Argelia Guerrero – Otra Danza es posible. Comisión Sexta- Ala Comando Palomitas-. No es seguro que participen la Verónica y la Luchi porque, dicen, tienen que practicar porque se presentan en el puy de Jacinto Canek. Claro, algo de dulce de chamoy ayudaría a que se decidieran.
Teatro TRANSMISIÓN EN VIVO 20 de agosto 2026, 17:00 horas Obra de teatro “El Común y el día después” (versión multilingüe) CIDECI. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Semillero, 18:00 horas:
Luis de Tavira Marina de Tavira David Gaitan Diego del Río Comisión Sexta
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Teatro 20 de agosto 2026, 17:00 horas Obra de teatro “El Común y el día después” (versión multilingüe) CIDECI. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
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Cine 19 de agosto 2026 CIDECI. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Semillero:
Dolores Heredia Natalia Beristain Diego del Río Alberto Domínguez Ramos (Kinoki) Salvador Pintor Rodríguez Comisión Sexta
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Danza. 18 de agosto 2026 CIDECI. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Semillero:
Hugo Molina – Foramen Danza. Susana Ponce – Sentires colectivos en movimiento. Argelia Guerrero – Otra Danza es posible. Comisión Sexta- Ala Comando Palomitas-. No es seguro que participen la Verónica y la Luchi porque, dicen, tienen que practicar porque se presentan en el puy de Jacinto Canek. Claro, algo de dulce de chamoy ayudaría a que se decidieran.
Como CONGRESO NACIONAL INDÍGENA que caminamos los pasos de la dignidad que nos dejaron nuestros abuelos y abuelas más primeros, que nació hace 30 años con la convocatoria de nuestras hermanas y hermanos zapatistas para dialogar todos los pueblos indígenas del país cuáles son los derechos indígenas que debían ser reconocidos por el Estado Mexicano, lo que dio paso a los Acuerdos de San Andrés, la histórica movilización de la Marcha del Color de la Tierra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y posteriormente la traición del mal gobierno en los derechos reducidos plasmados en el artículo 2 constitucional.
Hoy rechazamos la burla que implica para los pueblos indígenas del país el proceso de consulta indígena y la Propuesta de Iniciativa de Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y operada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) cuyo titular Adelfo Regino Montes ha traicionado a los pueblos y comunidades indígenas, a la madre naturaleza y a la memoria histórica.
Esta propuesta cuenta con 453 artículos que abordan diferentes temas relacionados con nuestros pueblos como la autonomía, la libre determinación, la jurisdicción, la consulta, el territorio, el amparo indígena, el patrimonio, la salud, la cultura, el reconocimiento como sujetos de derecho público entre otros temas que están causando más confusiones que claridades.
Esta ley la rechazamos porque da continuidad al proyecto neoliberal de despojar y privatizar las tierras y territorios de los pueblos indígenas del país, desde la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, el derecho mexicano no ha hecho otra cosa que abrir el paso para el despojo de nuestros territorios y tratar de destruir el legado que nos dejó nuestro General Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana. Esta ley fue elaborada por una cúpula allegada a la presidenta de la República, no es hecha para los pueblos indígenas, sino para facilitar el acceso de los grandes capitales a nuestros territorios; saquear, destruir y mercantilizar nuestros bienes comunes, naturales y culturales, atacando y reprimiendo a los pueblos en resistencia frente al embate capitalista, patriarcal, extractivista y colonial que padecemos.
La propuesta de ley, da un trato colonial, denigrante y racista a los pueblos y comunidades indígenas del país, al condicionar que, para poder acceder a nuestros derechos, tenemos que registrarnos en un catálogo de pueblos que califica el INPI, bajo una serie de artículos que, aunque reconocen vagamente el derecho de autoadscripción, su redacción abre la puerta para que el INPI entorpezca o rechace el registro de un pueblo o comunidad indígena, por considerar según su criterio, que no cumple con los requisitos para ser registrado.
Dice su propuesta de ley que en caso de no registrarnos no perdemos el carácter de ser sujetos de derecho pero legalmente no los podemos poner en práctica; esta aberración legal y tramposa restringe profundamente el ejercicio de la autonomía de los pueblos, interviene en la vida interna de las comunidades y destruye el principio de autoadscripción. Esta ley es para que las empresas trasnacionales tengan, lo que llaman “seguridad jurídica” para invertir en sus megaproyectos, colocándonos como mercancías o productos a la venta que deben estar registradas para que las empresas puedan cumplir con los requisitos que les permitan saquear a nuestros pueblos.
El contenido de esta ley es TRAMPOSA, pues plantea en algunos artículos reconocer el pluralismo jurídico en el Estado Mexicano, reconocimiento de igual valor el sistema jurídico del Estado y el sistema normativo de los pueblos indígenas, dando preferencia de aplicarse en los territorios indígenas el sistema normativo por usos y costumbres, pero enmarañándolo en un proceso de conflictos de competencias con cada autoridad que así lo reclame. Y en la práctica es el Estado, por medio del INPI y la Secretaría de Gobernación, la que decide qué se consulta y qué no, qué le afecta a los pueblos y comunidades indígenas y qué no. Ahora resulta que el doctor es el único que puede decir qué le duele al enfermo.
La propuesta de Ley establece una serie de ausencias estratégicas al derecho de autodeterminación de los pueblos sobre su territorio, en cambio, confirma la continuidad del derecho neoliberal mexicano al señalar que las áreas estratégicas para la explotación del agua, el petróleo, el fracking, el litio, los minerales y otros, serán administrados directamente por el Estado. En estos casos la libre determinación no existe ya que solo podremos opinar sobre estos proyectos destructivos y altamente contaminantes, pero no decidir si se desarrollan o no en nuestros territorios; al gobierno de la cuarta transformación no le interesa nuestra vida ni el futuro de nuestras hijas e hijos. En las traiciones que se han venido dando en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el artículo 2 constitucional señala que en los recursos estratégicos para la nación no tenemos derecho a decidir. Pero su caracter de estratégico no les impide concesionarlo para el lucro incesante de cualquier empresa extranjera, incluyendo el agua, elemento vital para sobrevivir. Entonces, es un trato racista y criminal de los recursos naturales en nuestro país, se lo quitan a los pueblos originarios dejando destruido su territorio por el saqueo y se lo entregan a las empresas transnacionales para su comercialización, sin derecho a la libre determinación.
La libre determinación significa que podemos decidir sobre la vida y destino de nuestros pueblos, territorios y los sistemas normativos que tenemos, podemos decidir sobre si un proyecto se desarrolla o no y bajo qué condiciones, sin distinción, si se nos debe consultar una medida o no y a autoconsultarnos. Nadie tiene por qué venir a nuestros territorios a organizar como dialogamos y nos preguntamos de acuerdo a nuestros usos, costumbres y sistemas normativos propios. Como pueblos somos los únicos que podemos decir y decidir qué nos afecta y qué no, no un estudio desde el escritorio del INPI y la Secretaría de Gobernación.
Es falso que la propuesta sea un amasijo de disposiciones contradictorias, como lo han afirmado algunos analistas, a nuestro ver, es una propuesta coherente en sus propósitos que expresa toda su perversidad al establecer la “constitución formal” de pueblos milenarios y la validación burocrática de la autoidentificación de las comunidades. Desde ese punto y del enfoque que se da a los territorios se vuelve entendible y coherente esta ley neoliberal
Denunciamos la simulación de consulta de esta propuesta de ley, que se está realizando entre agosto y septiembre en todo el país, donde el rechazo al proceso es cada vez mas grande y evidente, ¿será que una ley tan extensa de 453 artículos alcance para ser explicada, entendida, analizada y comentada en una reunión regional de 3 a 5 horas? ¿en 2 meses se alcanzará a consultar a todos los pueblos indígenas del país con las traducciones a cada lengua?, una vez terminados los foros, ¿15 días serán suficientes para sistematizar la información y realizar los cambios necesarios para que la presidenta la presente ante el Congreso el 12 de octubre? ¿no es ya una ley cocinada?, llegada al Congreso ¿qué garantiza que la Ley consultada a “todos” los pueblos y comunidades indígenas en el país no sea rasurada en los artículos que favorecen a los pueblos o sea modificada como sucedió con los Acuerdos de San Andrés en 2001?
Esta consulta no sigue ni siquiera los requisitos que propone en su propia ley a consultar, no existe etapa de acuerdos previos, de información suficiente, deliberativa, consultiva y de seguimiento de acuerdos. El proceso está viciado de origen, el esquema de esta simulación de consulta es solo para justificar administrativamente la propuesta de ley de derechos indígenas y afromexicanos, tal como se ha hecho con las falsas consultas para la aprobación de los megaproyectos del Estado como el mal llamado Tren Maya, el Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, la Refinería Dos Bocas y todos los que han destruido y contaminado nuestros territorios.
Como pueblos y comunidades organizados en la resistencia y la palabra digna de la memoria de nuestros abuelos y abuelas más primeros, MANIFESTAMOS NUESTRO RECHAZO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY DE DERECHOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS Y SU SIMULACIÓN DE CONSULTA Y EXIGIMOS QUE CESE DE MANERA INMEDIATA EL HOSTIGAMIENTO, LA REPRESIÓN Y LA GUERRA MEDIANTE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PAÍS QUE RESISTEN Y EJERCEN SU DERECHO A LA AUTONOMÍA Y LA LIBRE-DETERMINACIÓN, EXIGIMOS LA LIBERACION INMEDIATA DE NUESTRO HERMANO JESUS PLACIDO GALINDO. Una consulta indígena con presos políticos indígenas no es libre, ni de buena fe.
POR LA RECONSTITUCION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS. NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS. CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
Cine TRANSMISIÓN EN VIVO 19 de agosto 2026, 18:00 horas CIDECI. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Semillero:
Dolores Heredia Natalia Beristain Diego del Río Alberto Domínguez Ramos (Kinoki) Salvador Pintor Rodríguez Comisión Sexta
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Danza. 18 de agosto 2026 CIDECI. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Semillero:
Hugo Molina – Foramen Danza. Susana Ponce – Sentires colectivos en movimiento. Argelia Guerrero – Otra Danza es posible. Comisión Sexta- Ala Comando Palomitas-. No es seguro que participen la Verónica y la Luchi porque, dicen, tienen que practicar porque se presentan en el puy de Jacinto Canek. Claro, algo de dulce de chamoy ayudaría a que se decidieran.
Danza. 18 de agosto 2026, 18:00 horas CIDECI. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Semillero:
Hugo Molina – Foramen Danza. Susana Ponce – Sentires colectivos en movimiento. Argelia Guerrero – Otra Danza es posible. Comisión Sexta- Ala Comando Palomitas-. No es seguro que participen la Verónica y la Luchi porque, dicen, tienen que practicar porque se presentan en el puy de Jacinto Canek. Claro, algo de dulce de chamoy ayudaría a que se decidieran.
Nos sumamos a la lucha por la verdad y contra la impunidad de la Masacre de Acteal
A 28 años, siete meses y 18 días de perpetrada la Masacre de Acteal seguimos exigiendo justicia por la ejecución extrajudicial de 45 indígenas tsotsiles —19 mujeres, 14 niñas, cuatro niños, ocho hombres— además cuatro bebés aún no nacidos, integrantes de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal por un grupo paramilitar entrenado y protegido por el Estado mexicano.
Hoy se cumplen 17 años de la liberación de 20 personas señaladas como autores directos de la Masacre de Acteal, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este hecho evidencia la falta de acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos que garanticen el resarcimiento integral de los daños. Frente a ello, México continúa lejos de consolidar una democracia plena y de garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos, mientras las personas sobrevivientes siguen enfrentando obstáculos para acceder a la justicia, la verdad en una situación de absoluta impunidad.
La falta de un entorno seguro y propicio para que Las Abejas de Acteal ejerzan plenamente sus derechos a la autonomía, la libre determinación y la lucha contra la impunidad se ve agravada por la violencia que persiste en la región y, específicamente, por las agresiones y amenazas contra sus integrantes. En este contexto, el Estado mexicano continúa incumpliendo su responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción ni discriminación, lo que sigue siendo una aspiración pendiente para la sociedad.
Hoy se cierra la campaña “Me oy Chapanel, oy jun O´ntonal” (Si Hay Justicia, Hay Paz) iniciada por Las Abejas de Acteal, como uno de los espacios de lucha para el no olvido. Por ello, saludamos y nos sumamos a las nuevas generaciones que exigen justicia y verdad frente al negacionismo de este crimen de lesa humanidad. Ellas y ellos, a través de las artes, mantienen viva la esperanza de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita el Informe de Fondo del Caso 12.790, Manuel Sántiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal). La memoria, la verdad y la justicia siguen siendo caminos indispensables para construir la paz.
En este cierre de campaña, denunciamos una nueva vulneración a los derechos humanos que afecta directamente a Las Abejas de Acteal: la privación arbitraria de libertad, durante más de 24 horas, de José Alfredo Jiménez Pérez, defensor comunitario y documentalista, y Eusebio López Guzmán en la comunidad Centro Nuevo Yibeljoj, mientras realizaban la reconexión del servicio de energía eléctrica para un hermano enfermo. Esta privación de la libertad ocurrió sin fundamento, sin garantías y sin respeto a su labor humanitaria, a pesar de que la acción había sido comunicada previamente a las autoridades municipales y estatales, cuya omisión permitió que la agresión escalara y que personas de la comunidad los retuvieran arbitrariamente y les impusieran una sanción desproporcionada. Este hecho se suma a un patrón persistente de agresiones contra una organización que, desde hace décadas, sostiene una lucha pacífica por verdad, justicia y paz. Asimismo, confirma que la impunidad continúa siendo una amenaza estructural para quienes defienden los derechos humanos, la vida, la justicia y la dignidad de los pueblos.
Al Estado mexicano le hacemos notar que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país no son un asunto de buenas intenciones, sino de cumplimiento efectivo de sus obligaciones nacionales, regionales e internacionales. Para nosotras y nosotros, esto significa poner fin a la impunidad en el caso de la Masacre de Acteal.
Reiteramos finalmente, la necesidad de abrir los espacios para que los mecanismos internacionales contribuyan al esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación integral. Porque si hay justicia, hay paz. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para seguir alzando la voz y acompañando las luchas de los pueblos de Chiapas en la defensa de la vida, la memoria y la dignidad.
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Hoy 12 de agosto, día en que la mal llamada “Suprema Corte de Justicia de la Nación”, liberó masivamente a los paramilitares en el año de 2009, concluirá nuestra campaña, Me oy Chapanel, oy jun O´ntonal” (Si Hay Justicia, Hay Paz). Y en el lapso de los tres meses desde el 14 de mayo y hasta este 12 de agosto de 2026, seguimos en espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita el Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) y le recordamos que la impunidad y las estrategias de desgaste del Estado mexicano en los sobrevivientes, aunado a las represiones, agresiones, desapariciones forzadas, divisiones en las comunidades, así como el despojo de las tierras y territorios de los pueblos originarios, han aumentado y agravado.
No nos cansamos, no nos echamos para atrás, sino que hoy volvemos a RECORDAR y SOLICITARLE a la CIDH para que emita ya el Informe de Fondo del caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otra Masacre de Acteal. Dicho Caso la interpusimos junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) desde el año 2005, en el cuál expusimos y entregamos suficientes pruebas de los hechos ocurridos más crueles en el campamento Civil Por la Paz “Los Naranjos”, evidenciando que la Masacre de Acteal, es el mismo Estado mexicano la planeó, financió y que es consecuencia de la estrategia de guerra de contrainsurgencia diseñado durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.
El Estado mexicano a través de sus agentes encargados de generar conflictos en las comunidades para desgastar nuestra lucha por la justicia, la resistencia y la construcción de nuestra autonomía. Así como recientemente el 7 de agosto del presente, fueron privados de manera arbitraria e ilegal dos miembros de Las Abejas en la comunidad Nuevo Yibeljoj: Eusebio López Guzmán y José A. Jiménez Pérez, acusados y multados sin ningún fundamento jurídico. Ante esta larga oscuridad de impunidad, de injusticias, de violencias y de asesinatos; nuestra esperanza crece y nos va abriendo caminos de luz para seguir adelante en la construcción de la justicia de la Masacre de Acteal.
Está claro que los 3 niveles de gobierno en vez de tener voluntad política para aplicar la justicia verdadera, sólo profundiza las injusticias y genera caos y crisis de derechos humanos a nivel nacional. Uno de los ejemplos indignantes es la insensibilidad y desatención de parte del gobierno federal hacia las madres buscadoras de México.
Ante la coyuntura política actual, traemos a la memoria para recordar más claramente que este 12 de agosto se cumplen 17 años la liberación masiva de los paramilitares autores materiales de la Masacre de Acteal, por decisión de la Suprema Corte de Ricos y Criminales o la mal llamada “Suprema Corte de Justicia de la Nación” (SCJN). Esa fecha en que la dizque “Casa Máxima de Justicia”, liberó a los asesinos de nuestros padres, madres, hermanas y hermanos; hermanitas y hermanitos. Este hecho de corrupción judicial nunca la olvidaremos, porque en vez de escuchar nuestra palabra y testimonios de lo que pasó realmente el día 22 de diciembre de 1997, optó por abrirle la puerta a la impunidad, sellar con la ignominia un Crimen de Lesa Humanidad, optó por escuchar y liberar a los autores materiales la mayoría confesos y sentenciados de entre 30 y 35 años de condena. Es por eso que este día 12 de agosto es importante y ha quedado ya escrito en libros y plasmado en imágenes, en cantos y poesías y es el motivo que en esta fecha decidimos cerrar nuestra campaña: Me oy Chapanel, oy jun O´ntonal” (Si Hay Justicia, Hay Paz).
Aunque hasta la fecha la CIDH no haya emitido el Informe de Fondo, no vamos a quedar callados, no vamos a conformarnos con nada, porque es nuestro derecho seguir solicitándolo y así lo haremos. Mucha gente en varias partes del mundo, sus ojos y su corazón están puestos en Acteal, en exigencia de la justicia y también están en la espera del anhelado Informe de Fondo.
Le preguntamos a la CIDH ¿hasta cuándo vamos a esperar la emisión del Informe de Fondo? Porque mientras se sigan tardando, más se enraíza la impunidad, se agrava el desgaste en los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, varias personas peticionarias del Caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) se han muerto y se fueron con la esperanza de encontrar la justicia.
A pesar de la larga oscuridad e impunidad de la Masacre de Acteal, nuestros retoños, nuestras esperanzas y horizonte de alegría y de luz, son las nietas y nietos de las víctimas y familiares de los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, que ya van creciendo, que ya van tomando conciencia y abriendo caminos para denunciar y exigir la justicia verdadera que tanto deseamos y que no siga siendo una utopía, sino que se haga realidad muy pronto.
Por ahora es toda nuestra palabra, pero antes de cerrar queremos agradecer a todas las mujeres y hombres quienes estuvieron atentas, difundieron y compartieron en sus espacios y para que nuestra campaña: Me oy Chapanel, oy jun O´ntonal” (Si Hay Justicia, Hay Paz), tuviera eco y conocimiento. Así mismo a las y los periodistas, comunicadores, fotógrafos, a todas las personas de buen corazón, que han caminado junto a nosotras y nosotros en este arduo caminar por la Verdad y la Justicia, gracias por su colaboración y difusión de nuestra campaña. Y decirles que aunque la campaña se cierra este día, no quiere decir que aquí se acaba nuestra solititud a la CIDH en la emisión del Informe de Fondo, iremos haciéndolo mes con més, hasta que se logre el Lekil Chapanel, el cual Las Abejas de Acteal va por su parte construyendo desde abajo en lo que hemos nombrado La Otra Justicia.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, la construcción de la justicia verdadera y de la paz, sigue adelante.
¡Vivan los Mártires de Acteal!
¡Viva la Paz!
¡Viva la lucha activa No-violenta!
Atentamente.
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Por la Mesa Directiva:
___________________________ _____________________
Francisco López Sántiz Juan Pérez López
Presidente Secretario
_____________________
Carlos Flores Gómez
Tesorero
Por los representantes de l@s sobrevivientes de Acteal:
LAS ARTES BAJO ACOSO (danza, cine y teatro). Programa.
Danza. 18 de agosto 2026, 18 horas. CIDECI. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Semillero:
Hugo Molina – Foramen Danza. Susana Ponce – Sentires colectivos en movimiento. Argelia Guerrero – Otra Danza es posible. Comisión Sexta- Ala Comando Palomitas-. No es seguro que participen la Verónica y la Luchi porque, dicen, tienen que practicar porque se presentan en el puy de Jacinto Canek. Claro, algo de dulce de chamoy ayudaría a que se decidieran.
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Cine. 19 de agosto 2026, 18 horas. CIDECI. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Semillero:
Dolores Heredia. Natalia Beristain. Diego del Río. Alberto Domínguez Ramos (Kinoki). Comisión Sexta.
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Teatro. 20 y 21 de agosto 2026,
1300 horas. CIDECI. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: Obra de Teatro: El Común y el Día Después. Jóvenes, jóvenas y jovenoas teatristas zapatistas.
1800 horas, ambos días. CIDECI. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas:
Semillero:
Luis de Tavira, Marina de Tavira. Esmeralda Aragón. Jorge Vargas. David Gaytán. Diego del Río. Hernán del Riego. Iván Prado. Eduardo Bernal. Comisión Sexta – Jóvenes, jóvenas y jovenoas teatristas zapatistas.
Más allá de la cárcel:Necropolítica, castigo y aprendizajes de la experiencia zapatista
Entrevista a Francisco de Parres Gómez por Rita Grande*
La cárcel representa una de las expresiones más acabadas de la necropolítica contemporánea porque administra poblaciones consideradas desechables, mientras que experiencias como la zapatista permiten pensar la justicia desde la reparación del daño, la responsabilidad colectiva y la reconstrucción del tejido social. El desafío consiste en construir comunidades capaces de producir seguridad, cuidado y justicia reduciendo su dependencia de la lógica del castigo.
La presente entrevista con el antropólogo Francisco De Parres Gómez forma parte del proceso de investigación y documentación de la exposición inmersiva El origen de un sistema: Una mirada a las cárceles de México, un proyecto artístico y cultural que propone comprender la prisión como la expresión visible de una trama histórica más amplia de poder, control, violencia y exclusión social.
Desde esa perspectiva, la conversación explora los vínculos entre el sistema penitenciario, la necropolítica y las estructuras económicas, políticas y coloniales que sostienen las formas contemporáneas de castigo. El diálogo incorpora también experiencias comunitarias de justicia y autonomía que permiten interrogar la aparente inevitabilidad de la cárcel y abrir preguntas sobre otras maneras de asumir la responsabilidad, reparar el daño y reconstruir el tejido social.
1.- ¿Cómo consideras que se articulan y complementan entre sí la necropolítica, la cárcel y las estructuras de poder?
Cuando hablamos de necropolítica, cárcel y poder estamos frente a distintas expresiones de una misma arquitectura. Achille Mbembe entiende la necropolítica como la capacidad de decidir qué vidas reciben protección y cuáles quedan expuestas a la muerte. Esa exposición también puede adoptar formas sociales, políticas y simbólicas. La prisión es uno de los espacios donde esta gestión diferencial de la vida se vuelve particularmente visible.
En su momento Foucault permitió comprender la cárcel como institución disciplinaria: vigilar, clasificar, corregir y producir sujetos obedientes. En el presente esa racionalidad convive con otra más cruda, orientada a administrar poblaciones empobrecidas, racializadas, migrantes, indígenas o habitantes de las periferias. La cárcel forma parte de una arquitectura mayor que incluye policías, sistemas judiciales corruptos, fronteras militarizadas, centros de detención con prácticas opacas y tecnologías de vigilancia.
La prisión administra, además, consecuencias de desigualdades que permanecen intactas y se han perpetuado de manera histórica. Racismo estructural, precarización, exclusión educativa, despojo y abandono institucional terminan convertidos en problemas de seguridad. El encierro recibe aquello que previamente fue producido como marginalidad.
Por eso la discusión rebasa la pregunta sobre si las cárceles funcionan bien o mal. Es decisivo preguntarnos qué tipo de sociedad necesita encarcelar masivamente para sostener su orden y qué vidas considera sacrificables, las vidas desechables, como dicen las comunidades zapatistas. Desde una posición que no se enfoca en la lógica del castigo, la responsabilidad frente al daño debe permanecer en el centro, pero separada de la idea de que producir sufrimiento equivale a impartir justicia. La reparación, la protección de las víctimas y la reconstrucción de las relaciones dañadas abren un horizonte distinto.
2.- ¿Cómo se evidencia la transición de la biopolítica (hacer vivir) a la necropolítica (dejar morir) dentro del sistema penitenciario actual?
La transición se observa en el desplazamiento desde una institución que afirmaba disciplinar y rehabilitar hacia otra que administra el deterioro. La prisión conserva como todo aparato de control, horarios, vigilancia, clasificación y disciplinamiento del cuerpo, pero en numerosos contextos opera mediante una administración del abandono que se traduce en condiciones de hacinamiento, atención médica insuficiente y en algunos casos nula, mala alimentación, además de prácticas recurrentes de tortura, violencia sexual, adicciones, abandono psicológico, corrupción o control interno por grupos criminales.
México, ese deterioro se superpone a desigualdades anteriores al encierro. Las personas llegan al sistema con trayectorias atravesadas por empobrecimiento, racismo, defensas jurídicas precarias, criminalización de juventudes populares o con etnicidades específicas, falta de traducción a sus propios idiomas o ausencia de interpretación intercultural de las leyes que distan mucho de sus códigos culturales primigenios. La prisión profundiza esas condiciones y prolonga la pena mediante el estigma, los antecedentes y las dificultades para reconstruir vínculos y trabajo.
Ahí aparece la muerte social: la persona permanece viva, pero se restringen derechos, relaciones, reconocimiento y capacidad de proyectar una vida posterior al encierro. La pena se extiende mucho más allá de los muros.
Las megacárceles de Nayib Bukele en El Salvador condensan de manera extrema una tendencia que convierte el encierro masivo en política pública y espectáculo de seguridad. Esa lógica obliga a cuestionar la asociación automática entre más cárcel y más justicia. Una sociedad que administra conflictos mediante deterioro permanente termina confundiendo seguridad con control y por desgracia, esta promoción del control y el castigo de las manos de las ideologías de ultraderecha está permeando en gran parte de este continente.
3.- ¿De qué manera el Estado utiliza la prisión para gestionar a las poblaciones que considera “excedentes” económicos o sociales?
Hablar de poblaciones “excedentes” requiere una precisión: ninguna persona sobra. La categoría describe la manera en que el capitalismo contemporáneo expulsa a sectores enteros de condiciones dignas de trabajo, educación, vivienda, salud o acceso al territorio y después convierte esa exclusión en un problema de seguridad, ejemplo reciente de ello son las migraciones masivas desde Marruecos a Ceuta, episodio que ha reabierto la tensión diplomática y el debate en la Unión Europea sobre el control de fronteras, la seguridad en el espacio Schengen y la instrumentalización de los flujos migratorios, en sintonía con la criminalización de poblaciones específicas. La prisión, centros de detención o supuestos “campamentos de emergencia” como en Gaza, adquieren entonces una función política: administrar aquello que el modelo económico deja fuera.
Angela Davis y Ruth Wilson Gilmore han mostrado que las cárceles gestionan consecuencias de desigualdades que permanecen estructuralmente intactas. En vez de transformar las condiciones que producen precariedad y violencia, los Estados expanden policías, sistemas penitenciarios, vigilancia y militarización. La selección tampoco es aleatoria: jóvenes de sectores populares, personas racializadas, indígenas y poblaciones negras aparecen sobrerrepresentadas porque han sido históricamente objeto de criminalización. En Estados Unidos aproximadamente el 35% de las personas privadas de la libertad son de comunidades negras, esta desproporción significa que los afros enfrentan tasas de encarcelamiento significativamente mayores en comparación con otros grupos demográfico
En otras geografías como México y Colombia, Las mal llamadas “guerras contra el narcotráfico” permiten verlo con especial claridad. Miles de jóvenes ocupan los eslabones más vulnerables de economías ilegales y terminan encarcelados, mientras los circuitos financieros capaces de lavar grandes cantidades de dinero cuentan con recursos de protección incomparablemente mayores. El castigo se concentra allí donde existe menor capacidad jurídica, económica y política de defensa.
La cárcel funciona así como una tecnología de gobierno de la desigualdad. El reto de fondo consiste en impedir que sectores completos de la sociedad sean producidos como desechables y en responder al daño combinando responsabilidad, reparación y transformación de las condiciones que lo hicieron posible.
4.- ¿En qué medida la pérdida de derechos civiles en prisión despoja al interno de su condición de persona, convirtiéndolo en lo que Agamben llama homo sacer?
La categoría de homo sacer resulta útil siempre que se emplee con cuidado. Agamben recupera una figura del derecho romano para pensar a quien permanece dentro del orden jurídico y, al mismo tiempo, queda colocado en una zona donde sus protecciones se debilitan de manera extraordinaria. La prisión permite observar esa paradoja, aunque siempre dentro de la lógica de la “ciudadanía” construida en el marco de los Estados-nación.
La persona privada de la libertad continúa siendo formalmente sujeto de derechos, pero el Estado regula movimientos, tiempos, vínculos afectivos, alimentación, comunicación y acceso a la salud. A esa reducción material se suma otra moral: el encarcelado puede quedar reducido públicamente a las categorías de “reo”, “interno” o “delincuente”, como si el acto cometido agotara toda su humanidad.
La cuestión se vuelve especialmente grave cuando el sufrimiento dentro de prisión deja de producir indignación social. Muertes por falta de atención médica, tortura o violencia pueden ser recibidas con indiferencia e incluso con aprobación. Ahí la idea de excepción adquiere fuerza: determinadas vidas parecen quedar disponibles para un grado de violencia que resultaría inadmisible sobre otros sectores. El paradigma extremo de esta condición, son los prisioneros de los campos de concentración durante la época del nazismo, y que ahora vemos replicados por parte de las aberraciones sionistas en contra del pueblo Palestino.
Yo matizaría, sin embargo, cualquier lectura que convierta a la persona encarcelada en pura vida pasiva. Dentro de prisión persisten vínculos, organización y resistencia. El sistema puede intentar reducir sujetos complejos a cuerpos administrables, pero esa reducción nunca es completa. Incluso frente a actos graves, la responsabilidad no debería traducirse en pérdida de la condición humana.
5.- ¿Por qué el castigo penal y la lógica de la exclusión afectan desproporcionadamente a los cuerpos racializados y empobrecidos?
El sistema penal opera dentro de sociedades atravesadas por desigualdad económica, racismo y herencias coloniales. Por eso sus efectos tampoco son neutrales. Los territorios reciben distintos niveles de vigilancia, los cuerpos son leídos de manera diferente y las posibilidades de defenderse frente a un proceso judicial dependen en gran medida de los recursos disponibles.
En México y América Latina la pobreza genera una vulnerabilidad específica frente al Estado penal. Quien dispone de recursos puede acceder a defensas especializadas, redes de apoyo y mejores posibilidades de negociación jurídica. Una persona indígena, empobrecida o proveniente de territorios históricamente marginados puede enfrentar el proceso con defensas saturadas, barreras lingüísticas, desconocimiento de sus derechos o interpretaciones jurídicas ajenas a su contexto.
La dimensión racial aparece en prácticas cotidianas que van desde el perfilamiento racial en el momento de las detenciones arbitrarias, criminalización de determinadas vestimentas y en ocasiones sectores etarios que apuntan hacia las juventudes, territorios, pertenencias comunitarias o formas de protesta. El prejuicio social puede transformarse así en procedimiento policial y posteriormente en expediente judicial. Aquí me parece muy útil la crítica de María Ibarra Eliessetch a la blanquitud: la racialización no puede estudiarse mirando únicamente a quienes son convertidos en “otros”; exige hacer visible también la posición de poder que produce esas clasificaciones y que suele presentarse a sí misma como neutral.
Comprender estas condiciones no elimina la responsabilidad individual ni minimiza el daño sufrido por las víctimas. Permite formular una justicia más completa: reparar el daño y, al mismo tiempo, desmontar las estructuras que convierten una y otra vez a ciertos cuerpos en materia prima privilegiada del sistema penal.
6.- ¿De qué forma la criminalización de la migración ha convertido a los centros de detención en limbos jurídicos de deshumanización?
La criminalización de la migración muestra con especial claridad cómo la necropolítica rebasa los muros de la prisión. Personas que, en muchos casos, no han cometido delitos son tratadas como amenazas por cruzar una frontera o carecer de determinada documentación. La movilidad humana queda subordinada a una lógica policial y militar.
Los centros de detención migratoria restringen movimiento, aíslan a las personas de sus redes y producen una enorme vulnerabilidad jurídica, todo ello irónicamente revestido de “ayuda humanitaria”. Aunque administrativamente reciban otros nombres, comparten funciones centrales con la prisión. La lectura de Agamben sobre los espacios de excepción ayuda a comprender estas zonas donde alguien permanece bajo control estatal y, al mismo tiempo, encuentra debilitadas las garantías que deberían protegerlo. Recordemos hace un par de años el incendio ocurrido en un centro de estancia para migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hubo por lo menos 40 víctimas letales y decenas más de heridos.
La frontera también distribuye la movilidad de manera colonial. Un empresario europeo, un turista estadounidense o un inversionista extranjero atraviesan regímenes de circulación muy distintos a los de una persona indígena centroamericana, una mujer afrodescendiente o un trabajador que huye de la violencia. El sistema internacional jerarquiza quién puede circular y quién debe ser contenido.
México ocupa una posición especialmente contradictoria: un país marcado históricamente por la migración hacia Estados Unidos participa hoy en dispositivos regionales de contención y militarización de la frontera sur. Cuando Donald Trump se refería a fortalecer el muro en la frontera norte no hablaba de una infraestructura física, sino de una movible operada localmente y que es el papel que ahora ejerce la Guardia Nacional. La cuestión de fondo es evidente sin embargo para el diagnóstico que hacen muchos movimientos sociales y que se centra en la proliferación de las guerras, despojos, crisis climáticas, reunificación familiar o búsqueda de condiciones dignas se transforman en motivos de sospecha. Vivimos en un orden donde las fronteras se flexibilizan para mercancías y capitales mientras se endurecen para numerosos seres humanos.
7.- Sabemos que has tenido una relación cercana y una historia vinculada con las comunidades zapatista. ¿Podrías hablarnos un poco sobre cómo funciona su sistema de justicia y las formas de sanción o castigo dentro de la comunidad? ¿Qué diferencias encuentras entre ese modelo comunitario y el sistema penal tradicional del Estado?
Aquí haría primero una precisión ético-política y metodológica. Mi trayectoria de militancia, investigación, diálogo y acompañamiento me da algunas herramientas para formular una lectura situada sobre prácticas que he conocido, pero no me corresponde hablar en nombre de las comunidades zapatistas ni presentar su experiencia como un sistema homogéneo. Existen diferencias entre territorios, momentos históricos y casos concretos. Esa cautela es indispensable.
Desde esa posición, una diferencia central con el sistema penal estatal radica en el punto de partida. La pregunta suele orientarse menos hacia la cantidad de castigo que merece una persona y más hacia la manera de restablecer relaciones comunitarias afectadas. En las experiencias que he podido conocer aparecen mecanismos de mediación, reparación del daño, trabajo comunitario, deliberación colectiva y responsabilidad frente a autoridades y asambleas.
La justicia se encuentra integrada a la vida cotidiana, lo mismo que la salud, la educación, las artes y las ciencias. El conflicto conserva una dimensión comunitaria y no se transforma exclusivamente en un expediente administrado por especialistas externos. Quien causó el daño, quien lo sufrió y las instancias colectivas participan, de distintas maneras en su procesamiento. En ese punto encuentro un diálogo fecundo con el trabajo de Ibarra Eliessetch y Carrasco sobre comunalidad mixe: sin equiparar experiencias, muestran que la autonomía se sostiene cotidianamente mediante entramados locales de organización, normatividad y convivencia, y no solamente mediante una declaración jurídica de autodeterminación.
Eso tampoco convierte a las comunidades en espacios armónicos ni elimina sanciones. Existen desacuerdos, límites, errores y decisiones severas. Precisamente por ello me parece importante evitar la romantización. Lo significativo es que la sanción se inserta en un proyecto político más amplio de autonomía y de Mandar Obedeciendo, donde la responsabilidad individual se piensa junto con las condiciones familiares, económicas, culturales y comunitarias que rodean el conflicto.
La principal enseñanza que destaco de la clave comunitaria es que la cárcel deja de aparecer como horizonte inevitable. La justicia puede organizarse alrededor de la reparación, la responsabilidad y la continuidad de la vida colectiva. Esa experiencia ofrece preguntas de enorme relevancia para otras sociedades, sin convertirse por ello en una receta exportable. Esto coincide además con una insistencia reciente del zapatismo al explicar El Común: “no hay recetas o manuales”. Cada geografía necesita construir, probar, corregir y valorar en su propia práctica organizada aquello que puede servirle. Ahí radica precisamente la potencia de la experiencia zapatista: en abrir preguntas y posibilidades, no en ofrecer un modelo para copiar.
8.- ¿De qué manera la ausencia de un aparato policial y penitenciario formal en las comunidades zapatistas redefine la noción de seguridad y previene la reincidencia delictiva?
Yo hablaría, con mayor precisión, de la ausencia de un aparato policial y penitenciario profesionalizado equivalente al estatal. Eso modifica profundamente la idea de seguridad. En vez de concentrarla en una institución armada especializada, la vincula con organización comunitaria, participación colectiva y condiciones materiales que permiten sostener la vida, incluyendo la construcción de la libre autodeterminación y el derecho a la legítima autodefensa.
Justicia, educación, salud, trabajo colectivo y toma de decisiones forman parte de un entramado. Esa articulación importa porque muchos conflictos se agravan allí donde existen ruptura de vínculos y deterioro del tejido social comunitario. La respuesta en comunidad busca socializar las reflexiones implicadas en el proceso de responsabilización.
Sería imprudente afirmar, sin datos comparables, que este modelo “elimina la reincidencia”. Lo que sí permite observar es una lógica distinta frente a la repetición del daño. La cárcel suele devolver a la persona con mayor estigma, menos redes y dificultades para reconstruir su vida; la reparación comunitaria intenta conservar o rehacer vínculos y convertir la responsabilidad en una práctica concreta.
La pregunta política que surge es fuerte: ¿qué ocurriría si una parte de los recursos destinados al castigo se invirtiera en producir comunidad? La seguridad puede entenderse como capacidad colectiva de prevenir daños, proteger a quienes los sufren, exigir responsabilidades y evitar que los conflictos escalen. En ese desplazamiento, deja de ser exclusivamente una cuestión policial y se vuelve una cuestión social, política, pero fundamentalmente ética en torno al cuidado y reproducción de la vida.
9.- ¿Cómo ha impactado el actual asedio de grupos del crimen organizado en Chiapas a este modelo de justicia restaurativa, y qué tensiones genera el principio de no violencia frente a agresiones armadas externas?
Aquí matizaría la formulación de la pregunta. El zapatismo no puede reducirse a una doctrina abstracta de “no violencia”: su historia incluye un levantamiento armado y una estructura político-militar, mientras la construcción civil de la autonomía ha desarrollado formas de gobierno y justicia que no descansan en un aparato policial y penitenciario semejante al estatal. Esa distinción es importante.
El crecimiento de actores del crimen organizado en Chiapas introduce un desafío de otra escala. Los mecanismos comunitarios de justicia están pensados, principalmente, para conflictos donde todavía existe algún horizonte de convivencia y reconocimiento. Un actor armado que busca controlar territorio, rutas, economías o poblaciones opera desde una lógica diferente. Allí la mediación y la reparación encuentran límites evidentes.
Comunicados zapatistas y múltiples denuncias públicas han advertido sobre un escenario en el que convergen crimen organizado, militarización, grupos armados, disputas territoriales y procesos de despojo. Denuncias constantes hace el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y las organizaciones de la sociedad civil que acompañan al movimiento. Mi lectura es que el problema rebasa la categoría convencional de “seguridad pública”, debido a que expresa formas de acumulación, control territorial y violencia articuladas con economías legales e ilegales. En diálogo con Claudio Lomnitz, prefiero hablar aquí menos de un “Estado fallido” que de una reconfiguración de la soberanía: un Estado que conserva enormes capacidades de poder, pero cuya capacidad para regular la policía, la justicia y amplias zonas de las economías informales e ilícitas aparece profundamente erosionada.
La tensión consiste entonces en sostener la defensa de la vida y del territorio sin convertir la militarización permanente en principio organizador de la sociedad. La autonomía, las economías colectivas, la educación emancipatoria propia y las redes comunitarias funcionan también como capacidades de protección. Pero sería ingenuo presentar la justicia restaurativa como respuesta suficiente frente a organizaciones armadas que buscan subordinación o desplazamiento.
Precisamente ahí aparece uno de los límites más fértiles para la reflexión antipunitivista: rechazar el Estado penal no significa negar la necesidad de defensa, protección y límites frente a violencias organizadas. El punto crítico consiste en construirlos sin reproducir automáticamente la misma maquinaria de muerte que se pretende cuestionar.
10.- Desde tu experiencia en el terreno, ¿cuáles son los principales desafíos culturales o generacionales que enfrentan los jóvenes zapatistas al aplicar sanciones basadas en el trabajo comunitario en lugar del castigo físico o el encierro?
Las comunidades zapatistas no están congeladas en el tiempo ni son ese pasado folclórico de los museos que tanto le gusta al Estado. Las nuevas generaciones crecen bajo condiciones distintas a las de quienes construyeron las primeras etapas de la autonomía y mantienen contacto con migración, redes digitales, mercados de consumo y discursos individualistas que circulan globalmente.
Esa transformación plantea una disputa cultural. La justicia comunitaria exige corresponsabilidad, trabajo colectivo y reconocimiento de que los actos individuales tienen consecuencias para otros. A su alrededor circulan valores vinculados con competencia, éxito individual, acumulación y, en determinadas regiones, imaginarios de narcocultura donde armas, dinero rápido y masculinidades violentas adquieren prestigio, el llamado Cartel Chamula por ejemplo, considerado el primer cártel de composición predominantemente indígena de pueblos tzotziles, es integrado en muchos casos por personas desplazadas de sus comunidades por conflictos religiosos o políticos, que en su momento tuvieron contacto con remanente de los Zetas y conexiones con el Cartel de Sinaloa, y que ahora tiene su propia productora audiovisual donde producen películas caseras y videoclips musicales centrados en promover el sistema de antivalores del crimen organizado. Lomnitz ayuda también a comprender que el crimen organizado no disputa únicamente mercados: produce autoridad, jerarquías y repertorios morales y simbólicos con los que busca legitimarse socialmente. Por eso la narcocultura constituye también una disputa por la producción de sentido.
En contextos donde se construye la autonomía y al mismo tiempo se convive con lógicas de guerra, as sanciones basadas en trabajo comunitario requieren una pedagogía política sostenida. Su sentido depende de comprender la responsabilidad como restitución de relaciones y no como simple equivalencia entre falta y sufrimiento. Esa comprensión debe recrearse generacionalmente; no puede darse por asegurada.
También existen movilidades y contactos con espacios urbanos que introducen nuevas preguntas sobre autoridad, derechos individuales y pertenencia colectiva. La capacidad zapatista de modificar sus propias formas organizativas, como muestra la reestructuración reciente hacia los Gobiernos Autónomos Locales y la desaparición de las Juntas de Buen Gobierno, permite pensar la autonomía como proceso vivo, sujeto a revisión y aprendizaje.
Múltiples retos existen para reproducir una cultura del común en un mundo que empuja hacia la individualización. Ahí se juega buena parte del futuro de cualquier justicia comunitaria: en la capacidad de producir sentido, pertenencia y responsabilidad entre generaciones diferentes que aseguren la continuidad del proyecto porque en ello se juegan la vida estos pueblos.
11.- Siendo la justicia zapatista un proceso basado en la asamblea y el consenso, ¿cómo se resuelven los casos donde el infractor no reconoce el daño causado o se niega rotundamente a participar en la reparación comunitaria?
También aquí evitaría hablar de una regla única para todas las comunidades. Asamblea y consenso no equivalen a unanimidad permanente ni a ausencia de autoridad. Existen deliberación, mediación y acompañamiento, pero también mecanismos colectivos para decidir cuando una persona persiste en una conducta dañina o rechaza los acuerdos. Ello no es restrictivo a las comunidades zapatistas ya que se puede encontrar en muchas otras formas de organización de pueblos originarios.
En las experiencias que conozco, la primera orientación suele buscar reflexión, reconocimiento del daño y alguna forma de reparación. Cuando eso fracasa, pueden aparecer sanciones más severas: restricciones de participación, separación de cargos o responsabilidades y, dependiendo de la gravedad y del contexto, separación de la organización. Hay casos en los que la decisión llega a la expulsión de la comunidad o del territorio y existen también separaciones de la organización sin posibilidad de reincorporación. Presentaría estos elementos como decisiones situadas, no como un código uniforme aplicable mecánicamente. Esto nos lo cuentan las mismas comunidades en sus cuadernos de trabajo de la Escuelita “La libertad según l@s zapatistas”.
Esto permite despejar un equívoco frecuente: justicia comunitaria y reparación no significan impunidad. Una comunidad necesita límites para proteger a quienes han sido afectados y sostener sus acuerdos colectivos. La reintegración tampoco puede convertirse en obligación de perdonar ni colocar sobre la víctima el costo de recomponer la convivencia.
La diferencia con el sistema penitenciario aparece en la finalidad y en el procedimiento. Incluso las sanciones más severas se discuten en relación con la protección de la vida colectiva y con la ruptura concreta de compromisos comunitarios, en lugar de organizar todo el sistema alrededor del encierro.
La experiencia resulta valiosa precisamente porque muestra sus propias tensiones. Reparar, reintegrar, separar o expulsar son decisiones difíciles. Una justicia alternativa adquiere seriedad cuando reconoce esos límites y asume que cuidar la comunidad también implica protegerla frente a conductas que pueden destruirla.
12.- Desde una perspectiva abolicionista, ¿qué alternativas concretas y viables existen para desmontar progresivamente el engranaje de poder, violencia y castigo que sostiene al sistema penitenciario? Y, particularmente en un Estado como México, ¿cuál consideras que podría ser una alternativa realista que pudiera comenzar a gestionarse desde ahora?
Uso el término abolicionismo como un horizonte crítico y, sobre todo, como un proceso. Pensar seriamente en desmontar el sistema penitenciario no significa imaginar que mañana pueden cerrarse todas las cárceles. Si permanecen intactas las estructuras que producen desigualdad, racismo, patriarcado, despojo y violencia, el castigo simplemente encontrará otros dispositivos. La pregunta más productiva es qué instituciones podemos construir progresivamente para que nuestras sociedades dependan cada vez menos del encierro.
Eso supone trabajar en varios niveles. El primero consiste en reducir la entrada al sistema penitenciario mediante mecanismos de justicia restaurativa, acuerdos de reparación, medidas no privativas de libertad y formas de seguimiento comunitario en aquellos casos donde jurídica y éticamente sean procedentes. El segundo implica fortalecer políticas capaces de intervenir antes de que los conflictos lleguen al sistema penal: salud mental, atención a las adicciones, vivienda, educación, trabajo, cultura y redes comunitarias de cuidado. El tercero exige construir procesos sólidos de acompañamiento para las víctimas, porque una perspectiva antipunitivista pierde cualquier legitimidad si la crítica al castigo termina desplazando las necesidades de quienes han sufrido el daño.
En México existe además una posibilidad bastante concreta porque algunos de estos mecanismos ya forman parte del marco jurídico. El problema es que continúan ocupando un lugar periférico frente a una cultura institucional donde la cárcel conserva un enorme peso simbólico y político. Una alternativa realista podría consistir en construir una red de Centros Territoriales de Justicia Restaurativa y Reparación, comenzando mediante programas piloto en determinadas entidades y municipios, vinculados al sistema de justicia pero con participación efectiva de organizaciones comunitarias, especialistas, universidades y organismos de derechos humanos.
Estos centros podrían recibir, en los casos legalmente procedentes y bajo condiciones claras de voluntariedad y protección de las víctimas, conflictos que actualmente terminan recorriendo la ruta penal ordinaria. Allí podrían construirse planes individualizados de reparación que combinaran restitución económica cuando corresponda, trabajo comunitario, procesos educativos, atención a adicciones o salud mental, compromisos laborales, mediación y seguimiento prolongado. La reparación tendría que evaluarse por su capacidad para responder a las necesidades de las personas afectadas, responsabilizar a quien produjo el daño y generar garantías concretas de no repetición.
Lo importante es que tampoco se trataría simplemente de sustituir una burocracia penitenciaria por una burocracia restaurativa. Estos mecanismos necesitarían recursos, facilitadores profesionalizados, participación social, transparencia y evaluación independiente. Tendríamos que saber si realmente disminuyen la repetición del daño, si las víctimas se sienten reparadas y protegidas, si las personas responsables cumplen los acuerdos y si se están reconstruyendo vínculos sociales. De lo contrario, la justicia restaurativa puede convertirse fácilmente en otra consigna institucional vacía.
Una transición de este tipo tendría también una dimensión presupuestaria. En lugar de continuar ampliando la infraestructura del castigo, una parte creciente de los recursos tendría que desplazarse hacia estas instituciones territoriales y hacia políticas de cuidado y prevención. Ahí comenzaría realmente el desmontaje progresivo del engranaje penitenciario: cada conflicto que pueda resolverse responsablemente fuera de la cárcel reduce la centralidad social del encierro y permite construir capacidades institucionales distintas.
Por supuesto, existen violencias graves y situaciones donde una persona representa un riesgo concreto para otras. Una perspectiva antipunitivista responsable tiene que reconocer ese problema. Puede haber circunstancias que requieran separación y mecanismos intensivos de protección. La diferencia está en impedir que el aislamiento y la producción de sufrimiento se conviertan automáticamente en la respuesta para todos los conflictos, y en someter cualquier restricción severa a criterios de necesidad, revisión y respeto irrestricto a la dignidad humana.
Aquí encuentro nuevamente un punto de diálogo con la experiencia zapatista, sin convertirla en receta para el Estado mexicano. Su relevancia está en mostrarnos que justicia, educación, salud, trabajo colectivo y organización política pueden formar parte de un mismo proceso de reproducción de la vida. La enseñanza que recuperaría consiste en construir instituciones desde cada territorio y evaluar colectivamente aquello que funciona.
Entonces, si me preguntaran qué puede comenzar a hacerse en México desde ahora, diría algo muy concreto: dejar de pensar la prisión como respuesta predeterminada y convertir los mecanismos restaurativos y comunitarios existentes en una verdadera política pública territorial, dotada de presupuesto, personal, seguimiento, evaluación y participación social. El horizonte puede ser antipunitivista, pero el camino se construye mediante instituciones concretas. Se empieza reduciendo el espacio que ocupa la cárcel cada vez que existe una forma más responsable, reparadora y segura de enfrentar el daño.
¿Algo que agregar?
El primer aprendizaje es que la cárcel forma parte de una estructura social más amplia. Necropolítica, capitalismo, colonialidad, racismo, migración y violencia aparecen aquí como dimensiones conectadas. Una propuesta antipunitivista a la altura de esta complejidad tiene que preguntarse qué vidas han sido convertidas en sacrificables y cómo reconstruir una sensibilidad colectiva frente al sufrimiento ajeno.
La experiencia zapatista desplaza la discusión hacia el sostenimiento de la vida colectiva. Esa experiencia tiene una enorme potencia política e intelectual, pero exige una relación ética con ella. Su enseñanza más fértil, desde mi lectura, consiste precisamente en evitar la copia y asumir la tarea de organizarnos desde nuestras propias geografías. Ese principio resulta fundamental cuando pensamos sociedades urbanizadas, diversas y fragmentadas. La comunidad no tiene que significar homogeneidad ni proximidad tradicional. Puede entenderse como la capacidad de construir obligaciones recíprocas entre personas diferentes: redes barriales, espacios de mediación, instituciones de cuidado, cooperativas, mecanismos de reparación y formas democráticas de alta intensidad.
La seguridad también necesita separarse de su monopolio armado. Proteger implica prevenir daños, cuidar a las víctimas, limitar a quien pone en riesgo a otros y producir condiciones materiales que disminuyan la violencia. Esa tarea es más exigente que una reforma penal porque obliga a transformar relaciones económicas, imaginarios culturales y formas de convivencia.
Frente a guerras, desplazamientos, encarcelamiento masivo y múltiples políticas de muerte, el horizonte consiste en ampliar las posibilidades de vivir juntos con dignidad. Ahí encuentro la relevancia de las experiencias zapatistas y de muchas otras resistencias: como interlocuciones que nos obligan a pensar y construir desde nuestros propios territorios, sin suplantar sus voces y sin renunciar a la responsabilidad de crear una casa común antes de que sea demasiado tarde.
Sobre El origen de un sistema: Una mirada a las cárceles de México
El origen de un sistema: Una mirada a las cárceles de México es una exposición inmersiva que articula arte, investigación, museografía y tecnologías audiovisuales para interrogar las estructuras históricas que han configurado los sistemas de justicia, castigo y control social. Su tesis central plantea que la prisión constituye una de las manifestaciones más visibles de una matriz de poder que la antecede y la rebasa.
A partir de esta premisa, la exposición recorre distintas dimensiones de la violencia, el castigo, el control, la memoria, la exclusión, la dignidad humana, la libertad y nuestra propia relación cotidiana con el poder. El proyecto busca desnaturalizar discursos e imaginarios profundamente arraigados acerca de la autoridad y la obediencia, en suma a la jerarquía y la división entre quienes ejercen el dominio y quienes quedan sometidos a él. Al mismo tiempo, invita a reconocer la manera en que estas relaciones atraviesan prácticas sociales que reproducimos también en la vida cotidiana.
El título El origen de un sistema remite, por ello, a una genealogía más profunda que la historia de las instituciones penitenciarias. La exposición sitúa las formas contemporáneas de violencia y exclusión dentro de procesos históricos vinculados con múltiples lógicas de dominación entendidas como configuraciones diversas de concentración, jerarquización y reproducción del poder. El título, no solamente hace referencia al surgimiento del sistema penitenciario, sino a la raíz de una matriz histórica marcada por la búsqueda del poder, el control y el castigo. Este proyecto busca visibilizar que el delito no se encuentra únicamente dentro de las cárceles, sino que se reproduce y manifiesta todos los días fuera de ellas. De este modo, la exposición revela a las cárceles como una representación concentrada y un espejo institucionalizado de la sociedad imperante.
Concebido para una audiencia amplia, y particularmente para personas que habitualmente permanecen fuera de los debates políticos, sociológicos o filosóficos especializados, el proyecto busca convertir la experiencia artística e inmersiva en una vía de acceso a preguntas fundamentales: cómo hemos aprendido a comprender la justicia, de qué manera se legitima el castigo, qué relaciones mantenemos con el poder y qué condiciones hacen posible imaginar otras formas de convivencia.
Dentro de este proceso de investigación, la entrevista con Francisco De Parres Gómez aporta una lectura sobre la relación entre sistema penitenciario, necropolítica, capitalismo, colonialidad y formas contemporáneas de dominación, a la vez que abre el diálogo hacia experiencias comunitarias de justicia, reparación y autonomía. Su participación contribuye a comprender cómo las lógicas de vigilancia y castigo se reproducen más allá de los muros penitenciarios y permite situar la pregunta por la cárcel dentro de una discusión más amplia sobre las formas de poder que organizan nuestras sociedades.
Texto de presentación y análisis: Rita Grande, creadora y directora de El origen de un sistema: Una mirada a las cárceles de México. *
