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Pronunciamiento sobre la agresión en Cacahuatepec, Guerrero

Foto: Agencia EFE

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

Desde estas tierras de los pueblos originarios del norte de México, les enviamos nuestro apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión por parte de la policía del estado de Guerrero, apoyada por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México; condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios.

Los militares y los policías, que se quieren hacer gobierno por encima de los pueblos de todo México y que son de nuestros pueblos, dicen que fue un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios. Nosotros decimos que el compañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos del CECOP defienden su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.

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Acapulco, Guerrero a 08 de enero de 2018.- Ayer por la madrugada, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron emboscados por personas desconocidas. Los hechos tuvieron lugar cuando los policías comunitarios pasaban por la Comisaría Municipal de La Concepción como parte de los rondines de seguridad para resguardar un baile que se celebró en el pueblo con motivo de una fiesta local. Esta acción violenta dejó un saldo de dos policías comunitarios asesinados y seis miembros del grupo agresor. Alrededor de las diez de la mañana, el gobierno del estado de Guerrero montó un operativo de más de 100 elementos de fuerzas de seguridad conformado por policías ministeriales y estatales, así como por el ejército para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras diligencias. En el marco de este operativo, las fuerzas de seguridad se desplegaron en comunidades circunvecinas con el fin de catear las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sin ninguna orden legal expedida por autoridad competente.

Al momento de que un helicóptero sobrevolaba el lugar de los hechos, un policía del estado accionó su arma, desencadenando un tiroteo que ocasionó la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios. En ese instante se aglomeraron todas las fuerzas policiales con el fin de detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del CECOP, así como a más de 30 policías comunitarios. Alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la policía ministerial trasladaron a Marco Antonio Suástegui fuera de la Fiscalía con sede en Acapulco sin que hasta el momento sus familiares tengan conocimiento de su paradero.

Las autoridades del estado han negado cualquier información sobre la situación jurídica de Marco Antonio Suástegui Muñoz. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero realiza las investigaciones y diligencias en total opacidad manteniendo a los detenidos incomunicados y sin que se garantice un debido proceso.

El gran temor de sus familiares es que puedan ser trasladados a penales de máxima seguridad fuera de la entidad, donde su estado de incomunicación aumentaría el riesgo de que sean víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada o ejecución extrajudicial.

Por estos hechos expresamos nuestra gran preocupación por que las autoridades ministeriales violen de manera flagrante sus derechos a la vida, a la seguridad personal e integridad física, a la personalidad jurídica, al acceso a la justicia y a un juicio justo y los principios del debido proceso. Se han cometido 30 detenciones arbitrarias y la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios; se ha hecho uso letal de la fuerza como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad; se han realizado cateos sin una orden de autoridad competente por parte de las diferentes corporaciones policiales en los domicilios de los miembros del CECOP; y se ha incomunicado a los detenidos y se les ha negado una defensa adecuada al impedir que sus abogados puedan entrevistarse con ellos.

Por todo lo anterior solicitamos enviar comunicaciones a las siguientes autoridades, de modo que se garantice el debido proceso y se proporcione información tanto a sus familiares como a sus abogados sobre el paradero y la situación jurídica de las personas detenidas. En particular, debido al trabajo de Marco Antonio Suástegui Muñoz como defensor comunitario y a la criminalización y ataques de que ha sido objeto anteriormente, solicitamos hacer énfasis en que se garantice en todo momento su integridad física y psicológica. Además, hacemos un llamado para replicar esta acción urgente y realizar pronunciamientos públicos sobre su situación y la de todas las personas detenidas.

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Con la aprobación de la Asamblea Nacional Popular (ANP) realizada el 21 de febrero de 2015, El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), los Normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raul Isidro Burgos”, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y el Movimiento Popular Guerrerense (MPG)

La violenta represión policíaca en Acapulco contra los maestros de la CETEG el 24 de febrero, fue reivindicada por Enrique Peña Nieto como lo que se debe hacer para, según sus palabras ofensivas y denigrantes “aplicar la ley” y “darle vigencia plena” al estado de Derecho. Con prepotencia delictiva, azuzó a todos los gobernadores a que hagan lo mismo en sus estados. La violencia intolerable de los policías no fue un hecho aislado; desenmascara la política represiva impulsada desde hace varios meses por Peña Nieto y lo ubica como enemigo de los trabajadores que reclaman su salario devengado y contra los movimientos sociales que luchamos por dignidad y justicia. Esta actuación represiva y de confrontación contra los pobres de México, colocan abiertamente al presidente del lado de los poderosos quienes han impuesto su interés de clase en abierto reto contra los desposeídos.

La cúpula empresarial dijo que no permitirán que los padres de los 43 normalistas desaparecidos se metan en los cuarteles (lo que ya lograron) y que van a revisar el marco jurídico para dar cobertura a las fuerzas armadas para que se puedan mover y defender –siendo que son ellos, policías y ejército quienes ejercen la represión y la desaparición forzada contra el pueblo- . Toca a los movimientos sociales y a las organizaciones democráticas unirnos con todos los sectores del pueblo oprimido y mostrar que somos la mayoría de los mexicanos y que no vamos a permitir actos de represión como los ejecutados contra los maestros, que buscan acallar nuestras voces y eliminar nuestros derechos. Con los hechos de Iguala quedó demostrado que los delincuentes, corruptos y mentirosos son los gobernantes.  Se equivocan si creen que con la represión quedará borrada la exigencia de los padres de los 43 normalistas y de miles de ciudadanos de México y del mundo por la aparición con vida de los estudiantes normalistas desaparecidos.

También se equivocan si creen que vamos a dejar en la cárcel a nuestros presos políticos, acusados por medio de delitos fabricados. Hagamos imperar la justicia. Hagamos escuchar la voz de los pueblos.

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El día 17 de junio de 2014, a las 2.00 hrs, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) instruyó un aparatoso operativo para detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz dirigente histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), organización campesina que desde hace más de diez años, se encuentra en resistencia contra la construcción de la Presa Hidroeléctrica “La Parota”, en defensa de sus tierras comunales en el afluente del río papagayo, del Municipio de Acapulco, Guerrero.

A las 9.00hrs., al salir de su domicilio, Marco Antonio Suástegui fue interceptado por más 15 Policías Ministeriales cuando transitaba en su vehículo por la calle Bora Bora, esquina con Rodrigo de Triana, Colonia Fraccionamiento Lomas de Magallanes, en el municipio de Acapulco. Con lujo de violencia los Policías Ministeriales lo bajaron de su vehículo, sin presentarle alguna orden de aprehensión; una vez que lo sometieron le espetaron que si oponía resistencia lo iban a matar. En el trayecto recibió varios golpes y amenazas, diciéndole que eso le pasaba por “andar de revoltoso”. Posteriormente lo trasladaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces en Acapulco,sin permitirle que pudiera comunicarse con sus representantes legales o con sus familiares.

Alrededor de las 10hrs. personal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, quienes han acompañado en la defensa legal del CECOP, arribaron al Cereso para solicitar información a las autoridades penitenciaras y judiciales respecto de la detención del defensor comunitario Marco Antonio Suástegui. El Juez Décimo en Materia Penal de Primera Instancia, Adolfo Vanmeeter Roque manifestó quetomaría la declaración preparatoria del detenido por la tarde.

A las 14.00hrs., el Juez informó que el líder del CECOP había sido trasladado al Centro de Readaptación Social de La Unión de Isidoro Montes de Oca, ubicado en la Costa Grande de Guerrero; esto a pesar de que este funcionario tenía el deber de analizar exhaustivamente la legalidad de la orden de traslado, violentando los derechos del procesado, toda vez que es responsable de la libertad personal de Marco Antonio Suástegui.

Posteriormente, desacatandoladecisión de suspensión para efectos de no ser trasladado a un penal federal,concedida por la Jueza Tercera de Distrito con sede en Acapulco, la Lic. Lilia Maribel Maya Delgado, dentro del amparo número 649/2014 –I; las autoridades responsables, actuando con perversidad y total hermetismo, trasladaron a Marco Antonio Suástegui al Centro Federal de Readaptación Social número 04 Noroeste en Tepic, Nayarit, dándole un trato de delincuente de alta peligrosidad. Es evidente que dicho mecanismo se ha utilizado para castigar y reprimir al dirigente del CECOP, dadas las condiciones en que se ha realizado.

El traslado al Penal Federal es una grave afectación al derecho a una defensa adecuada, que reconoce el artículo 20 de la Constitución, pues en los hechos deja al detenido sin poder tener una comunicación fluida y constante con sus defensores. Es importante mencionar que dicho mecanismo ha sido utilizado en los últimos meses por el Gobierno del Estado de Guerrero en contra de otros líderes de movimientos sociales, desnaturalizando la misma finalidad de los centros federales de seguridad media y máxima, pues estos terminan siendo usados no para recluir a los presuntos delincuentes que más dañan a la sociedad, sino para dirigentes de movimientos sociales.

La detención del dirigente del CECOP, tiene como claro objetivo debilitar el movimiento de dicha organización campesina, que por más de una década se ha opuesto a la imposición del Proyecto Hidroeléctico “ La Parota”; el cual, cabe recordar, ha sido incluido en el nuevo plan de reconstrucción del estado del Ejecutivo Federal denominado “Nuevo Guerrero” y se suma a la larga lista de casos de criminalización de los movimientos sociales en el estado de Guerrero.

Firma y exige la liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui; que se garantice su integridad física y psicológica; que se revoque el traslado ilegal y violatorio a los derechos humanos del estado de Guerrero; que se respete su defensa adecuada y se ponga fin a la persecución y criminalización contra otros dirigentes del CECOP.

**Acción urgente emitida por el Centro de Derecho Humanos de la Montaña Tlachinollan**