Ocosingo, Chiapas a 15 de diciembre  de 2025

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA CNI
A las Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ)
(EZLN)
A las Redes de Apoyo del CIG, Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de
Jesús Patricio Martínez.
A la Sexta Nacional e Internacional, Redes de Resistencia y Rebeldía.
A Los Medios De Comunicación independientes y alternativos.
Al pueblo de México.

Hermanas y Hermanos reciban nuestros saludos desde estas tierras del sur de México, Nosotras y nosotros estamos luchando día con día para trabajar y no depender de los programas sociales del mal gobierno, pero en este momento estamos sufriendo el despojo de nuestros lugares de trabajo y de sostenimiento económico para nuestras familias.

Nosotros somos 35 personas mayas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y algunos Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional(EZLN), quiénes trabajamos y tenemos locales en un mercado, llamado Dr.Belisario Domínguez, ubicado en el barrio La Candelaria de la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas.

En el año 2008 se conformo una coalición de locatarios y locatarias llamada, COALICION DE LOCATARIOS DEL MERCADO TRADICIONAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ DE OCOSINGO, CHIAPAS, ASOCIACIÓN CIVIL, con la finalidad de tramitar un Juicio Ordinario Civil de Prescripción Positiva, en donde logramos que se dictará la sentencia a nuestro favor como locatarios y locatarias. Con esta sentencia realizamos nuestra escritura general en septiembre del 2008, fue así como nos convertirnos en copropietarios de nuestros locales. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzamos a sufrir despojos de nuestros locales, amenazas por parte de la mesa directiva de la coalición ya que hicieron y hacen uso de la corrupción, haciendo negocio con nuestros locales que nos han despojado, vendiéndolos a otras personas.

Por esto queremos DENUNCIAR los siguientes hechos:
El 14 de septiembre del 2025- Nuestra compañera SARA TOLEDO SÁNCHEZ, maya tseltal, mujer viuda, quién cuenta con 6 hijos, una enferma de cáncer, fue despojada de su local, que es su lugar de trabajo, de sustento económico y para la atención de su hija enferma. Ese día le sacaron sus productos que vende, echando todo en los pasillos y posteriormente soldaron, cerraron los pasadores de sus cortinas para que ya no pueda abrir sus locales, lleva más de 82 días sin trabajar y hasta ahora las autoridades del estado no han resuelto nada.

El 13 de Noviembre de 2025.- los CC. Vicente Toledo Albores, Carmela Santiz Méndez, Juana Hernández Clara, Alma Lesvia Hernández Clara, Quirino Gordillo Hernández, Micaela Gordillo Hernández, Ana Deli Gordillo Hernández, Juan Mendoza Hernández y menores de edad fuimos secuestrados al interior de nuestros locales por la coalición cerrando las puertas del mercado y dejándonos encerrados por varias horas. De este hecho tienen conocimiento la fiscalía y la delegación de gobierno.

El 23 de noviembre del 2025.- construyeron 2 bardas perimetrales de 2m de altura por 6m de largo, bloqueando los acceso de las cortinas de 4 locales que corresponden a MACARIA ENTZIN GÓMEZ, ENRIQUE LÓPEZ SANTIZ, TOMAS LÓPEZ ENTZIN, quiénes son compañeros nuestros. Llevan 20 días sin poder laborar ya que no pueden abrir sus cortinas, teniendo pérdidas económicas.

El 24 de noviembre del 2025.- SILVIA REYES SÁNCHEZ con un grupo de pandilleros llegaron al local del compañero Enrique López Santiz para hacer destrozos, rompiendo 3 cámaras de seguridad de su local el primero fue a las 8:57 pm, el segundo y tercero a las 10:04pm esto fue con la finalidad de eliminar evidencias donde se que ella es la responsable de los delitos y de los daños.

Otros antecedentes de hechos realizados por la coalición es que desde el 10 de abril del 2012, de manera violenta despojaron de sus locales a nuestros compañeros Alberto López Sánchez y Juana Méndez López, esto sucedió por que ellos no estaban de acuerdo con los actos de corrupción de la mesa directiva, se negaban a dar cuentas claras de los recursos económicos que administra el consejo de administración de la Coalición, así como de las escrituras que se le debe entregar a cada copropietario.

El día 14 de junio de 2013.- inician de nueva cuenta las por el consejo de administración en contra de nuestros compañeros QUIRINO GORDILLO HERNÁNDEZ, JUAN MENDOZA HERNÁNDEZ, VICENTE TOLEDO ALBORES, despojándolos de su locales. La razón de esto fue por estar pidiendo información de los gastos que se realizan en el mercado así como la entrega de sus escrituras de sus locales. La coalición les pidió la cantidad de $150,000.00 ( ciento cincuenta mil pesos 00.100 M/N) haciendo un total de un monto de $10,950,000.00 (diez millones, novecientos cincuenta mil pesos 00.100 M/N) por 73 locales que lo componen entre miembros del CNI y BAEZ, dinero que en su momento no sería comprobado ante el SAT.

En una protocolización de un acta de asamblea del 2013, en uno de sus incisos menciona que los gastos de juicios iban a ser costeados por los ingresos de los baños y que los directivos actuales y los que vinieran se comprometían a realizar todo tipo de tramites de legalización de documentación en proceso de estructuración y sin costo alguno para la firma, este punto fue desahogado por los directivo en la reunión del 18 de septiembre del 2023, aclarando QUE NINGÚN DIRECTIVO COBRA POR FIRMAR. También mencionaron que NO MAS Intimidaciones NI AMENAZAS A LOS COMPAÑEROS QUE RECLAMAN SUS DERECHOS LEGALES COMO LOCATARIOS DEL MERCADO EN LAS ASAMBLEAS. .

Aclarando que un grupo de personas de la coalición y que tenemos identificado con nombres y apellidos – NO RESPETAN LOS ACUERDOS que ellos mismo realizan y han protocolizado, el motivo de su actuar es por que han tenido jugosas ganancias económicas a través de las extorsiones que realizan con el despojo de locales, esto lo hacen en contubernio con funcionarios públicos. Durante mucho tiempo hemos sido víctimas de discriminación, humillaciones, amenazas, violencia, despojo de locales, nos han prefabricado delitos con tal de deshacerse de nosotros y puedan seguir con fechorias.

También hay amenas que ahora en diciembre a partir del 19 nos despojaran a todos de nuestros locales, que con mucho trabajo hemos podido tener para poder llevar el sustento a nuestras familias, con trabajo digno. Todo esto están haciendo porque jamás quisimos entrar a sus juegos corruptos.

Por esto queremos denunciar públicamente a Silvia Reyes Sánchez, Artemio Cruz Pérez, Lindoro Sánchez Culebro, Carlos Alberto Trujillo Kanter, Pedro Santiz Mena, Marcelo Santiz López, Miguel Angel Cuello Guillen y otros, por los daños y despojo de nuestros locales. Todo esto se generó por solicitar la firma de la mesa directiva para escriturar los locales, sin embargo ellos exigen por firma de cada local la cantidad de 300 mil pesos, siendo esto un robo.

Hacemos un llamado a todas las instituciones y autoridades del gobierno del Estado de Chiapas para que se nos respete nuestro derecho al trabajo digno, a nuestros locales como fuente de sustento económico para nuestras familias y se de un alto a los despojos y daños de nuestros locales.

EXIGIMOS: La atención inmediata por el despojo, las amenazas y la extorsión cometida hacia nosotros como locatarios integrantes del Congreso Nacional Indígena y Bases de Apoyo Zapatista. También exigimos se investigue el actuar del Consejo de Administración y la mesa directiva de la coalición.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, RESPONSABILIZAMOS al gobierno de las afectaciones, la vulneración de nuestros derechos laborales y humanos y de todos los hechos que puedan generarse por la omisión.

Hermanos y Hermanas de las diferentes geografías, les pedimos su solidaridad y que puedan estar atentos de lo que nos pueda pasar.

Nuestra Rabia No será Silencio. Nuestra Resistencia No será Apagada.

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN

Por la Memoria, Por la Vida, Por EL COMÚN.

¡NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

Atentamente

LOCATARIOS INTEGRANTES DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y BASES DE APOYO ZAPATISTA EZLN

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
December 12, 2025

Press Release No. 11

Antonio González Méndez Case before the IACHR: One Year After the Historic Ruling
Neither the investigations nor the search efforts have been diligent or effective

The enforcement of the ruling has not been properly prioritized by the Mexican State.

On December 12, 2024, the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) notified its ruling condemning the Mexican State for the forced disappearance of Antonio González Méndez, an EZLN Support Base, who was disappeared on January 18, 1999, in the municipality of Sabanilla, Chiapas, by members of the paramilitary group “Organization for Development, Peace, and Justice” in the context of the counterinsurgency violence triggered by the implementation of the Chiapas Campaign Plan 94.

The ruling reaffirmed that forced disappearances committed within the context of the Internal Armed Conflict, which began on January 1, 1994, are not subject to statute of limitations and obliges the Mexican State to be held accountable. This represents a historic precedent for other victims of severe human rights violations.

As the 27th anniversary of his disappearance approaches, the Mexican State continues with mere administrative procedures, superficial efforts aimed at conducting an unfruitful investigation. Both the search and the investigations have not been diligent or effective in locating Antonio González Méndez. What the State Prosecutor’s Office considers the hypothesis of his disappearance at the hands of a paramilitary group reveals a case that remains unresolved. The IACHR ruling, which takes this hypothesis as a fact and holds the Mexican State responsible for supporting paramilitary groups in the region, continues to be disregarded, raising doubts about the seriousness of the State’s commitment. It is essential to fully clarify what happened and to identify, prosecute, and, if applicable, sanction all intellectual and material authors of this crime against humanity.

The obligation of the Mexican government must not be reduced to symbolic actions or mere paperwork; the investigation should include clear lines of action to identify those responsible, both material and intellectual, and prosecute them in accordance with human rights standards.

The persistent impunity and partial non-compliance with the IACHR ruling highlight the enormous challenges in translating an international ruling into real and tangible changes. The central issue remains the location of Antonio González Méndez and the carrying out of a professional, scientific, and independent investigation that guarantees justice and truth. This case not only reflects the pending debt to his family but also starkly exposes the structural crisis of human rights, justice, and impunity that Mexico is facing.

The Mexican State is obligated to implement the structural reforms ordered by the IACHR: a national and up-to-date registry of missing persons, effective prevention programs, specialized training to investigate state crimes, and public policies that recognize the collective rights of indigenous peoples through a comprehensive human rights approach. It is not just about complying with a ruling, but about transforming institutions so that these violations are never repeated.

At Frayba, alongside the family of Antonio González Méndez, we will continue to insist that justice be fully served. We will persist in the search for the truth and the demand for justice, because only in this way can we honor Antonio’s memory and pave the way for a Mexico where impunity is the exception, not the rule. This struggle is also the struggle for all the disappeared persons and for the dignity of the peoples who demand truth, justice, and non-repetition.

Twelve hours passed (11 a.m.) since the containment carried out by the riot police under Mexico City Head of Government Clara Brugada, who prevented the arrival of the “Internationalist Faena for the End of Criminalization,” convened by the Mazatec Women for Freedom. This day of protest and outreach had been called in front of the Supreme Court of Justice of the Nation (SCJN). This is the first Internationalist Faena held in Mexico City to demand justice in response to the 200 fabricated arrest warrants issued earlier this year against more than 56 members of Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. It was not until 9 a.m. that Pino Suárez Street was cleared by the riot police, thanks to the pressure exerted by organized communities in Mexico City, activists, and independent media who mobilized in response to the repression.

The riot police units—now called Special Task Groupings—that participated in this repressive operation were: Centauros, Marcopolos, Faunos, and Ateneas. Throughout the containment, they continued issuing threats and harassment against activists and journalists, while also hiding the identifying name tags they are required to wear on their vests to avoid being reported for their repeated violations of operational protocol.

The program of the Internationalist Faena continues in front of the SCJN entrance. The public is invited to attend today’s activities starting at 4:00 p.m., and tomorrow, December 4, starting at 12:00 p.m.; forums, graphic presentations, documentary screenings, musical performances, and more will take place. The full program can be found on the social media pages of Mazatec Women for Freedom and the Eloxochitlán de Flores Magón political prisoners.

To the Zapatista Army of National Liberation
To the collectives, organizations, and networks of resistance on all continents
To the civil society in solidarity with the life of our people

From the Autonomous Indigenous Wixárika and Tepehuana Community of San Lorenzo de Azqueltán, municipality of Villa Guerrero, Jalisco, we issue an urgent call, born from the pain, the rage, and the living memory of our brother and agrarian authority Marcos Aguilar Rojas, assassinated on November 26, 2025, and of our compañero Gabriel Aguilar Rojas, gravely injured in the same attack.

Considering:

That our words arise in a dark time. The attack that took Marcos’s life was not an isolated incident: it is the direct consequence of decades of armed aggressions, invasions of our communal lands, paramilitary attacks, threats, and a full structure of complicity and impunity, as demonstrated in the document we have made public.

That the community faces extreme danger today. The caciques and their groups of aggressors —the gunmen of the past and the gunmen of the present— continue to gather, patrol our roads with total impunity, protected by judicial operators, police, and officials who block investigations, cover up crimes, and guarantee the continuation of the attacks.

That the violence is neither new nor isolated: it is a strategy of territorial dispossession, aiming to exterminate the community in order to seize thousands of hectares of communal lands that, since time immemorial, belong to our people.

WE CALL FOR
THE DAYS FOR LIFE IN AZQUELTÁN

to take place from December 6 to 10, with activities in different territories and geographies:

December 6

Press Conference
Guadalajara International Book Fair
Gathering: 12:00 p.m.

December 7

Vigil for Azqueltán
Guadalajara International Book Fair
Gathering: 6:00 p.m., bring candles

December 10

Mobilization in Mexico City
Mobilization in support of the Azqueltán community
Gathering: Torre del Caballito, 11:00 a.m.

December 10

Mobilization in the city of Guadalajara
Gathering: El Santuario, 11:00 a.m.

Call for Global Action

We call on conscious Indigenous peoples, human rights collectives and organizations, and national and international civil society to carry out decentralized actions in their territories, plazas, community centers, universities, embassies, or consulates from December 6 to 10, to amplify our fundamental demands.
Please register the actions to be carried out by writing to: cnicomunicacion@gmail.com

Justice for Marcos and Gabriel.

Punishment for the material and intellectual perpetrators, and guarantees of non-repetition.

Safety for the community of San Lorenzo de Azqueltán, through the permanent presence of federal security forces to prevent new armed attacks.

Urgent titling of the Communal Lands, for the federal government of Mexico to assume its historic responsibility and definitively title the communal lands of San Lorenzo de Azqueltán.

Dismantling of the network of impunity that protects the murderers, invaders, and caciques responsible for dispossession, violence, and death.

Respectfully
December 2025

Because our struggle is for life,
For memory and for the communal land.
Because Marcos lives in every step we take.

Autonomous Indigenous Community of San Lorenzo de Azqueltán
National Indigenous Congress

Presented on Saturday, November 29 to the community of Eloxochitlán in Spanish and Enna (the Mazatec language). The report is the result of the Observation Mission carried out in July of this year by an interdisciplinary group.

It concludes that the community is the victim of crimes against humanity which, being systematic and prolonged for a decade, constitute a case of ethnocide aimed at destroying the forms of organization and life of this Mazatec community. The ethnocide of the community of Eloxochitlán seeks to undermine community resistance to extractivist activities that have caused the ecocide of the Xangá Ndá Ge River and the destruction of the community’s right to self-determination:

– In this regard, arbitrary detentions, prolonged pre-trial imprisonment, political criminalization, forced displacement and ethnocide, as well as gender-based violence, were detected.

– Regarding the plundering of the Xangá Ndá Ge River, hydrological alterations, contaminating agents, and desiccation were identified, in addition to damage to flora and fauna.

This compilation of documentation seeks to be taken to international bodies, as it argues that there are no legal conditions in place to guarantee the protection of the community’s rights. Acts of aggression, political persecution and criminalization have resulted in 50 direct victims and at least 500 indirect ones.

The documentation collected identifies governors, agency heads, and magistrates as responsible actors, who—with the backing and complicity of the State—have contributed to the denial of justice, persecution, and fabrication of case files.

Likewise, it states that the Huautla Court bears the greatest responsibility by allowing omissions and practices that favor local strongmen, as it has rejected acts of torture substantiated under the Istanbul Protocol, obstructed legal processes, criminalized community authorities, carried out arbitrary detentions, and manipulated testimonies.

Through a timeline of events, the report describes the process of aggression the Mazatec community has endured, including military intervention, intimidation, torture, dispossession, home raids, threats, and abuses of authority. Many of these forms of violence predate 2014, as multiple formal complaints had been filed since 2011, none of which advanced due to omissions by the Huautla court.

In recent weeks, Oaxaca governor Salomón Jara has labeled Eloxochitlán a “red zone,” attempting to portray it as a violent community—a smear strategy taking advantage of his authority and media reach to support the strongman Manuel Cepeda in the municipal elections of November 23, where he received the second-highest number of votes.

The presentation also served as a space for community reflection, where a message was directed at those who continue to push the narrative of “a conflict between two families,” a simplification of the severe attacks carried out in complicity with the three levels of government. They responded that Eloxochitlán is made up of many families with different surnames, a small town where it is common to share last names.

Many women, as shown in the Radio Zapote broadcast that day, stated their last names. Those who spoke were mothers, wives, and sisters of former political prisoners and persecuted individuals since 2014, who had to leave their homes to dedicate themselves to the struggle for their relatives’ freedom—working the land those relatives once worked to feed their children, sleeping on the streets during sit-ins such as the one maintained for over two years outside the Supreme Court of Justice in Mexico City, while waiting for the justices to take up the case.

The report concludes that, given the incompetence of the Mexican justice system in guaranteeing minimum conditions of safety, justice, and respect for the human rights of the persecuted community of Eloxochitlán, the case must be brought before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), and calls for precautionary measures for all persons at risk, as well as specific protective measures for indirect victims.

The preparation of this report marks an important precedent in the forms of resistance against State injustices and violations toward Indigenous peoples. The Mazatec women comrades are an example of how to confront impunity and criminalization; their struggle for freedom has been arduous and is not yet over.

As they have done in recent years, the Mazatec women for freedom again extend their invitation to the “Internationalist Faena to End Criminalization,” which will take place from December 3 to 4, 2025, in Mexico City in front of the Supreme Court of Justice of the Nation, and on December 3, 4, and 5 outside UN Women at Calzada General Mariano Escobedo 526, Anzures neighborhood, Miguel Hidalgo.

Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero. 

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  

COMUNICADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

A LAS MUJERES DE NUESTRA DIOCESIS
A LAS MUJERES DE CHIAPAS
A LAS MUJERES DE NUESTRO PAIS
A LAS MUJERES DEL MUNDO
A LA SOCIEDAD EN GENERAL

Hoy 25 de noviembre con esperanza y fuerza en nuestros corazones tomamos y recorremos estas calles de la ciudad de San Cristóbal de las Casas para decir BASTA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, las mujeres queremos y deseamos vivir una vida sin ningún tipo de violencia.

Saludamos la decisión y esfuerzo de las mujeres congregadas en el Área de Pastoral Diocesana de Mujeres. (CODIMUJ) por convocarnos a esta peregrinación para dar a conocer la situación de violencia que seguimos viviendo hoy, especialmente en las comunidades de la frontera sur, sabemos que no son las únicas, ya que este cáncer del crimen organizado se ha ido extendiendo por todo el territorio chiapaneco y más allá.

Como mujeres buscamos que nuestra participación y aporte sea reconocido y valorado en la construcción de nuevas relaciones en la vida eclesial, social y política de nuestro país.

Hermanas y hermanos, queremos decirles de los dolores que, como mujeres que somos, nos ha traído esta situación de ingobernabilidad que vivimos por quienes buscan el control de nuestros territorios, de nuestras vidas y nos siembran miedo y terror; Esos dolores son: vivimos en la inseguridad, el tener que movilizarnos con temor para atender la salud de nuestras familias; un dolor mayor es la muerte, la violencia intrafamiliar y la pobreza ocasionada por el vicio del alcohol, porque en nuestras comunidades es más fácil abrir una cantina que una escuela o una clínica. La violencia obstétrica que se da hacia nuestros cuerpos de mujeres. El dolor de que por el hecho de ser mujeres la justicia se nos niegue cuando denunciamos que hemos sido violentadas.

Pero también, como cristianas, creyentes del Dios Madre y Padre, nos duele la violencia que se da hacia nosotras dentro de nuestras instituciones religiosas.

Queremos también decirles a las madres, esposas, hermanas, hijas que buscan a sus padres, esposos, hermanos, compañeros, hijas e hijos; que nos solidarizamos con su dolor, con su coraje y exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, que busquen a los miles de personas desaparecidas a lo largo y ancho de nuestro país, que se acabe la impunidad que reina en Chiapas, en México.

Manifestamos nuestra confianza y esperanza en el Dios de la Vida que nos acompaña y fortalece y que desde nuestro trabajo como mujeres buscamos transformar esta situación de muerte siendo constructoras y tejedoras de la Vida y la Paz para vivir con dignidad y en armonía entre nosotras, nosotros y con toda la creación. Esa Madre Tierra que está al igual que nosotras siendo explotada y empobrecida.

Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por la unidad de nuestros pueblos, por la unidad de las mujeres, no dejemos que nos adormezcan la conciencia, no dejemos que nos compren los partidos políticos con regalías mientras nos arrebatan nuestros bienes comunales, controlan nuestros territorios y cuerpos y destruyen la Madre Tierra.

Las animamos Mujeres, a continuar en resistencia activa, cuidando la Madre Tierra, en armonía con el cuidado de la Vida Comunitaria como un valor de nuestras abuelas y abuelos, cuidándonos como pueblos. Como mujeres, sigamos ejerciendo nuestros derechos trabajando por construir relaciones sanas en igualdad y equidad en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestra sociedad.

¡Caminemos hermanas, compañeras, con esperanza y fuerza en el corazón!
¡Frente a la violencia, nuestra resistencia!
¡HASTA QUE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, LA JUSTICIA Y LA PAZ SE HAGAN
COSTUMBRE!

¡Alto a la violencia!
¡Alto al alcoholismo!
¡Alto al racismo!
¡Alto a la discriminación!

San Cristóbal de las Casas a 25 de noviembre de 2025

Pronunciamiento

A dos años de la desaparición de nuestros familiares

Sin Verdad, Sin Justicia.

Se cumplen dos años de la desaparición de nuestros familiares: Dan Josué Rosales Tzunún, Jorge Luis De León, Juan Carlos Calel de León, Luis Alberto Vasquez Sarat, Amilcar Isaac Enriquez Villatoro, Juan Francisco Tupul García, Julio Cesar Vásquez Pérez, Leonardo Morales Alvarez, Mayco Josué Morga Enriquez, y Francisco Socorro Morga De León, quienes se ganaban la vida y aportaban al sustento familiar, a través de la venta de pollos de crecimiento y que desde el 16 de noviembre 2023 han sido víctimas de la desaparición forzada en Frontera Comalapa, Chiapas, México. Sin embargo, hasta la fecha seguimos esperando una respuesta sobre su paradero y sobre los responsables del hecho.

Durante este tiempo, nos hemos mantenido firmes a pesar de las afectaciones emocionales, de subsistencia, el duelo por la ausencia, por la reconfiguración de nuestros entornos familiares, espirituales y comunitarios desde la desaparición. A pesar de que el proceso ha sido desgastante al no tener ni una sola pista del paradero de nuestros seres queridos, tenemos esperanza y seguiremos luchando, exigiendo justicia hasta encontrarles, por esto demandamos a los Estados de México y Guatemala:

1. Trabajo coordinado entre instituciones competentes. Exigimos mantener las reuniones con las autoridades de México para conocer información sobre las acciones de búsqueda e investigación en el caso. Sin embargo, solicitamos la unión de esfuerzos y coordinación entre instituciones para la pronta localización de nuestros seres queridos, la identificación y sanción a responsables de los hechos, 

2. Plan de búsqueda y análisis de contexto idóneos. Reconocemos los avances en la recopilación de información y en la línea del tiempo, no obstante, exigimos que los mismos contemplen las hipótesis de búsqueda en vida y búsqueda en muerte en lugares de asistencia, detención y zonas en donde opere o recluten los grupos del crimen organizado en Chiapas, México, pero también en otra entidades federativas del país incluyendo la búsqueda transnacional en Estados Unidos de America y Guatemala, ante la presunción de reclutamiento forzado, 

3. Plan de investigación efectivo. Solicitamos la presentación detallada del plan de investigación y de sus resultados concretos en la investigación de los hechos, identificación de los responsables y medidas implementadas para su sanción,

4. Confrontas genéticas con restos no identificados. El pasado mes de julio 2025, las familias, como derecho que nos corresponde, nos practicamos una tercera toma de ADN con el Equipo Argentino Antroplogía Forence (EAAF) en su calidad de peritos independientes y con apoyo de la Red Jesuita con Migrantes (RJM), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y CONAMIGUA, diligencia que ha sido puesta en conocimiento a las autoridades de México. Por lo que exigimos, se incorporen estos perfiles en las carpetas de Investigación respectivas y se gestionen las acciones necesarias para la confronta con los datos de bancos forenses de Chiapas y en todo territorio mexicano y se nos informen a la brevedad de los resultados,

5. Condición de la Calidad de víctimas. El pasado mes de septiembre del corriente año, el Estado mexicano reconoció la calidad de víctimas a nuestros familiares y a sus familiares, quienes seguimos buscando. Requerimos que se implementen las medidas necesarias para asegurar el ejercicio de derechos y deberes que se desprenden de esta condición.  Realizando visitas in situ en Guatemala para conocer la situación socio económica de las familias, las afectaciones psicosociales y de seguridad de cada integrante del núcleo familiar con especial atención a niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, como secuela del hecho de la desaparición de nuestros seres queridos. 

6. Coordinación entre Guatemala y México. Solicitamos que las autoridades de Guatemala, nos asistan en los procesos de tutela de nuestros derechos, en la búsqueda y localización de nuestros seres queridos, a través de los canales diplomáticos y mediante la participación en las sesiones de trabajo con autoridades de México, para generar los informes, requerimientos de información respectivo ante México y mesas de trabajo binacional para asegurar el acompañamiento y asistencia a las familias. 

Seguiremos buscando hasta encontrarles. 

Cuyotenango, Suchitepéquez, Guatemala, 16 de noviembre 2025. 

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Mujeres y hombres campesinas y campesinos de San Francisco municipio de Teopisca Chiapas México 13 de noviembre del 2025.

A las y los Defensores de Derechos Humanos.

A los Medios de Comunicación Alternativos.

A la Sexta Nacional e Internacional.

Al Congreso Nacional Indígena (CNI).

A las Organizaciones que buscan la paz con Justicia y Dignidad.

Hoy celebramos 20 años de lucha y resistencia por nuestra identidad, nuestra tierra y territorio conformado por hombres, mujeres, niñas y niños. En esta celebración traemos también a la memoria y lucha de nuestros ancestros y ancestras que desde 1850 resistieron a tratos discriminatorios e inhumanos. Ante esas injusticias, en el año 1995 fortalecidos de la fuerza de los que nos antecedieron decidimos recuperar nuestras tierras que por derecho nos corresponde y este logro se formalizó el año 2005. En este caminar de lucha y resistencia en el año 2009 nos adherimos a la otra campaña y actualmente somos miembros del Congreso Nacional Indígena CNI.

Firmes en nuestro compromiso de lucha por construir nuestra autonomía y libre determinación reconocida en los tratados internacionales y en nuestra constitución Política de México, hoy estamos aquí de nueva cuenta para pronunciarnos y darles a conocer lo siguiente:

Queremos decirle a los tres niveles de gobierno y a la sociedad que seguiremos en pie de lucha para defender nuestras tierras y nuestro territorio en contra del capitalismo, la explotación y la invasión.

Exigimos a los tres niveles de gobierno respeto a nuestra lucha y autonomía

¡Alto a la violencia generalizada que causan desplazamiento, desaparición y asesinato de           inocentes!

¡Alto a la criminalización de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de quienes         defendemos el territorio y la madre tierra!

¡Alto a la guerra contra pueblos Zapatistas!

¡Alto al crimen organizado y justicia para nuestro hermano el Padre Marcelo Pérez Pérez!

¡Paz a nuestro Estado de Chiapas, México y al mundo entero!

Seguiremos luchando para fortalecer nuestra autonomía por la unidad y exigir paz y justicia.

“Si a la vida no a la muerte”

¡La tierra no se vende, se trabaja y se defiende!

Atentamente

Campesinas y campesinos organizados de San Francisco municipio de Teopisca, Chiapas-México

Integrantes del Congreso Nacional Indígena CNI.

Nunca más un México sin nosotros.

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Fuente: Los Muros

Conversamos con Aline Lima

Nos vamos a ir hasta el Brasil para encontrarnos con Aline Lima, coordinadora general del Instituto de Políticas Alternativas para el CONOSUR, educadora popular, feminista, interseccional, psicóloga y especialista en gestión de proyectos sociales. Vamos a conversar con ella de lo sucedido el pasado 28 de octubre, donde nos sacudió una noticia en el mundo con el asesinato de más de un centenar de personas en una jornada donde la policía de Río de Janeiro actuó, según los señalamientos oficiales, en una lucha contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico en el entorno de varias poblaciones y favelas, como se suele denominar allá.

Para comprender qué ha ocurrido ese 28 de octubre, pero qué está ocurriendo en un contexto más general de esta conversación que estamos dando sobre las violencias, estas violencias excesivas desde el Estado como mecanismos de control en el escenario contemporáneo y en el ejercicio del poder desde las derechas en el continente, porque la gobernación de Río de Janeiro tiene un gobernador del Estado de Río de Janeiro cercano, próximo partidario de Jair Bolsonaro, el anterior presidente del Brasil justamente,

Aline nos comparte: El 28 de octubre de 2025, en el estado de Río de Janeiro en Brasil, se llevó a cabo una operación policial masiva que se llamó Operación Contención, en los complejos de Peña y Alemán, que son dos grandes complejos de favelas en Río de Janeiro, al norte de la ciudad. Participaron más o menos 2.500 agentes de las policías civil y militar. Además de blindados, helicópteros y drones, la acción fue presentada por las autoridades como un operativo a combatir la facción criminal Comando Vermelho.

Según diversos informes, el número de muertos, que es estremecedor, está entre 120 y 130 personas, pero algunos movimientos sociales, sobre todo que acompañan las favelas, han dicho que ese número es mucho mayor. Hay cuerpos que no fueron encontrados todavía. Entonces, el operativo causó un caos generalizado, interrupción de los servicios de salud, suspensión de las clases, paralización de transporte y pánico entre los habitantes de las comunidades, sobre todo de las favelas, y también de  toda población.

Voy a hablar un poco del contexto histórico y estructural de ese episodio. Para comprender lo ocurrido, es muy necesario situarnos dentro de la historia de la policía en las favelas de Río de Janeiro y la lógica de la guerra contra el tráfico de drogas, el narcotráfico. Río de Janeiro ya ha vivido otros episodios similares, como la masacre de Jacarezinho en 2021 donde hubo 30 muertos. Toda la historia de Río de Janeiro, la historia reciente, es marcada por grandes episodios similares de masacre policial en las comunidades negras, faveladas y periféricas y marginalizadas de la ciudad. Esas operaciones suelen funcionar como un mecanismo de control social sobre territorios pobres y mayoritariamente negros como dije, bajo el discurso de combate al crimen. Lo hecho el 28 de octubre fue cualificado como la operación policial más letal de la historia reciente de Estado y de país, fue la operación con más letalidad de la historia reciente de país. Entonces, organismos de derechos humanos y de salud pública denunciaron que no se trató de una acción de seguridad, sino de una tragedia humana que responde a las fallas estructurales de Estado en materia de políticas públicas y respeto a la vida. Lo que expresa este episodio, el hecho no puede entenderse solo como una acción policial, sino como un síntoma de un modelo de desarrollo, un modelo de Estado y de sociedad.

En Río de Janeiro, sobre todo en todo Brasil, nosotros vivimos una especie de síntoma de tristeza colectiva que va desde naturalización de la violencia estatal, el uso masivo y letal de la fuerza se vuelve como normal en zonas pobres, legitimando el discurso de la seguridad. El racismo estructural también, porque las favelas atacadas son territorios de población negra y empobrecida. El operativo refuerza una política racionalizada de control y de muerte.

Pudimos observar también la crisis de la democracia y del Estado de Derecho. La narrativa oficial de éxito frente a la falta de transparencia o investigación real, muestra un quiebre del control institucional por parte del Estado, en fin, la desigualdad social como un trasfondo.

La violencia se concentra donde el Estado falta en garantizar derechos, educación, salud y empleo. O sea, para conclusión de este primer punto, la operación del 28 de octubre no fue solamente un enfrentamiento con el narcotráfico, sino una manifestación extrema de cómo el Estado brasileño ejerce poder sobre la vida y la muerte en los territorios marginalizados. Revela una continuidad histórica de militarización, de racismo estructural y exclusión social.

Planteo una pregunta de fondo, ¿a quién pertenece realmente el derecho a la vida y a la ciudadanía en Brasil?……..Ponemos aquí la conversa completa junto a Aline para que sigas escuchando esta intervención fundamental en estos tiempos…..