NIEGAN LIBERTAD EN AUDIENCIA AL COMPAÑERO FRANCISCO MORENO HERNANDEZ, MIENTRAS SE AGRAVAN LA SALUD DE LAS 8 FAMILIAS DESPLAZADAS DE JOTOLA, MPO. CHILON, CHIAPAS 

A los pueblos de México y el mundo
A los organismo y colectivos defensores de derechos humanos
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A l@s frimantes de Una Declaración por la Vida, en los cinco continentes
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A los medios libres e independientes
A quienes caminan la palabra de la vida

20 de febrero de 2026

El Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón Agustín López Pérez, en complicidad con el grupo paramilitar ORCAO y el Ministerio Público, negaron la libertad al compañero Francisco Moreno Hernández en audiencia de vinculación a proceso, al argumentar que dejarlo en libertad podría representar un riesgo para las supuestas víctimas que lo acusan.

Mientras, las 8 familias desplazadas por el grupo paramiliar ORCAO encabezado por Juan Cruz Mendez, en compañía y con la protección de la Guardia Estatal de Chiapas, INPI y Tribunal Agrario, comienzan a sufrir de enfermedas por las condiciones y grave situación que estan viviendo.

Por lo que hacemos responsable a los tres niveles de gobierno, el Tribunal Agrario, la Fiscalía General del Estado de Chiapas y el Poder Judicial del Estado de las graves violaciones continuadas que estan sufriendo nuestros hermanos indígenas tzeltales del Congreso Nacional Indígena en Chiapas.

Manteniendo preso a nuestro hermano Francisco Moreno Hernández por un supuesto despojo de dos ejidatarias del ejido de Jotalá y supuestamente del panteón del ejido, cuando dichas tierras nunca han sido ocupadas por nuestros hermanos y, en cambio, fueron desalojados de las tierras recuperadas en 1994 que mantenían en posesión y con trabajo común desde hace mas de 30 años. Presentando un corrupto peritaje topográfico e inspección judicial sobre tierras que no son las que poseen los compañeros del CNI y con ello justifican el despojo agravado del que los acusan, el cual nunca les fue notificado de la apertura de la carpeta de investigación con el pretexto de que, esta muy lejos la zona y en la región se encuentran organizaciones zapatistas que se ponen muy agresivas.

Hacemos un llamado a nuestras hermanas y hermanos de México y el mundo para que exijan la libertad inmediata de nuestro compañero del Congreso Nacional Indígena Francisco Moreno Hernández y el regreso de nuestros hermanos a las tierras que les pertenecen, debiendose garantizar las condiciones adecuadas para su regreso.

¡LIBERTAD PARA FRANCISCO MORENO HERNANDEZ!
¡REGRESO DE NUESTRAS HERMANAS Y HERMANOS DESPLAZADOS A SUS TIERRAS!
¡POR LA RECONSTITUICION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
¡NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

CONGRESO NACIONAL INDIGENA

On December 8, 2024, a new government for Chiapas took office and announced the implementation of a “new” security strategy in response to the violence stemming from territorial and social disputes among organized crime groups. With a major communication campaign and under the narrative of a “recovered peace,” it has promoted in 2025 a partial decrease in some crime indicators and has deployed various security operations. From the Border Region Working Group, we ask ourselves whether the security strategy implemented by the government of the state of Chiapas seeks peace or pacification. Rather than achieving peace, pacification seeks to impose social control through the use of force. In the Sierra–Border Region of Chiapas, along the border with Guatemala, this strategy has not succeeded in curbing the violence crisis. On the contrary, throughout this year the situation is different: an increase in cases of families in forced displacement — both internal and toward the neighboring country — and in forced disappearances. These acts of violence, along with ongoing territorial disputes and the active presence of armed groups, reveal a far more complex panorama than that portrayed in official statements.

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Este 2 de noviembre, en San Cristóbal de Las Casas, diversas organizaciones e individuos recordaron a los muertos zapatistas que, con sus vidas, dejaron el legado de tierras recuperadas el 1 de enero de 1994, en las que desde entonces se ha estado construyendo la autonomía: salud, educación, justicia y mucho más. Hoy esa construcción pacífica se expande mediante la práctica que los zapatistas llaman “el común”, para incluir a comunidades y personas no zapatistas de cualquier parte que buscan transformar las relaciones sociales y construir juntas un mundo más justo y más digno.

Ante eso, el gobierno de la 4T se empeña en destruir toda alianza que se oponga a la lógica capitalista, extractivista, empresarial del proyecto desarrollista que, desde la visión de los pueblos, sólo beneficia a las grandes empresas, de la mano de los intereses del crimen organizado. Esto, entregando documentos de “propiedad” a individuos y organizaciones ajenas sobre tierras recuperadas por el EZLN desde 1994, provocando conflictos agrarios, despojando tierras y desplazando poblaciones, con la participación activa del ejército, Guardia Nacional, policías estatales y municipales y el aparato jurídico del Estado.

En el evento, se leyó el siguiente pronunciamiento, firmado por colectivos, organizaciones e individuos de muchas partes de México y del mundo.

Pronunciamiento por La Vida y El Común

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. A 02 de noviembre de 2025.

A los Pueblos Zapatistas
A las Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ)
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes.
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos.
A las personas que luchan y resisten en todo el Mundo.

Este 02 de noviembre, con nuestra dignidad organizada y nuestros corazones unidos, nos manifestamos para recordar a todas las personas del mundo que han caído en las luchas por la libertad de sus pueblos y para exigir que se detenga la Guerra Contrainsurgente contra los Pueblos Zapatistas.

Denunciamos que ha pasado ya más de un mes, desde que la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ), nos alertó del proceso de despojo legalizado, que realizan los 3 niveles del mal gobierno, en el poblado Belén, ubicado en el Caracol 08 Dolores Hidalgo, municipio oficial de Ocosingo en Chiapas, sin que hasta el momento se de solución a favor de las Bases de Apoyo del EZLN, a quienes legítimamente pertenecen esas tierras. Por el contrario, se sigue con la narrativa de una dotación/restitución de tierras. Con la maña de entregar a extraños documentos de propiedad sobre tierras recuperadas por el EZLN desde 1994.

La clase política en el poder, cínicamente, dice que su 4T representa un cambio profundo. Pero nosotras y nosotros lo que vemos en este ataque, es la continuidad de viejas tácticas contrainsurgentes que el EZLN ha enfrentado desde su levantamiento armado: 1)la creación de supuestos conflictos agrarios para enfrentar al EZLN con población civil, a la cual se le ofrecen tierras zapatistas como botín, 2)quema de casas, robo de cosechas, desplazamiento forzado, 3)intervención a sus territorios usando al ejército, policiáss estatales y municipales, 4) uso del aparato jurídico para legalizar sus crímenes, 5) uso de las instituciones agrarias para legalizar despojos.

Esta vez, de manera cínica y criminal, se busca detener el avance de la nueva propuesta de lucha por la vida, que el EZLN comparte con el mundo. Propuesta a la que llaman: “EL COMÚN”. Las comunidades zapatistas nos invitan a reconocer que, la tierra no debe tener dueños sino tener cuidadores. Pues nos encontramos frente a efectos dañinos ocasionados a la madre Tierra que aunados al avance de la violencia del crimen organizado y al aumento de las guerras en el mundo dejan un resultado dramático entre pobreza y hambrunas que viven grandes mayorías mientras que muy pocos pueden disfrutar de lo que es portadora la naturaleza. Nos encontramos frente al avance de la destrucción, ese es el modelo de desarrollo capitalista.

Por eso El COMÚN, planteado por los zapatistas, invita a personas no zapatistas que tienen necesidad de trabajar la tierra, a hacerlo junto a ellas, ellos y elloas, cambiando la idea de ‘tu tierra ‘ o ‘mi tierra’.

El COMÚN es una práctica de SIEMBRA.

SIEMBRA MEMORIA al reconocer que hubo un tiempo en que ancestras, ancestros y ancestroas de los Pueblos Originarios, a los que pertenecen las bases de apoyo del EZLN, reconocieron la tierra como un bien compartido. El trabajo era realizado en común y sus frutos repartidos. Se ponían reglas propias para convivir en respeto y vivir de manera digna.

SIEMBRA FORMAS MÁS JUSTAS DE SER Y ESTAR EN EL MUNDO, al volver a una mirada, sentimiento y pensamiento que pone la vida colectiva por encima del enriquecimiento de unos pocos.

SIEMBRA LIBERACIÓN pues su práctica, es la semilla de otra relación entre las personas y con la Madre Tierra. La de cuidar, sembrar, compartir, sin patrón, ni permiso. Con lo que se crece ahí: milpa, café, hortalizas, ganado, educación, salud, derechos de las mujeres, etc., se puede sostener la vida sin depender del gobierno y, cada vez menos, del capitalismo. O sea que, se trata de la construcción de una base material para la libertad verdadera.

Es a eso, a la construcción de formas de vida y de gobiernos autónomos a lo que el mal gobierno y los otros intereses capitalistas le tienen tanto miedo. Porque los Pueblos Zapatistas son ejemplo para la humanidad de que es posible ser libre, autogobernarse, autodefenderse, organizarse, articularse con diferentes, desde formas comunitarias, priorizando la palabra, la construcción de acuerdos y defendiendo sus territorios del saqueo del desarrollismo extractivista y la violencia criminal. La Autonomía Zapatista es ejemplo de que es posible construir otros mundos que resistan al capitalismo y por eso buscan destruirla.

Por todo lo anterior:

Reiteramos que las tierras del poblado Belén le pertenecen a las Bases de Apoyo del EZLN, por derecho ancestral como Pueblos Originarios, por haberlas recuperado desde 1994 y porque son quienes por más de tres décadas las cuidan y respetan.

Exigimos se detenga este despojo legalizado y cualquier otro tipo de acto contrainsurgente contra los Pueblos Zapatistas.

Nos mantenemos en alerta e invitamos a todas las organizaciones, colectivos y personas de buen corazón a seguir protestando ante cualquier ataque al EZLN y sus Bases de Apoyo.

Declaramos que hoy, nuestra memoria viva, camina un corazón, pasos y rumbo que tiene una raíz profunda en lo que representa el alzamiento zapatista. Lo que representan los Pueblos Zapatistas y la generación de compañeras, compañeros y compañeroas que decidieron poner un ¡Ya Basta! a la muerte impuesta y recuperar a la Madre Tierra. Quienes pusieron su vida como hilo para la memoria viva de nuestros pueblos originarios y de las nuevas generaciones.

Les invitamos a que busquemos formas de sembrar la semilla del COMÚN en nuestras vidas, para que florezca nuestro compañerismo. La lucha es nuestra y nuestra la posibilidad de ser libres. Las, los, loas zapatistas no están solos.

Nuestra rabia no será silencio.
Nuestra resistencia no será apagada.
La vida no se rinde, nuestros corazones y muchos más le abrirán paso.
Por la memoria, por la vida, por EL COMÚN.


Adherimos al presente pronunciamiento:

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Varios palestinos se desplazan en un carro tirado por un burro, este lunes 5 de mayo en Jan Yunis. Foto: Abed Rahim Khatib}

El gabinete de seguridad de Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, anunció que desplegaría a miles de reservistas bajo la nueva ofensiva, bautizada como Operación Carros de Gedeón, para la ocupación total de Gaza. “Una cosa quedará clara: no habrá entrada y salida”, declaró Netanyahu en un mensaje publicado este lunes en su cuenta de X. “No vamos a entrar y salir del área solo para hacer incursiones. La intención es la opuesta”, anunció abiertamente.

El ministro advitió que desplazaría a la población civil de Gaza hacia el sur, asegurando que los militares entraran pero no volverán, pues mantendrán una presencia indefinida. La operación es calificada por un ministro israelí como un plan de conquista. “Convocaremos a los reservistas para que vengan, mantengan el territorio”, puntualizó.

El plan consiste en desplazar a la mayoría de los 2,4 millones de gazatíes hacia zonas designadas como “estériles” en el sur del enclave. Según el jefe del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, la maniobra tiene como objetivo “proteger a la población civil”, aunque las agencias humanitarias y la ONU han denunciado la medida como una forma de limpieza étnica encubierta.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya controlan al menos un tercio del territorio gazatí, además,  han iniciado con labores de construcción de torres de vigilancia y puestos militares permanentes. Por tanto, la amenaza de Netanyahu, ha sido interpretada por observadores internacionales como una señal clara de intenciones anexionistas, una posibilidad respaldada por miembros del gabinete como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

“Una vez que conquistemos y nos quedemos, podremos hablar de soberanía”, dijo Smotrich en una conferencia en Jerusalén. “No habrá retirada de los territorios que hemos capturado, ni siquiera a cambio de rehenes”, afirmó el Ministro del Finanzas.

Las muertes de civiles continúan

Desde que se rompió la tregua con la nueva fase militar, el 18 de marzo, más de 2 mil 400 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud palestino. La cifra total de muertos va en aumento, desde octubre de 2023 superan las 52 mil personas asesinadas .

Las cocinas comunitarias en Khan Younis y Beit Lahiya se ven desbordadas por miles de personas que esperan porciones mínimas de alimentos. “Estamos muriendo lentamente”, dijo Amira, madre de tres hijos, desde una fila para recibir arroz cocido. “Nos empujan hacia el sur, pero no hay a dónde ir. No hay comida, no hay agua, no hay techo” dice la gazatí.

A nivel internacional, la ONU ha expresado su “profunda alarma” por la nueva embestida de Israel. La Unión Europea, por su parte, ha instado a Israel a mostrar “máxima moderación” y alertó que una expansión militar podría derivar en más víctimas civiles.

Mientras tanto, los gazatíes enfrentan el dilema de desplazarse sin saber si habrá refugio, o permanecer bajo el fuego. Hamás, por su parte, aún tiene 58 rehenes retenidos y ha declarado que no aceptará ningún acuerdo que no incluya un alto el fuego completo, la reconstrucción del enclave y la retirada total de Israel.

El conflicto contabiliza 577 días y, los famliares de los rehenes, han mostrado su descontento hacia el gobierno de Israel  para buscar la liberación de los cautivos, afirmaron en un comunicado que el plan aprobado por el gabinete significaba que Israel estaba eligiendo los territorios en lugar de los rehenes.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información directa de víctimas de la violencia por los grupos armados vinculados a la delincuencia organizada, que en consecuencia han desplazado de manera forzada a mujeres, niñas, niños y hombres habitantes de las comunidades de San José Tercero, San Francisco, El Roblar y la cabecera del municipio de Pantelhó, así también nos reportan que las acciones armadas se han extendido hacia las comunidades: Tijera Chimix, Jabaltón  y la Esperanza pertenecientes al municipio de Chenalhó, Chiapas. En ambos municipios se han tenido que desplazar de manera forzada alrededor de 3, 400 personas.

Firma la Acción Urgente y abona a detener la violencia en los municipios de Pantelhó. Chenalhó.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Familias tzotziles de Chalchihuitán, desplazadas por la violencia de grupos criminales en la región Altos de Chiapas. Foto: Cuartoscuro}

El ex titular del Registro Agrario Nacional (RAN), Plutarco Emilio García Jiménez, pocos días antes de dejar su cargo, a principios de octubre, admitió que, por lo menos en los estados de Chiapas, Oaxaca y Sinaloa, ha habido “apropiación de tierras ejidales y comunales por parte de la delincuencia” organizada, y que ha habido desplazamientos de comunidades indígenas y campesinas, sobretodo en Chiapas. 

Las declaraciones fueron dadas por García Jiménez momentos antes del lanzamiento del Atlas de la Propiedad Social de la Tierra en México 2024, en Morelos, que concluye que un poco más del 50% del territorio mexicano continúa siendo constituido por propiedad social – ejidos o comunidades-, donde se encuentran poco más de 5.4 millones de sujetos agrarios y sus familias. 

Gran parte de los recursos naturales se encuentran dentro del régimen de propiedad social. El 70% de los bosques y dos terceras partes de los recursos hídricos se localizan en ella. 68 pueblos indígenas viven en estas tierras.

Alertas y denuncias sobre la acción de estos grupos, realizados por organizaciones de derechos humanos y de las comunidades y pueblos en todo el México, se han intensificado en los últimos años, especialmente en las regiones sur-sureste del país donde el gobierno federal ha implementado una reestructuración territorial impulsada por megaproyectos, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

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Recientemente organizaciones de Chiapas, Oaxaca y Guerrero – entre ellas Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas – realizaron un foro público regional, en Oaxaca, para denunciar la situación. “Contamos con características y denominadores comunes en los tres estados del sureste del país, nuestras principales fortalezas y conquistas históricas han sido la propiedad social de la tierra y nuestro sistema de organización colectivo, basado principalmente en la toma de decisiones colectivas mediante nuestras asambleas comunitarias”, sostienen en un comunicado.

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La grave situación de violencia social ha sido desencadenada por el despojo de “nuestros bienes comunes”. “La mayor presencia de la delincuencia organizada se está concentrando en las regiones de imposición de proyectos extractivos, tal es el caso de proyectos mineros, eólicos, gasoductos, ampliaciones de carreteras (en Guerrero, Chiapas y Oaxaca). A quienes estamos en oposición a dichos proyectos, nos asesinan, desaparecen, criminalizan y deslegitiman”, dicen.

La desaparición de jóvenes y mujeres, los asesinatos, cobro de cuotas, desplazamientos forzados, falta de resolución de conflictos y mayor presencia de grupos armados y delincuencia organizada en las comunidades “son muestra de dicha situación”.

Además, sostienen, existe impunidad y no acceso a la justicia a personas defensoras que han sido agredidas por grupos paramilitares, de choque, delincuencia organizada “que se mueve al amparo de la impunidad”.

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Solamente en Chiapas, a partir de diversos informes, se han documentado la cifra de 21 mil indígenas desplazados en los últimos dos años, el asesinato de 176 personas defensoras durante este sexenio, el reclutamiento de jóvenes, la violencia generada en el último proceso electoral, además de la criminalización contra integrantes del movimiento social.

“Las consecuencias de la imposición de dicho modelo, la negligencia de gobiernos estatales y federales y la impunidad han sido la normalización de la violencia, la contaminación irreversible del medio ambiente, una crisis profunda del agua en la región sureste, la pérdida de la flora y la fauna, el control territorial por parte de empresas y crimen organizado, la apatía ciudadana, el miedo generalizado en nuestras comunidades, fracturas comunitarias, además de graves afectaciones a nuestro tejido social”, señalan.

Las organizaciones y comunidades hacen énfasis en el hecho de que apuestan en un modelo de sociedad en el que los bienes comunes son prioridad, la propiedad social de la tierra, la integridad de los territorios, el fortalecimiento del tejido social. “Este modelo se encuentra en clara confrontación con el modelo neodesarrollista, marcado por la violencia, los asesinatos, la criminalización, la obstaculización de instancias agrarias al reconocimiento de los estatutos y reglamentos internos de las comunidades y la militarización de nuestros territorios”. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Familias desplazadas forzadamente se manifiestan para exigir atención de autoridades estatales.}

Habitantes de la comunidad nahua de El Coire, en la región Costa-Sierra de Michoacán, alertaron que desde hace tres semanas se registran ataques armados en su contra, así como en otras poblaciones indígenas del municipio de Aquila, Coahuayana y Chiniquila, dejando tras ello un saldo de tres asesinatos y 251 personas quienes han sido desplazadas forzadamente de sus hogares.

La comunidad, con casi 60 mil hectáreas de tierras comunales y vecina de la población nahua de Santa María Ostula – cuya población también ha denunciado ataques armados continuos por parte del crimen organizado –, señala que las mayores agresiones fueron cometidas entre el 13 y 19 de agosto.

Una alerta emitida por la articulación de organizaciones de derechos humanos RedTDT detalla que, del total de los desplazados, 125 de ellos son menores de 17 años. A su vez, especifica que los asesinados son Rafael Bautista Cruz, de la comunidad de Estopila; Eutimio Medina Herrera, de Chacalapa; mientras los comuneros desaparecidos son los hermanos Miguel, Antonio y Filiberto Orcino Oliveros, además de Teódulo Álvarez Rentería (menor de edad), y los hermanos Rodrigo y René Mares Doroteo e Israel Ángel Martínez (también menor de edad).

La misma Red registra decenas de personas torturadas, incluidos casos de violación sexual contra mujeres, así como robos y saqueos de viviendas y comercios.

Las organizaciones de derechos humanos aseveran que, desde hace meses, han solicitado la atención de las autoridades para detener múltiples ataques registrados contra habitantes de comunidades indígenas nahuas en Santa María Ostula y Coire, ambas localizadas en el municipio de Aquila; así como de El Camalote y El Amatique en el municipio de Coahuayana y de las poblaciones nahuas de Huizontla, Coahuayula y El Salitre de Estopila, ubicadas en el municipio de Chinicuila.

“Desde el mes de febrero la comunidad indígena de Santa María Ostula ha exigido a los gobiernos federal y del estado que establezcan una base de operaciones en la colindancia de los municipios de Aquila y Chinicuila, como una forma de detener los ataques por parte del grupo criminal”, sostiene la RedTDT.

Desplazados

Aunque inicialmente las autoridades del municipio de Aquila señalaron haber registrado a 211 personas desplazadas, tras un conteo en el Auditorio Comunal, donde se refugian las familias, se contabilizó un total de 251 personas desplazadas. Cabe mencionar que, acorde a la RedTDT, el número puede ser mucho mayor a los registros hasta ahora efectuados por los funcionarios locales.

Testimonios de los desplazados aseguran que abandonaron sus hogares desde los primeros días de septiembre debido al temor por los actos criminales acontecidos en El Coire, por lo que huyeron rumbo a Coahuayana, La Placita y hacia la cabecera de Aquila. Información recibida por la RedTDT sostiene que, así como El Coire, Chacalapa, Zilapa, El Diezmo y El Salitre son poblaciones que actualmente lucen despobladas.

Más preocupante para los defensores de derechos humanos es que, de acuerdo a su documentación, las agresiones criminales ocurrieron ante “la inacción del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, ya que el batallón del Ejército ubicado en la cabecera comunal de El Coire permaneció -en el poblado nahua- solamente por menos de dos horas el 13 de agosto”. Consultados por medios locales, habitantes aseguran que la población nahua ha carecido del apoyo tanto del Ejército, la Marina, Guardia Nacional y Civil.

Infiltraciones

Información recibida por la RedTDT contextualiza que fue desde hace mas de un año que un grupo criminal se infiltró en la comunidad de El Coire a través del autogobierno indígena formado en aquella población desde principios del año 2023.

Las organizaciones de derechos humanos acusan de “probable complicidad” al ex comisariado de bienes comunales, Celerino Álvarez Mauricio, “quien a pesar de haber concluido su gestión el pasado 15 de junio, no quiso convocar la asamblea de elección del nuevo comisariado”. 

Ante esta situación, detallan, la comunidad se vio envuelta en una ola de violencia que derivó en ejecuciones extrajudiciales por parte de integrantes de la guardia comunal. Entre ellas destacan el asesinato de Jesús Pantaleón Álvarez Rentería, acontecido el 27 de junio del 2023; así como del homicidio de Juan Orcino Reyes -previamente torturado- el 5 de julio del mismo año y el asesinato de Cipriano Medina Rentería el 29 de mayo del 2024.

Promesas

Apenas el pasado domingo (8), el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, se apersonó en el municipio de Aquila, desde donde anunció “todo el apoyo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al autogobierno de El Coire, para superar la situación de inseguridad” que se registra en la región. 

El funcionario estatal, acompañado de autoridades de los cuerpos de seguridad de Michoacán, así como del 85 Batallón de Infantería y representantes de la Secretaría de la Marina (Semar), aseguró que el gobierno atiende las denuncias de violencia y que, para ello, ya dieron inicio a recorridos con elementos del ejército en la región afectada por la inseguridad.

31 de julio de 2024
Chiapas, México

En los últimos días la población civil en el estado de Chiapas se encuentra en alerta máxima por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan la región. Se tiene conocimiento que los municipios y ejidos aledaños de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Angel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras son las zonas más afectadas y se encuentran incomunicados por los bloqueos carreteros realizados por los grupos del crimen organizado.

La población de estos municipios está en total desprotección y abandono de parte de las autoridades estatales y federales, además está siendo obligada por los grupos criminales a participar en los bloqueos, utilizándoles como barricadas humanas por si viene el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales.

Ante esta situación, resultan de suma preocupación las afirmaciones de las autoridades federales, en cabeza del Presidente de la República, que minimizan la situación humanitaria y descargan la responsabilidad de los hechos en la población señalada de ser la base social de los grupos delincuenciales.

Estas afirmaciones, por una parte desconocen la imposibilidad que enfrentan las personas ante la amenaza de los violentos y el uso de las armas; y por otra, violan el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y generan mayor riesgo para la población de ser identificada por uno u otro grupo como aliada de grupos contrarios, convirtiéndoles en objetivo militar.

Los enfrentamientos, bloqueos y riesgos para la población no son nuevos. En mayo, agosto y septiembre del año pasado se vivieron situaciones similares. En aquellas ocasiones, el gobierno federal y estatal enviaron al Ejército y Guardia Nacional en respuesta al pedido de auxilio de la población, logrando disuadir la actuación de los grupos criminales. Sin embargo, al retirarse las fuerzas federales los grupos volvieron a enfrentarse, escalando la violencia y dejando nuevamente a la población en riesgo. Si bien hubo un actuar militar en dicha coyuntura, no se observa un trabajo de investigación e inteligencia para desarticular los grupos criminales.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

Como ha ocurrido en los últimos tres años ante la omisión de autoridades estatales y federales, una vez más la crisis provocada por los enfrentamientos entre grupos criminales en la frontera sur de Chiapas alcanza niveles alarmantes de violencia, ocasionando terror, muerte y desplazamiento forzado entre la población civil.

En las últimas semanas, desde distintos municipios de las regiones de la Sierra Madre y su vecina, la Frailesca, pobladores han lanzado llamados de auxilio mediante redes sociales para alertar sobre el incremento de las agresiones. Entre ellas, destacan las amenazas de coacción por parte de grupos armados, para que civiles participen en bloqueos carreteros, de secuestro de hombres y mujeres, así como de ejecuciones.

Desde el pasado sábado (20) y por medio de una acción urgente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT) confirmó el recrudecimiento de la violencia en comunidades de la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala.

Mediante un comunicado, las organizaciones resaltaron que, por lo menos, desde el domingo 14 de junio, se registró un aumento en las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado quienes desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza.

Ante esta situación, la RedTDT llamó a las autoridades federales y locales para la intervención imediata y garantizar la protección de la población de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.

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Fuente: www.craigmurray.org.uk
Traducción: Radio Zapatista

Los gobiernos no pueden tomar grandes decisiones con extrema rapidez excepto en las circunstancias más extremas. En todos los Estados existen mecanismos que consideran las decisiones políticas, las sopesan, involucran a los distintos departamentos del Estado cuyas actividades se ven afectadas por esa decisión y llegan a una conclusión, aunque no necesariamente buena.

La decisión de suspender la financiación de la ayuda a la UNRWA no fue tomada por numerosos Estados occidentales en un solo día.

En el Reino Unido, varios ministerios gubernamentales diferentes tuvieron que coordinarse. Incluso dentro de un solo ministerio, el FCDO, las opiniones tendrían que coordinarse mediante comunicaciones escritas y reuniones interdepartamentales entre los departamentos que se ocupan de Oriente Medio, las Naciones Unidas, los Estados Unidos, Europa y luego, por supuesto, entre los departamentos diplomáticos. y alas de desarrollo del ministerio.

Ese proceso incluiría buscar las opiniones de los embajadores británicos en Tel Aviv, Doha, El Cairo, Riad, Estambul y Washington y ante las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York.

No es necesariamente un proceso largo, pero no es un día de trabajo, ni tendría por qué serlo. No hubo ningún impacto práctico en hacer el anuncio de recortar la financiación de la UNRWA un día antes o un día después.

Consideremos que el proceso paralelo tuvo que completarse en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia y todas las demás potencias occidentales que contribuyeron a la hambruna en Gaza al recortar la ayuda a la UNRWA.

Todos estos países tuvieron que seguir sus procedimientos, y sólo mediante una coordinación previa –con semanas de antelación– entre estos Estados anunciaron todos el mismo día la destrucción del sistema de soporte vital para los palestinos, entonces absolutamente necesitado.

Y luego considere que ahora sabemos con certeza que los israelíes no habían presentado prueba alguna de la complicidad de la UNRWA en la resistencia de Hamas, en la que supuestamente se basaron estas decisiones en todos esos Estados.

No tengo ninguna duda de que la élite política occidental, herramientas pagadas de la maquinaria sionista, es cómplice del genocidio de los palestinos y de la limpieza étnica de Gaza a un nivel mucho más profundo de lo que el pueblo ha comprendido hasta ahora. La negativa de Starmer y Sunak a contemplar la posibilidad de poner fin a la venta de armas y al apoyo militar a Israel no se debe a inercia ni a preocupación por la industria armamentística. Es que apoyan activamente la destrucción de los palestinos.

La decisión coordinada de las naciones occidentales de acelerar la hambruna deteniendo la financiación de la UNRWA se anunció dentro de una hora, tras el fallo de la CIJ de que los habitantes de Gaza estaban en riesgo inmediato de genocidio, y expulsó de los titulares de los medios el fallo adverso contra Israel.

Esto envió la señal más clara en respuesta de que el derecho o las instituciones internacionales no impedirían que las potencias occidentales cometieran genocidio.

Las potencias occidentales no dan un comino por los 16.000 niños palestinos masacrados. Ninguna evidencia de fosas comunes en los hospitales los moverá. Sabían que se estaba produciendo un genocidio y continuaron armándolo e instigándolo activamente.

Este genocidio es el objetivo deseado de Occidente. Ninguna otra explicación es remotamente plausible.

(Continuar leyendo…)