La Plaza de la Paz en San Cristóbal de Las Casas empezó a recibir a las mujeres desde temprano, las organizadoras nos convocaron para las 10 de la mañana, el sol estaba ya presente y las mujeres empezaron a llegar listas para marchar. Algunas llegaron con sus creatividades para compartirlas, otras con sus tambores, otras con sus niñeces en carreolas, canguros o a pie. Mientras las organizadoras acomodaban a los contingentes diversos, sus pancartas y mantas, el sol arreciaba y nos convidaba a prepararnos con las consignas. Hasta delante iban las mantas con las imágenes de desaparecidas y desaparecidos cargadas por sus familiares y amigues. En seguida venía el contingente de las niñeces, sosteniendo mantas o pequeñas pancartas. Seguían las tamboreras, la guardia de seguridad y la mezcla de mujeres de todas las edades, colores y orígenes. Coreamos las consignas mientras que algunos transeúntes se mostraban indiferentes pero otros también se nos sumaban.  La marcha tiñó de morado al “pueblo mágico” también objeto de denuncia por feminicida.

Al llegar de regreso a la Plaza de la Paz las organizadoras tomaron la palabra y evocaron a las mujeres, a las niñas y a todas las cuerpas disidentes. Cuerpas parte de esta marcha. Nos dijeron:  

“Hablar de violencia aquí no es hablar de lo ajeno sino de una experiencia encarnada. En este 8M la lucha no es individual es comunitaria… queremos un feminismo que no deje fuera a las indígenas, a las trans… Los feminicidios siguen impunes… Ya no más silencio, miedo, impunidad, no más desapariciones, no más transfobia… No solo queremos recordar sino proteger a las que aquí estamos… Nos queremos libres, vivas, orgullosas…”

Palabras de las organizadoras en la Plaza de la Paz (Descarga aquí):

En seguida dieron su testimonio las familiares de víctimas de desaparición forzosa. Dos jovencita y una mujer mayor afirmaron que ellas nunca imaginaron estar en la situación que están, con tres desaparecidos (una mujer y dos hombres) de su propia familia. Denunciaron el calvario que ha sido para ellas todo por lo que han pasado pero dijeron acá estar, seguir denunciando.

Familiar de víctima de desaparición forzada (Descarga aquí):

Dos compañeras más tomaron el magáfono y nos compartieron que son sobrevivientes de un intento de feminicidio acaecido en una de las montaña del sur de la ciudad. Con gran indignación denunciaron todo lo que han pasado porque los tres niveles de gobierno no son capaces de cumplir con garantizar la seguridad de sus ciudadanas y con hacer justicia. Dijeron:

“Somos víctimas de un ataque armado, tipificado como robo, cuando fue un intento de feminicidio… Sobrevivir en México, no garantiza justicia… Hemos vivido la agresión armada y la violencia institucional que es violencia de género… Las instituciones de gobierno no cumplen los compromisos jurídicos vinculantes… La impunidad nos ha dejado heridas institucionales… sin nuestra red de apoyo no hubiéramos podido sobrevivir… Responsabilizamos a todos los niveles de gobierno… El Estado trató de silenciarnos… exigimos que el Estado asuma su responsabilidad… Sobrevivimos a tres años de violencia institucional… Tres años después aquí seguimos…”

Sobrevivientes de intento de feminicidio (Descarga aquí):

Pronunciamiento de sobrevivientes de intento de feminicidio (Clic aquí para leer)

“Hoy una jueza confirmó que dijimos la verdad: sobrevivimos a un intento de feminicidio. Lo que falta es que el Estado asuma su responsabilidad.”

Pronunciamiento 8M 2026 – México

Somos Sobreviviente de intento de feminicidio y  denunciamos violencia institucional del Estado

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas — Marzo 2026

(Pausa, mirar al frente)

Hoy no estamos aquí para celebrar.

Este 8 de marzo no es fiesta.
No es felicitación.
No es flores ni discursos vacíos.

Porque lejos de tener mejores condiciones de vida,
las mujeres en México —y en Chiapas— seguimos siendo violentadas,
incluso por quienes tienen la obligación constitucional de protegernos.

(Pausa)

“La justicia retrasada es justicia denegada”.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres declaramos algo con claridad:

Sobrevivir en México no garantiza justicia.

El 23 de febrero de 2023 fuimos víctimas de un ataque armado en una montaña en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

No fue un robo.
Fue un intento de feminicidio.

(Pausa)

Sobrevivimos.

Pero sobrevivir en México no garantiza justicia.

El Estado no nos protegió.
Denunciamos.
Y entonces comenzó otra forma de violencia.

El delito fue clasificado como robo con violencia, y no como intento de feminicidio.
Solo cuando el caso se hizo público hubo reacción institucional.

Todas las instituciones que debían garantizarnos justicia violaron nuestros derechos.

Desde entonces hemos enfrentado:

• Cambios reiterados de fiscales y asesoras jurídicas.
• Más de un año de audiencias suspendidas.
• Negativa inicial de medidas de protección pese a las amenazas.
• Intentos de presión para modificar declaraciones relacionadas con violencia sexual.
• Exposición de nuestra identidad.
• Y el despido de peritos y de nuestra asesora legal en pleno juicio oral, afectando directamente nuestro derecho a la justicia.

(Pausa)

Hoy lo decimos con claridad:

La violencia institucional también es violencia de género.

Acudimos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.
Se reconocieron irregularidades.

Sin embargo, el expediente fue archivado sin reparación efectiva.

El proceso continúa ante el Poder Judicial del Estado de Chiapas.

Y es hasta que una jueza mujer tomó el caso, con perspectiva de género, con empatía y comprensión del contexto de violencia que vivimos las mujeres, que empezamos a ver una luz al final del camino.

Pero las dilaciones y decisiones administrativas siguen afectando nuestro derecho a una justicia pronta, imparcial y con perspectiva de género.

México tiene obligaciones internacionales bajo la CEDAW y la Convención de Belém do Pará: prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres con debida diligencia.

Esas obligaciones no son narrativa política.

Son compromisos jurídicos vinculantes.

Mientras nuestros agresores esperan sentencia bajo techo,
nosotras trabajamos para pagar terapias, rehabilitación
y los costos de un proceso interminable.

Seguimos recibiendo amenazas.

No pedimos privilegios.
Exigimos justicia.

El ataque armado nos dejó heridas físicas.
La impunidad nos dejó heridas institucionales.

Ambas son responsabilidad del Estado.

(Pausa)

Hoy, aunque el juicio aún no concluye de manera definitiva, sabemos que nuestros agresores han sido sentenciados por intento de feminicidio.

Eso es un logro.

Es resultado de la lucha jurídica, del acompañamiento, de la insistencia
y de no haber guardado silencio.

Y queremos decirlo también:

Gracias a las abogadas que nos defendieron con firmeza.
Gracias a las funcionarias e instituciones que sí actuaron con ética.
Gracias a nuestros padres.
Gracias a nuestras amigas y amigues que no soltaron nuestra mano cuando el miedo era insoportable.

Sin esa red, no estaríamos aquí.

(Pausa)

Pero incluso ante una sentencia, no hay tranquilidad absoluta.

Nos cuesta creerlo.

Tememos que en cualquier momento una decisión administrativa cambie el rumbo.
Tememos represalias.
Tememos a las redes familiares y comunitarias que han intentado intimidarnos.

La sentencia no borra el miedo.
La justicia parcial no repara todo el daño.

(Pausa larga)

En este 8M declaramos:

Un gobierno que dice defender a las mujeres
no puede despedir a quienes las representan en juicio.

Un gobierno que se dice humanista
no puede normalizar la revictimización.

Un sistema que tolera la impunidad
no puede llamarse transformador.

Y lo decimos con claridad política:

(Pausa)

Un país feminicida no puede llamarse mágico.

Responsabilizamos al Estado mexicano —en sus niveles municipal, estatal y federal— por:

• La falta de protección oportuna.
• Las omisiones en la investigación.
• La revictimización constante.
• El riesgo en el que nos colocaron.
• Y cualquier daño que pueda ocurrirnos.

(Pausa)

No queremos ser valientes.

Queremos ser libres.

No queremos sobrevivir al sistema.

Queremos justicia.

Si algo nos sucede,
será responsabilidad del Estado.

Este 8 de marzo no es una consigna.

Es memoria.
Es denuncia.
Es exigencia.
Y también es advertencia.

(Pausa final)

Hoy una jueza confirmó lo que dijimos desde el primer día:

Sobrevivimos a un intento de feminicidio.

Pero también queda claro que durante tres años
el Estado nos obligó a luchar
no solo contra nuestros agresores,
sino contra sus propias instituciones.

Y aunque la sentencia puede ser impugnada,
la verdad ya quedó establecida.

Sobrevivimos a un intento de feminicidio.
Y también sobrevivimos a tres años de violencia institucional.

(Pausa)

Si la verdad incomoda,
que incomode.

Pero algo debe quedar claro:

Intentaron matarnos.
El Estado intentó silenciarnos.
Tres años después aquí seguimos.
Y no nos vamos a callar.

En seguida el megáfono pasó a manos de las representates de la Red de Defensoras del Agua y del Terrirorio en este Valle de Jovel. Ellas afirmaron que:

“… aunque en el discurso público se habla de equidad de género se reduce a simulación política… Defender el territorio es un acto legítimo”. Exigieron, “el cese de la violencia hacia las defensoras”. Afirmando que: “la defensa del agua y del territorio es también una lucha feminista”. Y cerraron diciendo: “Sin defensoras no hay territorio, sin territorio no hay vida”.

Pronunciamiento de la Red Defensoras del Agua y el Territorio (Descarga aquí):

Pronunciamiento de la Red Defensoras del Agua y el Territorio (Clic aquí para leer)

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 08 de marzo de 2026
Red de Defensoras del Agua y el Territorio
Pronunciamiento 8 M

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la lucha de las Mujeres, desde la Red de Defensoras del Agua y el Territorio alzamos la voz para denunciar la violencia sistemática y estructural que enfrentan las mujeres defensoras del ambiente y de los derechos humanos.

En América Latina, una de las regiones más peligrosas para la defensa de la vida y la naturaleza, las mujeres que protegen el agua, los territorios y los bienes comunes son objeto de patrones reiterados de violencia que buscan silenciar su liderazgo y desarticular sus procesos organizativos. Estas violencias se manifiestan en difamación, hostigamiento, amenazas, criminalización, judicialización indebida, desapariciones forzadas y feminicidios políticos.

El intervencionismo y la acaparación de los bienes naturales generan profundas afectaciones sociales. Sin embargo, estas afectaciones no son neutrales: impactan de manera diferenciada y desproporcionada a mujeres y niñas. Los eventos naturales provocados por la crisis climática, el ecocidio, la escasez de agua y la contaminación provocan graves consecuencias en la salud, particularmente en la salud física, mental y emocional de las mujeres, además aumenta la carga de trabajo de cuidado que históricamente ha recaído sobre las mujeres.

Las problemáticas ambientales generan despojo territorial y desplazamiento forzado, fracturando y desapareciendo comunidades enteras. Aunado a ello, el acceso de las mujeres a la información, a la participación efectiva y a la justicia ambiental sigue siendo limitado. Aunque en el discurso público se habla de paridad de género, en muchos espacios esta se reduce a simulación política, sin garantizar una participación sustantiva ni condiciones reales de incidencia para las mujeres defensoras.

Denunciamos que atacar a una defensora es atacar el derecho colectivo a un ambiente sano, al agua como bien común y a la autodeterminación de los pueblos. Defender el territorio no es un delito: es un acto legítimo frente a la crisis climática, ecológica y civilizatoria que atravesamos.

Exigimos:

-Garantías efectivas de protección para todas las defensoras de derechos humanos y defensoras ambientales.

-El cese de la violencia sistemática hacia las defensoras.

-El acceso pleno a la justicia ambiental y climática y el reconocimiento del liderazgo de las mujeres en la defensa del territorio.

Este 8M reafirmamos que la defensa del agua y del territorio es también una lucha feminista. Sin defensoras no hay territorio; sin territorio no hay vida.

¡Nos queremos vivas, libres y defendiendo nuestros territorios!

Antes de empezar a reunirnos en la Plaza de la Paz las compañeras de la Colectiva Cereza convocaron a una rueda de prensa donde MADRES, HIJAS, HERMANAS DE PERSONAS DESAPARECIDXS HABLARON SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE LA DESAPARICIÓN EN CHIAPAS.

Al tiempo, en la Plaza una de las varias jóvenes acompañantes de una de las familias con una víctima de desaparición forzada nos comentó lo importante que es para ellas y la familia el acuerparse entre unas y otras (parientas, amigas, solidarias, abogadas), sobre todo, ante el dolor pero también frente a la frustración del casi nulo avance de los trámites administrativos luego de la denuncia. Fue ella misma quien nos habló de cómo le llegó la conciencia, de la violencia que a ella misma le atravesó la cuerpa en la relación con un novio y de cómo la teoría y la práctica feminista ha sido clave para el proceso personal y colectivo de toma de conciencia. Cerró señalando lo que serían las demandas urgentes que ella y ellas lanzan:

“Exigen la agilización de los procesos legales de los y las desaparecidas… que las leyes genuinamente nos protejan, reconoce que la Ley Olimpia y la Ley Valentina existen pero saben que se requiere romper el sistema”.

Entrevista a jóvena en la Plaza de la Paz (Descarga aquí):

Y por supuesto no podían fallar las sesiones de autodefensa, el arte, las tamboreras, las obras de teatro y la música. Todo ello fue parte de esta commemoración del 8M y de la denuncia creativa pero contundente. Una de las miembras de un grupo de son jarocho participante en la marcha, Son Tribu, nos compartió sentada en la Plaza su palabra rememorando cuando llegó por primera vez a estas tierras hace 30 años (en 1996) exactamente en una marcha de mujeres donde estaban las zapatistas. Nos habló de su recorrido de 25 años de vida en tierras chiapanecas: su rol como observadora de derechos humanos, luego acompañante comunitaria, luego parte de la Otra Campaña hasta llegar a tener sus propios cultivos agroecológicos y sus animalitos y ser parte de grupos musicales que lo mismo crean sus propios versos feministas y ambientalistas que refuerzan las luchas de mujeres que luchan y de feministas. Oigamos con detalle lo que nos trasmite de esperanza encarnada enraizada alguien que en su modo, tiempo y geografía hace en colectivo con otras mujeres…

Entrevista a participante en la marcha (Descarga aquí):

Hacer colectivo a pesar de las guerras que azotan a los pueblos que resisten…

Foto-reportaje aporte de la Colectiva PVIFS-Chiapas
8M Plaza de la Paz
SCLC. Chiapas, México

Descarga el audio aquí.

IRAN: El imperio ataca de nuevo, Israel y Estados Unidos bombardeab nuevamente Iran, asesinan al ALI KHAMENEI y masacran una escuela primaria de niñas. Iran responde contra bases militares gringas en la región. 
Fuente: https://www.instagram.com/p/DVVPi-EiMeQ
https://kaosenlared.net/de-gaza-a-iran-los-ninos-ninas-y-las-escuelas-son-los-objetivos-de-israel/

HONDURAS: Berta Cáceres: 10 años de luz, rebeldía y justicia. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas comparten ceremonias, actividades y comunicados conmemorando la siembra de Berta. (AUDIO)
Fuente: https://www.facebook.com/share/v/1AhW1zVCde
https://copinh.org/2026/03/comunicado-3-26-berta-caceres-10-anos-de-luz-rebeldia-y-justicia/

KURDISTAN SYRIO: El asedio a Kobane continua hasta el día 36, Turquia bloquea los intentos de normalizar las relaciones Kurdo-Syrias, Yihadistas y mercenarios aprovechan el vacio para cometer secuestros, robo y asesinatos.
Fuente: https://espanol.anf-news.com/rojava-norte-de-siria/fragil-equilibrio-en-la-linea-damasco-rojava-58058
https://espanol.anf-news.com/rojava-norte-de-siria/el-asedio-a-kobane-continua-en-su-36-dia-entre-secuestros-ejecuciones-y-saqueos-58076

DESDE EL OMBLIGO DEL MOUNSTRO 

MEXICO: Convocatorias zapatistas para este 2026 ResignARTE u OrganizARTE
Fuente: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2026/03/01/convocatoria-a-las-jornadas-de-pensamiento-critico-arte-resistencia-y-rebeldia-resignarte-u-organizarte-2026/

CHIAPAS: “La supercarretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque se impone a través de hostigamiento, amenazas y manipulaciones”: Modevite. (AUDIO)
Fuente:

MICHOACHAN: Ante el avance de las autonomías, vuelven a resurgir las difamaciones y las amenazas de muerte en contra del portavoz del Consejo Supremo Indigena de Michoacan, Pavel Guzmán Macario.  
Fuente: https://www.facebook.com/share/p/1FvCFVHF8S

XOCHIMILCO: La Comision de Derechos Humanos de la CDMX emitió una recomendación sobre la violencia desatada el 05 de setpiembre de 2024, a pesar de las pruebas y testimonios dicha recomendación fallo en exigir justicia y cierre a los prosesos penales. (AUDIO)
Fuente: Hijos de la Tierra y Noticias de Abajo

SINALOA, MAZATLÁN: La crisis de desaparición forzada ha empujado a la sociedad civil a buscar de forma autoorganizada a sus desaparecidos, bajo la indolencia del gobierno el narco sigue asesinando a quienes buscan a sus familiares bajo ese contexto asesinaron  a la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle.
Fuente: https://articulo19.org/asesinan-a-la-madre-buscadora-rubi-patricia-gomez-tagle-en-sinaloa/
Grupo de buscadoras: Corazones unidos por una misma causa A.C.

TecnoAcrata: Caja de herramientas de radiodifusión, que el encierro no nos aisle.
https://radioslibres.net/que-el-encierro-no-nos-aisle/

Ante el avance de las autonomías, vuelven a resurgir las difamaciones y las amenazas de muerte en contra del portavoz del CSIM

A los Organismos Defensores de los Derechos Humanos
A los Pueblos y Comunidades Originarias
Al Pueblo de México y de Michoacán
A los Medios de Comunicación
Al Estado Mexicano

Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán,
a 19 de febrero de 2026.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Desde el inicio del presente año, se ha difundido en redes sociales una campaña sistemática de calumnias, injurias y difamaciones en contra del Consejo Supremo Indígena, y en particular, de nuestro vocero, el historiador Pavel Ulíánov Guzmán, esta es una operación financiada que tiene como objetivo el quitar legitimidad a los pueblos que luchan por su libre autodeterminación, autogobierno y autonomía, de la cual categóricamente hacemos responsables a Ayuntamientos y sus operadores políticos quienes ven amenazados sus intereses particulares o de partido.

De igual forma, han vuelto las amenazas de muerte en contra de nuestro portavoz Pavel Ulíánov, quien desde el año 2016 fue amenazado con ser desaparecido si no cesaba de apoyar a los autogobiernos indígenas, posteriormente, en el 2023 reiteradamente fue amedrentado por apoyar los procesos de autonomía, por lo que fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de la República y subsiguientemente en mayo del 2025 nuevamente fue intimidado por luchar al lado de los pueblos, hoy otra vez sufre de nuevos ataques en su contra, incluyendo amenazas de muerte y hostigamientos con el objetivo de hacerlo desistir de la defensa de los pueblos y comunidades originarias.

En este contexto, recordamos que entre los años de 1974 y 1976, la familia Guzmán Cruz, de la que forma parte nuestro vocero Pavel Guzmán, fue víctima de desaparición forzada de 5 de sus integrantes por agentes del Estado mexicano en la denominada “guerra sucia” en contra de opositores políticos y actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH. Por lo anteriormente exigimos:

1.- Tomar de inmediato medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Pavel Ulianov Guzmán, de su familia y de quienes conformamos el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

2.- Llevar a cabo una investigación completa, exhaustiva e imparcial sobre los ataques al honor e imagen, así como por las amenazas que ha recibido el compañero Pavel Uliánov con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente.

Finalmente, manifestamos que Pavel Guzmán Macario, es un p’urhépecha, un guerrero, un defensor del territorio y un compañero de las resistencias indígenas que no se encuentra solo, nos declaramos listos para emprender las movilizaciones y luchas necesarias para su defensa así como de las comunidades que resisten con dignidad y esperanza.

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

En México hay más de 100 mil personas desaparecidas y 115 mil no localizadas. El gobierno y sus dependencias han fallado gravemente en la búsqueda y en el rescate de personas desaparecidas. Por ello, hoy existen entre 100 y 120 colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos por cuenta propia. Son decenas de miles de padres, hermanas, hermanos y, en su mayoría, madres: LAS MADRES BUSCADORAS, mujeres que arriesgan sus vidas para encontrar rastros de sus hijas e hijos desaparecidos. La crisis en México es profunda y dolorosa. Frente a la apatía y la inacción oficial, LAS MADRES BUSCADORAS HAN ENTRADO EN ACCIÓN. No cuentan con protección institucional; han sido hostigadas, agredidas y algunas han sufrido ataques mortales.

Este sábado 10 de enero, en San Cristóbal de Las Casas, se presenta la exposición Ojos de esperanza, con ojos bordados por niños que han perdido ojos por cáncer y sus familiares.

Galería de Kikimundo
Calle Hidalgo 3
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Sábado, 10 de enero de 2026 – 6 pm

Con nuestros ojos bordados queremos decirles: Las vemos. Los vemos. No están solas. Somos solidari@s. Todo lo recaudado de estos ojos –bordados por personas de muchos lados de la republica y del extranjero– beneficiarán directamente a Madres Buscadoras.

En la exposición se espera también la participación de la ceramista Erika del Río, con la muestra La vista gorda, creada especialmente para Ojos de esperanza:

LA VISTA GORDA. Nunca he perdido a alguien de esta manera, he logrado ver su cuerpo antes de despedirme y aceptar que no volveré a sentir su calidez. Una urna funeraria que lastimosamente no contiene nada ni puede. Perforada, silenciada en el cierre de carpetas ocultas y olvidadas. Ante la indiferencia e incompetencia de las autoridades, la impunidad y los intereses políticos que pisan la dignidad humana ante la materia inexistente, intangible del cuerpo. La gorda… la vista gorda ante tantos hechos, ante el peso gigantesco que se siente, con las miradas que buscan sin cansancio contra las que esquivan responsabilidad. Ciudadanos que ven la verdad y se arriesgan para hacer justicia. La gorda situación que parece no ser vista y pasar inadvertida. Ignorada. Declaro: Yo te veo –como mujer, como ser humano que ha vivido con la muerte de la mano, como hija, como hermana–. Siento, el coraje de la injusticia de la mentira, el dolor de una memoria, de una herida que no logra sanar, la herida que sigue abierta. En la búsqueda sin norte ni sur, en la ubicación desconocida, en el sonido del silencio y en el estruendo de las balas que se ven por gravedad en las cenizas. Enciende una luz en el camino de la desesperación, el desconsuelo, la angustia y la tristeza de no saber dónde, cuándo, cómo, por qué. Una luz para resignificarse ante la duda, para la fuerza y la valentía. Un abrazo en soledad y al interior de cada familiar y ser amado que se ha quedado incompleto sin autorización, sin permiso, sin justificación.
—Erika del Rio

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
December 12, 2025

Press Release No. 11

Antonio González Méndez Case before the IACHR: One Year After the Historic Ruling
Neither the investigations nor the search efforts have been diligent or effective

The enforcement of the ruling has not been properly prioritized by the Mexican State.

On December 12, 2024, the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) notified its ruling condemning the Mexican State for the forced disappearance of Antonio González Méndez, an EZLN Support Base, who was disappeared on January 18, 1999, in the municipality of Sabanilla, Chiapas, by members of the paramilitary group “Organization for Development, Peace, and Justice” in the context of the counterinsurgency violence triggered by the implementation of the Chiapas Campaign Plan 94.

The ruling reaffirmed that forced disappearances committed within the context of the Internal Armed Conflict, which began on January 1, 1994, are not subject to statute of limitations and obliges the Mexican State to be held accountable. This represents a historic precedent for other victims of severe human rights violations.

As the 27th anniversary of his disappearance approaches, the Mexican State continues with mere administrative procedures, superficial efforts aimed at conducting an unfruitful investigation. Both the search and the investigations have not been diligent or effective in locating Antonio González Méndez. What the State Prosecutor’s Office considers the hypothesis of his disappearance at the hands of a paramilitary group reveals a case that remains unresolved. The IACHR ruling, which takes this hypothesis as a fact and holds the Mexican State responsible for supporting paramilitary groups in the region, continues to be disregarded, raising doubts about the seriousness of the State’s commitment. It is essential to fully clarify what happened and to identify, prosecute, and, if applicable, sanction all intellectual and material authors of this crime against humanity.

The obligation of the Mexican government must not be reduced to symbolic actions or mere paperwork; the investigation should include clear lines of action to identify those responsible, both material and intellectual, and prosecute them in accordance with human rights standards.

The persistent impunity and partial non-compliance with the IACHR ruling highlight the enormous challenges in translating an international ruling into real and tangible changes. The central issue remains the location of Antonio González Méndez and the carrying out of a professional, scientific, and independent investigation that guarantees justice and truth. This case not only reflects the pending debt to his family but also starkly exposes the structural crisis of human rights, justice, and impunity that Mexico is facing.

The Mexican State is obligated to implement the structural reforms ordered by the IACHR: a national and up-to-date registry of missing persons, effective prevention programs, specialized training to investigate state crimes, and public policies that recognize the collective rights of indigenous peoples through a comprehensive human rights approach. It is not just about complying with a ruling, but about transforming institutions so that these violations are never repeated.

At Frayba, alongside the family of Antonio González Méndez, we will continue to insist that justice be fully served. We will persist in the search for the truth and the demand for justice, because only in this way can we honor Antonio’s memory and pave the way for a Mexico where impunity is the exception, not the rule. This struggle is also the struggle for all the disappeared persons and for the dignity of the peoples who demand truth, justice, and non-repetition.

On December 8, 2024, a new government for Chiapas took office and announced the implementation of a “new” security strategy in response to the violence stemming from territorial and social disputes among organized crime groups. With a major communication campaign and under the narrative of a “recovered peace,” it has promoted in 2025 a partial decrease in some crime indicators and has deployed various security operations. From the Border Region Working Group, we ask ourselves whether the security strategy implemented by the government of the state of Chiapas seeks peace or pacification. Rather than achieving peace, pacification seeks to impose social control through the use of force. In the Sierra–Border Region of Chiapas, along the border with Guatemala, this strategy has not succeeded in curbing the violence crisis. On the contrary, throughout this year the situation is different: an increase in cases of families in forced displacement — both internal and toward the neighboring country — and in forced disappearances. These acts of violence, along with ongoing territorial disputes and the active presence of armed groups, reveal a far more complex panorama than that portrayed in official statements.

Descarga aquí

Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero. 

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  

(Continuar leyendo…)

Texto y fotos: Rocío Heredia | Avispa Midia

En conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, defensoras, periodistas, profesoras, estudiantes, activistas y mujeres diversas se dieron cita la tarde del miércoles (25) en la Antimonumenta -ubicada a un costado de la Fuente de las 8 Regiones- para exigir justicia frente a la violencia de género en Oaxaca.

Minutos antes de las 5pm, un contingente integrado por mujeres de todas las edades avanzó sobre la Calzada Porfirio Díaz con dirección al parque El Llano. Con megáfonos, bocinas, micrófonos y sobre todo sus potentes voces coreando consignas y cantos anti-patriarcales, explayaron una particular algarabía que al unísono exigía una cosa: alto a la violencia contra las mujeres en Oaxaca.

En el mítin, protagonizado por diversas voces a lo largo de la manifestación, prevaleció un señalamiento: “van tres años de terror y violencia del gobierno jarista”, haciendo referencia a la gestión del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Algunas organizaciones feministas en Oaxaca se han dado a la tarea de llevar un conteo de feminicidios en el estado. En el sexenio de Alejandro Murat contabilizaron 715 feminicidios, mientras que del 1 de diciembre del 2022 a la fecha, periodo correspondiente a lo que va de la gestión de Salomón Jara, se han registrado 285 muertes violentas de mujeres: 81 oaxaqueñas asesinadas en lo que va de este año 2025.

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Este podcast nos acerca a la crisis de desapariciones forzadas en Chiapas y en específico a la lucha de familiares de 7 habitantes de San Cristóbal que este 23 de noviembre cumplen un año de haber sido desaparecidos.

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Fuente: Avispa Midia

Por Francisco de Parres

En México, miles de familias siguen buscando a sus hijas, hijos, hermanas, padres, madres, amistades. Buscar es resistir frente al silencio, frente a la impunidad, frente al Estado ausente en materia de justicia. La presencia de las familias en las plazas rompe la estrategia del olvido que pretende que los crímenes queden impunes. El colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz salió también a la jornada de lucha el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Imperante acompañar su dolor que también es nuestro. Porque la desaparición forzada es una herida abierta que atraviesa cuerpos, territorios y memorias.

Madres y sus miradas que no se resignan. Pasos que insisten en caminar, manos que levantan el rostro de quienes les arrebataron. Que nadie se acostumbre a esta violencia. Que nadie calle. Las desapariciones forzadas intentan arrancar no solo vidas, sino también memorias. Pero cada madre, padre, familiar en pie demuestra que la ausencia puede convertirse en presencia que incomoda, en grito que resuena, en verdad que se abre paso entre la indiferencia. Acompañar es mirar de frente, es hacer visible lo que el poder quiere ocultar. Las acciones de las familias son testigos, denuncias, semillas de memoria que no dejarán de crecer.

La desaparición forzada no es un accidente, ni un hecho aislado: es una práctica sistemática sostenida por la impunidad. En México, cada persona desaparecida es el retrato de un Estado que no busca porque al hacerlo se encontraría a sí mismo. Las familias lo dejaron claro: todas las desapariciones son forzadas. Porque no hay “ausencias voluntarias” cuando el miedo está sembrado, cuando las policías y autoridades forman parte de la maquinaria que permite desaparecer a sus propios ciudadanos.

Frente a la indolencia oficial, las familias siguen organizándose, gritando, creando memoria desde el arte y la dignidad. Que nadie diga que no sabía. Mientras falte una persona, la deuda de este país seguirá intacta. Y en las calles recordamos que la desaparición es crimen de Estado, y que la justicia no se mendiga: se exige y ejerce.

Pero también debemos señalar lo evidente: las desapariciones no son solo responsabilidad de un Estado corrupto o negligente, son parte de la arquitectura del capitalismo contemporáneo. Este sistema exige territorios vaciados para extraer sus riquezas; necesita comunidades quebradas para imponer sus megaproyectos; cuerpos descartables para mantener su lógica de acumulación. La desaparición forzada es una de sus expresiones más brutales: un mensaje de terror que dice quién puede vivir y quién puede ser borrado.

La necropolítica, ese poder de decidir sobre la vida y la muerte, no se ejerce en abstracto. Se encarna en policías que fabrican culpables, en militares en todo el mundo que patrullan con licencia para matar, en jueces que protegen al poderoso, en gobiernos que miden en estadísticas lo que las familias viven en carne propia. El capitalismo convierte la vida en mercancía y, cuando no le sirve, en desecho. Por eso las desapariciones forzadas se multiplican: porque son funcionales a un modelo económico y político que avanza sobre los pueblos a costa de su sangre y de su memoria.

Desde la perspectiva de la justicia social, este crimen constituye una práctica sistemática que busca sembrar miedo, desestructurar comunidades y fracturar el tejido para la avanzada del capital acompañado de su necropolítica. En México, hablar de más de 134 mil personas desaparecidas no es una estadística neutra: es la radiografía de un Estado incapaz —y muchas veces cómplice— de detener la violencia que lo atraviesa. La desaparición no se explica como un fenómeno aislado, sino como parte de una política de control que ha encontrado en la impunidad su terreno fértil.

Frente a ello, los colectivos de familiares han producido no solo resistencia política, sino también saberes, pedagogías de la memoria y formas de organización comunitaria que interpelan a toda la sociedad. En cada acción pública no solo se denuncia la inacción del gobierno, también se construye un archivo vivo de la verdad: performance, música, poesía, fotografía y palabra se convierten en herramientas de memoria que rebasan los marcos oficiales que apuntan hacia el olvido e impunidad.

La desaparición forzada nos exige comprender que no hay neutralidad posible: o estamos del lado de quienes buscan o reproducimos el silencio que perpetúa la violencia. Recordar, acompañar y denunciar es responsabilidad colectiva. Pero también lo es confrontar el sistema que sostiene esta maquinaria de muerte. Nombrar al capitalismo y a la necropolítica es nombrar al enemigo común.

Y no es un problema sólo de México: es global. Lo que aquí llamamos desaparición forzada convive con otras formas de administración de la muerte que sostienen el mismo engranaje. En Palestina, la ocupación y la guerra permanentes buscan no solo asesinar, sino borrar pueblos enteros, su derecho a la tierra, su memoria y sus archivos; durante décadas, los bombardeos, los cercos y los desplazamientos han intentado convertir la vida palestina en residuo administrable. En Sudáfrica, las cicatrices del apartheid no se cerraron con la transición: la violencia policial, las expulsiones urbanas y el despojo extractivo siguen administrando quién puede vivir con dignidad y quién debe ser empujado a la muerte lenta de la pobreza estructural; la lógica del capital reescribió el mapa del racismo en clave de rentabilidad. En el Congo, Kurdistán, Yemen, Ucrania y tantos otros territorios, los conflictos geopolíticos y la economía de guerra hacen de poblaciones enteras materia prescindible, cuerpos cifrados como daños colaterales, comunidades enteras reducidas a estadísticas.

En este recorrido de necropolítica global también resuena la violencia política de la ultraderecha brasileña, cuyos afines al expresidente Jair Bolsonaro tomaron las calles recientemente, portando banderas estadounidenses y exigiendo impunidad ante el Tribunal Supremo, en un ejercicio de intimidación autoritaria que se basa en el odio, la deslegitimación de las instituciones y la promoción de la xenofobia como discurso político legitimado. Estas movilizaciones no son meros actos de protesta: son actos de guerra simbólica contra la democracia y la diversidad, piedra angular de una estrategia global de las extremas derechas para sabotear la vida pública y revestirla de terror. Su retórica, alimentada por noticias falsas y afinidades ideológicas con políticos como Donald Trump o Benjamín Netanyahu, invoca un ataque directo a la colectividad, profundiza divisiones sociales y refuerza la necropolítica que determina qué vidas merecen ser escuchadas —y cuáles están condenadas al silencio.

Las desapariciones en México y las masacres en Palestina, la represión en Sudáfrica y la guerra en otros territorios, son expresiones distintas de una misma maquinaria: un capitalismo global que gestiona la vida y la muerte según sus necesidades de acumulación, y Estados que articulan esa administración con leyes de excepción permanentes, con fuerzas de seguridad convertidas en ejércitos internos y con sistemas judiciales que archivan la verdad. La necropolítica no es un exceso: es método. La guerra no es una anomalía: es una forma de gobierno. 

En este mismo mapa de violencia se inscribe la guerra contra las comunidades zapatistas en Chiapas. Desde hace años, los pueblos organizados en torno al EZLN enfrentan hostigamiento militar, paramilitar y gubernamental que busca despojarlos de sus territorios y quebrar su experiencia de autonomía. La desaparición, la represión y los ataques armados contra bases de apoyo zapatistas no son hechos aislados, sino parte de la misma maquinaria que opera en todo el país y el mundo: la alianza entre el capital y los Estados para controlar territorios, destruir comunidades y neutralizar cualquier alternativa que plantee la vida en común y la dignidad por encima del lucro. Lo que se vive en Chiapas no es tan diferente de lo que ocurre en otros territorios en guerra: son expresiones localizadas de una misma necropolítica global que administra el miedo y la muerte para sostener la acumulación y el despojo. 

Por eso, la lucha de las madres buscadoras en Veracruz está profundamente ligada a la resistencia de las madres palestinas que levantan fotografías bajo los escombros, a las familias sudafricanas que exigen justicia frente a la represión estatal, a las comunidades del Sur Global que se organizan contra el extractivismo y el desplazamiento forzado. Cuando una madre pone el nombre de su hijo en una cartulina y otra enarbola la foto de su hija en un campamento de refugiados, están escribiendo una misma gramática de dignidad: la que convierte el duelo en denuncia, la memoria en herramienta, la calle en archivo vivo.

Que nadie diga que esto sucede lejos. Que nadie crea que puede mirar hacia otro lado. La desaparición forzada, el genocidio, las guerras del capital, forman parte de un mismo mapa de violencias que nos atraviesa. Resistir, entonces, no es solo buscar en México: es tejer alianzas, construir memoria internacionalista, unir saberes y prácticas de cuidado, reconocer en el otro la continuidad de nuestra propia lucha.

En este horizonte, acompañar no es un gesto caritativo: es una práctica política que interpela al Estado y al capital. Implica exigir verdad y justicia, sí, pero también desmontar los dispositivos que hacen posible la desaparición: la militarización de la vida cotidiana, la privatización de los territorios, la criminalización de la protesta, el racismo y el clasismo que habilitan la deshumanización. Implica defender la vida como principio organizador de la sociedad y del derecho.

Porque la memoria no es pasado: es presente que convoca. Cada brigada de búsqueda, ofrenda improvisada, mural, cada pañuelo levantado, es una pedagogía popular que enseña a nombrar lo innombrable y a trazar mapas de esperanza en medio del terror. 

Nombrar al capitalismo y a la necropolítica es nombrar al enemigo común. Solo desde ahí, desde el reconocimiento de esta raíz estructural, podrá abrirse el horizonte de una justicia verdadera: aquella que no solo encuentre a los desaparecidos, sino que impida que las desapariciones sigan siendo la política no escrita de los poderosos.

^{*Francisco De Parres Gómez (Francisco Lion), Antropólogo, comunicólogo y fotógrafo. Autor de Poéticas de la resistencia: Arte Zapatista, estética y decolonialidad. Coordinador de Internacionalismo crítico y luchas por la vida. Hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías.}