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La imagen muestra a Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia la mañana del día en que desaparecieron. Aunque el análisis de la fotografía podría contribuir a establecer su paradero e identificar a los culpables del delito, según especialistas, la FGR se niega a integrarla a la investigación y a hacer un peritaje del celular de uno de los detenidos

Por Analy Nuño para A dónde van los desaparecidos

Horas antes de su desaparición, el abogado Ricardo Lagunes Gasca y el profesor y líder comunal Antonio Díaz Valencia fueron fotografiados en Aquila mientras desayunaban. Tres días después, sus familiares vieron por accidente en la pantalla del celular de un funcionario esa imagen, que podría ser la última de los defensores.

La fotografía fue tomada el domingo 15 de enero de 2023, alrededor de las nueve horas, en el comedor de la casa de un comunero. En el desayuno estuvieron también presentes Uriel Gutiérrez de la Cruz, de 37 años, minero de profesión, quien el pasado 20 de septiembre fue elegido presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la localidad michoacana, y Luis Zapién Meraz, de ocupación fontanero, junto con su familia; ambos pertenecían al grupo de comuneros, propietarios de tierras concesionadas a la minera Las Encinas, que lideraba el profesor.

En la imagen es posible observar cómo iban vestidos Lagunes Gasca y Díaz Valencia el día en que fueron interceptados, secuestrados y desaparecidos por un comando armado en la localidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, cuando se dirigían a Colima después de participar en una asamblea comunal en Aquila. Ambos defensores mantenían una lucha social y legal contra la trasnacional Ternium, que opera la mina.

Aunque se desconoce la finalidad con que fue tomada, se presume que la fotografía fue enviada a los perpetradores. “Esa foto fue captada en la mañana del día en que los desaparecieron. Pensamos que era para los halcones, para que los ubicaran”, señala una fuente cercana al caso que, al igual que otras dos personas consultadas para este trabajo, pidieron no ser nombradas por razones de seguridad.

En la foto se ve al abogado vestido con una camisa de rayas rojas y blancas, y una chamarra negra. Está sentado, desayunando. Al fondo se observa inclinado al profesor nahua, vestido con un pantalón gris, camisa clara y sombrero. Ninguno mira hacia la cámara.

La fotografía, que por el ángulo podría haber sido tomada por una persona sentada frente a Lagunes Gasca, estaba en poder del fiscal especializado en Desaparición de Personas de Colima, Héctor Javier Peña Meza, quien no informó sobre su existencia ni la presentó como prueba para incorporarla a la carpeta de investigación.

La foto del líder nahua y el abogado fue tomada la mañana del día en que desaparecieron, cuando desayunaban en la casa de un comunero. (Especial)

“¿Cómo la obtuvo? ¿Quién se la envió? ¿Por qué la tenía? No se sabe nada de eso. Evitó decirlo, solo confirmó que era de ese día y pidió discreción cuando la vieron en su celular”, señala la misma fuente.

Es una pieza crucial para el caso. Pero a más de ocho meses de la desaparición de los defensores, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, se ha negado a integrar la foto a la carpeta de investigación y a solicitar el análisis de los metadatos, que permitirían confirmar la fecha y la hora en que se tomó, con qué teléfono móvil o cámara, el tamaño de la imagen, e incluso si se usó o no zoom. “Se presentó como prueba, pero la fiscalía especializada no la ha querido integrar y no dicen por qué se niegan”, agregó la persona entrevistada.

Esta información fue corroborada con otras dos fuentes cercanas al caso, quienes explicaron que, aunque se interrogó a tres personas que estaban desayunando ese día con los defensores, no ha habido ninguna investigación derivada de la existencia de la fotografía.

“No hay peritajes, no se vislumbran pedidos oficiales de investigación ni se informa qué se ha hecho al respecto. Solo les preguntaron [a las personas] si estaban presentes en el desayuno, y no investigaron más”, señaló una de las fuentes. “Parece ser la foto entregadora que dice ‘así están vestidos, para que no haya errores y agarren a otros’. Hay la sensación de que debería haber una segunda foto, [con] la [imagen] de Antonio más clara, porque está muy atrás”, afirmó la segunda fuente consultada.

Pero las autoridades federales no solo se han negado a investigar e integrar como prueba la fotografía, sino que han dejado fuera del caso a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, pese a que tiene abierta una carpeta de investigación y desde el 7 de febrero ofrece una recompensa de 500,000 pesos para quien aporte información que permita localizar a los defensores. “El expediente de Michoacán no lo integró la FGR y, por tanto, la investigación no abarca Michoacán. Es un nudo de corrupción entero”, dijo una de las fuentes, quien consideró que estas acciones buscan proteger a la minera, cuyos directivos llegaron a amenazar al abogado y al profesor.

Díaz Valencia y Lagunes Gasca intensificaron en los últimos cinco años su lucha social y legal en contra de Ternium para obligarla a cumplir el pago de regalías de 3.8 dólares por cada una de las 218,000 toneladas mensuales de hierro que extrae la minera —según datos de 2017— y a saldar un adeudo superior a tres millones de pesos por ocupación temporal, es decir, por la renta de las tierras, en cumplimiento de los convenios firmados en 2012 y 2017. Díaz Valencia lidera a la mayoría de los 469 comuneros dueños de tierras concesionadas a la minera y reconocidos en el padrón del Registro Agrario Nacional, un grupo al que desde 2018 representa legalmente Lagunes Gasca.

Desde 2019 también sostenían una lucha legal ante el Tribunal Agrario Unitario (TUA) 38 de Colima contra un grupo de alrededor de 200 pobladores, de quienes solo 40 son comuneros propietarios de las tierras concesionadas. Uno de sus líderes es José Cortés Ramos, alias Cochelo, exedil de Aquila y uno de los dos detenidos por el caso, acusados del delito de desaparición cometida por particulares.

Cortés Ramos, junto con otros comuneros del conocido como grupo minoritario, se ostentaban de manera ilegítima –pues no habían sido elegidos por la asamblea comunal ni cumplían con lo establecido en la Ley Agraria–  como representantes de la comunidad con derecho a regalías por parte de la minera.

El grupo mayoritario, encabezado por Díaz Valencia, ha acusado a estos comuneros de alinearse con la empresa e intentar frenar durante años la elección del comisariado por no convenir a sus intereses.

La omisiones en la investigación para conocer el paradero de Lagunes Gasca y Díaz Valencia incluyen también la falta de un plan de búsqueda y de un análisis de contexto por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda; tampoco se han presentado los dictámenes forenses de los restos hallados en fosas clandestinas de Colima y Michoacán, y las autoridades se han negado a analizar el celular de Cortés Ramos.

Tras su arresto, Cortés Ramos señaló a las autoridades tres predios de Cerro de Ortega, donde posteriormente se localizaron fosas clandestinas y se recuperaron restos humanos. Las familias acudieron a la búsqueda en campo a esa zona, pues se pensaba que podían hallarse los cuerpos de los defensores, pero hasta ahora no les han entregado los dictámenes forenses de los restos encontrados.

Pese a esto, su vehículo no ha sido decomisado, no se han recabado posibles indicios en su casa, y su móvil sigue sin ser analizado por la FGR bajo el argumento de respetar su privacidad y porque no cuentan con el equipo tecnológico ni la capacidad técnica para hacerlo, señaló uno de los entrevistados.

“No han revisado el celular de Cochelo, la fiscalía [FGR] se ha negado, dice respetar su privacidad y que no han podido acceder [al contenido]”, precisó. “En este punto, el temor es que lo dejen libre sin que haya aportado información. Vemos como prioridad tener esa información, nos importa mucho que se abra el teléfono, se conozca con quién hablo, las llamadas, mensajes y las fotografías que tiene, porque eso puede dar pistas para conocer el paradero”.

Además, se tiene conocimiento de que la FGR busca desestimar el delito de desaparición forzada, relacionado con su actividad como defensores, pese al posible involucramiento de agentes del Estado (por acción u omisión) en el hecho, y descartar como línea de investigación la lucha que sostenían contra la empresa Ternium –perteneciente al grupo italoargentino Techint–, para reclasificarlo como desaparición cometida por particulares, lo que alejaría las pesquisas de la minera.

Una pieza clave   

Un abogado consultado por este medio sobre la importancia de la fotografía para la investigación, considera que, en el caso del abogado y el profesor, debido a que en su desaparición están implicados intereses de industrias extractivas y grupos criminales –en la zona operan el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Cárteles Unidos–, esa imagen representa una prueba crucial para obtener respuestas sobre los autores intelectuales y, sobre todo, conocer el paradero de las víctimas.

“¿Qué significa esa foto? Significa poner una pieza más del rompecabezas del plan. La importancia de la foto es que podría dar muchas líneas [de investigación] hacia el plan de la desaparición. Esa foto puede ser una bisagra, dice mucho no solo por la imagen, sino por los datos que puede aportar. Es una prueba muy importante, todo lo que son fotos o videos de ellos con vida son cruciales; pueden dar la respuesta”.

De acuerdo con el especialista –que por seguridad pidió el anonimato–, la imagen debe analizarse no solo desde que fue captada, sino con una perspectiva amplia que lleve hacia los momentos previos a la desaparición de los defensores; es decir, examinar toda la actividad registrada en el teléfono que se utilizó, antes y después de la desaparición ocurrida el 15 de enero.

“Ese celular con que fue tomada la fotografía se debe mirar hacia atrás, entrecruzar toda la información, llamadas, mensajes. Se tiene que reconstruir todo alrededor de esa foto, incluso la movilidad, las horas y fechas. Es decir, esa foto va a llevar a un celular: ¿de quién es? Ese celular va a llevar a quién se le envió la foto y a cuándo se envía, con quién se habló antes y después de la foto, ¿hubo mensajes?, ¿qué dicen esos mensajes? Es una desaparición que tiene un esquema de planeación y preparación mucho más complejo; se requiere empezar a comprender la complejidad del plan y preguntar: ¿quién se beneficia con la desaparición de los defensores?”.

Explicó que realizar una línea de tiempo de la desaparición a partir de esa fotografía aportaría al caso la comprensión de quién es quién en el rompecabezas de los distintos actores implicados, en qué medida participaron en la desaparición, cuáles son los intereses de cada uno, quién se beneficia y de qué forma de la ausencia de Lagunes Gasca y Díaz Valencia. “Es dirigir una mirada hacia atrás, mínimo de los teléfonos con esa fotografía, y después hacer un gran mapa de correlaciones. Es una foto muy importante para dilucidar más el plan [que hay] detrás. Esa foto da al menos una línea de quiénes ayudaron en la desaparición”.

Consultada sobre el tema, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle, que acompaña el caso, consideró que la recolección, protección y análisis de todos los datos que puedan conducir a saber qué pasó, dónde están los defensores, y quiénes son los responsables intelectuales y materiales de su desaparición, debe ser prioritaria.

“Es deber del Estado recuperar de inmediato la mayor cantidad de pruebas videográficas, fotográficas, de aparatos electrónicos, de comunicaciones telefónicas y de mensajería, y cualquier otro indicio que agilice la búsqueda y ayude a localizar a las víctimas de desaparición forzada”, señaló Thomas Antkowiak, director del organismo.

“Cuando se logra recuperar este tipo de material”, agregó, “debe someterse a peritajes serios, con los más altos criterios científicos y técnicos, que ayuden a armar el rompecabezas que supone una desaparición forzada de defensores de derechos humanos como Ricardo y Antonio”.

Por ello, ante la falta de equipo técnico de la FGR, señaló, “el Estado debe recurrir a peritajes técnicos independientes y a la asistencia técnica internacional en el momento en que tome conciencia de que sus capacidades domésticas no pueden lograr recabar la información más importante que pueden arrojar las pruebas de este tipo”.

“Los análisis científicos de todas las fotos y los videos de las víctimas con vida antes de desaparecer deben dar respuestas certeras sobre las circunstancias de tiempo, modo, lugar [del hecho], y permiten dilucidar las redes de planeadores, ejecutores y encubridores que conllevan estos casos. Deben protegerse de forma tal que no sufran alteraciones que obstaculicen el conocimiento de la verdad”, advirtió Antkowiak.

Alejandra Gonza, directora de Global Rights Advocacy, organización que también acompaña el caso, reiteró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, a través de sus medidas cautelares y acciones urgentes, exigieron al Estado que investigue la desaparición forzada  de los defensores de forma exhaustiva y cuente con un plan integral de búsqueda, tomando en cuenta el contexto, el trabajo que realizaban cuando sucedió el hecho, y abriendo todas las líneas de investigación pertinentes.

La marcha del pasado 15 de febrero, en la que se exigió la localización de los defensores, recorrió desde la Segob hasta el Paseo de la Reforma. (Oliver Méndez/Obturador MX)

Eligen comisariado comunal

El pasado 20 de septiembre, tras cuatro años de lucha jurídica de Lagunes Gasca y Díaz Valencia para que el TUA y la Procuraduría Agraria (PA) de Michoacán ordenaran la elección del Comisariado de Bienes Comunales, debido a que la anterior directiva no había sido votada de forma legal, se realizó en Aquila la asamblea comunal en la que fue elegido Uriel Gutiérrez de la Cruz como nuevo presidente del comisariado.

En la elección, que se concretó en la segunda convocatoria –después de que la primera, programada para el 10 de septiembre, fuera pospuesta por amenazas, cooptación y compra de votos–, participaron 299 comuneros de los 745 reconocidos en el padrón del Registro Agrario Nacional como propietarios de tierras en Aquila, es decir, solo el 40 por ciento. De estos, 175 votaron por la planilla blanca encabezada por Gutiérrez de la Cruz, uno de los comuneros que desayunó con Díaz Valencia y Lagunes Gasca el día de su desaparición.

El comisariado quedó integrado también por Alfredo Analco Manjarrez, como secretario, y Marcelino Vázquez Zapién como tesorero. Mientras que el Consejo de Vigilancia será encabezado por María Guadalupe García Guerrero como presidenta, y Teresa Suárez Mejía, quien fungirá como primera secretaria.

La elección del comisariado se realizó tres meses después de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito de Morelia fallara a favor de los comuneros representados por Díaz Valencia y Lagunes Gasca en el juicio de amparo 449/2019. La sentencia ordenó al TUA y a la PA emitir la convocatoria para la elección del nuevo comisariado, el órgano de representación común y vigilancia que el líder nahua aspiraba a presidir.

El candidato de la otra planilla fue Daniel Magaña Godínez, quien no logró acreditarse como comunero y es integrante del grupo minoritario.

Piden mecanismo a la ONU 

Representantes de las familias de los defensores, como Asesoría y Defensa Legal del Sureste, fundada por Lagunes Gasca, y Global Rights Advocacy, presentaron ante el CED un escrito en el que amplían la información sobre el caso y solicitan que emita una serie de recomendaciones al Estado mexicano.

Durante su participación en la sesión 447 del CED, realizada el 13 de septiembre, los representantes se enfocaron en solicitar al comité que, mediante el trabajo de integrantes de la ONU presentes en México con acceso a las carpetas de investigación y a las acciones de búsqueda, active mecanismos extraordinarios de justicia para el país y lleve a la asamblea general de la ONU las desapariciones forzadas como una práctica sistemática.

En un documento de 14 páginas solicitan que se implemente un mecanismo extraordinario de recuperación humanitaria que utilice tecnología avanzada y recurra a la cooperación internacional para aumentar la posibilidad de hallar a los defensores de forma rápida y efectiva.

Asimismo, pidieron hacer recomendaciones para la protección de defensores, presentar la guía de debida diligencia de las empresas localizadas en zonas de desapariciones, informar ante la asamblea general la situación generalizada de impunidad en México e impulsar una comisión de investigación que atienda las causas estructurales de las desapariciones forzadas y evidencie en qué grado intervienen las autoridades, el crimen organizado y los intereses económicos de las industrias extractivas.

**Foto de portada: Al cumplirse un mes de la desaparición de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, sus familiares y amigos organizaron una protesta en la Secretaría de Gobernación y reclamaron su presentación con vida. (Oliver Méndez/Obturador MX)

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

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DIÓCESIS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

SIN JUSTICIA NO HABRÁ PAZ

jTatic Samuel

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 23 de septiembre de 2023.

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL LIBRE Y ALTERNATIVOS

A LAS-LOS PARTICIPANTES DEL DIÁLOGO NACIONAL POR LA PAZ

A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD

A LA SOCIEDAD EN GENERAL

CHIAPAS DESGARRADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO

En estos tiempos de crisis frente a la violencia estructural e institucional con la presencia de la delincuencia organizada que lacera la vida de nuestras comunidades y nuestros pueblos de Chiapas estamos sufirendo los asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de nuestros bienes naturales, persecución y despojos de los bienes, fruto de nuestro trabajo. Los grupos delicuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia.

De frente a esta realidad tan dolorosa, la iglesia promotora de la dignidad de la persona, servidora de la vida del ser humano y defensora de sus derechos, predica su liberación, una liberación que tiene, por encima de todo, el respeto a la dignidad de la persona, la promoción del bien común del pueblo y la trascendencia a que mira ante todo a Dios y sólo de Dios deriva su esperanza y su fortaleza.

Como iglesia diocesana y sociedad civil se ha denunciado permanentemente la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales, sin embargo no ha habido respuesta para los pueblos, el silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delicuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal.

La omisión del estado de frente a esta realidad mantiene a los pueblos en la incertidumbre total. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a visibilizar la situación de violencia que se ha perpetrado en nuestro Estado de Chiapas y que las autoridades correspondientes respondan brindando seguridad al pueblo.

Denunciamos:

– Amenazas, hostigamiento, persecución e intimidación a la sociedad civil.

– La presión y control social, político y psicológico de diferentes grupos para que el pueblo tomen partido por uno o por otro grupo criminal.

– La manipulación política que se ejerce para brindar atención desde los servicios básicos hasta otros, a los que el pueblo tiene derecho.

– El despojo de sus bienes, fruto de su esfuerzo y su trabajo.

– El desabasto de alimentos, granos básicos y otros enseres, así como la falta de atención médica y medicamentos debido a la continua violencia.

– La falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno a las demandas del pueblo.

– Los reclutamientos forzados, dejando a las familias destrozadas.

– El control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera y cobro por “derecho de piso” y “de paso (extorsión) violentando los derechos humanos y comunitarios.

– El ingreso de personas armadas en nuestras comunidades y pueblos.

Responsabilizamos de los hechos ocurridos a los tres niveles de gobierno que han hechos caso omiso a las denuncias de la sociedad civil, y exigimos:

– La atención urgente a los casos de violencia e inseguridad que esta destruyendo la vida de nuestros pueblos.

– Atender las denuncias de la sociedad civil, girar y ejecutar de manera inmediata las órdenes de aprehensión de los líderes de estos grupos delicuenciales.

– Que se respeten los centros educativos, libres de violencia.

– Restablecer el orden social sin vulnerar a la sociedad civil.

– Que se haga valer el estado de derecho para nuestros pueblos.

Animamos el corazón de las familias de nuestras comunidades y pueblos que sufren en carne propia esta realidad,, nos unimos y solidarizamos con las víctimas. Que el Espíritu de Dios presente y actuante en el caminar de su pueblo sea nuestra esperanza y fortaleza en estos momentos de crisis y de profundo dolor.

Nuestros Pueblos no son Campo de Batallas.

La paz es un grito que merece ser escuchado

(Papa Francisco)

+Rodrigo Aguilar Martínez

Obispo de San Cristóbal de las Casas

+Luis Manuel López Alfaro

Obispo Auxiliar

___________________________________________________________

5 de Febrero y 20 de Noviembre No. 1 – C.P. 29200 – San Cristobal de las Casas, Chis., México – Tel: (967) 67 800 53  Correo:cancilleriasclc@gmail.com

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Fuente: Avispa Midia

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A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Con profunda pena y rabia, informamos que el dia de hoy, alrededor de las 00:20 horas, a la altura del kilómetro 129+700 de la carretera Coalcomán-Aquila, en el municipio de Chinicuila, fue localizado el cuerpo sin vida de nuestro hermano y compañero Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, quien el primero de agosto había sido “levantado” por un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Coalcomán, mismo que finalmente lo ejecutó de manera extrajudicial y salvaje.

Esta brutal ejecución por parte del cártel criminal se da ante la indiferencia absoluta de todos los niveles de gobierno y del secretario de gobierno en Michoacán, Carlos Torres Piña, quien actualmente no tiene más ocupación que impulsar su carrera política mediante giras proselitistas disfrazadas de recorridos de trabajo.

Denunciamos la colusión de la Guardia Nacional destacamentada en Chinicuila y Coalcomán, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán de Coalcomán y la Guardia Civil, así como de diversos funcionarios estatales, con el CJNG, mediante la protección otorgada a Cemei Verdía y el fortalecimiento de toda suerte de negocios ilegales que dañan la vida en nuestra comunidad, en la región y en todo el país.

Exigimos al gobierno del estado y a la Fiscalía General de Justicia en Michoacán hacer su trabajo y llevar hasta sus últimas consecuencias la investigación de los hechos, en su momento denunciados por la familia del hoy fallecido, castigando a los culpables de este terrible crimen y desarticulando al CJNG, asimismo, de todos los niveles de gobierno, exigimos:

1. EL CASTIGO A LOS CULPABLES DE LA TORTURA Y EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LORENZO FROYLÁN DE LA CRUZ RÍOS Y DEL ASESINATO DE ISAUL NEMESIO ZAMBRANO, MIGUEL ESTRADA REYES, ROLANDO MAGNO ZAMBRANO, EUSTAQUIO ALCALÁ DÍAZ Y JUAN MEDINA, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE ANTONIO DÍAZ Y RICARDO LAGUNES.

2. EL DESMANTELAMIENTO DEL CJNG Y EL CESE DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN A DICHO CÁRTEL FUNCIONARIOS Y MANDOS CORRUPTOS.

3. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA.

¡Castigo a los autores intelectuales y materiales de la tortura y ejecución de nuestro guardia comunal, Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos!

¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!

SANTA MARÍA OSTULA, A 10 DE AGOSTO DE 2023

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

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A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO,
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES,
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

El día 1 de agosto de 2023, 3 habitantes de la comunidad de Santa María Ostula se encontraban en la cabecera municipal de Coalcomán resolviendo asuntos comerciales personales. Dos de ellos en camioneta y otro en su motocicleta. Al salir Lorenzo Froylán de la moto, fue detenido por un retén del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los otros dos habitantes de Ostula al no saber nada de su compañero, regresaron a ver qué había sucedido y también fueron retenidos.

Los tres permanecieron varios días retenidos por el grupo criminal hasta que al ser interrogados dos de ellos fueron liberados y sólo el que es miembro de la Guardia Comunal, Lorenzo Froylán, quedó retenido por el CJNG hasta este momento.

Las autoridades comunales, guiadas por las personas secuestradas y luego liberadas, harán efectivo su derecho y pondrán la denuncia correspondiente, esperando que las autoridades de seguridad estatales cumplan con su trabajo e investiguen el paradero de nuestro guardia, así como garanticen su liberación.

Cabe destacar que en la región existen diversas instalaciones de cuerpos castrenses, como el cuartel del 65 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano y un cuartel de la Guardia Nacional, sin embargo el CJNG actúa con total impunidad.

Esté cartel criminal está compuesto, entre otras, por algunas personas que anteriormente eran habitantes de nuestra comunidad, quienes luego de traicionarla, decidieron seguir una carrera como delincuentes: Cemeí Verdía Zepeda, Leonardo Bravo Manjares, alias Gorraprieta, Vicente Villanueva Ramírez, Silvano Mercado Cervantes, alias Quirrin, Guillermo Francisco Cruz, alias Picolin, y Refugio Alcalá Alcalá, alias Cubano.

Nuestra comunidad se encuentra organizada y unida para enfrentar estos ataques, tenemos a nuestra Guardia Comunal y a nuestras instituciones; estamos acompañando a las familias de nuestros compañeros liberados y a la de nuestro guardia retenido.

Señalamos que esta desaparición forzada se suma a los crímenes que ha cometido el CJNG no sólo en contra de nuestra comunidad, sino en contra de otras comunidades de la región, como San Miguel Aquila y Huitzontla.

Este grupo criminal busca, a toda costa, expandir las actividades de la empresa minera Ternium, y de esta forma lograr una gran ganancia económica, mayor protección en Michoacán y Colima y ampliar sus redes políticas dentro de los gobiernos de estos dos estados.

Igualmente recordamos que entre los años 2009 y 2014 nuestra comunidad sufrió una embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Secretaría de Marina y el cartel de los Caballeros Templarios; situación que provocó 35 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y lideres comunales, incluyendo el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65º batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Y tan sólo este año, el 12 de enero, 3 de nuestros guardias comunales Isau Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano fueron asesinados por este grupo denominado CJNG.

El 15 de enero, el abogado Ricardo Lagunes y el comunero Antonio Díaz, de la comunidad indígena de San Migue Aquila, fueron desaparecidos también por este grupo.

El 1 de abril, el comunero Eustaquio Alcalá Díaz, de la comunidad indígena de Huitzontla, fue asesinado a manos de miembros de este CJNG y el 14 del mismo mes, nuestro ex jefe de Tenencia, Juan Medina fue también asesinado por un criminal ligado a este grupo.

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Cuando un político quiere negar la realidad, quiere proteger a sus preferidos, quiere ocultar el horror que ejerce la institución que encabeza, solo hace falta mentir y repetir la mentira sin titubear. Lo que López Obrador agrega al arte de la mentira política es la vieja y confiable táctica de la razón arrogante de descalificar a la persona con quien disputa

Por John Gibler

Durante cuatro años el gobierno de Enrique Peña Nieto mintió sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No fueron los únicos: todos los oficiales de los tres niveles de gobierno mintieron sobre los ataques contra los normalistas en Iguala durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Mintieron sobre qué había pasado, quiénes habían participado, quiénes no habían participado, y por qué había sucedido. Mintieron desde el primer día y mintieron siempre. Torturaron a los detenidos para producir testimonios falsos, destruyeron evidencia, ocultaron evidencia, sembraron evidencia falsa y negaron la evidencia que no lograron ni destruir ni ocultar.

Mintieron el presidente, el gobernador y el alcalde. Mintieron el secretario de la Defensa Nacional, el procurador general de la República, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mintieron los soldados y los policías. Mintieron los marinos, los policías y los investigadores torturadores. Mintieron los sicarios torturados. Todos mintieron y su estrategia ante las pruebas que tumbaban sus falsedades fue siempre la misma: repetir la mentira. Uno de los administradores de la mentira, el exprocurador general Jesús Murillo Karam, actualmente detenido y acusado de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada, tuvo la inspiración de llamar este conjunto de mentiras “la verdad histórica”.

De eso no cabe duda. Las mentiras del gobierno de Peña Nieto son, tal vez, las mentiras estatales mejor documentadas y más desacreditadas de la historia reciente. En buena parte, esa documentación la realizó, a lo largo de ocho años y cuatro meses, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con base en una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el aval del gobierno mexicano y las padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Para el año 2016, cuando estábamos inmersos en el poderío de la mentira del gobierno de Peña Nieto, el GIEI había publicado dos informes con un total de 1,030 páginas que desmantelaban las mentiras. Ese desmantelamiento dejó a la vista un Estado que no solamente miente, sino que tortura, mata y desaparece. El gobierno quitó su aval y sacó al GIEI del país. Y después, simplemente, siguieron mintiendo.

Así nos dieron una gran lección en el arte de la mentira política: no importa la verdad, no importan la evidencia, las pruebas ni la documentación, tampoco importa el ridículo evidente del oficial que insiste en proclamar que la tierra es plana y el cielo es verde; cuando estás en el poder solo hay que repetir la mentira una y otra vez sin pestañear.

Y ahora, después de todo, después de tanto, después de devolverles a las familias la esperanza y arrancársela de nuevo, otro político más —otro graduado de la escuela política del Partido Revolucionario Institucional— viene a demostrarnos su maestría en el arte de la repetición casual de la negación de la realidad, del clásico “aquí no pasó nada” enunciado con el megáfono del Estado enfrente del edificio en llamas y sobre los gritos de auxilio.

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México, 31 de julio del 2023

Mensaje final del GIEI
Hoy es todavía

El GIEI llegó a México en marzo de 2015, como un nuevo mecanismo de asistencia técnica internacional y coadyuvancia en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, mediante una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de un período inicial de catorce meses, en el que mostró la inconsistencia de la investigación llevada a cabo entonces por la PGR y conocida como la Verdad Histórica, regresó en 2020 invitada por el nuevo gobierno mexicano y los padres, quienes pidieron que regresara el mecanismo y por medio de un acuerdo internacional con la CIDH. Este 31 de julio termina ese segundo mandato.

En estos años, el GIEI ha contribuido a reorientar la investigación en diferentes fases, a través del hallazgo de pruebas, la realización de peritajes y el contraste de diversas fuentes de información. Destacan el caso del basurero de Cocula, el análisis de evidencia fotográfica sobre la manipulación de la escena del río San Juan, la evaluación médica-psicológica de la documentación que mostraba el uso generalizado de la tortura o la alteración de escenas del crimen o de peritajes sin la necesaria independencia. Basándose en ello, la incongruencia de la llamada Verdad Histórica mantenida por el gobierno anterior fue señalada incluso por el Tribunal de Tamaulipas donde se juzgaban los hechos.

Sin embargo, las reacciones a la verdad no fueron muchas veces positivas. En el primer período de trabajo en 2016, el GIEI fue acusado por algunos sectores de pretender socavar a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, por mostrar pruebas que cuestionaban la versión oficial o pedir estar presentes en las declaraciones de miembros del ejército que estuvieron en Iguala en la noche de los hechos. Incluso el GIEI fue objeto de una fuerte campaña de difamación y violencia en diversos medios de comunicación, mostrando que cuando las verdades eran incómodas se buscaba disparar y callar al mensajero. El GIEI tuvo que salir del país, pero dejó en su informe las recomendaciones para el seguimiento del caso.

Con el nuevo gobierno en el 2019, se creó una nueva fiscalía especial para el caso, Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), una Comisión de la Verdad para el caso (COVAJ) y el GIEI volvió para colaborar en la investigación.

El punto de partida de la nueva averiguación surgió de la existencia de más hechos que los que llevaban a esclarecer los del 26 y 27 de septiembre de 2014. Por esa razón se fortalecieron investigaciones sobre los responsables de la tortura, se descubrieron falsificaciones y fraudes documentales en los que se había basado la investigación. Esto implicó rehacer la consecución de prueba independiente, logrando obtener elementos nuevos que fueron provistos por acercamiento, búsqueda de diversas fuentes, incluyendo nuevos testigos, lo que permitió proporcionar, de manera integral a la unidad especial UEILCA y a la COVAJ, aportes, valoraciones y hallazgos, tanto los incluidos en los informes I y II, así como nuevos elementos en los siguientes informes publicados hasta ahora. Se generaron nuevas pruebas a través del análisis de telefonía, de las comunicaciones de agentes del Estado y de miembros de la delincuencia organizada, evidenciando que actuaron de forma coordinada como parte de una red criminal durante la noche de los hechos y en los días posteriores, así como que declararon muchas cuestiones que resultaron falsas.

La actuación del GIEI contribuyó también al fortalecimiento de las acusaciones, tratando de integrar estándares internaciones en la investigación, la documentación de los hechos y el señalamiento de responsabilidades. Igualmente se colaboró para encontrar e identificar los restos de dos jóvenes normalistas desaparecidos, lo que mostró una nueva narrativa de los hechos. El conocimiento del caso acumulado en los años de experiencia y trabajo del GIEI.

EL GIEI ha contribuido a la investigación especialmente cuando ha habido un operador que tiene voluntad política. Tras la petición del GIEI respaldada por los familiares para acceder a informaciones hasta entonces negadas, el presidente de México ordenó abrir los archivos y proporcionar acceso a pruebas documentales del ejército (SEDENA), la Marina (SEMAR) y los servicios de inteligencia (CISEN), lo que ayudó a tener nuevos hallazgos relevantes sobre la actuación de agentes del Estado y a recabar informaciones existentes sobre el posible destino de los jóvenes. Dichas acciones se hicieron de forma conjunta entre el GIEI y la COVAJ. Todo esto, 7 años después de los hechos. Sin embargo, la documentación entregada, a día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes. Sin embargo, el GIEI se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes. Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar.

La investigación no ha estado exenta de problemas. El caso y los propios fiscales de la Unidad especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad. A pesar de ello, la investigación ha llevado a la detención del ex procurador General de la República, dos generales y 20 miembros del ejército y más de cien detenidos miembros del crimen organizado y fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado entre otros. Sin embargo, una parte importante del conjunto de las acusaciones son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y el ataque a los normalistas. Además, la investigación fiscal debe llevar no solo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.

El GIEI considera muy relevante el reconocimiento por parte del gobierno de México de que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, como fue señalado en presencia del Presidente y de las más altas autoridades del Estado, así como el apoyo para lograr el ingreso a los archivos de las instituciones, así como la decisión y presencia del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en la búsqueda y en la realización de todas estas gestiones.

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https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2023/07/Posicionamiento_organizaciones_resplado_GIEI-y-familias-43_270723.pdf

México, 27 de julio de 2023.- El pasado martes 25 de julio se presentó el Sexto y último Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa: Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes. Ante ello, refrendamos nuestra solidaridad con las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos y reconocemos los ya casi nueve años de lucha para conocer el paradero de sus hijos.

El informe es una recopilación de todo lo que se ha podido conocer del caso y contiene recomendaciones precisas de lo que tendría que hacer el gobierno si quiere continuar con su compromiso de esclarecerlo.

Resalta, en ese sentido, que el GIEI reconoce la existencia de información generada por las instituciones del Estado, particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, la cual contiene datos clave sobre el paradero de los estudiantes y que no fue entregada ni a este grupo de expertos independientes, ni a las autoridades federales que investigan el caso.

Con este informe concluye el mandato del Grupo, creado en seguimiento a la medida cautelar 409/2014 de la COmisión Interamericana de Derechos Humanos, como un grupo de apoyo técnico independiente para el esclarecimiento de uno de los casos de desaparición que, a pesar de toda la fuerza institucional puesta para su esclarecimiento, continúa en la impunidad. Ante la conclusión del mandato del GIEI y sus últimos hallazgos, las organizaciones firmantes comunicamos lo siguiente;

1. Expresamos nuestra solidaridad y reconocimiento a las madres y a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Su impulos, tenacidad y digna lucha han sido las que, junto con las organizaciones acompañantes y el GIEI, han logrado que el aparato institucional de impunidad para la desparición en este país se movilice. Su lucha, que acompaña a la de cientos de miles de víctimas de desaparición en México, ha enviado un contundente mensaje de nunca más, que el Estado ha elegido desoir.

2. Respaldamos los hallazgos presentados en este último informe y lamentamos que el GIEI deba salir del país por falta de condiciones para avanzar en su investigación. Dichos hallazgos muestran cómo ha habido un ocultamiento sistemático de la información que explica el papel de todas las corporaciones de seguridad -más allá de las municipales- en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La opacidad y manipulación de información sobre la implicación del Ejército y la MArina hacen inviable la colaboración con el Estado Mexicano para el esclarecimiento del caso. Eston no sólo desestima el trabajo del GIEI y las organizaciones acompañantes, sino que además muestra que la Comisión Presidencial para la Verdad y e Acceso a la Justicia (COVAJ), creada por decreto presidencial en diciembre de 2018, no ha logrado que las Fuerzas Armadas colaboren para el acceso a la verdad y la justicia. Por lo que, a todas luces, la voluntad política de las instituciones civies se queda corta frente al poder castrense del Estado Mexicano.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2023
Boletín No. 14

• Exigimos que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad en el marco de la contrainsurgencia de los noventa.

El miércoles 21 de junio del presente año se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte del estado de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez (Antonio), espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.

Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde su desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales. El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol. Ante la falta de búsqueda y de investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto de terror y criminalidad.

El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH. La disculpa pública del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación. Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.

Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94”[1] incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, que fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.

Exigimos que el gobierno de México, reconozca la responsabilidad y responda a esta demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez, por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado. El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.