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Este podcast aborda el tema de las desapariciones forzadas en México, en memoria y honra de las madres buscadoras. ¡No olivdemos!
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A los pueblos y gobiernos de México
A las organizaciones de derechos humanos
A los colectivos solidarios
A los medios de comunicación
Desde Tehuacán, Puebla, donde sesiona la asamblea nacional del Congreso Nacional Indígena, denunciamos la desaparición el día de ayer de Santos de la Cruz Carrillo, representante agrario de wixárika de Uweeni Muyewe-Bancos de San Hipólito, municipio de El Mezquital, Durango; comunidad que es miembro del Congreso Nacional Indígena.
Esto luego de que los pasado días 20 al 23 de febrero se realizaran los trabajos de ejecución de la sentencia del juicio agrario 037/2011, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 7 en la ciudad de Durango, mediante la cual se entregaron legalmente casi 11 mil hectáreas producto de una lucha de décadas de la comunidad autónoma de Uweni Muyewe.
El día de ayer a las 8 de la mañana, Santos de la Cruz, junto a su esposa Carlota y su hijo pequeño Paulo se dirigieron al municipio de Jesús María, Nayarit, atravesando las comunidades de Calítique, pueblo perteneciente a San Lucas de Jalpa, que es el núcleo agrario con el que sostuvo un conflicto que derivó en el triunfo legal de Bancos de San Hipólito, así como el poblado de San Juán Peyotán y el denominado crucero del pastor.
Toda la región, incluida la comunidad wixárika de Bancos ha sido fuertemente golpeada por la violencia generada por bandas de la delincuencia organizada y advertimos que la lucha agraria de Bancos es por la defensa de la madre tierra, por la defensa de la vida, de sus sitios sagrados y por las generaciones venideras.
Por lo anterior exigimos a los gobiernos y poderes locales la inmediata presentación con vida del compañero Santos de la Cruz Carrillo.
Llamamos a los colectivos solidarios y organizaciones de derechos humanos a estar atentos y levantar la voz para exigir la presentación con vida del compañero Santos.
Atentamente
4 de marzo de 2023
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Mas un México Sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena
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En portada: Conferencia de prensa de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico
Carlos Alfonso Pérez Ricart, David de Jesús Fernández Dávalos y Eugenia Allier Montaño, tres de los cuatro integrantes pertenecientes a la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), lanzaron el pasado 7 de febrero una convocatoria a la comunidad de posibles víctimas de la guerra sucia, llevada a cabo en México entre 1950 y 1990, para que puedan dar sus testimonios de manera profesional y privada al mecanismo.
La guerra sucia es nombrada así como una lucha contrainsurgente llevada a cabo por el Estado mexicano y su gobierno contra la población, principalmente guerrilleros, populares, campesinos y disidencias sexo genéricas.
El MEH es un órgano independiente al estado mexicano y extiende la invitación a compartir su testimonio a toda persona que haya sido víctima de violaciones graves a los derechos humanos en el periodo comprendido entre 1965 y 1990, que se encuentre en México o fuera del país, y haya sido violentada por su militancia o por haber sido asociada a alguna de las distintas organizaciones político-militares que operaron en el país.
Las personas decidirán en última instancia el uso que se le dará a la información que proporcionen, por ejemplo, si sus declaraciones entran o no al informe final que entregará en MEH, si quieren o no que a partir de su información se desarrollen procesos judiciales o sean parte de los procesos de reparación.
“El objetivo último es que ninguna parte fundamental de la comunidad de víctimas de este país que haya sufrido violencia entre los periodos de 1965 o 1990 se quede sin hablar, se quede sin dar su testimonio”, señaló Carlos Alfonso Pérez Ricart, en conferencia de prensa. “El mecanismo de esclarecimiento histórico de la comisión de la verdad es probablemente la última posibilidad de esclarecer graves violaciones a los derechos humanos”.
Luis Echeverría Álvarez, político priísta quien fungió como presidente de la República (1970-1976) y secretario de Gobernación (1963-1969) durante los peores años de la llamada Guerra Sucia en México. Bajo su mandato fueron desaparecidas alrededor de 1 mil 200 personas.
En esta convocatoria no solo hay víctimas en el contexto del combate a los grupos político militares, sino una serie de víctimas que han sido tradicionalmente olvidadas, poblaciones que fueron agredidas en lo que se calificó como “combate a narcotráfico y en el combate a la delincuencia común” o por su militancia en organizaciones urbanas populares.
El MEH desplegará investigadores e investigadoras en regiones donde sea necesario. El equipo del mecanismo tiene 49 personas investigadoras, y se ha propuesto recoger alrededor de 3000 testimonios. “Hemos recogido ya alrededor de 200 testimonios en este momento solo en el marco de la puesta a la prueba de nuestros instrumentos metodológicos”, explicó Fernández, en conferencia de prensa.
Para recibir testimonios, el MEH ha habilitado un correo electrónico donde las personas interesadas pueden escribir a inve.testimonial.meh@gmail.com.
Si vives o estás en la Ciudad de México, puedes acercarte a la Dirección General de Estrategias de Atención a Derechos Humanos, ubicada en Circular de Morelia 8, Roma Norte, Cuauhtémoc. C.P. 06700, Ciudad de México. Teléfono 221 138 7948 / 22 27 73 53 20
En 2024 entregarán el informe final
Fernández explicó que por mandato presidencial “tenemos hasta el 30 de septiembre del año 2024, fecha en la se entregará el informe al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) y al pueblo de México”. El mecanismo tiene un año trabajando en realizar un censo de archivos y afinar 17 instrumentos metodológicos que van a poner en práctica durante el año 2023. “Es el año de ir a recoger los testimonios y a investigar los archivos locales”, sostiene el comisionado.
Además, Fernández expuso que la audiencia pública será hacia mediados de marzo para la región centro del país. “Iremos a Sinaloa, Chihuahua, Guadalajara, Jalisco y la región occidente del país. También estaremos visitando Oaxaca y Chiapas con la idea de recoger el máximo testimonio”.
El mecanismo revisará diversos archivos
El objetivo del mecanismo es llenar de evidencias el informe a partir de dos formas principales. La primera tiene que ver con la parte de investigación archivística. El MEH ha comenzado desde hace más de un año un trabajo de exploración sistemática de archivos civiles, policiales y militares a lo largo de todo el país y en decenas de archivos y otros repositorios públicos y privados.
Protesta del comité Eureka, integrado por familiares de desaparecidos en México.
Por ejemplo, agrega Fernández, “llevamos siete meses trabajando en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, también trabajamos en archivos policiales y el libro los archivos civiles, incluyendo por supuesto el Archivo General de la Nación en donde están los documentos de la Dirección Federal de Seguridad y otras corporaciones”.
La segunda es con la población “objetivo” que es amplia, en general víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, pero también familiares y personas vinculadas a las víctimas, personas que atestiguaron sobre violaciones a los derechos humanos, personas que en el ejercicio de sus labores o funciones supieron o atestiguan hechos violatorios a los derechos humanos. Esto incluye perpetradores o gente que haya trabajado en la policía o en el ejército y que pueda dar pistas sobre violaciones a los derechos humanos.
Así funciona el mecanismo para el esclarecimiento
En entrevista para Avispa Midia la comisionada Eugenia Allier Montaño explicó que lo que diferencia a esta comisión de otras es que se compone de cinco mecanismos. El mecanismo de esclarecimiento histórico está compuesto por cuatro personas independientes cuyo objetivo central es hacer un informe histórico sobre las graves violaciones. “Pero además de eso, es escuchar a las víctimas y poder pensar qué va después, porque ninguna comisión de este tipo cierra la temática (…), simplemente la abre.”
Después está el mecanismo de impulso a la justicia, compuesto por tres abogados, también independientes: Ángela Buitrago Ruíz, Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus. Este mecanismo implementará una estrategia para hacer avanzar los casos, largamente estancados, en los procesos jurídicos. Impulsará la creación de una Fiscalía Especializada y realizará un diagnóstico de los casos abiertos.
Conferencia de prensa de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico
Luego está el Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, a cargo de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, en un departamento específico en torno a la guerra sucia. El objetivo es realizar la búsqueda de personas desaparecidas a través de un equipo especializado en las desapariciones perpetradas por la contrainsurgencia, sin importar en qué punto del país se les desapareció.
El Programa Especial de Reparación Integral y Compensación a cargo de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, constará de reparación tanto simbólica como económica. La CEAV está generando un aspecto especial en torno también de la guerra sucia.
La CEAV diseñará la metodología para la compensación y reparación de daños individual y colectiva, así como realizará un análisis de derecho comparado y buenas prácticas de comisiones de verdad en el mundo para fortalecer el modelo específico de reparación.
Después está el Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición, coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración e integrado por el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas; el director del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Enrique Ruiz Abreu; el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Felipe Ávila Espinosa; la directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Gabriela Pulido Llano; el director de Educal, Fritz Glockner; y la representante de la organización Memoria Abierta de Argentina, Verónica Torres.
El Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición es responsable de las iniciativas de ley referentes al tema de Memoria.
Una comisión con características especiales a otras
De acuerdo a Allier, cada país o cada comisión trabaja de distintas maneras. Una ventaja de la MEH, por ejemplo, es que posee acceso al campo militar. “Eso es algo que no ha ocurrido en ningún país, ninguna comisión de la verdad tuvo acceso a los lugares donde hubo detención y más aún estamos accediendo a los archivos de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), algo que tampoco nunca, hasta donde yo conozco, había ocurrido”, señala Allier.
Además, sostiene, habrá un centro de memoria. Un lugar en donde van a estar los archivos, los testimonios, “se está creando esta iniciativa para hacer sitios de memoria que son fundamentales”.
“El objetivo mínimo que espero es que la población llegue a enterarse de lo que existió y de lo que pasó, que en México los mexicanos y las mexicanas sepan que hubo un periodo que llamamos guerra sucia en donde la población fue violentada y fue reprimida”, concluye Allier.
Renuncia de la comisionada Aleida García Aguirre
Pese a que la comisión es un órgano independiente, no han faltado las críticas, incluso internas. Una de ellas se desencadenó en septiembre del año pasado. La historiadora Aleida García Aguirre presentó su renuncia como integrante del MEH ante la “subordinación de facto” de la sociedad civil ante el gobierno federal.
“Me ha sido doloroso concluir éticamente que es imposible continuar trabajando en el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico”, sostuvo García Aguirre en la misiva divulgada en redes sociales del Museo Casa de la Memoria Indómita.
“Fue imperativo marcar un alto, manifestar desacuerdo con la estructura que sostiene a la comisión y la subordinación de facto a la que se somete en presupuesto, burocracia y decisiones al ala de la sociedad civil frente a la institucional”, escribió la historiadora y actual profesora de la Universidad Pedagógica Nacional del estado de Chihuahua y miembro de la Asociación Mexicana de Historia Oral y de la Red Nacional de Investigadores del Tiempo Presente.
Señaló que fue el 10 de diciembre en Chihuahua “que aparecieron los primeros indicios de que las personas de sociedad civil (en aquel entonces, solo el mecanismo para el esclarecimiento histórica) no serían escuchadas para el desarrollo efectivo de los trabajos, si no sería la secretaria ejecutiva quien impondría la agenda política de la comisión”.
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06 de febrero de 2023
Pronunciamiento Conjunto
Emite el CED Acción Urgente por la Desaparición Forzada del Indígena Maya Tseltal, Fredy Gómez Sántiz
El 01 de febrero de 2023, el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante CED o el Comité), requirió al Estado mexicano la Acción Urgente 1569/2023 por la desaparición forzada del indígena maya tseltal Fredy Gómez Sántiz, por los hechos acontecidos el 16 de diciembre de 2021 en la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo en el estado de Chiapas. La medida urge buscar y localizar a Fredy Gómez Sántiz y proteger su vida e integridad personal, en particular el Comité requirió al Estado:
I. Búsqueda del Sr. Fredy Gómez Sántiz e investigación de su alegada desaparición forzada.
Establecer, de inmediato, una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva del Sr. Gómez Sántiz y para la investigación exhaustiva e imparcial de su alegada desaparición forzada, que tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto en el cual ocurrió su alegada desaparición forzada.
II. Identificación de las personas perpetradoras de la alegada desaparición forzada del Sr. Fredy Gómez Sántiz.
Proporcionar información sobre las medidas adoptadas para identificar a las personas perpetradoras de la alegada desaparición forzada del Sr. Gómez Sántiz.
III. Participación de los y las familiares del Sr. Fredy Gómez Sántiz.
Tomar todas las medidas que sean necesarias para implementar mecanismos oficiales y claros a través de los cuales se informe periódicamente a los familiares, allegados y representantes del Sr. Gómez Sántiz sobre el estado de la búsqueda y la investigación de su alegada desaparición forzada.
Proporcionar información sobre el involucramiento de los familiares del Sr. Gómez Sántiz en la investigación y sobre la incorporación de los datos presentados por los familiares a las autoridades competentes, incluyendo la identidad de los posibles autores materiales, en las diferentes hipótesis de investigación.
Permitir la plena participación de los y las familiares del Sr. Gómez Sántiz en los procesos de búsqueda e investigación de su alegada desaparición forzada, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados de la investigación en curso.
Así también el Comité le recordó al Estado mexicano la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se reconoce el carácter vinculante de las recomendaciones adoptadas por el Comité en el contexto del procedimiento de acciones urgentes en virtud del artículo 30 de la Convención y mediante la cual exhorta a las autoridades responsables a acatar, en todos sus términos, las acciones urgentes emitidas por este Comité, pues “su carácter vinculante para el Estado mexicano es indudable”.
Y finalmente requirió al Estado mexicano le envíe información sobre las medidas adoptadas con relación a cada una de sus preocupaciones y recomendaciones antes del día 3 de marzo de 2023.
Ante lo anterior, la familia de Fredy Gómez Sántiz y sus representantes reconocemos la disposición del Comité de velar por los derechos humanos de personas indígenas desaparecidas, así mismo exigimos al Estado mexicano acate la Acción urgente y muestre voluntad para dar con el paradero con vida del Fredy Goḿez Santiz, así como de los cientos de de personas desaparecidas en Chiapas.
Equipo Jurídico Solidario.
Melel Xojobal A.C.
Pastoral Social, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
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-> En Morelia (Michoacán), 9am: manifestación pacífica en el Centro de Convenciones de Michoacán, donde estará presente Andrés Manuel López Obrador
-> En Ciudad de México: Protesta y entrega de firmas demandando una búsqueda más intensa y efectiva en las Representaciones de Michoacán (10am, calle Kansas 48, col. Nápoles) y de Colima (11:30pm en Gutenberg 176, col. Anzures). Posteriormente, a la 1pm concentración pacífica ante las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria (Motolinia 11, Centro Histórico).
-> En Mérida, 10:30am: Protesta ante el Tribunal Unitario Agrario (calle 60 #338H)
El sábado y el domingo habrá más acciones. Contacto: todxsconricardoyantonio@gmail.com
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En portada: Protesta de estudiantes normalistas, provenientes de distintas partes de México, por la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa. Foto: Aldo Santiago
Durante la conferencia internacional ‘Hacerle frente a la crisis forense’, convocada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Mercedes Doretti, la directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), destacó la urgencia de resolver la crisis forense que atraviesa México hace años. “No existe confiabilidad en la información que emiten las propias fiscalías del país”, sostuvo.
Roxana Enríquez, directora del Equipo Mexicano de Antropólogos Forenses (EMAF), explicó que la crisis se refleja en la existencia de las fosas comunes, en la acumulación de procesos de identificaciones o identificaciones que no son confiables y en los procesos de exhumación que tienen los sitios de enterramiento clandestino.
Pero sobretodo genera el “impedimento para acceder a la verdad y la justicia”, dijo Enríquez. En este momento se “tiene el resultado del abandono institucional de décadas en áreas clave para el esclarecimiento de hechos delictivos”.
“La identificación de una persona es la tarea pendiente y el punto de partida para que pensemos en la recomposición de la sociedad lastimada”. Para ello, precisó Enríquez, se requieren investigaciones certeras.
Para Doretti, uno de los mecanismos para mejorar la situación es la creación de una mesa de intercambio de información forense.
Esta propuesta incluye, además de las instituciones, a los colectivos de familiares y a la sociedad civil, que se reunirían de manera periódica para exponer los casos y el mapeo de dónde se trabaja, así como los resultados que se habrían de alcanzar.
“De manera que esto no sea una información secreta de Estado”, reiteró Doretti.
Enríquez comentó que es urgente la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y las mismas instituciones, incluso evidenciar a otras instituciones estatales y federales que tienen un importante trabajo en la búsqueda de personas, como son las secretarías de Salud locales, los Ayuntamientos y el Registro Civil.
Protesta de integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos
Existen instancias que antes no se vincularon al tema y que desconocen —en el ámbito local— el alcance que pueden tener sus acciones en la búsqueda de personas desaparecidas. Aún cuando tienen la voluntad, desconocen la forma de participar.
Para las familias de personas desaparecidas, la crisis no solo se trata de estadísticas, sino de personas que tienen nombre, apellido y familia que los ama, los busca, los espera y los necesita, “y lo que tiene que hacer el Estado es darnos justicia”, sostiene Grace Fernández Morán, defensora de los derechos humanos.
Siamesas diabólicas
En 2008, Yolanda Morán comenzaba a formar los primeros colectivos de madres que buscaban a sus hijos por cuenta propia ante las incapacidades de las autoridades y fue de las primeras que alzó la voz para exigir justicia.
Destacó que la lucha de las organizaciones de familiares buscadores no se ha quedado en el reclamo, por el contrario, apoyan al Estado a fortalecer sus capacidades, a construir políticas y mecanismos.
En la mal llamada ‘guerra sucia’, cuando sucedieron desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, “estaba el reclamo de las familias y no hicieron nada, vinieron las muertas de Juárez y nuevamente el Estado no hizo nada; viene la violencia generalizada de la guerra contra el narco de Calderón y fuera de hacer algo, decía que no estaban preparados para tanta violencia y entonces se justificaban ante la falta de capacidades”, rememoró Fernández Morán.
En esos años, la sociedad creyó que los ejecutados eran criminales, como lo hizo creer el gobierno de Felipe Calderón, a propósito del Plan Mérida. Entonces las madres buscadoras implementaron un violentómetro que cuantificaba a los muertos.
“Esos muertos son la gran mayoría de los que hoy buscamos identificar porque el Estado reportaba bajas del crimen organizado, pero nunca dijo quiénes eran, porque solo se trataba de presentar resultados del combate contra el crimen organizado”, dijo Fernández Morán.
Pero las familias siguen cuestionando quiénes son, si efectivamente eran parte del crimen organizado y por qué los mataron. En ese momento, Fernández Morán explicó que no podían aspirar a que hubiese la infraestructura para identificar a la cantidad de personas muertas, pero lamentó que no se hayan aplicado los protocolos mínimos que existían o que a nadie se le ocurriera documentar los hallazgos.
Madres buscando a sus hijos desaparecidos en Torreón, Coahuila.
“Había una obligación por simple lógica: proteger a la ciudadanía y garantizar sus derechos a la identidad y a la justicia, son dos de los derechos básicos que debieron de haber garantizado”, sostiene la defensora.
Fernández Morán argumentó que, en ese tiempo, los cuerpos se encontraban en el piso de los diferentes espacios del Servicio Médico Forense (Semefo) en estados muy avanzados de descomposición y, entonces, solo les interesaba sacarlos.
“Muchas madres, esposas, familiares de personas desaparecidas, lloramos y gritamos de rabia cuando nos enteramos que en Jalisco habían incinerado a miles y todavía no hay quién nos diga cuántos eran, si les abrieron carpeta de no identificados, si tenían averiguaciones previas o acta circunstanciada de levantamiento y recuperación del cuerpo. Es información que hoy en día seguimos sin conocer”.
No había estructura, pero tampoco hubo inversión, pues con la identificación las autoridades tenían que comenzar a dar respuestas. Para las familias todo recae en dos causas que identifican como las siamesas diabólicas: impunidad y corrupción.
35 sentencias
“Ha permanecido y ha imperado un gran involucramiento de muchos sectores del Estado de los tres niveles de gobierno. Ninguno está limpio ni uno solo de los poderes, ninguna de las instituciones, todas tienen su nivel de responsabilidad”, hizo hincapié Fernández Morán, quien recuerda que hasta ahora solo existen 35 sentencias por desaparición que resulta en la impunidad absoluta.
Aunque las integrantes de la conferencia celebraron los cinco años de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, reconocieron que existen grandes retos y la crisis forense, además de los más de 110,000 desaparecidos, es una muestra de todas las deudas del Estado.
Cuando fue construida la ley ocurrió el caso Ayotzinapa y las familias de Guerrero comenzaron la búsqueda con sus propias manos y recursos.
Foto: Regina López
“La respuesta que nos daba la fiscal Areli Gómez era: dejen de buscar, no tengo cómo identificar, es más no tengo dónde meterlos”, dijo Fernández Morán. Entonces los antropólogos forenses de México, Argentina y Guatemala pusieron manos a la obra y, hasta ahora, aunque saturados, siguen apoyando a las organizaciones de familias buscadoras.
Las familias no se dan por vencidas y crearon en dos años el mecanismo extraordinario de Identificación Forense que, con la ayuda de expertas, buscan dar respuesta a dos cuestionamientos importantes: ¿quiénes son? y ¿qué les pasó?.
Intercambios
Doretti agregó que además existe un problema grave en cuanto cooperación interinstitucional esencialmente entre la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR). “Hay una fractura en la relación interinstitucional”, dijo.
Es urgente la creación de la Base Nacional de Datos Forenses, defiende. Hoy existen diferentes registros – el Registro Nacional de Personas Identificadas y No Reclamadas, el Registro de Fosas Comunes, de Fosas Clandestinas y el Plan Nacional de Identificación Humana -, todos son responsabilidad de la FGR.
“Estamos en un punto en donde podemos entrar a una mayor fragmentación de la información o podemos ir hacia una nueva consolidación con la Comisión Nacional de Búsqueda, a través de convenios con distintas fiscalías estatales y la creación de centros regionales”, dijo Roxana Enríquez.
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Por favor, ayúdanos a difundir este mensaje entre tus contactos:
El 15 de enero de 2023, el abogado defensor de Derechos Humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada. La familia y los comuneros de Aquila hemos realizado acciones que van desde lo legal hasta bloqueos en carreteras y el cierre de una mina de la empresa Ternium.
Familiares y amigxs de Ricardo y Antonio lanzamos esta convocatoria para invitar a organizaciones sociales, ejidos y bienes comunales, comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes, colectivos y colectivas, para que, en solidaridad realicen actividades descentralizadas de protesta y presión durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de enero.
La comunidad indígena San Miguel Aquila está asentada sobre importantes yacimientos mineros. La empresa Ternium ha explotado desde hace décadas la mina extrayendo enormes cantidades de hierro, oro, plata y cobre, generando serios impactos ambientales y ruptura del tejido social en la comunidad.
El prof. Antonio Díaz representa al grupo mayoritario de comuneros, quienes litigan desde hace años, con asesoría de Ricardo Lagunes, con el fin de que se lleve a cabo un proceso de elección democrática. Esto resultaría en la pérdida de poder de un grupo minoritario que apoya incondicionalmente a la empresa minera y que ha gestionado cuantiosos recursos durante años por ese motivo. La familia y los comuneros están convencidos de que este grupo cercano a la empresa minera está detrás de la desaparición de Antonio y Ricardo.
Tanto el Tribunal Unitario Agrario como la Procuraduría Agraria han sido sumamente negligentes, favoreciendo con su inacción y con ventajas procesales al grupo de poder minoritario cercano a la empresa minera. Comparten por tanto responsabilidad en la situación de injusticia social que ha culminado con estas desapariciones.
Incluimos algunos ejemplos de acciones que podrían llevar a cabo:
2. Protestas ante oficinas de la empresa minera Ternium en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nicaragua, España, Uruguay y EE.UU (ver lista en: https://us.ternium.com/en/contact-us/our-offices#our-offices
3. Acciones frente a embajadas y consulados mexicanos para exigir la búsqueda y rescate.
4. Protestas ante las sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios o las Delegaciones de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional.
5. Marchas, bloqueos, u otras formas de protesta que hagan visible la exigencia de intensificar la búsqueda y presentación con vida de Antonio y Ricardo.
Sugerimos incluir las siguientes demandas a sus acciones y protestas, además de otras que sean relevantes para ustedes en el ámbito local/regional:
1. A las instituciones públicas, intensificar la búsqueda para la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes.
2. A la empresa minera, que asuma su responsabilidad y ponga presión sobre el grupo minoritario que se presume está detrás de la desaparición, con el que la empresa tiene fuertes vínculos.
3. Al Estado mexicano, la reforma integral del sistema de justicia agraria y de su marco legal.
Agradecemos sus muestras de solidaridad y les pedimos nos informen de sus planes de acciones al correo hastaencontrarles@buscamos.org, para subirlas en la web https://buscamos.org/
Materiales:
1. Acción Urgente: https://change.org/BusquedaRicardoyAntonio (puede imprimirse y presentar, de manera simbólica, ante las distintas representaciones, las firmas recabadas.
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Convocan acciones descentralizadas nacionales e internacionales
Ciudad de México, 23 de enero de 2023
En conferencia de prensa, familiares y amigos de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes reiteraron su exigencia a las instituciones de intensificar la búsqueda, respondieron el comunicado publicado por la empresa Ternium, y lanzaron una convocatoria nacional y global de acciones descentralizadas.
Ana Lucía Lagunes inició la conferencia de prensa subrayando la falta de resultados hasta ahora de la búsqueda. “Ya han pasado 8 noches de su desaparición. Seguimos exigiendo al Estado Mexicano que intensifique las acciones de forma coordinada y eficiente para su aparición con vida.”
Michel Cervantes, de la organización civil de IDHEAS, declaró que “el 19 de enero, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU adoptó el mecanismo de Acciones Urgentes, haciéndole llegar a las autoridades del Estado Mexicano una serie de observaciones y recomendaciones, entre ellas la necesidad de implementar una estrategia de búsqueda e investigación inmediata, eficiente, coordinada y que garantice el derecho a la participación conjunta de las familias. Asimismo, instó al Estado Mexicano a que la investigación tome en cuenta el contexto político en que ocurren los hechos, así como la actividad por la defensa de los derechos humanos en que se desempeñan Ricardo y Antonio.”
Comuneros de Aquila presentes en el plantón del puente de Coahuayana, que se sumaron a la conferencia de prensa por vía telefónica, se sumaron a la exigencia de liberación de los retenidos, señalando: “está muy floja la búsqueda, no vemos nada de avance. La gente ya se está exasperando, si esto se alarga tendremos que llevar otro tipo de acciones por parte de las comunidades, ya nos cansamos de esperar. No vamos a movernos hasta que aparezcan nuestros compañeros, vamos a luchar hombro con hombro con la familia”. El Comisariado de Ostula, comunidad vecina a Aquila, agregó: “venimos en apoyo por los compañeros desaparecidos, Toñito es conocido y querido en la región, nos unimos al dolor y a la lucha por que los regresen vivos.”
Respuesta al comunicado de la empresa Ternium y cierre de la mina por comuneros
Varios miembros de la familia respondieron al comunicado emitida por la empresa minera Ternium. Antoine Lagunes afirmó: “Representantes de la empresa empezaron a comunicarse con la familia un día después de haber sido nombrados ante los medios como actor importante en la zona. Seguimos apelando a su intervención para que aparezcan vivos Ricardo y Antonio, debido a su gran influencia y poder en la zona con los grupos que allí conviven. Usen todos sus recursos para localizarlos con vida.”
María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes, añadió: “En nuestra región, el actor más importante es la empresa minera Ternium, ya que les toca relacionarse con la sociedad local, con los actores políticos, económicos y también con los poderes fácticos regionales. Si bien la empresa es un actor más en este tablero, reiteramos que quien sea que esté detrás de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, forma parte de los grupos que interactúan con la contraparte en el trabajo de mi esposo. Por esta razón, solicito que la empresa minera Ternium use todos sus salvoconductos para solicitar a los grupos que conoce, para que si uno de ellos tiene a Ricardo Lagunes y a don Antonio Díaz, los regrese de inmediato.”
Alejandra Gonza, Directora de Global Rights Advocacy (Defensa Global en Derechos Humanos), subrayó: “De acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales, la empresa y sus inversionistas tienen el deber de debida diligencia en materia de derechos humanos, que le exige tomar todas las medidas a su alcance y ejercer influencia para atender la gravedad de la denuncia de desaparición de los defensores que trabajan en su área, conversando con todos los actores con los que habitualmente trabaja para lograrlo. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas destacó, en un documento emitido en 2021 (A/HRC/47/39/Add.2), la necesidad de abordar los impactos adversos de las actividades empresariales sobre las personas defensoras de los derechos humanos. En su comunicado público, la empresa desconoce y se intenta deslindar de estas responsabilidades. En respuesta a su falta de diligencia que, en representación de las familias, además de las distintas acciones internacionales ya tomadas, y con la colaboración del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en Argentina, como primer paso vamos a presentar una queja ante los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, particularmente, ante el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, para obligar a la empresa a que dé una respuesta seria en relación al incumplimiento de sus obligaciones internacionales en este caso.”
María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes, agregó que “el pasado sábado, un grupo de comuneros se presentó a la entrada de la mina, en el cerro El Tenamaxtle, Aquila, Michoacán, para impedir el cambio de turno de los trabajadores de la empresa. Solicitaron el apoyo de las fuerzas federales para que resguarden los explosivos que tienen en la mina. En este momento, si bien los comuneros no se encuentran al interior de la mina, sí permanecen en el plantón del puente Coahuayana, con la digna solidaridad de la comunidad indígena de Ostula.”
Keivan Díaz, hijo de Antonio Díaz, sumó la voz de la familia del profesor, demandando a la empresa que “haga todo lo que esté en su mano para obtener el rescate con vida y buen estado de los desaparecidos, utilizando sus vínculos institucionales y económicos con el grupo que pensamos ha perpetrado la desaparición.” María de Jesús Ramírez Magallón añadió “no queremos palmaditas en la espalda por parte de la empresa, sino que activen todos los mecanismos a su alcance para lograr la liberación de los desaparecidos”.
Relación de desaparición con Tribunal Superior Agrario e instituciones agrarias
Julián Vázquez Guzmán, de Asesoría y Defensa Legal Sureste, señaló que “Ricardo Lagunes trabaja para hacer valer los derechos del pueblo Nahua de San Miguel Aquila. Durante varios años el Tribunal Unitario Agrario 38 de Colima lleva reconociendo a un grupo de personas que se ostentaron ser representantes de comuneros, de manera ilegal sin contar con las facultades que señala la ley agraria. Los últimos cuatro años los comuneros de San Miguel Aquila Michoacán, están sin representación que pueda defender los derechos e intereses de los comuneros, todo esto por la dilación y tolerancia del Magistrado del Tribunal Unitario agrario distrito 38 de Colima, pues a pesar de haber reconocido y determinado la ilegalidad de la representación que ejerce un grupo de personas, no ha sometido a la elección de los órganos de presentación común quien pueda defender y representar legalmente a los comuneros. El magistrado está actuando con total dilación y aquiescencia de lo que este grupo de personas quienes ostentan una representación, están realizando en contra de los derechos de la comunidad indígena Nahua. El Tribunal ha sido negligente en velar por los derechos de la comunidad indígena Nahua, y ha dado ventajas procesales a un grupo de personas que no tienen autoridad legal.”
Sergio Oceransky de Fundación Yansa agregó: “El sistema de justicia agraria no ha hecho nada para impedir que este grupo de poder minoritario, que apoya incondicionalmente la operación y expansión de la mina, usurpe la representación comunitaria. La Procuraduría Agraria tampoco ha cumplido su función, al dilatar innecesariamente la elección democrática de representantes comunales. Estas graves omisiones se repiten a lo largo de todo el país, donde multitud de defensores de tierras ejidales y comunales enfrentan instituciones y tribunales negligentes y corruptos, lo que pone a las comunidades y sus abogados en una situación terrible de indefensión y vulnerabilidad a la hora de intentar que se haga justicia. Para evitar que se repitan estas situaciones resulta fundamental la reforma y fortalecimiento del marco legal e institucional para garantizar la protección de las tierras de propiedad colectiva y de los territorios de pueblos y comunidades indígenas”.
El Comisario de Ostula, desde el plantón, agregó: “En Ostula tenemos también caídos, hace días asesinaron a 3 miembros de la comunidad, que se suman a otros cerca de 40 asesinados previamente. Hemos sentido la tristeza, la injusticia y la indefensión en la defensa de nuestro territorio comunal. Exigimos el castigo a los culpables, y no bajaremos la guardia hasta que haya justicia.”
Convocatoria de acciones
Ana Lucía Lagunes anunció una convocatoria a acciones descentralizadas por la búsqueda y rescate de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Invitó a organizaciones sociales, ejidos y bienes comunales, comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes, colectivos y colectivas, para que, en solidaridad realicen actividades descentralizadas de protesta y presión durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de enero. Estas acciones pueden incluir protestas en sedes que la empresa minera tiene en varias partes del mundo, acciones ante consulados y embajadas mexicanas, protestas ante las sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios o las Delegaciones de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional, así como marchas, bloqueos, u otras formas de protesta que hagan visible la exigencia de intensificar la búsqueda y presentación con vida de Antonio y Ricardo. Se adjunta el texto de la convocatoria a este comunicado.
María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes, cerró la conferencia de prensa deseando que estas acciones abonen a la reconstrucción del tejido social de Aquila y otras comunidades en la costa de Michoacán, y al inicio de procesos de paz y reconciliación.
Grabación de conferencia de prensa del 23 de enero:
Grabación de conferencia de prensa del 19 de enero:
Convocatoria a acciones descentralizadas por la búsqueda y rescate de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz
El pasado domingo 15 de enero de 2023 el abogado defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, ubicada en el Estado de Michoacán, fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada. Ambos acababan de salir de una asamblea en el auditorio comunal de Aquila y posteriormente se trasladaron con dirección a la capital del Estado Colima, comunicándose por última vez con sus familias a las 18:50. Desde entonces se desconoce su paradero, por lo que la familia y los comuneros de Aquila han realizado diversas acciones, que van desde lo legal hasta bloqueos en carreteras y el cierre de una mina perteneciente a la empresa Ternium.
La comunidad indígena San Miguel Aquila está asentada sobre importantes yacimientos mineros. La empresa minera del grupo Ternium ha explotado desde hace dos décadas la mina extrayendo enormes cantidades de minerales, especialmente de hierro, oro, plata y cobre además de generar una gran división al interior de la comunidad.
El prof. Antonio Díaz representa al grupo mayoritario de comuneros, quienes litigan desde hace años, con asesoría de Ricardo Lagunes, con el fin de que se lleve a cabo un proceso de elección democrática. Esto resultaría en la pérdida de poder de un grupo minoritario que apoya incondicionalmente a la empresa minera y que ha gestionado cuantiosos recursos durante años por ese motivo. La familia y los comuneros están convencidos de que este grupo cercano a la empresa minera está detrás de la desaparición de Antonio y Ricardo.
Tanto el Tribunal Unitario Agrario como la Procuraduría Agraria han sido sumamente negligentes, favoreciendo con su inacción y con ventajas procesales al grupo de poder minoritario cercano a la empresa minera. Comparten por tanto responsabilidad en la situación de injusticia social que ha culminado con estas desapariciones.
En virtud de que hasta el momento no se cuenta con información de su paradero, las familias de Ricardo y Antonio lanzamos esta convocatoria para invitar a organizaciones sociales, ejidos y bienes comunales, comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes, colectivos y colectivas, para que, en solidaridad realicen actividades descentralizadas de protesta y presión durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de enero.
La forma de acción y el objetivo de cada acción se decidirá localmente. Aquí incluimos algunos ejemplos de acciones que se podrían llevar a cabo:
Protestas ante las representaciones de la empresa minera Ternium, la cual cuenta con instalaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nicaragua, España, Uruguay y EE.UU (ver lista en: https://us.ternium.com/en/contact-us/our-offices#our-offices)
Acciones frente a embajadas y consulados mexicanos para exigir la búsqueda y recuperación con vida de Ricardo y Antonio.
Protestas ante las sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios o las Delegaciones de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional.
Marchas, bloqueos, u otras formas de protesta que hagan visible la exigencia de intensificar la búsqueda y presentación con vida de Antonio y Ricardo.
Sugerimos incluir las siguientes demandas a sus acciones y protestas, además de otras que sean relevantes para ustedes en el ámbito local/regional:
A las instituciones públicas, intensificar la búsqueda para la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes.
A la empresa minera, que asuma su responsabilidad y ponga presión sobre el grupo minoritario que se presume está detrás de la desaparición, con el que la empresa ha tenido fuertes vínculos desde hace años.
Al Estado mexicano, la reforma integral del sistema de justicia agraria y de su marco legal.
Las familias de Ricardo y Antonio agradecemos las muestras de solidaridad que puedan llevar a cabo y dejamos aquí una serie de recursos que pueden utilizar para llevar a cabo las acciones así como para tener más información sobre el caso.
Acción Urgente: https://chng.it/NcKBVyY9XS (puede imprimirse y presentar, de manera simbólica, ante las distintas representaciones, las firmas recabadas.
Fotografías: En breve tendremos un drive con fotografías y materiales para su reproducción
Más Información sobre el caso:
Reportan desaparición de activista y de profesor en Michoacán
Desaparecidos un defensor de derechos humanos y un líder indígena en la frontera de Colima y Michoacán
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas expresa su profunda preocupación por la desaparición de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en Colima, México, el pasado domingo 15.
CIDH condena la desaparición de los defensores de Derechos Humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz el 15 de enero en el municipio de Tecomán, Colima.
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Ayotzinapa, Guerrero a 13 de diciembre de 2022.- El día de ayer como todos los años los estudiantes de Ayotzinapa, familiares y organizaciones sociales marcharon por la ciudad de Chilpancingo al parador del Marqués para exigir justicia para Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes asesinados en este lugar en una protesta que realizaban en el año 2011.
Cuando regresaban a la escuela normal rural por la carretera Chilpancingo- Tixtla en el punto conocido como el túnel fueron interceptado por unas patrullas de policías estatales de las que descendieron agentes armados apuntando al autobús y con violencia gritaban a los alumnos “hijos de su puta madre bájense”, ante tal actitud y con los antecedentes de agresión con los que actuan, los estudiantes pidieron al conductor del autobús que acelerara la marcha y que nadie descendiera de él. Situación a la que los policías empezaron a disparar al autobús logrado darle varios impactos al motor por lo que no pudo continuar su marcha. Los estudiantes tuvieron que descender y al hacerlo los policías intentaron golpearlos y detenerlos, pero ellos repelieron la agresión con lo que pudieron lograr abrirse paso y llegar a la Normal. Al día de hoy dos estudiantes están heridos y reciben atención médica.
Las madres y padres de los 43, reprobamos esta agresión a todas luces injustificable. Este gobierno soslaya que los estudiantes han sido víctimas de varias agresiones policiales con saldo de muertes que lamentar. Los excesos y la brutalidad policíaca han truncado la vida de más de 50 estudiantes de Ayotzinapa, sin que los responsables hayan pagado por estos crímenes, por el contrario, se sigue criminalizando a los jóvenes. Se les acusa de tomar autobuses, de hacer bloqueos en Chilpancingo y otras protestas fuertes que no gustan al gobierno y a la clase caciquil de Guerrero, pero nadie exige justicia por los asesinados, el gobierno del estado no pide la presentación de los desaparecidos, ni verdad y justicia por los 43. No alcanzan a entender que las protestas tienen su origen en la persecución histórica, los asesinatos y desapariciones de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Como padres y madres de los 43 reprobamos que este gobierno actúe a la vieja usanza de los anteriores y acuda a la mentira, a la manipulación de la información y a criminalizar a los estudiantes, lejos de reconocer los excesos que el día de ayer cometieron los policías.
Por donde se le mire, la intervención policíaca fue ilegal toda vez que se usaron y se detonaron armas de fuego contra el autobús donde viajaban los estudiantes poniendo en riesgo sus vidas.
Nuevamente una nueva tragedia estuvo a punto de ser ocasionada por la reacción virulenta y armada de los cuerpos policíacos, por lo tanto, exigimos se investigue y se sancione a los policías y la cadena de mando que incurrieron en esta acción criminal. No hacerlo es generar un marco permisible para la reedición de graves violaciones a los derechos humanos, tales como la desaparición de los 43.
Lejos de que este gobierno reabra las investigaciones por los asesinatos del 12 de diciembre y que se sume a las exigencias de verdad y justicia por los 43, arremete con brutalidad policial contra los jóvenes y los criminaliza.
Por todo lo anterior, exigimos:
– Que se investigue al secretario de seguridad pública por el uso de armas de fuego y exceso de la fuerza en la contención de la protesta del día de ayer y se finquen las responsabilidades correspondientes.
– Alto a la persecución contra la normal rural de Ayotzinapa.
– Castigo a los culpables de asesinar a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y de otras.
– Verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos.
Atentamente
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
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Una vez más los funcionarios de la Justicia que llevan el caso de la activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación en Nochixtlán, Oaxaca, pospusieron la audiencia de lectura de sentencia que se realizaría el jueves, 1º de diciembre. El proceso penal inició hace más de un año.
Antes de ser desaparecida, Claudia Uruchurtu documentó y denunció irregularidades en el manejo de las finanzas del gobierno de la ex presidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, quien en ese entonces buscaba la reelección por el partido Morena.
Ahora la audiencia para el fallo final del caso fue postergada para el próximo miércoles, 7 de diciembre a las 11am.
El martes, 29 de noviembre, el juez ya había aplazado la audiencia para el 1º de diciembre, día en que Salomón Jara Cruz asumió la gubernatura de Oaxaca. La hermana de Claudia, Elizabeth Uruchurtu, ha declarado que espera que no exista ningún tipo de injerencia en el proceso judicial por parte de las nuevas autoridades gubernamentales que encabezan el gobierno de Morena en Oaxaca.
El argumento para posponer las audiencias fue que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca no contaba con elementos ni patrullas suficientes para realizar el traslado de dos imputados en el caso a los juzgados de la Colonia Reforma de la Ciudad de Oaxaca, entre ellos, la ex edil de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta y varios de sus colaboradores cercanos.
Además, se argumentó que la audiencia no pudo llevarse a cabo de manera remota por problemas de conectividad en el juzgado.
El juicio se da en un contexto de máxima impunidad en el estado de Oaxaca. Según reveló Avispa Midia, a partir de un oficio obtenido por transparencia, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca reconoce nunca haber emitido una sola sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada en la entidad, a pesar de haber iniciado más de 30 juicios relacionados con este delito en dos décadas.
Según el Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Oaxaca hay 556 personas que siguen desaparecidas y no localizadas.
De resultar favorable para la familia de Claudia Uruchurtu, sería el primer caso en Oaxaca y en el país en que funcionarios públicos serían juzgados por el delito de desaparición forzada.
