CNI
CNI denuncia nueva agresión y despojo violento por parte de la ORCAO con complicidad activa del Estado
EXIGIMOS LA LIBERTAD DEL COMPAÑERO FRANCISCO MORENO HERNANDEZ Y SE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LA FAMILIA MORENO HERNANDEZ, MIEMBROS DEL CNI
A los pueblos de México y el mundo
A los organismo y colectivos defensores de derechos humanos
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A l@s frimantes de Una Declaración por la Vida, en los cinco continentes.
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A los medios libres e independientes
A quienes caminan la palabra de la vida
14 de febrero de 2026
Previo al desalojo de la familia Moreno Hernández en el ejido de Jotolá, Mpo. Chilón el pasado 12 de febrero de este año, fue detenido a las 8 am el compañero Francisco Moreno Hernández, quien con su familia es miembro del Congreso Nacional Indígena en Chiapas, acusado injustamente del delito de despojo agravado de las tierras que ancestralmente posee su familia.
En el año de 1994 como resultado del levantamiento del EZLN, se recuperaron las tierras que estaban en manos del hacendado que mantenía por generaciones como esclavos a la familia Moreno y miembros de la comunidad, siendo liberadas las tierras para quien las trabaja. Posteriormente se constituyó el ejido de Jotola, donde el padre de Francisco, Manuel Moreno Pérez fue reconocido como ejidatario y desde entonces, él y su familia han trabajado de manera pacífica, continua y pública una superficie aproximada de 5 hectáreas.
Sin embargo cuando llegaron los señores Juan Cruz Méndez, Medardo Carmelino Cruz Méndez, Rogelio Cruz Méndez y Guadalupe Cruz Méndez (Los Cruces) procedentes del Ejido de Montelibano, municipio de Oconcingo, de donde fueron expulsados por presuntos delitos como homicidios, secuestros, intentos de homicidio y presuntos vínculos con la delincuencia organizada, comenzaron a tomar el control del ejido provocando la intranquilidad, conflictos sociales y hechos violentos en la comunidad, siendo Juan Cruz Méndez dirigente regional de la organización paramiliar ORCAO, quienes desde entonces han agredido a la familia Moreno Hernández que han resistido bajo los principios zapatistas en esta zona, formando parte del CNI.
Es entonces que sin mostrar orden de desalojo, alrededor de las 11 horaas del 12 de febrero, aproximadamente 30 policías de la Guardia Estatal, personal encapuchado del INPI y del Tribunal Agrario acompañados de más de 50 ejidatarios comandados por “Los Cruces” de la ORCAO, se juntaron para sacar a los 30 miembros de la familia Moreno Hernández, comenzando a golpear y robar los celulares de quien grababa, asfixiando al hijo de Francisco hasta dejarlo inconsciente y ser esposado por los judiciales, aun cuando no tenía orden de aprehensión. Deteniendo a su mamá y esposa de Francisco, Maria de Jesus Sánchez Gómez, mientras sus niños pequeños con capacidades especiales gritaban de miedo e impotencia. Después de ser detenida María de Jesus fue golpeada, sobajada y asfixiada con la rodilla por la policía de la Fiscalía Indígena de Yajalón, para después amenazarla con que la iban a desaparecer, al decirle, “tu eres la que se pone mas pendeja”.
Los integrantes de la ORCAO bajo el resguardo y protección de la Guardia Estatal, un activo de la Guardia Nacional encapuchado y vestido de civil de nombre José Moreno Sánchez (hijo del actual comisariado ejidal de Jotola), y un exmilitar cesado por su mal comportamiento, comenzaron a destrozar con marros las 5 casas de las 8 familias Moreno Hernández, sacando y quemando sus pertenencias, tirando los techos de lamina y matando a los animales que, con mucho esfuerzo han criado por años la familia, así como su cosecha de maíz, café, plantas y robando dinero que tenían ahorrado. Quedándo los niños inocentes con daños psicológicos irreparables, sin casa y sin derechos. Agradeciendo Juan Cruz en redes sociales al Gobernador que por fin se llevó acabo lo que tanto esperaban.
En la audiencia inicial fue liberada bajo la medida cautelar de firma periodica la compañera María de Jesus al argumentar la defensora de oficio que dependen de ella dos niños con capacidades especiales, sin embargo el compañero Francisco Moreno Hernández quedó detenido hasta que se defina la audiencia de vinculación a proceso el próximo martes 17 de febrero a las 9 am, al argumentar la Fiscalía que el es el líder del despojo montado por “Los Cruces”. Encontrándose con orden de aprehensión 8 miembros más de la familia Moreno Hernández, quienes han perdido todas sus pertenencias y se encuentran resguardados por temor a ser detenidos.
La resistencia, trabajo y dignidad que por años ha caminado la familia Moreno Hernández, quienes levantaron sus casas, animales y trabajo del campo sin ayuda del gobierno y en común, es atacada por el cacicazgo e impunidad de quienes, con el patrocinio del mal gobierno, pretenden acabar con la lucha de los compañeros del Congreso Nacional Indigena.
EXIGIMOS:
- LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DE FRANCISCO MORENO HERNANDEZ
- CANCELACIÓN DE LAS ORDENES DE APREHENSIÓN
- CESE DE LAS AGRESIONES A LA FAMILIA MORENO HERNANDEZ
- SE RESPETE Y RESTITUYA DE SU TIERRA Y VIVIENDA A LA FAMILIA MORENO HERNANDEZ
- CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA ORCAO Y POLICIA DE LA GUARDIA ESTATAL DE CHIAPAS
¡POR LA RECONSTITUICION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
¡NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS!
CONGRESO NACIONAL INDIGENA
The National Indigenous Congress denounces the murder of Marcos Aguilar Rojas, from the Indigenous community of San Lorenzo de Azqueltán
November 26, 2025
We denounce with indignation, rage, and deep concern the murder of our comrade Marcos Aguilar Rojas, agrarian representative of the community of San Lorenzo de Azqueltán, as well as the gunshot wounds inflicted on his brother Gabriel Aguilar Rojas, delegate of the National Indigenous Congress.
The attack was carried out on November 26, 2025, by the assailants Esteban Aguilar Herrera, Manuel Aguilar Herrera, José Aguilar Herrera, Victor Hugo Pérez, Favio Flores Sánchez, and Abraham Pérez, all of whom are linked to the local caciques–or political bosses–and small landowners of the municipality of Villa Guerrero, Jalisco. They fled in a gray car toward either Villa Guerrero or Mezquitic.
The cowardly attack occurred on the communal land of El Caracol, a territory that the Azqueltán community has collectively defended against previous attempts at dispossession by these same individuals, who have acted under the protection of the systematic impunity granted to them by the Jalisco State Judiciary and Prosecutor’s Office. These institutions have repeatedly protected those who violate, threaten, and attack the Indigenous community, deepening the violence through their omission, silence, and complicity.
We hold the federal government responsible for denying agrarian recognition to the Indigenous community of Azqueltán; the government of the state of Jalisco for the impunity it guarantees to the criminals who have historically attacked the community; and we hold directly responsible the murderers Manuel and Esteban Aguilar Herrera and Victor Hugo Pérez, whose acts form part of a permanent strategy of dispossession and aggression against native peoples.
Today, as the National Indigenous Congress, we declare loud and clear: the violence against Azqueltán is not an isolated incident, but part of a national pattern in which power—whether governmental, economic, or criminal—attacks Indigenous communities when they defend their territory and their lives. We will not accept that the murder of our comrade goes unpunished, nor will we allow the dignity of Azqueltán to be trampled upon by the interests of local bosses, corporations, governments, or organized crime.
We demand full justice, immediate punishment for those materially and intellectually responsible, and a real guarantee of security for the community of San Lorenzo de Azqueltán.
From the rage and pain that we make our own, we embrace the community and its family.
Never again a Mexico without us!
National Indigenous Congress
