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Ayotzinapa , Guerrero a 26 de septiembre de 2022 .-

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero a ocho años de que agentes del estado y criminales desaparecieron a nuestros hijos, seguimos de pie y con la frente en alto en su búsqueda permanente.

En este sinuoso camino hemos perdido a varias madres y padres que se han adelantado sin saber el paradero de sus hijos. Un ejemplo de este temple y entrega por la causa es la de nuestro compañero Bernardo Campos que arriesgó su salud y perdió la vida buscando hasta el último aliento a su hijo.

A que las imágenes de la violencia irracional de policías, soldados y delincuentes desplegada la noche del 26 de septiembre contra nuestros hijos golpean nuestra memoria en estos días. Sus acciones siniestras, desapareciendo y matando a jóvenes que solo querían ser maestros, ilustra la podredumbre de las instituciones de un estado decadente.

Cuatro años del gobierno anterior y cuatro del actual han sido insuficientes para darnos verdad. La administración pasada se confabuló con policías, soldados y delincuentes, construyendo una investigación penal basada en tortura y manipulación de evidencias, para maquillar los hechos y ocultar el paradero de los 43. Por su parte el gobierno actual pese a su compromiso de esclarecimiento, solo ha presentado avances parciales.

Al día de hoy estamos lejos de obtener verdad y justicia. En las investigaciones solo existen hipótesis sin solidez probatoria. Se habla de la muerte de nuestros hijos, pero no nos muestran prueba científica indubitable. Líneas y más líneas de investigación que solo aumentan nuestra incertidumbre y dolor.

Como en el gobierno anterior, la jerarquía militar toma la tribuna política y desde allí lanza amenazas contra quienes les imputan crímenes y violaciones a derechos humanos. Los militares se niegan a ser investigados pese a la existencia de pruebas que establecen su responsabilidad directa e indirecta en la agresión de nuestros hijos, mismas que han sido valoradas por los jueces que libraron órdenes de aprehensión. No quieren ir a rendir cuentas ante los jueces civiles, se sienten intocables. Se creen fuera del imperio de la Ley. Jueces y ministerios públicos sucumben ante el poder militar, cancelando 16 órdenes de aprehensión que existían en su contra.

Como en el gobierno anterior las autoridades nos mienten, primero nos informaron de la existencia de 83 órdenes de aprehensión y ahora los medios de comunicación dan cuenta que se desistieron de más de 21 acciones penales entre ellas contra 16 militares, mientras tanto, el actual gobierno guarda silencio, sin darnos una explicación. Por el contrario, se agazapan, nos cierran las puertas de las instituciones y ponen al frente a la policía como muestra de su indolencia.

Este gobierno criminaliza nuestra forma de lucha y protesta. Se acude al fantasma de la infiltración e intereses ajenos en las protestas para descalificarnos, invisibilizando e invalidando nuestro dolor y digna rabia.

Para frenar los pocos avances en el caso, se abren guerras intestinas dentro del gobierno, golpeando a funcionarios que muestran compromiso con el caso, relegándolos y restándole mérito al trabajo que realizaron, creando un ambiente enrarecido que frena el avance del caso. De igual forma el propio gobierno filtra a los medios de comunicación partes sensibles de la investigación para obstaculizar los procesos judiciales y el acceso a la justicia. Se usa nuestro caso para que un poder del Estado golpee políticamente a otro, se culpan mutuamente por los fracasos judiciales, por su parte los perpetradores se engalan y tienen voz en los medios de comunicación. Mientras nosotros, como víctimas pasamos los tragos amargos de la impunidad que acrecienta nuestro dolor y sed de verdad y justicia.

Las anteriores, son señales funestas que presagian impunidad, que ilustran más de lo mismo. El tiempo transcurre inexorable, los días de esta administración gubernamental se agotan y nuestro caso se empantana en un lodazal de manoteos, zancadilas y golpes por debajo de la mesa entre una y otra institución, con el fin avieso de frenar el avance del caso y tejer un manto de impunidad.

Pero desde aquí les decimos las madres y padres de los 43 y la normal ruralde Ayotzinapa, no lo permitiremos. Alzaremos nuestra voz, recorreremos las calles del país y elevaremos el nivel de nuestra lucha para lograr verdad y justicia.

Atentamente ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Comité de Padres y madres de los 43

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A 3 meses de conmemorar los 25 años de la Masacre de Acteal y la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, seguimos compartiéndoles lo que vive en nuestro corazón, porque las nuevas generaciones merecen saber la verdad.

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

                       Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de septiembre de 2022

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Se cree que las abejitas (los insectos), en tiempo de frío y de lluvias dejan de trabajar, solamente porque no salen al campo a buscar flores y lo que necesitan para hacer la miel; en realidad, nunca descansan dentro de su caja, o sea, siguen trabajando internamente. Así nos pasa también a nosotros, que a pesar de la lluvia literal de este mes y de la lluvia de ataques, desprestigios, violaciones a nuestros derechos humanos y amenazas a nuestros proyectos autonómicos, seguimos organizándonos y, sobre todo, construyendo casas y espacios para la formación de nuestra lucha No Violenta.

Y desde esta Tierra Sagrada, la colmena donde mantenemos viva la memoria y el clamor de nuestros 45 mártires y los 4 bebés que sacaron del vientre de sus mamás, seguimos exigiendo que la impunidad no tenga la última palabra. Exigimos que se haga justicia y se desmantelen las redes de acción paramilitar que creó el mal gobierno en Chiapas desde 1995 y que sigue manteniendo hasta la actualidad para desgastar, amedrentar y aterrorizar a todos los que deciden no alinearse con el gobierno y sus partidos políticos. Los que hemos sobrevivido casi 25 años al desgaste que han organizado de manera coordinada los tres niveles de gobierno para acallar este grito, sabemos que sólo con justicia y memoria se puede evitar que se vuelva a repetir un crimen tan atroz como el que cometieron aquí.

Las guardianas y guardianes de la memoria que somos, hoy queremos recordar y denunciar que no ha cambiado nada la situación que vivimos hace justamente 25 años. Entre el 16 y 21 de septiembre de 1997, las agresiones paramilitares se intensificaron en contra de nuestra Organización y de las bases zapatistas del municipio autónomo de San Pedro Polhó. A pesar de que se denunciaron públicamente tales actos de violencia, el gobierno de Chiapas y el gobierno federal no actuaron para investigarlos, sino que simplemente permitieron que dicha violencia culminara con la masacre de Acteal.

Por estas fechas pero hace 25 años, una comisión de nuestra Organización Las Abejas buscó al entonces presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz de la colonia Puebla, para aconsejarle que él y sus agentes rurales detuvieran los actos de violencia ejercidos por el grupo paramilitar. Sin embargo, este señor sólo nos acusó de ser provocadores y de ser zapatistas; días después, se escaló la violencia y esto provocó miles de desplazados que tuvieron que huir a las montañas y buscar refugio en comunidades aledañas. En este mes de septiembre pero de 1997, los paramilitares priistas y cardenistas balearon nuestras casas y nuestras banderas de paz, borrando con lodo o con disparos de armas de grueso calibre nuestro letreros que decían: Sociedad civil -Paz- Zona Neutral, y nos amenazaban diciendo: “ahora no es tiempo de paz, ahora es tiempo de guerra, vamos a liberar a nuestro municipio de Chenalhó, porque todos debemos ser del PRI, y tienen que renunciar a su organización; si no lo hacen, entonces son zapatistas y los vamos a matar y quitarles todas sus pertenencias”. Y lamentablemente, cumplieron sus amenazas con el desplazamiento masivo y la Masacre de Acteal.

Una enfermedad maligna que no se trata a tiempo y a la que no se le busca una cura seriamente, se vuelve un cáncer que después pudre todo el cuerpo. Y eso es lo que vemos que está pasando ahora en Chenalhó con la enfermedad de la impunidad. Estos actos de violencia cometidos por los paramilitares de hace 25 años nunca se investigaron; ni los paramilitares autores materiales, ni las autoridades de alto nivel que son los autores intelectuales de la masacre de Acteal, fueron castigados. Gracias a esto, los paramilitares priístas y cardenistas de hace 25 años ahora tienen herederos muy activos. Son una nueva generación que hace el mismo encargo de una forma mucho más letal y hasta parece ser que ni el propio gobierno federal, estatal, ni el actual presidente municipal de Chenalhó pueden controlarlos.

Así, la impunidad es una estrategia eficaz para continuar atacando nuestra lucha e intentar minar nuestra resistencia civil y pacífica. Actualmente, en varias comunidades de Chenalhó donde existen miembros de Las Abejas, han sido violentados nuestros derechos y hasta hemos sido desplazados de nuestras comunidades, o nos han cortado nuestros servicios de agua y de luz eléctrica como un castigo por tener otro modo de pensar. Esto porque el conflicto suscitado desde el año de 1997 en nuestro municipio no se ha solucionado; y ahora la nueva generación paramilitar, con otro rostro pero controlados por el mismo patrón, se encargan de desgastar nuestra lucha por que sea respetada nuestra organización y sus objetivos, como la construcción de la libre determinación, el autogobierno y demás proyectos autonómicos. Intentan, sobre todo, frenar la búsqueda de la justicia verdadera para la Masacre de Acteal, esa que dé lugar a una verdadera paz.

Esa misma justicia es la que hoy siguen persiguiendo los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, quienes fueron secuestrados por elementos de la policía municipal de Iguala y desaparecidos por elementos del cártel “Guerreros Unidos” con el conocimiento y participación del Ejército Mexicano y policía estatal, cuyo encubrimiento se construyó desde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, con la participación de la Marina de México. Seguiremos apoyando la digna lucha para dar con el paradero de sus hijos que sus padres, madres y demás familiares han mantenido desde hace ocho años, que se cumplen el 26 de este mes, y por el castigo a todos los responsables, en todos los niveles del gobierno y las fuerzas armadas involucradas.

También es la justicia que buscamos en Chiapas y todo México para que la criminalización y asesinato de los defensores de la vida, la tierra y el territorio de los pueblos, como nuestro compañero y hermanos Simón Pedro Pérez López, dejen de ser política de estado. No podemos seguir viviendo en un país con 28 asesinatos de defensores de derechos humanos en un año, 13 de ellos pertenecientes a pueblos indígenas, como documenta hasta mayo del 2022 el último informe del Comité Cerezo, presentado hace unos días.

Por ello nos unimos a las demandas de nuestros hermanos creyentes de la región tseltal de Chilón y del equipo Chab de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, que el día de ayer realizaron una Marcha-Procesión en Bachajón para exigir la libertad de líderes comunitarios que se encuentran encarcelados o enfrentan procesos penales en libertad condicional, en represalia por participar en la defensa de su tierra o fomentando el autogobierno comunitario sin partidos políticos: dos de Bachajón (José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, cuya sentencia se espera este 27 de septiembre), cinco de San Juan Cancuc. También exigimos junto con ellas y ellos, la cancelación de la orden de aprehensión en contra del Padre Marcelo Pérez Pérez, quien tendrá siempre nuestro apoyo pues ha caminado con nosotros diciendo la verdad y promoviendo la paz con justicia en nuestros pueblos, perjudicando intereses que no se lo perdonan, arriesgando la vida y la libertad, como Jesús.

También queremos solidarizarnos con nuestros hermanos de las organizaciones indígenas en Michoacán que este mes han enfrentado duros golpes a su autonomía. Por un lado, por parte de las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Ricos y Criminales de la Nación (SCJN) sobre las controversias constitucionales que presentaron los ayuntamientos de Tangamandapio y Nahuatzen, y que como dicen nuestros hermanos: “representan un grave retroceso a los derechos colectivos de las comunidades y una traición a los pueblos indígenas”. Y por otro lado, por el anuncio del Gobierno Estatal de Michoacán de querer desmantelar la Guardia Comunal del municipio Aquila, esfuerzo autónomo que por años ha mantenido la heroica Comunidad Indígena de Santa María Ostula, como única alternativa a la inseguridad que provocan los cárteles de la droga en su región. Nos unimos a nuestros hermanas y hermanos p’urhépechas que no permitirán que los intereses de los partidos políticos y el crimen organizado, fortalecidos con sus socios en todos los niveles del gobierno, limiten su autonomía que permite la defensa de la vida de sus pueblos.

A 3 meses de conmemorar los 25 años de la Masacre de Acteal y la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, seguimos compartiéndoles lo que vive en nuestro corazón, porque las nuevas generaciones merecen saber la verdad; y porque reproducir y difundir la memoria de lo que pasó, hará que hechos vergonzosos como la Masacre de Acteal no se repitan. Por eso, precisamente, es que nos urge que la CIDH publiqué sin más demora su Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal).

Hace casi 25 años los mensajeros de la muerte, enviados por Ernesto Zedillo Ponce de León a masacrar a 45 hermanas y hermanos nuestros y más los 4 bebés no nacidos, hirieron nuestro corazón y nuestra organización. Es grande el dolor que nos causaron, pero dentro de ese dolor, brotaron fuerzas y esperanzas. Ahora, ya nada ni nadie nos puede callar. Ya nada puede detener nuestra lucha. Hace 25 años empezó la violencia paramilitar en Chenalhó e intentaron destruirnos, pero hoy aquí seguimos construyendo nuestro panal, trabajamos para producir paz.

Y hoy nos alegra compartirles una construcción física más que hemos logrado: la Casa de Herrería Comunitaria para las mujeres de Las Abejas de Acteal, apoyada por la organización Desarrollo tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S. C., con la cual estamos muy agradecidos por permitirnos caminar juntos y juntas.

En tiempos de lluvia, las abejitas trabajan internamente, pero, aunque no lo miramos, también vuelan.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

                                                             Atentamente.

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Manuel Pérez Jiménez.                 Antonio Ramírez Pérez

Presidente                             Secretario

Víctor Manuel López Gómez           Mariano Sánchez Díaz

Tesorero                                 Sub Secretario

Audio de comunicado

https://archive.org/details/comunicado-abeja-22-de-septiembre-2022

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Fuente: Avispa Midia

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El martes (20) ocurrió en Oaxaca el sexto encuentro de gobernadores del sur-sureste de México, encabezado por el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, junto a representantes del sector económico, como Visa, Amazon, Facebook, AT&T, META, Google, Mercado Libre, FEMSA y Oxxo.

El objetivo de estos encuentros ha sido, según el embajador de Estados Unidos, abordar las oportunidades de “desarrollo” para la región.

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“Nuestros gobiernos federales, en asociación con líderes regionales del sector privado, han organizado cinco reuniones conjuntas (sexta con la actual) con los gobernadores de los estados del sur de México para promover la cooperación público-privada para promover las oportunidades de inversión, el desarrollo económico y los objetivos ambientales y climáticos”, sostuvo el embajador Salazar.

De todos los proyectos que están en curso en esta región, el más importante, según el anfitrión del evento, el gobernador de Oaxaca Alejando Murat, es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“Estamos aquí para seguir construyendo, con el apoyo de nuestros hermanos de los Estados Unidos, el andamiaje para consolidar proyectos de impacto global que van a catapultar el comercio y las energías”, afirmó Murat, quien agradeció a los EEUU el respaldo para “detonar el desarrollo del sur-sureste por medio” de dicho proyecto.

El gobernador destacó que la relación histórica con los Estados Unidos es cercana y “debe serlo aún más ahora en que los nuevos tiempos requieren un trabajo en equipo para sacar adelante temas de la agenda común como el comercio, la inversión y la migración (…) Estamos listos para seguir haciendo equipo con los Estados Unidos”.

Murat envió un mensaje a los inversionistas, algunos de los cuales ya presentaron un programa de inversión, como la empresa Amazon, para darles seguridad a sus negocios. “Nosotros les vamos dar la seguridad a través del TMEC [Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá] de cualquier inversión de sus empresas en cuestiones de seguridad ante situaciones irregulares por el tema bélico, comercial (…). Aquí van a tener la posibilidad de producir cualquier producto, moverlo a Asia, a Europa y, por supuesto, a Estados Unidos y Canadá”.

Tema recurrente en la reunión, la seguridad también fue mencionada por Salazar. Hay la necesidad de “unir esfuerzos para enfrentar el reto compartido de la seguridad, porque con seguridad, hay prosperidad”.

“Resultados históricos”

En un comunicado, Salazar sostuvo que en cada encuentro “hemos tenido resultados históricos”. En esta última reunión, Amazon anunció la generación de 900 empleos en el sureste, que permiten conectar a la región con Estados Unidos y Canadá, a través de las tecnologías y la digitalización.

Por su parte, META anunció un programa de “capacitación a miles de personas para aprovechar las oportunidades que surgen de nuestra integración a través de una fuerza laboral bien preparada que pueda construir un mejor futuro”.

Nuevo gobernador

Salomón Jara Cruz, el gobernador electo de Oaxaca, también estuvo presente en la reunión y aseguró que continuará con la política y trabajo que viene realizando Murat. “Vamos a trabajar para que nuestro estado sea motor del desarrollo nacional y del sur del país”, dijo Cruz quien reafirmó su proyecto de industrializar Oaxaca.

“En Oaxaca no tenemos como economía la industria, somos mas comerciales, mas de servicios. Este proyecto [Corredor Interoceánico] es un proyecto estratégico para el sur-sureste, hasta para Centroamérica”, compartió.

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Además de la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico por un tren, el Corredor prevé la construcción de 10 zonas económicas especiales de por lo menos 300 hectáreas y que tendrán beneficios fiscales y regulatorios.

Otros temas

Entre los temas en discusión estuvo la “crisis migratoria y cómo afecta a la región y a Oaxaca”, con el objetivo de discutir, según un comunicado de gobierno, “las estrategias de fortalecimiento del estado de derecho, así como de desarrollo social y económico que permiten disminuir los impactos negativos de este fenómeno”.

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Uno de los paineles del encuentro fue nombrado “Muéstrame el Dinero: Opciones de Financiamiento Internacional y de Estados Unidos”, en el cual organizaciones financieras como la U.S International Development Finance Corporation (FDC), la United States Trade and Development Agency (USTDA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la IFC del Banco Mundial explicaron cuáles son sus sectores prioritarios y criterios para brindar financiamiento.

Participaron del encuentro los gobernadores de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, además del presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, y el director de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Siliceo Valdespino.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

México está bajo presión para firmar un convenio internacional que debe restringir el derecho del campesino y de los indígenas a guardar, intercambiar o vender semillas nativas o criollas. Incluso sus casas y campos pueden ser revisados, sus cultivos y cosechas pueden ser destruidos, sin orden judicial, con el acompañamiento de fuerzas militares. El objetivo es garantizar el derecho de propiedad de las semillas, patentadas y privatizadas generalmente por grandes empresas, como Bayer-Monsanto.

La presión viene del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), firmado en 2018, y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), firmado en 2019, que obligan a México a adherirse, en máximo 4 años, al acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV). En las comisiones del Congreso de la Nación un proyecto de reforma a la Ley Federal de Variedades Genéticas se tramita de manera a incorporar el contenido de la normativa internacional a las leyes nacionales.

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“Eso seria anteponer los intereses mercantiles sobre los derechos humanos. Así como el interés privado por encima del público. Todo ello bajo el argumento de que los derechos de Obtentor impulsan la innovación, la inversión, la generación y transferencia tecnológica”, sostuvo Alejandro Espinosa Calderón, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El impacto que podría causar dicha aprobación abarca la mayoría de las unidades de producción en México. La Encuesta Nacional Agropecuaria, de 2017, revela que las unidades de producción en México, que se estima utilizan semillas criollas, es del 77.5%.

Reglas más rígidas

La UPOV es una organización creada en 1961 y constituye un medio legal mundial para establecer figuras de apropiación de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales a través de patentes. A lo largo de estas décadas la organización ha creado normas para regir la propiedad intelectual sobre la biodiversidad y las semillas que se constituyen en un documento que le llaman acta.

El acta de la UPOV ha sido revisada y actualizada en los años 1972, 1978, 1991 con una tendencia marcadamente privatizadora de la biodiversidad y de las semillas. Hoy están vigentes dos versiones, el acta de 1978 y el acta de 1991. La mayoría de los países de América Latina han suscrito el UPOV 1978, pero en los últimos años los países que han suscrito tratados de libre comercio con Estados Unidos han sido obligados a suscribir el acta de 1991.

De acuerdo con German Alonso Vélez Ortiz, del Grupo Semilla, una organización de Colombia que lucha contra la incorporación del acta UPOV 1991 en la legislación de su país, dicha acta es mucho más restrictiva que el documento de 1978.

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“Posibilita apropiarse de todas las variedades campesinas e indígenas que hoy existen, pues todas ellas pueden ser ‘descubiertas’ por un Obtentor no campesino o su empleador, luego de tomarlas de los campos de agricultores, las reproduzcan, realicen algún nivel de selección, las homogenice (“poner a punto”) y luego las privaticen”, explica Ortiz.

La UPOV 1978 reconoce el derecho de los agricultores a reproducir, vender o guardar semillas protegidas, con la autorización y mediante un pago al ‘Obtentor’ de la propiedad intelectual; mientras la UPOV 1991 no reconoce y restringe totalmente el derecho del agricultor a guardar intercambiar y vender las semillas privatizadas, incluso la cosecha y sus productos pueden ser propiedad del ‘Obtentor’ de la variedad.

Además, la versión más reciente del acta permite extender la propiedad privada sobre otra variedad que es “similarmente confundible” a aquella que se privatizó.

Transgénicos en México

En 1996, México promulgó la Ley Federal de Variedades Vegetales. Un año después se adhirió al acta UPOV 1978 como parte de los compromisos adquiridos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Mientras en otros países de América Latina la siembra de transgénicos se inició en 1990, en México la autorización de la siembra experimental de maíz transgénico ocurrió en 2009.

En 2012, empieza la siembra comercial de la soya transgénica que, si bien se detuvo por la defensa de los apicultores mexicanos y productores de Yucatán, “lo daños y secuelas de aquella autorización aún continúan”, sostiene Calderón.

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Diversos estudios han reportado la contaminación transgénica de poblaciones nativas de maíz y algodón, “un gran riesgo para las variedades de esta especie ya que México es centro de origen y domesticación y diversificación”, evalúa Calderón.

En 2005, se publicó la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Con ella, de 2005 a 2018, se otorgaron, de acuerdo con el representante de Conacyt, permisos para la liberación al ambiente del algodón y maíz transgénico a unas pocas empresas. “Estas empresas también patentan estos transgénicos en otros países precisamente derivado de la pertenencia al acta UPOV 1991”.

Presión de los Estados Unidos

Los pactos, los convenios y los tratados de libre comercio han sido, según Ortiz, cruciales para la privatización de las semillas. “Han sido el instrumento para despojar los bienes comunes y han limitado la posibilidad de que las comunidades puedan guardar, sembrar, compartir y reproducir su propia semilla”.

Además del Convenio UPOV, están el Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya, el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos. “En su conjunto son un sistema de leyes y normas vinculadas con la propiedad intelectual sobre biodiversidad y semillas, con patentes o derechos de ‘Obtentor’, y también con un sistema de restricciones y vigilancia que va del registro a la certificación de semillas y que construye una serie de cercos, a los que hoy se suma la digitalización, para ir impidiendo que la gente pueda relacionarse libremente con sus semillas”, explica el miembro del Grupo Semilla.

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Los Estados Unidos han incluido en todos los acuerdos de libre comercio la obligación de que los países suscriban el Convenio UPOV 91. La Unión Europea y Japón hacen lo mismo, explica Ortíz.

“Para Estados Unidos los tratados de libre comercio deben aplicar patentes a todos los ámbitos del comercio (sin excepciones, ni exclusiones), especialmente sobre materia viva y conocimiento asociado. Los países que suscriben tratados comerciales adquieren la obligación de realizar ‘esfuerzos razonables para otorgar patentes a plantas’”.

Colombia: un espejo

Una vez que Colombia firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos, se adhirió al Convenio UPOV 1991, y se crea una ley para reglamentar su contenido en las leyes nacionales.

Después de manifestaciones en todo país, la Corte Constitucional declaró que la ley era inexequible, es decir imposible de llevar a efecto, por no haber sido consultada previamente a las comunidades indígenas y afrocolombianas.

Sin embargo, ha habido presiones directas del gobierno de los Estados Unidos para que la ley sea aprobada. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, en un reporte especial, afirma: “Colombia aún necesita hacer avances adicionales en compromisos relacionados con la propiedad intelectual, en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia, en particular las disposiciones con respecto a la responsabilidad de los derechos de autor y adhesión al Acta de 1991 de la UPOV 91”.

Por otro lado, Colombia posee la Ley de Certificación de Semillas, la cual protege los derechos ‘detentores’ y se complementa con las legislaciones que controlan la comercialización de las semillas. “Solo se puede comercializar semillas certificadas y registradas. Los agricultores no pueden vender sus semillas criollas en los mercados locales por no ser semillas certificadas”, explica Ortiz.

Con leyes de este tipo, “los gobiernos establecen estándares de calidad y sanidad definidos por las empresas de semillas y les permite controlar el mercado de semillas; determina quiénes y bajo que requisitos pueden mejorar y conservar, producir, usar, intercambiar y comercializar semillas; se prohíbe y convierte en delito la reproducción, intercambio y comercialización de semillas; se imponen multas por la comercialización de semillas ‘no legales’”.

Guardianes de la diversidad

Las semillas nativas y criollas son bienes comunes de los pueblos y comunidades. “Desde épocas ancestrales han sido compartidas en las comunidades, han circulado libremente, sin restricciones, sin controles externos, para producción, uso y difusión. Han sido recibidas por nuestros antepasados para ser entregadas a nuestros hijos como garantía para su soberanía alimentaria”, apunta Ortiz.

El modelo de desarrollo que existe en el mundo ha hecho que gran parte de la agrobiodiversidad, más de 75%, haya desaparecido en el ciclo pasado, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

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Los campesinos conservan más de 7 mil cultivos, mientras la agroindustria se enfoca en 150 especies. Solo cinco cultivos de la revolución verde y biotecnológica sustentan su producción y la alimentación global.

“La diversidad genética y el conocimiento milenario de los pueblos originarios y comunidades indígenas se utiliza como lucro por entidades privadas alrededor del mundo para desarrollar otras variedades en un proceso que se distingue por la uniformidad. Eso conduce a mecanismos de apropiación de variedades que deben ser de dominio público y favorecen la propiedad intelectual, el provecho económico de unos pocos. El avance de grandes capitales y corporaciones llevan al surgimiento de organizaciones como la UPOV”, resume Calderón.

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ROMPIENDO FRONTERAS

—PANAMÁ: Hablan los medios alternativos y radios comunitarias [Serie radiofónica] Radio Temblor.

—GRECIA:  Sube la tensión en las calles de Atenas contra la «Policía Universitaria», cuerpo creado para patrullar los campus con el objetivo de vigilar y reprimir toda actividad política anticapitalista. Perseus999 Y @savvaskarma

—COLOMBIA: No cesó la noche Uribe: Continúa criminalización de manifestantes del Paro Nacional en Colombia. Avispa Midia.

—COSTA RICA: Sobre el Segundo Informe a Violaciones a Derechos Humanos en el Sur de Costa Rica en afectación a pueblos indígenas. Entrevista a Nery Chavez.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

—MÉXICO Ayotzinapa 8 años de un Estado Criminal. Fuertes jornadas de protestas en Guerrero y siguen ahora en CDMX. Exigen fin a las «mentiras históricas».

—MICHOACÁN CDMX: Comunidades indígenas de Michoacán se movilizan en defensa de las autonomías frente a la Corte. CNI

—MICHOACÁN Amenazan con desarmar a las guardias comunales del municipio autónomo de Ostula. Desinformemonos.

—MANTA POR #16AñosDeImpunidadMilitar ¿Para cuándo nuestra independencia del Ejército? Acción del colectivo de mujeres #HastaEncontrarte de Guanajuato, para protestar contra la militarización del país.

—OAXACA: Continua campaña por la Libertad de los presos de Eloxochitlan con murales en Oaxaca y una serie de lecturas de la obra epistolar de Ricardo Flores Magón.

—OAXACA: Pronunciamiento  de indignación por ataque a organización popular por grupo armado de choque adepto a las autoridades locales. Varios heridos y desaparecidos. Varias Organizaciones oaxaqueñas.

—CHIAPAS:  Amenazas y agresión durante documentación en el Poblado de Nuevo San Gregorio. Frayba

música:

la trova pank -llueve

Yezli Mic – Legalice

Ayotzinapa – Sonora Criminal

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