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Tierra y Territorio
(Español) Ayotzinapa: La lucha por la verdad sigue
Ciudad de México, 28 de septiembre de 2023.- Queremos agradecer a todas las organizaciones sociales, colectivos y personas que se solidarizaron y nos tendieron la mano en el plantón y en la exigencia de verdad y justicia en esta jornada de lucha por los nueve años de la desaparición de nuestros hijos.
Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa seguiremos en la lucha por saber lo que pasó con nuestros hijos el dia 26 de septiembre en Iguala y cuál es su paradero. No claudicaremos en nuestra legítima demanda sea el gobierno que sea, pues tiene el deber ineludible de darnos verdad y justicia.
A las afueras del Campo Militar número 1, símbolo de la represión contra los que han luchado por la justicia, nos plantamos desde el dia 21 de este mes para exigir que el Ejército Mexicano entregue la información relacionada con el paradero de nuestros 43 hijos que mantiene en sus archivos y que se niega a poner a disposición de las autoridades civiles que investigan el caso.
Desde aquí, rechazamos en todos sus términos la “narrativa de hechos” realizada por el “gabinete de seguridad”, que hizo pública el gobierno federal, considerando al menos las siguientes cuestiones: 1) criminaliza a los estudiantes desaparecidos; 2) diluye la extensión del espectro criminal en Iguala, enfatizando el ámbito municipal, minimizando particularmente el papel del Ejército mexicano de quien omiten señalar el papel en el seguimiento puntual que que hizo a los estudiantes y como consecuencia de ellos la acumulación de información en sus archivos que dan cuenta de la salida de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, su arribo a Iguala y el momento de su desaparición; 3) presenta conclusiones de lo que ocurrió con nuestros hijos describiendo hechos cruentos contra su integridad física sin sustento probatorio, 4) incorpora declaraciones de testigo que fueron desestimadas por haber sido obtenidas mediante tortura; 5) utiliza capturas de pantallas de chats de WhatsApp no verificados; y 6) omite señalar a los autores de la construcción de la llamada “verdad histórica” . Por estas falencias, exigimos que esta “narrativa de hechos del gabinete de seguridad” sea retirada.
Por lo demás, enfatizamos que el informe presentado el dia de ayer por el Subsecretario de Derechos Humanos se separa de esta “narrativa de hechos descrita”, pues no retoma estos seis aspectos, y sobre todo en razón de que por primera vez señala la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades federales del más alto nivel como artifices de la verdad histórica. Además, hace una descripción de los chats de Chicago, obtenidos por autoridades norteamericanas, que dan cuenta de la colusión de diversas autoridades, incluyendo a elementos del Ejército Mexicano, con el grupo delictivo Guerreros Unidos. También establece que el Ejército Mexicano aún tiene información en sus archivos misma que debe entregar a las autoridades que investigan el caso, precisando incluso que fueron funcionarios de la COVAJ los que encontraron en archivos militares secretos un documento incompleto relativo a una intervención telefónica que informa del paradero de 17estudiantes, lo que en sí mismo evidencia que los militares se han abstenido de cooperar proactivamente. En este sentido, destacamos que ayer se informó que el Presidente de la República giró una nueva instrucción para que el Ejército busque y entregue la información que tiene en sus archivos, por lo que entendemos que la tendenciosa y poco respetuosa carta-oficio del Secretario de la Defensa Nacional que se ha hecho pública, no es ni será la última palabra.
El informe del Subsecretario de Derechos Humanos, al referir que existe una nueva instrucción presidencial para que el ejército entregue la información pendiente, abre una ruta que permite continuar el diálogo con las autoridades respecto de las investigaciones para dar con el paradero de nuestros hijos superando las confrontaciones que tuvieron lugar los dias pasados.
Por todo lo anterior exigimos: 1) que a las autoridades cumplan la nueva instrucción presidencial para que el Ejército busque y entregue la informacion que hemos solicitado; 2) que se abra una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de alto nivel que se describen en el informe al ser los artífices de la verdad histórica, y 3) que el gobierno cumpla las recomendaciones del último informe del GIEI, particularmente las relacionadas con la entrega de los documentos del Ejército mexicano que son relevantes para el esclarecimiento del caso.
Estaremos pendientes del cumplimiento de la instrucción presidencial, en caso de no avanzar en esa dirección regresaremos a este lugar para reinstalar nuestro plantón y exigir la entrega de la información sobre el paradero de nuestros hijos.
ATENTAMENTE
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
PADRES Y MADRES DE LOS 43
Conferencia de prensa de las madres y padres de los 43
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(Español) Bachajón: A 10 años del asesinato de Juan Vázquez Guzmán
Chiapas, México, a 21 de septiembre del 2023
CIDH. Caso 15.305
COMUNICADO DE PRENSA
Hace 10 años Juan Vázquez Guzmán fue brutalmente asesinado por defender el territorio de la comunidad indígena de San Sebastián, Bachajón, Chiapas del despojo y de proyectos de desarrollo en las cascadas de agua azul sin el consentimiento de la comunidad. El 30 de agosto de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un paso trascendental para la búsqueda de justicia, al notificar la admisión del caso por la impunidad imperante y la necesidad que se investigue la participación de agentes del Estado.
Antes de ser asesinado Juan Vázquez Guzman luchaba contra la destrucción de las tierras ejidales y se oponía al desarrollo de megaproyectos en territorios indígenas, sin el consentimiento de las comunidades impactadas. Vázquez Guzman denunciaba el impacto ambiental y en derechos humanos que puede traer consigo proyectos de desarrollo llevados a cabo sin las garantías del derecho internacional, así como la desigualdad, los conflictos internos, el divisionismo entre hermanos indígenas, las confrontaciones y la explotación a las comunidades.
El Estado mexicano a través de la violencia y uso de la fuerza pública quiso imponer un megaproyecto denominado Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP) en el año 2007 en la zona conocida como las cascadas de Agua Azul, específicamente en un lugar denominado Bolon ajaw, que se encuentra a un costado del Centro Ecoturístico las Cascadas de Agua Azul, ubicado dentro de las tierras del ejido San Sebastián, Bachajón, Chiapas y que conecta entre la carretera Ocosingo-Palenque y de fácil acceso y salida hacia san Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Posteriormente (2008) las empresas Norton Consulting, experta estadounidense en desarrollo turístico y la empresa española EDSA Construcción, presentaron el proyecto turístico CIPP, en la zona denominada como “Las Cascadas de Agua Azul”, conocida por ser una de las principales atracciones turísticas del estado de Chiapas y ser una de las áreas naturales protegidas por el Estado mexicano (Decreto publicado en el DOF), y que se encuentran dentro de las tierras indígenas de san sebastián, Bachajón.
Este caso es doblemente emblemático. Por un lado refleja la importancia del trabajo que realizan los defensores del territorio frente a la imposición de proyectos ecoturísticos a gran escala que afectan las tierras del pueblo indígena Tzeltal de San Sebastián Bachajón, Chiapas, sin una consulta previa e informada. Juan Vázquez Guzman levantó su voz para impedir la ejecución del proyecto denominado Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP), posteriormente oponerse a la construcción de una caseta vehicular y un centro de emergencias por parte de las autoridades estatales en su territorio ancestral, sin consentimiento.
El líder comunitario Juan Vázquez Guzmán, se destacó por su participación activa en distintos foros nacionales e internacionales convocados por organizaciones indígenas en resistencia, mismos que en esos espacios exponía las intenciones del Estado mexicano en las tierras ejidales de San Sebastián, Bachajón.
Por otro lado, el caso se admite al cumplirse 8 meses de la desaparición forzada del abogado Ricardo Lagunes Gasca, quien representa a la familia Vázquez Guzman requiriendo de la Comisión Interamericana un análisis profundo sobre los patrones de obstaculización violenta a la reivindicación efectiva de derechos que logran personas extraordinarias como Ricardo y Juan. México es el país con uno de los mayores números de defensores asesinados y desaparecidos. Estos crímenes quedan en la impunidad. Al admitir este caso la CIDH estudiará las violaciones al derecho a la vida, garantías judiciales y protección judicial.
Litigio y Defensa con perspectiva en Derechos Humanos