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La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) manifiesta su repudio y pesar por el brutal asesinato de Marielle Franco, activista, defensora de los derechos humanos y consejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y de Anderson Pedro Gomes, su chofer, el 14 de marzo, en la Ciudad de Rio de Janeiro.

El asesinato se produjo en el marco de la intervención de las fuerzas militares en la seguridad del Estado desde el 20 de febrero de este año, decisión tomada por el Presidente Michel Temer y que generó amplio rechazo entre diversas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas la RESLAC. Recientemente, Marielle había sido nombrada relatora de la comisión que se creó en la Cámara de Concejales, con el propósito de dar seguimiento a eventuales violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de la militarización de la ciudad. Además había denunciado recientemente ante la Asamblea, episodios de violencia que fueron perpetrados por policías militares del 41º Batallón, contra moradores de la comunidad de Acari, en la Zona Norte de Rio de Janeiro. En esta comunidad, dos jóvenes fueron asesinados en la última semana, en circunstancias que no han sido esclarecidas por el Estado.

En la noche del día 14, Marielle volvía de un evento denominado “Jóvenes negras –moviendo las estructuras”, cuando fue asesinada en el interior del auto en que se desplazaba. Su chofer, Andreson Gomes, también murió. Su asesora que también estaba en el auto resultó herida y fue llevada a un hospital de la ciudad.

La muerte de Marielle se inserta en un contexto de violencia sistemática contra defensores de Derechos Humanos en Brasil, en las grandes ciudades o en el campo, que lamentablemente se manifiesta de manera cada vez más frecuente. Su muerte también cuestiona los argumentos oficiales usados para justificar la intervención militar federal en Rio de Janeiro y demuestra la fragilidad de la Democracia y de los Derechos Humanos en Brasil.

La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), demanda al Estado Brasileño una investigación rápida e independiente, para la identificación no sólo de los ejecutores de este asesinato sino de quienes ordenaron este odioso crimen.

De igual forma, expresamos nuestra solidaridad a parientes y amigos de estas dos nuevas víctimas.

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Comunicado de Prensa
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 17 de marzo de 2018.

La Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas se reúne con Embajadora de Suecia.

• Violencia feminicida, desplazamiento forzado, militarización, migración, situación de las mujeres indígenas, niñas, niños, adolescentes y feminicidios temas de la agenda.

El pasado martes 13 de marzo de 2018 en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, integrantes de la Campaña Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas (Campaña Popular) sostuvieron una reunión con la Embajadora de Suecia en México, la Sra. Annika Thunborg, en el marco del Encuentro de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas.

La organización internacional de acompañamiento a personas defensoras SweFor (Movimiento Sueco por la Reconciliación), como preámbulo, mencionó el interés del gobierno sueco por conocer la situación actual de los derechos humanos de las mujeres y la violencia feminicida en México, trayendo a la memoria la impunidad en que se mantiene el asesinato de la Defensora Digna Ochoa perpetrado en el año 2001 en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, las organizaciones participantes denunciaron la existencia de un contexto  histórico, persistente y sistemático de violación a los derechos humanos de mujeres, niñas, adolescentes, indígenas y migrantes en Chiapas. Se hizo especial énfasis en el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, la conflictividad social y la división comunitaria ante la coyuntura electoral.

La Campaña Popular precisó que a más de un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género las acciones implementadas por el Gobierno de Chiapas tienen un carácter publicitario, manipulador y de uso de las mujeres a través de los programas asistencialistas (ej. PROSPERA, Salario Rosa) y de los partidos políticos, que encubren la grave omisión del Estado Mexicano a su deber de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa refirió que las acciones estatales han sido una burla para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ejemplo de ello fue la rodada ciclística realizada el pasado 8 de marzo en la Ciudad de Tonalá, organizada por el Ayuntamiento para “evitar más agresiones a mujeres”, sin que ello trascienda a garantizar acceso a la justicia para las personas denunciantes que refieren que las carpetas de investigación contienen crímenes en impunidad.

Ana Isabel Nigenda Cervantes, de Formación y Capacitación A.C., también denunció la grave situación que enfrentan las mujeres y niñas en el contexto de movilidad humana, quienes se insertan en contextos que vulneran no solo sus derechos sino su dignidad humana, son constantemente víctimas de la violencia estructural, que se presenta en forma de servidumbre, trata de personas, trabajos forzados, tortura y tratos crueles e inhumanos, explotación y violencia sexual, embarazos no deseados, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, violencia intrafamiliar y feminicidios, por parte de grupos delictivos, sumado al abuso de las autoridades mexicanas civiles y militares. En Chiapas existe incluso una Fiscalía Especializada para personas Migrantes y otra especializada contra la Trata de Personas y ninguna de estas es funcional pese a que estamos en un estado fronterizo en donde las denuncias por trata y abuso a personas migrantes es una constante que documentamos las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Jennifer Haza de la organización Melel Xojobal, expusó el contexto de violencia por la que atraviesan niñas y adolescentes, ya que desde 2011 a la fecha se han registrado 47 feminicidios de niñas y adolescentes por su condición de género, de igual forma mencionó que en Chiapas un 44% de mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia.

Gloria Flores y Julieta Gómez del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, denunciaron que la situación de violencia cultural que viven las mujeres indígenas y campesinas fue otro de las temáticas que, de manera atenta, escuchó la Embajadora Thunborg, sobre la cual el Gobierno de Chiapas ha demostrado su falta de interés y capacidad para abordar con políticas adecuadas la transformación de las prácticas culturales que las discriminan, así como la generación de acciones que les garanticen el acceso a la justicia y combatan la constante impunidad de la violencia feminicida y los feminicidios que se han registrado en las comunidades de la Entidad. El no tener acceso a la justicia las hace más vulnerables y deciden no denunciar porque las revictimizan.

Karla Aguilar Herreros, de la Organización Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A.C., compartió la omisión del Estado a su deber de garantizar a las mujeres el acceso al agua potable y a servicios de salud de calidad. Lo que ha generado el incremento de muertes maternas, tracoma y diabetes. En este sentido, San Cristóbal de Las Casas, Bejucal de Ocampo, y El Porvenir son los municipios con más alto índice de muerte materna. También denunció que en todo Chiapas existe una falta de infraestructura hospitalaria significativa que se refleja en el funcionamiento de únicamente dos bancos de sangre (Tapachula y Tuxtla Gutiérrez) para toda la Entidad. El Colectivo, de igual manera, hizo hincapié en las violaciones sexuales a mujeres en el trayecto de su casa al ojo de agua.

Susana Montes, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC alertó sobre las consecuencias que la militarización genera en la vida de las mujeres y sus comunidades, situación que debe atenderse ante la posible aplicación de la Ley de Seguridad Interior. Además Chiapas ha vivido la violencia que la incursión militar en los territorios conlleva: desaparición forzada, desplazamientos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, aumentos de embarazos e hijos sin padres, etc.

Mercedes Ozuna de Semilla del Sur denunció la falta de atención a las 1329 personas desplazadas en el municipio de Chalchihuitan, Chiapas, a quienes el Gobierno de Chiapas ha dejado de suministrar alimentos y atención médica a pesar del compromiso que adquirió ante organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Martha Figuera, de COLEM, expusó que en períodos electorales los feminicidios aumentan, que si bien el Gobierno de Chiapas se ha comprometido a atender la problemática, las acciones han sido insuficientes y solicitó a la Embajadora transmitiera esta información al Gobierno de Suecia para que se pronuncié respecto del incumplimiento del Estado Mexicano a su deber de garantizar los derechos humanos específicamente de las mujeres y niñas.

Las participaciones terminaron con la palabra de dos personas desplazadas del Municipio de  Chalchihuitan, quienes narraron la situación de desplazamiento forzado a causa de grupos civiles armados y las condiciones actuales en las que viven tras el olvido institucional.

El encuentro finalizó con una ronda de preguntas por parte de la Embajadora, quien mostró interés en cada una de las participaciones de las integrantes de la Campaña Popular.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

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Isabel Benítez denuncia amenazas y reitera la exigencia de justicia y castigo a todos los culpables del feminicidio de su hermana Lupita

Ciudad de México, 24 de Enero de 2018.- Verónica Guadalupe Benítez apenas tenía 21 años y un bebé de tres meses cuando en Julio del 2017 fue lapidada y acuchillada en San José del Vidrio, Estado de México por su esposo Luis Ángel Reyes y su suegra María Gabriela Jímenez. En entrevista para Radio Zapatista, Isabel Benítez narró la muerte de su hermana Lupita. Contó que Lupita se defendió con todas sus fuerzas y tras el forcejeo le quedaron adheridos en el cuerpo restos de piel y cabellos.  Aseguró que los primeros pertenecen al esposo de Lupita y sospecha que los cabellos pertenecen a su suegra, por lo que exigen la exhumación del cuerpo a pesar de que las autoridades les han dicho que los cabellos son de ella misma. Además, Isabel calificó como desgastante y frustrante el proceso judicial padecido en las Fiscalías de Barrientos y de Toluca y denunció las aún hoy constantes amenazas vertidas por la familia de Luis Ángel en las audiencias del caso, pues en ellas le han dicho “que ahora los que siguen son sus niños”. De hecho, las autoridades no han querido levantar un acta para hacer constar estas amenazas, pues dicen que esto no procede en el estado de México. “¿Quieren esperarse a que suceda algo más?”, concluyó la hermana de Lupita Benítez:

Mi nombre es Juana Isabel Benitez Vega, soy hermana de Verónica Guadalupe Vega, estudiante de bioquímica diagnóstica en la FES Cuautitlán Izcalli.  Ella tenía 21 años y tenía un bebé de tres meses. El pasado seis de julio del 2017 fue victima de feminicidio a manos de su esposo  Luis Ángel y su suegra María Gabriela. Esto fue en la comunidad de San José del Vidrio, Nicolás Romero, estado de México. Ha sido un proceso muy difícil. Ya van casi siete meses. Ella fue lapidada. Le destrozaron su rostro y también recibió diecisiete puñaladas en todo su cuerpo. Le destrozaron sus pechos y le dejaron restos del arma punzocortante en la clavícula. El proceso ha sido muy difícil desde un inicio porque las autoridades, las mismas autoridades de feminicidios no nos han dejado tener acceso a la carpeta. El hoy imputado Luis Ángel está vinculado a proceso. Hay testigos que vieron cuando su esposo y la suegra golpearon a mi hermana y minutos después ella pierde la vida. Esos testigos ya declararon pero las autoridades no han querido jalar a la señora. Nos dicen que la señora no participó. Todo esto fue a metros de su casa. Él trabajaba vendiendo lunch en una escuela particular donde los mismos maestros de la escuela lo encubrieron, lo protegieron. Yo  ese día recibí una llamada a las 11:30 de la mañana. Preguntaron si era la casa de Lupita y yo les dije que sí. Me dijeron “vente rápido al departamento porque Luis Ángel le está poniendo en su madre”. Cuando yo llego al departamento de mi hermana  vi que había gente y cuando veo, me bajo del carro, veo que mi hermana ya está tendida, ya está cubierta con una sábana y la única que estaba ahí era la suegra de ella y en su ropa tenía sangre. Yo le pregunté qué fue lo que paso y ella nunca me contestó. Andaba más estaba muy agresiva y me decía que ella no sabía, que a ella no le preguntara,  y se echó a  correr. No estaba ni Luis Ángel  ni el bebé de mi hermana, pero antes de que se fuera me dijo que estaban golpeados tanto el bebé como Luis Ángel. Esperé  a que llegara más familia mía. Yo me quedé con el cuerpo de mi hermana y quise ir a buscar al niño. Cuando ya voy saliendo del camino de terracería Luis Ángel viene acompañado del esposo de la directora y de su hijo y ahí me lo dejan; pero él estaba todo rasguñado de los brazos, del cuello y traía un golpe, y yo le dije que qué le había hecho a mi hermana, y me decía “no, dime que lo salvé” . Me armó su teatro y dijo que un tipo grande y robusto con una playera blanca se había querido llevar a mi sobrino, luego “que no, que lo quería secuestrar”  y luego que lo quería robar. Muchas versiones dio. Entonces yo les dije a los policías que él había sido. La familia de él ya estaba ahí. Desde ese momento empezamos a recibir amenazas. Yo tengo bebés. Y la familia de él nos dijo que los que siguen son mis hijos y mi sobrino, que los que siguen son los niños. Y esas amenazas a la fiscalía le ha valido. La fiscalía de feminicidios de Barrientos estaba llevando el caso pero ahí los MPS (ministerios públicos) y la fiscalía nos volvían a revictimizar. Nos decían que eso no se podía, que ya lo tenían. Es más, la misma fiscal Irma Millán[i] nos preguntó qué era lo que queríamos, y nosotros le decíamos que queríamos justicia, que paguen todos los feminicidas de mi hermana, todos los que la hicieron sufrir y padecer. Es lo único que queremos: justicia para Lupita. Pasaron dos meses, hicimos una marcha el 18 de septiembre a Toluca y entonces se pasó la carpeta para Toluca, y pensamos que el cambio iba a ser diferente pero no ha sido así. La fiscal Dilcia[ii] no nos quiere recibir. Nos dice que tienen asuntos mas importantes y le digo que cómo es posible que diga eso si todos los asuntos son importantes, más porque a mi hermana la mataron con mucha saña, con mucho odio. Ha sido un proceso super difícil. Hemos tenido que enfrentar a las mismas autoridades, al mismo sistema. Nosotros lo único que queremos es justicia, justicia para ella.

[i] Titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de la Procuraduría General de Justicia Mexiquense (PGJEM)

[ii] Dilcia García Espinosa, fiscal central de atención a delitos vinculados a la Violencia de Género en el  Estado de México.

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Condenamos el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia
Exigimos seguridad a defensoras del territorio en riesgo y a la caravana del CIG

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), se une a la demanda de justicia ante las agresiones a pueblos del Congreso Nacional Indígena, integrantes del Consejo Indígena de Gobierno, su red de apoyo y periodistas que hacen cobertura de su recorrido por el país.

El pasado 16 de enero, en el municipio de la Chilchota, Michoacán, fue encontrado el cuerpo sin vida de Guadalupe Campanur Tapia, indígena purépecha, defensora del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios. Lupita fue fundadora de la Ronda Comunitaria de Cherán que custodia y defiende los bienes naturales y el territorio de Cherán.

El municipio de Cherán, en Michoacán, es parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y se ha caracterizado por su proceso de autonomía y organización comunitaria en la defensa de los bosques en contra de la explotación ilegal de madera.

EL 21 de enero, entre Tepalcatepec y Buenavista, Michoacán fue atacada la caravana del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) en donde viajaba su vocera María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy. El último vehículo de la caravana fue interceptado por dos camionetas de la que salieron sujetos fuertemente armados obligando a los comunicadores independientes Daliri Oropeza, Aldabi Olvera y Cristian Rodríguez a entregar sus cámaras y teléfonos celulares. Marichuy se dirigía a Nurío, municipio de Paracho, después de concluir una reunión en la comunidad de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán.

Es importante señalar que en ese contexto, el pasado 9 de enero el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que aglutina a 30 comunidades originarias, acordó respaldar a Marichuy vocera del CIG.

El riesgo que viven las defensoras de derechos humanos es cada vez más preocupante, en este sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Lucila Bettina Cruz Velázquez, defensora zapoteca de la tierra y territorio en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y concejala del CIG. La CIDH pidió al Estado mexicano proteger de forma inmediata la vida e integridad de Bettina Cruz y su familia.

El Frayba condena el feminicidio de la defensora de derechos humanos Guadalupe Campanur Tapia y exige al Estado mexicano una investigación exhaustiva, para evitar que este hecho quede en la impunidad.

Nos solidarizamos con la familia de Guadalupe Campanur Tapia y con la comunidad de Cherán, Michoacán, en su ejercicio de autonomía como pueblo purépecha en la defensa de sus bienes naturales y de su territorio.

De igual manera nos unimos a las exigencias de seguridad a la caravana del CIG y a su vocera María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, así como de Bettina Cruz y su familia.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
23 de enero de 2018
Boletín No. 02

PDF aquí: Cese de agresiones al Congreso Nacional Indígena

México, 22 de enero de 2018

A nuestras hermanas y hermanos de Cherán K’eri
A la familia Campanur Tapia
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A los medios libres
Al pueblo de México

La comunidad nahua de Santa María Ostula ha tenido conocimiento del reciente fallecimiento de la compañera Guadalupe Campanur Tapia, originaria de la comunidad de Cherán K’eri.

Ante tal acontecimiento expresamos nuestras más sinceras condolencias y decimos que nos mantendremos al pendiente del resultado de las investigaciones iniciadas para determinar las causas que generaron la muerte de la compañera, así como de los procedimientos necesarios para que se haga justicia y no haya impunidad.

Confiamos en las decisiones que tome el Consejo Mayor y la Asamblea General de la comunidad así como en su libre determinación y autonomía.

La compañera Guadalupe estuvo en el octavo aniversario de la recuperación de nuestras tierras comunales el pasado 29 de junio de 2017, asistió como parte de la comitiva de Cherán K’eri que estuvo presente en tan importante fecha para nuestra lucha.

Reconocemos la trayectoria de lucha de la compañera y su ejemplo de compromiso social, por lo que su pérdida es un duro golpe, no sólo para su comunidad sino para los pueblos indígenas de Michoacán y del país.

Reciban, compañeras y compañeros de Cherán K’eri, un abrazo fraterno y solidario del pueblo nahua de la sierra-costa michoacana y sepan que seguiremos atentos los pasos siguientes para que la justicia sea la cura a este dolor.

Atentamente
Comunidad nahua de Santa María Ostula
«Nunca más un México sin nosotros»

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A la familia de la compañera Guadalupe Campanur Tapia
A la comunidad indígena purépecha de Cherán, Michoacán

Hacemos extensiva nuestra palabra respetuosa, que comparte el dolor y la rabia del pueblo digno de la comunidad de Cherán, Michoacán, ante el asesinato de la comunera Guadalupe Campanur Tapia, cuyo cuerpo fue encontrado a la afueras de Chilchota, Michoacán.

Repudiamos el feminicidio de la comunera Guadalupe Campanur Tapia, quien fuera una incansable defensora de los recursos naturales y el territorio comunal de Cherán, por lo que desde el Concejo Indígena de Gobierno expresamos nuestro apoyo y solidaridad con la comunidad y familiares de la compañera Lupita.

Responsabilizamos de esta muerte al mal gobierno del estado de Michoacán y al mal gobierno federal. Sin su corrupción y descarada complicidad con los cárteles de la delincuencia organizada la compañera seguiría entre los suyos defendiendo lo colectivo por encima de todo. Es responsable el mal gobierno por haber convertido a toda la estructura del Estado Mexicano en parte orgánica del violento despojo a nuestros pueblos, en los que los narcoparamilitares y todos los partidos políticos, incluidos los que se dicen de izquierda son uno solo.

La muerte de la compañera nos duele porque las mujeres que luchan y se organizan dibujan con su dignidad el camino que lleva a la libertad de todas y todos, el camino a la resistencia ante la guerra y a la autonomía de las comunidades, que como lo ha demostrado el pueblo purépecha de Cherán, son la luz para desmontar el poder de los capitalistas y que ahí florezcan nuestros pueblos.

Exigimos el esclarecimiento de este crimen y el castigo a los culpales de todos los feminicidios que llenan de luto al país y que es un síntoma de la guerra que vivimos. Por eso resistimos y nos organizamos.

A 19 de enero de 2018

Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos
Nunca Mas un México sin Nosotros

Concejo Indígena de Gobierno
Congreso Nacional Indígena

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Video: La Voladora Radio

Hermanas, Hermanos:

La justicia y la verdad germinan de la resistencia y la rebeldía y desde ellas necesitamos desmontar el poder que nos oprime.

Como mujeres nos queremos vivas, como viva está nuestra madre la tierra y como vivos estamos los pueblos.

Nos queremos libres como libres queremos nuestros territorios y a nuestra gente conciente y solidaria.

Nos queremos sin miedo, porque es el momento de cambiar desde lo que somos como mujeres los tejidos que nos unen como familias, que nos unen como pueblos originarios y como sociedades de la ciudad.

El sistema capitalista está basado en la opresión de nuestros hermanos y hermanas, en las fábricas, en el despojo con violencia de nuestros recursos naturales, de nuestras tierras, en la explotación de hombres y de mujeres en el campo y la ciudad, en acabar con todos los tejidos organizativos para ser el mandón que dice donde destruirá o privatizará, porque antes ya destruyó y privatizó a pueblos enteros e hizo violencia sobre las personas que defienden esos pueblos y las que defienden los acuerdos comunitarios, que no sólo ocurren en nuestras comunidades sino cada vez más en las ciudades, las que defienden su tierra, su trabajo o su familia.

Entonces, destruir o privatizar nuestros cuerpos y nuestras vidas es esa misma opresión que hacen los hombres de todas las esferas de la sociedad contra las mujeres, es ese mismo desprecio y violencia se vive en muchos hogares, en las familias, en las fábricas, en las oficinas y en los campos, porque es la opresión capitalista.

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25 DE NOVIEMBRE
“DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”
PRONUNCIAMIENTO

En el marco del Día Internacional de Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres, el pasado 23 y 24 de noviembre nos dimos cita mujeres, hombres, niñas y ancianas de distintas regiones de Chiapas, México y el Mundo en la Quinta Asamblea del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones para denunciar el aumento de la violencia directa, institucional y estructural cuya emergencia y gravedad tenía que atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (AVGM) y que el gobierno de Chiapas no ha cumplido.

Durante estos días compartimos testimonios de como la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas no es un problema que únicamente deban resolver hombres y mujeres en el ámbito privado, las familias en sus relaciones, comunidades al interior de los pueblos y organizaciones civiles en la promoción y defensa de derechos, es una responsabilidad sobre todo del Estado ya que la dimensión de la violencia feminicida tiene sus orígenes y causas en la violencia estructural como la pobreza, discriminación, injusticia, misoginia, desigualdad de clase, género, etnia edad, preferencia sexual, etc. que se reproduce desde las instituciones y agentes del Estado patriarcal.

Desde que se Declaró la Alerta de Violencia de Género, el pasado 18 de noviembre de 2016, el gobierno de Chiapas y el gobierno federal debieron implementar acciones de emergencia en materia de prevención, justicia, reparación del daño y una amplia difusión de mensajes de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, sin embargo en distintas ocasiones hemos denunciado que eso, hasta el día de hoy, no ha sucedido.

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Treinta y cinco desapariciones de mujeres, cientos de violaciones sexuales, más de 200 muertes violentas, por lo menos 58 feminicidios y 79 tentativas en Chiapas este año… el mismo año en que transcurre la Alerta de Violencia de Género (AVG), implementada en este estado el 18 de noviembre del año pasado.

Este pasado 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, se realizó una marcha en San Cristóbal de Las Casas, que recorrió desde el centro administrativo hasta la Plaza de la Resistencia, frente a la catedral de la ciudad, donde tuvo lugar un mítin con la participación de diversas organizaciones. Esta marcha/mítin fue el cierre de la Quinta Asamblea del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones, que se realizó los días 23 y 24 de noviembre (ve los reportajes aquí: primer día | segundo día).

En dicha asamblea se discutió la responsabilidad del Estado en la violencia hacia las mujeres y el feminicidio, y se discutió la ineficacia y el uso oportunista de la Alerta de Violencia de Género por el Estado, tanto para dividir y cooptar las resistencias como para obtener beneficios políticos y desvío de recursos con fines de lucro personal por parte de los funcionarios públicos.

Durante el mítin, varias organizaciones denunciaron los diferentes ejes de la violencia contra las mujeres en Chiapas, trazando así un paisaje de violencia estructural que, a un año de la implementación de la AVG, sólo ha empeorado.

Escucha aquí los audios:

Lee el pronunciamiento del Movimiento de Mujeres en Defensa del Territorio.

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Se llevó acabo la presentación del libro “Acteal Resistencias Memoria y Verdad” en las instalaciones del Museo jTatik Samuel Ruiz, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Este libro es resultado del estudio psicosocial de los antecedentes, factores asociados al hecho y manejo de la emergencia, consecuencia psicosocial e impacto colectivo de la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

La presentación estuvo a cargo de la Organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Se inició a las 10:30 de la mañana con el canto del corro de Acteal.

Guadalupe Vásquez Luna, sobreviviente de la masacre y miembro de la organización Las Abejas, dijo que el libro que hizo Carlos Martín Beristain cuenta muchas cosas que no se saben de la masacre del 22 de diciembre de 1997. Por ejemplo, cómo los paramilitares del partido PRI y CARDENISTAS violaron a muchas mujeres y después las mataron con armas blancas y armas de juego.

Guadalupe recordó con lagrimas que 4 mujeres embarazadas les abrieron el vientre y les sacaron el bebe que llevaban dentro para después ser despedazados con machete.

Mientras esto sucedía los policías y Ejército Mexicano se encontraban a unos cuantos metros del lugar y no hizo nada. “Por eso nosotros como víctima y sobre vivientes, no podemos perdonar ni olvidar”.

La presentación finalizó con una invitación al evento para recordar los 20 años de la masacre y 25 años de la lucha y resistencia de Las Abejas a realizarse los días 20, 21 y 22 de diciembre en la comunidad de Acteal, Chenalhó, Chiapas.

También estuvieron presentes en la presentación: Stella Maris Figueroa, acompañante psicosocial; Estela Barco Huerta, directora de la organización Desarrollo Social para los Mexicanos; y Jorge Santiago Santiago, integrante del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.