Presos
Las FGE y las FRIP en el círculo directo de la cruel tortura contra Oscar Trinidad Carbajal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México,
a 19 de marzo de 2026.
Boletín de prensa No. 3
Las FGE y las FRIP en el círculo directo de la cruel tortura contra Oscar Trinidad Carbajal
- Denuncia internacional ante la CIDH y la ONU: exigimos protección y justicia para Oscar Trinidad Carbajal y familia.
Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que el 4 de noviembre de 2025, fue detenido y torturado el Joven Oscar Trinidad Carbajal, originario de Tapachula, comerciante, mientras transitaba por las calles de su ciudad, fue detenido sin orden judicial por elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). Lo llevaron a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa conocida como Akishino, donde le exigieron dinero: dos millones de pesos. Al negarse, comenzó el tormento. Lo esposaron, lo tiraron al suelo, lo asfixiaron con bolsas de plástico hasta perder el conocimiento, lo golpearon en el cuerpo y lo humillaron con palabras que buscaban quebrar su voluntad. Un agente lo pateó en el estómago hasta hacerlo convulsionar. Le obligaron a beber líquidos amargos, lo dejaron inconsciente y tuvieron que reanimarlo con RCP porque había dejado de respirar.
Trasladado al Hospital General del IMSS en Tapachula, ingresó con diagnósticos graves: síndrome post-parada cardíaca, lesión renal aguda, rabdomiólisis. Allí, los mismos agentes que lo habían torturado lo custodiaban y decían a los médicos que estaba drogado, intentando encubrir la violencia ejercida. Oscar exigió una prueba de sangre, buscando defender su verdad en medio de la manipulación institucional.
Mientras tanto, su familia lo buscaba desesperada. El 5 de noviembre recorrieron hospitales y la Fiscalía, donde les negaban información. Solo al reconocer el coche de Oscar en el estacionamiento supieron que había estado allí y que lo habían llevado de emergencia al hospital. La incomunicación, las amenazas y el ocultamiento fueron parte del mismo patrón.
El 6 de noviembre de 2025, Oscar Trinidad permanecía incomunicado y bajo amenazas constantes. Los agentes de la FRIP le mostraban fotos de su casa y le decían: “¡ahora sí vas a cooperar, sabemos qué haces y a qué te dedicas!”. En el hospital solo recibía suero y medicamentos que lo adormecían. Ese mismo día, entre las 18:00 y 19:00 horas, fue trasladado nuevamente de manera violenta de la clínica a la Fiscalía. Durante el trayecto, los agentes lo agredieron físicamente y condujeron a gran velocidad, provocando un accidente en el que murió un policía. Aunque una ambulancia llegó para auxiliar, la tortura continuó dentro de ella: golpes en el estómago, costillas y cabeza, amenazas de muerte y hasta intentos de estrangulamiento, interrumpidos solo cuando la presencia de personas alrededor obligó a detener la agresión.
Por la noche, la FRIP ordenó su salida del hospital hacia la Fiscalía, donde las torturas persistieron hasta que una actuaria federal notificó el amparo promovido por su familia. La Fiscalía intentó justificar la detención alegando flagrancia ese mismo día, iniciando la Carpeta de Investigación C.I.1229 por delitos de resistencia y posesión de drogas. Sin embargo, la versión resulta inverosímil: Oscar se encontraba hospitalizado en el momento de la supuesta detención.
El 7 de noviembre, el Ministerio Público decretó su libertad bajo reservas de ley, pero inmediatamente se ejecutó otro mandamiento judicial imputándole narcomenudeo (C.I.1227). Fue trasladado al Juzgado de Control adjunto al CERSS No. 03, donde nuevamente sufrió tortura. La investigación se sostiene en un testimonio dudoso: una persona que habría entregado drogas a la Fiscalía y señalado a Oscar como responsable de amenazas días antes.
El caso de Oscar Trinidad revela cómo el sistema penal acusatorio puede ser manipulado para fabricar culpables y legitimar la violencia estatal. El 7 de noviembre de 2025, pese a su grave estado de salud, el Juez de Control de Tapachula le impuso prisión preventiva dentro de la causa penal 517/2025. Durante los traslados entre juzgado y hospital, Oscar fue nuevamente torturado. El 9 de noviembre recibió la notificación de un segundo amparo para garantizar atención médica urgente, pero las negligencias persistieron. El 11 de noviembre fue llevado a otra clínica bajo custodia de la FRIP, sufriendo nuevas agresiones.
Los registros médicos muestran inconsistencias graves: múltiples expedientes abiertos para la misma persona, omisión de protocolos adecuados, falta de seguimiento clínico y diagnósticos contradictorios. Se documentan lesiones como trauma ocular, fracturas faciales y complicaciones derivadas de la tortura (rabdomiólisis, falla renal, síndrome post-parada cardíaca). Además, se utilizó lenguaje discriminatorio al atribuir patologías al supuesto consumo de drogas sin pruebas de laboratorio.
Los antecedentes muestran que, semanas antes de su detención, Oscar había sido hostigado y extorsionado por la FRIP, quienes le exigían dinero a cambio de dejarlo trabajar. El 1 de noviembre fue detenido y presionado para pagar dos millones de pesos como “cobro de piso”.
Este patrón evidencia cómo la corrupción se inserta en el sistema penal acusatorio: primero la extorsión, luego la detención arbitraria, la tortura y finalmente la fabricación de pruebas. La Fiscalía construyó una versión inverosímil, articulando autoridades para inculparlo mediante montajes. Desde nuestra documentación hemos corroborado un comportamiento sistemático de funcionarios vinculados a operativos de la Fiscalía General del Estado, con al menos 20 casos similares registrados entre 2010 y 2025; cuatro de ellos directamente relacionados con la FRIP en distintos municipios de Chiapas.[1]
A pesar de los recursos legales interpuestos, la impunidad prevalece. Oscar Trinidad permanece privado arbitrariamente de su libertad, mientras él y su familia enfrentan un riesgo directo a su vida e integridad por el hostigamiento sistemático de las FRIP.
Hacemos un llamamiento especial, al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantice el acceso a los servicios de salud y cuando se encuentren frente a situaciones como la de Oscar Trinidad, velar por el interés superior que es la vida y no ceder a presiones externas.
La historia de Oscar Trinidad Carbajal es el reflejo de un patrón sistemático de tortura, fabricación de culpables y pactos de impunidad que ponen en riesgo la vida y la dignidad de las personas. Por ello, la familia y el Frayba hemos presentado una Solicitud de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y remitido información urgente parar el Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas, así como la petición de caso ante el Comité Contra la Tortura de la ONU.
Exigimos que se garantice de manera inmediata a Oscar Trinidad atención médica y psicológica adecuada, que se evalúe la sustitución de la prisión preventiva por una medida alternativa que no agrave su estado de salud, y que se adopten medidas de protección para él y su familia frente a posibles represalias por haber denunciado. Finalmente, pedimos una investigación pronta, independiente y expedita contra los elementos de la FRIP, que rompa con los pactos de silencio y de impunidad que han permitido la repetición de estas violencias.
Exigimos que el gobierno mexicano garantice la vida de Oscar Trinidad y la seguridad de su familia dependen de que las instituciones actúen con firmeza y asuman su responsabilidad de garantizar la verdad, justicia y reparación. Es indispensable que el eslogan, ampliamente difundido en los medios, de “Cero Impunidad” deje de ser una consigna vacía y se convierta en una realidad efectiva, capaz de proteger a las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos y poner fin a la violencia y a los pactos de silencio que sostienen la tortura y la corrupción.
Hacemos un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para que, desde todos los espacios posibles, se exija al Estado mexicano detener este acto de injusticia social de gran envergadura, que se equipara a prácticas de terror de Estado. La situación de Oscar Trinidad no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de tortura, fabricación de culpables y persecución contra quienes se atreven a resistir. Por ello, convocamos a organizaciones, colectivos, comunidades y personas solidarias a alzar la voz y exigir medidas inmediatas de protección, atención médica y justicia, así como el fin de los pactos de impunidad que sostienen la violencia institucional. La defensa de Oscar Trinidad es también la defensa de la dignidad humana frente a la maquinaria del terror y la corrupción.
[1] Frayba. Boletín de Prensa No. 1. 1 de febrero de 2026. Disponible en: https://frayba.org.mx/260201_tortura_chiapas
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Sentencia histórica para Eloxochitlán: Tribunal Federal confirma inocencia de Miguel Peralta
En sentencia histórica para la comunidad mazateca de Eloxochitlán, Oaxaca, Tribunal Federal confirma la inocencia de Miguel Peralta en todas las acusaciones en su contra y determina la inexistencia de un delito clave
- La sentencia reconoce, por primera vez en más de una década de acoso judicial, la inexistencia de la tentativa de homicidio contra la presunta víctima Elisa Zepeda Lagunas.
- Al considerar el contexto de los hechos, el Tribunal calificó los testimonios acusatorios como carentes de credibilidad y sinceridad.
- Miguel deberá ser absuelto de manera definitiva por la Tercera Sala Penal de Oaxaca de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.
- Además de Miguel, las y los defensores mazatecos que todavía cuentan con órdenes de aprehensión y procesos penales por ese delito inexistente, deben ser absueltos.
Distintas geografías, 02 de marzo de 2026. El día 25 de febrero de este año se publicó la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Oaxaca en el Amparo Directo 631/2022, que absuelve a Miguel Peralta Betanzos de todas las acusaciones en su contra luego de un proceso de más de once años. Este reconocimiento es coherente con estándares internacionales de debido proceso, presunción de inocencia y protección de personas defensoras indígenas.
El amparo otorgado obliga a la Tercera Sala Penal de Oaxaca a confirmar la inocencia y libertad absoluta de Miguel por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Además, por primera vez en el proceso, hay una determinación judicial que niega la existencia de este último delito, supuestamente cometido en contra de Elisa Zepeda, y considera el contexto en el que ocurrieron los hechos para calificar los testimonios acusatorios como desconfiables, carentes de sinceridad y sesgados por la simpatía al grupo caciquil, lo que evidencia su intención de incriminarlo.
Para Miguel esto representa una pequeña ventana donde a lo lejos se puede observar la libertad; un espacio por donde podemos salir de este encierro, pues aunque estemos libres seguimos limitados en muchos sentidos. Hemos logrado una pequeña batalla en esta gran afrenta contra el estado y sus representantes. Nuestra comunidad ha vivido en carne propia el racismo institucional, la dilación sistemática, la persecución, la criminalización, la fabricación de delitos, la tortura, el desplazamiento forzado y la cárcel. Una vez más se ha confirmado que las mentiras que nos mantuvieron tras las rejas se están desvaneciendo, ya no tienen forma de sostener esta falacia que crearon para someter a nuestro pueblo y tomar el control político y económico. No dejaremos de resistir hasta que todas las personas perseguidas de Eloxochitlán sean absolutamente libres.
Para la comunidad, que ha estado sujeta al hostigamiento judicial y a la devastación del río Xangá Ndá Ge por parte del grupo caciquil, esta sentencia confirma, por un lado, la persecución y la fabricación de delitos con el objeto de inhibir la organización comunitaria y la defensa del territorio. Por otro lado, abre la puerta a la justicia para el resto de las personas injustamente procesadas, pues se convierte en criterios sólidos externos para exigir la liberación de 12 de las personas defensoras exiliadas y 5 más, sujetas aún a proceso penal por esos mismos delitos. Además, la sentencia permite combatir la estigmatización y represión que aún prevalece sobre toda la comunidad criminalizada que, en el año 2025, fue nuevamente objeto de más de 200 órdenes de aprehensión, lo cual significó un recrudecimiento de la persecución por parte de los tres poderes del estado de Oaxaca.
Este patrón de judicialización masiva contra personas indígenas defensoras refleja prácticas de criminalización que han sido documentadas en distintos contextos contra pueblos indígenas que ejercen su autonomía y defienden su territorio.
Es importante recordar que Miguel Peralta ya había obtenido su libertad en octubre de 2019, luego de una extenuante defensa, por no haber señalamientos directos en su contra. Sin embargo, las supuestas víctimas apelaron y esa sentencia fue revocada en marzo de 2022 por la Tercera Sala Penal de Oaxaca; esto lo ha obligado a mantenerse en el exilio por cuatro años. Desde entonces, buscó arrebatarle al Primer Tribunal Colegiado la confirmación de su inocencia y libertad absoluta, llegando hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en noviembre de 2024 devolvió el caso a ese tribunal para que resolviera con perspectiva intercultural.
Durante más de un año de tramitación ante el Tribunal Colegiado, se aportaron alegatos, pruebas y escritos de amicus curiae que obligaron a los magistrados a entrar al estudio de fondo. A raíz de dos peritajes antropológicos de contexto, el tribunal reconoció la existencia de un conflicto socio-político que derivó en “grupos antagónicos”. La sentencia deja claro que las testimoniales de quienes mantienen alianzas con el cacicazgo, según los propios peritajes, dejan entrever “la pretensión de involucrar [a Miguel] como parte del grupo contrario”. La sentencia es contundente al señalar inconsistencias y contradicciones graves en las pruebas que se han usado contra decenas de personas perseguidas y exiliadas de la comunidad mazateca.
Este caso ha evidenciado cómo el sistema penal puede ser utilizado como mecanismo de castigo contra quienes defienden su territorio y ejercen su organización comunitaria propia. La criminalización de Miguel Peralta y de la Asamblea de Eloxochitlán no es un hecho aislado, sino parte de un intento de debilitar el ejercicio de la autonomía y la libre determinación, manteniendo la devastación del río.
Esperamos que, sin mayor dilación, la Tercera Sala Penal acate esta resolución, dicte la absolución definitiva y permita que, tras más de una década de proceso, se termine la persecución y se abra paso a la justicia.
Agradecemos su difusión,
Miguel Ángel Peralta Betanzos
Mazatecas por la Libertad
Grupo de Apoyo en Solidaridad con Miguel Peralta
The Indigenous Peoples Rights International (IPRI)
Foto de portada: Elizabeth Díaz
