Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

Al cumplirse cinco meses de la represión ocurrida el 5 de septiembre del 2024, durante la cual manifestantes fueron agredidos por grupos de choque y policías en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, este miércoles (5), personas heridas aquel día se presentaron a una audiencia para exigir el desistimiento de la acción penal que, acusan, realizan funcionarios locales para criminalizar la protesta social.

Activistas, estudiantes, periodistas e integrantes de la comunidad Otomí – quienes fueron atacados en dos distintos momentos durante una jornada violenta de casi 12 horas – se presentaron en la Fiscalía de Investigación Territorial de Tlalpan donde se les informó el cierre de las indagatorias en un plazo de, máximo, dos semanas. Esto se debe a que, un día antes, funcionarios de Xochimilco, quienes señalaban a los detenidos por los delitos de resistencia de particulares, motín y lesiones, se presentaron para desistir de las acusaciones penales.

“No hay pruebas suficientes para poder seguir con el proceso”, anunció la joven Otomí Anselma Margarito, quien también fue objeto de agresiones durante el 5 de septiembre pasado, cuando en una jornada en solidaridad con la activista xochimilca Hortensia Flores –también criminalizada-, un grupo de choque atacó violentamente a los manifestantes, mientras los policías se negaron a intervenir y sólo actuaron, posteriomente, para detener a las y los agredidos.

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Pronunciamiento Conjunto. Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,

30 de enero de 2025

Pronunciamiento Conjunto

Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López

La situación en Chiapas es compleja y preocupante. El gobierno ha implementado acciones para combatir la criminalidad, que han generado violaciones graves de los derechos humanos como la detención del defensor Mario Gómez López, que se da en medio de un esquema de seguridad enfocado en la creación de un cuerpo policía militarizado, detenciones masivas, cateos y despliegues llamativos de fuerza, junto con un discurso de paz, cero impunidad y una sociedad civil profundamente impactada por la violencia y control que emana de grupos de la delincuencia organizada.

Mario Gómez López (en adelante Mario) es un maya tsotsil, defensor de derechos humanos que fue privado de su libertad el 24 de enero del 2025, por policías municipales de San Cristóbal de Las Casas. Forma parte de la comunidad Santa Cruz, del ejido Cuxtitali El Pinar, también es pareja de Pascuala López López, (en adelante Pascuala) defensora de derechos humanos. Su detención se dio mientras se dirigía a su trabajo como albañil alrededor de las 8.00 am.; fue puesto a disposición en la policía ministerial dos horas después, y trasladado inmediatamente al Centro de Reinserción Social de Sentenciados Número 14 (CERSS No. 14) el Amate, del municipio de Cintalapa, acusado de Atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, daños y los que resulten; delitos que son eminentemente políticos. En esta detención se han generado violaciones al debido proceso, obstruyendo el derecho a la comunicacion con sus abogados y su pareja, Pascuala.

El trasfondo de esta detención es la lucha por la exigencia de justicia impulsada tanto por Pascuala como por Mario frente a la ejecución su hijo Mateo Gómez López, ocurrida la noche del 3 de febrero de 2021, hecho que cuenta con la carpeta de investigación número 0440-078-1001-2021. Este asesinato se da tras un proceso de intimidación, hostigamiento, y la oposición de parte de Mateo de ser reclutado por un grupo delincuencial que opera en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. La lucha, además de la criminalización actual, les ha valido también para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgara la Medida Cautelar No. 892-22 desde el 26 de enero de 2023, que ordena implementar medidas de protección para la defensora Pascuala López y su familia.[1] El caso es un ejemplo de cómo la población civil queda en medio de la violencia generada por la disputa de los territorios de parte de grupos delincuenciales, la que acarrea amenazas constantes, hostigamientos, acoso, intimidación, hasta violencia física y psicológica.

Pascuala también es beneficiaria de las medidas de protección Caso 210-2023 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), debido a diversas violencias que emanan desde grupos criminales locales, hasta estructurales vinculadas a la administración y procuración de justicia, quienes lejos de acatarse a los protocolos de actuación con perspectiva de género y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, han empleado contra Pascuala una violencia misógina heteropatriarcal y racista.

La defensa de los derechos humanos impulsada por la madre y el padre de Mateo, Mario y Pascuala respectivamente, tiene como característica central la exigencia de que las autoridades del estado de Chiapas investiguen, den con el paradero y castigue al autor o autores materiales del hecho, a quienes también se les ha señalado de manera directa. 

En distintos momentos Pascuala ha sufrido agresiones físicas, como el intento de feminicidio ocurrido el pasado 8 de abril del 2022, cuando aproximadamente 20 personas rodearon su casa, fue sacada a golpes, pateada, asfixiada y agredida con armas de fuego; todo esto a manos del mismo grupo delincuencial que le arrebató la vida a su hijo, como represalia por su exigencia de justicia y señalar a los responsables. Las propias autoridades chiapanecas le han cerrado las puertas a la justicia, negándole información e intimidándola; También, ha sido difamada y señalada en redes sociales con adjetivos racistas, misóginos y discriminatorios.

Insistimos que la detención de Mario, responde a una represalia directa por los señalamientos a los grupos criminales responsables del asesinato a su hijo; también pone en alto riesgo la vida e integridad personal tanto de Pascuala como del propio Mario a quien se le acusa de ser una de las personas que llevó a cabo la quemas de casas el 17 de abril de 2023 en la comunidad Santa Cruz, sin embargo, se omite, que dentro de las viviendas afectadas está también la de Mario y Pascuala, hechos que no han desembocado en la identificación de quienes cometieron el delito, así como tampoco en investigaciones que profundicen en los hechos.[2]

Todo este marco de violencia ha sido notificado a los gobiernos estatal y federal, por la alta vulnerabilidad hacia Pascuala, Mario y su familia, también se dio parte a la CEDAW y CIDH con la finalidad de reforzar y garantizar sus medidas cautelares.

Por todo lo anterior, manifestamos nuestra preocupación por la criminalización a la defensa de los derechos humanos, y exigimos la liberación inmediata de Mario Gómez López, garantizando el respeto irrestricto a sus garantías judiciales y en general del debido proceso.

Atentamente

Colectivos y Organizaciones

Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los Derechos para todas, todos y todes.

Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C.

Vendaval, cooperativa panadera y algo más

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

Jornadas contra la criminalización y por la libertad

Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)

Grupo de Solidaridad con Chiapas, Innsbruck Austria

Espacio de Mujeres y la Sexta Jovel

Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa

Abya Yala, RRR.

Groupes CafeZ, Liege Belgica

Casa Nicaragua

Red Nacional de Organismos Civiles  de derechos humanos Todos los derechos para todas, todos y todes

Servicios y Asesorías para la Paz – SERAPAZ-

IMDEC

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA

Consorcio Oaxaca

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)

Colectivo de DDHH Tejiendo Dignidad, Memoria y Justicia

Colectivo Kuu

SweFOR México

Raíces en resistencia

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic

Nodo de Derechos Humanos

Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán

Rizoma

Red Morelense de apoyo al CIG/CNI

Movimiento de discapacitados y tercera edad de la 4T. MODISTE4T

Colectivo tierra y libertad

Mexicanos Unidos

Instituto Cultural Autónomo “Rubén Jaramillo Ménez”, México

Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Criticas – COTRIC

Tlapaltik B’e Cooperativa

Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG

Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía

(RAIS) Red de Apoyo Iztapala Sexta

Colectivo de Profesorxs en la Sexta

Comunidad de Tlanezi Calli en Resistencia

Comunidad de Xochitlanezi

Colectivo Gavilanas

Colectivo de Trabajo Cafetos

Colectivo Cuaderno Común

Asociación de Exploración Científica y Recreativa Brújula Roja

Colectivo la Otra Justicia

Colectivo Panadero la Grieta

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Personas

Lorena Méndez Barrios

Nataniel hernandez

Gabriella Piccinelli Bocchi

David Jimenez

Silvia Resendiz Flores

Geneviève Michel

Odette Goffard

Marc  Imberechts

Elise Imberechts

Mauricio Salazar

Hector Tomás Zetina Vega

Yesica Sánchez Maya

Gorki Cuauhtemoc Buentello Pastrana

Jacinta Francisco Marcial y Estela Hernández

Luisa Riley , Ciudad de México

Calixto Trinidad Carbajal Balderas

Larisa Fuentes

Jesús Batta

Efraín Rojas Bruschetta

Dara Vilchis

Carolina Díaz

Margara Millan

Alfredo Lozano Ortega

Armando Soto Baeza

Gabriela villarreal

Oralba Castillo Nájera

Alfredo Lozano Ortega

Hugo Molina

Teresa González Molina

Matilde  Belem Huerta Lastra

Elena Morúa, San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Ernesto González Orduña

Ernesto Lucero Flores.
 

———————————

[1] Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2023/res_3-23_mc_892-22_mx_es.pdf

[2]    Véase la Acción Urgente 005 emitida por la Red TDT, disponible en: https://redtdt.org.mx/archivos/18178

Descarga el Pronunciamiento Conjunto en PDF(114.3 KB)

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

La sentencia a penas de entre 15 y 35 años de cárcel, por apología al terrorismo y afiliación a organización terrorista, contra 43 integrantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), intervenidos en el operativo Perseo, marca un precedente de persecución por ideas en el Perú. 

El caso, abierto en 2014, fue el primero en involucrar bajo estas acusaciones a un conjunto de activistas, entre ellos exmilitantes de Sendero Luminoso, desde el fin de la guerra interna (1980-2000). 

En la resolución judicial, dictada el 28 de octubre, se sindica al Movadef de actuar por órdenes de Sendero Luminoso, cuyos remanentes operan como narcotraficantes en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zona de emergencia. El Sendero Luminoso no existe como organización política desde 1992. Los remanentes no obedecieron la disolución de la organización y se dedican al narcotráfico, desideologizados.

Asimismo, se señala a Movadef de haber sido financiados, según “testigos protegidos”, con dinero proveniente del tráfico de drogas para “mantener la ideología senderista activa en la vida política del país y la legitimación de su legado violento”. 

El Poder Judicial ordenó la disolución del Movadef, que intentó inscribirse como partido político en 2011. El programa de la organización, cuyos miembros incluyen exintegrantes de Sendero Luminoso que cumplieron condenas y no plantean la lucha armada, es la liberación de todos los presos políticos encarcelados durante el período de la guerra interna.

Condena ideológica

Las defensas legales de los sentenciados subrayan que el Estado incurre en discriminación ideológica por razones políticas, contra la cual hay sentencias internacionales vinculantes, violando derechos protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso será llevado a instancias supranacionales.

La redada masiva ejecutada por la Dirección Contra el Terrrorismo (Dircote), en abril de 2014, apuntó a sostener la existencia de organizaciones terroristas, pese a que el Movadef no reivindica la lucha armada y no ha participado de ningún acto de violencia, con el fin de sentar precedentes de apología al terrorismo contra organizaciones sociales que sostienen ideas disonantes para los poderes políticos.   

Los montajes de la Dircote se sucedieron en el año 2020, con el operativo Olimpo, en el que se detuvo a unas 90 personas, tras la semana de protestas contra el golpe de Estado institucional de las facciones conservadoras del Congreso. 

En 2023, activistas del Frente de Defensa de Ayacucho fueron encarcelados como respuesta al levantamiento en esta y otras regiones andinas ante el golpe de Estado de la ultraderecha culminado con la destitución del presidente Pedro Castillo. 

Te puede interesar – Perú: defensores de la tierra se levantan contra narcoestado

El fin del juicio contra el Movadef coincidió con las recientes semanas de protestas contra el régimen de Dina Boluarte por la ola de extorsiones en Lima. El Ejecutivo respondió a la crisis de seguridad con la propuesta de una ley de terrorismo urbano que agrava la criminalización de manifestaciones sociales, al tipificar la interrupción de vías como extorsión, y con el anuncio de la detención de un cabecilla de Sendero Luminoso que resultó en un error.  

A dos años de la toma de la presidencia, la dictadura de Boluarte lleva a una nueva fase el terruqueo, la estigmatización por ideología usada como discurso por la alianza política, oligárquica y armada que allanó la caída de Castillo.   

Sendero Luminoso fue una de las organizaciones terroristas que declararon la lucha armada al Estado en 1980, con el objetivo de capturar el poder para instalar un gobierno de ideario marxista-leninista-maoísta. Perpetraron masacres contra poblaciones campesinas e indígenas. La actividad subversiva senderista culminó en 1992, con la captura de su líder, Abimael Guzmán.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Protesta de familiares y habitantes de Santa Marta para demandar la libertad de los defensores detenidos en enero del 2023. Foto: Marvin Recinos}

Este lunes (11), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas al norte de El Salvador, y miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de dicha población, se posicionaron para reclamar un alto a la criminalización de cinco líderes comunitarios y defensores ambientales, sobre quienes, a pesar de obtener su libertad el mes pasado, aún se mantiene abierto un proceso penal en su contra, acusados de un asesinato ocurrido hace 30 años durante el conflicto armado interno en El Salvador.

Al cumplirse 22 meses de su arresto, la ADES sostiene que la “ilegal detención” de los cinco defensores fue una represalia contra la denuncia de la comunidad sobre la posible reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. Desde el año 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería en su territorio y en esta lucha, los pobladores de Cabañas tomaron un papel preponderante al defender sus tierras ante la amenaza de la extracción de oro y plata.

Tras su detención el 11 de enero el 2023, los cinco ambientalistas permanecieron recluidos durante nueve meses, hasta que en septiembre de ese año les fue concedido el arresto domiciliario. Fue hasta octubre pasado cuando se realizaron las audiencias y, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que contaba con “contundentes evidencias” sobre su culpabilidad, el día 18 de ese mes un Tribunal de Sentencia decretó el sobreseimiento del caso, retirando los cargos contra los acusados.

Sin embargo, el 29 de octubre, la FGR presentó una apelación ante las autoridades penales el distrito de Cojutepeque. “Como hemos denunciado, los intereses extrajudiciales que conspiraron para montar la acusación falsa contra los ambientalistas se empeñan en revertir el fallo absolutorio o, al menos, dilatar la libertad definitiva”, señala la ADES en su posicionamiento de este lunes (11), mediante el cual exige la ratificación de la libertad para los defensores.

“Han sido 22 meses de persecución contra el activismo ambiental y de criminalización de la resistencia comunitaria contra los proyectos extractivistas que amenazan al agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida”, argumentan los miembros de la organización y habitantes de Santa Marta.

¿Libertad?

A pesar de que en septiembre del 2023 la justicia salvadoreña les concedió el arresto domiciliario a los cinco defensores, esta medida les mantuvo la prohibición de trabajar y restringía su movimiento al perímetro de sus viviendas, lo cual acarreó graves afectaciones en su economía y en algunos casos, debido a su avanzada edad, con impactos negativos en su salud.

Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Alejandro Laínez García son líderes ambientalistas quienes toda su vida se han dedicado a la agricultura y, ahora, se encuentran preocupados ante la falta de alimentos derivado de su restricción para cultivar la tierra.

Por su parte Saúl Rivas y Antonio Pacheco son integrantes de la ADES Santa Marta. Rivas se desempeña como asesor legal y Pacheco funge como director ejecutivo cuyos trabajos, de más de 30 años, son reconocidos en la zona, razón por la cual han obtenido apoyo de su comunidad frente a las afectaciones de la criminalización. 

Los cinco defensores aseguran que la única razón de su criminalización responde a su lucha contra la minería, una amenaza que, coinciden, jamás permitirán acontecer en sus territorios. Cabe resaltar que meses después de su detención, representantes de dos empresas consultoras visitaron la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a sus autoridades para reactivar la industria minera en la región norte del país.

Además, la Policía Nacional Civil detuvo, en mayo del 2023 al hijo de la ambientalista Vidalina Morales con el pretexto del régimen de excepción que se vive en El Salvador desde marzo del 2022. Fue sólo por la presión internacional que las autoridades liberaron a Manuel Gámez Morales, miembro del movimiento antiminero en Cabañas.

Ante la persecución y la reciente apelación de su libertad, decenas de colectivos, organizaciones y personalidades del país centroamericano y a nivel internacional se han sumado a la solidaridad con la comunidad de Santa Marta y su resistencia antiminera, posicionandose vigilantes de la resolución que emitirán las autoridades con respecto a la apelación de la sentencia.

“Como han señalado Santa Marta y ADES, el recurso presentado carece de argumentación seria y se refiere en forma irrespetuosa a la actuación de las honorables juezas de sentencia, lo cual -además- constituye un comportamiento misógino de los personeros de la Fiscalía que amerita ser denunciado como una acto de violencia contra la mujer”, acusaron los habitantes de Cabañas en documento difundido el pasado 4 de noviembre.

En su respuesta al recurso de apelación, la población de Santa Marta exige a las autoridades penales que sea rechazada pues “una decisión distinta sería un enorme escándalo jurídico que tendría serias implicaciones en el país y sería un gran desprestigio de la justicia salvadoreña ante los ojos del mundo”, alertan.

Además, se dirigieron a la FGR al acusarla de “malgastar” tiempo y recursos durante casi dos años en una “acusación sin pruebas” contra los líderes comunitarios, por lo cual exigen investigar “los verdaderos delitos de la guerra y no se empeñe en instrumentalizar la justicia restaurativa y transicional para arremeter contra defensores del agua, el medioambiente y la vida del país”, sostuvieron.

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi
^{Foto por @deabajoml}

Las mujeres mazatecas por la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, pueblo originario localizado en el estado de Oaxaca, denuncian una nueva oleada de violencia y persecución jurídica en contra de campesinos e indígenas mazatecos. 

La persecución a 40 personas, entre ellas 6 mujeres, de acuerdo con este grupo de mujeres mazatecas, se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Elisa Zepeda Lagunas, la parte acusadora en los casos, quien fue secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca, diputada federal y ahora fue nombrada diputada plurinominal del partido Morena.

El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores y la defensa de los indígenas actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. Ya para el 2016 se habían liberado 40 órdenes de aprehensión contra los indígenas. 

Conoce más detalles sobre este proceso aquí.

Los campesinos criminalizados han logrado decisiones favorables en tribunales federales, pero los tribunales del estado de Oaxaca, especialmente el Juzgado de Huautla, donde están todas las carpetas del caso de Eloxochitlán, continúan entorpeciendo y dilatando los procesos penales en contra de los mazatecos, lo que vuelve un círculo vicioso que impide la libertad de los indígenas mazatecos. Algunos de ellos enfrentaron casi diez años de cárcel, sin sentencia.

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A los medios de comunicación.
A la opinión pública nacional e internacional.
Al Congreso Nacional Indígena.
A las organizaciones de derechos humanos, sociales y democráticas.
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A la Comisión Nacional de Búsqueda.
Amnistía Internacional.
A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El día 1 de septiembre hicimos público un boletín de búsqueda y exigencia de presentación con vida de: Everardo Antonio Cruz, Fabián Leonel López Peña, Justino López Ortiz, y Eva Peña Cruz, cuatro compañeros de la comunidad de San Miguel Monte Verde, pertenecientes al municipio de San Antonino Monte Verde, Oaxaca, y miembros del Movimiento Agrario Indígena Zapatista. En él informamos que el día 20 de agosto de 2024 habían sido detenidos y desaparecidos en un retén militar en Santa Rosalía, Camargo, Chihuahua.

Queremos compartir con ustedes la gran noticia de que nuestros compañeros fueron localizados con vida y que se encuentran con sus familias en buen estado de salud. Por ello, manifestamos que la fuerza de la solidaridad y la unidad en nuestras acciones dejan huella. Expresamos nuestra profunda gratitud por todas las muestras de fraternidad y cooperación recibidas de los diversos medios de comunicación, colectivos de familiares de desaparecidos, organizaciones sociales y personas que se sumaron a la exigencia de localización, ubicación y presentación con vida de nuestros compañeros. Esa solidaridad ha hecho posible el retorno de nuestros seres queridos.

Al mismo tiempo, debido a cuestiones de seguridad para nuestros compañeros y sus familias, sabemos que entenderán que no podemos proporcionar mayores detalles. No obstante, compartimos nuestra alegría con todas nuestras familias y agradecemos especialmente a los medios de comunicación por su invaluable labor. Abrazamos la lucha de todas y todos aquellos que están en la búsqueda de sus seres queridos, así como la de quienes, por su compromiso con la justicia y la verdad, han sido desaparecidos, como en el caso de Sergio Rivera Hernández.

¡La unidad nos fortalece!
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Que nadie se quede atrás en esta lucha por la justicia!
¡Porque su regreso es nuestra victoria colectiva!

Atentamente

Movimiento Agrario Indígena Zapatista.

Comunicado de la Coordinación de Pueblos de Xochimilco sobre la represión estatal el pasado 5 de septiembre de 2024

Respecto a la nota informativa de @martibatres publicada hoy sobre la represión estatal del jueves.

1. Se desvinculan los hechos de la demanda inicial que es quitar los cargos contra Hortensia por participar en las actividades comunitarias en la Casa del Pueblo.

2. Se responsabiliza al grupo de golpeadores como si hubieran actuado por cuenta propia. Lo ocurrido el jueves fue una acción estatal. Los golpeadores fueron enviados por funcionarios públicos y la policía se retiró al mismo tiempo que ellos llegaron.

3. En la represión de diciembre del 2022 en San Gregorio se exigió castigo a los funcionarios que dieron la orden de enviar casi a mil granaderos. A casi dos años se sigue sin saber quiénes fueron los autores intelectuales.

4.Asimismo, si bien fueron liberados los detenidos, no se tiene certeza si existen carpetas de investigación abiertas en su contra. Las detenciones fueron hechas por los civiles del grupo de choque en conjunto con los policías.

5. El Estado debe hacerse cargo de la reparación integral del daño de todos los lesionados. En suma, el comunicado de @martibatres termina por exculpar a los verdaderos responsables de los atroces actos cometidos y mantiene el régimen de impunidad que existe en Xochimilco.

Coordinación de Pueblos de Xochimilco

Respecto a la nota informativa de @martibatres publicada hoy sobre la represión estatal del jueves. 🧵

1. Se desvinculan los hechos de la demanda inicial que es quitar los cargos contra Hortensia por participar en las actividades comunitarias en la Casa del Pueblo. pic.twitter.com/txj38S0wr8

— Coordinación de Pueblos de Xochimilco. (@CPByCXochimilco) September 7, 2024

Darío dió la instrucción directa de enviar a golpeadores. Segundos antes de la represión amenazó a una vecina afirmandole que "habría consecuencias" por la protesta.

El grupo de choque realizó las detenciones y los entregó a la policía, ante la presencia de Darío. pic.twitter.com/YMhyI2bDDw

— Coordinación de Pueblos de Xochimilco. (@CPByCXochimilco) September 7, 2024

Estamos reconstruyendo los hechos e identificando a los funcionarios de la Alcaldía Xochimilco que participaron en la represión. pic.twitter.com/5LctFvYsNh

— Coordinación de Pueblos de Xochimilco. (@CPByCXochimilco) September 7, 2024

El gobierno de la ciudad reconoce que el inmueble de la casa de cultura Tlamachtlinollan no forma parte del patrimonio del gobierno de la ciudad.

No es posible que los acusen de despojo de algo que no les pertenece. pic.twitter.com/Qj3ZwepDPp

— Coordinación de Pueblos de Xochimilco. (@CPByCXochimilco) September 6, 2024

¡No olvidemos las caras de aquellxs que reprimen a los pueblos, a Xochimilco!

¡No dejemos de hablar de Hortencia Telésforo y de lxs defensores! #XochimilcoResiste pic.twitter.com/6xNjrKEfqE

— Asamblea Ecologista Popular (@AsambleaEpop) September 6, 2024

MEDIOS LIBRES, INDEPENDIENTES, AUTÓNOMOS… O COMO QUIERAN LLAMARNOS. NOS DECLARAMOS EN RESISTENCIA FRENTE A LA PERSECUCIÓN Y ATAQUE DEL ESTADO MEXICANO.

Estamos hartas del constante hostigamiento que el gobierno mexicano ha ejercido contra comunicadorxs independientes, comunitarixs, populares y medios libres desde el inicio de esta administración. No sólo nos han criminalizado, perseguido y asesinado, como es el caso del compañero Samir Flores Soberanes, sino que también intentan imponer su propia narrativa sobre la comunicación libre, organizando eventos internacionales sobre el tema pero donde el principal orador, es el presidente de la república.

La reciente agresión de un grupo de choque del alcalde de Xochimilco y de policías de Tlalpan, es muestra clara del actuar dirigido por las autoridades de todos los partidos políticos hacia quienes practicamos la comunicación libre y nos solidarizamos con la lucha de los pueblos. En un solo día, compañerxs que se manifestaban contra la criminalización, fueron golpeadxs, agredidxs  sexualmente y robadxs, en dos acciones  brutalmente represivas. Hemos contabilizado 50 heridos, 5 de gravedad, 4 ataques sexuales y 11 comunicadores atacados, además de lxs 5 compañerxs que estuvieron detenidos durante 10 horas, privados de comunicación.

La mañana del 5 de septiembre de 2024, una manifestación pacífica que se realizaba frente a la Alcaldía de Xochimilco, fue atacada por un grupo paramilitar de golpeadores, bajo órdenes de funcionarios municipales. La violencia se ensañó contra quienes cubrían la actividad como comunicadorxs populares. Resultó evidente la complicidad de la policía, que se retiró del lugar mientras sucedía el ataque,lo cual permitió el robo masivo de teléfonos y cámaras para destruir evidencia de forma sistemática. La represión continuó con 5 detenciones arbitrarias, acompañadas de tortura física, psicológica y sexual.

La noche de ese mismo día, mientras compañerxs se solidarizaban y exigían la liberación de lxs 5 detenidxs, el Estado (esta vez con uniformes oficiales del grupo “Zorros”) repitió la escena represiva en el Ministerio Público de Tlalpan, donde previamente fueron trasladados ilegalmente los detenidos de Xochimilco. Los granaderos golpearon, arrastraron, gasearon y robaron nuevamente las pruebas de la brutalidad que lxs comunicadores estábamos documentando. Este actuar no es nuevo ni aislado, responde a una política de represión y escarnio público que han emprendido los gobiernos contra quienes osamos contradecir la narrativa oficial. Consideramos importante mencionar que en la represión no sólo actuó el gobierno de Morena de Xochimilco y de la Ciudad de México, sino el del PAN, PRI y PRD que gobiernan en Tlalpan. Todo el espectro político se unió en esta represión.

Hoy hemos perdido equipos de prensa valorados en 4,500 USD. Nuestrxs compañerxs tienen heridas en la cabeza, costillas rotas y secuelas psicológicas. Aún así, nuestro espíritu de resistencia sigue intacto. La lucha por una comunicación libre y de cara a los pueblos no cesará.

Por eso exigimos:

– Fin a los actos de violencia, intimidación y criminalización contra los medios de comunicación y comunicadorxs que defienden los derechos de los pueblos.

– La desaparición del cuerpo policial conocido como “Los Zorros” y la disolución de los grupos operativos de la policía mexicana entrenados en Israel.

– La renuncia de Francisco Pastrana, Director Jurídico de Xochimilco, y de Guerrero de la Cruz Clavel, Director General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, involucrados en los hechos que denunciamos en esta comunicación.

Solicitamos al apoyo y acuerpamiento de lxs vecinxs organizadxs de Xochimilco y de todas las colectividades agredidas.

Pero, sobre todo, hacemos un llamado urgente a organizarnos, A RESISTIR Y A SEGUIR PRACTICANDO LA COMUNICACIÓN LIBRE. La tormenta comienza. Cuidémonos en la calle, formemos grupos y confianzas, porque juntas comunicamos mejor y más lejos. Si estamos en la mira del gobierno es porque nuestras voces libres son más necesarias que nunca. No tengamos miedo y no dejemos de levantar la voz. 

¡Súmate a este llamado a la acción!
Toma tu cámara, grabadora, micrófono, lápiz, stencil. Organízate, protege a tu compañerx y difunde.
¡Viva Samir Flores!
¡Viva la lucha de los pueblos organizados!
¡Vivan las voces libres en resistencia!
¡BASTA DE REPRESIÓN!
¡BASTA DE IMPUNIDAD!

Firman:

Radio Zapote

Observatorio Memoria y Libertad

Hijos de la Tierra

Voices in Movement

Laboratorio Popular de Medios Libres

Noticias de Abajo ML

Sueña Dignidad 

Regeneración Radio 

Somos el Medio

“Ecos de la Sal” Radio Indígena comunitaria

La Voladora Radio

COMPPA – Comunicadorxs Populares por la Autonomía

Cholollan Radio Comunitaria

Radio Tosepan Limakxtum 

Radio Comunitaria Ixim

Shahuipac Radio Comunitaria

Radio Zapatista

Radio Comunitaria Zacatepec

Radio Comunitaria de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal

Radio Rebelde de las Trabajadoras y Trabajadores de la Sexta Zapatista
La Voz del Anáhuac

Ke Huelga Radio

ARSANI Radio Educativa e Inclusiva

Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX. Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”

UPREZ Benito Juárez y Café “Zapata Vive”

Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG

Red de Solidaridad con Chiapas de Bs.As. Argentina

Michis Aborteros

Universidad de la Tierra en Puebla

La Chispa Prensa, Argentina

Cecilia Zeledón/ UnitierraPuebla

Comisión de Difusión Polakas, México, CDMX; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

Maderas del Pueblo del Sureste

DENISSE SANTOS GONZALEZ MÉXICO PRIMERA LINEA COLECTIVO ESTUDIANTIL

Colectivo Claudia Cortés, cdmx

Colectiva corazón del tiempo (Puelmapu/nor patagonia argentina)

Lo conseguí soñando/ otrxs mundxs al aire ( radio quimunche comunitaria.puelmsou)

José Francisco Mexico

Tutunaku Radio Indígena

Javier Perea Salguero, México

Noticias de la Rebelión

Emma Insurrección México. Del Barrio News

Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas (COTRIC)

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Magdalena Gómez México

Juan Pérez López. Tenochtitlan. “Lxs trollingstones”

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

Radio Suculenta @radios_siculenta, @ RadioSuculenta CDMX

Ehécatl Cabrera, México

Sofía Chávez Valencia. México

Flores y Mieles, Mexico

Jesús Rafael Decena Martínez. México

AH, México

La Grieta Panadería, México

Julián Hernández Hernández de Chiapas gobierno comunitario

Red de Bicis “Tierra y Libertad”

Resistrenzas Puebla

Centro de Estudios de la Región Cuicateca( CEREC) OAXACA

Alma Elena Pérez Ramírez, México, Ciudad de México

Maria Isabel Pérez Enriquez

Radio Las Voces de los Pueblos. Matias Romero, Oaxaca. Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo

Renato Romero del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental

José Meza, del Taller de poesía anarquista no panfletaria en México

Blanca Estrella, México, LaboratoriA AutogestivA

Binigulazaa AIPIN

Resiste Radio, Ciudad de México

Susana Marlene Mar Santamaría Mexico

La Flor de la Palabra Comunidad

Movimiento Agrario Indígena Zapatista

Mazatecas por la Libertad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

Alejandro Guerrero Jubilados IMSS sección VI

Radio 8 de Octubre, Costa Rica.

Colectivo Memoria y Revuelta

Patricia Erre, activista Guanajiato

Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura-CPOOEM

Mitoreros y Mitoteras de Guanajuato, México

Edith Rosales Gutiérrez, CDMX

Angel González, Ciudad de México

Sala de Lectura Andande Colibrí Lector

Frente Anarquista de Resistencia Social – FARS

Axolotes SkateShop, Ciudad de México

Fernando Miranda Servín https://razacero.com/

Paola Mexico

Agustín R. Vazquez García

                                      CDMX, 07 de septiembre de 2024.

Si quieres sumar tu apoyo a esta declaración, escribe el nombre y país (web también si quieres)  tuyo, de tu medio/organización o colectivo acá:
https://encuestas.redcoral.la/index.php/825222?newtest=Y&lang=es-MX

A los Pueblos de México y el Mundo

A los colectivos y organizaciones de derechos humanos

A los medios de comunicación

La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno, denunciamos la cobarde represión a nuestras compañeras y compañeros de la comunidad Otomí, residente en la Ciudad de México, por las fuerzas represivas del gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías de Tlalpan y Xochimilco, así como del Gobierno de la Ciudad de México, cuando participaban en una movilización para exigir el cese a la persecución en contra de la compañera Hortensia Telésforo originaria del pueblo de San Gregorio Atlapulco, quien es criminalizada por la defensa de su pueblo.

Alrededor de las 2:00 de la tarde un grupo de cerca de 50 personas vestidas de civil, armados con palos y armas punzo cortantes, atacaron y persiguieron a compañer@s, robaron cámaras y celulares, esto ante la mirada de los policías que se encontraban en el lugar.

Compañeros del Frente de Pueblos y Barrios del Anahuac, la Asamblea General de San Gregorio Atlaplulco, miembros de medios libres y otros colectivos fueron golpeados, perseguidos y detenidos. Entre los compañeros agredidos hay gente de la tercera edad, jóvenes y mujeres.

Tras la detención de Anselma Margarito Francisco (Comunidad Otomi), Jorge Manuel Cancino García (Conciencia y libertad UNAM), Uriel García Rojas (Conciencia y libertad UNAM). Roberto Rodríguez Contreras (Coordinación Metropolitana) y Penélope Estefanía Galicia Argumedo (radio Zapote), fue deliberadamente negada información sobre su paradero, manteniéndolos en calidad de desaparecidos, hasta que fueron trasladados a la fiscalía de Tlalpan, donde acudieron miembros de la comunidad Otomí para manifestarse por su liberación y presentación.

Estando en las instalaciones de la fiscalía de la alcaldía de Tlalpan, los compañeros de la comunidad Otomí y diversos colectivos fueron cercados y reprimidos con violencia, mediante el uso de gases lacrimógenos y golpes, fueron cercados por policías, hasta que se liberó a los detenidos.

Condenamos este cobarde acto represivo, en la que los gobiernos usaron grupos de choque armados con arma blancas, recurrieron a los golpes, tortura sexual, desaparición forzada en contra de mujeres, niños, y personas de la tercera edad.

Al momento de emitir el presente comunicado aun no ha sido liberada la compañera Anselma Margarito Francisco, de quien exigimos su inmediata liberación.

Atentamente

5 de septiembre de 2024

Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena. Concejo Indígena de Gobierno

Xochimilco , 5 de septiembre de 2024.

COMUNICADO URGENTE

A todos los pueblos y barrios originarios, así como colonias y colectivos de la cuenca del Anáhuac.

Hoy en la Alcaldía Xohimilco en una manifestación pacíficaa favor de la compañera Hortensia Telésforo para que se le retiren los cargos por los delitos de despojo y que aproximadamente 30 operadores políticos reprimieron a compañeras y compañeros, incluso de la tercera edad.

Responsabilizamos a José Carlos Acosta y a Francisco Pastrana Basurto por la represión y detención de compañeros del Frente Anáhuac. Tenemos videos y fotografías para demostrar que la represión y el golpeo a la comunidad no es la vía y menos cuando lo que se demanda es el retiro de cargos infundados.

¡Demandamos el retiro de los cargos a la compañera Hortensia Telésforo!

¡Exigimos la libertad de los compañeros detenidos!

¡No consentimos la represión!

¡Demandamos la detención del grupo de choque para que sean castigados por las acciones violentas realizadas!

Atentamente,

¡Frente Anáhuac en Lucha!