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(Español) “No estamos dispuestas a esperar 10 años más para que haya un cambio”: Madres buscadoras

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Mujeres buscadoras participan de las movilizaciones en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Agosto, 2020. Foto: Centro Prodh

Es urgente que el Estado mexicano adopte una política pública integral de prevención a las desapariciones, de búsqueda en vida y forense, y el reconocimiento de la responsabilidad directa e indirecta en los casos en el país, coincidieron organizaciones de madres buscadoras y de la sociedad civil que esperan una respuesta del ejecutivo federal en los siguientes días.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por 80 organizaciones, dijo que la grave situación de desapariciones es reiterada en el reciente informe del Comité de la ONU para la Desaparición Forzada, resultado de la primera visita que hizo a México desde su conformación.

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Los grupos de familiares de víctimas de desaparición se reunieron con el Comité e hicieron propuestas que fueron retomadas por la ONU en la emisión de las recomendaciones para el Estado mexicano.

“Exigimos al gobierno adoptarlas e implementarlas de manera urgente y contundente”, enfatizó el Movimiento respecto a la actitud pasiva del gobierno frente a un patrón de desapariciones que permanecen en la impunidad, contexto que, de acuerdo a la ONU, debe ser reconocido y atendido con una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas. 

“Para la cual se deben cumplir ciertas condiciones mínimas que garanticen su efectividad”, como el abandono del enfoque de militarización y hacer visible la información sobre los casi 100,000 desaparecidos.

Una década sin acciones

En este tenor, las organizaciones coinciden en la relevancia de implementar debidamente el marco normativo, jurídico y jurisprudencial en todo el país. Sobre la petición de aplicar el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité priorizó valorar antes las observaciones del gobierno de México.

Humberto Guerrero, del Centro Fundar y parte del Movimiento, dijo que se puede reevaluar y de ser necesario solicitarán la revisión de esa decisión del Comité de la ONU.

Grace Fernández, directora de Buscando Desaparecidos México, pidió congruencia al gobierno de México, “porque en teoría los desaparecidos son prioridad y no estamos dispuestas a esperar otros 10 años para que haya un cambio”. Parafraseando al presidente, recordó que la historia también los juzgará.

Hace una década, en la visita de otro grupo de la ONU, el organismo también alertó sobre el inicio de una crisis de desapariciones. Entonces no hubo respuesta del gobierno en turno y ahora 95 mil 121 personas están desaparecidas y 52,000 cuerpos sin identificar en las morgues del país.

Para Adela Alvarado de la Fundación Mónica Alejandrina es preocupante porque hasta los periodistas dejaron de informar sobre estos temas porque existe temor. Además, recordó un caso de desaparición en un reclusorio.

La mujer acudió a visitar a su pareja, su madre la acompañó y esperó afuera del penal. La madre de la mujer dice que nunca la vio salir y cuando preguntó con los encargados dijeron que no había registro de la entrada de su hija.

“Son situaciones verdaderamente alarmantes porque tenemos desapariciones en diferentes formas, de diferentes grupos, incluso podemos ver que hay en las desapariciones los migrantes, aquí se desaparecen en grupos bastantes grandes y no hay información ni una búsqueda ni nada”. Alvarado mencionó que, en el caso de las personas migrantes, las familias se enteran años después de la desaparición a pesar de que las Fiscalías tienen información.

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Son responsables las autoridades si no buscan y no localizan a las personas desaparecidas y en caso de muerte si no se devuelven los cuerpos a los familiares y allegados de forma digna y más general, cuando incumplen con sus obligaciones con las víctimas, añadió Grace Fernández.

En la actualidad, está en discusión en la Cámara de Diputados la iniciativa de la reforma constitucional para establecer el derecho de toda persona a ser buscada sin importar la fecha de su desaparición.

Resguardo genético 

Las dilaciones injustificadas para iniciar las búsquedas y la falta de presupuesto se suman a las recomendaciones que hizo la ONU. Las comisiones estatales solo cuentan con el presupuesto federal y la Comisión Nacional de Búsqueda tuvo una reducción del presupuesto de 2020-2021: el 29% destinado para gastos operativos en el 2021 se redujo al 12%.

En este contexto, existe preocupación del Comité por el manejo y resguardo del material genético que las familias entregan a las autoridades, es decir, no sólo las donaciones de sangre para los perfiles genéticos sino también los indicios recuperados en las búsquedas de los colectivos y familias en campo.

“México debe cerrar la brecha que hay entre la Ley y los hechos, porque el problema no es de leyes si no de prácticas”, dijo Humberto Guerrero de Fundar.

Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de creación del Centro Nacional de Identificación Humana para atender la crisis forense, “exhortamos al Senado de la República a que apruebe el dictamen en el presente periodo de sesiones a efecto de que la ley se promulgue y el Centro Nacional de Identificación Humana entre en funcionamiento a la brevedad posible”, publicó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en redes sociales.

La niñez 

A estas exigencias se unió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), pues dijo que se debe combatir la impunidad y prevenir, sin militarización, la desaparición de niñas, niños y adolescentes.

Desde que empezó el sexenio de López Obrador, 19,445 niñas, niños y adolescentes fueron registrados como desaparecidos; de éstos, 5,102 continúan desaparecidos a la fecha (24.30%), siendo 2,232 de ellas mujeres y 1,797 hombres.

Los números proporcionados por Redim muestran que las mujeres representan 55.2% de estos casos. Las restantes 65,950 personas de 0 a 17 años fueron localizadas, aunque 1% de estas desapariciones (710 casos) fueron halladas sin vida.

Los estados donde se han reportado más niñas, niños y adolescentes desaparecidas son el Estado de México con 3,740 casos, Tamaulipas con 1,704 y Jalisco con 1,231 casos. En estas tres entidades se concentra 40.8% de las desapariciones de personas de 0 a 17 años, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 11 de abril de 2022.

De acuerdo con el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, esta tendencia se agudizó durante la pandemia del COVID-19 y señala que la delincuencia organizada se convirtió en el perpetrador central.

Protesta de integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos

La desaparición de mujeres en algunas entidades de México supera ampliamente el promedio nacional de 25%. En Chiapas, por ejemplo, el número de fichas de la Fiscalía General del Estado sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes es 12 veces mayor que en el Registro Nacional; de acuerdo a organizaciones esta ausencia de información dificulta el combate y la atención a las causas.

En 2021, la Fiscalía de Chiapas subió a su plataforma 625 fichas de menores con reporte de desaparición, pero en el registro nacional sólo aparecieron 51 casos, “y esto seguramente se repite en otros estados del país”.

En la participación de Jennifer Haza, de la organización Melel Xojobal con sede en San Cristóbal de Las Casas, destacó que la tendencia en la geografía chiapaneca va al alza desde el año pasado con un registro de 625 menores desaparecidos; tres veces más que en 2019 cuando se documentaron 183 casos.

En términos de estrategias de prevención, dijo que no se tiene información pública de qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que desaparecen, “si son reclutados por el crimen, si son víctimas de trata, si están muertos o si están vivos.

Esta información nos tendría que permitir estrategias eficientes de búsqueda, investigación, atención y construir estrategias de prevención”, dijo Haza, pero con los factores preexistentes de desigualdad y de exclusión social la tarea se vuelve más compleja.

La entidad tampoco cuenta un registro electrónico de las huellas dactilares a partir de las actas, inclusive cuatro de cada 10 menores no tienen acta de nacimiento antes de cumplir el año de edad, “entonces necesitamos valorar todos los hechos, estos factores existentes en torno a la desaparición”.

En este contexto, Haza destacó también los casos de los huérfanos de los hijos de las personas desaparecidas y parafraseando a los familiares de las víctimas, dijo “son los olvidados del sistema”.

“No tienen ningún programa social destinado de forma específica y aquí hemos identificado casos que pueden resultar anecdóticos pero que si llevaran registros podríamos tener más información”, además de menores que quedaron a cargo de otros familiares cuando su padre o madre desaparecieron.

De enero al 13 de marzo de 2022 tienen documentada la desaparición de 112 menores en Chiapas, el 52 por ciento fueron localizados: ocho sin vida, entre ellos dos de Honduras, uno de Guatemala y uno de Haití. Del total, el 75% son mujeres, “de todos esos datos que tenemos de las propias fichas no están en el registro nacional”, dijo Jennifer Haza y se unió a la exigencia de la atención a las recomendaciones de la ONU.

El Estado mexicano tiene cuatro meses para emitir las observaciones sobre las recomendaciones que hizo el Comité de la ONU que, a partir de entonces, deberá realizar el seguimiento. Pero las madres buscadoras esperan que el presidente Andrés Manuel López Obrador de respuestas el próximo 10 de mayo cuando se realice la “Marcha por la Dignidad Nacional. Madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos”.

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Las 80 organizaciones que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos esperan la aceptación del Estado en conjunto y una propuesta de egresos de la federación que refleje la importancia a las recomendaciones que hizo el Comité.

Asimismo, la presentación de un plan de trabajo de la Fiscalía General de la República sobre cómo cumplirá con el Banco Nacional de Datos Forense y la base genética, pues incluso el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez tiene un litigio sobre el tema.

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Avispa Midia

(Español) Desalojo, represión y persecución policial contra indígenas en la CDMX

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.

Después de una jornada de protestas y represión, alrededor de 30 personas, en su mayoría mujeres y niños triquis, pertenecientes a familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, aún se encuentran cercados por policías antimotines de la CDMX.

“No hemos comido, no hemos hecho nada de nuestras necesidades, nosotros exigimos en este momento salir del lugar que estamos porque ahorita seguimos secuestrados por los granaderos”, denuncia una mujer triqui mediante video.

“Ahorita no tenemos acceso a nada. Acá afuera nosotros tenemos a los granaderos, mas de 300 granaderos en contra de 30 personas”, señala la mujer triqui sobre las condiciones en que se encuentran las personas, en su mayoría mujeres y niños, retenidas al norte de la ciudad, cercadas por aproximadamente 1,000 policías.

Las personas agredidas mantenían un campamento en el centro de la CDMX, desde donde protestaban para exigir el retorno seguro a su comunidad, en la mixteca oaxaqueña, tras haber sido desplazadas por un grupo paramilitar.

Sin respuesta y tras 15 meses de permanecer en la ciudad, fueron desalojad@s la madrugada del lunes (25), sin previo aviso y mediante un operativo con cientos de policías.

Desalojo

De acuerdo al gobierno de la CDMX, el desalojo de la comunidad triqui derivó de una queja anónima por las condiciones de insalubridad del sitio.

Poco después de la medianoche del lunes (25), cientos de policías cercaron el campamento de las familias triqui. Al mismo tiempo, personal de limpieza de la ciudad desarmó el campamento y arrojó las pertenencias de las personas a camiones de basura.

En el lugar también se apersonaron funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), quienes de acuerdo a testimonios presionaron y amenazaron a las mujeres para trasladarse a un albergue improvisado por el gobierno de la ciudad.

Después del desalojo, policías antimotines retuvieron durante horas a las mujeres triqui, quienes rechazaban trasladarse al refugio en una colonia al norte de la ciudad.

Según la versión oficial, el espacio ofrecido cuenta con dormitorio, baños y servicios médicos y para niños. No obstante, acorde a registros y denuncias de las familias desplazadas, el “albergue” consiste en un estacionamiento cubierto parcialmente con una carpa y catres en condiciones insalubres y denigrantes.

Por ello, durante la tarde del martes (26), las mujeres triqui protestaron, rompieron la cerca y salieron para cerrar una avenida cercana, para con ello protestar por el desalojo y las precarias condiciones en que se encontraban.

Protestas

La respuesta policiaca no se hizo esperar. En un instante, elementos antimotines “encapsularon” -como se conoce a la estrategia policial de bloquear el libre tránsito de las manifestaciones- a un grupo de aproximadamente 50 personas que participaban de la protesta.

Por horas, l@s manifestantes permanecieron retenidos. Hasta el lugar se unieron integrantes de organizaciones sociales en solidaridad con las familias triquis. Integrantes de la Sección 9 de la CNTE, así como de la Caravana por el Agua y la Vida, así como estudiantes hicieron acto de presencia para apoyar la manifestación.

Tras el refuerzo, l@s manifestantes consiguieron romper el cerco, con lo cual tomaron rumbo hacia el Zócalo. Sin embargo, el despliegue de cientos de policías consiguió cercar de nuevo a las personas y cortar su paso hacia el centro de la ciudad.

Foto por Radio Zapote

De acuerdo a un comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena, alrededor de las 8 de la noche, el encapsulamiento de los antinmotines mantenía retenid@s alrededor de 70 personas indígenas triquis, otomís, nahuas, alemanes, medios de comunicación y residentes de la ciudad de México.

El documento señala que en ese momento la movilización fue reprimida “generando la persecución de decenas de personas, golpead@s y detenciones, reportándose hasta ahora la desaparición de un niño hijo de triquis de nombre Samuel y sin saber el paradero de vari@s compañer@s”.

Hasta ese momento, detalla el comunicado, se registraron dos encapsulamientos “ubicados en: Calle Plomo 65 y Ferrocarril Hidalgo con alrededor de 17 personas encapsuladas por un grupo de 250 granaderos entre los que se encuentran 10 compañer@s de la comunidad otomí, entre ellos el compañero Diego García y el concejal otomí Filiberto, así como Ricardo Renteria de la comunidad de Milpa Alta que fue herido en la cabeza; así como 7 mujeres triquis; y otro en calle Mapimi 5 Y Calle Plomo con un grupo de 30 personas en donde también hay 5 niñ@s  y alrededor de 100 granaderos, entre los que se encuentran periodistas como Juan Rulfo y compañeras alemanas de Lutzerath”.

Según información de la comunidad otomí residente en la CDMX, quienes se sumaron a las movilizaciones, las familias triquis se refugiaron en una unidad habitacional de la colonia Valle Gómez para no regresar al “albergue” improvisado por la ciudad. En aquel momento de la madrugada se mantenía el cerco policiaco.

La mañana de este martes (26), tanto en la ciudad de Oaxaca como en la CDMX, se registraron diversas movilizaciones en solidaridad con las familias triqui desplazadas, desalojadas y perseguidas.

En la CDMX se movilizan en el Ayuntamiento de la ciudad para manifestarse contra la brutal represión a los pueblos originarios. Al cierre de esta edición, tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.

 

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COMISION DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA

(Español) Acción Urgente: Represión a la comunidad Triqui y Comisión de la Caravana por la vida en la Ciudad de México

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Alrededor de las 8 de la noche el encapsulamiento que sostenía la policía de la Ciudad de México sobre alrededor de 70 personas indígenas triquis, otomís, nahuas, alemanes, medios de comunicación y residentes de la ciudad de México, en la Alcandía de Venustiano Carranza, comenzó a ser reprimido por los cuerpos policiacos, generando la persecución de decenas de personas, golpead@s y detenciones, reportándose hasta ahora la desaparición de un niño hijo de triquis de nombre Samuel y sin saber el paradero de vari@s compañer@s.

La madrugada de este día fue desalojado el plantón que sostenían familias en situación de desplazamiento forzado de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, quienes fueron llevados a un “albergue” en condiciones insalubres en la Alcaldía Venustiano Carranza.
En solidaridad con el plantón acudieron alrededor de 40 compañer@s que regresaban a sus sitios de origen después de haber realizado La Caravana por la Vida. Sin embargo desde las 12 del día, fueron privados de su libertad las familias de desplazados triquis junto con la comisión de la Caravana por la Vida al impedirles la policía salir de la calle donde se encuentra el albergue, sin explicar razón alguna del porque esta medida, ni tratar de entablar diálogo alguno.
Se sabe hasta ahora que son dos encapsulamientos ubicados en: Calle Plomo 65 y Ferrocarril Hidalgo con alrededor de 17 personas encapsuladas por un grupo de 250 granaderos entre los que se encuentran 10 compañer@s de la comunidad otomí, entre ellos el compañero Diego García y el concejal otomí Filiberto, así como Ricardo Renteria de la comunidad de Milpa Alta que fue herido en la cabeza; así como 7 mujeres triquis; y otro en calle Mapimi 5 Y Calle Plomo con un grupo de 30 personas en donde también hay 5 niñ@s  y alrededor de 100 granaderos, entre los que se encuentran periodistas como Juan Rulfo y compañeras alemanas de Lutzerath.
Llamamos a todas nuestras hermanas y hermanos a la solidaridad, difusión y condena de estos hechos.
Exigimos al gobierno de Claudia Sheinbum y Andrés Manuel López Obrador:
1. Cese inmediato del encapsulamiento hecho a nuestras hermanas y hermanos en la Delegación Venustiano Carranza.
2. Aparición del niño triqui Samuel y garantizar la integridad física, psicológica y mental de todas las personas que se encontraban en el albergue
3. Castigo a los responsables de los operativos realizados contra la comunidad triqui y Caravana por la Vida
4. Solución del conflicto de desplazamiento de la comunidad triqui de Tierra Blanca, Copala.

25 abril de 2022
NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS
COMISION DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Estado mexicano incumple recomendaciones de la CIDH para garantizar la seguridad y la vida de la población en el municipio de Aldama, Chiapas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
11 de abril de 2022
Boletín No. 13

Estado mexicano incumple recomendaciones de la CIDH para garantizar la seguridad y la vida de la población en el municipio de Aldama, Chiapas

  • En el mes de marzo se registraron 437 reportes de ataques armados contra las comunidades.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró durante el mes de marzo 437 reportes de ataques con armas de fuego en contra de las comunidades del municipio de Aldama, Chiapas. Esto implica el desplazamiento intermitente de cerca 3499 personas, que viven el impacto de la violencia permanente. En este periodo resultaron heridas dos personas a consecuencia de los disparos constantes: un “integrante de la banda de música” originario del municipio de Santiago el Pinar, quien fue lesionado en el tobillo durante la fiesta del Cuarto viernes celebrada en la comunidad de San Pedro Cotzilnam y una niña de 9 años de edad originaria de comunidad Tabac, municipio de Aldama, lesionada en la cabeza. Afortunadamente ambas personas se encuentran fuera de peligro.

Frente a los ataques armados y el continuum de violencia que se agudizó contra las comunidades desde principios del 2018, una comisión del grupo de representantes de los 115 comuneros y el Frayba, solicitaron desde hace 4 años medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien luego de analizar y considerar que existe una “situación de gravedad, urgencia y la posible generación de un daño irreparable”, actualizó el seguimiento de las medidas MC-882-17, MC-284-18 -Familias tsotsiles de veintidós comunidades identificadas en los municipios Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama, bajo la Resolución No. 102/21(Seguimiento) con fecha del 15 de diciembre de 2021. Las acciones que han efectuado las autoridades del Estado mexicano para garantizar la vida y la seguridad de la población han sido ineficaces como hemos resaltado constantemente.

El gobierno mexicano ha centrado su atención en el conflicto territorial y para ello el día 3 de marzo del presente año entregó a los comuneros de Aldama el predio Cerro Bola ubicado en el municipio de Ixtapa, sitio que se encuentra a casi 100 kilómetros de su lugar de origen. El mismo día de la ceremonia de entrega del predio la población estuvo bajo ataque constante. Sin embargo, los gobiernos estatal y Federal siguen sin atender la investigación, desarme y desarticulación del grupo agresor, sus fuentes de financiamiento y el vínculo con autoridades estatales y locales.

Lamentamos la negativa del Estado mexicano de dar cumplimiento a las exigencias planteadas por la CIDH, incluyendo la criminalización donde se mantiene en privación arbitraria de la libertad al señor Cristóbal Sántiz López, quien fungía como vocero de los representantes de los 115 comuneros de Aldama, siendo claramente un defensor comunitario preso de manera injusta desde marzo de 2020.

El Frayba manifiesta su preocupación por que el Estado mexicano no respeta, ni proporciona garantías necesarias que protejan la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Aldama, por lo que exigimos cumpla con su responsabilidad efectiva de devolver la paz y tranquilidad a la población como parte fundamental de los derechos humanos y por consiguiente el cumplimiento cabal de las recomendaciones de la Resolución No. 102/21 de la CIDH, ya que el municipio de Aldama sigue asediado con agresiones diarias, siendo que al cierre de este boletín, en el mes de abril se han registrado 49 ataques con armas de fuego hacia las comunidades.

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Indigenous Peoples Rights International y CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Desplazamiento e impunidad: Chiapas, México

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La violencia contra los Pueblos Indígenas en #Chiapas no ha parado. En los Altos, un grupo de corte paramilitar aprovecha la impunidad para seguir operando, intensificando agresiones y desplazamiento forzado. Los Pueblos Indígenas viven en continua violación a sus derechos. Esta es la historia de Aldama, Chalchihuitán y Acteal. Un documental de IPRIMéxico y Frayba Derechos Humanos.

 

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Avispa Midia

(Español) Amenazan a infancia que defiende los cenotes en Homún

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Fabres

Este miércoles (6) fue amenazada una de las representantes de las niñas y niños de Homún, quienes presentaron un amparo contra la mega granja porcícola de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Kekén.

Así lo denuncio el Equipo Indignación, quien destacó que la infancia de Homún y el colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) han luchado ante el riesgo de contaminación que implicaría el funcionamiento de la mega granja porcícola.

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La representante de la niñez de Homún recibió una llamada telefónica mediante la cual le cuestionaron su labor como activista. “La persona al otro lado de la línea le preguntó si le daba miedo luchar por los cenotes y si no temía que le pasara algo a sus hijos”, refiere el Equipo Indignación.

Esta agresión sucede a unos días de que el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, resuelva si mantiene o no la suspensión de operaciones de la fábrica que pretende criar 49,000 cerdos.

Ante la amenaza, el colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes), y el equipo Indignación exigieron a las autoridades garantizar la seguridad de la defensora de los derechos humanos y de todas las personas que integran el colectivo.

Agresiones

Mediante comunicado, reiteran que se han reportado varias acciones de intimidación contra defensores de derechos humanos del pueblo maya de Homún. Esta no es la primera vez en que se realizan amenazas contra quienes se han pronunciado ante la contaminación que representa la operación de la mega granja porcícola.

“En el 2018 un integrante de Kanan Ts’ono’ot fue víctima de amenazas e intento de extorsión. En septiembre de ese mismo año, mientras el pueblo de Homún clausuraba simbólicamente la fábrica de cerdos, un equipo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), apoyado por la Policía Estatal, puso sellos de clausura en los cenotes de los cinco miembros de la coordinación de Kanan Ts’ono’ot”, detalla el documento.

También, en mayo de 2021, después de que se ratificara la suspensión definitiva de operaciones de la fábrica de cerdos, la Secretaría de Salud estatal, clausuró los paradores turísticos de algunos integrantes de la directiva del colectivo maya.

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“Además de estas acciones, es importante recalcar que el gobierno estatal ha sido omiso en garantizar nuestros derechos como pueblo maya, en vez de esto, ha favorecido y alentado a dicha empresa porcícola”, denuncian las organizaciones.

Sobre todo, hacen énfasis en que la amenaza más reciente esta dirigida contra la infancia de Homún, “la cual está en su legítimo derecho de defender el agua, los cenotes y su derecho a la libre determinación y a un ambiente sano”.

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La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

(Español) Exigimos especialmente un alto a la guerra que el crimen organizado mantiene contra el pueblo en contubernio con autoridades municipales, estatales y federales, y que ha causado ya tantas desapariciones y muertes

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Fuente: Las Abejas de Acteal

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
22 de marzo de 2022

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

No nos cansaremos de dar gracias por la vida de nuestras 45 hermanas y hermanos mártires, más los 4 bebés que fueron asesinados al ser torturadas aquí sus madres, negándoles la oportunidad de nacer. Porque con esas vidas, ellos y ellas nos dieron ejemplo de dignidad y entrega cuando, a pesar de las amenazas y la creciente violencia en nuestro Municipio, en plena escalada contrainsurgente, resistiendo el desplazamiento forzado y las amenazas de muerte, no dudaron en organizarse para hacer el ayuno y oración por la paz, con todo su corazón. Y cuando fueron alcanzados por las balas de los paramilitares, aunque siguió para nosotros un sufrimiento desgarrador que no se ha ido, ellas y ellos se convirtieron en ofrenda que trajo por fin un alto al espiral de violencia en la región.

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Chiapas Paralelo | Border Hub

(Español) De “pueblo mágico” a centro de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes indígenas

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Por Rodolfo Flores | Border Hub | Chiapas Paralelo

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

En Chiapas el 8.1% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) se encuentra en riesgo de ser reclutada por el crimen organizado, informó en noviembre de 2021 la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (REDIAS); este diagnóstico pasó de las cifras a la realidad en San Cristóbal de Las Casas, el “pueblo mágico”, la principal ciudad turística del estado; donde ahora grupos de jóvenes se pasean en pandillas motorizadas, vendiendo droga, robando vehículos, atacando y retando a la autoridad. ¿Qué les hizo vulnerables, la pobreza, el racismo, la desesperanza, la impunidad, la narcocultura o avance del crimen organizado? ¿O la suma de todas estas razones?


Ilustración: Carlos Mendoza

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Martin y su hermano eran buenos estudiantes, eran del cuadro del honor, bien chambeadores, ayudaban a su papá en la carpintería; pero se metieron a las drogas y las pandillas. Al rato, Martín andaba con un arma en la cintura y un kilo de mariguana. Se ahorcó cuando tenía 17, ya era líder de una pandilla, no sé si buscó la salida o simplemente no la encontró. A su hermano Agustín lo detuvo la policía y lo mataron a golpes, tenía como 18 años. Sus padres son de Chanal -municipio ubicado en Los Altos de Chiapas-, migraron a San Cristóbal de Las Casas, estudiaban en la José María Morelos y Pavón, la escuela más “cabrona” de la zona norte de esa ciudad.

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Avispa Midia

(Español) Medio millón de menores en Chiapas no tienen acceso a la salud

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Por Jeny Pascacio

Más de 660 mil menores en Chiapas no están afiliados, adscritos o con derecho a recibir servicios de salud en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), las instituciones públicas de seguridad social en México o los servicios privados de salud.

De acuerdo al estudio La infancia cuenta en Chiapas 2021, de la Red por los derechos de la infancia en México (Redim), la cifra representa el 31.6% de los más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que integran la población de Chiapas.

Para Redim, el limitado acceso a la salud de manera oportuna y efectiva vulnera la estabilidad de las familias, pues el costo de la atención de una enfermedad, accidente o malestar puede repercutir negativamente en el ingreso familiar.

En el caso de la población cuyos recursos económicos son limitados, los malestares no son atendidos a tiempo y, en momentos de pandemia por el Covid-19, la situación se agrava.

La carencia por el acceso a estos servicios se presenta en 4 de cada 10 menores; mientras a nivel municipal, en Suchiate, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, cerca de la mitad de las personas menores de 18 años tienen carencia en el acceso a los servicios de salud.

La Libertad es el municipio donde se presenta la situación más preocupante: 7 de cada 10, no tienen acceso a este derecho. En contraste, en Soyaló, Chanal, El Porvenir y Santiago el Pinar menos del 10% de la infancia tiene carencia.

Aunado a esto más de 400 mil menores chiapanecos viven en un hogar donde no tienen buena alimentación, debido a diferentes factores.

A pesar de los indicadores de mortalidad mostrar disminuciones considerables de 2000 a 2015 en Chiapas, la tasa actual de mortalidad de la niñez menor de 5 años es la más alta de México, 18.9 por cada mil.

“Es importante mencionar que la tasa de mortalidad infantil varía con base en el sexo: mientras 17.4 por cada mil niñas mueren en el primer año de vida, 21.4 niños por cada mil mueren”, indica Redim.

La entidad también tiene las cifras más altas a nivel nacional de mortalidad en menores de 5 años por enfermedades diarreicas, 27.0 por cada cien mil, y por enfermedades respiratorias agudas, 47.7 por cada cien mil.

Para la organización, la carencia de acceso a los servicios de salud en la primera infancia es una situación crítica, pues al no existir la garantía sobre los servicios y cuidados necesarios, se pone en riesgo la salud y la vida de la niñez.

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Avispa Midia

(Español) Chiapas: Amenaza conflicto con desplazar a más 3 mil indígenas de Aldama

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Por Jeny Pascacio

“Mi hijo estaba jugando allá adentro cuando una bala cayó en una botella, caen bastantes y hacen un ruido como un ratoncito rascando la tierra; mis chamacos se espantan y salen corriendo a esconderse, ya casi no salen a jugar”.

Juanita tiene cuatro hijos y es habitante de Aldama, municipio de los Altos colindante con Chenalhó. Desde hace cuarenta años inició un conflicto agrario entre ambos municipios de los Altos de Chiapas.

En los últimos tres años las diferencias se acentuaron por el control del territorio, la violencia incrementó y es constante. Organizaciones han documentado los disparos de una montaña a otra.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas  (Frayba) informó que durante el primer mes de 2022, las comunidades de Aldama reportaron 230 ataques provenientes de diferentes puntos de Chenalhó. “La violencia contra las comunidades de Aldama por parte de personas armadas que se encuentran en diferentes puntos de ataque de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó, es sistemática y tiene como propósito crear un ambiente de terror generalizado”, sostiene Frayba.

Foto Jeny Pascacio/ Avispa Midia

A este panorama se agrega la amenaza de un desplazamiento forzado intermitente de por lo menos 3,499 personas. “Algunas familias se han desplazado en tanto los ataques disminuyan”, pues en el día 3 del mes de febrero, se registraron 28 ataques más, hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco, Xuxchen, Juxton, Yeton, Chivit, Stzelejpotobtik y Cabecera de Aldama.

Los habitantes de 12 comunidades más vulnerables a los disparos, en el lado de Aldama, dejaron de trabajar sus tierras y salen a buscar alimentos a escondidas con temor de ser alcanzados por una bala.

Aunque los disparos son lanzados al aire, han herido a los indígenas tzotziles. “Cuando empiezan las balas salimos corriendo a prestar casa. Mis hijos quieren que nos vayamos de aquí porque tenemos mucho miedo”, relata Juanita.

El único apoyo que reciben es maíz y frijol, además de algunos víveres que les otorgan las organizaciones acompañantes.

En el reciente comunicado de Frayba, la organización cuestionó por qué el Estado mexicano, “no ha logrado identificar a las personas responsables de los ataques, su conformación, estructura y financiamiento, el origen de las armas utilizadas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea”.

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Asimismo, sobre la fuente de adiestramiento y supuestos vínculos con funcionarios estatales o con la delincuencia organizada.

Foto Jeny Pascacio /Avispa Midia

Llamó a adoptar medidas efectivas y proteger la vida de los habitantes y desplazados forzadamente, además de dar certidumbre al resolver el conflicto por límites territoriales mediante procesos de investigación, sanción y reparación integral.

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