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Autonomy and Resistance

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Casas | Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

César y José Luis mayas tseltales enfrentan un proceso penal por defender su territorio en contra de la militarización

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

20 de abril de 2023

César y José Luis mayas tseltales enfrentan un proceso penal por defender su territorio en contra de la militarización

  • El próximo 24 de abril de 2023 se llevará a cabo la audiencia de juicio oral en la que podría condenarles por defender su territorio ante la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional.
  • El poder judicial del estado de Chiapas tiene una oportunidad de proteger a los defensores comunitarios César y José Luis y con ello los derechos de los pueblos indígenas.

El 15 de octubre de 2020 durante las acciones de manifestación pacifica ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el territorio comunitario de San Sebastián Bachajón, César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández mayas tseltales del pueblo de Chilón y defensores de derechos humanos, fueron reprimidos por policías estatales, así como torturados e incomunicados; 11 personas más resultaron heridas. Desde entonces ambos defensores se encuentran vinculados a proceso por el delito de motín y en libertad bajo proceso, lo cual les impide salir y realizar actividades más allá del municipio de Ocosingo. El próximo 24 de abril de 2023 podría ser un fecha definitoria de su situacion jurídica ya que el Juzgado de Oralidad en Ocosingo tendrá lugar la audiencia de juicio oral donde se podrían condenar o declarar su libertad.

Ante las irregularidades documentadas por parte de la defensa de José Luis y Cesar, entre ellas una deficiente integración de la carpeta de investigación, la incorporación de pruebas obtenidas de manera ilícita y construcción de informes policiales a modo por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, así como diversos retrasos en el proceso por parte Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo, esperamos que en la audiencia de juicio oral a realizarse el día 24 de abril de 2023 puedan poner fin al proceso injusto al que se les ha sometido. Es importante señalar que como parte del proceso de resistencia pacifica del pueblo indígena tseltal de Chilón se inició en noviembre de 2020 un juicio de amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito de Tuxtla Gutiérrez con numero 717/2020 el cual igualmente sigue pendiente de resolverse.

Las organizaciones firmantes vemos con preocupación las respuesta del estado ante el ejercicio del derecho a la protesta, ya que cabe resaltar que este hecho de criminalización no es aislado en Chiapas, y que el patrón suele ser la vinculación a proceso por parte de autoridades judiciales sin tomar en cuenta que se trate de una medida desproporcional que busca criminalizar acciones de protesta social. En conferencia de prensa el CDH Fray Bartolomé, el Pueblo Originario de Chilón, el Pueblo Creyente Zona Chab, Familias Unidas Contra la Tortura y Defensa de los Derechos Humanos y el Centro Prodh, hicieron un llamado al Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo en su resolución tiene una oportunidad de demostrar que los pueblos indígenas pueden confiar en el sistema de justicia para el respeto de sus derechos y absolver a los defensores comunitarios José Luis y César.

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Casas

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

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Avispa Midia

Perú: defensores de la tierra se levantan contra narcoestado

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Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedia Prado

En portada: Santiago Contoricón Antúnez (centro), de la comunidad asháninka Puerto Ocopa, fue asesinado el pasado 8 de abril.

El asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez a manos del narcotráfico, el sábado 8 de abril, se suma a una lista de decenas de defensores de territorios desprotegidos por los gobiernos en el Perú. En las últimas semanas, el dirigente reportó al Ministerio del Interior y a representantes del Ejecutivo las amenazas que recibía del crimen organizado en la provincia Satipo (región Junín).

En 2022, el país andino fue el séptimo más peligroso de América Latina para los guardianes de la tierra, la región del mundo de mayor letalidad para estos. Entre 2012 y 2021, según un informe de Global Witness, se registraron los asesinatos de 51 protectores del ambiente y líderes indígenas. Al menos seis crímenes se cometieron en Junín, en la zona de selva central peruana. Ocho defensores peruanos fueron victimados el año pasado, la mayoría en localidades amazónicas.

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El crimen contra Contoricón se vincula a su participación junto a integrantes de comunidades asháninkas en incautaciones de cocaína, en ejercicio de la autodefensa de sus territorios ancestrales. Las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo se enfrentan al avance de los cultivos de hoja de coca para la producción de drogas y a la tala ilegal. La política de militarizar un área de emergencia, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), dentro de la cual se ejecutó el atentado, no da resultados.

Por el contrario, entre 2018 y 2021 las plantaciones cocaleras en territorios de pueblos indígenas crecieron en 93%, de 8,000 a más de 15,000 hectáreas, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Y un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd) indica que de 2020 a 2021 los cultivos ilícitos en el Perú aumentaron en 23%, de 61,000 a 80,000 hectáreas.

En la provincia de Satipo, a la que Contoricón representó como consejero regional, se localizan las mayores expansiones de sembríos de coca en los últimos años, con participación de remanentes de Sendero Luminoso como guardia armada de narcotraficantes.

A unos metros de la casa del líder indígena, en la comunidad nativa Puerto Ocopa, opera una base de la Marina de Guerra. El exalcade del distrito Río Tambo, donde aún no hay comisaría, fue victimado en su vivienda por un sicario de un disparo en la cabeza, en presencia de su familia. Contoricón fue un histórico dirigente que en sus 56 años de vida defendió a su etnia de la violencia de Sendero Luminoso y el Estado, más tarde la del extractivismo neoliberal y las mafias expandidas, en los años de una pacificación que no se afianzó en la selva peruana.

El Perú como narcoestado

La Central Asháninka del Río Tambo señala a la Policía y las Fuerzas Armadas de permitir la circulación de embarcaciones con cocaína e insumos para su elaboración, por lo que exigen al Ejecutivo que retire a los militares de la base de Puerto Ocopa. Los comités de autodefensa ordenaron la salida de todas las personas foráneas de la zona y mantienen bloqueado el tránsito fluvial. En otras provincias de la selva hay carreteras interceptadas en apoyo a la protesta asháninka.

“En su momento hemos dado confianza para contar con una base militar o policial para prevenir, pero más nos generan problemas, desautorizando a las comunidades nativas para desarrollar sus propias acciones de seguridad dentro de su territorio. Lo que queremos es que se entienda cuál es la realidad de los ríos Tambo y Ene, donde no hay presencia del Estado”, señaló, por su parte, Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec).

La condición del Perú como narcoestado se acentúa con la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, encabezada por los sectores políticos conservadores y de ultraderecha financiados por el narcotráfico. Se consolida con la presencia de una fiscal de la Nación que asumió la persecución judicial al expresidente Pedro Castillo e impide las investigaciones a su hermana jueza por cobros de sobornos a traficantes.

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Una muestra de la narcopolítica peruana es la reciente megaoperación de la Fiscalía de Lavado de Activos contra el ex secretario general del partido fujimorista y financista de la organización, Joaquín Ramírez, actual alcalde de la provincia Cajamarca, de alta producción de cocaína y opiáceos. Al excongresista, investigado por la DEA desde 2012, le incautaron más de 200 inmuebles, 90 vehículos y siete avionetas. Su principal negocio legal, una universidad privada de funcionamiento irregular, tiene los favores del régimen. La fiscal de la Nación acredita dos títulos de posgrado de esta casa de estudios, sin registros de las tesis que los avalen. Así funciona un Estado neoliberal capturado por mafias.

Para abordar el crimen organizado en la selva central, este año el Ejecutivo creó una mesa multisectorial en la que días antes del asesinato dirigentes indígenas recordaron su vulnerabilidad a altos representantes del Gobierno de facto, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Hasta el momento, ningún funcionario se reunió con las autoridades indígenas y de la región. Es la ausencia de Estado que reclaman los pueblos originarios con una nueva medida de fuerza indefinida. Los defensores de la tierra están en pie de lucha en la selva. En frente, un régimen armado-empresarial dispuesto a extremar la explotación de la Amazonía y sus habitantes.

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Avispa Midia

Ecuador, ueblos se organizan para expulsar a la minera británica Anglo American

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En Ecuador, El Frente de Defensa del Agua, la Vida y la Naturaleza del cantón Pangua, el Frente Nacional Antiminero y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi reunidos en la Asamblea Plurinacional Antiminera, el último 15 de abril, denunciaron la presencia ilegal e inconstitucional de la empresa minera británica Anglo American en el territorio de Pangua, en la Provincia de Cotopaxi, en el centro del Ecuador, “pues no ha existido la Consulta Previa, Libre e Informada”.

Los activistas se oponen a la “pretendida socialización ambiental” realizada por el Ministerio del Ambiente del país ya que argumentan que, “no cumplieron el requisito básico para el otorgamiento de las licencias ambientales a la empresa minera; además, se han vulnerado los artículos 56 y 57 en su numeral 7 de la carta magna, donde se establecen los Derechos Colectivos”.

Asamblea Plurinacional Antiminera realizada el 15 de abril

Una de las resoluciones de esta asamblea exige a la minera Anglo American que retire su maquinaria, personal e instalaciones del Cantón Pangua, en un plazo de 14 días, es decir, hasta el 29 de abril, en particular que salga de las comunidades Punta Brava y Guapara.

Otra de las decisiones es que se realizará una consulta popular, vía Corte Constitucional, para “oponernos a la extracción minera en el cantón Pangua”. Esto se impulsará como iniciativa ciudadana aplicando el artículo 104, párrafo cuarto, de la Constitución de la República del Ecuador.

Exigen que las autoridades locales electas acaten las resoluciones asamblearias y de autoconsulta del pueblo Pangua por la defensa del agua, la vida y la naturaleza.

La asamblea, que está constituida por diversos pueblos, sostienen firmemente prohibir la entrada a corporaciones mineras en sus territorios, por ello respaldan la llamada Acción de Lucha Plurinacional Frente a las Empresas Mineras convocada para el 5 de junio en el territorio nacional, para “exigir a las autoridades mediante mandato popular la declaratoria de nuestros territorios libres de minería”.

 

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Avispa Midia

(Español) Brasil | Bolsonaro es responsable por emitir más de 50 millones de toneladas de CO2

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto por greenpeace

La semana pasada la revista científica Scientific Reports, del grupo Nature, lanzó un estudio donde documenta que entre los años 2013 y 2021 la deforestación aumentó en 129% en territorios indígenas, a la par, se aceleró la minería ilegal en estas mismas zonas. Esto fue causa de la emisión de 96 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), del cual se responsabiliza en un 59% al gobierno del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por un equivalente a 57 millones de toneladas de CO2.

El CO2 es uno de los principales gases emitidos hacia la atmosfera responsable por el llamado efecto invernadero, que a su vez es uno de los responsables del aumento de la temperatura en el planeta.

Solo en los tres primeros años de gobierno de Bolsonaro se registró un aumento del 195% en la deforestación con un avance del 30% hacia tierras indígenas establecidas en la selva, alcanzando áreas anteriormente conservadas. El año 2020 es considerado como el de mayor tasa de deforestación de la década, alcanzando más de 10 kilómetros cuadrados deforestados, para dar paso a la minería y la agricultura industrial.

Esta destrucción de la selva fue superada en 2021, con un aumento del 20% de salva talada, alcanzando los 13 mil kilómetros cuadrados, según constató el equipo que trabajó en esta investigación, el cual esta conformado por científicos de diez instituciones y universidades ubicadas en Brasil, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido, además de investigadores del IPAM (Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia).

Por ello, el equipo de científicos sostiene que urge al actual gobierno de este país sudamericano, presidido por Luiz Inacio Lula da Silva, frenar la deforestación en los territorios indígenas, ya que son considerados territorios determinantes ante la crisis climática. Así mismo se recomienda garantizar los derechos de estos pueblos sobre sus tierras.

Según el informe, los territorios indígenas en Brasil albergan alrededor de 700 mil indígenas y más de la mitad de ellos se encuentra en la Amazonia brasileña. Estos territorios concentran más de un millón de kilómetros cuadrados de selva tropical que contribuyen a la regulación del clima, además de albergar una gran biodiversidad y diversidad sociocultural.

“Durante el gobierno de Bolsonaro, con el debilitamiento de las instituciones ambientales y los intentos inconstitucionales de explotar económicamente estos territorios, la deforestación ha aumentado significativamente. Los resultados de nuestro trabajo, por lo tanto, son una importante contribución al nuevo gobierno en la reconstrucción del sistema de gestión ambiental del país”, valora Celso Henrique Leite Silva Junior, investigador del IPAM.

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Cátedra Jorge Alonso

(Español) Seminario “Internacionalismo crítico y luchas por la vida: hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías”

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El Seminario “Internacionalismo Crítico y Luchas por la Vida: hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías” se realizará del 9 de mayo al 6 de junio de 2023 semanalmente y de manera virtual. La Cátedra Jorge Alonso, el GT CUTER CLACSO y les otres convocantes les invitamos cordialmente a asistir y difundir.

A seguir, los vínculos de registro para cada una de las sesiones:

Inauguración

https://www.clacso.org/actividad/seminario-internacionalismo-critico-y-luchas-por-la-vida-hacia-la-construccion-de-horizontes-futuros-desde-las-resistencias-y-autonomias-catedra-jorge-alonso-2023/

Mesa 1

https://www.clacso.org/actividad/seminario-internacionalismo-critico-y-luchas-por-la-vida-hacia-la-construccion-de-horizontes-futuros-desde-las-resistencias-y-autonomias-catedra-jorge-alonso-2023-2/

Mesa 2

https://www.clacso.org/actividad/seminario-internacionalismo-critico-y-luchas-por-la-vida-hacia-la-construccion-de-horizontes-futuros-desde-las-resistencias-y-autonomias-catedra-jorge-alonso-2023-3/

Mesa 3

https://www.clacso.org/actividad/seminario-internacionalismo-critico-y-luchas-por-la-vida-hacia-la-construccion-de-horizontes-futuros-desde-las-resistencias-y-autonomias-catedra-jorge-alonso-2023-4/

Mesa 4

https://www.clacso.org/actividad/seminario-internacionalismo-critico-y-luchas-por-la-vida-hacia-la-construccion-de-horizontes-futuros-desde-las-resistencias-y-autonomias-catedra-jorge-alonso-2023-5/

 

 

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Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos

(Español) ¡Ni condenadxs! ¡Ni perseguidxs! Acciones por la libertad (abril-junio). Revocación de la sentencia de medio siglo sobre Miguel Peralta Betanzos

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Medio siglo es lo que el poder estatal de la mano con el poder judicial pretende arrancarle a la vida del compañero Miguel Peralta Betanzos, mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, imponiéndole nuevamente una condena en prisión, al criminalizar su lucha por el respeto a la autodeterminación y en contra del caciquismo que ha abatido a los pueblos originarios de múltiples formas, dominación enraizada históricamente en los partidos políticos, cargos públicos y en el despojo de bienes comunes.

Miguel Peralta está señalado dentro un proceso penal en el que han estado involucradas mujeres y hombres en el contexto de un conflicto sociopolítico en el municipio indígena al que pertenece. En su caso, está acusado por dos delitos que le fueron fabricados, por los cuales recibió una primera sentencia de 50 años, siendo preso por casi cinco años hasta octubre del 2019, fecha en que tras un engorroso y dilatado proceso se logró su libertad, al quedar demostrado jurídicamente que no existe una sola prueba para inculparlo. Misma situación por la que desde hace ocho años, cuatro meses, aún se encuentran presos sin sentencia seis compañeros y 14 más perseguidos.

Sin embargo, el 4 de marzo de 2023, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca revocó su sentencia de libertad, girando una orden de reaprehensión e imponiendo nuevamente una sentencia de 50 años. Ante esta condena y persecución política, les llamamos a movilizarse en el marco de “Ni Perseguidxs, Ni Condenadxs. Acciones por la Libertad”, para exigir que el amparo interpuesto por Los Otros Abogadoz (defensa solidaria de Miguel), sea resuelto firmemente por la magistrada Elizabeth Franco Cervantes, con una sentencia de libertad apegada al término jurídico, es decir en el mes de junio.

Algunas propuestas para expresar su solidaridad desde sus geografías, espacios y formas son: sumarse con cartas dirigidas a la magistrada encargada de resolver el amparo; manifestaciones en las embajadas o representaciones de México; colocación de mantas; foros para difundir la condición jurídica; acciones político-culturales; videos o fotos; gráfica; y todas las acciones que ustedes consideren para exigir su libertad firme y un alto a la continua persecución que Miguel Peralta vive por parte de la familia caciquil partidista de Eloxochitlán en contubernio con el partido político en el poder estatal y federal.

Les pedimos que nos compartan sus acciones en el siguiente correo: yalibreselox@riseup.net Al FB: Libres Ya // Twitter: @ya_libres_elox

¡Los años de condena reflejan la saña con la que se persigue a quienes luchan, pero también nos llenan de rabia y coraje para no desistir! ¡Alto a la persecución política! ¡Abajo los muros de todo tipo de prisiones! ¡Presxs A la calle! Les queremos en las calles! #Libres Ya Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos.

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Avispa Midia

(Español) Existe un patrón de criminalización contra defensores indígenas en Chiapas: organizaciones internacionales

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Fuente: Avispa Midia

En Chiapas, existe un patrón de criminalización contra personas defensoras indígenas involucradas en procesos de defensa de sus territorios, del ambiente, la autonomía y la libre determinación de sus comunidades.

Así lo identifican organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes durante los últimos días de marzo visitaron el estado, al sur de México, para documentar la situación de riesgo y violencia que viven defensores, organizaciones y comunidades indígenas.

“Este patrón se evidencia en el creciente número de casos en la fabricación de crímenes y en violaciones al debido proceso con un fuerte impacto en la organización comunitaria y en la lucha por los derechos colectivos”, sostienen las organizaciones Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders (FLD).

Las organizaciones resaltan el uso del sistema penal en contra de las personas defensoras y comunidades que se han opuesto a la militarización de sus territorios. Es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc; de César Hernández y José Luis Gutiérrez del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón (quienes están a la espera de la próxima audiencia el 24 de abril), de Cristóbal Santiz de Aldama y en el caso de las recientes investigaciones en contra de personas defensoras en la comunidad de Taniperla en Ocosingo.

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También señalan el alto riesgo que representa, para las y los defensores, los conflictos agrarios y territoriales no atendidos por las autoridades que continúan perpetuando la descomposición del tejido social de las comunidades. “Esto se ha visto agravado con la situación actual de despojo de tierras en el contexto de militarización de la región y por la disputa por el control territorial y la imposición de las actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado”, señalan mediante comunicado conjunto.

Además, enfatizan que, a pesar de que las personas defensoras han denunciado graves amenazas y ataques debido a su labor, la omisión de los diferentes niveles de gobierno ha propiciado la escalada de agresiones y el aumento en la violencia. Este es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez, expresidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal; así como la violencia que derivó en el desplazamiento de 25 personas de la comunidad de Nueva Palestina en Ocosingo.

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De acuerdo a las organizaciones, lo anterior sucede en un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha empeorado una compleja situación heredada del contexto del paramilitarismo de los años 90 y la continua impunidad conectada a dicho fenómeno.

Las organizaciones recopilaron testimonios que evidencian la vinculación entre autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, lo que genera condiciones favorables para que prevalezca la impunidad.

“A esta crisis se suma lo que identificamos como un patrón en el retraso y postergación de las audiencias de casos vinculados a personas defensoras de derechos humanos, tanto de procesos de búsqueda de justicia, como es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, o en el proceso de criminalización de personas defensoras, como es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc”.

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Por último, señalan su preocupación ante el contexto de estigmatización y campañas de desprestigio contra la labor de defensa de derechos humanos de las personas defensoras indígenas, situación que aumenta el riesgo de violencia dado que las instituciones del gobierno estatal no reconocen su trabajo. “Esto es particularmente evidente en la sentencia dictada el 31 de marzo sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, en donde nunca fue incorporada a la investigación ni en la resolución su labor de defensa de derechos humanos como parte del móvil del homicidio”, indican las organizaciones.

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Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú

(Español) Perú | Pronunciamiento sobre el asesinato del líder Asháninka Santiago Contoricón

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PRONUNCIMIENTO

Los Grupos de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y de Protección a Personas Defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se unen a las condolencias por el asesinato del lider indígena Santiago Contoricón , quien en vida fue un acérrimo defensor de su territorio y ambiente, tomando una posición activa a través de su paso como dirigente del Comité de Defensa del Río Tambo, alcalde de Río Tambo y años más tarde, consejero regional por la provincia de Satipo.

Al respecto, advertimos que pese a las alertas realizadas por la sociedad civil hacia diversas entidades del Estado (Interior, Justicia y Cultura) sobre el crecimiento de actividades ilegales en Puerto Ocopa, estas escalaron a un nivel incontrolable estructuralmente, posibilitando el atentado contra integridad física y vida del dirigente asháninka. Además, actualmente sigue existiendo una latente vulnerabilidad de líderes y lideresas indígenas, los cuales, luchan por salvaguardar sus territorios ancestrales ante el narcotráfico, terrorismo, presiones territoriales y cultivo ilícito de hoja de coca.

En ese sentido, invocamos al Estado a escuchar lo indicado por la Central Asháninka del Río Tambo – CART, que, mediante su pronunciamiento del domingo 9 de abril y respaldando la labor social de Santiago Contoricón, ha informado a la opinión pública que esperan: (i) contar con explicaciones del gobierno nacional sobre la total desidia hacia el Puerto Ocopa; (ii) retiro inmediato de los oficiales de la base de la Marina de Guerra, ya que no ha podido brindar seguridad y tranquilidad; (iii) limitación al tránsito por el río Tambo hasta que las autoridades puedan atrapar a los asesinos; y, (iv) conocer el avance de la Fiscalía de la Nación sobre la investigación preliminar del caso.

Frente a lo expuesto, nos sumamos al llamado del movimiento indígena por que se dé inmediatamente un proceso de investigación transparente, se capture a los culpables, se desmilitarice la zona y que el Estado, invierta en el crecimiento económico de las comunidades de la zona.

Lamentablemente, el asesinato de Santiago Contoricón se suma a una larga lista de defensores y defensoras asesinados en los últimos años, que han significado que Perú se convierta en unos de los diez países más peligrosos en el mundo para la defensa del ambiente y el territorio. Por ello, exigimos una efectiva implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, con la debida dotación de recursos para garantizar los derechos de defensores y defensoras, y con participación real de todos los sectores que lo incluyen. Demandamos la aprobación de los «Lineamientos de Actuación para la implementación de medidas de protección» a cargo del Ministerio del Interior y tomar medidas desde el más alto nivel para asegurar la protección de defensores indígenas en nuestro país.

En señal de adhesión, firmamos las siguientes organizaciones:

  1. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
  2. Fundación Ecumenica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
  3. IDLADS Perú
  4. OXFAM
  5. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  6. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
  7. Red Muqui
  8. Paz y Esperanza
  9. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
  10. GRUFIDES
  11. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  12. Asociación Servicios Educativos Rurales, SER,)
  13. Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)
  14. Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
  15. PROÉTICA
  16. Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
  17. Instituto del Bien Común (IBC)
  18. Instituto de Defensa Legal (IDL)
  19. Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático (GIMCC)
  20. Cooperacción- Campaña Nacional Permanente Defensores y Defensoras

 

 

 

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOGEZ)

(Español) CIPOG-EZ denuncia falsas acusaciones

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Comunidad De Alcozacan, Municipio de
Chilapa de Álvarez a 13 de abril 2023
ASUNTO: falsas acusaciones del obispo
emérito, amigo del narco.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A los Pueblos del Mundo que resisten la hidra capitalista

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios

Originarios que nunca fueron conquistados

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A quienes firmaron la Declaración por la Vida

A los medios libres, independientes, alternativos o como se
llamen…

A los medios de Comunicación y

Al pueblo en general

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) es objeto nuevamente de ataques y calumnias, nosotros como promotores y Defensores de Derechos Humanos y en coordinación de autoridades comunitarias, comisarios, policías comunitarios de las CRAF-PC-PF y pobladores de las comunidades negamos categóricamente las acusaciones realizadas por el OBISPO EMERITO SALVADOR RANGEL, personaje de escasa calidad moral, que cuenta con una entrañable cercanía a los grupos criminales de Guerrero, y que existen infinidad de declaraciones de su propia voz que así lo demuestran, realiza señalamientos nuevamente contra nuestra organización, por ser quienes hemos puesto alto al grupo criminal de los Ardillos en nuestro territorio, territorio liberado de grupos criminales, nuevamente abre la boca para injuriar en contra de nosotros, acusándonos de los supuestos asesinatos de un ex director y un oficial
municipal de tránsito.

Es de dominio publico la forma en que se conduce este personaje quien pacta con el mejor postor y se exalta de ser amigo de lideres y jefes de plazas en la entidad, todo esto con la seguridad de no ser investigado por las autoridades que debieran de fincarle responsabilidades por todas y cada una de sus declaraciones de propia voz a los medios de comunicación, que en cada una señala actos constitutivos de delitos, con la seguridad de sentirse intocable por ser un representante, un mal representante, de la iglesia católica en la entidad, que actúa de manera contraria a los principios de a quien dice venerar.

Por lo cual exigimos alas autoridades competentes que finquen responsabilidades sobre esta persona que descaradamente manifiesta pactar con los grupos de la delincuencia organizada, que negocia las plazas para no perder ingresos.

En cuanto a las acusaciones realizadas le exigimos al OBISPO EMERITO SALVADOR RANGEL, que, si tiene pruebas para acreditar sus dichos, las presente en la instancia correspondiente, demostrado que, al no tener pruebas acredita que solo hace señalamientos sin tener la certeza y difamando, o dos, si las tiene y no la hace publicas es cómplice de asesinato de personas.

Nosotros nos deslindamos de los asesinatos que ha señalado, en primer término, nosotros no tenemos control ni podemos entrar a la Ciudad de Chilapa de Álvarez, cabecera del municipio del mismo nombre, que es un bastión del grupo paramilitar “los Ardillos” quienes tienen controles de acceso en la ciudad, cuyos lideres son amigos del mismo obispo emérito, lugar donde ocurrieron dichos asesinatos, y que dichos crímenes, tratan de achacarnos debido a las denuncias públicas que realizamos, mismos crímenes que obedece a la finalidad de no dejar cabos sueltos, sobre la función de Halcones que realiza la policía municipal de Chilapa para “los Ardillos”, desconocemos si este supuesto asesinato de policías de tránsito corresponde al mismo policía de tránsito que fungió como “halcón” y quien diera aviso al sicario que asesino a nuestros compañeros los promotores de Derechos Humanos, cabe aclarar que no fungían como policías comunitarios, eran promotores de Derechos Humanos, GUILLERMO HILARIO MORALES quien contaba con medidas por acciones urgentes del COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA (CED, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), ADAN LINARES SILVERIO (Beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a cargo de la Secretaria de Gobernación, en la cual sus Medidas de protección fueron modificadas y disminuidas por el Mecanismo; nunca se les notifico de dicha revisión de medidas y omitieron generar la evaluación de riesgo y MOISES CUAPIPISTENCO este último compañero que capto la imágenes que lograron evidenciar el actuar de la policía municipal de transito al servicio de los “Ardillos».

Cabe aclarar que nosotros nos regimos por los siete principios del zapatismo, para construir un mundo donde quepan todos los mundos, en ese tenor de ideas nosotros buscamos justicia, no venganza.

¡NO NOS RENDIMOS!

¡NO NOS VENDEMOS!

¡NO CLAUDICAMOS!

¡VIVAN LAS COMUNIDADES QUE SE ORGANIZAN!

¡NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

ATENTAMENTE
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOGEZ)

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Latino Rebels

The Fight of the Maya Against the Mayan Train in Mexico

By Diego Estebanez García

MADRID — It has often been referred to as a “Pharaonic project” and, indeed, the Mayan Train being laid through Mexico’s Yucatán Peninsula can be compared to the works of the pharaohs of ancient Egypt.

The Mayan Train is an infrastructure plan that spans 965 miles, crosses five Mexican States and 41 municipalities, and has seven sections. When all is said and done it is estimated to cost around 230 billion Mexican pesos, or $12.7 billion.

The Mayan Train is President Andrés Manuel López Obrador’s (known as “AMLO”) greatest infrastructure bet. His government claims that the project has brought already more than 100,000 jobs and that will spark development in a historically forgotten region of Mexico through tourism attraction.

AMLO has made it his priority that the train be finished by the end of 2023, so much so that he increased its budget by almost 116 percent this year. It will now cost 146 billion pesos ($8 billion) to finish the works that, at this moment, are almost 44 percent completed according to the Secretariat of Tourism.

Nonetheless, the project that started in 2018 has sparked controversy and anger from diverse groups, including environmentalists, biologists and academics, and even from civil society. But one of the most ignored groups in this fight against the megaproject, which is only one part of AMLO’s grander National Development Plan, is the Maya people who called the Yucatán their home for more than a thousand years.

“It is not a train, nor is it Mayan,” says Ángel Sulub, a Maya activist and member of the Congreso Nacional Indígena, a national movement of Indigenous peoples from all over Mexico. The group was founded in 1996 after the Zapatista uprising in the southern state of Chiapas two years earlier.

Sulub is in Madrid on a mid-March afternoon giving a conference about the risk and dangers posed by the train project not only to the environment or local archeological sites, but to the Maya people themselves and their way of life.

“It is a megaproject that articulates many other extractive projects that are already on the peninsula,” he explains.

Ángel Sulub, a Maya activist and member of the Congreso Nacional Indígena, during a recent conference on the many concerns, both environmental and human, surrounding Mexico’s Mayan Train project, Madrid, Spain, Thursday, March 16, 2023 (Diego Estebanez García/Latino Rebels)

While showing a presentation that details the history of the Mayan people’s fight throughout the decades, Sulub also recites how the development initiatives have been put in place since the 1970s, when Cancún and Playa del Carmen went from small fishing towns to the big tourist draws they are today.

“In this context of 53 years of policies that aim towards hypertourism, traditional practices of towns such as the Milpa Maya have been dismantled,” he says.

And not only have traditional practices been affected. Massive tourism has brought large-scale destruction to the Maya world for decades.

“There’s agro-industry, which has devastated a large part of the jungle and has terribly contaminated the water and soil, with the use of agrochemicals that are present in the water, even in mother’s breast milk and in the urine of children, according to the latest studies that have been carried out. Especially with Monsanto’s glyphosate,” Sulub explains.

The Maya people’s movement fears that this will only aggravate the situation. Damages to the environment in the Riviera Maya area have been extensively documented, especially due to the recent construction of the Mayan Train. Officially, the government says that 3.4 million trees have been cut down to build the train’s railways, although conservationist groups say the real estimate could be around 10 million—all this despite the president’s promises that no tree would be affected.

“There is an incredible output of wood, especially what is being sawed from the construction. We see remains of giant mahogany trees, and we don’t know what is being done with it. We see mahogany trees, sapodilla trees, ceiba trees, and granadillo trees, which are very valuable and expensive in the market and, indeed, no one knows what is happening,” says Sulub.

Government officials have explained in the past that not all the trees have actually been taken down. Some have been moved to other locations, and they say as well that for every tree felled, one would be planted. They also claim that the wood is being used as organic fertilizer.

A Referendum in Doubt

In December 2019 a referendum was held by the Mexican government to consult with Indigenous peoples about the construction and development of the project. Around 10,000 people were said to have participated, from around a thousand Indigenous communities.

The result was overwhelming approval by more than 90 percent, although the voting was criticized by opposition groups and even called out by the U.N. high commissioner for human rights. Sulub says there wasn’t a true information campaign about the negative impacts the project would have, and there were claims about a lack of participation among Indigenous groups.

Sulub says that, in reality, even though the Mayan Train enjoys strong support among Mexicans living inside the five states involved, a large section of the Maya people are against it or express concerns about the long-term negative consequences the train will have.

“We cannot certainly say how many people are against this project. The majority of the population inside the Yucatán Peninsula is in favor of it, but that approval has to be analyzed with its complexity. Those people who are mostly in favor, the only thing they know is that they need work. The argument of jobs has been very powerful because there is so much impoverishment in the area,” explains Sulub.

One of the main arguments made by the Indigenous movement against the “neoliberal” development model, which has been implemented throughout the region, is that the only jobs offered to the Maya people are those of servitude.

For the Maya people themselves it means becoming, once again, the drudges of a powerful tourism industry that takes advantage of and exploits labor through undignified pay, a lack of social security, and depressing housing conditions marked many times by subhuman overcrowding. They migrate from their communities to the cities and face a reality for which we are not prepared: insecurity, crime, human trafficking,” Sulub says.

He adds that the immediate negative impacts of the works, as well as the drug and violence-related issues surrounding Quintana Roo’s big cities, are a major concern for the Maya living in the south of the peninsula, who fear that such miseries will spread to their areas.

“There is a fear of an out-front debate surrounding these issues, such as the environmental impacts or violence. Because when we go to the communities, we talk with the elderly about the devastation of the jungle, they say to us: ‘We don’t want that.’ And we talk to the mothers of families and they say: ‘I don’t want my daughters to experience what is experienced in Cancún,’ referring to the wave of drug violence and femicides. But there are no protests or direct critics,” Sulub complains.

Militarization and Intimidation

This widespread fear among the Maya people may stem from a change in the security strategy that AMLO has implemented across the country. The Secretariat of National Defense (SEDENA, in Spanish) has been empowered in recent years, spanning from the administration and construction of Mexico City’s newest airport, Felipe Ángeles International, to the newly formed National Guard and the country’s overall strategy to combat drug cartels.

While at the beginning the Mexican army was only providing security for the project, over time the military has gained greater and greater control over it—even becoming the builders for the upcoming sixth and seventh sections of the railway and part of the fifth, after the company Grupo México left the project last year due to the government’s tight schedule. Now the army is set to become the Mayan Train’s overall administrator and operator once it starts running. The secretary of tourism announced that revenues from the train will go directly to the soldiers’ pension fund.

“It is a continuation of the militarization that suppresses the dissent from the Indigenous communities, that started with the Zapatista Movement in 1994 and that arrives today in the form of this train,” says Sulub, who also argues that intimidation against fellow activists has intensified during the current administration.

He and other Maya also feel let down by the judicial system in their fight against this project. Though more than 30 judicial appeals have been filed against the continuation and development of the works from environmental groups such as Selvame del Tren, because of a lack of environmental studies or permits for land use changes, among other things, the government has found ways to continue with the project.

The last judicial decision was a total suspension of the construction of the fifth sector of the railway due to a missing permit. Nevertheless, for the Maya activists, the damage was done.

One of the government’s strategies is to promote the community work being done alongside the Mayan Train project.

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