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DENUNCIA DE HECHOS ACERCA DE AMENAZAS RECIBIDAS VIA TELEFÓNICA A LAS CC. ISABEL ROSALES JUAREZ Y MIRIAM ALTAMIRANO CARMONA, INTEGRANTES DE LA ASOCIACION CIVIL “TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO” EL DIA 28 DE MAYO DEL 2018
Chilpancingo, Guerrero, a 4 de junio del 2018
A QUIEN CORRESPONDA
Hacemos de su conocimiento lo siguiente, para de acuerdo a nuestro derecho se proceda conforme a lo que corresponda. El pasado día 28 de mayo del año en curso, siendo las 3:10 de la tarde recibimos una llamada al teléfono celular de nuestra asociación denominada Taller de Desarrollo Comunitario Asociación Civil (Tadeco), de una persona del sexo masculino, quien se identificó como Simon Singgler (SIC), del número 7551095939, solicitando hablar con la Lic. Isabel Rosales “dirigente del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero” (SIC), lo cual no nos pareció extraño pues el 23 de mayo anterior se había comunicado esta misma persona al teléfono de nuestras oficinas el 7474722277 diciendo que “era de gobernación” y que quería tratar asuntos sobre anteriores gestiones del comité, (unas computadoras y nuevos formatos de la CEAV Estatal), dejando en ese momento como contacto el número de celular 7474988438, lo cual relacionamos nosotros con solicitudes que se hicieron al Gobierno del Estado el año pasado y la compañera Isabel había acudido a esas reuniones, por lo que nos parecio dentro de lo “normal”. Al contestar la compañera Isabel, dicha persona le comentó que se encontraba buscándola desde hace días, que la habían ido a buscar y que le había dejado recado con Miriam (Altamirano Carmona) en la oficina y que quería saber cuál había sido el motivo por el que ella no se había podido comunicar. La compañera le contestó que debido al trabajo no se encontraba en Chilpancingo y se le había dificultado, entonces fue que esta persona le dijo ya en otro tono que “una persona de su círculo cercano le quería hacer daño y que le había entregado información confidencial de ella y de su familia y compañeros”, pero que “ellos” (SIC) no querían hacer daño y que le llamaban para llegar a un acuerdo, que formaban parte del grupo de “los Rojos” y que “operaban en la Región de la Montaña Baja y Centro del Estado” y quería saber “cómo querían que la trataran bien o mal, como amiga o enemiga”. Posteriormente esta persona le dijo que le pasaría vía telefónica a su jefe el “Sr. Zenen” (líder de la organización criminal conocida como “Los Rojos”), el cual comenzó diciendo que “él sabía que la compañera representaba a un grupo de personas desaparecidas y que no querían que ella se uniera a este grupo (de desaparecidos) con su propia familia, que sabían dónde se encontraba y que le hacían de su conocimiento que hasta el momento ella no era su enemiga y que sus enemigos se encontraban dentro de su círculo social, le comentó que él era consciente de la sociedad que ella representaba y que era respetable, que no podían hacer absolutamente nada (las familias), que solo llevan su registro (de las víctimas), se quejan con el gobierno de que están coludidos con ellos hasta el tope, que las autoridades dejaron la seguridad en sus manos, que a través del obispo Rangel se le han hecho peticiones para que dejen tanta ola de violencia y secuestros y homicidios. Continuó diciendo que si ellos lo hacen es porque se meten con ellos o porque no hacen caso de los llamados que ellos hacen, también le comentó que grabara la conversación para que cuando matara a alguien cercano a ella, tuviera a quien responsabilizar y decir que Zenen Nava “el Chaparro” le había hecho un llamado que no hizo caso. Después de eso la compañera Isabel se negó a continuar la conversación y colgó el teléfono, sin embargo estas personas volvieron a llamar al celular y al no obtener respuesta se comunicaron al teléfono de la oficina, donde contestó la compañera Miriam, ahí le volvieron a repetir lo mismo y le comentaron que sabían que la compañera Isabel no se encontraba ahí pero que irían a dejar documentos a la oficina, que tenían fotografías de nuestra oficina y de las personas que entraban y salían para demostrar que nos tienen ubicados y después de esto la compañera Miriam también colgó el teléfono. (/Anexamos audio completo). Como antecedentes que pudieran está relacionados, hacemos constar que en días previos, tanto las CC Miriam Altamirano Carmona e Isabel Rosales Juárez, así como el C. Francisco Javier Monroy Hernández, hemos recibido diferentes llamadas extrañas de teléfonos celulares, de los cuales la mayoría están reportados como números de los cuales se han realizado llamadas de extorsión. Estos son 6672606549, 6673143058, 8121170252, 3319291965 y 3324606163. Además hemos sido informados por vecinos de la 6ª. Calle de la colonia del PRI en la ciudad de Chilpancingo, donde se ubica nuestra oficina, que en días recientes han reportado en tres ocasiones la presencia de vehículos con gente extraña, los cuales han sido retirados por cuerpos policiacos. Esto pudiera parecer un intento de extorsión más de las muchas que padecemos los ciudadanos, y que hemos recibido nosotros mismos anteriormente, sin embargo, nos extraña que seamos víctimas nuevamente de hostigamientos como los que hemos denunciado públicamente y en la Procuraduría de Justicia del Estado en 2009 y en la Delegación Estatal de la PGR en 2015, la cual por cierto fue turnada a la Fiscalía del Estado sin que hasta la fecha se nos haya informado de la situación legal que guarda. Nuevamente percibimos la injerencia de personas vinculadas a las autoridades gubernamentales atrás de estas amenazas e intento de extorsión, pues nos preguntamos ¿Cómo sabe la gente que nos llamó que hubo un ofrecimiento de la CEAV Estatal para nuestro Comité pendiente de resolver?, ¿Por qué nos llamaron el día 23 de mayo con ese garlito para obtener información particular de algunos de nosotros como nombres, teléfonos y dirección? ¿Cómo saben que esos teléfonos son los datos que utilizamos de contacto durante las reuniones sostenidas con el Gobierno Estatal el año pasado, en algunas de las cuales estuvo presente incluso el Gobernador Héctor Astudillo?, ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de estas amenazas disfrazadas de extorsión? En éste sentido reiteramos que este hecho de hostigamiento no es el primero que ocurre pues, a partir de que en el año 2007 constituimos el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, se dieron una serie de amenazas para que dejáramos de buscar verdad y justicia para nuestras víctimas. A finales del año 2009 se iniciaron las amenazas y hostigamientos en nuestra contra, lo cual nos llevó a tomar la determinación de interponer una denuncia ante el ministerio público radicada bajo el número DGCAP/1141/2009, de la cual nunca respondieron nuestra solicitud de información sobre la investigación correspondiente, a pesar de haberla solicitado oficialmente en varias ocasiones, hasta que en el año del 2015 y solo por la intervención de la CODEHUM, de manera indolente se nos dio a conocer que la denuncia ya había prescrito, colocándonos así en un estado de indefensión y riesgo que hasta la fecha prevalece. En febrero del 2011 fuimos desalojados con violencia del Módulo de Información, Cultura y, Denuncia que teníamos instalado en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac y de lo cual están las recomendaciones de la 066/2011 de la CODEHUM y la 084/2012 de la CNDH, que hasta la fecha no se han cumplido; en el mes de agosto del mismo año nuevamente fuimos amenazados por supuestos integrantes del crimen organizado que “solicitaban cuota” para poder brindar seguridad a la labor que realizamos como resultado del desalojo y en caso de negarnos se llevarían “al jefe y al personal”. Esta situación de hostigamiento se reactivó en el año 2012 y se mantuvo de manera constante hasta mediados del 2013 cuando fuimos retenidos en una localidad de la Costa Grande y trasladados a una entrevista no deseada con gente extraña y en un lugar apartado, relacionada con nuestras actividades de defensa de los derechos humanos en aquella región. Nuevamente en el año 2014 alertamos de amenazas veladas de represión, cuando a principios de ese año el periódico Milenio, en una tendenciosa nota del periodista Pascal Beltrán del Río, seguramente pagada por el gobierno en turno, difamó al Coordinador de nuestra Asociación, Javier Monroy, de ser “cabeza de una célula guerrillera en Chilpancingo”. Posteriormente en el mes de julio del mismo año de manera extraña fuimos agredidos y asaltados en un raro operativo en la Costa; posteriormente el 28 de noviembre del 2014, amaneció en el parabrisas de nuestro vehículo, un mensaje anónimo escrito en un sucio pedazo de cartón, donde nos advertían que por cada marino, militar o policía que cayera derivado de las movilizaciones por verdad y justicia para ayotzinapa, se acortaría un año de vida del compañero Javier y que además nos tenían vigilados. En marzo del 2016 volvimos a dar cuenta de amenazas realizadas al compañero Javier Monroy, cuando recibimos una llamada al teléfono de nuestra oficina, de una persona del sexo masculino, identificándose como Marcos Torres de la CTM, del número 7471350172, solicitando hablar con el C. Javier Monroy y preguntando si seguía siendo el presidente de nuestra asociación, lo cual no nos pareció extraño pues por la forma en que se dirigió y pregunto por el compañero nos pareció normal. Al contestar el compañero Javier, dicha persona le comentó que se encontraba en el Ayuntamiento y que si la dirección donde nos encontrábamos seguía siendo la misma, porque quería platicar con él para comentarle algunos pormenores del motivo de su llamada y que las siglas de CTM correspondían a los Caballeros Templarios de Michoacán, que traía un encargo y que él sabía cómo se mueve con la gente de su “organización” y quería saber cómo querían que lo trataran si como amigo o enemigo. Derivado de éstas amenazas, por recomendación de la CODEHUM se interpuso una denuncia en la PGR en mayo del 2016 y en agosto del mismo año por “incompetencia” la turnaron a la Fiscalía del Estado de Guerrero para su investigación y sin notificarnos, de lo cual nos enteramos por la intervención de la CEAV federal, sin embargo, hasta el día de hoy no hemos tenido información del estado que guarda dicha investigación y tampoco hemos podido localizar el área a donde fue turnada, aun cuando lo hemos solicitado en diversas ocasiones con el apoyo de la CODEHUM. Por lo anterior solicitamos se de entrada a ésta denuncia de hechos, se proceda conforme a derecho para conocer el origen, los motivos y se proceda contra los responsables, se nos den garantías para realizar nuestro trabajo como promotores sociales y defensores de derechos humanos y en su caso la protección necesaria para preservar nuestra integridad física y moral.
