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Foro: Ley de Seguridad Interior:
Miércoles 4 de julio, 6 de la tarde Ciudad de México
La cita es en Dr. Carmona y Valle 32, Colonia Doctores
CONVOCA:
RACIG MCREDMYC ZAPATISTA
Red Contra la Represión y por la Solidaridad
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Ciudad de México, 29 de julio del 2018.- El día de ayer decenas de organizaciones sociales se concentraron frente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) luego de que el presidente Enrique Peña Nieto firmara algunos decretos que eliminan las vedas de 300 cuencas hidrológicas en el país que representan mas de la mitad del agua total en la nación aproximadamente un 55%, este cambio de nomenclatura significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua de estas cuencas, ahora se podrá “aprovechar” algunas zonas de reserva de aguas para los usos domésticos, publico, urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”
Durante varias horas varios ponentes expresaron su preocupación por dichos decretos y llamaron a resistir en las calles, escuelas y desde lo jurídico dichos decretos; la organización agua para todos agua para la vida invito a firmar para echar atras los decretos e impulsar una ley general de aguas que busca el respeto, la inclusión sobre todo de los pueblos originarios para el verdadero aprovechamiento y conservación de los mantos acuíferos, ríos y zonas lacustres para los ciudadanos y no para la industria. Al mismo tiempo en decenas de estados se concentraron en las representaciones de CONAGUA dichas organizaciones que exigieron echar abajo los decretos firmados.
Compartimos el análisis preliminar de Agua para todos agua para la vida:
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Por TodosconelCNI
Compartimos este audio de una entrevista que realizamos para que pueda difundirse esta situación, quizá pueden hacer nota a partir de esto o si quieren ir a visitar a los compas otomís para saber más sobre lo que sucede, o como vean pertinente para que sea una nota o exracto de audio o algo que sirva para ayudar a su lucha y al respeto de sus derechos.
Este audio muestra primero la historia de las familias otomíes de varios predios de la colonia Roma en la ciudad de México y su situación, y explica lo que implica el intento por parte de la SEP y la escuela Primaria Alberto Correa de cerrar el turno vespertino que da clases a los niños, que de por sí es discriminatorio y desigual con respecto al trato que reciben los niños del turno matutino y ahora quieren eliminar su espacio en la tarde. También expone la participación de una Asociación Civil llamada Centro Colibrí en esta problemática. Nos parece muy importante este caso porque ilustra lo que viven muchos niños y familias de pueblos originarios en la Ciudad de México y lo que está sucediendo con la educación pública del país.
El cierre de este turno viola el derecho fundamental que tienen los niños y niñas de este país de acceder a la educación pública y gratuita y se violan los derechos de los pueblos indígenas. Derechos consagrados no sólo en nuestra Carta Magna, sino en distintas Leyes y Convenios a nivel local e internacional.
También es importante denunciar las condiciones de extrema vulnerabilidad que viven estos niños, niñas y sus familias al habitar predios que se dañaron en el pasado terremoto del 19 de septiembre. Lo anterior ha ocasionado que los niños, niñas otomís y sus familias tengan que vivir en campamentos afuera de los edificios, sobre la banqueta, y expuestos a toda una serie de peligros y condiciones que incrementan su condición de riesgo.
Es justo que se mantenga el turno vespertino de la escuela pública primaria Alberto Correa, así como la correcta implementación del programa intercultural Bilingüe que desde 2003 fue decretado en esta misma escuela. Asimismo, que los maestros hablen la lengua materna de esta comunidad y se den las condiciones necesarias para que los niños y niñas tengan acceso real a una educación libre de discriminación y óptima para su desarrollo intelectual y cultural. También es indispensable que las instancias correspondientes de apoyo a la vivienda, resuelvan de forma definitiva, el proceso legal que estas familias indígenas han interpuesto para acceder a una vivienda digna, legítima y libre de peligros y se reparen sus casas para que puedan dejar de vivir en campamentos en la calle.
Algunos de los derechos fundamentales:
– Derecho a una Educación pública, gratuita y de calidad.
· Artículo 28 Convención Derechos del Niño
· Artículo 57, capítulo 11 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
– Derecho a una Educación que respete, desarrolle y preserve su cultura.
· Artículo 30 Convención sobre los derechos del Niño
· Convenio 169 de la OIT.
– Derecho a una vida digna.
· Artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
– Derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo.
· Principio rector del artículo 6to de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
– Derecho a la No Discriminación
· Artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño
· Artículo 40, capítulo 6to de la Ley de Niños, niñas y adolescentes
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Deber ineludible del nuevo gobierno: esclarecer los hechos de Ayotzinapa.- Familiares de los 43
Ciudad de México, 28 de Junio del 2018.- A 45 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero; Familiares, estudiantes, organizaciones sociales y personas de buen corazón se reunieron en el Ángel de la Independencia para recordar y exigir como cada mes que se cumplan con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en particular las siguientes que resultan fundamentales para poder llegar a la verdad:
1.-Una investigación seria, pronta y legitima que incluya al ejercito mexicano, 2.- Detención inmediata de elementos de la policía federal y municipal de Huitzuco que participaron en la desaparición forzada de los compañeros llevándolos a dicho municipio la madrugada del 26 de septiembre, 3.- Presentación de resultados de los análisis de telefonía celular de 300 a 500 teléfonos que no han sido analizados y no se conoce los contenidos de esos teléfonos de la madrugada del 26 de septiembre y 4. -El trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil del crimen y acatar la creación de la comisión de la verdad.
Hacia una comisión de la verdad
En días pasados la Procuraduría General de la República se declaro incompetente para acatar la creación de una comisión de la verdad, pues “no comparte el criterio de los magistrados ya que, desde su perspectiva, la resolución emitida “desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.
Durante el mitin reconocieron el acierto de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas quien ordenó la creación de la Comisión que busca reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial ademas resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”. Ordenaron también reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.
Debido a las “graves violaciones a los derechos humanos” a los coacusados, como: tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala). El tribunal destaco que la comisión “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Además podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Los magistrados basan su decisión en la necesidad de hacer valer “el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos”. (Animal Político, 2018)
Durante una tarde lluviosa el contingente encabezado en su mayoría por las madres de los normalistas desaparecidos avanzó como cada 26, en su mes 45 en un comunicado que se leyó frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocieron la labor de los jueces y ofrecieron el apoyo de las madres y padres de los 43, de igual manera reconocieron su valentía al apegarse a la constitución y a lo mas altos estándares internacionales de derechos humanos en un gobierno autoritario y al enfrentarse al aparato de estado con su resolución, informaron que la PGR ha tramitado amparos contra estas decisiones.
“El comité de Madres y Padres exigió a la SCJN apegarse a derecho y que no se dejen presionar por el gobierno federal, pero sobre todo llamaron a los magistrados a “que se apeguen a los principios de imparcialidad e independencia del poder judicial”, de igual manera pidieron no darle la espalda como lo han hecho los otros poderes.
Para el esclarecimiento de los terribles hechos apuntaron “es necesario la creación de la comisión, llamaron al nuevo gobierno que resulte electo este primero de Julio a que cumpla con su deber ineludible de impulsar dicha comisión de investigación así como dar con el paradero de los 43 para aclarar los hechos del 26 de Septiembre”, y a estar al tanto de las convocatorias para las actividades de los cuatro años así como a seguir acompañando a las madres y padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.”
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Intento de privatización del agua en México
GeoComunes: geografía colaborativa en defensa de los bienes comunes
Los diez decretos de reservas de agua de 2018, se basan en una nueva regionalización hidrológica del país decretada en 2016, que reconoce 757 cuencas hidrológicas comprendidas por 37 regiones hidrológicas, frente a las 731 cuencas reconocidas entre 2010 y 2013.
Estos decretos suprimen 30 vedas decretadas sobre 99 cuencas hidrológicas entre 1931 y 1954 (además de una veda de 2012 sobre la Presa La Concordia) pertenecientes a diez regiones hidrológicas, y establecen zonas de reservas de aguas nacionales superficiales sobre 194 cuencas.
Un estudio detallado de estos decretos requiere el análisis por cuenca del volumen de agua considerado como reserva (flujo mínimo ecológico) y el volumen de agua destinado para aprovechamientos y concesiones.
Por lo pronto, este mapa muestra las diez regiones hidrológicas comprendidas por los decretos y las 194 cuencas sobre las que se establecieron las zonas de reservas de agua, en relación con actividades extractivas y productivas y las áreas de influencia de las Zonas Económicas Especiales.
Análisis de Dr. Rodrigo Gutiérrez, IIJ-UNAM:
Análisis sobre los decretos de reserva de agua. Rodrigo Gutiérrez
El 5 de junio de 2018 el presidente de la República firmó 10 decretos con los que se modificó el régimen de veda de 289 cuencas hidrológicas del país. Lo que presentamos es un análisis de la situación jurídica de dichos decretos, así como de algunas posibles consecuencias derivadas de los mismos que han generado preocupación entre la sociedad civil y la academia.
Conviene comenzar señalando que en el país existían miles de millones de metros cúbicos de agua en las 289 cuencas a debate que, antes de que se firmaran los decretos, se encontraban bajo el régimen de veda. Ello implicaba que no podían ser utilizados ni aprovechados por ningún actor en tanto que dicho régimen impedía a la Conagua otorgar concesiones. Por lo tanto, toda esa agua quedaba intocada y era para uso exclusivo de la naturaleza. Las vedas son instrumentos jurídicos que buscan evitar que las actividades humanas afecten bienes comunes que tienen problemas de escasez o sobreexplotación.
Los decretos de la Conagua cambiaron ese régimen restrictivo del agua por uno más laxo, denominado régimen de reserva que, con fundamento en el artículo 41 de la Ley de Aguas Nacionales, permite concesionar y asignar el agua para tres usos distintos: a) uso doméstico o público urbano; b) generación de energía eléctrica para servicio público; c) garantizar flujos mínimos para la protección ecológica.
Los decretos en cuestión fueron firmados el “Día Mundial del Medio Ambiente” y publicitados por parte del gobierno como una medida para garantizarle en el futuro agua a la naturaleza. Ello no deja de ser paradójico si se toma en cuenta que la veda es el instrumento que protege con mayor rotundidad los flujos del líquido para el medio ambiente. También es verdad que otro porcentaje mucho menor del agua se reservó para uso público urbano, bajo el argumento de que la población crecerá en el futuro y requerirá acudir a estos cuerpos de agua. Esto último generó las primeras preocupaciones debido a que bajo el rubro de uso público urbano se podría otorgar agua a actores privados que desarrollan sus actividades en las ciudades.
Sin embargo, lo que más preocupó a la ciudadanía es que el volumen de agua decretado bajo el régimen de reserva es menor que el volumen total liberado. En otras palabras, los decretos liberaron más agua de la que se reservó. Ello significa que un porcentaje del agua liberado de la veda entra en el régimen ordinario de concesiones y, por lo tanto, la Conagua puede entregar enormes volúmenes del líquido a actores privados que lo soliciten.
Por esta razón es que la palabra “privatización” apareció en el debate público. Y si bien es cierto que el decreto en sí mismo no privatiza al agua, sí permite que la Conagua lo entregue a privados que hacen negocio directa o indirectamente con el líquido.
La suspicacia y preocupación que ha manifestado la comunidad académica y la sociedad civil encuentra parte de su explicación en el hecho de que la Conagua es el órgano administrativo que concentra, sin contrapesos ni participación, la mayor capacidad de decisión sobre toda el agua en el territorio nacional. Se trata de una institución altamente centralizada que por ello ha sido fuertemente cuestionada (Sánchez Meza, 2010), incluso por la Auditoría Superior de la Federación que ha subrayado el deficiente funcionamiento de los Consejos de Cuenca que son los únicos espacios formales de participación.
Además de ello, la Ley de Aguas Nacionales reconoce al agua como un bien de seguridad nacional, por lo que toda la información relativa a ella puede ser reservada (como de hecho ocurre).
Ambos elementos dan como resultado una estructura de gestión centralizada y sin transparencia del agua a nivel nacional, lo que es un terreno fértil para la corrupción. Esto último ha sido denunciado desde múltiples espacios, subrayando el otorgamiento privilegiado de concesiones de agua a industrias, embotelladoras, mineras, inmobiliarias y otros grandes usuarios, poniendo en riesgo el derecho humano al agua.
La suspicacia aumenta si se toma en cuenta que el actual gobierno, desde el inicio de su gestión, construyó jurídicamente, a través de las reformas estructurales, importantes acuerdos y alianzas con el sector empresarial nacional y transnacional de los hidrocarburos convencionales y no convencionales (fracking), la electricidad y otros. El Pacto por México, a través del cual se lograron las reformas estructurales, es un acuerdo político para seguir abriendo en México los mercados del petróleo, los minerales, el gas, la electricidad; todo ello requiere millones de metros cúbicos de agua para poder fructificar.
En conclusión, si bien es cierto que los decretos en cuestión son legales y en estricto sentido no privatizan el agua, también es cierto que dicha decisión, que afecta a la mitad de las cuencas en el país, se realizó sin contrapesos, sin consulta, bajo un régimen centralizado, de nula transparencia y que además le permiten a la Conagua disponer de millones de metros cúbicos que podría entregar al actor que ella decida.
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Por José Valdemar
Ciudad de México 28 de junio de 2018-A dos meses de la desaparición de la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Unam, familiares, organizaciones civiles de derechos humano y el abogado de la familia, convocaron a una rueda de prensa el día de ayer en el local Café Zapata Vive, en donde dieron a conocer los pormenores sobre el caso de la estudiante.
Mencionaron que a dos meses de la desaparición de Mariela Vanessa, que la Carpeta de investigación solamente esta integrada por los informes escritos de las autoridades y de personas cercanas a la estudiante desaparecida, los cuales no han abonado nada a la posible localización de Mariela Vanessa, dicha investigación se esta llevando a cabo, únicamente, conforme a disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la PGJCDMX, y no así conforme a la Ley de General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida Por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y mucho menos con perspectiva de genero.
El Ministerio Público ha sido omiso en solicitar los vídeos a los sistemas de transporte, tanto metro como metrubus, en donde posiblemente exista la posibilidad en la Mariela Vanessa salga en los vídeos, dentro de sus omisiones el MP no ha recabado información de la línea telefónica de Mariela, sobre todo porque la familia le informo al Ministerio Público en su debido tiempo que el número telefónico de Mariela seguía repicando línea, los familiares mencionaron que esta información, la del teléfono, es de vital importancia para conocer la llamadas hechas y recibidas en el teléfono de Mariela antes y en los momentos posteriores a su desaparición.
Mariela Vanessa Díaz Valverde, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Unam, desapareció el día 27 de abril de este año, en donde según la localización del teléfono indicaron que se encontraba en los alrededores del Cerro de la Estrella, en la Delegación Iztapalapa.
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El dia 24 de Junio en Café Zapata CDMX-MEX se llevo a cabo el Foro y Tianguis de Medios Libres en Memoria de Salvador Olmos, joven libertario y radialista que fue asesinado por el mal gobierno, en el marco de la lucha magisterial y popular en 2016 en Huajuapan, Oaxaca. El foro tuvo como objetivo recordar la trayectoria de nuestro compañero y abrazar la lucha y resistencia de los proyectos que ayudo a construir como la Radio Ñu Dee resultado del trabajo libertario en Ñu Savii la radio magisterial. Y tambien tuvo como objetivo darnos espacios de encuentro y díalogo fraterno entre las y los comunicadores de abajo.
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El pasado 22 de junio de 2018, familiares y compañerxs de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón comunidad indígena mazateca del estado de Oaxaca estuvieron presentes en el plantón en Defensa del Agua, en Avenida Aztecas # 215 de la Ciudad de México, ahí compartieron sus experiencias de resistencia y lucha. Compartieron con los asistentes, reflexiones sobre los efectos que han tenido la evasión de la justicia y la represión por parte de aquellos que concentran el poder en su comunidad y por parte de los representantes de la justicia en el Estado de Oaxaca. Finalmente dieron a conocer la situación jurídica actual de los compañeros encarcelados injustificadamente en diferentes penales del Estado. ¡Xitā’ra titsaya ndā ya kata bitjoni! ¡Presos políticos libertad!
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Video: Carolina Corral
Fotografía y texto: María González
El pasado domingo 10 de junio organizaciones y colectivas feministas así como personas solidarias e indignadas realizaron una jornada de protesta en Tepoztlán, Morelos, debido a que el jueves 7 de junio apareció en su demarcación territorial el cuerpo calcinado de una mujer de 20 años, estudiante de odontología de una universidad privada ubicada en la salida norte de Cuernavaca, quien fue reportada como desaparecida un día antes a través de redes sociales.
El cuerpo de la joven –de quien su madre pidió no publicar el nombre– fue localizado en un paraje de San Juan Tlacotenco, localidad perteneciente al municipio de Tepoztlán. Éste es el tercer feminicidio en lo que va del 2018 en dicho municipio y el número 33 en el estado. Las manifestantes denunciaron que las instituciones públicas y el gobierno morelense han guardado silencio al respecto de la problemática y han sido omisos en cuanto a su responsabilidad de resolver la crisis de violencia que impera en el estado, la cual se ha incrementado en los últimos años a pesar de que, desde mediados de 2015, y bajo presión de la sociedad civil organizada, se activara la Alerta de Violencia de Género (AVG) para ocho municipios de la entidad.
Con una batucada, mantas, cartulinas con mensajes de conscientización e informativos, y una voz colectiva potente, las colectivas y un nutrido contingente marcharon desde la entrada del pueblo hacia el centro, rodearon la cuadra de la plaza principal para llegar a la plaza en donde leyeron dos pronunciamientos (aquí uno) sobre la indignante situación de violencia que se vive en el estado y las exigencias a los responsables de las instituciones que se supone hacen frente a los problemas de seguridad pública. También se cantó a coro una versión feminista de La llorona y se leyó un poema de denuncia y contestatario ante las violencias feminicidas de que somos objeto y testigxs.
Al haber sido en fin de semana, la movilización tomó por sorpresa a vecinxs y turistas que paseaban o comerciaban en la zona y mucha gente aplaudió y grabó con sus celulares la manifestación que expresaba por todo lo alto el gran dolor y la rabia ante la inacción y la impunidad que han sido las respuestas oficiales alrededor de este grave problema social durante los últimos años.
El Frente Feminista de Morelos reporta 135 desapariciones de mujeres en el estado sólo durante el 2018 y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) ha registrado entre los años 2000 y 2017 más de 850 feminicidios en la entidad. Tras casi tres años de haber entregado 15 recomendaciones para prevenir, atender, sancionar, documentar y erradicar la violencia de género, la Comisión acusa una nula rendición de cuentas, que la constante es la revictimización de las mujeres y sus familias, que hay ausencia de justicia, falta de preparación, corrupción, omisión y complicidad de funcionarios públicos, abogados y cuerpos policiacos.
Tras realizar las acciones enlistadas, la manifestación se trasladó a las afueras del Auditorio Ilhuicalli, donde se llavaba a cabo un debate entre candidatxs a la presidencia municipal de Tepoztlán. Mientras afuera continuaban las canciones, la poesía, las pegas de cartulinas, las denuncias y un performance participativo para evocar la presencia de las morelenses asesinadas y desaparecidas a través de los años; adentro, una comisión entregó los pronunciamientos y una carta de exigencia para que lxs candidatxs asumieran públicamente el compromiso de reducir los índices ominosos de las violencias contra las mujeres en sus diferentes formas.
Asimismo, las organizaciones feministas morelenses citaron hoy, jueves 14 de junio, a lxs candidatxs a la gubernatura del estado en la Plaza de Armas de Cuernavaca para que firmaran una carta compromiso con siete puntos para actuar por la vida y la seguridad de las mujeres morelenses. Entre estos puntos destacan el cumplimiento de las medidas emergentes –decretadas anteriormente– para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; que se cumpla lo estipulado en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; que se eleve el presupuesto y la capacitación a las dependencias que hacen frente a la problemática, incluyendo la instrucción a la fiscalía general del estado sobre la revisión e investigación de los expedientes de casos para que entregue avances concretos; así como la realización de mesas de trabajo bimestrales con las organizaciones de la sociedad civil (OSC’s) para dar seguimiento y entregar informes de los avances al respecto. Es decir, que la exigencia a las instituciones, tristemente, sigue siendo que simplemente hagan su trabajo, lo que se supone da razón de su existencia y que, sin embargo, no cumplen, aunque sí gasten el presupuesto público.
A final de cuentas las y los manifestantes se abrazaron y lloraron las pérdidas de más mujeres, unas con otras, reivindicaron la lucha por la verdad y la justicia, también por la alegría; pusieron en acción la memoria colectiva y llamaron a fortalecer los lazos comunitarios para el cuidado mutuo. Ante un estado omiso y feminicida, es imperativo el grito fuerte que sonorice y visibilice los horrores –si no como única acción, claramente una indispensable; y nunca más permitir que prevalezca el silencio. En alto y firme la exigencia y la presión por la justicia, no es una petición, no es un favor que se mendiga. Mientras no haya seguridad para las mujeres, niñxs, hombres y ancianxs en México, seguirán retumbando en las calles de los pueblos y ciudades las voces, los cantos, las memorias de quienes día a día son arrebatadxs por un sistema mortífero; sistema que hay que transformar o derrumbar –según la ideología– para la restitución de condiciones dignas para la vida.
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Habría que ponerse en el lugar del magisterio para poder entender la fuerza de su movimiento y para comprender, y sobre todo valorar, la resistencia de su lucha. Desde las grandes jornadas de movilizaciones en el ya lejano 2013, surgidas frente a la imposición de la llamada “Reforma Educativa”, pasando por el prolongado plantón de 124 días en el 2016 y hasta nuestros días, una larga cadena de historias y batallas ha ido forjando el carácter de la resistencia magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a 38 años de haber nacido en estas tierras del sureste mexicano. La historia, la memoria y la experiencia acumulada en esas casi cuatro décadas han sido, con seguridad, un elemento clave para sostener su resistencia frente a los reiterados, y de diversa naturaleza, ataques de las oligarquías que mueven los hilos del Estado mexicano. Ataques que van desde el desprestigio mediático, la presión económica, la represión policíaca, hasta la infiltración de grupos afines al gobierno al interior del movimiento.
Llegados a este momento histórico del capitalismo, la crisis del valor de este sistema se ha ido expandiendo hacia esos espacios que el capital había dejado relativamente “libres” pero que ahora necesita para valorizarse. Y la educación es uno de esos espacios. Para lograr esa valorización, los intereses económicos de las oligarquías nacionales y extranjeras, de la mano con la clase política nacional, promueven la mercantilización a toda costa de lo que hasta ahora ha permanecido fuera de esa categoría capitalista. La educación y los derechos laborales del magisterio, en tanto bienes comunes -no mercantiles-, son, así, un obstáculo para la acumulación y para librar esos obstáculos se han impuesto las reformas estructurales.
Es, pues, contra esos intereses que amenazan el empleo del maestro, en particular, y a la educación pública, en general, que el magisterio resiste y lucha. Y es también, por esa razón, que la lucha magisterial se agiganta ante nuestra vista porque es el único gremio de la clase trabajadora, a lo largo de la geografía nacional, que de forma organizada y con una estructura consolidada a nivel nacional, ha sido capaz de sostener una lucha contra los tentáculos del capital.
El paro indefinido
El actual paro indefinido de la CNTE vino precedido por marchas y paros nacionales de 24, 48 y 72 horas, en los cuales la Coordinadora salió a las calles en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca para exigir un diálogo con el gobierno. En Chiapas, la Sección 7 mostró una y otra vez la fuerza de su organización con multitudinarias marchas que abarrotaron las principales avenidas de la capital con cientos de miles de trabajadores, estudiantes y organizaciones civiles con la demanda de reinstalar la Mesa Nacional Única de Negociación con la Secretaría de Gobierno (Segob), como principal demanda. Las movilizaciones estatales tuvieron sus réplicas en el corazón político del país donde una comisión negociadora conformada solicitó audiencia en la Segob para reinstalar la mesa de negociación suspendida por el gobierno desde 2016.
Esas movilizaciones fueron, sin embargo, insuficientes, para que la Segob recibiera a la comisión de maestros y, en el colmo del absurdo se negó, incluso, a recibir el pliego petitorio de la Coordinadora. Más allá de lo ofensivo e indignante que esto debe resultar para los maestros, supondría un motivo más para que la indignación fuera generalizada en toda la clase trabajadora puesto que, si una organización de cientos de miles de trabajadores con capacidad de movilización nacional como lo es la CNTE no es atendida después de movilizaciones de carácter nacional, ¿qué se puede esperar para el resto de trabajadores, desorganizados o con organizaciones débiles, que protesten frente a una injusticia? Esta razón tendría que ser un motivo más para mostrar simpatía por el movimiento magisterial.
Una clase política en descomposición
Resulta increíble que esa cerrazón al diálogo y la negociación por parte del gobierno se sostenga en un escenario donde la imagen de la clase política y empresarial del país está más desgastada que nunca. Cabe hacer algunas precisiones:
En la escena electoral, mientras que, por un lado, la división de la derecha se hace patente mediante el intercambio público de acusaciones de delitos graves que desenmascaran lo que tras bambalinas es moneda corriente en el mundo de la clase política, a su vez la izquierda institucional termina por disolver sus fronteras que lo separan de la derecha y se encamina, así desorientada, hacia la silla presidencial. En esta época de crisis generalizada, en la pasarela electoral los políticos del viejo y nuevo régimen se desnudan y sacan a la luz la podredumbre de un sistema político que ya no es sensible a sus formas de más denigrante autohumillación ya que esa sensibilidad se subsume al hambre del poder a toda costa.
