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Avispa Midia

AMLO implementa un “régimen de excepción” para ejecutar megaproyectos

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Por Sare Frabes

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y hasta instancias del gobierno federal se han manifestado en los últimos tres días en contra del acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas a infraestructura a cargo del Gobierno de México, como es el caso del Corredor Transístmico y el Tren Maya. La norma administrativa ya está en vigencia.

“El Acuerdo resulta problemático (…) ya que genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México”, sostienen en un comunicado diversas organizaciones sociales como el Artículo 19 México y Centroamérica,  Centro de Derechos Humanos – Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Ver también: Tren transístmico será una bestia que cruzará miles de toneladas cada 17 minutos

De acuerdo con estos organismos, es inconstitucional que, mediante una norma administrativa, “se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional”. Bajo este sello, el gobierno puede reservar indiscriminadamente las informaciones relacionadas con los proyectos.

La medida “genera una aplicación restrictiva del derecho de acceso a información y la máxima publicidad, pues posibilita que cualquier información pueda ser interpretada arbitrariamente como de seguridad nacional”, sostienen. Sin embargo, la restricción debería “llevarse a cabo sólo bajo un análisis casuístico de los contenidos de cada una de las obras para valorar si dicha clasificación procedería”.

En el acuerdo se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional de permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras en un plazo de cinco días de la solicitud. “Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, dice el acuerdo.

Dicha autorización tendrá una vigencia de 12 meses, tiempo para que se emita la autorización definitiva. Con ello, se eliminan las “obligaciones a las que el Estado Mexicano se ha comprometido y debe cumplir (…) tales como la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada con relación a dichos proyectos”, dicen.

Las organizaciones denuncian que, al establecer como de interés público estos proyectos – es decir, pasan a tener carácter preferente frente a cualquier otro uso del territorio -, el gobierno federal contraviene también el derecho a la tierra y territorio de pueblos indígenas y el derecho a la propiedad de los núcleos agrarios, “pues dicha propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado Mexicano se ha comprometido”.

Reacciones

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) anunció en el mismo día de la publicación del acuerdo que está preparando una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo.

El órgano sostuvo que “exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”.

Las organizaciones que firman el comunicado hacen un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión para que “activen los mecanismos legales que resulten procedentes contra el Acuerdo, para resguardar los preceptos constitucionales”.

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Avispa Midia

(Español) Estudio evidencia que ‘minería verde’ contamina lo mismo que la tradicional

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Por Sare Frabes

La Agencia Internacional de Energía (AIE) calcula que para concretar la transición energética mundial hacia energías consideradas ‘limpias’, prevista en el Acuerdo de París de 2015, será necesario cuadruplicar la extracción de metales y minerales entre 2020 y 2040.

Litio, cobre, grafito, cobalto, níquel y tierras raras son los seis minerales claves para la fabricación de tecnologías eólicas, solar, redes eléctricas y vehículos eléctricos que requieren, por ejemplo, seis veces más metales y minerales que un coche convencional.

Los mecanismos para acelerar la extracción de estos minerales están siendo puestos en marcha especialmente por organismos supranacionales. El Banco Mundial, por ejemplo, lanzó un fondo para promover lo que ha denominado como “minería climáticamente inteligente”, de tal manera que busca “garantizar que los minerales necesarios para la transición a las energías limpias se produzcan y suministren de manera sostenible y responsable”, menciona la institución en un informe.

La inversión inicial prevista por el Banco Mundial es de 50 millones de dólares en un plazo de cinco años. Entre las iniciativas promovidas y financiadas por esta instancia está la prestación de “asistencias a los gobiernos para crear un sólido marco de políticas reglamentarias y de orden legal que promueva la minería climáticamente inteligente y que genere un entorno propicio para el capital privado”, sostiene el organismo.

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Pero, como sostienen empresas mineras, Estados y organismos de financiamiento, ¿los impactos sociales y ambientales de la minería climáticamente inteligente o minería verde, como también es llamada, son menores cuando son comparados a la minería que hasta ahora se realiza?

Un mapeo colaborativo realizado por comunidades afectadas en nueve países de las Américas -Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos y Canadá- y los equipos del Atlas de Justicia Ambiental y MiningWatch Canadá revela que no.

“(…) Estos proyectos no son distintos, en su tamaño, ni técnicas previstas de extracción y procesamiento de minerales -o sus modos de gestión y relacionamiento comunitaria- que las grandes minas ya existentes en el continente para la extracción de minerales ‘tradicionales’ como el oro, la plata o el mismo cobre, que ya han generado graves impactos socioambientales”, revela el estudio, en el cual fueron analizados 25 casos distintos.

Algunos de los proyectos de litio o grafito analizados en el estudio pretenden, por ejemplo, hacerse en depósitos de roca, con minería a cielo abierto. Un ejemplo de ello es la mina Sonora Lithium en México, la cual será a tajo abierto (129 hectáreas) que generará 131 millones de toneladas de residuos durante los 20 años de producción, así como 25 millones de toneladas de relaves húmedos.

Además, las políticas de la transición energética están expandiendo la frontera de extracción hacia ecosistemas frágiles y poco conocidos tales como salares y lagunas altoandinas y aumentando la presión extractiva en ecosistemas y áreas especialmente sensibles y biodiversas como la Amazonía, bosques húmedos, lagunas, valles y montañas. “Este proceso tiene lugar de forma atropellada, sin respeto a los derechos del ambiente y de las comunidades que habitan los territorios”, dice el estudio.

No importa lo ‘verde’ que se pinte el mineral extraído. “El hecho de extraer litio o grafito, en lugar de oro, plata o carbón, no vuelven esos proyectos más verdes o sustentables. Son proyectos que usan grandes cantidades de agua, materiales y energía y que generan grandes cantidades de residuos mineros. Existe mucha opacidad e incertidumbres sobre la gestión y tratamiento de los residuos mineros, especialmente en el largo plazo. Estos generalmente quedan enterrados como una ‘bomba de tiempo’ por siglos”.

Violencia

Los casos documentados evidencian las diferentes formas de violencia que se ejercen sobre las comunidades que se oponen al avance de la frontera extractiva en sus territorios.

“Desde la violencia sobre los cuerpos (contaminación del agua), impactos sociales (llegada masiva de trabajadores mineros, aumento de alcoholismo y prostitución, etc.), la falta de reconocimiento de las comunidades y sus cosmovisiones, amenazas, intimidación, hostigamiento, falsas acusaciones y denuncias sobre defensoras, así como enjuiciamientos y encarcelamientos con procedimientos legales opacos. Las comunidades también señalan procesos de cooptación, división comunitaria impulsadas desde los sectores promotores de la minería”.

Un patrón recurrente en los proyectos mineros documentados es la poca información que se ofrece a las comunidades, con omisiones en algunos casos, así como la falta de espacios de participación.

¿Dónde están los minerales?

El continente americano, especialmente la región latinoamericana, tiene una posición estratégica para la extracción y las reservas de estos minerales.

De acuerdo con el estudio, en el caso del litio, por ejemplo, Chile (22%), Argentina (7,5%) y Brasil (2,3%) concentran casi un tercio de la extracción global actual. Bolivia, Argentina y Chile poseen el 58% de las reservas estimadas de litio y si se suman las reservas de EEUU, Canadá, México y Perú, el continente americano concentra tres cuartas partes de las reservas mundiales de litio.

En el caso del cobre, el mineral con mayor demanda estimada, el 40% de la extracción mundial actual está repartida entre Chile y Perú. Si sumamos a estos dos países la extracción en los EEUU, en Canadá y en México, América concentra más de la mitad de la extracción mundial de cobre.

Esos países concentran también casi la mitad de las reservas, principalmente Chile y Perú. Destaca también la presencia de otros metales y minerales en el continente americano. Los EEUU extraen el 15% de las tierras raras en el mundo y Brasil concentra el 17% de sus reservas mundiales.

En el caso del grafito, Brasil extrae el 8,6% y posee el 21,6% de las reservas mundiales. Y para el níquel, Canadá extrae el 6% y Brasil posee el 17% de las reservas. En este sentido cabe destacar que este informe no ha documentado adecuadamente la alta conflictividad minera en Brasil, que sí puede observarse en el mapa interactivo que acompaña este reporte.

Acumulación por descarbonización

La propuesta de transición energética gubernamental y corporativa representa más bien, alerta el estudio, “una transición de mercado que está creando nuevos procesos especulativos, diversificando los nichos y movimientos de capitales en un nuevo proceso de ‘acumulación por descarbonización’”.

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Por otra parte, los pueblos son claros: “No existe justicia climática si es extractivista”.

Aquí puedes checar el mapa interactivo, resultado del trabajo de mapeo, que documenta algunos de los impactos sociales y ambientales de la minería de litio, cobre y grafito en los países estudiados.

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Avispa Midia

(Español) Pueblos Unidos: Autoridad vinculada a empresas es responsable de detenciones violentas

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Por Samantha Demby

En portada: Pese a la presencia de autoridades locales, personas agredieron físicamente a participantes de asamblea comunitaria convocada por el presidente municipal.

Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y las Guardianas del Río Metlapanapa, junto con decenas de organizaciones y colectivos, denunciaron la detención arbitraria y actos de violencia en contra de defensores comunitarios, en el contesto de la lucha por defender el agua de la extracción y contaminación por parte de empresas multinacionales en esta región volcánica del estado de Puebla.

En la mañana del domingo (21), la policía municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, detuvo a Alejandro Torres Chocolatl y Michel Torres, miembros de la Radio Comunitaria Zacatepec y de Pueblos Unidos. De acuerdo con el comunicado publicado por los Pueblos Unidos, la detención ocurrió cuando se salió de control la asamblea comunitaria convocada por el presidente municipal, el perredista José Cinto Bernal, con el fin de discutir la reapertura del registro Civil de Santa María Zacatepec.

Cabe recordar que la población cerró la alcaldía en febrero de 2020, para protestar en contra de la decisión de las autoridades comunitarias de permitir que las empresas vertieran residuos industriales tóxicos en el río Metlapanapa.

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Pueblos Unidos denuncia que el edil acudió a la reunión con un grupo de choque, compuesto por “un gran número de personas que desde el principio no permitieron el diálogo respetuoso, interrumpiendo a los participantes que expresaban una opinión diferente, e intentado rebatar el micrófono de los participantes”.

Hubo un enfrentamiento físico durante la asamblea que tuvo como saldo varias personas golpeadas y heridas, de acuerdo con el comunicado. Pueblos Unidos señala que el presidente municipal, quien acaba de tomar posesión el 15 de octubre con la promesa de “estar del lado del pueblo”, no intentó controlar la violencia, sino que continuó la asamblea y reabrió la presidencia auxiliar “por la fuerza”.

La asamblea fue resultado de un acuerdo tomado entre Cinto Bernal y las Guardianas del Río Metlapanapa –organización que también participa en el frente de comunidades Pueblos Unidos, que lucha contra la empresa embotelladora Bonafont–, después de que el recién electo presidente municipal intentó abrir la Alcaldía Auxiliar sin consultar a la población.

El edil fue acompañado por personal del Ministerio Público, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceas), aunque el asunto está fuera del ámbito de competencia de esta última, de acuerdo con la información recabada por Somos el Medio.

La Ceas, junto con las autoridades locales, apoyó a las empresas para que iniciaran la construcción de un sistema de drenaje que descargaría los desechos industriales en el río Metlapanapa, a pesar de que el proyecto carecía de permisos de la Conagua o la Semarnat, de acuerdo con funcionarios de las mismas dependencias. Las comunidades afectadas por el proyecto también denunciaron que el titular de la Comisión de Agua en ese momento, Alfredo Ávila Salazar, se desempeñó posteriormente como representante e ingeniero de la obra de drenaje.

Antes del mediodía, los defensores detenidos fueron liberados por las y los pobladores, quienes bloquearon el paso de la patrulla. Desde Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos, el comunicador liberado, Alejandro Chocolatl, se pronunció: “Como Radio Comunitaria Zacatepec, estabamos dando transmisión…de todo este evento, y también no nos libramos de ser golpeados, de ser perseguidos, de ser humillados. Porque a mi me tiraron, me golpearon, me dieron de patadas en las costillas, que esto lo voy a denunciar en la Fiscalía”.

Pueblos Unidos agregó en su comunicado: “Sabemos, que las razones del presidente municipal José Cinto Bernal, para abrir la Presidencia Municipal son más profundas que la reapertura de un registro civil: es la venta de las tierras a las empresas, es la contaminación de todos los ríos, es extinguir la resistencia comunitaria”. Y continua: “Desde la Casa de los Pueblos les decimos a los gobiernos corruptos y vendidos: no nos vendemos, no claudicamos y no nos rendimos. Nuestra defensa por lo más sagrado, el agua y la vida, continuará”.

 

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Avispa Midia

(Español) Chiapas: A un año de la devastación por Eta, familias zoques desplazadas continúan en el abandono

Por Sare Frabes

En portada: Derrumbe en la Esperanza tramo Rayón-Pantepec sepultó caminos que conectan con comunidades la Soledad, el Cacate y Zacatal. En el lugar fallecieron dos personas. Ante la inacción gubernamental, los habitantes se organizaron para remover los escombros. Foto: Centro de Lengua y Cultura Zoque

Los estragos tras el paso del huracán Eta entre octubre y noviembre del 2020, el cual afectó a millones de personas en el sur de México, Caribe y Centroamérica, aún se perciben en la situación de abandono que viven familias desplazadas de la región zoque, agravados por la indiferencia e inacción gubernamental.

Hace un año, las tormentas provocaron afectaciones en 54 municipios del estado, equivalente a 43% del territorio chiapaneco, así como la muerte de 20 personas. Específicamente, los impactos del huracán en la región zoque, al norte de Chiapas, se registraron en los municipios de Francisco León, Ixtacomitán, Tapilula, Rayón, Ixhuatán, Pantepec, Chapultenango, Tecpatán y Solosuchiapa.

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De acuerdo a un estudio realizado por Tlalli: Colectivo para la Evaluación y Prevención de Riesgos Geológicos y el Centro de Lengua y Cultura Zoque de Chiapas, el huracán Eta arrojó un saldo de 95 puntos colapsados, lo que impactó en una superficie de 150 hectáreas donde ocurrieron tres deslizamientos masivos, provocando tres muertes, así como la destrucción de viviendas habitadas por 60 familias de tres comunidades zoques.

Devastación

Pese a la gravedad de la situación, en la actualidad las comunidades zoques continúan vulnerables, sobre todo ante el periodo de lluvias, las cuales aumentan el riesgo de las poblaciones.

La humedad del suelo, las pendientes del mismo y la acelerada pérdida de la cubierta vegetal en unas 2 mil hectáreas de 20 municipios, principalmente por la ganadería, aumentan el riesgo. Foto: Protección civil

“Llovió casi 15 días, sin parar noche y día y es lo que nos vino afectar”, refieren testimonios de las y los afectados recopilados en un audio reportaje elaborado por la Red de Comunicadoras y Comunidadores Boca de Polen. Sobre la devastación acontecida un año atrás, enfatizan la indiferencia gubernamental, pues las personas de las comunidades realizaron labores de rescate, mientras las iglesias y organizaciones sociales dirigieron centros de acopio y albergues, así como el mapeo de las poblaciones afectadas.

Las familias zoques afectadas pertenecen a las comunidades de San Vicente y Santa Cruz en Tapilula, San Antonio el Canelar en Rayón, Carmen Tonapac en Chapultenango y Candelaria en Francisco León.

Hasta la actualidad, familias de la comunidad de Canelar se encuentran en el abandono, desatendidas por los tres niveles de gobierno. Tras a las fuertes tormentas de noviembre del año pasado, los terrenos de Canelar comenzaron a agrietarse y ante el riesgo de hundimientos, 22 familias se desplazaron para evitar quedar sepultadas. Después de salir con pocas pertenencias, las familias habitaron durante meses un ex albergue en la cabecera municipal de Rayón, donde denunciaron la precariedad del lugar.

“Nosotros teníamos nuestra escuela, teníamos cancha, teníamos un lugar donde se almacenaba el agua, tanque, teníamos nuestra capilla”, rememora Don Tomás sobre la experiencia en la comunidad que antes habitaban decenas de familias. “Allá estábamos felices, teníamos todo y aquí no estamos en nuestra casa, de mi parte yo estoy triste”, relata el testimonio de un niño zoque desplazado.

En el ejido Nuevo Esquipulas Guayabal, también en el municipio de Rayón, los caminos quedaron destruidos. Múltiples parcelas de cultivo presentaron deslizamientos y en consecuencia se perdieron cosechas de maíz, frijol y calabaza de un total de 232 campesinos.

Por otra pare, 36 familias zoques pertenecientes al poblado de Candelaria continúan refugiadas en el ejido San José Maspac, municipio de Francisco León, luego de la destrucción de sus casas y la pérdida de sus parcelas y ganado.

En el ejido Carmen Tonapac, municipio de Chapultenango, 17 familias construyeron sus casas improvisadas con sus propios recursos. Mientras, en el ejido San Antonio Acambak, seis viviendas presentan afectaciones. En dicho poblado, la escuela secundaria colapsó y la estructura del puente se encuentra con el riesgo de también colapsar.

Afectaciones en el ejido San Antonio Acambak. Foto: Centro de Lengua y Cultura Zoque

Debido a la omisión de los gobiernos local, estatal y federal las comunidades zoques se han organizado para visibilizar y denunciar la situación. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Canelar, las familias han solicitado una dotación de tres hectáreas de tierra para reconstruir su comunidad, pero su demanda no ha sido resuelta y mientras continúan viviendo en un terreno de una hectárea, el cual no cuenta con un plan de reconstrucción de viviendas ni de servicios básicos.

“La inacción de los tres niveles de gobierno evidencia una vez más el desprecio por parte de las autoridades hacia los pueblos indígenas del país”, señalan a través de una nota publicada por Radio Zapatista, mientras continúan denunciando la situación que a un año de la tormenta, aún sigue sin ser atendida.

Con información del Centro de Lengua y Cultura Zoque, Radio Zapatista y Boca de Polen

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Congerso Nacional Indigena

(Español) Detención de compañeros comunicadores populares de la Radio comunitaria Zacatepec

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Hace un momento la Policía Municipal de Juan C. Bonilla detuvo a los comunicadores populares, Alejandro Torres Chocolatl y Michel Torres, de la Radio Comunitaria Zacatepec después de que una Asamblea Comunitaria se salió de control pese a estar el presidente municipal de Juan C. Bonilla, Jose Cinto Bernal.

Los comunicadores son miembros de Pueblos Unidos quienes han enfrentado criminalización y persecución política por su defensa ambiental. Los dos comunicadores fueron detenidos sin que se detuviera a ninguna otra de las personas que se encontraban agrediendo físicamente a los participantes.

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Avispa Midia

Exigen colectivas feministas la aparación con vida de la defensora Irma Galindo Barrios

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Por Samantha Demby

Integrantes de Mujeres que Luchan Oaxaca, la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente, la Comedora Comunitaria y otras agrupaciones y personas aliadas marcharon la mañana de miércoles, 17 de noviembre, desde el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, para exigir la aparición con vida de Irma Galindo Barrios, defensora comunitaria Ñuu Savi, cuyo paradero no se sabe desde el pasado 27 de octubre.

Guadalupe Santaella, una integrante de Mujeres que Luchan Oaxaca, pronunció: “Por sus familiares sabemos que nuestra compa no aparece. Estamos esperando y estamos exigiendo su pronta aparición. Estamos exigiendo que el gobierno agilice su búsqueda. Sabemos que en lo que va de este sexenio han desaparecido muchas defensoras de la tierra. Irma Galindo Barrios es una defensora de la Madre Tierra”.

Una miembra de la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad, precisó: “Como defensoras, como feministas comuntarias, nos pronunciamos en exigencia al gobierno del Estado de Oaxaca, a Alejandro Murat Hinojosa, en la exigencia de la aparición con vida de nuestra compañera defensora de la Madre Tierra, Irma Galindo Barrios, desaparecida en la Mixteca por defender su territorio, por defenderse en contra de los talamontes de la región de la Mixteca…Irma Galindo te estamos buscando y te vamos a encontrar, hermana”.

De acuerdo con la Red de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Irma Galindo fue vista por última vez el 27 de octubre en la Ciudad de México, a donde se había desplazado para asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Nunca llegó a esta reunión.

En un comunicado publicado el 6 de noviembre, la RNDDHM precisa: “El 27 de octubre fue también el último día en que se conectó a redes sociales, donde denunció el conflicto que vive su pueblo Ñuu Savi y señaló que el gobierno del Estado de Oaxaca lleva más de dos años ‘aplicando estrategias’ entre las que se encuentran el desplazamiento forzado, ‘que vulneran a las y los habitantes defensores de Mier, Terán y Ndoyonuyuji’.”

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London Mexico Solidarity

Our journey there felt like an odyssey

By Isabel Cortès

Isabel Cortes is a member of Chile Solidarity Network & Bordando por la Memoria. Isabel is also an organiser at United Voices Of the World.

Our journey there felt like an odyssey.

We spent one hour travelling and took 3 trains to arrive at our destination.

I didn’t sleep very much the night before,  I had that feeling I get just before am going into a space where I will be surrounded with love, power and acceptance.

 I think I had “the channels” which is the feeling seafarers get before the embarking on a voyage according to Comrade Mcintosh.

We arrived early, Pelusa and I, first and second generation together, sitting together, walking side by side, laughing, talking, bound together although there is over 30 years between us, by the same life changing events.

We were on our way to an event that we knew would be a learning experience, and ultimately a privilege and we told each other this.

We were on our way to meet the Zapatista delegation on their European tour, a closed meeting, no social media, no pictures, no recordings, a space where we leave our egos (and phones) at the door so we can share experiences, eat together and reflect.

Activists talk about holding space, a concept that is less about physical space and more a metaphorical one.

The physical space where we met, held us.

A Kurdish community centre, tucked away between a railway bridge and an unassuming residential area.

As we walked through the iron gates, decorated with a rising sun  (socialist dawn I thought) I saw a table outside the community centre, smiling young faces of people welcomed us at a registration table, a group of men, young and old, jet black hair, no hair, smoking and talking in Kurdish. This felt so familiar.

With registration out the way.  We walked into the centre and were met with the warm embrace of banners. Everywhere, on the floor directly in front of me, vinyl, handmade, with slogans in English, Spanish and Kurdish. Face of martyrs, banners and flags watched over us.

A table at the top of the hall, not a top table like a conference where people sit and tell you how it is,  instead a space to share and look at each other’s faces (or eyes in our case because we were all masked up), with chairs assembled in a horse shoe hugged me even tighter.

Smells of tea, coffee, stew and rice emanated from the kitchen! Yes at 9am, and I could smell rice. This was a community space. I immediately wanted to move in with ALL my family.

Young people were adding the final touches to the hall, testing the PA system and moving around excitedly.

Pelusa and I slipped in, no fuss, we were already part of the furniture when at the rising sun iron gates, so making ourselves at home on the front row was nada.

The event started half an hour late, just before it did as I was busy talking to Pelu, I heard her say “Buenos dias companeros” . I look up to see a group of small, brown masked men wearing masks and caps walk passed us smiling. I greeted them as we do, como compañeros.

And then lift off, the event began.

What can I say about the morning session… we had the mic first.

We spoke in the international solidarity section about the work of a lifetime, about being proud to be exiled, that we were like seeds scattered by the wind to all corners of the globe, that our fight is intergenerational, it’s international, that it was not only about looking back and preserving  historical memory and about tirelessly denouncing and demanding justice for our martyrs, for our disappeared but also about Chile today, about the practical solidarity we offer to those that held the streets, because we know what solidarity looks like, because it’s not a trendy term that we use off the cuff, but a real lived experience, that helped us to live, that taught us what and how to do. We talk about the role of organised labour and about women, the women that founded and drove all the spaces we were in. I told them they taught me, not a book, but they taught me through doing.

The mic was passed on and others spoke about climate justice, about Kurdish solidarity and anti-imperialism, de-colonising the mind, about how to treat each other, how to be activists together, how to not burn out, how to practice love and revolution, how to learn together and be self-critical. They were good, I was moved by their analysis, by their youth and optimism, their self care, and care for each other.

I realised that Pelusa never lost that joy and youthful rebelliousness, and that I never will either.

We had lunch together, we talked, we connected, we saw familiar faces and we shared stories.

The afternoon belonged to the Zapatistas, all Mayan, all members of EZLN. Faces covered, no pictures, pura clandestinidad. This was real. they were real. Real storytellers.

The told their story in 5 parts, each taking a section, starting with their great grandfathers and grandmothers and how they used to live at the hands of the landowners, in a cruel feudal system that used violence against women to control men and women. Talking in the first person, from the heart, short sentences, direct and plain language, that used “pues” to replace full stops, commas, and to help them catch a breath.

They took us through the 1930s as if it was yesterday, it was clear this was oral history handed down, a lived history, not read in history books. The interpreters struggled to translate this into English, I felt bad as I basked in the power of their words, no messing, no attempts at intellectualising, practical, honest and “then this happened” kind of story. My kind of storytelling ?

They took our hands and led us through their declaration of war, they named their martyrs using first names only, then onto their years in the jungle, how they set up their autonomous region and to today, how they continue to resist and rebel.

I tried to take notes but gave up I needed to be there, to listen and let my heart soak it all in.

The 7 principles is when I did take notes. I thought about the similarities with Allende’s 10 point plan, the panthers  plan. They have no jails, community work is how they do their justice, 50% women on their councils, each council has a rotating chair, and is autonomous. They work the land together, have their own schools, medical centres, they are truly autonomous.

They took questions on gender violence and trans rights – no rhetoric. “We respect and accept” is was what they said.

They delivered very simple but powerful words of wisdom during the 3 hours they told their story

“We came here to learn from you, we came here to tell you what and how we do. Do not do as we do, do what you need to do. El pueblo manda

The journey back was like travelling  on a cloud, I felt like I was floating on air, heart full. It was the feeling I get when I know I my soul has been nourished and the vitamins will take a while to wear off.  I woke up at 6am to write this, I had to get this down however rough and ready. Now to shower!

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Avispa Midia

(Español) Armas ilegales de la alemana Heckler & Koch fueron usadas en Ayotzinapa

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Por Avispa

Las fuerzas de seguridad pública estatal y federal que atacaron a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en la noche del 26 de septiembre de 2014, en connivencia con el crimen organizado, utilizaron fusiles exportados ilegalmente a México por la empresa alemana Heckler & Koch, fabricante de pistolas, fusiles de asalto, ametralladoras y lanzagranadas. “De acuerdo con los permisos oficiales alemanes, estos nunca debieron haber llegado a Guerrero”, sostienen siete organizaciones de derechos humanos, de México y Alemania, en un informe publicado este mes.

El documento se basa en las conclusiones del Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH, por sus siglas en alemán) en su sentencia, dictada en marzo de 2021, en el caso Heckler & Koch sobre exportación ilegal de armas.

De acuerdo con las conclusiones del tribunal alemán, la licencia para la exportación de más de 4,200 rifles de asalto de la empresa a México se obtuvo porque se presentaron declaraciones de usuario final falseadas.

Los certificados de usuario final son un elemento utilizado por el gobierno alemán para el control de las exportaciones de armas en Alemania y en Europa. Documentan, ante las autoridades encargadas de autorizar las licencias, donde serán utilizadas esas armas. En este caso, el gobierno alemán había considerado crítica la situación en varios estados mexicanos, y había prohibido las exportaciones de armas hacia ellos, siendo Guerrero uno de ellos. Sin embargo, los rifles acabaron allí.

Dos empleados de la empresa enfrentan penas en régimen de libertad condicional y multas por la exportación ilegal de fusiles de asalto G36 a México. El tribunal los consideró responsables de aportar los datos falsos. La empresa debe pagar más de 3 millones de euros.

Las organizaciones subrayan que, además de los 4,200 fusiles de asalto exportados de forma ilegal, se exportaron miles de fusiles más a otras regiones de México, las cuales el gobierno alemán considera seguras. “La exclusión de solamente algunos estados mexicanos especialmente conflictivos es más que cuestionable desde la perspectiva de los derechos humanos. Si se hubieran tenido en cuenta la situación de violencia, violaciones de los derechos humanos, corrupción e impunidad imperantes, México en su conjunto nunca debería haber recibido armas”, dicen en su informe.

Al día de hoy, Alemania no cuenta con instrumentos jurídicos adecuados que permitan revisar decisiones gubernamentales cuestionables, autorizando exportaciones de armas, dice el informe. “Una nueva Ley de Control de la Exportación de Armas debe contener criterios claros y estrictos indicando la forma en que el gobierno federal debe justificar sus decisiones de exportación. Dicha ley debería otorgar a las asociaciones el derecho de interponer demandas contra las decisiones de exportación, ofreciendo la posibilidad de que estas puedan ser examinadas”, defienden.

Desaparición forzada

El caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa muestra la terrible realidad de México: miles de personas han sido víctimas de desaparición forzada en los últimos años. Según las cifras oficiales, el número supera ya los 90,000. En muchos casos, las fuerzas de seguridad del Estado están directa o indirectamente implicadas en los hechos. Los delitos no suelen ser investigados judicialmente con lo que se desconoce el paradero de las personas desaparecidas y los autores de estos delitos no son castigados. La impunidad resultante se perpetúa ya que las víctimas de las numerosas fosas comunes no son identificadas.

El informe fue realizado por las siguientes organizaciones: Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel! (Grito a la acción – ¡detengan el comercio de armas!), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Coordinación Alemana por los derechos humanos en México, Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos, Academia protestante Bad Boll, Global Net – Stop the Arms Trade (Red Global – detengan el armamento) y Ohne Rüstung Leben (Vivir sin Armas).

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Congreso Nacional Indigena

(Español) Declaratoria del Foro «La lucha global en defensa del agua»

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AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES
AL PUEBLO EN GENERAL

El día de ayer , sábado, 13 de noviembre de 2021, recibimos en la Altepelmecalli, la Casa
de los Pueblos, a compañeras y compañeros que luchan desde otros territorios, para
participar en el Foro Global en Defensa del Agua desde los usos y costumbres. Vinieron
representantes de las comunidades vecinas de San Mateo Cuanalá, Colonia José Ángeles,
San Gabriel Ometoxtla, Santa María Zacatepec, Santa Bárbara Almoloya, San Lucas
Atzala, Calpan, Xoxtla, Tlaltenango, el municipio de Puebla, la Organización de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Santa María de laAsunción Coapan, Tehuacán, Sierra Negra de Puebla, Comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán residente de la CDMX, la Red de Resistencias y Rebeldías en apoyo al CNI-CIG del puerto de Veracruz, la Coordinadora de Ayotzinapa-Puebla, la Coordinadora de Colonias de Ecatepec, el Movimiento en Defensa del Agua de Cuenca Libres Oriental, la comunidad de Coatepec, de la Okupa Kasa Chiapas en Ciudad de México, de Tenextepango, Ayala, Azurco y Huexca, Morelos, de Tepapayeca, Mixteca poblana y la Organización de los 12 pueblos originarios de Tecamac.Además hubo participación internacional desde los países de Canadá, Venezuela, Colombia y Francia.

Realizamos mesas de trabajo para compartir nuestras experiencias de lucha y resistencia.
En ellas,expusimos las problemáticas que ocurren en nuestros territorios, las formas en las que las hemos enfrentado, cómo hemos sido atacados, perseguidos, criminalizados y cómo nos han sido arrebatados hermanos por el mal gobierno y empresarios. Reflexionamos en torno a la pregunta ¿qué sigue? que nuestros hermanos zapatistas y del CNI-CIG nos convocaron a responder, en cada uno de nuestros territorios, pero también en coordinación con los pueblos y organizaciones hermanas que defendemos a la Madre Tierra.

Esta experiencia nos permitió confirmar una vez más que el mal gobierno y las grandes
empresas del sistema capitalista y patriarcal en el que vivimos no se preocupan por las
personas, por los pueblos y las comunidades, cuando intervienen en nuestros territorios, es solo para beneficiarse. Implantan empresas que saquean y contaminan el agua, la tierra y el aire, con el único fin de enriquecerse.

Privatizan el agua, nos la venden, generan sequías de cuerpos de agua y de nuestros
pozos. Las carencias de agua están presentes tanto en las ciudades como en el campo. Las
cuencas de agua son acaparadas por terratenientes y el agua está concesionada en su
mayoría para las grandes industrias, como Audi, Coca Cola, Granjas Carol, Driscol,
Iberdrola, Nestlé, Danone.

Los malos gobiernos favorecen y dan todas las facilidades a empresas criminales como son industrias textiles, automotrices, metalúrgicas, hidroeléctricas, termoeléctricas, ganadería extensiva, granjas porcícolas, de alimentos procesados, embotelladoras, refresqueras, inmobiliarias, aeropuertos y rellenos sanitarios todas ellas lo único que traen a nuestros pueblos es muerte. La contaminación que provocan enferma nuestros cuerpos de cáncer y otras enfermedades, pero también enferman nuestra tierra y dificultan el cultivo de nuestros alimentos.Además las empresas siguen utilizando las bombas antigranizo, generando aún más sequía en los territorios, y en las ciudades y en las comunidades nos desplazan y nos impiden tener una vida digna. Al mismo tiempo, el mal gobierno y los representantes del capital implantan violencia en distintas formas, como el narcotráfico y el paramilitarismo.

En resumen, saquean nuestros territorios, dejan que nos empobrezcamos, saquean,
contaminan y asesinan a nuestra Madre Tierra, rompen con megaproyectos sus huesos que son los cerros, vacían y contaminan sus venas que son los ríos, ensucian el aire que
respiramos todos, incluso ellos mismos.

Hemos entrado al juego de su estado de derecho con acciones jurídicas para defender
nuestro territorio y hemos visto y confirmado mil veces que no funciona para dar certeza a los pueblos, coincidimos en que estas vías están hechas por el mal gobierno para su propio beneficio. El Estado de derecho está agotado.

Los malos gobiernos hacen consultas amañadas que nos dan a entender que solo
pretenden distraernos, pretenden que nos rindamos ante ellos; anulan amparos del pueblo, nos dan atole con el dedo con sus proyectos asistencialistas y dividen al pueblo desde sus instituciones y partidos políticos, imponen conflictos entre nuestros hermanos, secuestran nuestra agua y a nuestros compañeros, encarcelan a los que defienden la vida y premian a los que lucran con ella, compran medios chayoteros para desinformar y continuar criminalizando, utilizan todo el aparato del Estado, como el ejército, policía y Guardia Nacional, así como al crimen organizado para imponer sus proyectos de muerte y despojo. Manipulan las leyes a su favor, generando denuncias y órdenes de aprehensión, las instituciones como CONAGUA, PROFEPA, SEMARNAT, INPI, CFE, se dedican a organizar el despojo del agua y del territorio. En este encuentro los pueblos y
organizaciones presentes concluimos que los enemigos son los mismos en todos lados, por ello también sabemos que estamos en la misma lucha, somos hermanos y lo que pase en un territorio nos pasa a todos.

Es por ello que desde hace un largo tiempo hemos decidido organizarnos para, desde
nuestros usos y costumbres, defender lo nuestro. A través de asambleas, del diálogo,
aplicando los decretos emanados de los pueblos, es decir, al hacer valer la ley de los
pueblos, nos organizamos, investigamos, informamos, construimos conciencias colectivas, nos articulamos con otras luchas, hacemos encuentros y foros, visibilizamos los conflictos no solo a nivel local, sino también nacional e internacional, utilizando herramientas como las redes sociales, medios libres, radios comunitarias; también recuperamos espacios como este y devolvemos la vida a donde en algún momento se impuso destrucción y muerte. Construimos autonomía y liberamos nuestros territorios.
Hoy en la Casa de los Pueblos, Altepelmecalli, reconocemos que somos cada día más
fuertes y lo diremos una y otra vez: Nosotros no claudicamos, no nos rendimos, no traicionamos y no nos vendemos.

Nos seguiremos tejiendo y fortaleciendo en la organización, la difusión de nuestros movimientos, y seguiremos haciendo valer la ley de los pueblos por el bien de nuestros territorios y de nuestra Madre Tierra, que lo es todo. Para ello tenemos que caminar,
preguntando como de por sí nos enseñaron nuestros abuelos, así que este gran espacio de organización que hoy nace, caminará por los territorios de Santiago Mexquititlán, Tehuacán, Ciudad de México, Huexca, Ecatepec, Veracruz, Ciudad de Puebla, Juan C. Bonilla, Xochimilco, Tecámac y más territorios que se vayan sumando a la Caravana Nacional de Pueblos en Defensa del Agua desde los usos y costumbres la cual arrancará a inicios del próximo año.

Así también les anunciamos que los días 17 y 18 de noviembre a las 11:00 horas en la Casa
de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes» se llevará a cabo el
«Foro Global: La lucha Zapatista».

El 20 de noviembre del presente año tendrá lugar el tercer festival de resistencias en el
puerto de Veracruz y el día 21 de noviembre se llevará a cabo la asamblea de colectivos.

En la Ciudad de México, el 1 de diciembre se convocará a una megamarcha en contra de
los megaproyectos y alto al paramilitarismo en territorios zapatistas que partirá del Monumento a la Revolución hacia el zócalo.

El día 11 de diciembre se llevará a cabo una toma – encuentro en la termoeléctrica de
Huexca, Morelos.

Continuaremos realizando encuentros virtuales con nuestros hermanos de Canadá, Estados Unidos,Italia, Kurdistán, Francia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Alemania, Gahna e Inglaterra. Porque, aunque el sistema capitalista patriarcal nos ha impuesto fronteras de muerte, nosotros las borramos y nos acercamos en la palabra y acción por la defensa de la vida.

Somos quienes desde hace más de 500 años, hemos resistido, cuidado y defendido la vida
y la tierra .No nos vencieron, no nos exterminaron, no lograron arrojarnos al olvido.
Aquí estamos. De pie y en lucha.

Desde Altepelmecalli, La Casa de los Pueblos, en las tierras rebeldes del municipio de
Juan C. Bonilla, Puebla
A 14 de Noviembre del 2021
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un Mundo sin nosotras y
nosotros.
¡Agua sí, termo no!
Presentación con vida del compañero Sergio Rivera
¡Porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!
¡Samir vive, la lucha sigue!
¡Zapata vive, la lucha sigue!
¡El agua es vida y la vida se defiende!
¡Los pueblos unidos jamás serán vencidos!
¡FUERA BONAFONT!

radio
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas-Frayba

(Español) Organizaciones civiles de Chiapas expusieron a embajadores/as de la Unión Europea las principales problemáticas en el estado

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
16 de noviembre de 2021
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Del 11 al 13 de noviembre, varias Embajadoras, Embajadores y personal de Embajadas de países miembros de la Unión Europea visitaron Chiapas y su primera reunión fue con personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, agradecemos esta primera visita.

En dicha reunión, quienes estuvimos participando les expresamos nuestra preocupación con respecto a:

  • La extrema marginalización económica, social y política, misma que se ha visto agudizada por la pandemia de COVID-19, en particular en el acceso a la salud y la educación.
  • La debilidad institucional en el estado y los niveles de violencia en las elecciones de junio pasado (treceavo Estado con más casos de asesinatos de políticos; no se instalaron 232 casillas; simulación en la paridad de género y en los distritos electorales federales reservados para indígenas; participación de la delincuencia organizada en el financiamiento y el nombramiento de candidatos).
  • La impunidad y la dificultad para acceder al aparato de justicia: subrayamos el uso sistémico y sistemático de la tortura y la ausencia de sentencias condenatorias por este delito en los casos que se han denunciado; el impacto de la pandemia de COVID-19 y el preocupante indicador que representan los asesinatos del defensor Simón Pedro Pérez y el fiscal Gregorio Pérez Gómez en julio y agosto, del presente año.
  • La remilitarización del Estado, que ha implicado el cierre de la frontera Sur desde 2019 con más de 11 mil efectivos federales desplegados. Eso en un estado de por sí fuertemente militarizado desde los 90 a raíz del levantamiento armado. Justamente esta experiencia de varias décadas, genera mucha preocupación a que se siga fomentando la prostitución, se acentúe el alcoholismo y el consumo de drogas, y se generen más violaciones a derechos humanos y divisiones comunitarias.
  • Además, vemos que a pesar de la militarización masiva y prolongada, no se está logrando detener el aumento de la violencia por la actuación cada vez más descarada de la delincuencia organizada.
  • Las desapariciones pasadas y presentes. El reporte del primer semestre de 2020 arrojó, en este sentido, una cifra de 2,332 personas.
  • El desarrollo de grandes proyectos estratégicos o sociales sin tomar en cuenta la voz de las comunidades indígenas cuyos territorios se encontrarán afectados.
  • La discriminación histórica y estructural que ha resultado en la marginación y pobreza multidimensional de los Pueblos Indígenas, así como en un continuum de violencias y violaciones graves a los derechos humanos de esta población sin que se de atención a las mismas. Su perpetración proviene tanto del Estado como de los agentes del crimen organizado, que cada vez están dentro de las estructuras de la organización socio comunitaria y del mismo Estado. De los 90s a la fecha la impunidad ha sido una constante. Reconocer a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público sigue siendo una asignatura pendiente, incluido el derecho a veto, como muestra de su derecho a la libre determinación.
  • El desplazamiento forzado masivo sin que se atienda el fondo esta problemática, ya que, hasta la fecha hay cerca de 14,776 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas ligado a la violencia por grupos armados. Por parte del gobierno de México, a las personas desplazadas se ofrece ayuda humanitaria insuficiente y convenios temporales de paz, como acción mediática que no atienden las causas estructurales de las diferentes expulsiones forzadas que han vivido las comunidades de la zona Altos y Norte de Chiapas que en los últimos años han generado entornos torturantes porque victimizan y revictimizan a los sujetos, con impacto psicosociales graves por lo que no permiten la cotidianidad de la cultura comunitaria de los Pueblos Originarios, y por consecuencia obstruyen los proyectos de vida.
  • La agravación de la violencia hacia la infancia: Los feminicidios de niñas y adolescentes han incrementado desde el 2016, la mayoría de los casos están impunes y casi la mitad son indígenas; en 2020, 10 niñas fueron asesinadas. En 2021 tenemos una cifra récord en el número de desapariciones de niñas, niños y adolescentes (565), lo cual significa que cada 2 días desaparecen 3 de ellos. En Chiapas se concentran casi 65 mil niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
  • La situación de riesgo a la cual están expuestas las personas defensoras de derechos humanos: particularmente se hizo referencia a las agresiones de las cuales han sido víctimas las personas defensoras de la tierra y el territorio, de migrantes y medioambientales. Frente a ello, se expuso que la respuesta del Estado tanto federal como chiapaneco no ha sido suficiente para garantizar el ejercicio de la defensa de derechos humanos en un entorno seguro y propicio. Por lo que se considera indispensable contar con una política pública integral para personas defensoras y periodistas con amplia participación de la sociedad civil.
  • La agravación de la violencia contra personas defensoras: Una de las personas defensoras dio testimonio de su trabajo, especialmente de las acciones que realiza para lograr una paz sostenible. También expuso los graves riesgos a los cuales está expuesto por lo mismo.
  • Vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente, ejemplificando esta situación las personas defensoras de los humedales de montaña en San Cristóbal de Las Casas. A pesar de ser reservas ecológicas, se encuentran bajo fuerte amenaza por la expansión de la mancha urbana y a pesar de representar el 70 % del agua potable de la ciudad. Desde 2018, se han interpuesto más de 60 denuncias ante distintas autoridades. Mientras tanto los defensores ambientales han sufrido múltiples agresiones por grupos de choque que invaden y destruyen el patrimonio natural de San Cristóbal.
  • El incremento de la violencia hacia las mujeres: la violencia estructural ya que no está garantizado su derecho a la tenencia/uso/usufructo de la tierra con lo que quedan excluidas de todo proceso de información y toma de decisiones sobre problemáticas que afectan la vida comunitaria; las dificultades para gozar de derechos básicos como salud, educación y alimentación; el aumento de la violencia doméstica, de los abusos y violencia sexual, y de los feminicidios (de enero a septiembre del 2021, 160 muertes violentas y 57 feminicidios); trata de personas, tráfico y corrupción de menores e incremento de hostigamientos y amenazas a mujeres defensoras del territorio; impunidad y naturalización de la violencia de género por parte de las autoridades.
  • Políticas cada vez más restrictivas de derechos hacia la población migrante, a través de la detención, contención, represión, y deportación de personas en movilidad sin reconocer sus necesidades de protección internacional ya que un número creciente de personas migra por la violencia, la pobreza extrema, desastres climáticos y crisis económicas agravadas por los impactos de la pandemia. Se observa que la externalización de las fronteras y la militarización de las mismas, implica mayores riesgos a la seguridad de las personas que buscan protección y vida digna, encontrándose en México con la corrupción e inoperancia de los programas e instituciones que deberían atenderlas.
  • Dificultades crecientes en materia de libertad de expresión, ante el incremento del impacto de los grupos de la delincuencia organizada; se han documentado agresiones, amenazas (físicas y en redes sociales), presiones, intentos de soborno, y muchos casos no se denuncian por temor a represalias. Ello ha provocado que se creen zonas de silencio y autocensura.

Además de las principales problemáticas, las y los participantes plantearon una serie de propuestas para ser atendidas por el Estado mexicano y la Unión Europea (Lee el documento completo aquí)

Nuevamente agradecemos el interés expresado por las Embajadas en su visita y valoramos positivamente que en la conferencia de prensa que sostuvieron en Tuxtla Gutiérrez el 12 de noviembre,se hayan referido a la existencia de varias problemáticas y a la necesidad de seguir avanzando en temas de derechos humanos (defensores de derechos humanos y periodistas, derechos de la niñez, de las mujeres y de los migrantes, desplazamiento forzado interno, tortura, medioambiente e impactos negativos de la militarización). Esperamos puedan dar seguimiento a lo abordado desde las prioridades que ratificaron en aspectos de derechos humanos, paz, desarrollo sostenible y crisis climática.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas-Frayba

Servicio Internacional para la Paz-SIPAZ

Servicios y Asesoría para la Paz-SERAPAZ

Movimiento Sueco por la Reconciliación-SweFOR

P. Marcelo Pérez Pérez

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova

Melel Xojobal

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, CDMCH

Red Ambiental del Valle de Jovel

Ángeles Mariscal, Periodista de Investigación

Descarga el documento completo entregado a los embajadores/as de la Unión Europea